Impuesto Complementario Grupos societarios y Multinacionales

Real Decreto 252/2025, de 1 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto Complementario para garantizar un nivel mínimo global de imposición para los grupos multinacionales y los grupos nacionales de gran magnitud.

Resumen: Este Real Decreto desarrolla la ley 7/2024, de 20 de diciembre, que creó el impuesto complementario para garantizar un mínimo global de imposición a multinacionales y grupos nacionales de gran magnitud. Sirve para desarrollarla, aclararla I fijar criterios interpretativos.

La Ley 7/2024, de 20 de diciembre (ver resumen), incorpora a nuestro ordenamiento jurídico una nueva figura impositiva, el Impuesto Complementario, dando cumplimiento a la obligación de transposición de la Directiva (UE) 2022/2523 del Consejo, de 15 de diciembre de 2022, relativa a la garantía de un nivel mínimo global de imposición para los grupos de empresas multinacionales y los grupos nacionales de gran magnitud en la Unión.

Este RD la desarrolla, aclara y recoge criterios interpretativos divulgados por la OCDE o por la Unión Europea.

Se estructura en un artículo único, que aprueba el reglamento de 32 artículos, organizados en seis títulos, y dos disposiciones finales.

El título I está dedicado al ámbito subjetivo:

– Clarifica, a efectos de la consideración de entidad excluida, cuándo una entidad que desarrolla actividades auxiliares a las realizadas por una organización sin ánimo de lucro puede tener, a su vez, la consideración de entidad excluida. Artículo 1.

– Aclara el supuesto en el que una mutua de seguros regulada puede optar por considerar a una entidad de inversión o entidad de inversión de seguros como fiscalmente transparente. Artículo 2.

El título II desarrolla las reglas para la determinación de la base imponible y de los impuestos cubiertos ajustados del Impuesto Complementario.

– Se establecen las reglas a aplicar en aquellos supuestos en los que los ejercicios económicos o fiscales de la entidad matriz última no coinciden con los de las entidades constitutivas del grupo multinacional o nacional de gran magnitud. Artículo 3.

– Regula determinados ajustes que podrán practicarse a efectos de la determinación de las ganancias o pérdidas admisibles del período, ya se trate de ajustes por cobertura de la inversión neta en negocios en el extranjero o por ingresos derivados de quitas. Artículo 4.

– En relación con la exclusión de rentas vinculadas a la sustancia económica, desarrolla determinadas reglas para computar los activos materiales y los trabajadores admisibles. Artículo 5.

– Se incide en el tratamiento de los créditos fiscales, dado su impacto en el cálculo del tipo impositivo efectivo por jurisdicción. Artículo 6.

– Respecto del importe total del ajuste por impuesto diferido, se precisa que el punto de partida para determinar el gasto o ingreso por impuesto diferido de una entidad constitutiva debe ser el resultado contable de la misma en el periodo impositivo, antes de cualquier ajuste de consolidación por eliminación de operaciones intragrupo. Artículo 7.

– Puntualiza el tratamiento que debe otorgarse a los impuestos cubiertos ajustados negativos del período impositivo en una jurisdicción con ganancias admisibles netas. Artículo 8.

– En relación con la exclusión de las ganancias o pérdidas de capital, se precisa su aplicación, debido a que tales ganancias o pérdidas pueden no resultar excluidas a la hora de determinar las ganancias o pérdidas admisibles de la entidad constitutiva, tratándose de entidades transparentes, siempre y cuando concurran determinadas circunstancias. Artículo 9.

– Respecto de los dividendos excluidos, se especifica cómo opera esta exclusión tratándose de determinados instrumentos financieros compuestos. Artículo 10.

– Se desarrollan determinadas especialidades, a efectos de determinar las ganancias o pérdidas admisibles de las entidades aseguradoras. Artículo 11.

– Con la finalidad de evitar una distorsión en el cómputo del tipo impositivo efectivo del período, el presente reglamento debe recoger la opción, para cada entidad constitutiva del grupo multinacional o nacional de gran magnitud, por la no aplicación de la exclusión de las ganancias o pérdidas de capital definidas en el artículo 10.1 del texto legal, durante un plazo mínimo de 5 períodos impositivos.

– Y matiza dos cuestiones relevantes para la correcta aplicación de los regímenes de neutralidad y distribución. Artículo 14

El título III dedica su único artículo 15 a determinar cómo debe aplicarse la regla de inclusión de rentas en aquellos supuestos en que una entidad constitutiva pueda ser incluida y excluida, en un mismo período impositivo, de un grupo multinacional o nacional de gran magnitud.

El título IV se centra en la declaración informativa del Impuesto Complementario.

– El capítulo I regula las disposiciones generales de la declaración informativa, tales como su contenido, el plazo de su presentación, así como la comunicación de la entidad declarante a la Administración tributaria. En caso de grupos multinacionales, el intercambio de información se llevará a cabo en virtud de convenios que el Reino de España suscriba con otros Estados o jurisdicciones.

El capítulo II regula la información a incorporar en la declaración informativa relativa a la identificación de la entidad declarante e información general del grupo; la estructura del grupo e identificación de las entidades constitutivas del grupo; y, por último, la información resumida de las jurisdicciones en las que el grupo tenga presencia.

El capítulo III regula la información a incorporar a nivel jurisdiccional, especificando la aplicación de puertos seguros o exclusiones, así como la información referida a la no exigibilidad transitoria del Impuesto Complementario cuando concurran determinadas circunstancias.

Y el capítulo IV regula la información necesaria para el cálculo del Impuesto Complementario, y comprende la información jurisdiccional; la información necesaria para el cálculo del tipo impositivo efectivo de cada jurisdicción, el desglose de las opciones ejercitadas y/o revocadas por jurisdicción o por entidad constitutiva, así como la información que debe suministrarse a nivel jurisdiccional y por cada entidad constitutiva.

El título V desarrolla el régimen sancionador regulado en el artículo 48 de la Ley del Impuesto, definiendo qué se entiende por conjunto de datos a efectos de aplicar dicho régimen.

Por último, el título VI regula la autoliquidación tributaria, en particular, la forma y plazo de su presentación.

Todo lo anterior se completa con tres disposiciones transitorias y una disposición final única, incorporando, asimismo, un índice de contenido para facilitar la aplicación de la norma.

La D. F. única habilita a la persona titular del Ministerio de Hacienda a aprobar los modelos de declaración informativa y autoliquidación del Impuesto Complementario y determinar los lugares y forma de presentación de los mismos, así como a establecer los documentos o justificantes que deban acompañar a los anteriores.

Entró en vigor el 3 de abril de 2025.

Obligaciones de información tributaria

Real Decreto 253/2025, de 1 de abril, por el que se modifican, en materia de obligaciones de información, el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por el Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo, y el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio.

Resumen: Un real decreto realiza modificaciones puntuales en el Reglamento del IRPF y en el Reglamento de Gestión e inspección. Declaración informativa que han de presentar los centros de educación infantil y guarderías. Se incluye entre los obligados a suministrar información a las entidades de pago y a las entidades de dinero electrónico. La información abarca todo tipo de cuentas, tarjetas y pagos a un número de teléfono móvil. Nueva obligación informativa de carácter anual relativa a operaciones realizadas con todo tipo de tarjetas.

Este real decreto se estructura en dos artículos y una disposición final.

El artículo primero modifica el artículo 69.9 del Reglamento del IRPF con la finalidad de actualizar el contenido de la declaración informativa que deben suministrar los centros de educación infantil y guarderías en relación con la deducción por maternidad tras la Sentencia del Tribunal Supremo 8/2024, de 8 de enero, que ha modificado el criterio hasta ahora aplicable en relación a la expresión «guarderías o centro de educación infantil autorizados» para la aplicación de la deducción por maternidad en el IRPF, estableciendo que la misma no solo resulte de aplicación a los centros de educación infantil autorizados, sino a cualquier otro que cuente con la autorización precisa para la apertura y funcionamiento de la actividad de custodia de menores en guarderías, según las disposiciones normativas aplicables a este tipo de centros.

El artículo segundo modifica los artículos 37, 38 y 38 bis, y añade un nuevo artículo 38 ter en el RGAT relativos a obligaciones de información correspondientes a entidades financieras.

Como principal novedad en la revisión de los artículos 37, 38 y 38 bis, se incluye entre los obligados a suministrar información a las entidades de pago y a las entidades de dinero electrónico, y respecto del ámbito subjetivo de obligados, éste queda referido, con carácter general, a todas aquellas entidades previamente definidas en cada uno de dichos artículos que prestan servicios en España, incluidas las entidades extranjeras, ya actúen mediante establecimiento o en régimen de libre prestación de servicios, si bien en este último caso, circunscrito a los clientes residentes o establecidos en España.

En el ámbito objetivo, por lo que se refiere a la información sobre cuentas comprendida en el artículo 37 del RGAT, se incluyen todo tipo de cuentas, bancarias y no bancarias, abarcando, por tanto, a las cuentas de pago; el artículo 38 bis, referido a la obligación de informar sobre pagos a empresarios y profesionales establecidos en España adheridos a sistemas de gestión de cobros mediante tarjetas, se reformula con el objeto de incluir cualesquiera tipo de tarjetas así como los sistemas de cobro asociados a un número de teléfono móvil.

Además, se modifica la periodicidad del suministro de la información sobre cuentas y sobre los referidos sistemas de gestión de cobros a los que se encuentren adheridos los empresarios y profesionales, que pasa de ser anual a mensual, desapareciendo el umbral anual neto de 3.000 euros en relación con dichos cobros, si bien, en relación con las cuentas, la información de carácter económico sólo habrá de facilitarse en la declaración correspondiente al último período mensual de cada año.

Finalmente, mediante la inclusión de un nuevo artículo 38 ter, se añade una nueva obligación informativa de carácter anual relativa a operaciones realizadas con todo tipo de tarjetas. Dicha obligación informativa se refiere al total anual de los abonos, cargos, recargas y retiradas en efectivo y operaciones de gasto en establecimientos, quedando excluidas aquellas tarjetas cuyos importes de cargos y de abonos en el año no hayan excedido de 25.000 euros.

Este real decreto entró en vigor el 3 de abril de 2025. No obstante, lo establecido en el artículo segundo entrará en vigor el 1 de enero de 2026 y será de aplicación, por primera vez, en relación con las declaraciones informativas correspondientes a 2026 que deban presentarse a partir de dicha fecha, de conformidad con lo que establezca la orden ministerial por la que se aprueben los modelos correspondientes.

Estandarización programas informáticos de facturación

Real Decreto 254/2025, de 1 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 1007/2023, de 5 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento que establece los requisitos que deben adoptar los sistemas y programas informáticos o electrónicos que soporten los procesos de facturación de empresarios y profesionales, y la estandarización de formatos de los registros de facturación.

Resumen: La norma contiene un único artículo que modifica el Reglamento de facturación y una Disposición Final única (entrada en vigor), todo ello relativo a los sistemas y programas informáticos o electrónicos de facturación y la estandarización de formato de los registros de facturación.

Modifica la Disp. Final 4ª del Reglamento (entrada en vigor). La adaptación de los sistemas informáticos a las características y requisitos del citado Reglamento tendrá lugar antes del 1 de enero de 2026 para los contribuyentes del Impuesto sobre Sociedades, excepto las entidades exentas del art. 9.1 de la Ley del Impuesto. Las parcialmente exentas del art. 9.2, 3 y 4 de la referida norma sólo en cuanto a operaciones que generen rentas que estén sujetas y no exentas del impuesto.

El resto de obligados tributarios deberán tener operativos los sistemas informáticos antes del 1 de julio de 2026.

A tal fin, los productores y comercializadores de sistemas informáticos deberán ofrecer sus productos adaptados totalmente al Reglamento en el plazo máximo de nueve meses desde la entrada en vigor de la orden ministerial a que se refiere la Disp. Final 3ª del Real Decreto. En relación con sistemas informáticos incluidos en los contratos de mantenimiento de carácter plurianual contratados antes de este último plazo, deberán estar adaptados al contenido del Reglamento con anterioridad a las fechas antes aludidas.

Modifica el art. 4 del Reglamento, estableciendo las siguientes exclusiones:

1. A las que se refieren las disposiciones adicionales tercera y sexta del reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, aprobado por el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre.
2. A las documentadas en facturas por operaciones realizadas a través de establecimientos permanentes que se encuentren en el extranjero.
3. A las que, de acuerdo con el artículo 5 del reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, aprobado por el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, sean documentadas mediante facturas expedidas materialmente por el destinatario de la operación, o por tercero como consecuencia de la aplicación de disposiciones normativas de obligado cumplimiento, siempre y cuando lleven sus libros registros en los términos establecidos en el artículo 62.6 del Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por el Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre.

Se modifica también el art. 6 del Reglamento, relativo a la delegación del cumplimiento, añadiendo un recordatorio d que esta posibilidad no exime al obligado tributaria de la responsabilidad por el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Reglamento.

La Disp. Final Única contiene la entrada en vigor: al día siguiente de su publicación en el BOE, esto es, 3 de abril de 2025 (ACT).

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Documento Nacional de Identidad

Real Decreto 255/2025, de 1 de abril, por el que se regula el Documento Nacional de Identidad.

Resumen: El presente Real Decreto sustituye al 1553/2005, de 23 de diciembre, introduciendo una nueva regulación en el proceso de expedición, gestión y desarrollo del DNI en sus versiones física y digital en términos más completos de seguridad jurídica. Adapta la regulación al Reglamento (UE) 2019/1157 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, sobre el refuerzo de la seguridad de los documentos de identidad de los ciudadanos de la unión, y a la posibilidad de que la ciudadanía pueda disponer de su DNI en formato digital a través de una aplicación en un dispositivo móvil.

La norma contiene 14 artículos, cuatro Disposiciones Adicionales, tres Transitorias, una Derogatoria y cinco Finales.

Desarrolla el art. 8 de la LO 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana, que proclama que el DNI es un documento público y oficial, único con suficiente valor por sí solo para la acreditación, a todos los efectos, de la identidad y los datos personales de su titular. Hay que tener en cuenta que los arts. 9 y 16 de la citada Ley prevén que todas las personas obligadas a obtener el DNI lo están también a exhibirlo y permitir la comprobación de las medidas de seguridad por la autoridad y sus agentes con la finalidad de identificar a las personas. En este sentido, es un documento personal e intransferible consistente en una tarjeta inteligente certificada con un identificador numérico personal (art. 2).

Todas las personas con nacionalidad española tienen derecho a que se les expida el DNI, siendo asimismo su obtención obligatoria para todos los mayores de 14 años residentes en España y para las de igual edad que, residiendo en el extranjero, se trasladen a España por tiempo no inferior a seis meses. Es personal e intransferible y ninguna persona con nacionalidad española puede ser privado del mismo, ni siquiera temporalmente, salvo en los casos y forma establecidos por las leyes, en los que haya de ser sustituido por otro documento. Recae sobre el titular una obligación de custodia y de exhibición a las autoridades y funcionarios en el desempeño de sus funciones, bien en formato físico, bien digital (art. 4).

La competencia exclusiva para la dirección, organización, desarrollo, administración y gestión de todos los aspectos referentes al DNI recae en el Ministerio del Interior, a través de la Dirección General de la Policía (art. 5).

El art. 6 regula su tramitación, conforme a la LPAC. La entrega se realizará personalmente al titular, salvo menores de 14 años o personas con medidas de apoyo, correspondiendo su entrega a quien tenga encomendada la patria potestad, tutela, medida de apoyo o persona apoderada por estas últimas (art. 10).

El art. 7 prevé el periodo de validez, a contar desde la fecha de expedición o de cada una de sus renovaciones: dos años hasta los 5 años de edad, cinco años entre los 5 y antes de alcanzar los 30, diez años entre los 30 y antes de alcanzar los 70, y después más de diez años cuando la persona titular haya cumplido los 70, consignando una fecha. Excepcionalmente tendrá validez de un año cuando sea físicamente imposible, con carácter temporal, tomar impresiones dactilares de cualquier dedo o cualquier otro de los requisitos exigidos en el art. 6.2 e) cuando pudieran obtenerse por otros medios suficientes a juicio del encargo de la Unidad de expedición.

El art. 8 recoge que, transcurrido el periodo de validez, el DNI se considera caducado, revocándose sus atribuciones y efectos, recayendo sobre el titular la obligación de renovación. La renovación se llevará a cabo mediante presencia física del titular, que deberá abonar la tasa correspondiente y aportar fotografía y permitir recoger impresión dactilar. Podrá hacerse dentro de los últimos 180 días de su vigencia. El precepto recoge el deber de renovar el DNI en los supuestos de variación de los datos recogidos en el mismo -atención a los cambios de domicilio-, para lo cual será preciso recabar los documentos justificativos que acrediten dicha variación.

El art. 9 regula la expedición de duplicados, con los mismos efectos, en caso de extravío, sustracción, destrucción o deterioro. Se trata de una obligación del titular -no de un derecho-, previa presentación de denuncia en caso de extravío y sustracción. La validez del duplicado será la misma que tenía el documento al que sustituye, salvo que se halle dentro de los últimos 90 días de vigencia, en cuyo caso se expedirán con la misma validez que si se tratara de una renovación.

El art. 13 introduce la versión digital del DNI, disponible para dispositivos móviles, que podrá obtenerse a través de una actuación administrativa automatizada de manera electrónica, telemática o presencial, teniendo la misma finalidad que el formato físico pero siempre que el titular disponga de su documento físico vigente.

El articulado del Real Decreto se completa con una serie de requisitos técnicos y formales respecto a la expedición, y una alusión expresa al tratamiento de los datos personales al amparo de la normativa comunitaria y nacional. Entendemos que su acceso y tratamiento se realizará al amparo del título habilitante “funcionario público en cumplimiento de obligación legal”.

Las cuatro Disposiciones Adicionales regulan el supuesto de retirada del DNI y su sustitución por un documento identificador que tendrá las características y funcionalidades que determine el Ministerio del Interior; la indicación expresa de que la posesión del DNI de un menor supone, por sí sola, autorización para desplazarse fuera del territorio nacional -habrá que estar a la autorización de quienes ejercen la patria potestad o la tutela-; la certificación anual que sustituye al DNI en caso de imposibilidad manifiesta para la expedición del DNI; y la posibilidad de que los nacionales españoles que se encuentren en el exterior puedan obtener la expedición y renovación en embajadas y consulados en los que la Dirección General de la Policía cuente con los recursos técnicos y humanos necesarios.

Las tres Disposiciones Transitorias mantienen la validez de los documentos expedidos con arreglo a la anterior regulación; aluden la obligación de aportar certificación de nacimiento para la expedición del DNI hasta la total implantación del registro civil de hoja personal electrónica; y la toma de medidas necesarias en el plazo de doce meses para el buen funcionamiento de la versión digital del DNI.

La Disposición Derogatoria priva de vigencia al anterior Real Decreto 1553/2005, de 23 de diciembre, y a cuantas normas de igual o inferior rango incompatibles con la presente.

La Disposición Final 1ª modifica el Real Decreto 991/2024, de 1 de octubre, sobre inscripción de las personas de nacionalidad española en los Registros de Matrícula de las Oficinas Consulares en el extranjero (arts. 2.4 y 5.1). El Número de Identificación Consultar Central tendrá el mismo formato del número utilizado por el DNI para aquellas personas que lo posean y, en caso contrario, se extraerá del Código Personal de la inscripción del Registro Civil. Todo ello sin perjuicio de que pueda asignarse un número temporal a aquellas personas de las que no se tengan registros biométricos asociados a su identidad o, si fuera necesario, durante el periodo de implantación del nuevo modelo de Registro. El Ministerio de Asuntos Exteriores habilitará una Autoridad de Certificación Consular que permita otorgar certificados electrónicos cualificados a las personas de nacionalidad española residentes en el exterior que no posean un DNI en vigor.

La Disposición Final 2ª modifica el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos, aprobado por Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo (arts. 27.1 y 28.1), para armonizarlo al nuevo Real Decreto, en particular en lo relativo a la versión digital del DNI.

La Disposición Final 3ª contiene el título competencial (arts. 149.1-8ª, 18ª, 21ª y 29ª CE); la 4ª una habilitación al Ministerio del Interior para el desarrollo normativo; y la 5ª la entrada en vigor: 2 de abril de 2025, mismo día de su publicación en el BOE (ACT).