Resumen de la Ley de Presupuestos para 2022.

Admin, 13/01/2022

RESUMEN DE LA LEY DE PRESUPUESTOS PARA 2022

 

Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022.

 

Resumen breve:

En los Presupuestos de 2022 destaca una importante brecha ingresos-gastos, aunque inferior a la del ejercicio pasado. Se reduce a 1500 euros la deducción por aportación a planes de pensiones, salvo aportaciones empresariales o del propio trabajador. Tributación mínima del 15% en el Impuesto sobre Sociedades en determinados casos. Se mantienen el interés legal del dinero y el de demora. Cotizaciones a la Seguridad Social. Oferta de empleo público. Las pensiones suben conforme al IPC, sin aludirse al factor de sostenibilidad. Anuncio de dos nuevas agencias estatales. Reforma de las leyes del Sector Público, Contratos Públicos, Seguridad Social, entre otras.

Introducción

Se trata de la Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022. Ver resumen de la Ley anterior de Presupuestos para 2021.

Los Presupuestos Generales del Estado fundamentan su marco normativo básico en la Constitución Española. la Ley General Presupuestaria y en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

El Tribunal Constitucional ha precisado el contenido posible de la ley anual de Presupuestos Generales del Estado, que está constitucionalmente acotado (frente a lo que ocurre con las leyes ordinarias), distinguiendo:

– un contenido necesario, constituido por la determinación de la previsión de ingresos y la autorización de gastos que pueden realizar el Estado y los Entes a él vinculados o de él dependientes en el ejercicio de que se trate.

– y un contenido eventual, aunque estrictamente limitado a las materias o cuestiones que guarden directa relación con las previsiones de ingresos, las habilitaciones de gasto o los criterios de política económica general, que sean complemento necesario para la más fácil interpretación y ejecución de los Presupuestos. y de la política económica del Gobierno.

– Aunque la mayoría de las disposiciones tienen un rango temporal, pueden en algunos casos formar parte de esta Ley preceptos de carácter plurianual o indefinido.

– La Ley de Presupuestos no puede crear tributos, aunque sí modificarlos cuando una Ley tributaria sustantiva así lo prevea.

– Las materias que queden al margen de estas previsiones son materias ajenas a la Ley de Presupuestos Generales del Estado.

Estos Presupuestos Generales, todavía, profundamente influenciados por los efectos de la emergencia de salud pública provocada por la pandemia del COVID-19, mantienen una amplia brecha entre la previsión de ingresos y de gastos. Aumenta pues la previsión de déficit público, dejando el objetivo de estabilidad presupuestaria para el medio plazo y establece un límite de gasto no financiero para 2022 de 196.142 millones de euros (196.097 en 2021).

En su elaboración, se ha tenido en cuenta la incorporación a los Presupuestos de fondos procedentes de la puesta en marcha del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, dentro del instrumento excepcional de recuperación Next Generation EU, para la realización de reformas e inversiones sostenibles y favorables al crecimiento. El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia presentado por España gira en torno a cuatro ejes transversales: la transición ecológica, la transformación digital, la cohesión social y territorial y la igualdad de género.

No se dice expresamente que las previsiones sobre las que se sustentan estos Presupuestos Generales del Estado cuenten con el aval de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal Ley Orgánica 6/2013, de 14 de noviembre.

También se echa en falta la definición explícita del objetivo de déficit para el conjunto de las Administraciones Públicas como aparecía de modo expreso en las anteriores leyes de presupuestos a la de 2021, desglosado en la parte del Estado, CCAA, Seguridad Social y Corporaciones Locales.

Carece de Ley de Acompañamiento, pero la Ley cuenta con 108 artículos, distribuidos en 8 títulos, 130 disposiciones adicionales, 7 transitorias, 33 finales, 14 anexos y un amplio resumen de ingresos y gastos. A pesar de su número, son menos disposiciones que las del año anterior.

Ingresos y gastos

Los ingresos totales alcanzan la cifra de 376.996.675.220 euros (323.996.708.230 en 2021y 300.903.211.160 en los anteriores). Supone un aumento del 16,36%. Art. 2.

Los créditos para gastos alcanzan los 519.668.460.140 euros (521.175.227.870 en 2021 y 397.121.596.980 en los anteriores). Hay una disminución del 0,3%.

Por tanto, los gastos superan a los ingresos en más de 142 mil millones de euros. (un 37,80%). Se corrige en parte con respecto los casi 200 mil millones de euros del año pasado (60,86%), pero la diferencia sigue siendo elevadísima.

Los beneficios fiscales que afectan a los tributos del Estado se estiman en 41.939.140.000 euros (39.049.080.000 en 2021 y 34.825.110.000 en 2018). Aumentan en un 7,40%. Art. 3.

Deuda pública

El título V, «De las Operaciones Financieras», se estructura en tres capítulos, relativos, respectivamente, a deuda pública, avales públicos y otras garantías y relaciones del Estado con el Instituto de Crédito Oficial. Arts. 47 al 57.

– La cuantía del incremento anual del saldo vivo de la Deuda del Estado a 31 de diciembre 2022 no podrá superar el correspondiente a 1 de enero de 2022 en más de 81.936.673.060 euros (fueron 132.047.108.550 euros en 2021 y 53.668.213.080 euros en 2018), permitiendo que dicho límite sea sobrepasado durante el curso del ejercicio y estableciendo los supuestos en que quedará automáticamente revisado.

– El importe autorizado de operaciones de crédito para los Organismos Públicos se determina en el Anexo III de la Ley.

– Se fija el límite de la cuantía de los recursos ajenos del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) que asciende en este ejercicio a 6.867.339.000 euros, descendiendo respecto a ejercicios anteriores.

– La deuda pública nos cuesta este año 30.175.104.090 euros (31.675.104.090 en 2021 y 31.547.483.770 en 2018). Se mantiene estable, incluso una pequeña disminución, porque la bajada de los tipos de interés compensa el aumento en su monto total.

– La D. Ad. 3ª permite al Gobierno autorizar la concesión por parte del Estado de préstamos a la Tesorería General de la Seguridad Social por un importe de 6.981.590.000 euros Estos préstamos no devengarán intereses y su cancelación se producirá en un plazo máximo de diez años a partir de 2023.

NORMAS TRIBUTARIAS

Se encuentran fundamentalmente en el Título VI.

   IRPF 

A él se dedican los arts. 59 y 60, que modifican los arts. 51 y 52 LIRPF y D.Ad. 16ª LIRPF, respectivamente.

– El artículo 51 regula las reducciones por aportaciones y contribuciones a sistemas de previsión social.

– El artículo 52, complementario del anterior, determina el límite de reducción.

– La D. Ad. 16ª fija el límite financiero de aportaciones y contribuciones a los sistemas de previsión social

La reforma minora el límite general de reducción aplicable en la base imponible por aportaciones y contribuciones a sistemas de previsión social, que pasa de 2000 euros a 1500 euros.

Se prevé que dicho límite pueda incrementarse no solo mediante la realización de contribuciones empresariales, como ya sucede, sino también mediante aportaciones del trabajador al mismo instrumento de previsión social siempre que estas aportaciones sean de igual o inferior importe a la respectiva contribución empresarial. Asimismo, se eleva la cuantía del incremento de este límite hasta 8500 euros (antes 8000 euros).

– Se prorrogan de nuevo para el período impositivo 2022 los límites cuantitativos que delimitan en el IRPF el ámbito de aplicación del método de estimación objetiva. Ver D.Tr. 32ª LIRPF.

Impuesto sobre Sociedades.

El art. 61 modifica cinco artículos de la Ley del Impuesto sobre Sociedades.

Se establece una tributación mínima del 15 por ciento de la base imponible para aquellos contribuyentes del Impuesto:

– con un importe neto de la cifra de negocios igual o superior a veinte millones de euros

– o que tributen en el régimen de consolidación fiscal, cualquiera que sea el importe de su cifra de negocios.

El tipo de tributación mínima será del 10 por ciento en las entidades de nueva creación, cuyo tipo es del 15 por ciento,

El tipo mínimo será del 18 por ciento para las entidades de crédito y de exploración, investigación y explotación de yacimientos y almacenamientos subterráneos de hidrocarburos cuyo tipo general es del 30 por ciento.

Esto supone que, como resultado de la aplicación de las deducciones, no se podrá rebajar la cuota líquida por debajo de dicho importe.

En el caso de las cooperativas, la cuota líquida mínima no podrá ser inferior al resultado de aplicar el 60 por ciento a la cuota íntegra.

En las entidades dedicadas al arrendamiento de vivienda, la bonificación prevista en el artículo 49 se reduce drásticamente del 85% al 40%.

En concreto, los artículos afectados son:

Artículo 30. Cuota íntegra y cuota líquida

Artículo 30 bis. Tributación mínima (artículo añadido)

Artículo 41. Deducción de las retenciones, ingresos a cuenta y pagos fraccionados

– Apartado 1 del artículo 49 (dedicado a bonificaciones)

– Apartado 1 del artículo 71 (sobre deducciones y bonificaciones de la cuota íntegra del grupo fiscal).

   Renta de No Residentes.

La reforma vista introducida en el Impuesto de Sociedades tiene su correlación en el Impuesto sobre la Renta de no Residentes, para las rentas obtenidas mediante establecimiento permanente.

El art. 63 modifica el art. 19 y añade la D. Ad. 10ª al TR Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes.

– En el artículo 19 se regula la deuda tributaria, modificándose sus tres últimos apartados.

– Según la nueva D. Ad. 10ª, a efectos de lo dispuesto en el artículo 19, para determinar la deuda tributaria del impuesto, resultará de aplicación la tributación mínima establecida en el artículo 30 bis LISoc.

   Patrimonio

No hay disposiciones en esta Ley que afecten directamente al Impuesto sobre el Patrimonio. En Ley de Presupuestos para el año 2021 hubo una radical reforma, pues desapareció su carácter de temporal para convertirlo en indefinido, con vocación recaudatoria y no sólo informativa.

   IVA

El artículo 64, a semejanza de la medida sobre estimación objetiva en el IRPF, prorroga para el período impositivo 2022 los límites para la aplicación del régimen simplificado y el régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca, en el IVA. Ver D. Tr. 13ª LIVA

   ITPyAJD

El art. 65 actualiza la escala que grava la transmisión y rehabilitación de Grandezas y Títulos Nobiliarios, con un incremento del 1 por ciento.

   Impuesto de Bienes Inmuebles

No hemos encontrado modificación alguna, salvo referencias a la participación de los Ayuntamientos en los tributos del Estado, compensaciones y anticipos a Ayuntamientos.

   Tasas

Esta dedicado a ellas el amplio capítulo III (arts 66 al 75).

Se eleva en un 1 por ciento el importe a exigir por las de cuantía fija, excepto las que se hayan creado o actualizado específicamente por normas dictadas desde el 1 de enero de 2021. Dicha excepción se extiende igualmente, a la tasa de regularización catastral.

Hay referencias especiales a las tasas exigibles por la Jefatura Central de Tráfico (redondeo), por reserva del dominio público radioeléctrico, tasas ferroviarias y tasas portuarias.

La D.F. 5ª modifica la tasa por servicios prestados por el Registro de la Propiedad Intelectual.

Ver también la D.F. 10ª.y la 18ª (sobre puertos)

Aranceles

No se ha encontrado normativa sobre la materia.

Entidades Locales y Comunidades Autónomas

El Título VII (arts. 76 al 105) se estructura en dos capítulos, dedicados respectivamente, a Entidades Locales y Comunidades Autónomas.

Dentro del Capítulo I se contienen normas relativas a la financiación de las Entidades Locales, englobando en el mismo a los municipios, provincias, cabildos y consejos insulares, así como Comunidades Autónomas uniprovinciales.

El núcleo fundamental está constituido por la articulación de la participación de las Entidades Locales en los tributos del Estado, tanto en la determinación de su cuantía, como en la forma de hacerla efectiva.

Cabe destacar:

cesión en la recaudación de determinados impuestos como el IRPF, IVA e impuestos especiales;

 – la participación a través del Fondo Complementario de Financiación con atención específica a las compensaciones a las entidades locales por pérdidas de recaudación en el Impuesto sobre Actividades Económicas

– la participación en el Fondo de Aportación a la Asistencia Sanitaria para el mantenimiento de los centros sanitarios de carácter no psiquiátrico.

– Se extiende la revisión cuatrienal del ámbito subjetivo de aplicación de los modelos de participación en tributos del Estado aplicables a los municipios para que tenga incidencia en los años 2021 a 2023.

-Se recoge la regulación de los regímenes especiales de participación de Ceuta y Melilla, de las entidades locales de las Islas Canarias, así como al relativo a las entidades locales de los Territorios Históricos del País Vasco y Navarra.

– Esta regulación se completa con otras transferencias, constituidas por subvenciones, así como la compensación a los ayuntamientos de los beneficios fiscales concedidos a las personas físicas o jurídicas en los tributos locales.

– También se recogen las obligaciones de información a suministrar por las entidades Locales, las normas de gestión presupuestaria, el otorgamiento de anticipos a los ayuntamientos y un procedimiento para dar cumplimiento a las compensaciones de deudas firmes contraídas con el Estado por las Entidades Locales, incluyendo las que, en su caso, se deban aplicar como consecuencia de incumplimientos reiterados de los plazos de pago establecidos en la normativa de medidas de lucha contra la morosidad.

El Capítulo II regula determinados aspectos de la financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y de las Ciudades con Estatuto de Autonomía.

El sistema de financiación vigente en el año 2022 procede de la modificación de la Ley Orgánica de Financiación de las CCAA y la aprobación de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía.

Los recursos financieros que el sistema asigna para la cobertura de las necesidades globales de financiación de cada Comunidad Autónoma están constituidos por el Fondo de Suficiencia Global, la Transferencia del Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales y la Capacidad Tributaria. El Presupuesto de gastos del Estado recoge el Fondo de Suficiencia Global y la aportación del Estado al Fondo de Garantía. La recaudación de los tributos que el Estado les ha cedido total o parcialmente, sin embargo, por su naturaleza, no tienen reflejo en los Presupuestos Generales del Estado

Además, para favorecer la convergencia entre Comunidades Autónomas y el desarrollo de aquellas que tengan menor renta per cápita, la Ley 22/2009 regula dos Fondos de Convergencia Autonómica dotados con recursos adicionales del Estado: el Fondo de Competitividad y el Fondo de Cooperación.

Por otra parte, en el año 2022 se practicará la liquidación del sistema de financiación correspondiente a 2020, regulándose en el indicado capítulo los aspectos necesarios para su cuantificación.

Se regula en el citado capítulo el régimen de transferencia en el año 2022 correspondiente al coste efectivo de los servicios asumidos por las Comunidades Autónomas, así como el contenido mínimo de los Reales Decretos que aprueben las nuevas transferencias.

Por último, se recoge la regulación de los Fondos de Compensación Interterritorial, distinguiendo entre Fondo de Compensación y Fondo Complementario. Ambos Fondos tienen como destino la financiación de gastos de inversión por las Comunidades Autónomas.

Ver también la D. Ad. 1ª sobre concesión de subvenciones o suscripción de convenios con Comunidades Autónomas.

La D.Ad. 89ª fija un régimen excepcional en materia de endeudamiento autonómico en 2022. Tratan también de financiación autonómica y local las siguientes, hasta la 100ª.

Seguridad Social

El Título VIII (arts 106 al 108), bajo la rúbrica «Cotizaciones Sociales», regula la normativa relativa a las bases y tipos de cotización de los distintos regímenes de la Seguridad Social, procediendo a su actualización.

El Título consta de tres artículos relativos, respectivamente, a:

– Bases y tipos de cotización a la Seguridad Social, Desempleo, Protección por cese de actividad, Fondo de Garantía Salarial y Formación Profesional durante el año 2022.

– Cotización a las Mutualidades Generales de Funcionarios para el año 2022.

– Cotización a derechos pasivos.

Los tipos de cotización en el Régimen General son, para 2022, los siguientes:

 – para las contingencias comunes serán el 28,30 por 100, (23,60 por 100 a cargo de la empresa y el 4,70 por 100 a cargo del trabajador);

– Para las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales se aplicarán los porcentajes de la tarifa de primas incluida en la D. Ad. 4ª de la Ley de Presupuestos para 2007, siendo las primas resultantes a cargo exclusivo de la empresa.

– Para la cotización adicional por horas extraordinarias, se aplicarán los siguientes tipos de cotización:

a) para las motivadas por fuerza mayor, el 14,00 por ciento, del que el 12,00 por ciento será a cargo de la empresa y el 2,00 por ciento a cargo del trabajador.

b) para el resto, el 28,30 por ciento, del que el 23,60 por ciento será a cargo de la empresa y el 4,70 por ciento a cargo del trabajador.

 – para la contingencia de desempleo en contratación indefinida, el 7,05 por ciento, del que el 5,50 por ciento será a cargo del empresario y el 1,55 por ciento a cargo del trabajador;

– para la cotización al Fondo de Garantía Salarial, el 0,20 por ciento a cargo exclusivo de la empresa.

 – para la cotización por Formación Profesional, el 0,70 por ciento, siendo el 0,60 por ciento a cargo de la empresa y el 0,10 por ciento a cargo del trabajador. Para los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, el tipo aplicable será el 0,10 por ciento.

El tope máximo de la base de cotización, en cada uno de los Regímenes de la Seguridad Social que lo tengan establecido, queda fijado en 4139,40 euros mensuales (4070,10 en 2021 y 2020, 3803,70 en 2018).

El tope mínimo coincidirá con las cuantías del salario mínimo interprofesional vigente en cada momento, incrementadas en un sexto, salvo disposición expresa en contrario

La base de cotización para Desempleo, Fondo de Garantía Salarial y Formación Profesional en todos los regímenes de la Seguridad Social que tengan cubiertas las mismas, será la correspondiente a las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.

El apartado cuarto regula la cotización en el Sistema Especial para Empleados de Hogar:

Las bases de cotización por contingencias comunes y profesionales se determinarán aplicando a la escala de retribuciones mensuales y a la base de cotización correspondiente vigente a 31 de diciembre de 2021 el aumento que experimente en 2022 el salario mínimo interprofesional. Se incrementará con la parte proporcional de las pagas extraordinarias.

– El tipo de cotización por contingencias comunes será el 28,30 por ciento, siendo el 23,60 por ciento a cargo del empleador y el 4,70 por ciento a cargo del empleado.

– Para la cotización por las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, se aplicará, sobre la base de cotización, el tipo previsto en la tarifa de primas incluida en la D. Ad. 4ª de la Ley de Presupuestos para 2007, siendo a cargo exclusivo del empleador.

– Durante el año 2022 será aplicable una reducción del 20 por 100 en la aportación empresarial a la cotización a la Seguridad Social por contingencias comunes en este sistema especial. Se aplica a los contratos posteriores al 1 de enero de 2012. Se exceptúa cuando estuviese dado de alta para el mismo empleador entre agosto y diciembre de 2011 y los casos en que el empleado haya asumido la obligación de cotizar. La reducción llega al 45% para familias numerosas.

Los apartados seis, diez y once se dedican a la cotización en el Régimen Especial de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos:

– La base máxima de cotización será de 4.139,40 euros mensuales y la base mínima será de 960,60. Hay reglas especiales para menores y mayores de 48 años.

– Los tipos de cotización serán, a partir del 1 de enero de 2022:

a) Para las contingencias comunes el 28,30 por ciento. Habrá un coeficiente reductor cuando se tenga cubierta la incapacidad temporal en otro régimen de la Seguridad Social

b) Para las contingencias profesionales el 1,30 por ciento, del que el 0,66 por ciento corresponde a la contingencia de incapacidad temporal y el 0,64 a la de incapacidad permanente, muerte y supervivencia.

c) Aquellos trabajadores autónomos excluidos de cotizar por contingencias profesionales, deberán cotizar por un tipo del 0,10 para la financiación de las prestaciones previstas en los Capítulos VIII y IX del título II TRLGSS.

El apartado doce trata de la cotización en los contratos para la formación y el aprendizaje (aumento en las cuotas por contingencias comunes en el mismo porcentaje que aumente la base mínima del Régimen General de la Seguridad Social).

Se faculta al titular del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y del Ministerio de Trabajo y Economía Social para dictar las normas necesarias para la aplicación y desarrollo de lo previsto en este artículo 106.

El art. 107 regula la cotización a las Mutualidades Generales de Funcionarios para el año 2022.

Respecto a prestaciones familiares, la D. Ad. 39ª regula la cuantía de las prestaciones familiares de la Seguridad Social, en su modalidad no contributiva, así como el importe del límite de ingresos para el acceso a las mismas:

– La cuantía de la prestación por nacimiento o adopción de hijo establecida en artículo 358.1 será de 1.000 euros que sólo es aplicable a algunos casos como madres o padres con discapacidad, familias numerosas o monoparentales.

– Los límites de ingresos para tener derecho a la asignación económica por hijo o menor acogido a cargo quedan fijados en 12.913 euros anuales y, si se trata de familias numerosas, en 19.434 euros, incrementándose en 3.148 euros por cada hijo a cargo a partir del cuarto, éste incluido. 

La D. Ad 105ª retrasa la aplicación, sin indicación de fecha, de lo previsto en los artículos 1.1, primer párrafo; 24, segundo párrafo; y 25.4 (con nueva redacción) de la Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del Trabajo Autónomo, en todo lo relativo a los trabajadores por cuenta propia que ejerzan su actividad a tiempo parcial.

La D. Ad 106ª suspende el sistema de reducción de las cotizaciones por contingencias profesionales por disminución de la siniestralidad laboral hasta que el Gobierno reforme el Real Decreto 231/2017, de 10 de marzo.

La D.F. 22ª modifica el artículo 7 del RD 1148/2011, de 29 de julio, que regula la prestación económica por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave. Este artículo trata del nacimiento, duración, suspensión y extinción del derecho. Por la D.F. 23ª, este artículo 7 mantiene su rango de real decreto. Hay que tener en cuenta también que la D.F. 28ª modifica los artículos 190 al 192 TRLGSS que regulan la situación protegida, los beneficiarios y la prestación económica respectivamente en esta materia.

La D. F. 28ª modifica el TR Ley General de la Seguridad Social. Destacamos lo siguiente:

– Se da nueva redacción al apartado 1 del artículo 20, que regula la adquisición, mantenimiento, pérdida y reintegro de beneficios en la cotización, pues la empresa ha de estar al corriente, no solo de las cotizaciones, sino de cualquier otro recurso de la Seguridad Social:

“1. Únicamente podrán obtener reducciones, bonificaciones o cualquier otro beneficio en las bases, tipos y cuotas de la Seguridad Social y por conceptos de recaudación conjunta, las empresas y demás sujetos responsables que se encuentren al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social en relación al ingreso por cuotas y conceptos de recaudación conjunta, así como respecto de cualquier otro recurso de la Seguridad Social que sea objeto de la gestión recaudatoria de la Seguridad Social, en la fecha de su concesión.”

– En el artículo 88, referido a las mutuas, se recoge ahora que el nombramiento y el contrato de los ejecutivos ha de ser confirmado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

– Respecto al cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave, se modifican los artículos 190 al 192 que regulan la situación protegida, los beneficiarios y la prestación económica respectivamente.

– Y, en cuanto a los autónomos dados de alta antes del 1 de enero de 1994, se modifica la D.Tr. 20ª, sobre la validez a efectos de prestaciones de cuotas anteriores al alta en el Régimen Especial, permitiendo la aplicación del artículo 319 (que se refiere a los efectos de las cuotas anteriores al alta) a las prestaciones causadas desde el 1 de enero de 2022.

Cuidado de hijos con enfermedad grave

La D.F. 25ª da nueva redacción al artículo 37.6 TR del Estatuto de los Trabajadores,

El artículo 37 regula el descanso semanal, fiestas y permisos. En concreto, afecta al derecho a reducción de jornada para atender a un hijo o acogido que sufra una enfermedad grave, extendiéndose hasta la edad de 23 años y pudiendo pasar al cónyuge o pareja de hecho.

La D.F. 26ª, con la misma finalidad, modifica el artículo 49, letra e) del Estatuto Básico del Empleado Público.

Dependencia

La D. Ad. 108ª determina las cuantías del nivel mínimo de protección garantizado por la Administración General del Estado para cada persona beneficiaria del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia:

– Grado III Gran Dependencia: 250,00 euros/mes

– Grado II Dependencia Severa: 125,00 euros/mes

– Grado I Dependencia Moderada: 67,00 euros/mes

Tiene una dotación de 483.197.420 euros.

Derechos pasivos

El artículo 108 -y último- trata sobre la cotización a derechos pasivos. El importe de la cuota de derechos pasivos aplicable al personal incluido en el ámbito de cobertura del Régimen de Clases Pasivas del Estado se determinará mediante la aplicación del tipo porcentual del 3,86 por ciento sobre los haberes reguladores establecidos en el apartado Uno del artículo anterior. Para el grupo A1, la base es de 41.769,42 euros. Por tanta la cantidad resultante es de: 1612,30 euros.

Gastos de Personal

El Título III acoge la regulación fundamental en tres capítulos

En el Capítulo I, tras definir lo que constituye el «sector público» a estos efectos, trata de los gastos del personal con la previsión general de que, durante el año 2022, tanto las retribuciones del personal al servicio del sector público como la masa salarial del personal laboral experimentarán un crecimiento del 2 por ciento respecto de los vigentes a 31 de diciembre de 2021.

En el Capítulo II, bajo la rúbrica «De los regímenes retributivos», se regula la actualización para el año 2022 de las retribuciones, entre otros, de los altos cargos, de los funcionarios del Estado, del personal estatutario y del no estatutario de la Seguridad Social, así como las del personal laboral del sector público estatal.

También se encuentran las normas reguladoras del personal al servicio de la Administración de Justicia, incluyendo las retribuciones de los miembros de la Carrera Judicial y Fiscal y Letrados de la Administración de Justicia.

El Capítulo III de este Título contiene una norma de cierre, aplicable al personal cuyo sistema retributivo no tenga adecuado encaje en las normas contenidas en el Capítulo II. Entre otros contenidos, se establece la prohibición de ingresos atípicos, se trata de recompensas, cruces…, y de los requisitos para la determinación o modificación de retribuciones del personal laboral y no funcionario que exigirán del informe favorable de la Comisión Ejecutiva de la Comisión Interministerial de Retribuciones. Se regula la contratación de personal laboral con cargo a los créditos de inversiones y la competencia del Ministerio de Hacienda y Función Pública en materia de costes del personal al servicio del sector público en el ámbito de la negociación colectiva.

– La D. Ad. 32ª regula la recuperación de la paga extraordinaria y adicional del mes de diciembre de 2012, en la parte todavía no abonada.

Se establece como norma de cierre que cualquier nueva actuación que propongan los departamentos ministeriales no podrá suponer un aumento neto de los gastos de personal superior al autorizado en el artículo 19 y en los demás preceptos de esta Ley que establezcan normas específicas en la materia. D. Ad. 31ª

Oferta de Empleo Público

Se regula en el artículo 20 del que destacamos:

– se sujetará a una tasa de reposición de efectivos del 110 %,

será del 120% en los sectores prioritarios que enumera y para entidades locales que tuvieran amortizada su deuda financiera a 31 de diciembre.

– la tasa de reposición es del 125 % en el caso de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, cuerpos de Policía Autonómica y Policías Locales.

– no se podrá contratar personal temporal, ni realizar nombramientos de personal estatutario temporal y de funcionarios interinos excepto en casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables

– La oferta de Empleo Público para el acceso a las carreras judicial y fiscal no podrá superar el límite máximo de 200 plazas (240 plazas en 2021, 300 en 2018). D.Ad. 15ª.

– La D.Ad.17ª regula la contratación de personal de las sociedades mercantiles públicas y las entidades públicas empresariales. La D.Ad. 18ª es para Fundaciones. Y la D.Ad.19ª, para los consorcios. Ver también D.Ad. 36ª sobre posibles contrataciones extraordinarias.

– La D.F.1ª modifica la D.Ad. 2ª.7 de la Ley de Bases de Régimen Local. Afecta al régimen de los funcionarios de Administración local con habilitación de carácter nacional en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Pensiones públicas

El Título IV (arts 36 al 46) las regula en seis capítulos:

El Capítulo I establece la revalorización de las pensiones abonadas por el sistema de la Seguridad Social, así como de Clases Pasivas, que experimentarán en 2022 con carácter general un incremento porcentual igual al valor medio de las tasas de variación interanual expresadas en tanto por ciento del Índice de Precios al Consumo de los doce meses previos a diciembre de 2021, en los términos que se indican en los artículos correspondientes de esta ley.

El Capítulo II está dedicado a regular la determinación inicial de las pensiones del Régimen de Clases Pasivas del Estado y especiales de guerra.

El Capítulo III contiene las limitaciones en el señalamiento inicial de las pensiones públicas, con un sistema de doble limitación al fijar un máximo a la cuantía íntegra mensual y un máximo a la cuantía íntegra anual, con excepciones.

El Capítulo IV regula la «Actualización y modificación de los valores de las pensiones públicas», abordando la revalorización de las pensiones contributivas abonadas por el sistema de la Seguridad Social, así como las de Clases Pasivas. Se remite en cuanto al incremento al art. 36 visto, aplicándose también el IPC.

Asimismo, se determinan las pensiones que no se revalorizan y la limitación del importe de la revalorización de las pensiones públicas. No se incrementan las que excedan 2.707,49 euros en cómputo mensual (era el valor para 2021) más el IPC. Tampoco podrán suponer un valor íntegro anual superior a 37.904,86 euros (era el valor para 2021) más el IPC.

El Capítulo V recoge el sistema de complementos por mínimos, que regula en dos artículos, relativos, respectivamente, a pensiones de Clases Pasivas y pensiones del sistema de la Seguridad Social.

El Capítulo VI contiene, de una parte, la determinación inicial y actualización de las pensiones no contributivas de la Seguridad Social y, de otra, la fijación de la cuantía de las pensiones del extinguido Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez. La cuantía de las pensiones de jubilación e invalidez del sistema de la Seguridad Social, en su modalidad no contributiva, se fija en 5.808,60 euros íntegros anuales (supone un 3% de incremento).

La D.Ad.45ª dispone que en 2022 la actualización de las pensiones se realizará de acuerdo con lo establecido en el título IV y disposiciones concordantes de esta ley, no siendo de aplicación lo dispuesto en los artículos 58 TRLGSS y 27 TR Ley de Clases Pasivas del Estado.

La D.F. 2ª modifica el texto refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado, aprobado por Real Decreto legislativo 670/1987, de 30 de abril. La reforma está motivada, en muy buena medida, porque el reconocimiento de derechos pasivos y la concesión de las prestaciones de Clases Pasivas causadas pasa a corresponder al Instituto Nacional de la Seguridad Social. La D.Tr. 3ª regula el régimen transitorio en la gestión del Régimen de Clases Pasivas. En tanto no culmine este proceso de adaptación, esta gestión será ejercida por la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social. Se completa con la adaptación normativa de la D.F. 4ª.

La D.F. 21ª modifica el apartado 1 del artículo 1 RDLey 20/2012, de 13 de julio. Este artículo regula el régimen de incompatibilidades de pensiones indemnizatorias, prestaciones compensatorias y percepciones similares. Se refiere a altos cargos y miembros de asambleas legislativas y de la Administración de Justicia, fundamentalmente.

Ir al resumen de la Ley 21/2021, de 28 de diciembre, de garantía del poder adquisitivo de las pensiones y de otras medidas de refuerzo de la sostenibilidad financiera y social del sistema público de pensiones.

Interés legal del dinero

Se mantiene en el 3% hasta el 31 de diciembre del año 2022. (Disp. Ad. 46ª).

Interés de demora

Durante el mismo período, el interés de demora a que se refieren el artículo 26.6 de la Ley General Tributaria, y 38.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, continúa en el 3,75%, como en 2021, 2018, 2017 y 2016. (Disp. Ad. 46ª).

IPREM

El indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM) aumenta (Disp. Ad. 101ª):

a) El IPREM diario, 19,30 euros.

b) El IPREM mensual, 579,02 euros.

c) El IPREM anual, 6948,24 euros.

d) En los supuestos en que la referencia al salario mínimo interprofesional ha sido sustituida por la referencia al IPREM en aplicación de lo establecido en el Real Decreto-Ley 3/2004, de 25 de junio, la cuantía anual del IPREM será de 8.106,28 euros cuando las correspondientes normas se refieran al salario mínimo interprofesional en cómputo anual, salvo que expresamente excluyeran las pagas extraordinarias; en este caso, la cuantía será de 6.948,24 euros.

Subvención al transporte: Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla

No hemos encontrado modificación a la normativa previa.

Catastro

No se ha modificado el Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo.

Planes de Pensiones

La D.F. 9ª modifica el apartado 3 letra a) del art. 5 TR Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones, dedicado a los principios básicos de los planes de pensiones. Es un cambio motivado por la reforma que vimos en el IRPF. Dice lo siguiente:

“a) El total de las aportaciones y contribuciones empresariales anuales máximas a los planes de pensiones regulados en la presente Ley no podrá exceder de 1.500 euros.

Este límite se incrementará en 8.500 euros, siempre que tal incremento provenga de contribuciones empresariales, o de aportaciones del trabajador al mismo instrumento de previsión social por importe igual o inferior a la respectiva contribución empresarial.

A estos efectos, las cantidades aportadas por la empresa que deriven de una decisión del trabajador tendrán la consideración de aportaciones del trabajador.

Las aportaciones propias que el empresario individual realice a planes de pensiones de empleo de los que, a su vez, sea promotor y partícipe, se considerarán como contribuciones empresariales, a efectos del cómputo de este límite.”

Creación de la Agencia Estatal de Administración Digital.

La D. Ad. 117ª autoriza la creación de la Agencia Estatal de Administración Digital, como organismo público con personalidad jurídica pública y patrimonio propios y plena capacidad de obrar.

La actuación de la Agencia responderá a los siguientes fines:

a) La digitalización del sector público, mediante el ejercicio de las funciones de dirección, coordinación y ejecución del proceso de transformación digital e innovación de la Administración a través de las tecnologías de la información y de las comunicaciones.

b) La prestación eficiente de los servicios públicos, a través de la adopción de soluciones digitales, en el marco de los Esquemas Nacionales de Seguridad e Interoperabilidad.

c) La transformación digital de las Administraciones Públicas a través de la coordinación de la Administración General del Estado y sus organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes, y de la cooperación con las administraciones públicas para la implantación de las estrategias nacionales e internacionales en materia de administración digital.

d) La coordinación funcional de la actuación de las unidades TIC de la Administración General del Estado y el apoyo informático a aquellos departamentos ministeriales que lo precisen.

Estará adscrita a la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Se regirá por lo establecido en su estatuto orgánico y por lo dispuesto en la Ley del Sector Público.

Creación de la Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial.

La D. Ad. 130ª autoriza al Gobierno a impulsar una Ley para la creación de la Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial en España, configurada como Agencia Estatal dotada de personalidad jurídica pública, patrimonio propio y autonomía en su gestión, con potestad administrativa.

Llevará a cabo, con plena independencia orgánica y funcional, medidas destinadas a la minimización de riesgos significativos sobre la seguridad y salud de las personas, así como sobre sus derechos fundamentales, que puedan derivarse del uso de sistemas de inteligencia artificial.

La Agencia Estatal se encontrará adscrita a la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, dentro del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Se regirá por lo establecido en su estatuto orgánico y por lo dispuesto en la Ley del Sector Público.

Sociedad Mercantil Estatal de Gestión Inmobiliaria de Patrimonio, M.P., S.A

La D.F.11ª modifica la D.Ad.10ª de la Ley del Patrimonio de las AAPP, dedicada a esta sociedad, en acrónimo SEGIPSA, ampliando su ámbito como medio instrumental y sus funciones. Expresamente se prevé que realice trabajos de formación y mantenimiento del Catastro Inmobiliario.

Creación del bono cultural joven

La D. Ad. 122ª crea el bono cultural joven, destinado a facilitar el acceso del público joven a la cultura.

Serán beneficiarios del bono aquellos jóvenes que cumplan 18 años durante el año 2022. El bono tendrá un importe máximo de 400 euros por beneficiario y se destinará a las actividades y productos culturales, tanto públicos como privados, que se determinen reglamentariamente.

Ley del Deporte

La D.F. 3ª modifica la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, afectando al artículo 19 y a la D.Ad. 7ª:

– Los Clubes, o sus equipos profesionales, que participen en competiciones deportivas oficiales de carácter profesional y ámbito estatal, podrán adoptar la forma de Sociedad Anónima Deportiva. Hasta ahora era obligatorio, salvo excepciones.

– Los Estatutos de estos Clubes –que no sean sociedades anónimas deportivas-deberán libremente establecer los requisitos para ser miembro de sus Juntas Directivas, tales como antigüedad, avales, etc.

Ley del Sector Público

Son 5 artículos de la ley los que se modifican por la D.F. 27ª.

– En el artículo 50, apartado dos, en relación con la firma de convenios, se flexibiliza el momento en el que debe de constar la autorización del Ministerio de Hacienda y Función Pública

– Se amplía el contenido del apartado 3 del artículo 122, relativo a la auditoría de los consorcios.

– En el apartado 1 del artículo 128, se modifica la definición de fundaciones del sector público estatal para incorporar a aquellas en que el patrimonio de la fundación esté integrado en más de un 50% por bienes o derechos cedidos por la Administración General del Estado o bien cuando tenga esta la mayoría de votos.

– En cuanto a las reglas de adscripción de las fundaciones públicas, recogidas en el artículo 129, se añade una cláusula de cierre, que llevará la letra g:

“g) Si la aplicación de los anteriores no resultara determinante, se adscribirá a la Administración General del Estado, y, en el caso de que ésta no participe, se adscribirá a la administración que decida su patronato.”

– Por último, se modifica la D.Ad. 4ª, dedicada a la adaptación de entidades y organismos públicos existentes en el ámbito estatal a la Ley del Sector Público, para suavizar las exigencias de adaptación a las entidades con régimen jurídico específico. Dicen así ahora sus dos primeros párrafos:

“Las entidades con régimen jurídico específico a la entrada en vigor de esta ley se seguirán rigiendo por su legislación específica, manteniendo su naturaleza jurídica, y únicamente de forma supletoria, y en tanto resulte compatible con su legislación específica por lo previsto en esta ley.

Los demás organismos y entidades, a los que se refiere el artículo 84.1 de esta ley, existentes en el momento de la entrada en vigor de la misma, deberán adaptarse a su contenido antes del 1 de octubre de 2024, rigiéndose hasta que se realice la adaptación por su normativa específica.”. El artículo 84.1 se refiere al sector público institucional estatal

Ley de Contratos del Sector Público

La D.F. 29ª modifica la Ley de Contratos del Sector Público que afecta a 4 artículos:

– En el procedimiento abierto simplificado, hay dos modificaciones del artículo 159 que flexibilizan el requisito de la previa inscripción del licitador en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público, siendo posible que sólo haya presentado la solicitud de inscripción.

– En la adjudicación de los contratos específicos en el marco de un sistema dinámico de adquisición, dispone el artículo 226 que la adjudicación de un contrato específico se basará en los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas del sistema dinámico de adquisición.

– La reforma del artículo 324, referida a acuerdos marco y sistemas dinámicos de adquisición por más de 12 millones de euros, ya autorizados, dispensa de autorización a los contratos basados y contratos específicos, en dichos acuerdos marco y sistemas dinámicos de adquisición, respectivamente.

– Y, conforme a la nueva redacción del artículo 332, los miembros de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación continuarán en el ejercicio de sus funciones hasta que tomen posesión de su cargo quien haya de sucederles (normalmente tras seis años).

Otras leyes modificadas

Entre las disposiciones finales, entresacamos:

– La D. F. 13ª afecta ampliamente a la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, lo que incluye, entre otras muchas materias, la regulación de los compromisos de gasto de carácter plurianual, modificaciones presupuestarias, obligaciones de información y retención de propuestas de pago, criterios de ordenación de pagos, cuentas del Tesoro Público y operaciones de gestión tesorera, relación con entidades de crédito, fiscalización e intervención previa de requisitos básicos, y acuerdos de colaboración y patrocinio suscritos por el sector público empresarial y fundacional

– La D.F. 14ª modifica el artículo 203, apartado 1, letra b) TR Ley Reguladora de las Haciendas Locales. En cursiva lo añadido.

Artículo 203. Competencia.

Corresponderá al Ministerio de Hacienda a propuesta de la Intervención General de la Administración del Estado:…

b) Aprobar la adaptación del Plan General de Contabilidad Pública para las entidades locales, su normativa de desarrollo y los planes especiales o parciales que se elaboren conforme a la misma, así como los de las entidades públicas empresariales y sociedades mercantiles con participación total o mayoritaria de las entidades locales, que se elaboren conforme al Plan General de Contabilidad de la empresa española.

– La D.F. 17ª modifica el apartado 1 del artículo 31 de la Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria. Dicho artículo está dedicado a la acogida de los solicitantes de protección internacional.

– La D.F. 18ª afecta al TR Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, con contenidos meramente económicos.

– La D.F. 20ª modifica el artículo 3 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social. Incluye una nueva letra g), de materias excluidas:

Artículo 3. Materias excluidas.

No conocerán los órganos jurisdiccionales del orden social:…

g) Los actos administrativos dictados en las fases preparatorias, previas a la contratación de personal laboral para el ingreso por acceso libre, que deberán ser impugnados ante el orden jurisdiccional contencioso administrativo.

La D.F. 30ª modifica la D. Ad. 5ª de la Ley 19/2021, de 20 de diciembre, por la que se establece el ingreso mínimo vital. Está dedicada a la aplicación en los territorios forales del ingreso mínimo vital. En su redacción inicial ya se aludía a que estas CCAA asumían las funciones y servicios que en esta Ley se atribuyen al Instituto Nacional de la Seguridad Social. Ahora se añade que la asunción se realiza “en atención al sistema de financiación de dichas haciendas forales”, desapareciendo la fecha tope para llegar a un acuerdo al respecto.

Y la D.F. 33ª, dedicada al desarrollo reglamentario, faculta al Gobierno para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para la ejecución y desarrollo de la presente Ley.

Anexos

Entre los catorce anexos, hay varios que enumeran diversos tipos de entidades o bienes:

– Anexo VIIIConsorcios y restantes entidades del sector público administrativo

– Anexo XFundaciones del sector público estatal

– Anexo XIFondos sin personalidad jurídica

– Anexo XIII. Bienes del Patrimonio Histórico Español (actividades prioritarias de mecenazgo, ver D.Ad. 58ª)

Entrada en vigor

No hemos encontrado, al igual que pasó en las leyes de Presupuestos para 2015 y para 2016, una disposición específica al respecto. De confirmarse, provocaría la aplicación supletoria del artículo 2 del Código Civil, con lo que la entrada en vigor se produciría el 19 de enero de 2022, a no ser que triunfe una interpretación integradora que la aplace a la más lógica: 1 de enero de 2022 (por la que se pronuncia expresamente el BOE en su versión consolidada, ver cabecera). De todos modos, la expresión “1 de enero de 2022” aparece en el texto en 73 ocasiones. Ver opinión de Javier Fuertes. (JFME)

 

ENLACES:

TEXTO CONSOLIDADO

TEXTO EN PDF   OTROS FORMATOS   Corrección de errores

RESUMEN LEY DE PRESUPUESTOS 2021

RESUMEN LEY DE PRESUPUESTOS 2018

RESUMEN LEY DE PRESUPUESTOS 2017

RESUMEN LEY DE PRESUPUESTOS 2016

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