Aranceles Procuradores.

Real Decreto 434/2024, de 30 de abril, por el que se aprueba el arancel de derechos de los profesionales de la Procura.

Resumen: El nuevo arancel se basa en el principio de libre negociación, con respeto de los límites máximos y se adapta a las modificaciones procesales publicadas desde 2003. Se publica tras anular el Tribunal Supremo la reforma de 2022.

El RD 1373/2003, de 7 de noviembre, ahora derogado, aprobó el arancel de derechos de los procuradores de los tribunales, regulación que fue modificada por la D.Ad. 1ª RDLey 5/2010, de 31 de marzo, que estableció con carácter general un límite máximo para los derechos de los procuradores de los tribunales fijando la cuantía global por derechos devengados en un mismo asunto, actuación o proceso que no podría exceder de 300.000 euros.

Con posterioridad, la Comisión Europea tramitó un procedimiento de infracción contra el Reino de España, por entender que el RD 1373/2003, de 7 de noviembre, contravenía el derecho de la Unión Europea, pues los aranceles fijos -y, por lo tanto, mínimos-, salvo casos excepcionales, podían suponer una restricción no justificada sobre la libertad de establecimiento y sobre la libre prestación de servicios en el mercado interior.

Para solventar las objeciones que la Comisión Europea había formulado, se aprobó la Ley 15/2021, de 23 de octubre, cuyo artículo tercero modificó el apartado 1 de la D.Ad. única RDLey 5/2010, fijando un máximo de 75.000 euros como cuantía global de los derechos devengados por un profesional de la Procura en un mismo asunto, estableciendo, además, que el sistema arancelario de la Procura no podrá fijar un límite mínimo para las cantidades devengadas en relación con las distintas actuaciones profesionales realizadas.

Por mandato de esta misma Ley, fue aprobado un nuevo arancel de derechos de los procuradores de los tribunales, mediante el RD 1373/2003, de 7 de noviembre, que fue recurrido por diversos Colegios de Procuradores y anulado por sentencia del Tribunal Supremo de 9 de abril de 2024 (ver resumen).

Este real decreto aprueba nuevamente el arancel, con las siguientes líneas maestras, conforme a la E. de M. y el artículo 1:

– la libre negociación para la fijación de precios entre el profesional de la Procura y el cliente,

– la fijación de precios máximos, que afecta tanto a clientes consumidores como que no lo sean, manteniendo el tope de 75.000 euros por asunto en todas las instancias, pero fijándose, además, diferentes cuantías máximas, atendiendo a diversas escalas, actuaciones y procedimientos.

– su adaptación a las reformas procesales operadas desde el año 2003, que han dado lugar a la modificación de algunos procedimientos e, incluso, a la incorporación ex novo de algunos de ellos o de nuevas actuaciones procesales.

Su ámbito de aplicación se extiende a los derechos devengados por los procuradores en las actuaciones profesionales seguidas en toda clase de asuntos judiciales, así como ante las administraciones públicas.

Quedan excluidos del presente arancel las actuaciones, trabajos y gestiones que practique en función de lo dispuesto en los artículos 1.709 (contrato de mandato) y 1.544 (arrendamiento de obras y servicios) del Código Civil, y demás normas de aplicación, tales como su intervención o participación en procedimientos de mediación, conciliación, arbitraje u otros similares, así como por las gestiones extraprocesales, y la práctica de actos de comunicación judicial. Artículo 2.

Los procuradores estarán obligados a entregar un presupuesto previo a sus clientes, detallando el precio ofertado por las actuaciones en las que intervendrán. Artículo 3.

Régimen transitorio. Estas disposiciones se aplicarán a todos los procedimientos que se inicien a partir del 2 de mayo de 2024. Para los procedimientos en tramitación a la entrada en vigor de este real decreto se aplicarán las cuantías del arancel exclusivamente para las actuaciones que se inicien con posterioridad al 2 de mayo de 2024, sin perjuicio de los acuerdos retributivos previos respecto de las actuaciones iniciadas antes de dicha fecha. También se determina cuándo el procurador ha de expedir un nuevo presupuesto.

Este real decreto entró en vigor el 2 de mayo de 2024.

El arancel en sí cuenta con siete títulos:

El TÍTULO I recoge disposiciones generales aplicables a todos los órdenes jurisdiccionales. Entre sus muy diversos contenidos se encuentran:

• devengo de los aranceles (que será el inicio de la actuación salvo pacto)
• procedimientos de cuantía determinada e indeterminada
• carácter supletorio de las previsiones arancelarias ante el orden jurisdiccional civil
• sustitución de procuradores y multirrepresentación
• auxilio judicial
• tasación de costas y liquidación de intereses
• consignaciones y depósitos para recurrir
• designación de procurador a los solos efectos de recibir notificaciones.
• reintegro de suplidos
• reclamación de honorarios con arreglo al artículo 34 LEC

El TÍTULO II se dedica al Orden civil.

El TÍTULO III se centra en el Orden penal, Juzgados de Menores y Vigilancia Penitenciaria.

El TÍTULO IV es para el Orden contencioso-administrativo y de las AAPP.

El TÍTULO V está dedicado al Orden social.

El TÍTULO VI es el de la Jurisdicción Militar.