Resoluciones Mayo 2024 Dirección General Seguridad Jurídica y Fe Pública

Admin, 01/05/2024

Indice:
  1. VALORACIÓN DE LAS RESOLUCIONES POR SU IMPORTANCIA:
  2. SENTENCIAS SOBRE RESOLUCIONES
  3. S1-2024. PARTICIÓN CON INCAPACITADO SIN APORTAR SENTENCIA DE INCAPACITACIÓN NI SU INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO CIVIL.
  4. S2-2024. EJECUCIÓN HIPOTECARIA. ADJUDICACIÓN POR DEBAJO DEL 50% DEL VALOR DE TASACIÓN
  5. S3-2024. PARTICIÓN HEREDITARIA SIN INTERVENCIÓN DEL CÓNYUGE VIUDO
  6. RESOLUCIONES PROPIEDAD
  7. 207. PARTICIÓN POR CONTADOR PARTIDOR SIN NOTIFICACIÓN A LEGITIMARIA
  8. 208. COMPRAVENTA. RÉGIMEN ECONÓMICO MATRIMONIAL
  9. 209. DENEGACIÓN DE ASIENTO DE PRESENTACIÓN. APORTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA
  10. 211. COMPRAVENTA. MEDIOS DE PAGO. APORTACIÓN EN SEDE DE RECURSO
  11. 212. LIQUIDACIÓN DE GANANCIALES, RECONOCIMIENTO DE DEUDA Y CONSTITUCIÓN DE HIPOTECA
  12. 213. OBRA NUEVA TERMINADA Y DIVISIÓN HORIZONTAL SIN ACREDITAR LICENCIA
  13. 214.* MANDAMIENTO DE CANCELACIÓN DE ANOTACIÓN DE PROHIBICIÓN DE DISPONER SIN PRESENTAR A LIQUIDACIÓN
  14. 215**. VENTA POR CURADOR REPRESENTATIVO CON PREVIA AUTORIZACIÓN JUDICIAL
  15. 216. VENTA DE VIVIENDA POR DIVORCIADO
  16. 218. SUCESIÓN INTERNACIONAL. TESTAMENTO SIN ADVERACIÓN. LEY SUCESORIA
  17. 219. EXTINCIÓN PARCIAL DE COMUNIDAD CON CONDICIÓN RESOLUTORIA
  18. 220. INSTANCIA SOLICITANDO EL ACRECIMIENTO DEL DERECHO DE USUFRUCTO
  19. 221.** INSCRIPCIÓN DE CONSTRUCCIÓN YA DECLARADA SOBRE OTRA FINCA. DIFERENCIA ENTRE ERROR E INEXACTITUD DE LOS ASIENTOS
  20. 222.() NOTA MARGINAL DE POSIBLE AFECCIÓN A  FUTURO DESLINDE DE VÍA PECUARIA
  21. 224. COMPRAVENTA PRESENTÁNDOSE DURANTE LA VIGENCIA DEL ASIENTO DE PRESENTACIÓN MANDAMIENTO DE PROHIBICIÓN DE DISPONER
  22. 225. INMATRICULACIÓN ART. 205 LH. POSIBLE INVASIÓN DE DOMINIO PÚBLICO PECUARIO
  23. 226. EJECUCIÓN JUDICIAL HIPOTECARIA SIN INDICAR EL LUGAR DE REQUERIMIENTO DE PAGO
  24. 227.** ART. 199 LH. DENEGACIÓN DE INICIO DESESTIMADA. LINDES SEÑALADOS MEDIANTE ELEMENTOS FÍSICOS. TÉCNICO COMPETENTE PARA EXPEDIR INFORME TOPOGRÁFICO.
  25. 228. CANCELACIÓN TOTAL DE HIPOTECA. PAGO PARCIAL DE LA DEUDA. FALTA DE ACREDITACIÓN DE LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO
  26. 230.* RECURSO CONTRA INMATRICULACIÓN YA PRACTICADA
  27. 231. INSCRIPCIÓN DE REPRESENTACIÓN GRÁFICA. OPOSICIÓN DE COLINDANTE
  28. 232. INSCRIPCIÓN DE REPRESENTACIÓN GRÁFICA ALTERNATIVA. OPOSICIÓN DE COLINDANTE CON INDICIO DE LITIGIO
  29. 233. INSCRIPCIÓN DE REPRESENTACIÓN GRÁFICA ALTERNATIVA. OPOSICIÓN DE COLINDANTE Y DEL AYUNTAMIENTO
  30. 234. INSCRIPCIÓN DE REPRESENTACIÓN GRÁFICA ESTANDO PENDIENTE OTRO PROCEDIMIENTO SOBRE FINCA COLINDANTE
  31. 235.** CANCELACIÓN DE HIPOTECA POR CADUCIDAD CON ERROR MATERIAL EN LA INSTANCIA
  32. RESOLUCIONES MERCANTIL
  33. 206.** CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL. DERECHO DE INFORMACIÓN DE LOS SOCIOS
  34. 210.* DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE SOCIEDAD. TIPO DE BALANCE FINAL  REQUERIDO.
  35. 217.* NOMBRAMIENTO DE AUDITOR EXISTIENDO CIERRE REGISTRAL POR FALTA DE DEPÓSITO DE CUENTAS.
  36. 223.** REGISTRO DE BIENES MUEBLES. CANCELACIÓN DE ARRENDAMIENTO DE AERONAVE. NOTIFICACIONES POR OPERADOR DISTINTO DEL SERVICIO POSTAL UNIVERSAL.
  37. 229.*** ACEPTACIÓN DE AUDITORES DE CUENTAS: NO PUEDE PROVOCAR ASIENTO ALGUNO SI NO SE PRESENTA EL DOCUMENTO DE NOMBRAMIENTO.  
  38. 236.() ACEPTACIÓN DE AUDITORES DE CUENTAS: NO PUEDE PROVOCAR ASIENTO ALGUNO SI NO SE PRESENTA EL DOCUMENTO DE NOMBRAMIENTO.  
  39. ENLACES:

 

INFORME Nº 356. (BOE MAYO de 2024)

2ª Parte: RESOLUCIONES DGSJFP:

PROPIEDAD

MERCANTIL

RESOLUCIONES POR MESES y POR TITULARES PARA BUSCAR

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VALORACIÓN DE LAS RESOLUCIONES POR SU IMPORTANCIA:

Se van a seguir estos criterios a juicio de las personas que las resumen:

() Reiterativa o de escasísimo interés

* Poco interés o muy del caso concreto

** Interesante (categoría estándar)

*** Muy interesante.

⇒⇒⇒ Imprescindible

.

SENTENCIAS SOBRE RESOLUCIONES
S1-2024. PARTICIÓN CON INCAPACITADO SIN APORTAR SENTENCIA DE INCAPACITACIÓN NI SU INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO CIVIL.

Resolución de 29 de abril de 2024, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, por la que se publica, conforme a lo dispuesto en el artículo 327 de la Ley Hipotecaria, la sentencia de la Audiencia Provincial de Córdoba, Sección Primera, de fecha 28 de noviembre de 2023, que ha devenido firme.

Esta sentencia revoca la R. 26 de octubre de 2021

S2-2024. EJECUCIÓN HIPOTECARIA. ADJUDICACIÓN POR DEBAJO DEL 50% DEL VALOR DE TASACIÓN

Resolución de 29 de abril de 2024, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, por la que se publica, conforme a lo dispuesto en el artículo 327 de la Ley Hipotecaria, la sentencia de la Audiencia Provincial de Murcia, Sección Primera, de 8 de noviembre de 2021, que ha devenido firme.

Esta sentencia revoca la R. 28 de Marzo de 2019

S3-2024. PARTICIÓN HEREDITARIA SIN INTERVENCIÓN DEL CÓNYUGE VIUDO

Resolución de 29 de abril de 2024, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, por la que se publica, conforme a lo dispuesto en el artículo 327 de la Ley Hipotecaria, la sentencia del Juzgado de Primera Instancia número 3 de Málaga, de 15 de enero de 2024, que ha devenido firme.

Esta sentencia revoca la R. 12 de diciembre de 2022

 

RESOLUCIONES PROPIEDAD
207. PARTICIÓN POR CONTADOR PARTIDOR SIN NOTIFICACIÓN A LEGITIMARIA

Resolución de 23 de abril de 2024, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la calificación del registrador de la propiedad de Illescas n.º 1, por la que se suspende la inscripción de una escritura de protocolización de un cuaderno particional (JAR)

208. COMPRAVENTA. RÉGIMEN ECONÓMICO MATRIMONIAL

Resolución de 23 de abril de 2024, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la negativa de la registradora de la propiedad de Cogolludo a inscribir una escritura de compraventa (IES)

209. DENEGACIÓN DE ASIENTO DE PRESENTACIÓN. APORTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA

Resolución de 23 de abril de 2024, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la negativa de la registradora de la propiedad de Fuengirola n.º 1 a practicar asiento de presentación en el Libro Diario (ER)

211. COMPRAVENTA. MEDIOS DE PAGO. APORTACIÓN EN SEDE DE RECURSO

Resolución de 23 de abril de 2024, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la calificación de la registradora de la propiedad de Collado Villalba, por la que se suspende la inscripción de una escritura de compraventa (ER)

212. LIQUIDACIÓN DE GANANCIALES, RECONOCIMIENTO DE DEUDA Y CONSTITUCIÓN DE HIPOTECA

Resolución de 23 de abril de 2024, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la calificación del registrador de la propiedad de Fuenlabrada n.º 1, por la que se suspende parcialmente la inscripción de una escritura de liquidación de sociedad de gananciales seguida de otra de reconocimiento de deuda y constitución de hipoteca en garantía (ER)

213. OBRA NUEVA TERMINADA Y DIVISIÓN HORIZONTAL SIN ACREDITAR LICENCIA

Resolución de 24 de abril de 2024, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la negativa de la registradora de la propiedad de Callosa d’en Sarriá a inscribir una escritura de declaración por antigüedad de obra nueva terminada y división horizontal (AFS)

214.* MANDAMIENTO DE CANCELACIÓN DE ANOTACIÓN DE PROHIBICIÓN DE DISPONER SIN PRESENTAR A LIQUIDACIÓN

Resolución de 24 de abril de 2024, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la negativa de la registradora de la propiedad de El Puente del Arzobispo a cancelar una anotación preventiva de prohibición de disponer

Resumen: La cancelación de la anotación de prohibición de disponer es un supuesto de no sujeción, por lo que no procede suspender su calificación.

Hechos: Se trata de un mandamiento expedido por la Agencia Estatal de Administración Tributaria para la cancelación de una anotación preventiva de prohibición de disponer que pesaba sobre determinadas fincas.

La registradora suspende la cancelación de la anotación preventiva por no justificarse la presentación del documento en la oficina liquidadora competente.

El abogado del Estado, en nombre y representación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, recurre alegando que, si la adopción de la medida cautelar y su reflejo registral no está sujeto, cuanto más su cancelación, de ahí que la exigencia del art. 254 LH sea disconforme a Derecho al tratarse de una actuación no sujeta al art. 40.2 RDLegLITPAJD.

Resolución: La Dirección General estima el recurso y revoca la nota de calificación de la registradora.

Doctrina: La doctrina de nuestro CD teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 254.1 y 255 de la Ley Hipotecaria es que el registrador, ante cualquier operación jurídica cuya registración se solicite, además de calificar su validez y licitud, ha de decidir si se halla sujeto o no a impuestos evitando de este modo una multiplicación injustificada de los trámites pertinentes para el adecuado desenvolvimiento de la actividad jurídica registral.

En el caso del expediente es claro que un mandamiento de cancelación de una anotación de prohibición de disponer queda conceptualmente excluida la posibilidad de que pueda estar sujeto a la modalidad del Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados que grava determinados documentos administrativos.

 La cancelación de la anotación es un supuesto de no sujeción como resulta del artículo 40 del Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

Comentario: Es ya clásica la doctrina de nuestro CD acerca de que si el documento presentado en el Registro no está sujeto al impuesto se puede prescindir, a efectos de su despacho, de su presentación en la Oficina Liquidadora competente. Incluso en supuestos más dudosos que el planteado, el registrador bajo su responsabilidad también puede prescindir de la nota de liquidación. (MGV)

215**. VENTA POR CURADOR REPRESENTATIVO CON PREVIA AUTORIZACIÓN JUDICIAL

Resolución de 24 de abril de 2024, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la negativa de la registradora de la propiedad de Madrid n.º 2 a inscribir una escritura de compraventa .

Resumen: Existiendo autorización judicial para vender bienes de una persona con discapacidad fijándose un precio mínimo de venta, no es óbice para la inscripción de la venta el hecho de que se descuenten o retengan de dicha cantidad  las sumas imputables a los vendedores.

– Hechos: Se discute si es necesario o no obtener la aprobación judicial del precio obtenido por la venta de un bien de un discapacitado, cuando el bien se ha vendido por encima del valor mínimo ordenado por el Juez pero, de la suma obtenida, se han descontado los importes correspondientes al reembolso de un préstamo hipotecario sobre la finca (del que el discapacitado también era prestatario) los honorarios de la inmobiliaria y los gastos de cancelación registral de la hipoteca.

– La Registradora: califica negativamente, exigiendo la aprobación judicial, al haberse descontado los importes señalados, ya que el precio que percibe es inferior al mínimo por el cual el Juez autorizó la transmisión.

– La Notario recurre señalando que las condiciones establecidas por el Juez para autorizar la venta se han cumplido, que del auto judicial no se deduce que el discapacitado pueda quedar dispensado de soportar los gastos que le correspondan; y que, en todo caso, el tutor deberá rendir cuentas al Juez y al Ministerio Fiscal sin que corresponda realizar dicha labor a la Registradora.

– Resolución: La DGSJFP estima el recurso y revoca la calificación.

-Doctrina: El rentro directivo, en aplicación del art 287 Cc, señala: Que la única exigencia que impone el Juez es que la venta se efectúe por un precio, esto inequívocamente se ha cumplido, y el hecho de que se descuenten o retengan del precio obtenido las sumas correspondientes a gastos que son imputables a los vendedores no puede impedir la inscripción; y que le está vedado a la registradora (art 100 RH) pronunciarse sobre la rendición de cuentas de la gestión de la curadora y sobre el destino de precio de la compraventa. (SNG)

216. VENTA DE VIVIENDA POR DIVORCIADO

Resolución de 24 de abril de 2024, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador de la propiedad accidental de Arona a inscribir una escritura de compraventa (ACM)

218. SUCESIÓN INTERNACIONAL. TESTAMENTO SIN ADVERACIÓN. LEY SUCESORIA

Resolución de 29 de abril de 2024, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador de la propiedad de Marbella n.º 1 a inscribir una herencia internacional autorizada por notaria (IES)

219. EXTINCIÓN PARCIAL DE COMUNIDAD CON CONDICIÓN RESOLUTORIA

Resolución de 30 de abril de 2024, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la calificación de la registradora de la propiedad de El Puerto de Santa María n.º 2, por la que se suspende la inscripción de una escritura de extinción parcial de comunidad con condición resolutoria (AFS)

220. INSTANCIA SOLICITANDO EL ACRECIMIENTO DEL DERECHO DE USUFRUCTO

Resolución de 30 de abril de 2024, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la calificación del registrador de la propiedad de Eivissa n.º 3, por la que se deniega la inscripción de una instancia solicitando el acrecimiento de un derecho de usufructo (MGV)

221.** INSCRIPCIÓN DE CONSTRUCCIÓN YA DECLARADA SOBRE OTRA FINCA. DIFERENCIA ENTRE ERROR E INEXACTITUD DE LOS ASIENTOS

Resolución de 30 de abril de 2024, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación de la registradora de la propiedad de Arévalo, por la que se suspende la inscripción de una escritura de declaración de obra nueva.

Resumen: La rectificación de un asiento que no es erróneo sino inexacto, solo puede llevarse a cabo con el consentimiento de su titular o por medio de resolución judicial obtenida en procedimiento entablado contra todos aquellos a los que el asiento reconozca algún derecho.

Hechos: Se presenta a inscribir una escritura de declaración de obra nueva de varias construcciones. La registradora de la propiedad constata por la ortofoto que dichas construcciones están ya declaradas sobre otras fincas, inscritas a nombre de otra persona. La otorgante había presentado previamente una instancia por la que solicitaba la rectificación de la descripción de su finca, en el sentido incluir en ella dichas construcciones.

Calificación: La registradora suspende la inscripción por considerar que es necesario el consentimiento del titular registral de las fincas sobre las que están inscritas las construcciones. Por consiguiente, manifiesta albergar dudas acerca de la identidad de la finca, que impiden la inscripción de la representación gráfica presentada conforme a los artículo 9, 199, 201 y 202 LH y doctrina reiterada de la DG.

Recurso: La recurrente se opone alegando que no hay duda alguna en la delimitación, identificación y ubicación de las obras cuya declaración se pretende en la finca registral de su titularidad.

Resolución: La DGSJFP desestima el recurso y confirma la nota de calificación.

Doctrina: Estando los asientos registrales bajo la salvaguardia de los tribunales (artículo 1 de la Ley Hipotecaria), no pueden ser modificados más que con el consentimiento de su titular o por medio de resolución judicial obtenida en procedimiento entablado contra todos aquellos a los que el asiento reconozca algún derecho (artículos 40 y 82 de la Ley Hipotecaria).

Solo en caso de existir error en la redacción del asiento podría rectificarse sin cumplir dichos requisitos; pero en el presente caso no hay error, pues la inscripción practicada es acorde al contenido del título y a la voluntad de las partes, es decir, que refleja fielmente el contenido negocial inscribible y la mutación jurídico real formalizadas en la escritura que fue otorgada en su día y presentada a inscripción. A lo sumo, de ser ciertas las manifestaciones de la interesada, estaríamos ante un supuesto de inexactitud, en que la adecuación a la realidad requiere el cumplimiento de los requisitos antes referidos. (VEJ)

222.() NOTA MARGINAL DE POSIBLE AFECCIÓN A  FUTURO DESLINDE DE VÍA PECUARIA

Resolución de 30 de abril de 2024, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación del registrador de la propiedad de Navahermosa, por la que se suspende la práctica de una nota marginal relativa a la posible afección de una finca a un futuro procedimiento de deslinde de vía pecuaria (ACM)

Resumen: La “anotación marginal preventiva” regulada en la Ley de Vías Pecuarias sólo cabe una vez iniciado el procedimiento de deslinde y con intervención de los interesados, no antes del expediente. 

– Hechos: Es el enésimo recurso interpuesto por la misma AAPP (CCAA Castilla La Mancha) sobre el mismo tema, y resuelto en numerosas RR de nuestra Dirección General (véanse infra). En ellas la CCAA solicita la práctica de una nota marginal advirtiendo la eventual futura afección de la finca a un hipotético expediente de deslinde de vías pecuarias, sin intervención del titular registral, y que se solicita al registrador al tiempo en que éste comunica, ex Art 199 LH, que se está georreferenciando una finca (pero sin oponerse a tal asiento).

– El Registrador: califica negativamente, porqué tal nota solo cabe una vez iniciado el expediente administrativo de deslinde al que se haya dado intervención al titular registral. Pero nuestro ordenamiento no contempla tal clase de Nota marginal preventiva, antes del procedimiento de deslinde, y existe un numerus clausus de asientos practicables, y sin que quede desprotegido el dominio público, que ex Art 132 CE es imprescriptible e inalienable y donde la publicidad legal ya impedirá la aparición de 3º de Buena Fe.

– LA CCAA solicitante: recurre, exponiendo que algún registrador sí ha accedido a practicarla, dentro del deber genérico de colaboración entre AAPP, y que de lo contrario queda desprotegido el dominio público ante la aparición de eventuales terceros protegidos por el Art 34 LH.

– Resolución: La DGSJFP desestima nuevamente el recurso y confirma la calificación.
– Doctrina
Reitera las RR de 11 diciembre 2020, las de 13 enero, 18 febrero, de 15 de junio y de 1922, 23 y 26 de julio 2021, las dos de 21 octubre 2022, otras dos de 16 mayo 2023, las 3 de octubre: de 5, de 10 y de 31 octubre, la de 30 noviembre, las de 14 y 15 diciembre de 2023, la R. 18 enero 2024, las 4 RR. de 1 febrero, y las RR. de 10 y 30 abril 2024  asi como todas las demás RR que en ellas se citan y enlazan). 

Por tanto (se puede decir más alto pero no más claro ni más veces…) NO puede practicarse una anotación no prevista en la Ley, que la contempla sola una vez iniciado el deslinde y con notificación a los titulares (art. 8 Ley 3/1995, de Vías Pecuarias, el art. 13-7 Ley 9/2003, de Vías Pecuarias de Castilla-La Mancha, la LPatrAAPPs, y el art. 21 Ley 43/2003, de Montes).

Antes del Deslinde no cabe la Nota, pero tampoco se desprotege al dominio publico pecuario, al no ser aplicable el Art 34 LH (Art 132 CE-78) y ni siquiera con la coordinación grafica catastral del Art 199 LH, pues en tal caso tampoco se aplica el Art 34 LH, sino como mucho el Art 38 LH, cuya presunción de exactitud, lo es solo en cuanto a la georreferenciación catastral de la finca y además mediante una presunción meramente “iuris tantum” desvirtuable mediante prueba en contrario.

ANULACIÓN por ST: R. 9 junio 2023 (06/2023) publica la sentencia firme del Juzgado de 1ª Instancia nº 8 de Guadalajara de 29 noviembre 2022 (BOE de 10-7-2023) que anula la R. 4 mayo 2022 y ordena que se practique nota al margen de la inscripción ….de la finca del siguiente tenor: «Esta finca colinda con la vía pecuaria (…) clasificada en el término municipal de…….. por Orden Ministerial de 30 de mayo de 1959, con una anchura en este tramo de ….metros. Esta vía pecuaria no está deslindada, por lo que, en un futuro deslinde, la posesión de la totalidad o parte de la finca podría ser atribuida a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, siendo la Resolución de aprobación título suficiente para rectificar, en la forma y condiciones que se determinen reglamentariamente, las situaciones jurídicas registrales contradictorias con el deslinde (art 8.4 Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias)».(ACM)

224. COMPRAVENTA PRESENTÁNDOSE DURANTE LA VIGENCIA DEL ASIENTO DE PRESENTACIÓN MANDAMIENTO DE PROHIBICIÓN DE DISPONER

Resolución de 30 de abril de 2024, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por el registrador de la propiedad de Jerez de la Frontera n.º 1, por la que se suspende la inscripción de una escritura de compraventa (MN)

225. INMATRICULACIÓN ART. 205 LH. POSIBLE INVASIÓN DE DOMINIO PÚBLICO PECUARIO

Resolución de 25 de abril de 2024, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación de la registradora de la propiedad de Pego, por la que se suspende la inmatriculación de una finca en virtud de una escritura de compraventa, previa otra, de liquidación de sociedad de gananciales, partición o adjudicación de herencia (AFS)

226. EJECUCIÓN JUDICIAL HIPOTECARIA SIN INDICAR EL LUGAR DE REQUERIMIENTO DE PAGO

Resolución de 25 de abril de 2024, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la negativa de la registradora de la propiedad de Cartagena n.º 4 a inscribir un testimonio de un decreto de adjudicación y el correspondiente mandamiento de cancelación dictados en un procedimiento de ejecución directa sobre bienes hipotecados (MN)

227.** ART. 199 LH. DENEGACIÓN DE INICIO DESESTIMADA. LINDES SEÑALADOS MEDIANTE ELEMENTOS FÍSICOS. TÉCNICO COMPETENTE PARA EXPEDIR INFORME TOPOGRÁFICO.

Resolución de 25 de abril de 2024, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador de la propiedad de Pola de Siero a iniciar el procedimiento regulado en el artículo 199.2 de la Ley Hipotecaria.

Resumen: Las dudas de identidad requieren de la tramitación del expediente del art. 199, sin que la denegación de su inicio pueda basarse en indicios. La existencia de una valla no determina el trazado del linde. Un ingeniero agrícola está cualificado para realizar un informe sobre el la delimitación de las fincas.

Hechos: Mediante instancia anterior a la que motiva el recurso, se solicitó la inscripción de la representación gráfica georreferenciada y consiguiente modificación de superficie de una finca. En la tramitación del procedimiento del art. 199 LH se formuló oposición del Ayuntamiento, por lo que el promotor del expediente desistió del mismo. Con posterioridad a dicho desistimiento, se opuso uno de los colindantes alegando invasión de su finca, aportando un informe emitido por un ingeniero agrícola.

Calificación: Presentada en el Registro de la Propiedad nueva instancia solicitando la inscripción de la representación gráfica alternativa de la finca, el registrador acuerda no iniciar el procedimiento regulado en el artículo 199.2 LH, porque la nueva delimitación gráfica propuesta se limita a recoger las coordenadas de los vértices de la parcela catastral, excepto por el lindero este, que separa la finca con el camino público, sin que conste que el Ayuntamiento haya dado su conformidad a la nueva delimitación; porque con la nueva representación gráfica, aumenta la superficie de invasión de la parcela colindante por el sur,; y porque superpuesta la geometría sobre ortofotografía aérea y consultado Google Street View, se observa que dicha geometría no se corresponde con la realidad física de la finca, conformada por los diferentes elementos materiales que la delimitan.

Recurso: Los recurrentes sostienen que la representación gráfica cuya inscripción se solicita respeta ahora el camino municipal; que la calificación tiene en cuenta el visor de Google en lugar de analizar el informe topográfico aportado; que no existe invasión de la finca colindante puesto que existe una valla que delimita las fincas; que el informe del colindante debería estar suscrito por un profesional en topografía y no por un ingeniero agrícola; y, en definitiva, que la negativa del registrador a iniciar el procedimiento previsto en el art. 199 LH, carece de fundamentación y les genera indefensión.

Resolución: La DGSJFP estima el recurso y revoca la nota de calificación.

Doctrina: En los casos en que la invasión de finca colindante no es evidente, el registrador debe tramitar el expediente del art. 199, siendo necesaria la intervención del titular colindante para determinar si efectivamente existe perjuicio al mismo; máxime cuando el colindante titular catastral no es titular registral y la representación gráfica propuesta se ajusta a la cartografía catastral (excepto con el lindero contiguo al camino público), de tal manera que al titular catastral colindante no se le modifica su base gráfica.

No debería tenerse en cuenta la existencia de un eventual vallado o cierre físico de la finca como determinante de la configuración perimetral de la misma, sin concurrir la existencia de dicho acuerdo entre los propietarios de los fundos limítrofes, pues la existencia de tales signos exteriores, no determinan o identifican, por sí solos, el trazado del linde.

En relación con la posible invasión del dominio público, debe verse refrendada por un pronunciamiento de la Administración, puesto que se ha presentado un nuevo trazado en relación con aquél que fue causa de oposición, sin que la denegación pueda basarse en meros indicios o sospechas.

 Y en cuanto a la alegación consistente en que el informe del colindante no está suscrito por un topógrafo, sino por ingeniero agrícola, debe decaer pues la Resolución conjunta de 26 de octubre de 2015 no exige una determinada cualificación profesional exigible al técnico firmante del informe que contiene las coordenadas georreferenciadas de la finca cuya inscripción gráfica se pretende. (VEJ)

228. CANCELACIÓN TOTAL DE HIPOTECA. PAGO PARCIAL DE LA DEUDA. FALTA DE ACREDITACIÓN DE LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO

Resolución de 25 de abril de 2024, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por el registrador de la propiedad de Sevilla n.º 3, por la que se suspende la calificación de una escritura de cancelación de hipoteca por falta de acreditación del pago del Impuesto (MN)

230.* RECURSO CONTRA INMATRICULACIÓN YA PRACTICADA

Resolución de 25 de abril de 2024, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto por el que se formula oposición a una inmatriculación ya practicada por la registradora de la propiedad de Pontevedra n.º 2

Resumen: El recurso ante la DG no es un medio hábil para acordar la cancelación o modificación de asientos ya practicados y bajo la salvaguardia de los Tribunales.

Hechos:  A raíz de una inmatriculación practicada con arreglo al art 205 de la LH, se notifica a una titular colindante la práctica de la misma.

Ante ello se presenta en el registro un escrito en la que la titular colindante, solicitaba que “se proceda a la modificación en la base de datos de ese Organismo ya que mi finca linda con un camino, no con la finca descrita”.

La registradora, al no estar previstos en la Ley ninguno de los trámites que solicita el interesado en su escrito, deniega la práctica de operación registral alguna sin que se practique tampoco asiento de presentación.

La parte recurrente, además de alegar su desacuerdo con la calificación, adjunta un plano donde se justifica la existencia de un camino de servidumbre de paso para todas las fincas, siendo el único servicio de acceso a las mismas.

Resolución: La Dirección General desestima el recurso y confirma la calificación impugnada.

Doctrina: Reitera nuestro CD que de los tres primeros párrafos del artículo 19 bis de la Ley Hipotecaria resulta que solo cabe interponer recurso ante la Dirección General cuando el registrador califica negativamente el título, sea total o parcialmente, siendo su objeto exclusivo determinar si la calificación es ajustada a derecho y no cualquier otra pretensión de la parte recurrente, como en el caso presente que se pretende rectificar un asiento ya practicados(artículo 326 de la Ley Hipotecaria y doctrina del Tribunal Supremo, Sentencia de 22 de mayo de 2000).

Ya que como sabemos, una vez practicado un asiento, el mismo se encuentra bajo la salvaguardia de los tribunales, produciendo todos sus efectos en tanto no se declare su inexactitud, bien por la parte interesada, bien por los tribunales de Justicia (artículos 1, 38, 40 y 82 de la Ley Hipotecaria).

Comentarios: Se trata este de un recurso muchas veces resuelto, en el sentido de que el recurso ante la DG solo se puede interponer cuando el registrador califica negativamente un título, debiendo de recaer su objeto en si la misma es ajustada a derecho, y teniendo claro que para rectificar una inscripción ya practicada y bajo la salvaguarda de los Tribunales de deben utilizar los cauces legales correspondientes sin que el recurso sea uno de ellos de acuerdo con lo reiteradamente expuesto. (MGV)

231. INSCRIPCIÓN DE REPRESENTACIÓN GRÁFICA. OPOSICIÓN DE COLINDANTE

Resolución de 26 de abril de 2024, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la negativa de la registradora de la propiedad de Lucena n.º 1 a inscribir la representación gráfica de una finca y simultánea rectificación de la cabida inscrita, una vez tramitado el procedimiento previsto en el artículo 199.2 de la Ley Hipotecaria (VEJ)

232. INSCRIPCIÓN DE REPRESENTACIÓN GRÁFICA ALTERNATIVA. OPOSICIÓN DE COLINDANTE CON INDICIO DE LITIGIO

Resolución de 26 de abril de 2024, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación del registrador de la propiedad de Moncada n.º 1, por la que se deniega la inscripción de una rectificación de superficie y de la georreferenciación de la finca, una vez tramitado el expediente del artículo 199 de la Ley Hipotecaria, fundando el registrador su calificación en las alegaciones contrarias presentadas por uno de los colindantes notificados (VEJ)

233. INSCRIPCIÓN DE REPRESENTACIÓN GRÁFICA ALTERNATIVA. OPOSICIÓN DE COLINDANTE Y DEL AYUNTAMIENTO

Resolución de 26 de abril de 2024, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación del registrador de la propiedad de San Vicente de la Barquera-Potes, por la que tras la tramitación del procedimiento del artículo 199 de la Ley Hipotecaria, constando oposición, se suspende la inscripción de la georreferenciación alternativa solicitada por la promotora (VEJ)

234. INSCRIPCIÓN DE REPRESENTACIÓN GRÁFICA ESTANDO PENDIENTE OTRO PROCEDIMIENTO SOBRE FINCA COLINDANTE

Resolución de 26 de abril de 2024, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación del registrador de la propiedad de San Vicente de la Barquera-Potes, por la que se suspende la calificación de una solicitud de georreferenciación por estar vigente un asiento de presentación previo que según el registrador «pudiera entrar en conflicto con la georreferenciación propuesta» (VEJ)

235.** CANCELACIÓN DE HIPOTECA POR CADUCIDAD CON ERROR MATERIAL EN LA INSTANCIA

Resolución de 26 de abril de 2024, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación del registrador de la propiedad de Madrid n.º 29, por la que se califica negativamente la cancelación de una hipoteca por caducidad

Resumen: La comisión de un error material en una instancia de cancelación de hipoteca por caducidad no puede impedir su despacho cuando de ella resulta de forma indubitada la solitud que la titular registral, en cumplimiento del principio de rogación, formula al registrador de la Propiedad.

Hechos: Mediante instancia se solicita, en base a lo dispuesto en el artículo 82.5.º de la Ley Hipotecaria, la cancelación de una hipoteca inscrita sobre una finca registral, cuya titular es la solicitante con carácter ganancial.

En dicha instancia cometía el error de identificar que la hipoteca se encontraba inscrita a su nombre, cuando en realidad la finca se encontraba gravada con una única hipoteca a favor de «Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid».

El registrador suspende la cancelación, al no resultar identificada la hipoteca objeto de cancelación ya que según el Registro no aparece ninguna hipoteca sobre la finca a favor de las personas interesadas en la misma.

La parte recurrente alega que la hipoteca se identificó no solo con la dirección de la finca e identificación de los titulares, sino con todos los datos que consta en la escritura pública de constitución de la hipoteca inscrita, que concuerdan con la nota simple emitida por el Registro en el apartado de cargas.

Resolución: La Dirección General estima el recurso y revoca la calificación impugnada.

Doctrina: El principio de especialidad o determinación, consagrado en distintos preceptos de nuestro ordenamiento jurídico (artículos 9 y 112 de la Ley Hipotecaria y 51 y 54 de su Reglamento) exige para que los títulos puedan acceder al Registro y ser objeto de inscripción, la fijación y extensión del derecho objeto de solicitud, en sus elementos subjetivos y objetivos como en cuanto a su alcance y contenido

Tal exigencia hipotecaria no puede ser alegada por el registrador para impedir el acceso al registro a operaciones registrales cuando de la solicitud, aunque pudiera contener un error material en su cumplimentación, resulte evidente el contenido y alcance de la solicitud formulada.

Comentarios: Se trata de un defecto que no es defecto y de un recurso que no debería haberse planteado. El error material era evidente y palmario y por ello lo que procedía era o bien el despacho de la solicitud haciendo constar en la nota, o ya certificación, qué era lo que se había cancelado, o bien devolver la instancia para su rectificación en el plazo de 10 días conforme a la LPA.

Efectivamente vemos que nuestro CD, destaca que el principio de especialidad no debe de llevarse al extremo, cuando del contenido del documento presentado se deduce claramente la operación jurídica a registrar, de impedir su despacho, pues lo contrario lleva poner obstáculos al tráfico jurídico cuando nuestra función consiste en facilitarlo. (MGV)

RESOLUCIONES MERCANTIL
206.** CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL. DERECHO DE INFORMACIÓN DE LOS SOCIOS

Resolución de 16 de abril de 2024, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la negativa de la registradora mercantil VII de Valencia a inscribir la escritura de modificación de estatutos de una sociedad.

Resumen: Aunque en el anuncio de convocatoria de junta para acordar una modificación estatutaria, no conste el derecho que tienen los socios a examinar en el domicilio social el texto de la modificación  propuesta, si en ese anuncio figura el texto íntegro de los artículos a modificar, los acuerdos son inscribibles.

Hechos: Los hechos son los siguientes:

— en junta general universal se acuerda por el 66,66 % del capital determinada modificación de estatutos;

— en el orden del día de la convocatoria se contenía el texto íntegro de los acuerdos sometidos a debate, así como la nueva redacción que pasarían a tener los artículos de los estatutos sociales cuya modificación se proponía;

— la sociedad tenía tres socios profesionales a partes iguales, los cuales, hasta la junta, eran además administradores solidarios;

La registradora deniega la inscripción por el defecto insubsanable de “no haberse cumplido, en debida forma, con el derecho de información al socio que prescribe el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, que recoge el derecho que corresponde a todos los socios de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación propuesta”.

Se interpone recurso.  Dice el recurrente que los socios eran conocedores de las modificaciones estatutarias propuestas pues las mismas constaban en el orden del día y que la calificación se basa en una interpretación rigorista del artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital.

Resolución: La DG revoca la nota de calificación.

Doctrina: Para la revocación de la nota la DGSJFP se basa en su reiterada doctrina sobre el derecho de información de los socios que podemos sintetizar, una vez más, en estos puntos:

— trascendencia del derecho de información de los socios;

— se trata de un derecho esencial, imperativo e irrenunciable;

— aunque en principio se consideró un derecho instrumental del de voto, hoy se considera un derecho autónomo;

— es un derecho mínimo e inderogable (no puede ser eliminado por acuerdo de la junta o del órgano de administración) e irrenunciable, sin perjuicio de que el socio sea libre de ejercitarlo o no en cada caso, según su conveniencia;

— su configuración se ha visto afectada en alguna medida por la reforma llevada a cabo por la Ley 31/2014, de 3 de diciembre;

— en principio la omisión total o parcial de todos o algunos de los requerimientos que conforman el derecho de información implica un vicio de la convocatoria invalidando el acuerdo que sobre el particular se pueda adoptar;

— la anterior doctrina debe mitigarse en ocasiones, debido a los efectos devastadores de la nulidad;

— los defectos puramente formales pueden orillarse siempre que por su escasa relevancia no comprometan los derechos individuales del accionista o socio;

— esta doctrina no puede resultar de aplicación en aquellos supuestos en que la convocatoria omite en su totalidad el régimen de protección específico del derecho de información;

— son las circunstancias concurrentes en el supuesto de hecho concreto las que han de permitir determinar si el derecho de información de los socios ha sido o no debidamente cumplimentado.

 Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores la DG dice que la calificación no puede confirmarse pues  en el anuncio de convocatoria se expresaba “con suficiente claridad el contenido de la modificación estatutaria y el texto íntegro de los acuerdos sometidos a debate así como la nueva redacción que pasarían a tener los artículos de los estatutos sociales cuya modificación se proponía”; a ello se une el que los tres únicos socios eran los administradores de la sociedad, por lo que no solo tenían el derecho sino el deber de estar informados de los acuerdos a adoptar por la sociedad y que al ser tres los únicos socios y adoptarse el acuerdo por mayoría suficiente nada cambiaría con una  nueva convocatoria de la junta general.

Comentario: Nueva resolución sobre el derecho de información de los socios que debe constar en la convocatoria de la junta, y confirmación de que su falta expresa en el anuncio no puede impedir la inscripción de los acuerdos adoptados en la junta derivada de esa convocatoria, si los socios por otros medios han podido tener conocimiento del contenido e los acuerdos a adoptar, sin que esa omisión les haya provocado indefensión o haya podido influir en el sentido de su voto. En definitiva, que la DG con buen criterio sigue con su doctrina flexible y alejada del excesivo apego a la letra de la Ley para calificar si en una convocatoria de junta se ha infringid o no el derecho de información de los socios. En el caso de la resolución era claro que, sin perjuicio de que si se impugnan los acuerdos, los tribunales decidan según su criterio, ninguno de los socios podría alegar desconocimiento del contenido de los artículos que se iban a modificar pues constaban en la convocatoria, lo que incluso lo hacía más cómodo su conocimiento por el socio unido al hecho de que si no se permitía la inscripción de los acuerdos, por las circunstancias concurrentes en el supuesto, una nueva junta sería inútil y redundante. (JAGV)

210.* DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE SOCIEDAD. TIPO DE BALANCE FINAL  REQUERIDO.

Resolución de 23 de abril de 2024, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por el registrador mercantil y de bienes muebles I de Málaga, por la que se suspende la inscripción de los acuerdos de disolución y liquidación de una sociedad.

Resumen: El balance final de liquidación, como cuenta de cierre que es, no tiene que ajustarse al esquema del Plan General de Contabilidad.

Hechos: Se presenta en el Registro escritura de disolución y liquidación de una sociedad.

De la escritura resulta lo siguiente:

— el acuerdo se toma en junta universal y por unanimidad;

— el capital es de 3.006 euros;  

— se declara la liquidación de la sociedad y se aprueba un balance de liquidación unido a la certificación de acuerdos incorporada;

— el balance final es una cuenta de cierre fijando la imagen fiel del patrimonio social con el fin de determinar el activo social que debía repartirse;

 — no existen acreedores;

— en el balance protocolizado figuraba en el activo una serie de partidas  con su total, mientras que en el pasivo no resultaba cantidad alguna.

El registrador emite la siguiente calificación:

Existe error en el pasivo del balance final de liquidación, ya que aunque efectivamente el mismo deba ser un balance simple al ser el balance final de liquidación, en el mismo se han omitido partidas fundamentales como puede ser la del capital social, necesaria para calificar si dicha cifra coincide con la inscrita en este Registro, además el total activo debe coincidir con el total pasivo, sin embargo, todas las partidas expresadas en el pasivo son de cero euros y el total pasivo también es de cero euros.–Articulo 58.2 y 247 del Reglamento del Registro Mercantil.

El liquidador recurre: Alega la resolución de la DGSJFP de 9 de octubre de 2023, según la cual “la función del balance final es la de ser una verdadera cuenta de cierre, lo que significa que opera como un acto de rendición de cuentas, por lo que no encaja en las normas que regulan la estructura y el contenido del balance de ejercicio…”.

Resolución: Se revoca la nota de calificación.

Doctrina: La DG ratifica su doctrina resultante, entre otras, de la resolución citada.

Reitera que de lo que se trata es de que “el balance y el informe sobre las operaciones de liquidación muestren la imagen fiel del patrimonio social una vez concluidas las operaciones correspondientes”, balance que tiene una finalidad diferente a la del balance del ejercicio. Así resulta del Plan General de Contabilidad (aprobado por el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre). Este “no regula el contenido y la estructura del balance final de liquidación, por lo que no deben aplicarse sin más las previsiones que para la elaboración de las cuentas anuales prevé la normativa citada”.

Finalmente, sobre los puntos concretos de la nota, acerca de la falta de la cifra de capital en el pasivo del balance manifiesta que no puede ser defecto que impida la inscripción  “habida cuenta de que en el cuerpo de la escritura sí se refleja la cifra de capital por lo que el registrador puede verificar si se corresponde o no con la que consta inscrita” y el hecho de la falta de coincidencia entre activo y pasivo al tratarse de una cuenta de cierre y no un balance anual o de situación “dicha exigencia resulta superflua por innecesaria”.

Comentario: La DGSJFP confirma su doctrina sobre este punto: balance final de liquidación y balance anual o de situación no tienen por qué regirse por las mismas normas, aunque puedan hacerlo. Lo importante es que del balance final aprobado resulte el haber social para repartir entre los socios, y que en la escritura se hagan las manifestaciones pertinentes. (JAGV)

217.* NOMBRAMIENTO DE AUDITOR EXISTIENDO CIERRE REGISTRAL POR FALTA DE DEPÓSITO DE CUENTAS.

Resolución de 24 de abril de 2024, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador mercantil y de bienes muebles III de Barcelona a inscribir un acuerdo de nombramiento de auditor de cuentas.

Resumen: Si la hoja de la sociedad está cerrada por falta de depósito de cuentas, no podrá practicarse inscripción alguna fuera de las exceptuadas, sea cual sea la causa de la falta de depósito de cuentas.

Hechos: El administrador único de una sociedad nombra auditor de cuentas para el ejercicio 2023 y solicita su inscripción.

El registrador suspende la inscripción por dos defectos:

cierre de hoja por falta de depósito de cuentas no siendo uno de los documentos exceptuados   (Artículo 282 de la Ley de Sociedades de Capital, artículos 6, 58, 365 y 378 del Reglamento del Registro Mercantil y reiterada doctrina de la Dirección General de los Registros y del Notariado).

— existencia de otro asiento de presentación vigente relativo a nombramiento de auditores, que impide la inscripción mientras esté vigente (Art. 10 del Reglamento de Registro Mercantil). Este defecto no se recurre.

La sociedad interpone recurso manifestado que si los depósitos no se han realizado es porque los expedientes de nombramiento de auditor están pendientes resolución o judicializados.

Resolución: Se confirma la nota de calificación en el punto recurrido que es el relativo al cierre por falta de depósito de cuentas.

Doctrina: Ratifica la DGSJFP su doctrina sobre el cierre por falta de depósito e cuentas, con independencia de la causa por la que no hayan podidos ser depositadas las cuentas de la sociedad.

Comentario: Tal y como resulta del escrito del recurso la sociedad está sumida en un verdadero bucle, en parte creado por ella misma, sobre la posibilidad o no de depositar sus cuentas y abrir el registro; pero ello no puede tener influencia alguna en el hecho del cierre que solo decaerá, una vez que solucionados todos los problemas, cuando la sociedad deposite sus cuentas anuales en debida forma. (JAGV)

223.** REGISTRO DE BIENES MUEBLES. CANCELACIÓN DE ARRENDAMIENTO DE AERONAVE. NOTIFICACIONES POR OPERADOR DISTINTO DEL SERVICIO POSTAL UNIVERSAL.

Resolución de 30 de abril de 2024, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por el registrador de bienes muebles II de Madrid, por la que se suspende una inscripción de cancelación de arrendamiento de aeronave.

Resumen: Sólo por medio del Servicio Postal Universal de Correos y Telégrafos es posible hacer notificaciones fehacientes a efectos registrales.

Hechos: Por parte de la arrendataria de un helicóptero, y en base a una cláusula del contrato, se comunicaba al arrendador que rescindía el contrato de arrendamiento en la fecha del documento. Constaba legitimada notarialmente la firma, así como aseveración notarial del cargo de administrador del firmante. Junto al documento señalado, se acompañaba certificado de notificación certificada postal emitida por la compañía «Logalty Prueba por Interposición, SL», que actuaba como prestador de servicios de confianza. Del mismo resultaba como remitente y como destinatario los ya señalados como arrendatario y arrendador. En el apartado estado se leía: entregado debidamente junto con los códigos de verificación electrónica. Junto al anterior, constaba certificación emitida por un representante de la compañía «Seur, SA» relativa a la entrega del anterior documento, del que resultaba que fue entregada debidamente.

El registrador suspende la inscripción pues la notificación de finalización del contrato realizada al arrendador carece de fehaciencia a efectos registrales (artículo 33 del Reglamento Hipotecario). A continuación reseña la resolución de la DGSJFP de 7 de marzo de 2022, según la cual solo el operador postal universal – Sociedad estatal de Correos y Telégrafos SA, conforme al artículo 22.4 de la Ley 43/2010, de 30 de diciembre, del servicio postal universal, de los derechos de los usuarios y del mercado postal– goza de la presunción de veracidad y fehaciencia en la distribución, entrega y recepción o rehúse por imposibilidad de entrega de notificaciones de órganos administrativos y judiciales (y, por ende, también de las que hayan de surtir efecto en la esfera notarial y registral), tanto las realizadas por medio físicos como telemáticos, y esta fehaciencia es cosa distinta de la autenticidad, la cual podrá ser admitida y valorada en el seno de un procedimiento judicial…”.

El presentante recurre. Dice en esencia que la notificación realizada es fehaciente y que en todo caso Correos no presta servicio de burofax internacional, ni tiene presencia fuera de España.

Resolución: Se confirma la nota de calificación.

Doctrina: Como cuestión previa plantea la DG que el recurso ha sido interpuesto por el presentante en cual carece de legitimación a esos efectos, pero dado que el registrador lo ha tenido por persona legitimada, para no perjudicar al interesado y causarle indefensión se procede a la tramitación del recurso.

 Supuesto lo anterior la DG va a reiterar la doctrina que resulta de su Resolución de 2 de enero de 2019, ratificada por otras posteriores, en los mismos términos que resultan de la nota de calificación confirmada. Por lo tanto, sólo las notificaciones realzadas por medio o a través del operador Postal Universal tienen la fehaciencia que se requiere en los procedimientos registrales.

Finalmente, y por lo que respecta a la afirmación del recurrente de que Correos y Telégrafos no prestan servicio en el extranjero va a decir que “basta entrar en la página web del prestador «Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, SA» para verificar la posibilidad de remitir desde la misma contenidos certificados con acuse de recibo con carácter internacional, así como de que Bélgica se encuentra entre los Estados en los que se presta dicho servicio”.

Comentario: De esta resolución cuya doctrina es clara sólo vamos a destacar dos aspectos: uno, que la falta de legitimación del presentante para que pueda ser tenida en cuenta por la DG, debe ser debidamente alegada por el registrador en su informe, y dos, que el Servicio Postal Universal también opera en el extranjero, al menos en determinados países.

Por último, interesa destacar que quizás esta doctrina de la DG en un futuro, más o menos próximo, como ahora veremos, deba ser cambiada o dejada sin efecto pues  el BOE de 18 de mayo de 2024, publica el  Real Decreto 437/2024, de 30 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de los servicios postales, en desarrollo de lo establecido por la Ley 43/2010, de 30 de diciembre, del servicio postal universal, derogando parcialmente el Real Decreto 1829/1999, de 3 de diciembre.

 Una de sus novedades es que se suprimen los artículos relativos a la eficacia jurídica de las notificaciones administrativas realizadas por el operador Postal Universal y entre ellos los artículos 39 a 44 del Real Decreto 1829/1999, citados en la resolución que resumimos.

Pese a ello dichos artículos seguirán en vigor el menos de forma transitoria pues la DT única del nuevo Reglamento los deja subsistentes en tanto no sea aprobada “la normativa que desarrolle las previsiones contenidas en los artículos 40 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en materia de admisión y entrega de notificaciones por las administraciones públicas a través de los servicios postales”.

Por consiguiente, habrá que estar atentos al desarrollo reglamentario de la Ley 39/2015 del PAC, en materia de las notificaciones administrativas ordenadas por dicha Ley que serán también aplicables al procedimiento registral. Pero de momento nada cambia y sigue teniendo plena efectividad la doctrina expuesta de la DGSJFP. (JAGV)

229.*** ACEPTACIÓN DE AUDITORES DE CUENTAS: NO PUEDE PROVOCAR ASIENTO ALGUNO SI NO SE PRESENTA EL DOCUMENTO DE NOMBRAMIENTO.  

Resolución de 25 de abril de 2024, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por el registrador mercantil y de bienes muebles II de Cádiz, por la que se suspende la inscripción de designación de auditor de cuentas y de auditor suplente.

Resumen: Para poder hacer constar en la hoja de la sociedad la aceptación de unos auditores será necesario la previa inscripción de estos por un título que sea inscribible. El documento de aceptación no sirve para la inscripción de los auditores.

Hechos: Se presenta un escrito en el que dos auditores de cuentas manifiestan que, por el administrador único de la sociedad, han sido designados auditores titular y suplente para el ejercicio 2023, aceptando el cargo. Sus firmas aparecen legitimadas notarialmente.

El registrador suspende la inscripción por lo siguiente:

— debe presentarse el acuerdo del administrador nombrando a los auditores; mientras no se presente se suspende la calificación;

— la hoja de la sociedad está cerrada por falta de depósito de cuentas;

— si el nombramiento es para un solo ejercicio debe indicarse que ese nombramiento es voluntario por no estar la sociedad obligada a la verificación de sus cuentas anuales;

— existe error en el documento de identidad del administrador.

El administrador recurre limitándose a decir que “la sociedad, a través de su administrador como acto de gestión, puede contratar los servicios de un auditor de cuentas…”.

Resolución: Se confirma con rotundidad la nota de calificación.

Doctrina:  A la DGSJFP para desestimar el recurso le basta recordar el contenido, entre otros, de dos artículos del RRM: el 154, según el cual lo dispuesto en el reglamento para el nombramiento e inscripción de administradores es aplicable a los auditores y el artículo 142 sobre el título inscribible para el nombramiento de administradores del que resulta que ese título puede ser “certificación del acta de la Junta General o, en su caso, del Consejo de Administración en que fueron nombrados, … y con las firmas legitimadas notarialmente, por testimonio notarial de dicha acta o mediante copia autorizada del acta notarial …”. La aceptación podrá ser en documento separado.

En definitiva, concluye la DG, “la inscripción de nombramiento de auditor en el Registro Mercantil exige la acreditación documental de dos hechos: la designación del auditor por parte de la sociedad (con independencia de si el nombramiento se refiere a una sociedad obligada a la verificación de sus cuentas anuales o no), y el hecho de la aceptación por parte del designado”.

Po último señala la DG, que por lo elemental del problema que plantea esta resolución el recurso podría haberse evitado, con el consiguiente ahorro de tiempo y medios, si el interesado hubiera hecho uso de su derecho de información por parte el registrador acerca de los modos de conseguir la inscripción.

Comentario: Tiene razón la DG al señalar lo innecesario del recurso planteado. Lo que no sabemos es si el registrador informó de ello a los interesados, antes de la extensión de la nota, y pese a ello se pidió la nota y se interpuso el recurso o si los interesados, pese a lo claro de la nota y lo evidente del defecto persistieron en la solicitud de inscripción. Algo extraño debió pasar entre sociedad y auditores nombrados.

No obstante, podemos señalar que, sin perjuicio de lo correcto de la calificación, quizás el registrador debería haber indicado que lo presentado era un documento complementario, pero totalmente necesario para que cuando se presentara el acuerdo de nombramiento se pudiera practicar la inscripción. Es decir que ambos documentos deberían presentarse de consuno. En todo caso no parece adecuado suspender la calificación de una aceptación de auditores, pues la aceptación en sí no tenía defecto dado que el problema estaba en que no se acompañaba el documento principal que era el relativo al nombramiento, aunque pudiera también entenderse que se suspendía la calificación hasta ver si los auditores eran o no nombrados, e incluso rizando el rizo pudiera haberse suspendido su presentación pues no era documento que por sí solo pudiera provocar asiento alguno.  De todas formas, el registrador curándose en salud, señala los posibles defectos que pudiera tener el acuerdo de nombramiento. Es decir, la aceptación como tal no tiene defecto, sino que lo que ocurre es que falta el documento principal, en el cual se constate el nombramiento. (JAGV)

236.() ACEPTACIÓN DE AUDITORES DE CUENTAS: NO PUEDE PROVOCAR ASIENTO ALGUNO SI NO SE PRESENTA EL DOCUMENTO DE NOMBRAMIENTO.  

Resolución de 26 de abril de 2024, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por el registrador mercantil y de bienes muebles II de Cádiz, por la que se suspende la inscripción de designación de auditor de cuentas y de auditor suplente.

Mismo contenido que la 229. (JAGV)

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