Resoluciones Dirección General Seguridad Jurídica y Fe Pública Enero 2021.

Admin, 09/01/2021

 

INFORME Nº 316. (BOE ENERO de 2021)

Segunda Parte:  RESOLUCIONES DGSJFP:

PROPIEDAD

MERCANTIL

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RESOLUCIONES POR MESES  y  POR TITULARES PARA BUSCAR

VALORACIÓN DE LAS RESOLUCIONES POR SU IMPORTANCIA:

Se van a seguir estos criterios a juicio de las personas que las resumen:

()     Reiterativa o de escasísimo interés

*      Poco interés o muy del caso concreto

**    Interesante (categoría estándar)

***  Muy interesante.

⇒⇒⇒ Imprescindible.  

RESOLUCIONES PROPIEDAD
1. COMPRAVENTA EN RÉGIMEN DE CONQUISTAS. CONFESIÓN O ATRIBUCIÓN DE PRIVATICIDAD

Resolución de 17 de diciembre de 2020, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la calificación del registrador de la propiedad de Estella n.º 1, por la que se suspende la inscripción de una escritura de compraventa. (JAR)

4, 5 y 6. PRINCIPIO DE PRIORIDAD. ANOTACIÓN PREVENTIVA CALIFICADA NEGATIVAMENTE CON ASIENTO PRORROGADO. PERMUTA  POSTERIOR

Resolución de 18 de diciembre de 2020, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación de la registradora de la propiedad de Madrid n.º 55, por la que se deniega la inscripción de una escritura de adjudicación por permuta de fincas. (ER)

7. INSCRIPCIÓN DE REPRESENTACIÓN GRÁFICA Y DECLARACIÓN DE OBRA NUEVA EN CONSTRUCCIÓN

Resolución de 18 de diciembre de 2020, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación de la registradora de la propiedad de Alicante n.º 3, por la que se deniega la inscripción de una representación gráfica y posterior declaración de obra nueva en construcción. (MGV)

8. TÍTULO INSCRIBIBLE. TESTIMONIO DEL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Resolución de 23 de diciembre de 2020, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la calificación extendida por el registrador de la propiedad de Valencia n.º 7, por la que suspende la inscripción de un testimonio de mandamiento original, por el que se ordena tomar anotación preventiva de querella. (MN)

9. INMATRICULACIÓN. DUDAS DE IDENTIDAD DE FINCA.

Resolución de 23 de diciembre de 2020, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la negativa de la registradora de la propiedad de Denia n.º 2, por la que se suspende la inscripción de una escritura de compraventa para inmatricular una finca. (AFS)

10. RECONOCIMIENTO DE DOMINIO SIN EXPRESIÓN DE CAUSA

Resolución de 23 de diciembre de 2020, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación de la registradora de la propiedad de Haro, por la que se suspende la inscripción de un mandamiento por el que se ordena inscribir el dominio de una finca. (MGV)

PDF (BOE-A-2021-934 – 11 págs. – 276 KB) Otros formatos  

11. RECTIFICACIÓN DESCRIPTIVA ART.199 LH. DUDAS DE IDENTIDAD

Resolución de 23 de diciembre de 2020, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación de la registradora de la propiedad de Alcázar de San Juan n.º 1, por la que se deniega la inscripción de una rectificación de descripción de finca. (AFS)

12. EXPEDIENTE DE RECTIFICACIÓN DE CABIDA ART 199 LH. DUDAS DE IDENTIDAD

Resolución de 23 de diciembre de 2020, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación del registrador de la propiedad de Icod de los Vinos, por la que se deniega la inscripción de una rectificación de descripción de finca. (MN)

13. PRÉSTAMO HIPOTECARIO. TASACIÓN A EFECTOS DE SUBASTA EN EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN HIPOTECARIA EN EL 75% DEL VALOR DE TASACIÓN

Resolución de 23 de diciembre de 2020, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación del registrador de la propiedad de Meco, por la que se deniega la inscripción de una escritura de préstamo hipotecario. (CB)

14. ACTA NOTARIAL PARA LA REANUDACIÓN DE TRACTO SIN EXISTIR AUTÉNTICA INTERRUPCIÓN

Resolución de 23 de diciembre de 2020, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación del registrador de la propiedad de Sanlúcar de Barrameda, por la que se deniega la inscripción de un expediente notarial para la reanudación del tracto sucesivo interrumpido. (JAR)

15. RECTIFICACIÓN DE TITULARIDAD REGISTRAL POR MANDAMIENTO JUDICIAL. PLUSVALÍA MUNICIPAL

Resolución de 23 de diciembre de 2020, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación del registrador de la propiedad de Palma n.º 6, por la que se suspende la inscripción de un mandamiento por el que se solicita la rectificación de una inscripción. (ACM)

 PDF (BOE-A-2021-939 – 4 págs. – 233 KB) Otros formatos  

16. INSCRIPCIÓN DE REPRESENTACIÓN GRÁFICA ALTERNATIVA. OPOSICIÓN DE COLINDANTES Y POSIBLE INVASIÓN DE UN CAMINO

Resolución de 23 de diciembre de 2020, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación del registrador de la propiedad de Felanitx n.º 2, por la que se deniega la inscripción de una representación gráfica alternativa a la catastral. (MN)

 PDF (BOE-A-2021-940 – 8 págs. – 256 KB) Otros formatos

RESOLUCIONES MERCANTIL
2.*** MODIFICACIÓN ESTATUTARIA. SOCIEDAD LIMITADA «SIN ÁNIMO DE LUCRO». CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO. 

Resolución de 17 de diciembre de 2020, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador mercantil de León a inscribir una escritura de modificación de los estatutos de una sociedad.

Resumen: Es posible constituir una sociedad limitada en cuyos estatutos se haga constar que carece de ánimo de lucro, que además no repartirá dividendos y que en caso de extinción la cuota de los socios se destinará a fundaciones o asociaciones también sin ánimo de lucro.

Hechos: Se trata de la modificación de estatutos de una sociedad limitada, en lo que se refiere al objeto y a la distribución de beneficios y reparto de cuota de liquidación.

En el artículo relativo al objeto se dice que “La sociedad carece de ánimo de lucro y tiene por objeto la actividad de promoción, educación y rehabilitación de personas con discapacidad, a fin de lograr su integración laboral y social promoviendo y gestionando programas de formación profesional, Centros especiales de empleo, Centros ocupacionales…” y a continuación , como concretas actividades que podrá desarrollar cita, sin carácter limitativo, una gran variedad de actividades en el ámbito de la intermediación y de los servicios propias de las sociedades mercantiles, siempre que esas actividades sirvan “de medio para la integración laboral y social de personas afectadas por una discapacidad”.

Y en lo que se refiere a la distribución de beneficios y cuota de liquidación se dice que “La Junta General resolverá sobre la aplicación del resultado de cada ejercicio social en concordancia con la ausencia de ánimo de lucro de la Sociedad, teniendo presente que, una vez derrotadas(sic) las reservas legales y estatutarias, deberán reinvertirse los beneficios derivados de la actividad económica, tanto del Centro Especial de Empleo como de otros programas, en la propia empresa para la consecución de su objeto social, o en la promoción de actividades relacionadas con el empleo de personas con discapacidad o cualesquiera otras relacionadas con el objeto social de la Sociedad, sin que su destino pueda consistir, en ningún caso, en su distribución o reparto entre los socios ni en ningún otro que contradiga la ausencia de ánimo de lucro de la Sociedad». Y se añade en el artículo siguiente que “En cualquiera de los supuestos de disolución de la Sociedad, el activo resultante de la liquidación se destinará exclusivamente a entidades sin ánimo de lucro o fundaciones designadas por los socios. Cada socio podrá hacer uso de su cuota de liquidación, en función de su porcentaje de participación, para destinarla a una Entidad o Fundación que libremente decida (…)”.

El registrador considera no inscribible la modificación pues a su juicio el “ánimo de lucro (…) constituye un elemento esencial de las sociedades que tiene su origen en el carácter oneroso del contrato de sociedad, tal y como aparece profusamente reconocido legislativamente”. Cita a estos efectos el artículo 1.665 Código civil y 116 Código de Comercio, y de la LSC los artículos 61 y ss. 83.2, 93, 99, 127, 253 siguientes y concordantes, en particular 275 o 348-bis. Y las RDGRN de 2 de febrero de 1966, o de 22 de noviembre de 1991. Como consecuencia de ello considera  “contradictorio con la propia configuración estructural de una sociedad de capital pretender que su finalidad, concretada en las actividades que integran su objeto social, carezca de ánimo de lucro conforme se establece en (…) los nuevos estatutos sociales aprobados, habiendo previsto el legislador para ello otras entidades jurídicas que por definición legal y por su propia finalidad carecen de tal ánimo de lucro (así, artículo 1, 2 de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación o el artículo 2 de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones)”.

La sociedad interpone recurso. Dice que la interpretación restrictiva que hace el registrador está sobradamente superada en la jurisprudencia comunitaria. La jurisprudencia patria en Sentencia de la Audiencia Nacional de 22 de diciembre de 2011 declaró aplicable la exención del IVA a una SA sin finalidad lucrativa que había sido reconocida por la Administración como entidad privada prestadora de servicios sociales. Cita expresamente el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social y en concreto su artículo 43.4 sobre Centros especiales de empleo para la inclusión laboral de las personas con discapacidad. Concluye que el “ánimo de lucro no tiene por qué ser para la propia sociedad, sino para obtener beneficios en el desarrollo del objeto social, sin reparto de beneficios entre los socios sino únicamente para reconvertirlos en los fines sociales establecidos en los estatutos, y, por ende, nada impediría que la sociedad limitada pueda no tener ánimo de lucro en sentido de reparto de beneficios entre los socios”.

Resolución: La DG revoca la nota de calificación admitiendo la inscripción de la modificación estatutaria acordada.

Doctrina: La Dirección General recuerda su doctrina de las Resoluciones de 20 de enero de 2015 y 11 de abril de 2016, según las cuales forma parte de la estructura de una sociedad el “ánimo de obtener una ganancia común y partible mediante el desenvolvimiento de la actividad societaria y su posterior reparto entre los socios”. Por su parte el TS en sentencia de 29 de noviembre de 2007, dictada en un caso de donación por una sociedad anónima de su principal activo patrimonial, con disolución de la misma, en favor de determinada fundación, también recuerda el fin lucrativo como causa del contrato de sociedad; por ello señala que se impiden “las donaciones con cargo al patrimonio social, que serían contrarias al fin lucrativo, en perjuicio de los derechos individuales del socio, salvo que se verifiquen mediante acuerdo unánime, y con cargo a reservas de libre disposición”. Ello no quiere decir que no sean posibles donaciones con “fines éticos, culturales, altruistas, cuando no impliquen vulneración, impedimento u obstáculo a la realización de derechos como los que reconoce el artículo 48.2.a) LSA, como ocurre cuando se verifique moderada disposición de parte de los beneficios (RRDGRN 2 de febrero de 1966, 22 de noviembre de 1991, 25 de noviembre de 1997 [sic], etc.)”.

No obstante en las mismas resoluciones citadas se reconoce que “el tipo de la sociedad anónima o de la sociedad de responsabilidad limitada es adoptado en algunas ocasiones como simple técnica organizativa, habida cuenta de su funcionalidad y el criterio de mercantilidad formal de aquéllas –cualquiera que sea su objeto–, derivado de la propia regulación legal (artículo 2 de la Ley de Sociedades de Capital)”. Por ello añade que “no cabe desconocer las opiniones doctrinales que niegan o interpretan muy flexiblemente la finalidad lucrativa como elemento caracterizador de las sociedades de capital, por considerar que prevalece el elemento estructural u organizativo del concreto tipo social adoptado y no el fin perseguido. Desde esta perspectiva, el ánimo de lucro sería un elemento natural, usual, pero no esencial, a diferencia del fin común que siempre ha de existir”.

También recuerda a continuación que los estatutos, por su carácter de contrato y de norma, deben interpretarse según las reglas de la interpretación de los contratos y de la Ley.  Por ello habrá de tenerse en cuenta la intención de los contratantes, la interpretación de unas cláusulas por otras  “de modo que prevalezca sobre las dudosas el sentido que resulte del conjunto de todas” y también que según el artículo 3.1 del Código Civil, las normas “se interpretarán en relación con el contexto, los antecedentes históricos y legislativos, y la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de aquéllas”.

Sobre estas bases nos dice que de los artículos modificados de esta sociedad “debe llegarse a la conclusión de que en ellas se excluye únicamente el ánimo de lucro en sentido subjetivo (obtención de ganancias repartibles; lucro personal de los socios), pero no se excluye el ánimo de lucro en sentido objetivo” pues las ganancias  no se van a repartir entre los socios  sino que se destinan a un fin común, social, (…) en este caso “la promoción de la integración laboral y social de personas afectadas por una discapacidad” y a todo ello “se refiere el artículo 43.4 del Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre)”.

Comentario: El tema planteado es bastante confuso, tanto por la propia naturaleza de las sociedades mercantiles, como por la falta de claridad en la regulación legal e incluso en la propia jurisprudencia y doctrina de la DG citada.

Como hemos visto la resolución se dicta en términos generales y no en relación a la creación de los llamados Centros Especiales de Empleo (CEE), pues el registrador en su calificación para nada aludía a la legislación sobre estos CEE. No obstante para la DG el art. 43.4 del Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, sobre creación de Centros Especiales de Empleo(CEE), es esencial a la hora de tomar su decisión, entre otras cosas porque así lo alegaba el recurrente y porque esos CEE se citan expresamente en el artículo relativo al objeto de la sociedad.

Por ello y por entender que es interesante el estudio, siquiera sea somero, sobre estos CEE, tanto para los RRMM como para las asesorías jurídicas y empresariales, creemos que del artículo citado se pueden extraer las siguientes conclusiones:

1ª. Las sociedades mercantiles pueden constituir, bien por sí solas si están participadas en más del 50% por entidades sociales públicas, o bien en unión de otras entidades que tengan finalidades asistenciales, Centros Especiales de Empleo (CEE).

2ª. Para que esas sociedades mercantiles puedan constituir los CEE es necesario:

a)      Que en sus Estatutos o en acuerdo social se obliguen a la reinversión íntegra de sus beneficios para creación de oportunidades de empleo para personas con discapacidad y la mejora continua de su competitividad y de su actividad de economía social.

b)     Que la mayoría del capital sea de la titularidad directa o indirecta, de una o varias entidades, ya sean públicas o privadas, que no tengan ánimo de lucro o que tengan reconocido su carácter social en sus Estatutos, ya sean asociaciones, fundaciones, corporaciones de derecho público, cooperativas de iniciativa social u otras entidades de la economía social.

c)     Pero también pudieran ser constituidos por una sociedad mercantil que tenga por objeto exclusivamente la atención a fines sociales o asistenciales, o la propia creación de CEE, aunque esto último no queda muy claro en la propia Ley.

Supuesto lo anterior se trata de que en los estatutos de la sociedad mercantil se haga constar el destino especial de los beneficios, o si eso no se hace constar, que se acredite por escritura pública los acuerdos sociales en los que recoja este compromiso por parte del máximo órgano de gobierno de la entidad, que sería la Junta General.

Sobre la base de lo anterior creo que podemos distinguir varios supuestos.

a)      Si en el objeto único y exclusivo de la sociedad mercantil figura que el mismo es la creación, mantenimiento, etc de CEE o finalidades sociales similares, creo que la finalidad cubre el destino de los beneficios, por lo que en principio no sería necesario decir nada sobre ello en los estatutos o decir, para mayor claridad, lo siguiente: “los beneficios se destinarían al cumplimiento del objeto social y si existiera sobrante la junta general acordará el destino de los mismos en contemplación del objeto de la sociedad y de las disposiciones legales aplicables”.

b)     Si el objeto de la sociedad no es único y exclusivo, pero por supuesto contempla la creación, mantenimiento, etc de CEE, entonces creo que se podría introducir en los estatutos un artículo en los siguientes términos o similares:

“Art. x. Aplicación del resultado. Cada ejercicio la junta general de la sociedad, una vez cubierta la reserva legal, podrá acordar que el resto de los beneficios del ejercicio se destinen a la creación de oportunidades de empleo para personas con diversidad funcional o discapacidad y a la mejora continua de su competitividad y de su actividad de economía social, pudiendo también acordar que los beneficios se reinviertan en el Centro Especial de Empleo que constituye su objeto o en otros Centros Especiales de Empleo de iniciativa social, de conformidad con los dispuesto en la LSC y en la legislación especial aplicable”.

 Por tanto, es posible que una sociedad mercantil tenga por objeto el especial contemplado en el TR citado. Es decir que, si tienen ese objeto, parece lógico admitir que el destino de sus beneficios sea el señalado, siempre previo acuerdo de la junta general.

En consecuencia y a la vista de la legislación aplicable a los CEE, quizás la mejor solución para la constitución de estas especiales sociedades sea el no citar si tiene o no finalidad lucrativa, y menos en el artículo dedicado al objeto que no es obviamente el lugar adecuado, sino configurarlas como CEE o con la finalidad de los mismos, y regular el destino de sus beneficios, así como también, tal y como se hacía en el caso debatido, el destino de la cuota de liquidación en caso de extinción de la sociedad.

De todas formas como hemos apuntado la DG se pronuncia con carácter general, sin limitar la ausencia de lucro a las sociedades destinadas a la formalización de CEE, pese a lo cual entendemos que una sociedad en abstracto no puede prescindir totalmente de su espíritu lucrativo, y si lo hace debe ser en contemplación de una finalidad concreta y determinada, tenga esta finalidad apoyo legal, como es el caso de los CEE, o no lo tenga. Dejamos totalmente aparte los posibles problemas de fiscalidad que pueden presentar este tipo de sociedades.  (JAGV)

3.* CIERRE REGISTRAL POR FALTA DE DEPÓSITO DE CUENTAS. TRACTO SUCESIVO EN DEPÓSITO DE CUENTAS. 

Resolución de 18 de diciembre de 2020, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la negativa de la registradora mercantil II de Tenerife a practicar el depósito de cuentas anuales de una sociedad, relativas al ejercicio de 2019.

Resumen: No es posible el depósito de cuentas de un ejercicio, si no constan depositadas las cuentas de los ejercicio precedentes.

Hechos: Se solicita el depósito de cuentas de una sociedad del ejercicio de 2019.

El registrador suspende el depósito, entre otros defectos no recurridos, por no constar previamente depositadas las cuentas del ejercicio de 2018 (art. 378 RRM y RDGRN de 21 de noviembre de 2011 y de 20 de marzo de 2015 DGRN).

El interesado recurre centrando su recurso en los defectos de que adolece el depósito de cuentas el ejercicio 2018, que en esencia hacían referencia a un expediente de nombramiento de auditor a instancia de un socio minoritario, pendiente ante la DGSJFP, y al nombramiento voluntario de auditor para ese ejercicio y los siguientes, habiendo realizado ya el auditor inscrito, el pertinente informe.

Resolución: La DG confirma la nota de calificación.

Doctrina: Era obvio que la DG no puede pronunciarse en un recurso contra una nota de calificación del depósito de 2019, sobre una nota de calificación de un depósito de ejercicio precedente: entre otras razones porque ese recurso contra esa nota estaría fuera de plazo. Por eso aconseja al interesado que vuelva a presentar en el registro el depósito cuestionado a efectos de que se extienda, en su caso, una nueva nota de calificación o se proceda a depositar las cuentas en cuyo caso desaparecería el defecto que cierre el paso a las cuentas del ejercicio 2019.

En cuanto al fondo de la cuestión planteada confirma la nota en base a los artículos 282 de la LSC y 378 del RRM que son claros al imponer el cierre de la hoja de la sociedad por falta de depósito de cuentas, siendo indiferente que ese depósito no efectuado los sea por estar defectuoso el documento que lo contiene.

Comentario: Recurso claro en sus fundamentos y recomendaciones por lo que no requiere ningún otro comentario. (JAGV)

 

ENLACES:

INFORME NORMATIVA ENERO 2021 (Secciones I y II BOE)

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