Resoluciones Dirección General Seguridad Jurídica y Fe Pública. Octubre 2020.

Admin, 02/10/2020

Indice:
  1. VALORACIÓN DE LAS RESOLUCIONES POR SU IMPORTANCIA:
  2. RESOLUCIONES PROPIEDAD
  3. 413.** DONACIÓN (A HIJOS) EN CONVENIO REGULADOR
  4. 415.* ANOTACIÓN DE DEMANDA DE RECLAMACIÓN DE CANTIDAD
  5. 416.** EXCESO DE CABIDA POR EXPEDIENTE DE DOMINIO NOTARIAL. DUDAS DE IDENTIDAD. EXPROPIACIÓN NO INSCRITA Y OPOSICIÓN DE COLINDANTE
  6. 417.() ANOTACIÓN DE DEMANDA DE RECLAMACIÓN DE CANTIDAD
  7. 418. ARRENDAMIENTO CON OPCIÓN DE COMPRA. ACTA DE MANIFESTACIÓN Y FOTOCOPIAS
  8. 419. DOBLE INMATRICULACIÓN Y DECLARACIÓN DE OBRA NUEVA
  9. 420. RECTIFICACIÓN DE ESCRITURA DE COMPRAVENTA EN CUANTO AL RÉGIMEN ECONÓMICO MATRIMONIAL DEL ADQUIRENTE. TRACTO SUCESIVO
  10. 421.** ANOTACIÓN DE EMBARGO EN PROCEDIMIENTO CONTRA LA HERENCIA YACENTE
  11. 422. CADUCIDAD MEDIANTE INSTANCIA DE HIPOTECA EN GARANTÍA DE LETRA DE CAMBIO
  12. 423.** INSCRIPCIÓN DE SENTENCIA JUDICIAL E INTERVENCIÓN DE LOS TITULARES REGISTRALES. COMPETENCIA JUDICIAL. TRACTO SUCESIVO.
  13. 424.** ACTA DE FIN DE OBRA DE VARIOS PROPIETARIOS CON MODIFICACIONES RESPECTO DEL PROYECTO INICIAL
  14. 426 y 427.** CONVENIO REGULADOR. LIQUIDACIÓN DE RÉGIMEN DE SEPARACIÓN DE BIENES CATALÁN. EXTINCIÓN DE COMUNIDAD DE LA VIVIENDA FAMILIAR.
  15. 428. ANOTACIÓN DE EMBARGO DE MITAD INDIVISA DE FINCA GANANCIAL EN PROCEDIMIENTO CONTRA LA HERENCIA YACENTE
  16. 430. COMPRA POR CÓNYUGES EN SEPARACIÓN DE BIENES. NECESIDAD DE PREVIA INDICACIÓN EN EL REGISTRO CIVIL
  17. 431. ANOTACIÓN DE EMBARGO. EJECUCIÓN ORDINARIA DE CRÉDITO HIPOTECARIO EXIXTIENDO TERCER POSEEDOR. TRACTO SUCESIVO
  18. 432.** DIVISIÓN HORIZONTAL EN NAVARRA DE VIVIENDA. TERRENO ANEJO. AMPLIACIÓN PREVIA DE OBRA NUEVA. 
  19. 433.** OBRA NUEVA EN  EXTREMADURA: REQUISITOS PARA SU INSCRIPCIÓN. DUDAS DE UBICACIÓN DE LA EDIFICACIÓN.
  20. 434. COMPRAVENTA DE CUOTA INDIVISA DE FINCA RÚSTICA. POSIBLE PARCELACIÓN URBANÍSTICA DE HECHO
  21. 435. COMPRAVENTA DE CUOTA INDIVISA DE FINCA RÚSTICA. POSIBLE PARCELACIÓN URBANÍSTICA DE HECHO
  22. 436. PROPIEDAD HORIZONTAL. SEGREGACIÓN DE LOCAL COMERCIAL
  23. 437.** INSTANCIA SOLICITANDO QUE NO SE PRACTIQUE INSCRIPCIÓN EN CUANTO A DETERMINADAS FINCAS
  24. 438.**  CONDICIÓN RESOLUTORIA. PERMUTA DE SOLAR POR OBRA FOTURA. REINSCRIPCIÓN
  25. 439.* INSTANCIA SOLICITANDO INSCRIPCIÓN DE FINCAS INCLUIDAS EN ESCRITURA. TRACTO SUCESIVO
  26. 440.** INSCRIPCIÓN DE REPRESENTACIÓN GRÁFICA ALTERNATIVA. POSIBLE INVASIÓN DE FINCAS COLINDANTES
  27. 441.** EJECUCIÓN HIPOTECARIA CONTRA LA HERENCIA YACENTE
  28. 442 y 443.*** ANULACIÓN DE PROYECTO DE REPARCELACIÓN INSCRITO. CALFICACIÓN REGISTRAL DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS
  29. 445.** INSCRIPCIÓN DE REPRESENTACIÓN GRÁFICA ALTERNATIVA. OPOSICIÓN DE COLINDANTES Y DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA
  30. 446. INSCRIPCIÓN DE REPRESENTACIÓN GRÁFICA CATASTRAL. CONCORDANCIA FINCA CATASTRAL-FINCA REGISTRAL
  31. 447.** PROPIEDAD HORIZONTAL. DILIGENCIACIÓN DE LIBRO DE ACTAS DE SUBCOMUNIDAD NO INSCRITA
  32. 448. ANOTACIÓN DE EMBARGO CADUCADA: NO CABE CANCELAR CARGAS POSTERIORES. TRACTO SUCESIVO
  33. 449.* CANCELACIÓN DE INSCRIPCIONES SIN INTERVENCIÓN DE TITULARES REGISTRALES EN DIVISIÓN HORIZONTAL.
  34. 450.  ACTUALIZACIÓN DE LINDEROS SOLICITADA EN INSTANCIA POR QUIEN NO ES TITULAR REGISTRAL
  35. 453. HERENCIA. FINCA INVENTARIADA COMO PRIVATIVA FIGURANDO INSCRITA COMO GANANCIAL
  36. 454. LEGÍTIMA EN EL DERECHO GALLEGO. PRETERICIÓN
  37. 455. DERECHO NAVARRO. SUSTITUCIÓN VULGAR. RENUNCIA. RECTIFICACIÓN
  38. 456. PARTICIÓN POR CONTADOR PARTIDOR
  39. 457.*** HIPOTECA. RÉGIMEN ECONÓMICO MATRIMONIAL DE LA HIPOECANTE EXTRANJERA
  40. 458. RECURSO CONTRA CALIFICACIÓN POSITIVA Y NOTA DE DESPACHO DE ESCRITURA INSCRITA
  41. 459. CESIÓN DE DERECHOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO Y OPCIÓN DE COMPRA
  42. 460.** DONACIÓN DE MITAD INDIVISA DE VIVIENDA PROTEGIDA
  43. 462. INSCRIPCIÓN DE REPRESENTACIÓN GRÁFICA CATASTRAL. DUDAS DE IDENTIDAD
  44. 463. EMBARGO CONTRA LA HERENCIA YACENTE Y DESCONOCIDOS HEREDEROS DEL TITULAR REGISTRAL
  45. 464.*** SUCESIÓN SUJETA AL DERECHO BRITÁNICO SIN PROBATE. PROFESSIO IURIS 
  46. 466. CANCELACIÓN DE ANOTACIÓN DE DEMANDA. FIRMEZA DEL AUTO
  47. 467. SUBROGACIÓN ACTIVA DE PRÉSTAMO HIPOTECARIO
  48. 468. INSCRIPCIÓN DE REPRESENTACIÓN GRÁFICA CATASTRAL. DUDAS DE IDENTIDAD
  49. 469. RECTIFICACIÓN DE SERVIDUMBRE SIN CONSENTIMIENTO DE TODOS LOS TITULARES REGISTRALES
  50. 470. PLUSVALÍA MUNICIPAL. ADICIÓN DE HERENCIA
  51. 471.** DIVORCIO. RESOLUCIÓN JUDICIAL DE TRIBUNAL BRITÁNICA SIN EXEQUATUR.
  52. 472. EJECUCIÓN HIPOTECARIA DE FINCA DE ENTIDAD CONCURSADA EN FASE DE LIQUIDACIÓN
  53. 473. COMPRAVENTA. PREVIA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO CIVIL DEL RÉGIMEN DE SEPARACIÓN DE BIENES
  54. RESOLUCIONES MERCANTIL
  55. 412.* CESE Y NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADORES MEDIANTE TRANSACCIÓN HOMOLOGADA JUDICIALMENTE.
  56. 414.*** REDUCCIÓN DE CAPITAL POR DEVOLUCIÓN DE APORTACIONES NO PARITARIA: REQUIERE UNANIMIDAD.
  57. 425.** AUMENTO DE CAPITAL ESTANDO PENDIENTE DE RECURSO UN EXPEDIENTE DE DESIGNACIÓN DE AUDITOR. CONTRADICCIÓN ENTRE REGISTRO Y CERTIFICACIÓN DE ACUERDOS.
  58. 429.* REDUCCIÓN DE CAPITAL SOCIAL PARA RESTITUIR VALOR DE APORTACIONES A SOCIO SIN QUE CONSTE SU NIE
  59. 444.* ANOTACIÓN DE EMBARGO CADUCADA SOBRE VEHÍCULO. CANCELACIÓN DE CARGAS POSTERIORES. DURACIÓN ANOTACIÓN DE EMBARGO EN EL RBM.
  60. 451.* NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADORES. PRINCIPIO DE PRIORIDAD EN EL REGISTRO MERCANTIL. TÍTULOS CONTRADICTORIOS.
  61. 452.*** SOLICITUD DE CONCILIACIÓN REGISTRAL. INCOMPATIBILIDAD REGISTRADOR.
  62. 461.** LIQUIDACIÓN DE SOCIEDAD. ADJUDICACIÓN DE BIENES CONCRETOS EN PAGO DE PARTE DE LA CUOTA DE LIQUIDACIÓN
  63. 465.*** CONSTITUCIÓN DE SL SIN PREVIA INSCRIPCIÓN DE LAS CAPITULACIONES EN EL REGISTRO CIVIL NI DEL ADMINISTRADOR DEL SOCIO PERSONA JURÍDICA EN EL MERCANTIL.
  64. 474.* BAJA PROVISIONAL EN EL INDICE DE ENTIDADES AEAT. RENUNCIA DE ADMINISTRADOR ÚNICO
  65. 475.*** AUMENTO DE CAPITAL DE SOCIEDAD ABSORBENTE. REALIDAD CAPITAL SOCIAL. FECHA COMUNICACIÓN ACREEDORES.
  66. ENLACES:

INFORME Nº 313. (BOE OCTUBRE de 2020)

Segunda Parte:  RESOLUCIONES DGSJFP:

PROPIEDAD

MERCANTIL

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IR AL MINI INFORME DE SEPTIEMBRE

RESOLUCIONES POR MESES  y  POR TITULARES PARA BUSCAR

VALORACIÓN DE LAS RESOLUCIONES POR SU IMPORTANCIA:

Se van a seguir estos criterios a juicio de las personas que las resumen:

()     Reiterativa o de escasísimo interés

*      Poco interés o muy del caso concreto

**    Interesante (categoría estándar)

***  Muy interesante.

⇒⇒⇒ Imprescindible.  

 

RESOLUCIONES PROPIEDAD
413.** DONACIÓN (A HIJOS) EN CONVENIO REGULADOR

Resolución de 2 de septiembre de 2020, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la calificación del registrador de la propiedad de Avilés n.º 2, por la que se suspende la inscripción de determinado pacto en un convenio regulador de los efectos de un divorcio. (ACM)

Resumen: En un convenio regulador de divorcio NO pueden hacerse donaciones (ni entre cónyuges ni a los hijos sobre un piso que NO sea la vivienda familiar) siendo precisa escritura de donación (y aceptación). La homologación judicial del convenio no altera su naturaleza ni lo convierte en documento público.

– Hechos:  En un convenio regulador de divorcio el esposo manifiesta su voluntad de donar un garaje a un hijo menor, que representado por ambos titulares de la patria potestad, aceptan la donación.

– El Registrador: califica negativamente por 2 defectos:
a) En el convenio solo se dice que el padre tiene “la voluntad de donar”, por lo que se trataría de una mera “promesa de donación”, una simple intención futura no inscribible;
b) Y en todo caso por que en convenio regulador no caben donaciones de inmuebles  (art 633 CC) y menos si no constituyen la vivienda habitual, siendo preciso un acto formal y expreso acompañado de titulo público adecuado para la inscripción.

 – La interesada: recurre invocando que:
a) Que se trata de una donación firme y de presente, no una promesa, pues habría quedado aceptada en el mismo acto por los titulares de la patria potestad ;
b) Y que cfrme. el art 633 CC (y Art 3º LH), y la STS 438/2014 de 18 de julio, el convenio regulador es un negocio complejo que puede englobar cualesquiera operaciones por razón de la familia, incluidas “promesas de donación”, sin que sea necesaria ulterior escritura pública, por lo que la donación habría cumplido las exigencias de forma pues el convenio regulador aprobado en sentencia sería título, formal y material, apto para recoger toda clase de pactos patrimoniales sobre cualesquiera bienes de los cónyuges e inscribirlos.

– Resolución: La DGSJFP revoca el 1er defecto pero confirma el 2º:
– Doctrina
a) La aceptación presupone la existencia de una verdadera donación y no un simple promesa;

b) El contenido patrimonial típico del convenio regulador (arts 9091 y 103 CC) es la liquidación del régimen económico matrimonial, del haber común del matrimonio y los actos relativos a la vivienda familiar [u otras operaciones indirectas pero resultando indispensable y suficientemente conectadas para llevar a cabo una completa liquidación del régimen económico-matrimonia], pero sin que pueda servir de cauce formal para otros actos que tienen su significación negocial propia como son las transmisiones adicionales de bienes entre cónyuges, ajenas al procedimiento de liquidación, constituyen un negocio independiente, que exige acogerse a la regla general de escritura pública para su formalización, con arreglo a criterios de competencia documental, pues las sentencias sí serían documentos públicos inscribibles en las materias objeto de las mismas (congruencia), pero no en las ajenas a su contenido propio, y como se dirá la homologación judicial de un documento privado (convenio) no lo convierte en público (Art 3º LH).

   – En cuanto a la STS de 18 julio 2014 se refiere única y exclusivamente a la vivienda familiar, sin que sea extrapolable ni aplicable analógicamente a bienes diferentes dado el carácter excepcional de la norma, y de lo restringido del ámbito del convenio regulador. 

  – En definitiva, la DGRN confirma una jurisprudencia REITERADA y CONSOLIDADA sobre la mecánica de las homologaciones judiciales de acuerdos privados en general, de exigir escritura pública notarial para inscribir acuerdos transaccionales, así, entre otras,  en las RR. DGRN de 9 julio (dación en pago entre cónyuges) y 5 agosto 2013 (adjudicaciones pro indiviso); de 25 febrero 2014 (servidumbre de paso), de 3 marzo 2015 (exceso de cabida); o en 2016, las de 2 de junio (compraventa), 19 de julio (disolución de condominio) y 6 de septiembre de 2016 (división de cosa común) u otra de 30 de noviembre (liquidación de una sociedad conyugal), las RR. de 17 octubre (Convenios Reguladores de divorcio y de Parejas de Hecho) y de 24 octubre de 2016  (declaración de Obra Nueva en convenio regulador) la de 21 de diciembre 2016 (división de cosa común) las RR. 5 de abril (Liquidación de Gananciales #172/17) y de 6 de abril  (disolución de condominio #173/17) de 2017; la R. 30 de mayo de 2017 (para la resolución por incumplimiento una permuta);  R. 7 septiembre 2017 (dación en pago de deuda de costas procesales); 18 de octubre de 2017 (Disolución y Liquidación SL); R. de 31 de octubre de 2017 (Reconocimiento dominio) y  las RR 2 noviembre 2016 y 18 de mayo y 3 de noviembre de 2017 (protocolización de operaciones particionales), R. 29 mayo (protocolización unilateral de operaciones particionales), RR. 30 mayo  y R. 20 julio 2018  (Disolución comunidad) y RR. de 6 junio y 24 de octubre 2018 (cónyuges ya divorciados); las RR de 14 de febrero, 22 de mayo, 11 de julio, 31 octubre (divorcio), y 11 de diciembre de 2019;  la R. 28 enero 2020 (donación de usufructo al hijo en divorcio) y la R. 2 septiembre 2020 (donación garaje a menor en divorcio). (ACM).

415.* ANOTACIÓN DE DEMANDA DE RECLAMACIÓN DE CANTIDAD

Resolución de 2 de septiembre de 2020, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación de la registradora de la propiedad de Madrid n.º 10, por la que se deniega la anotación preventiva de una demanda. 

Resumen: no cabe practicar anotación preventiva de demanda por reclamación de cantidad.

Hechos: se presenta en el registro mandamiento la práctica de anotación preventiva de demanda por reclamación de cantidad.

La Registradora emite calificación negativa y la Dirección confirma la calificación ya que:

1º. Rige un sistema de numerus clausus en sede de anotaciones preventivas: sólo pueden practicarse aquellas que prevé expresamente la Ley.

2º. En  sede de anotaciones de demanda, no solo pueden practicarse aquellas  demandas en que se ejercita una acción real, sino también a aquellas otras en que se hace valer una pretensión puramente personal que pueda conducir a una mutación jurídico–real inmobiliaria. Lo determinante es que la demanda ejercite una acción atinente a la propiedad o a un derecho real sobre el mismo inmueble, de suerte que la estimación de la pretensión del demandante propiciará directamente una alteración registral.

3º. En ningún caso pueden incluirse aquellas en las que se pretende el pago de una cantidad de dinero o una resolución judicial trascendencia en cuanto a la titularidad de las fincas afectadas.

4º. Cuando lo que se pretende es afectar una finca al pago de una cantidad ante el peligro de que una futura insolvencia del demandado frustre la expectativa de cobro del actor, lo procedente es una anotación de embargo preventivo o, en su caso, de prohibición de disponer, si se dan los requisitos para ello.

416.** EXCESO DE CABIDA POR EXPEDIENTE DE DOMINIO NOTARIAL. DUDAS DE IDENTIDAD. EXPROPIACIÓN NO INSCRITA Y OPOSICIÓN DE COLINDANTE

Resolución de 2 de septiembre de 2020, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación de la registradora de la propiedad de Elda n.º 2, por la que se suspende la inscripción del aumento de superficie y georreferenciación de una finca solicitada en virtud de expediente de dominio. 

Resumen: Es posible la tramitación del expediente para la rectificación de descripción de una finca que ha sido previamente objeto de una expropiación que no accedió al Registro, siempre que quede determinada georreferenciadamente la porción que no ha sido objeto de expropiación sobre la que se pretende declarar la modificación descriptiva (exceso de cabida) y siempre que quede acreditado que con tal modificación pretendida no se invade dominio público.

Hechos: se presenta expediente de dominio solicitando la inscripción de un exceso de cabida desde los 543.792 metros cuadrados inscritos hasta los 1.116.280 metros cuadrados que se decía medir en realidad. El propietario declara haber sido expropiada una parte de la finca por ADIF para el trazado del AVE, sin que tal expropiación conste inscrita.

La registradora califica negativamente por existir dudas fundadas en la identidad de la finca (al no constar inscrita la expropiación) y que la oposición con expresión de causa del titular registral de la finca colindante debía haber conllevado la conclusión del expediente y el archivo de las actuaciones por parte del notario.

La Dirección revoca la calificación:

1) Recordando su doctrina sobre la registración de los excesos de cabida y señalando que el hecho de que una finca registral haya sido afectada por una expropiación parcial no inscrita, «implica de por sí que existan dudas fundadas en la identidad de la finca».

2) Respecto a la expropiación no inscrita señala que, para poder inscribir la expropiación parcial de una finca es preciso individualizar la porción sobre la que recae. Ahora bien, como también ha afirmado esta Dirección General, para la descripción de la finca que es el resto de una expropiación, no es necesaria la previa inscripción de tal procedimiento. Es posible inscribir la porción que es resto tras la expropiación siempre que se aporte una representación gráfica de esta porción (artículo 47 RH).

Por tanto, es posible la tramitación del expediente para la rectificación de descripción de una finca que ha sido previamente objeto de una expropiación que no accedió al Registro, siempre que quede determinada georreferenciadamente la porción que no ha sido objeto de expropiación sobre la que se pretende declarar la modificación descriptiva (exceso de cabida) y siempre que quede acreditado que con tal modificación pretendida no se invade dominio público (cfr. artículos 9, 201 y 203 Ley Hipotecaria). (ER)

417.() ANOTACIÓN DE DEMANDA DE RECLAMACIÓN DE CANTIDAD

Resolución de 2 de septiembre de 2020, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación del registrador de la propiedad de Madrid n.º 53, por la que se deniega la práctica de la anotación preventiva de una demanda.

Mismo contenido que la número 415 de este mismo informe. (ER)

418. ARRENDAMIENTO CON OPCIÓN DE COMPRA. ACTA DE MANIFESTACIÓN Y FOTOCOPIAS

Resolución de 3 de septiembre de 2020, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la calificación de la registradora de la propiedad de Torrejón de Ardoz n.º 2, por la que se deniega la inscripción de un contrato de arrendamiento con opción de compra. (JAR)

419. DOBLE INMATRICULACIÓN Y DECLARACIÓN DE OBRA NUEVA

Resolución de 3 de septiembre de 2020, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador de la propiedad de Calafell a inscribir una escritura de rectificación del historial de una finca por doble inmatriculación y de declaración de obra nueva. (JAR)

420. RECTIFICACIÓN DE ESCRITURA DE COMPRAVENTA EN CUANTO AL RÉGIMEN ECONÓMICO MATRIMONIAL DEL ADQUIRENTE. TRACTO SUCESIVO

Resolución de 3 de septiembre de 2020, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación de la registradora de la propiedad de Torredembarra, por la que se suspende la inscripción de una escritura de rectificación de otra escritura de compraventa ya inscrita sin intervención de todos los titulares registrales. (JAR)

421.** ANOTACIÓN DE EMBARGO EN PROCEDIMIENTO CONTRA LA HERENCIA YACENTE

Resolución de 3 de septiembre de 2020, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por el registrador de la propiedad de Villacarriedo, por la que se suspende la práctica de una anotación preventiva de embargo ordenada en expediente seguido contra la herencia yacente del deudor.

Resumen: Es anotable el embargo seguido contra la herencia yacente del deudor si la diligencia de embargo se ha notificado por edictos a los posibles interesados y personalmente a la esposa e hijos del deudor, al no ser un supuesto de herederos totalmente desconocidos y ello sin que exista testamento y sin necesidad de declaración de herederos abintestato.

Hechos: En mandamiento expedido por el recaudador general de un Ayuntamiento, se ordenaba la práctica de una anotación preventiva de embargo, en un expediente seguido contra la herencia yacente del deudor, junto con el certificado de defunción, del que se deriva que murió en estado de casado, así como el certificado del Registro General de Actos de Última Voluntad, del que resulta que no otorgó testamento.

En el documento se hace constar que el deudor falleció durante el procedimiento y que las actuaciones deben entenderse contra los bienes del deudor, así como contra su herencia yacente.

Asimismo, resulta que la diligencia de embargo fue notificada por edictos a todos los herederos y demás interesados, pero específicamente y de forma personalizada, a la esposa del deudor, y a otras dos personas más como posibles herederos.

El registrador considera que al no haberse aportado el acta de declaración de herederos abintestato del que resulten los herederos, no consta que se hayan notificado a todos.

La recurrente alega que notificados todos y cada uno de los herederos potenciales del deudor conocidos e identificados por la Administración actora relacionados con el titular registral, sin que ninguno de ellos haya comparecido en el procedimiento, no es necesario para poder practicar la anotación de embargo notificar a todos y cada uno de los llamados a la herencia para su defensa.

Resolución: La Dirección General estima el recurso y revoca la nota de calificación del registrador

Doctrina: Para a resolución del recurso lo primero que hace nuestro CD es examinar si del mandamiento resulta debidamente acreditada la condición de deudor y si este falleció antes o después de iniciado el procedimiento, resultando del mandamiento que el procedimiento comenzó siguiéndose contra el titular registral y por deudas del mismo, y tras dos diligencias de embargo consta su fallecimiento pasándose a seguir el procedimiento contra la herencia yacente.

Al tratarse de un documento administrativo (artículo 99 del Reglamento Hipotecario), se deberá de examinar, entre otros extremos, la observancia de los trámites esenciales del procedimiento seguido, con el objeto, “de que cualquier titular registral no pueda ser afectado si, en el procedimiento objeto de la resolución, no ha tenido la intervención prevista por la ley, evitando que el titular registral sufra, en el mismo Registro, las consecuencias de una indefensión procesal”.

Resulta aplicable al caso el artículo 166 del Reglamento Hipotecario que en base al principio de tracto sucesivo determina los requisitos para la práctica de las anotaciones de embargo contra herederos indeterminados o determinados del titular registral, los cuales  serán  distintos en cada uno de los supuestos siguientes:

  1. Procesos ejecutivos por deudas del titular registral, fallecido antes o durante el procedimiento;
  2.  Procesos ejecutivos por deudas de los herederos ciertos y determinados del titular registral, y
  3.  Procesos ejecutivos por deudas de herederos indeterminados –herencia yacente– del titular registral.

En cuanto al supuesto objeto del expediente, en el procedimiento se persiguen deudas en concepto de impago del Impuesto sobre Vehículos de dos ejercicios anteriores al fallecimiento del deudor, por lo que se trata de deudas del causante, y la última posterior a su fallecimiento por lo que se trataría de una deuda de sus herederos.

El procedimiento se entabla contra la herencia yacente del causante, fallecido en estado de casado y sin otorgar testamento por lo que no consta la aceptación de la herencia, presupuesto necesario para la existencia de la herencia yacente respecto de la que no existen herederos sino solo llamados a la herencia.

En estos casos,  toda actuación que pretenda tener reflejo registral debe articularse mediante el nombramiento de un administrador judicial, en los términos previstos en los artículos 790 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, o bien mediante la intervención en el procedimiento de alguno de los interesados en dicha herencia yacente.

La doctrina en esta materia ha sido matizada en el sentido de considerar que la exigencia del nombramiento del defensor judicial no debe convertirse en una exigencia formal excesivamente gravosa y debe limitarse a los casos en que el llamamiento a los herederos desconocidos sea puramente genérico y no haya ningún interesado en la herencia que se haya personado en el procedimiento considerando el juez suficiente la legitimación pasiva de la herencia yacente.

Al encontrarnos ante un procedimiento de apremio administrativo debe además tenerse en cuenta el 35.4 de la Ley General Tributaria que considera  obligados tributarios, en las leyes en que así se establezca, a las herencias yacentes, que, carentes de personalidad jurídica, constituyan una unidad económica o un patrimonio separado susceptibles de imposición, y el artículo 45.3 de la misma ley dispone que actuará en su representación el que la ostente, siempre que resulte acreditada en forma fehaciente y, de no haberse designado representante, se considerará como tal el que aparentemente ejerza la gestión o dirección y, en su defecto, cualquiera de sus miembros o partícipes.

Así también resulta del artículo 94 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales en relación con el impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.

En el caso que nos ocupa, al haberse notificado mediante edictos la diligencia de embargo, a los posibles herederos conocidos, desconocidos e inciertos y demás interesados y personalmente a la esposa del deudor e hijos del causante, como posibles herederos, nuestro CD considera cumplido el requisito de emplazar a alguno de los posibles llamados a la herencia, sin perjuicio de que pueda instarse la declaración de herederos, pero sin que la ausencia de tal declaración pueda implicar la suspensión del procedimiento y sin que pueda alegarse indefensión al no encontramos ante un supuesto de herederos absolutamente desconocidos.

Comentarios: La existencia de la herencia yacente se debe a que en el derecho  español no se admite la aceptación automática de la misma, sino que es necesario que los llamados muestren su voluntad de aceptarla o no; por ello en ocasiones se producen situaciones en las que el patrimonio del causante carece transitoriamente de titular por ser este indeterminado, bien porque los llamados a la sucesión no se han pronunciado sobre la aceptación de la herencia, bien porque ni siquiera son conocidos. En estos casos se arbitran medidas por la Ley para solucionar los problemas que plantea la indeterminación. Entre estas medidas está, como trámite previo, la de conocer de forma cierta, por medio del testamento del causante, quienes son los herederos. Pero si no existe testamento, según la resolución que comentamos, para poner en marcha un embargo que además concreta la responsabilidad del causante y sus herederos por deudas, parecería lógico el que esos herederos se pudieran conocer por la declaración de herederos abintestato. Y esto es lo importante de esta resolución que se permite prescindir de esa declaración de herederos para tomar un embargo administrativo sobre un bien del causante sobre la base de citar a los herederos presuntos y por edictos a los demás posibles interesados en la herencia. (MGV)

422. CADUCIDAD MEDIANTE INSTANCIA DE HIPOTECA EN GARANTÍA DE LETRA DE CAMBIO

Resolución de 3 de septiembre de 2020, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación de la registradora de la propiedad de Armilla, por la que se deniega la cancelación de una hipoteca en garantía de letras de cambio, por caducidad solicitada en instancia privada. (MGV)

423.** INSCRIPCIÓN DE SENTENCIA JUDICIAL E INTERVENCIÓN DE LOS TITULARES REGISTRALES. COMPETENCIA JUDICIAL. TRACTO SUCESIVO.

Resolución de 4 de septiembre de 2020, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la calificación del registrador de la propiedad de Bilbao n.º 2, por la que se suspende la inscripción de una escritura de elevación a público de un acuerdo adoptado en junta general extraordinaria.

Resumen: En la inscripción de sentencias los jueces son competentes para valorar si han tenido intervención suficiente en el procedimiento declarativo los titulares registrales que, al menos, han debido de ser emplazados en el procedimiento. Para subsanar dicha falta de intervención, en su caso, en el proceso judicial cabe abrir un procedimiento de ejecución de sentencia en el que intervengan dichos titulares registrales.

Hechos:  Se presenta a inscripción una escritura conteniendo un acuerdo de la Junta General de Propietarios adoptado por unanimidad en el que se redistribuye las cuotas de participación en los elementos comunes entre los elementos privativos. En dicho acuerdo no se hace mención a un local que consta inscrito como elemento privativo a favor de varios cotitulares. Anteriormente se había inscrito una sentencia en la que se declaraba extinguida una servidumbre de paso que gravaba  determinados elementos comunes.

El registrador suspende la inscripción por falta de tracto, al constar inscrito el mencionado local como elemento privativo y no haber intervenido en el acuerdo sus titulares registrales. Considera también que si la sentencia declarativa de la extinción de la servidumbre inscrita afectara también a la titularidad registral de dicho local se necesitaría nuevo pronunciamiento judicial al respecto.

El interesado (la comunidad de propietarios) recurre y argumenta que el registrador no puede alegar obstáculo registral por falta de tracto pues la citada sentencia previa fue debidamente inscrita sin reparos. Se deduce también que consideran que al inscribir la sentencia no solo se debía de haber cancelado la servidumbre sino también el referido local como elemento privativo y su titularidad

La Dirección General desestima el recurso.

Doctrina.  Recuerda en primer lugar que las sentencias declarativas y las constitutivas no requieren de ejecución procesal para ser inscritas, conforme a lo dispuesto en los artículos 517.2.1.º y 521 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

En cuanto al alcance de la calificación registral en la inscripción de sentencias y la intervención de los titulares registrales recuerda que es el órgano jurisdiccional quien debe apreciar en cada caso concreto si los titulares registrales afectados por el pronunciamiento judicial han tenido ocasión de intervenir en el proceso.

Para que una sentencia despliegue toda su eficacia cancelatoria en el Registro de la Propiedad y afecte a titulares de asientos posteriores –cuando no estuviera vigente una anotación preventivamente de la demanda– es necesario que al menos hayan sido emplazados en el procedimiento. Si no hubiera sido así, cabe la posibilidad de abrir un trámite de ejecución a instancia de parte para evitar la indefensión de los titulares registrales o sus herederos en el que tendrán que tener intervención dichos titulares.

En el presente caso concluye que no se cumple el principio de tracto sucesivo pues los titulares registrales no han sido oídos ni personados, ni como demandantes ni como demandados y, además, el citado procedimiento judicial no versa sobre las titularidades del edificio sino tan solo sobre la subsistencia o extinción de unas servidumbres de paso. Por ello se necesitará, en su caso,  obtener un pronunciamiento judicial motivado sobre los efectos que la sentencia ha de tener con relación a la titularidad registral de dicho local. (AFS)

424.** ACTA DE FIN DE OBRA DE VARIOS PROPIETARIOS CON MODIFICACIONES RESPECTO DEL PROYECTO INICIAL

Resolución de 4 de septiembre de 2020, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación de la registradora de la propiedad de Ejea de los Caballeros, por la que se deniega la inscripción de una escritura de modificación de declaración de obra nueva y acta de fin de obra.

Resumen: En las Actas de terminación de obra, sin variaciones respecto de la obra inscrita en construcción, basta que la otorguen la mayoría de los comuneros, al tratarse de un acto de administración. Sin embargo, cuando se produzca alguna variación en la obra, será necesario el consentimiento de todos los copropietarios con independencia de que se necesite o no nueva licencia. El técnico es competente para aseverar si esas modificaciones necesitan o no de nueva licencia.

Hechos: Consta inscrita una obra nueva en construcción en una finca de varios copropietarios. Ahora se otorga el acta  final de obra en la que comparecen copropietarios que representan la mayoría, pero no la totalidad de las cuotas. La obra terminada tiene un ligero  aumento de  la superficie construida respecto de la inicial.

La registradora exige el consentimiento de la totalidad de los propietarios de la finca

El Notario autorizante recurre y alega que el incremento de superficie construida es accesorio respecto de la edificación principal, insustancial desde el punto de vista económico, por lo que entiende que la declaración de terminación de obra es un acto de administración y puede ser otorgado por la mayoría de los propietarios.

La Dirección General desestima el recurso.

Doctrina:  Para declarar la obra nueva en construcción es necesario el consentimiento de la totalidad de los copropietarios.

Para declarar la terminación de la obra basta el consentimiento de la mayoría de los propietarios, si no ha habido modificaciones en la obra, conforme a lo dispuesto en el artículo 47.2.b  del Real Decreto 1093/1997 , que se hará constar en el Registro por nota marginal.

Si ha habido modificaciones en la obra, aunque sean accesorias, será necesario nuevamente el consentimiento de todos los copropietarios,  con independencia de que se necesite o no nueva licencia, y en el Registro se practicará un nuevo asiento de inscripción, conforme a lo dispuesto en el artículo 28.3 del Real Decreto Legislativo 7/2015. El técnico es competente para determinar si las modificaciones efectuadas necesitan de nueva licencia municipal. (AFS)

426 y 427.** CONVENIO REGULADOR. LIQUIDACIÓN DE RÉGIMEN DE SEPARACIÓN DE BIENES CATALÁN. EXTINCIÓN DE COMUNIDAD DE LA VIVIENDA FAMILIAR.

Resolución (x 2) de 15 de septiembre de 2020, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso/s interpuesto/s contra la calificación de la registradora de la propiedad de Canovelles, por la que se suspende la inscripción de la adjudicación de determinados bienes inmuebles mediante convenio regulador de los efectos de un divorcio. (ACM)

Resumen: En un convenio regulador de divorcio de un matrimonio sujeto al régimen supletorio legal catalán de separación de bienes, puede adjudicarse TODA la vivienda familiar a un cónyuge y el Garaje y trastero al otro, aunque en la Sentencia se especifique que su exigibilidad no lo será ante los juzgados de familia sino en ejecución ordinaria.

– Hechos: En un convenio regulador de divorcio de un matrimonio sujeto al régimen supletorio legal catalán de separación de bienes, en que se adjudica a uno la vivienda familiar, y el Garaje y trastero al otro, adquiridos en pro indiviso por ambos cónyuges durante su matrimonio, la SENTENCIA dice:

«… se aprueba en su totalidad el convenio regulador presentado de fecha 29/10/2019, si bien los acuerdos contenidos en la cláusula 3ª B), no podrán ser objeto de ejecución en el procedimiento de familia, sin perjuicio de su valor como negocio jurídico privado entre las partes, al amparo del art. 1255 CC, o de que las partes puedan acudir a la ejecución ordinaria».

– La Registradora:   califica negativamente sendas presentaciones por faltar el correspondiente título público y auténtico (arts 9091 y 103º CC, Art 3º LH y 703 LEC) en que se formalice en términos claros y precisos la disolución y extinción del condominio y la adjudicación de las fincas a cada una de las partes, y que podría obtenerse en procedimiento de ejecución ordinaria donde se dicte el mandamiento judicial oportuno ordenando la inscripción correspondiente.

 – Los abogados de los divorciados:   recurren argumentando que:
     Cuando la sentencia dice «que las partes pueden acudir a la ejecución ordinaria y en relación a la cláusula 3ª B) no podrán ser objeto de ejecución en el procedimiento de familia», se está refiriendo a que ante un hipotético incumplimiento de la sentencia por cualquiera de las partes, el juzgado competente para tramitar el procedimiento de ejecución no sería el de familia puesto que el contenido de la cláusula 3ª B) se refiere a cuestiones patrimoniales, sino que habría que acudir a una ejecución ordinaria como ocurre en los supuestos de ejecución de cualquier sentencia judicial firme, lo que, a su vez. Es argumento para sostener que la atribución del dominio exclusivo de cada finca a los cónyuges es clara, definitiva y firme, si no, no podría exigirse por los trámites de ejecución (que presuponen un Título público suficiente, en este caso la Sentencia), sino solo en un nuevo declarativo ordinario, lo que no puede predicarse en este caso.
     En definitiva, la sentencia solo hace una aeración puramente procesal sobre un tema de competencia para exigir el cumplimiento forzoso, pero nada impide que se inscriba ya voluntariamente por ambas partes.

– Resolución: La DGSJFP estima ambos recursos y revoca las respectivas calificaciones.
– Doctrina
a) El contenido patrimonial típico del convenio regulador (arts 9091 y 103 CC) es la liquidación del régimen económico matrimonial, del haber común del matrimonio y los actos relativos a la vivienda familiar [u otras operaciones indirectas pero resultando indispensable y suficientemente conectadas para llevar a cabo una completa liquidación del régimen económico-matrimonia], pero sin que pueda servir de cauce formal para otros actos que tienen su significación negocial propia como son las transmisiones adicionales de bienes entre cónyuges, ajenas al procedimiento de liquidación, constituyen un negocio independiente, que exige acogerse a la regla general de escritura pública para su formalización, con arreglo a criterios de competencia documental, pues las sentencias sí serían documentos públicos inscribibles en las materias objeto de las mismas (congruencia), pero no en las ajenas a su contenido propio, y la homologación judicial de un documento privado (convenio) no lo convierte en público (Art 3º LH).

b) Pero en este caso, aunque el régimen de separación de bienes da lugar a una comunidad romana por cuotas, se está adjudicando la vivienda familiar, por lo que SÍ ENTRA dentro del contenido propio del convenio regulador, cuya homologación mediante la Sentencia de divorcio lo reviste de un título formal apto para la inscripción. (ACM)

428. ANOTACIÓN DE EMBARGO DE MITAD INDIVISA DE FINCA GANANCIAL EN PROCEDIMIENTO CONTRA LA HERENCIA YACENTE

Resolución de 15 de septiembre de 2020, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la negativa de la registradora de la propiedad de Valencia n.º 7 a la práctica de una anotación preventiva de embargo. (JAR)

430. COMPRA POR CÓNYUGES EN SEPARACIÓN DE BIENES. NECESIDAD DE PREVIA INDICACIÓN EN EL REGISTRO CIVIL

Resolución de 15 de septiembre de 2020, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador de la propiedad de Santa Cruz de Tenerife n.º 4 a inscribir una escritura de compraventa. (JAR)

431. ANOTACIÓN DE EMBARGO. EJECUCIÓN ORDINARIA DE CRÉDITO HIPOTECARIO EXIXTIENDO TERCER POSEEDOR. TRACTO SUCESIVO

Resolución de 15 de septiembre de 2020, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación de la registradora de la propiedad de La Unión n.º 1, por la que se deniega la práctica de una anotación preventiva de embargo sobre unas registrales. (JAR)

432.** DIVISIÓN HORIZONTAL EN NAVARRA DE VIVIENDA. TERRENO ANEJO. AMPLIACIÓN PREVIA DE OBRA NUEVA. 

Resolución de 15 de septiembre de 2020, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación del registrador de la propiedad de Estella n.º 1, por la que se suspende la inscripción de la división de una finca en régimen de propiedad horizontal.

Resumen: Es necesaria la inscripción de la ampliación de la obra nueva si su superficie construida inscrita es inferior a la que resulta de la división horizontal. Si consta inscrita una vivienda y se divide en propiedad horizontal, formando varios elementos independientes, es aplicable el artículo 53 del Real Decreto 1093/1997. No hay fraccionamiento del suelo si al resto de terreno no edificado (huerto) se le atribuye el carácter de anejo de un elemento privativo en una propiedad horizontal.

Hechos: Consta inscrita una casa (entendida como una vivienda) con su huerto en una localidad de Navarra. Ahora se divide horizontalmente en tres fincas independientes: un local de garaje, al que se le atribuye como anejo privativo el huerto, y dos viviendas. La superficie construida resultante de la suma de los elementos privativos es muy superior a la que consta inscrita.

El registrador encuentra tres defectos: 1) Que una casa inscrita de 191 m2 no se puede dividir horizontalmente en tres elementos privativos que suman 412 m2 . 2) Que para dividir una vivienda única en varios elementos privativos se precisa la previa obtención de la autorización prevista en el artículo 53.a) del Real Decreto 1093/1997; 3) Que al atribuir al huerto el carácter de elemento privativo el terreno ha dejado de ser común y por ello hay fraccionamiento del suelo y se necesita licencia.

El Notario autorizante recurre y alega que ya existía la superficie construida actual desde antes de la inmatriculación de la finca, aunque no se reflejó en el título inmatriculador pero sí constaba en el certificado municipal aportado en su día, que no consta inscrita una vivienda unifamiliar sino una casa, y finalmente que no hay segregación del suelo encubierta porque el el huerto es anejo de un elemento privativo y además la legislación navarra no exige licencia para la división horizontal.

La Dirección General desestima el recurso en cuanto a los dos primeros defectos y lo estima respecto del tercero.

Doctrina: No se puede inscribir la división horizontal de un edificio cuya superficie construida inscrita es inferior a la que resulta de la división horizontal.

En el caso concreto es aplicable el art 53 del Reglamento Hipotecario en materia de Urbanismo  (Real Decreto 1093/1997) pues lo que consta inscrito es una vivienda y ahora se divide horizontalmente en un garaje y dos viviendas por lo que se necesita licencia municipal.

No hay fraccionamiento del suelo ni se necesita licencia, pues el huerto se configura como anejo de un elemento privativo de una propiedad horizontal.

COMENTARIO: El segundo defecto debió de revocarse aplicando el propio criterio de la Dirección General en numerosas resoluciones según el cual la Comunidad Autónoma es la competente para determinar qué actos están sujetos a licencia, (y en Navarra y en la mayoría de las Comunidades Autónomas no lo están los actos de división horizontal) y el Estado es competente para determinar los requisitos para su acceso al Registro. Es decir, si la Comunidad de Navarra exigiera licencia en su normativa urbanística, entonces, por aplicación del citado artículo 53 RHU el registrador debería de exigirla. En el caso concreto no tiene sentido que el registrador exija una licencia que la normativa navarra no exige.

Además, sólo en las obras nuevas que acceden al Registro con licencia consta el número de elementos susceptible de aprovechamiento independiente (y no siempre) pero eso no ocurre en las obras nuevas que acceden por antigüedad, (como en el presente supuesto), en las que constan los metros cuadrados construidos y una descripción genérica pero no se especifica el número de elementos independientes por lo que no se da el supuesto de hecho del citado artículo 53 que presupone que consten mencionados en la descripción los elementos privativos susceptibles de aprovechamiento independiente.

En la práctica los Ayuntamientos no entienden cómo se les pide una licencia (para la división horizontal o para una modificación posterior) que la legislación no exige, por lo que obviamente no la dan y a veces ni contestan o eternizan la contestación causando serios retrasos al que quiere inscribir su división horizontal o modificar una ya inscrita creando más elementos. (AFS)

433.** OBRA NUEVA EN  EXTREMADURA: REQUISITOS PARA SU INSCRIPCIÓN. DUDAS DE UBICACIÓN DE LA EDIFICACIÓN.

Resolución de 15 de septiembre de 2020, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación del registrador de la propiedad de Coria, por la que se suspende la inscripción de una escritura de declaración de obra nueva.

Resumen: Para inscribir obras nuevas, la legislación vigente no requiere una prueba exhaustiva de la prescripción. Basta con que se acredite la antigüedad necesaria para la prescripción y que no conste anotado ningún expediente de infracción urbanística ni resulte que la edificación se ubica en dominio público o zona de servidumbre. La normativa aplicable a la prescripción es la vigente en el momento de la terminación de la obra. En caso de duda sobre la ubicación de la edificación hay que inscribir previamente la representación gráfica alternativa de la finca.

Hechos: Se otorga una escritura de declaración de obra nueva terminada en Extremadura, con certificado de antigüedad. El terreno figura inscrito como rústico, pero hoy es urbano, lo que se acredita con un certificado municipal. Se presenta también representación gráfica alternativa a la del Catastro con una medida coincidente con la finca registral.

El registrador suspende la inscripción porque no se acredita que el terreno sea urbano, ya que el certificado municipal se refiere a una parcela catastral, cuya superficie es superior al 10% de la finca registral; no se acredita que el terreno sobre el que radica la edificación no esté sujeto a régimen de imprescriptibilidad de las infracciones urbanísticas. Tampoco se acredita que el suelo no es demanial ni está afectado por servidumbres de uso público general. Finalmente tiene dudas de que la edificación se ubique sobre la finca registral pues se extiende hasta el límite de la parcela catastral y por ello linda con otras fincas.

El Notario autorizante recurre y alega que la finca está suficientemente identificada con la nueva representación gráfica alternativa a la catastral, y también está acreditado su carácter urbano y sus restantes características con el certificado del técnico y con el certificado municipal.

La Dirección General estima el recurso,  excepto en cuanto al defecto relativo a las dudas de ubicación de la edificación en la finca registral.

Doctrina: El acceso al Registro de la Propiedad de edificaciones por certificado de antigüedad se halla sometido, únicamente, al cumplimiento de los requisitos expresamente establecidos por la ley, entre los que no se encuentra la prueba exhaustiva de la efectiva extinción, por prescripción, de la acción de disciplina urbanística según el artículo 28, apartado 4, del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre.

Debe rechazarse toda posición basada en la exigencia generalizada de previa certificación administrativa acreditativa bien de la naturaleza del suelo, bien de la propia prescripción de la acción de disciplina, pues sería del todo contrario al espíritu que inspira la redacción de la citada norma.

En caso de duda de ubicación de la edificación dentro de la finca registral, lo procedente es tramitar el correspondiente procedimiento para la inscripción de la representación gráfica alternativa, que en este caso está  incorporada al título. (AFS)

434. COMPRAVENTA DE CUOTA INDIVISA DE FINCA RÚSTICA. POSIBLE PARCELACIÓN URBANÍSTICA DE HECHO

Resolución de 16 de septiembre de 2020, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la calificación del registrador de la propiedad de Mazarrón, por la que se deniega la inscripción de una escritura de compraventa. (JLN)

435. COMPRAVENTA DE CUOTA INDIVISA DE FINCA RÚSTICA. POSIBLE PARCELACIÓN URBANÍSTICA DE HECHO

Resolución de 16 de septiembre de 2020, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la calificación del registrador de la propiedad de Mazarrón, por la que se deniega la inscripción de una escritura de compraventa. (JLN)

436. PROPIEDAD HORIZONTAL. SEGREGACIÓN DE LOCAL COMERCIAL

Resolución de 16 de septiembre de 2020, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la calificación del registrador de la propiedad de Valladolid n.º 1, por la que se suspende la inscripción de una escritura de segregación de local comercial. (JAR)

437.** INSTANCIA SOLICITANDO QUE NO SE PRACTIQUE INSCRIPCIÓN EN CUANTO A DETERMINADAS FINCAS

Resolución de 16 de septiembre de 2020, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador de la propiedad de Málaga n.º 10, por la que se deniega la práctica de asiento de presentación respecto de una instancia por la que se solicita la no inscripción respecto de una serie de fincas que serían objeto de un procedimiento judicial. 

Resumen: los registradores no extender asiento de presentación de los documentos privados, salvo en los supuestos en que las disposiciones legales les atribuyan eficacia registral.

Hechos: se presenta en el Registro instancia solicitando la no inscripción respecto de una serie de fincas que serían objeto de un procedimiento judicial.

El registrador señala que la referida solicitud no puede dar lugar a practicar asiento alguno por ser su contenido totalmente ajeno a la institución registral.

La Dirección confirma la calificación con fundamento en el artículo 420.1 del Reglamento Hipotecario, en consonancia con el artículo 3 de la Ley Hipotecaria, el cual, ordena a los registradores no extender asiento de presentación de los documentos privados, salvo en los supuestos en que las disposiciones legales les atribuyan eficacia registral. Además, en aras de la independencia del registrador a la hora de emitir la calificación, es improcedente que se tomen en cuenta meros escritos que denuncien situaciones anormales de posibles títulos inscribibles. (ER)

438.**  CONDICIÓN RESOLUTORIA. PERMUTA DE SOLAR POR OBRA FOTURA. REINSCRIPCIÓN

Resolución de 16 de septiembre de 2020, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación de la registradora de la propiedad de Santa Cruz de Tenerife n.º 1, por la que se deniega la inscripción de una instancia en la que se solicita la reinscripción del dominio a nombre del cedente por concurrir causa de resolución pactada en una permuta de solar por obra futura. 

Resumen: el artículo 1504 del Código Civil es aplicable a la permuta de solar a cambio de pisos en edificio futuro siempre que se haya pactado condición resolutoria explícita.

Hechos: se pretende instancia por la que se pretende reinscribir el dominio del 50% de tres fincas registrales permutadas a favor del cedente – transmitente por incumplimiento de las condiciones previstas en una permuta de solar por obra futura.

La registradora deniega la inscripción solicitada por considerar que la cláusula invocada no legitima la resolución del contrato por una sola de las partes, siendo necesaria la intervención del titular registral, máxime cuando el propio contrato excluía la resolución en caso de fuerza mayor.

La Dirección confirma la calificación debiendo destacar:

1) El TS ha declarado que el artículo 1504 del Código Civil es aplicable a la permuta de solar a cambio de pisos en edificio futuro siempre que se haya pactado condición resolutoria explícita.

2) Son requisitos exigidos para obtener la reinscripción a favor del transmitente, como consecuencia del ejercicio de la condición resolutoria explícita del artículo 1504 del Código Civil, son los siguientes:

1. Debe aportarse el título del vendedor (cfr. artículo 59 del Reglamento Hipotecario), es decir, el título de la transmisión del que resulte que el transmitente retiene el derecho de reintegración sujeto a la condición resolutoria estipulada;

2. La notificación judicial o notarial hecha al adquirente por el transmitente de quedar resuelta la transmisión, siempre que no resulte que el adquirente requerido se oponga a la resolución invocando que falta algún presupuesto de la misma. Formulada oposición por el adquirente, deberá el transmitente acreditar en el correspondiente proceso judicial los presupuestos de la resolución, esto es, la existencia de un incumplimiento, grave que frustre el fin del contrato por la conducta del adquirente, sin hallarse causa razonable que justifique esa conducta, y,

3. El documento que acredite haberse consignado en establecimiento bancario o Caja oficial el importe percibido que haya de ser devuelto al adquirente o corresponda, por subrogación real, a los titulares de derechos extinguidos por la resolución (artículo 175.6 del Reglamento Hipotecario). Este requisito se justifica porque la resolución produce, respecto de una y otra parte, el deber de «restituirse lo que hubiera percibido», en los términos que resultan del artículo 1123 del Código Civil. Se trata de un deber que impone recíprocas prestaciones y que, como ocurre en la ineficacia por rescisión, uno de los contratantes sólo estará legitimado para exigir del otro la devolución cuando cumpla por su parte lo que le incumba (cfr. artículo 175.6 del Reglamento Hipotecario).

Respecto de la cláusula penal que se haya estipulado para el caso de resolución de la transmisión por incumplimiento, no cabe deducción alguna de la cantidad que deba ser consignada, basándose en la cláusula, por cuanto puede tener lugar la corrección judicial prescrita en el artículo 1154 del Código Civil, sin que quepa pactar otra cosa en la escritura.Todo ello implica que el importe que en tal caso se haya consignado podrá ser disminuido al ser concretada la moderación pertinente de la cláusula penal.

En este expediente, el recurrente alega en su escrito que el permutante sí fue notificado, pero tal afirmación no fue acreditada al tiempo de presentar la instancia y, por tanto, no pudo ser tenida en cuenta por la registradora en su calificación (Cfr. artículo 326 L.H.) (ER)

439.* INSTANCIA SOLICITANDO INSCRIPCIÓN DE FINCAS INCLUIDAS EN ESCRITURA. TRACTO SUCESIVO

Resolución de 16 de septiembre de 2020, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación del registrador de la propiedad de Orcera, por la que se deniega la inscripción de una instancia privada.

Resumen: Para la inscripción de un título traslativo del dominio es precisa la previa inscripción del derecho del transmitente.

Hechos: Se presenta instancia privada por la que se solicita que dos fincas registrales queden inscritas a nombre de los solicitantes, alegándose que se incluyeron en una escritura de una compraventa que se acompaña mediante fotocopia.

Ello es calificado negativamente por el registrador indicando que no pueden ser objeto de trasmisión las fincas a las que se refiere la solicitud, al estar inscritas en favor de terceras personas que no otorgaron el  título que se acompaña.

Resolución: La Dirección General desestima el recurso y confirma la calificación impugnada.

Doctrina: Con carácter previo recuerda la DG  “que el recurso no es medio adecuado en caso de pretenderse la revocación de una inscripción ya practicada, debiendo de dirimirse las cuestiones que puedan plantear los asientos registrales vigentes, en sede judicial respetando el principio de tutela judicial efectiva de todos aquellos que pudieran ostentar interés legítimo en el mismo”.

Entrando en el fondo del asunto confirma la calificación del registrador en base a las exigencias del principio de tracto sucesivo, al encontrarse las fincas inscritas a nombre de un tercero distinto del transmitente del dominio según el título presentado mediante fotocopia junto con la instancia, declarando “imprescindible la previa inscripción a favor del mismo mediante la presentación del oportuno título del que resulte su previa adquisición”.

Comentarios: El caso planteado se centra en torno a las discrepancias sobre el contenido de una escritura de compraventa. A juicio de los solicitantes, las dos fincas que ahora reclaman estaban incluidas en la escritura que se acompaña, como integrantes de una alberca cuyas aguas podían ser utilizadas, pero en la realidad al parecer no se transmitían y por ello no se inscribieron a su favor y además sus titulares las vendieron a terceras personas. Lógicamente la DG mantiene las inscripciones registrales y remite a los solicitantes a la jurisdicción ordinaria.

Es decir, que se trata de un caso sencillo desde un punto de vista registral y por ello la DG no se pronuncia sobre la cuestión relativa a la “aptitud de una instancia privada como medio para instar una inscripción dominical por título de compraventa” en base al principio de titulación pública consagrado en el artículo 3 de la Ley Hipotecaria, por no haber sido objeto de calificación por parte del registrador, ni tampoco objeto de recurso. (MGV)

440.** INSCRIPCIÓN DE REPRESENTACIÓN GRÁFICA ALTERNATIVA. POSIBLE INVASIÓN DE FINCAS COLINDANTES

Resolución de 16 de septiembre de 2020, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación del registrador de la propiedad accidental de Viveiro, por la que se deniega la inscripción de una representación gráfica alternativa a la catastral. 

Resumen: existen dudas fundadas de invasión de fincas colindantes cuando está iniciado un procedimiento judicial, que afecta a la descripción de las parcelas colindantes no coincidente con el informe del técnico, y del que puede resultar una cartografía con georreferenciación distinta a la aportada.

Hechos: mediante instancia privada se solicita la inscripción de la representación gráfica alternativa a la catastral acompañando a la misma informe de validación gráfica catastral.

Una vez tramitado el expediente del artículo 199 de la Ley Hipotecaria, el registrador suspende la inscripción, acogiendo las alegaciones del titular de una finca colindante, «por estar iniciado un procedimiento judicial, que afecta a la descripción de las parcelas colindantes no coincidente con el informe del técnico, y del que puede resultar una cartografía con georreferenciación distinta a la aportada, creando por lo tanto dudas fundadas de invasión de fincas colindantes».

La Dirección confirma la calificación dado que resultan identificadas y fundadas las dudas del registrador en la nota de calificación en cuanto a la existencia de conflicto entre fincas colindantes y posible invasión de una finca colindante. Debe recordarse que los datos físicos que resultan de la cartografía catastral gozan de la presunción de veracidad que establece el artículo 3 de la Ley del Catastro en su apartado 3. (ER)

441.** EJECUCIÓN HIPOTECARIA CONTRA LA HERENCIA YACENTE

Resolución de 16 de septiembre de 2020, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por el registrador titular del registro de la propiedad de Cebreros, por la que se suspende la inscripción de un testimonio del Decreto de adjudicación, al que se acompaña el correspondiente mandamiento de cancelación de cargas, dictado en un procedimiento de ejecución hipotecaria. 

Resumen: en caso de herencia yacente, la renuncia a la herencia no evita la necesidad de nombrar administrador pues, mediando la renuncia de los inicialmente llamados a la herencia, esta pasa los siguientes en orden, sean testados o intestados, quienes serán los encargados de defender los intereses de la herencia. Distinto es el caso de que la renuncia de los herederos se hubiera producido una vez iniciado el procedimiento de ejecución como consecuencia del requerimiento que se les hubiera hecho en este, pues en este caso sí habría habido posibilidad de intervención en defensa de los intereses de la herencia.

Hechos: se presenta a inscripción decreto de adjudicación. La demanda de ejecución hipotecaria se dirigió contra los deudores hipotecantes, los cuales fueron requeridos de pago y notificados del auto despachando ejecución. Posteriormente, dichos deudores fallecieron y la hija compareció en el Juzgado con el fin de hacer constar que tanto ella como su hermana habían renunciado a la herencia de los causantes acompañando las escrituras de renuncia y los certificados de defunción de los causantes. A la vista de dicha comparecencia, se dicta diligencia de ordenación en la misma fecha en la que se acuerda seguir el procedimiento contra la herencia yacente de los deudores.

El registrador califica negativamente considerando que el hecho de que la renuncia se haya efectuado con anterioridad a su comparecencia en el procedimiento, no evita la necesidad de nombrar administrador judicial.

La Dirección estima el recurso y reitera su doctrina señalando que en los casos en que interviene la herencia yacente, toda actuación que pretenda tener reflejo registral deba articularse bien mediante el nombramiento de un administrador judicial, en los términos previstos en los artículos 790 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, bien mediante la intervención en el procedimiento de alguno de los interesados en dicha herencia yacente. Ahora bien, la exigencia del nombramiento del defensor judicial debe limitarse a los casos en que el llamamiento a los herederos desconocidos sea puramente genérico y no haya ningún interesado en la herencia que se haya personado en el procedimiento considerando el juez suficiente la legitimación pasiva de la herencia yacente.

La renuncia no evita la necesidad de nombrar administrador pues, mediando la renuncia de los inicialmente llamados a la herencia, esta pasa los siguientes en orden, sean testados o intestados, quienes serán los encargados de defender los intereses de la herencia. Distinto es el caso de que la renuncia de los herederos se hubiera producido una vez iniciado el procedimiento de ejecución como consecuencia del requerimiento que se les hubiera hecho en este, pues en este caso sí habría habido posibilidad de intervención en defensa de los intereses de la herencia.

En el caso de este expediente, cuando la hija de los causantes se persona voluntariamente y sin requerimiento previo en el procedimiento, ya se ha producido la renuncia a los derechos hereditarios tanto por su parte como por la de su hermana como acreditó ante el juzgado, siguiéndose, precisamente a raíz de su comparecencia, el procedimiento contra la herencia yacente de los deudores. En consecuencia, mediando la renuncia de los inicialmente llamados a la herencia, ésta pasa los siguientes en orden, sean testados o intestados, quienes serán los encargados de defender los intereses de la herencia.

No obstante, en el presente caso, la situación de herencia yacente se produjo con el primer fallecimiento, esto es, cuando fallece el primero de los deudores hipotecantes, ampliándose dicha situación respecto de la herencia del segundo deudor a la muerte de este. No es hasta los días 6 de abril de 2015 y 8 de julio de 2015 cuando se produce la renuncia a la herencia por parte de las herederas, que si bien no habían sido requeridas, si tenían conocimiento del procedimiento y pudieron intervenir en este, como prueba que el día 4 de noviembre de 2015 comparecieran en el juzgado a fin de dar conocimiento de su renuncia y solicitar que se tenga en cuenta el escrito presentado en el procedimiento por el arrendatario de la finca con fecha 24 de septiembre de 2013. (ER)

442 y 443.*** ANULACIÓN DE PROYECTO DE REPARCELACIÓN INSCRITO. CALFICACIÓN REGISTRAL DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS

Resolución de 17 de septiembre de 2020, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la calificación de la registradora de la propiedad de Zaragoza n.º 3, por la que se deniega la cancelación de los asientos practicados por la inscripción de un proyecto de reparcelación.

Resumen: A falta de regulación específica, la reversión de la reparcelación con el objeto de dejar sin efecto un proyecto de reparcelación inscrito, cuando no sea objeto de anulación, debe articularse a través de la tramitación de una modificación del proyecto.

Hechos: Se trata de un certificado expedido por la Secretaria de un Ayuntamiento relativo al acuerdo adoptado por el Ayuntamiento anulando un Proyecto de Reparcelación inscrito, dejándolo sin efecto al constatarse infracción del ordenamiento jurídico por razón de la incorrecta transposición de la planimetría del Plan General de Ordenación Urbana a la realidad física, y la cancelación de todos los asientos practicados por la inscripción del Proyecto, así como la retroacción de todas las actuaciones practicadas con regreso a la situación jurídica anterior y con restitución de las fincas aportadas.

La registradora deniega la inscripción por:

– no constar la firmeza en vía administrativa del acto y

– por considerar que la Administración municipal no ha seguido el procedimiento legalmente establecido para la anulación del acto aprobatorio de la reparcelación inscrita, invocando el principio de legalidad de la actuación administrativa y los relevantes efectos que tiene la “reversión” de la reparcelación.

El ayuntamiento recurrente alega que la calificación emitida impide virtualmente remediar la ilegalidad, y es contraria a lo previsto en la Ley Hipotecaria respecto de las cancelaciones de asientos cuando hayan de producirse con el consentimiento del titular con causa suficiente, y suficientemente expresada y mediante título idóneo.

Resolución: La Dirección General estima el recurso revocando la nota de la registradora en base a lo siguiente.

Doctrina: Comienza la resolución de este expediente haciendo un repaso a su doctrina relativa al alcance de la calificación registral del acto administrativo, que se extiende:

  1. A la competencia del órgano.
  2. A la congruencia de la resolución con la clase de expediente o procedimiento seguido.
  3. A las formalidades extrínsecas del documento presentado.
  4. A los trámites e incidencias esenciales del procedimiento, a la relación de éste con el titular registral y finalmente.
  5. A los obstáculos que surjan del Registro (cfr. artículo 99 del Reglamento Hipotecario).

Tal doctrina es perfectamente aplicable al caso planteando por cuanto se pretende la anulación de un título de reparcelación inscrito con la consecuente cancelación de asientos registrales, debiendo el registrador valorar la congruencia de dicho mandato con el procedimiento en que se ha dictado, y si éste es el previsto por el legislador para tales efectos.

El complejo supuesto ante el que nos encontramos recibe el nombre de «reparcelación inversa» o «reversión de la reparcelación», que se formaliza para dejar sin efecto, por diversas causas, una reparcelación aprobada e inscrita en el Registro de la Propiedad.

La DG entiende que sin perjuicio de las comunidades que lo han regulado expresamente como el caso de Castilla La Mancha y la Comunidad Valenciana, las que carecen de norma específica, deben de articularlo a través de la tramitación de una modificación del proyecto que, en el caso de la legislación aragonesa aplicable al caso, se somete a los mismos requisitos procedimentales que su aprobación -art- 147 y 68 del Decreto-Legislativo 1/2014, de 8 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón-.

Lo anterior es lo que se lleva a cabo  en el expediente objeto de recurso, en el que se modifica la reparcelación, retrotrayendo el expediente al momento de la aportación de las fincas originarias, habiendo intervenido todos los titulares afectados prestando su conformidad.

 Y al quedar determinado que no había nulidad de pleno derecho sino mera anulabilidad, por la existencia de una infracción del ordenamiento jurídico con desviación del planeamiento,  no procede exigir la revisión de oficio, cauce de utilización excepcional y limitado, al implicar sin que medie decisión judicial, que la Administración pueda volver sobre sus propios actos, dejándolos sin efecto, siendo ello sólo posible cuando concurra de modo acreditado un vicio de nulidad de pleno derecho de los legalmente previstos.

En cuanto a la falta de firmeza de la resolución administrativa, vemos que  frente a la regla general por la que para la rectificación del registro se precisa el consentimiento del titular del asiento a rectificar o, en su caso, una resolución judicial firme dictada en juicio declarativo entablado contra aquél, en este caso se pretende la rectificación en virtud de una resolución dictada en expediente meramente administrativo.

Por ello la DG entiende que “no puede negarse la eficacia rectificatoria de dicha resolución si ha agotado la vía administrativa, por más que sea susceptible de revisión en vía judicial, pues, con carácter de regla general es necesaria y suficiente la firmeza en vía administrativa para que los actos administrativos que implican una mutación jurídico-real inmobiliaria sean susceptibles de inscripción en el Registro de la Propiedad” y en todo caso la firmeza de la resolución administrativa es un requisito esencial para practicar cualquier asiento de cancelación en el Registro (artículo 82 de la Ley Hipotecaria).

No obstante, durante el plazo de reforma de la calificación, se presentó certificación administrativa acreditativa de la firmeza, habiéndose subsanado en plazo el defecto advertido por la registradora en la nota de calificación.

Conclusión: Vemos en esta resolución las diferentes formas de actuación que adopta la Administración ante sus propios actos:

Si adolece de causa de nulidad procede la revisión de oficio.

Si el acto administrativo favorable adolece de una causa de mera anulabilidad, la Administración debe declararlo lesivo, siendo al Juez a quien mediante sentencia lo anulará y dejará sin efecto.

No obstante, si no hay derechos de terceros o todos los interesados están conformes, puede no ser necesario acudir a la declaración de lesividad y consiguiente impugnación judicial, si el acto administrativo adolece de una irregularidad material y es objeto de convalidación con la conformidad de los interesados.

Lo anterior es lo que ocurre en el presente expediente en el que el Ayuntamiento ha seguido el procedimiento previsto en la Ley de Procedimiento Administrativo para la subsanación de vicios de anulabilidad, a través de la modificación del proyecto de reparcelación, y su retroacción al momento en que se incurrió en la irregularidad no invalidante. (MGV)

Corrección de errores de la Resolución de 5 de junio de 2020, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la calificación de la registradora de la propiedad de Gandía n.º 2, por la que se suspende la inscripción de una escritura de préstamo con garantía hipotecaria.

Corrección de errores de la Resolución de 5 de junio de 2020, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la calificación del registrador de la propiedad de Madrid n.º 25, por la que se suspende la inscripción determinada cláusula de los estatutos de dicha comunidad.

Corrección de errores de la Resolución de 5 de junio de 2020, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la negativa de la registradora mercantil de Ciudad Real a practicar el depósito de las cuentas correspondientes al ejercicio 2017 de una entidad.

Corrección de errores de la Resolución de 5 de junio de 2020, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador de la propiedad de Lorca n.º 1 a inscribir una escritura de extinción de comunidad.

Corrección de errores de la Resolución de 5 de junio de 2020, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación del registrador de Las Palmas de Gran Canaria n.º 2, por la que se suspende la expedición de certificación en expediente de dominio de reanudación de tracto sucesivo interrumpido.

Corrección de errores de la Resolución de 5 de junio de 2020, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por la registradora titular del Registro de la Propiedad de Algemesí (Valencia), por la que suspende la inscripción de una escritura en la que, previa rectificación de superficie y lindes de un solar, se declara la rehabilitación del edificio existente sobre la misma y se procede a su constitución en régimen de propiedad horizontal.

445.** INSCRIPCIÓN DE REPRESENTACIÓN GRÁFICA ALTERNATIVA. OPOSICIÓN DE COLINDANTES Y DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA

Resolución de 21 de septiembre de 2020, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación del registrador de la propiedad de Lalín, por la que se deniega la inscripción de una representación gráfica alternativa a la catastral. 

Resumen: en el expediente del artículo 199 LH, la mera oposición de quien no haya acreditado ser titular registral de la finca o de cualquiera de las registrales colindantes determine necesariamente la denegación de la inscripción.

Hechos: se presenta instancia solicitando la inscripción de la representación gráfica alternativa a la catastral acompañando a la misma informe de validación gráfica catastral.

Tramitado el expediente regulado en el artículo 199.2 de la Ley Hipotecaria, y una vez practicadas las notificaciones a los titulares de fincas registrales y parcelas catastrales colindantes, el registrador suspende la inscripción  por haber formulado oposición tanto el Ayuntamiento como tres titulares de fincas colindantes, uno de los cuales aporta un informe técnico con georreferenciación contradictoria, manifestando los otros dos que se oponen a la alteración de la cartografía catastral.

La Dirección confirma la calificación reiterando que, el Registrador, a la vista de las alegaciones efectuadas en el procedimiento, debe decidir motivadamente según su prudente criterio.

En caso de haberse manifestado oposición por algún interesado, constituye uno de los principios de la regulación de la Jurisdicción Voluntaria que, salvo que la Ley expresamente lo prevea, la sola formulación de oposición por alguno de los interesados no hará contencioso el expediente, ni impedirá que continúe su tramitación hasta que sea resuelto. Por tanto, y conforme al artículo 199 de la Ley Hipotecaria, «la mera oposición de quien no haya acreditado ser titular registral de la finca o de cualquiera de las registrales colindantes determine necesariamente la denegación de la inscripción».

En el presente caso resultan identificadas y fundadas las dudas del Registrador en la nota de calificación en cuanto a la existencia de conflicto entre fincas colindantes y posible invasión de una finca colindante. Debe recordarse que los datos físicos que resultan de la cartografía catastral gozan de la presunción de veracidad que establece el artículo 3 de la Ley del Catastro en su apartado 3. (ER)

446. INSCRIPCIÓN DE REPRESENTACIÓN GRÁFICA CATASTRAL. CONCORDANCIA FINCA CATASTRAL-FINCA REGISTRAL

Resolución de 24 de septiembre de 2020, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación de la registradora de la propiedad de Requena, por la que se suspende la inscripción de una representación gráfica catastral. (MGV)

447.** PROPIEDAD HORIZONTAL. DILIGENCIACIÓN DE LIBRO DE ACTAS DE SUBCOMUNIDAD NO INSCRITA

Resolución de 24 de septiembre de 2020, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación de la registradora de la propiedad de Parla n.º 1, por la que se deniega la diligenciación de tres libros de actas de comunidad de propietarios en propiedad horizontal. (IES)

Resumen: No constando inscritas específicamente las distintas subcomunidades aunque sí los edificios, y no constando el acuerdo de la supracomunidad que sí tiene reflejada registralmente la diligenciación del libro de actas, en la diligencia de legalización de los libros de las subcomunidades se expresará el texto de advertencia que la resolución especifica y no se practicará nota marginal en los libros de inscripciones.

Hechos.- Diligenciado el libro de actas de una urbanización o complejo inmobiliario integrado por tres edificios, se presentan ahora para diligenciar, tres libros de actas correspondientes a los tres edificios que lo integran.

En el título constitutivo de la propiedad horizontal inscrito, se hace constancia de los tres edificios, pero no están inscritas las distintas subcomunidades como tales.

Registrador.- suspende la inscripción por no ajustarse al art. 415 RH.

DIRECCIÓN GENERAL.– El artículo 415 del Reglamento Hipotecario desarrolla el modo de proceder del registrador, imponiéndole dos tareas: la práctica de la diligencia en sí, previo cumplimiento de los requisitos exigidos para efectuarla, y el control sucesivo del número de orden de los libros, todo ello referido, con un amplio criterio, a comunidades, subcomunidades y conjuntos inmobiliarios, tanto para el caso de que tales entidades aparezcan inscritas, o como para las no inscritas (obsérvese el apartado 3, letra «b», y el último inciso del apartado 7 del citado precepto reglamentario) mediante la extensión de una nota marginal en el folio abierto en el libro de inscripciones al edificio o conjunto sometido a propiedad horizontal en el primer caso, o bien consignando los datos del libro en un libro fichero, cuando no apareciera inscrita la comunidad.
La interpretación favorable a facilitar la toma de razón de los acuerdos de determinadas comunidades no puede llegar al extremo de admitir la legalización de cualquier tipo de comunidad ordinaria, aun cuando se dote de estatutos o normas, si no cumple las condiciones para la aplicabilidad de la normativa antes reseñada. A este respecto debe recordarse que el régimen especial de propiedad establecido en el artículo 396 del Código Civil es aplicable, según expresa el artículo 24 de la Ley sobre propiedad horizontal, a los complejos inmobiliarios privados que reúnan los siguientes requisitos: a) estar integrados por dos o más edificaciones o parcelas independientes entre sí cuyo destino principal sea la vivienda o locales, y b) participar los titulares de estos inmuebles, o de las viviendas o locales en que se encuentren divididos horizontalmente, con carácter inherente a dicho derecho, en una copropiedad indivisible sobre otros elementos inmobiliarios, viales, instalaciones o servicios.
En el supuesto de este expediente existe legalizado un libro de actas de la mancomunidad o complejo inmobiliario inscrito. Conforme al artículo 415 del Reglamento Hipotecario no se puede legalizar un nuevo libro de actas mientras no se justifique la íntegra utilización del anterior, o en su caso, se comunique su pérdida o extravío o destrucción o se denuncie su substracción.

Pero el recurrente, contra lo que alega la registradora, no pretende legalizar un libro que recoja los acuerdos de una mancomunidad de edificios –la urbanización– que ya tiene legalizado otro libro sino legalizar los correspondientes a cada subcomunidad que la integra. Nada obsta a la diligenciación de los libros de actas de las tres subcomunidades. En estos casos en los que no existe inscrita específicamente las distintas subcomunidades aunque sí los edificios, y no consta el acuerdo de la supracomunidad que sí tiene reflejada registralmente la diligenciación del libro de actas, será necesario que en la diligencia de legalización se exprese –y no solo en la nota al margen del asiento de presentación y en la nota al pie de la solicitud de legalización– que por no resultar de los asientos del Registro de la Propiedad la constitución de la subcomunidad de usuarios y por no constar su reflejo en el libro de actas de la mancomunidad, no se ha consignado por nota al margen de la inscripción de las fincas que según el título la componen, la legalización de los libros y que la consignación en el fichero auxiliar no implica ningún efecto propio de los asientos registrales (en particular no gozará de los principios de legitimación, prioridad, inoponibilidad y fe pública registral), ni prejuzga la calificación sobre los requisitos de constitución de tal comunidad en caso de que se presentara a inscripción, ni ampara frente a eventuales incumplimientos de la normativa administrativa o urbanística .

 En cuanto al cumplimiento de los requisitos que establece la LPH para la constitución de cada comunidad, tales como la convocatoria en forma, orden del día, quórum para tomar acuerdos que afecten a los intereses específicos de cada una de las tres comunidades individualmente consideradas, debe flexibilizarse, y admitir la validez de la solicitud bajo responsabilidad del solicitante, teniendo en cuenta que no se van a beneficiar de los efectos del sistema registral, al no ser objeto de reflejo registral la legalización, sino que van a ser solo objeto de mero diligenciamiento. (IES)

448. ANOTACIÓN DE EMBARGO CADUCADA: NO CABE CANCELAR CARGAS POSTERIORES. TRACTO SUCESIVO

Resolución de 24 de septiembre de 2020, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación de la registradora de Santa Cruz de Tenerife n.º 1, por la que se deniega la anotación preventiva de un mandamiento de embargo. (JAR)

449.* CANCELACIÓN DE INSCRIPCIONES SIN INTERVENCIÓN DE TITULARES REGISTRALES EN DIVISIÓN HORIZONTAL.

Resolución de 24 de septiembre de 2020, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación del registrador de la propiedad de Eivissa n.º 2, por la que se suspende la práctica de determinadas cancelaciones ordenadas en mandamiento judicial.

Resumen: Para inscribir una sentencia judicial tienen que haber sido demandados o haber intervenido en el procedimiento todos los titulares de fincas registrales de la división horizontal en el momento de inscripción en el Registro. 

Hechos: Se pretende la inscripción de una sentencia que ordena la cancelación de varios asientos registrales de una finca dividida horizontalmente en seis fincas. En su día no se tomó anotación preventiva de la demanda.

El registrador suspende la inscripción porque dos de los titulares no han intervenido en el procedimiento.

El interesado recurre y alega que fueron demandados todos los titulares registrales en el momento de interposición de la demanda y que, en todo caso, la sentencia no afecta a las fincas elementos privativos de dichos dos titulares.

La Dirección General desestima el recurso.

Doctrina: para inscribir una sentencia judicial tienen que haber sido demandados, o  haber intervenido en el procedimiento, todos los titulares de fincas registrales que lo sean en el momento de la inscripción. Si existe una anotación preventiva de la demanda los titulares registrales posteriores se consideran notificados.

En el caso de división horizontal, aunque la sentencia no afecte directamente al elemento privativo sí lo afecta indirectamente cuando se modifica o se cancelan asientos de la finca matriz. (AFS)

450.  ACTUALIZACIÓN DE LINDEROS SOLICITADA EN INSTANCIA POR QUIEN NO ES TITULAR REGISTRAL

Resolución de 24 de septiembre de 2020, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación del registrador de la propiedad de Santa Lucía de Tirajana, por la que se suspende la inscripción solicitada en instancia privada de los linderos georreferenciados alegados para una finca y la mitad indivisa de otra. (JLN)

 
453. HERENCIA. FINCA INVENTARIADA COMO PRIVATIVA FIGURANDO INSCRITA COMO GANANCIAL

Resolución de 24 de septiembre de 2020, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por el registrador de la propiedad de Fuenlabrada n.º 4, por la que se suspende la inscripción de una escritura de adjudicación de herencia. (JAR)

454. LEGÍTIMA EN EL DERECHO GALLEGO. PRETERICIÓN

Resolución de 28 de septiembre de 2020, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la calificación de la registradora de la propiedad de Mondoñedo, por la que se suspende la inscripción de una escritura de aceptación y adjudicación de herencias. (ER)

455. DERECHO NAVARRO. SUSTITUCIÓN VULGAR. RENUNCIA. RECTIFICACIÓN

Resolución de 28 de septiembre de 2020, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la calificación del registrador de la propiedad de Estella-Lizarra n.º 1, por la que se suspende la inscripción de una escritura de liquidación conyugal de conquistas, renuncia de legados, aceptación y adjudicación de herencias. (JAR)

456. PARTICIÓN POR CONTADOR PARTIDOR

Resolución de 28 de septiembre de 2020, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la calificación del registrador de la propiedad de Granada n.º 2, por la que se suspende la inscripción de una escritura de aprobación y protocolización de cuaderno particional respecto de dos herencias. (AFS)

457.*** HIPOTECA. RÉGIMEN ECONÓMICO MATRIMONIAL DE LA HIPOECANTE EXTRANJERA

Resolución de 28 de septiembre de 2020, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador de la propiedad de Marbella n.º 3 a inscribir una escritura de constitución de hipoteca. (IES)

RESUMEN: La Dirección General mantiene su doctrina tras la aplicación del Reglamento 2016/1103. Para determinar el régimen económico matrimonial legal, según el artículo 159 RN, «bastará la declaración del otorgante»; dicha manifestación se recogerá por el notario, tras haber informado en Derecho a dicho otorgante de suerte que bajo su responsabilidad deberá desplegar la mayor diligencia al reflejar en el documento autorizado cuál es el régimen económico matrimonial que rige entre los esposos o, al menos, de no tratarse de una ley española, cuál es la ley material extranjera aplicable según la norma de conflicto que debe conocer y observar, atendiendo a las manifestaciones del otorgante sobre circunstancias como su nacionalidad al tiempo de contraer matrimonio, su lugar de celebración o el de la residencia habitual y la ausencia de capítulos etc.

Hechos.- Mediante escritura una señora de nacionalidad rusa constituyó hipoteca sobre una vivienda (que, según manifiesta, no era la habitual de su familia) cuya compra se formalizó inmediatamente antes ante el mismo notario. En la escritura de compraventa se expresó que, al no haber otorgado capitulaciones matrimoniales y no ostentar la misma nacionalidad que su esposo, su régimen económico matrimonial es el legal supletorio en Reino Unido, por ser éste el país de su residencia habitual común inmediatamente posterior a la celebración del matrimonio.

La inscripción de la compraventa, se realiza «a favor» de dicha señora, «con sujeción a su régimen matrimonial». En la escritura se hace constar que dicha señora «compra y adquiere para sí con carácter privativo».

 El registrador suspendió la inscripción de la hipoteca, porque no consta acreditado el régimen matrimonial de separación de bienes de la adquirente y tampoco se acredita que, según la ley aplicable, dicha señora, pueda disponer por sí sola de la finca.

El notario autorizante de la escritura extendió diligencia complementaria de la anterior escritura de compraventa, haciendo constar resumidamente que, dada la distinta nacionalidad de los cónyuges en el momento del matrimonio (rusa y británica) y conforme a lo exigido por el artículo 159 del Reglamento Notarial, indagó sus circunstancias personales y patrimoniales al objeto de la adecuada aplicación de la norma de conflicto española, para determinar el régimen económico matrimonial aplicable, expresándose en la escritura que su régimen matrimonial era el legal supletorio en el Reino Unido, como país de su residencia habitual común inmediatamente posterior a la celebración del matrimonio, de modo que, al ser ese régimen el legal correspondiente y no el convencionalmente pactado, se expresó así por la mera declaración de la otorgante; que la fecha correcta del matrimonio fue el día 23 de marzo de 2019 (y no anterior al 29 de enero de 2019, como por error se expresó en la escritura), y, por tanto, vigente el Reglamento (UE) 2016/1103 del Consejo, de 24 de junio de 2016, si bien «La aplicación de dicho reglamento conduce al mismo régimen económico matrimonial expresado en la escritura, pues su artículo 20 señala su vocación universal (“aunque la ley aplicable sea la de un Estado no miembro”) y, conforme a su artículo 21, para todos los bienes incluidos en dicho régimen, con independencia de donde los bienes estén situados. También hace constar con valor de testimonio de ley, que en el Reino Unido el sistema legal es el de absoluta separación del patrimonio de cada uno de los cónyuges, que conduce a la libre administración y disposición de cada uno sobre sus bienes propios.

El registrador, a la vista de la diligencia practicada, considera que no se ha subsanado el defecto porque el Reglamento 2016/1113 de  24 de junio de 2016, se basa en el común acuerdo de los cónyuges para designar la ley aplicable al régimen económico del matrimonio, y en defecto de elección común, será la ley de la residencia habitual común tras la celebración del matrimonio y por tanto, «No se acredita la elección de la residencia habitual común tras la celebración del matrimonio con el acuerdo del otro cónyuge; por lo que es necesario su conocimiento y aprobación de lo actuado, siendo insuficientes manifestaciones unilaterales”

El notario recurrente alega, en síntesis, lo siguiente:

– Si el régimen económico matrimonial del adquirente es convencional, en la escritura debe testimoniarse el correspondiente contrato matrimonial.

– Si por ausencia de capítulos, el régimen económico matrimonial del adquirente es el legal supletorio, en la escritura no es preciso que conste el contenido de ese régimen, pero sí el Estado cuya legislación lo regula, y su determinación se basará en la manifestación notarialmente informada del otorgante y la aplicación de la correspondiente norma de conflicto española.

–   Si el contenido del régimen (comunidad o separación, principalmente) resulta acreditado por las capitulaciones o por el conocimiento del legal supletorio por el notario o por el registrador, la inscripción debe practicarse conforme a dicho régimen, artículo 159 del Reglamento Notarial,

DIRECCION GENERAL.– Estima el recurso y reitera la doctrina del Centro Directivo, (cfr. Resoluciones de 25 de julio y 31 de agosto de 2017, 2 de abril y 7 y 10 de septiembre y 19 de octubre de 2018, 1 de marzo y 7 de noviembre de 2019 y 10 de junio de 2020)

 Reproduce los argumentos del notario recurrente.  Argumentos que no cambian por el hecho de que la norma de conflicto aplicable sea el Reglamento (UE) nº 2016/1103, de 24 de junio de 2016.

Añade que el notario ha cumplido con la mayor diligencia. No puede el registrador exigir que se acredite la elección de residencia habitual común tras la celebración del matrimonio ni el acuerdo o aprobación del otro cónyuge, pues según el artículo 159 del Reglamento Notarial, «bastará la declaración del otorgante», entendiendo este Centro Directivo, que dicha manifestación se recogerá por el notario, tras haber informado en Derecho a dicho otorgante (de suerte que – bajo su responsabilidad y empleando a tal efecto la fórmula que estime oportuna- deberá desplegar la mayor diligencia al reflejar en el documento autorizado cuál es el régimen económico matrimonial que rige entre los esposos o, al menos, de no tratarse de una ley española, cuál es la ley material extranjera aplicable según la norma de conflicto que debe conocer y observar, atendiendo a las manifestaciones del otorgante sobre circunstancias como su nacionalidad al tiempo de contraer matrimonio, su lugar de celebración o el de la residencia habitual y la ausencia de capítulos). En el presente caso, por tratarse de la legislación inglesa no existe propiamente un régimen económico matrimonial sino simple aplicación de la ley material de Reino Unido, y el notario ha precisado cuál es esta ley aplicable así como su alcance, al afirmar, por su conocimiento directo, que en dicho sistema legal existe «absoluta separación del patrimonio de cada uno de los cónyuges, que conduce a la libre administración y disposición de cada uno sobre sus bienes propios» (cfr. artículo 36 del Reglamento Hipotecario).

La adquisición por compraventa debió haberse inscrito a nombre de la compradora, para sí o con carácter privativo según el régimen legal supletorio en Reino Unido (y no, como se ha hecho, «con sujeción a su régimen matrimonial», sin expresar cuál es este). No es necesario que el cónyuge no titular consienta en la hipoteca que se pretende inscribir o en la determinación del régimen económico matrimonial aplicable. De las manifestaciones que vierte el notario autorizante en la referida diligencia (y, especialmente su afirmación sobre el conocimiento del sistema legal supletorio vigente en Reino Unido), resulta probado- conforme al artículo 36 del Reglamento Hipotecario- el derecho extranjero, (vid entre otras, Resolución de 20 de julio de 2015).) (IES)

458. RECURSO CONTRA CALIFICACIÓN POSITIVA Y NOTA DE DESPACHO DE ESCRITURA INSCRITA

Resolución de 30 de septiembre de 2020, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la calificación de la registradora de la propiedad de Sort, por la que se practicó inscripción de adjudicación de herencia y legado. (MGV)

459. CESIÓN DE DERECHOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO Y OPCIÓN DE COMPRA

Resolución de 30 de septiembre de 2020, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la calificación del registrador de la propiedad de Gavà, por la que se suspende la inscripción de una escritura de cesión de derechos en contrato de arrendamiento financiero, incluido el derecho de opción de compra. (AFS)

460.** DONACIÓN DE MITAD INDIVISA DE VIVIENDA PROTEGIDA

Resolución de 30 de septiembre de 2020, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la negativa de la registradora interina de O Barco de Valdeorras a inscribir una escritura de donación. (IES)

Resumen. La duración general del régimen de protección de las viviendas para las que se hubiera obtenido financiación especial debe diferenciarse del régimen dispositivo de las mismas; el hecho de que haya transcurrido el plazo de vigencia de las prohibiciones de disponer no determina que la vivienda sea libre o haya quedado descalificada automáticamente.

 Hechos.- Debe determinarse en el presente expediente si es posible practicar la inscripción de la donación de una mitad indivisa de una finca calificada definitivamente como vivienda protegida de promoción privada en el año 2001 y para cuya adquisición se obtuvo la concesión de un préstamo cualificado el mismo año, figurando en el folio registral de la finca nota marginal con el siguiente texto: «Limitada su transmisibilidad de conformidad con el Real Decreto 1186/1998, de 23 de junio».

La Registradora invoca el artículo 20 del Decreto 345/1998

La recurrente, por el contrario, sostiene que la disposición es libre al haber transcurrido el plazo de diez años que resulta del artículo 12 del Real Decreto 1186/1998.

Dirección General.- Estima el recurso.

 La mitad indivisa de la vivienda cuya transmisión se pretende inscribir tiene la consideración de Vivienda Protegida de Promoción Privada en Galicia y por ello queda sujeta a las normas establecidas por la legislación de dicha Comunidad Autónoma.

Los artículos 58 y 61 de la Ley 8/2012, de 29 de junio, de vivienda de Galicia; el Real Decreto 1186/1998, de 12 de junio y el Decreto 345/1998, de 20 de noviembre, constituyen el marco normativo aplicable al presente caso.  A la vista de lo dispuesto en el  artículo 61 de la Ley 8/2012, de 29 de junio, de vivienda de Galicia, la duración del régimen legal de protección de las viviendas protegidas depende de varios factores: de la tipología de vivienda de que se trate, de las ayudas concedidas para su adquisición, y por fin, de la fecha de la calificación definitiva de la misma. La vivienda objeto de la donación fue calificada definitivamente en 2001 y  queda sujeta al Plan de Vivienda para el periodo 1998-2001, regulados en el ámbito estatal por el Real Decreto 1186/1998  y en el ámbito autonómico por el citado Decreto 345/1998, de Galicia.

Del art. 12.4 del Real Decreto 1186/1998, de 12 de junio, en su redacción dada por el Real Decreto 115/2001, de 9 de febrero y de los artículos 12.3 y 20 del Decreto 345/1998 el Decreto 345/1998, de 20 de noviembre, modificado por el Decreto 85/2001, de 6 de abril, resulta que el plazo de duración del régimen legal de protección de las viviendas para las que se hubieran obtenido condiciones especiales de financiación será el que se determine en la calificación definitiva, haciéndose extensivo en todo caso al periodo de amortización del préstamo cualificado, y debiendo ser como mínimo de quince años contados desde la fecha de la declaración definitiva, transcurrido el cual podrá solicitarse la descalificación voluntaria a petición de los propietarios.–

A las prohibiciones de disposición de las viviendas protegidas para las que se hubiera obtenido un préstamo cualificado, y más, en concreto, a la prohibición de transmitir por actos inter vivos, y, por ende, de donar las viviendas protegidas se refieren los artículos 12.2 del Real Decreto 1186/1998 y 12.1 del Decreto 345/1998: conforme a éste último «Los adquirientes, adjudicatarios y promotores individuales para uso propio no podrán transmitir inter-vivos ni ceder el uso por ningún título de las viviendas para las que hubiesen obtenido préstamo cualificado, durante el plazo de diez años desde la formalización de dicho préstamo. No obstante, la Comunidad Autónoma podrá dejar sin efecto esta prohibición de disponer, por subasta y adjudicación de la vivienda por ejecución judicial del préstamo, por cambio de localidad de residencia del titular de la vivienda o por otros motivos justificados, previa cancelación del préstamo y reintegro de las ayudas económicas directas a la administración o administraciones concedentes, incrementadas con los intereses legales desde el momento de la percepción».

En el presente caso, habiéndose formalizado el préstamo cualificado por escritura de 26 de junio de 2001 y la donación de la vivienda en el año 2019, resulta evidente que ha transcurrido el plazo de diez años que prevén los artículos 12 del Real Decreto 1186/1998 y del Decreto 345/1998, sin que pueda invocarse el artículo 20 de este último Decreto, pues se refiere a la duración general del régimen de protección de las viviendas para las que se hubiera obtenido financiación especial pero no al régimen dispositivo de las mismas; el hecho de que haya transcurrido el plazo de vigencia de las prohibiciones de disponer no determina que la vivienda sea libre o haya quedado descalificada automáticamente pues, en todo caso, seguirán vigentes las demás limitaciones que a estas viviendas y préstamos se aplican, por todo el tiempo que reste para el transcurso del plazo de duración del régimen legal de protección, que en este supuesto, será por todo el periodo de amortización del préstamo, esto es, hasta el día 1 de octubre de 2022, salvo cancelación registral previa del préstamo hipotecario o descalificación voluntaria previa en las condiciones reglamentariamente exigidas. (IES)

462. INSCRIPCIÓN DE REPRESENTACIÓN GRÁFICA CATASTRAL. DUDAS DE IDENTIDAD

Resolución de 30 de septiembre de 2020, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación del registrador de la propiedad de Torrevieja n.º 3, por la que se suspende la inscripción de una representación gráfica catastral. (ACM)

463. EMBARGO CONTRA LA HERENCIA YACENTE Y DESCONOCIDOS HEREDEROS DEL TITULAR REGISTRAL

Resolución de 30 de septiembre de 2020, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por la registradora de la propiedad de Vigo n.º 3, por la que suspende la extensión de anotación preventiva de embargo ordenada en sede de un proceso de ejecución de títulos judiciales. (ACM)

464.*** SUCESIÓN SUJETA AL DERECHO BRITÁNICO SIN PROBATE. PROFESSIO IURIS 

Resolución de 1 de octubre de 2020, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador de la propiedad de Tías a inscribir una escritura de herencia internacional. (IES)

Resumen.- No es necesaria para la liquidación sucesoria de las sucesiones regidas por la ley británica sobre bienes situados en España, la obtención de «probate» en Reino Unido ni acreditar la imposibilidad de su obtención. Confirma la doctrina ya dictada respecto de las sucesiones regidas por la ley británica sobre bienes situados en España, por «professio iuris» (incluso tácita transitoria) y ahora por la «professio iuris» establecida en títulos sucesorios otorgados tras la entrada en aplicación del Reglamento ante Notario español.

Hechos.- Se plantea, como única cuestión, un tema ya resuelto por este Centro Directivo. Concretamente si debe exigirse en una sucesión sujeta a Derecho británico (Inglaterra y Gales) el acompañamiento de la resolución, expedida por el «Probate Service» no contenciosa y más próxima, en el Derecho español, con las consiguientes adaptaciones, a un acto de jurisdicción voluntaria, conocida por «probate» («Grant of Representation»), con la peculiaridad, en este caso, de que el testamento ante notario español, correctamente extendido a la totalidad de sus bienes, en el que el causante ordenaba «professio iuris» a la ley nacional del testador, y concretamente a su «domicile», se otorgó después de la entrada en aplicación del Reglamento (UE) n.º 650/2012, y por tanto si este hecho –no tratarse de un supuesto transitorio contemplado en el art. 83.2 del Reglamento– varía en algo la apreciación que del supuesto ha hecho este Centro Directivo en sus Resoluciones de 2 de marzo de 2018 y 14 de febrero de 2019.

Registrador.- Debe solicitarse en Reino Unido el Probate y que sea la negativa a su expedición la que demuestre su innecesesariedad,

Notario.- Alega la doctrina que rige hasta la fecha.

Dirección General.- Confirma su doctrina, hace hincapié en la distinción de normativa que separa el artículo 1 del Reglamento con la aplicación de la Lex Rei Sitae a los procedimientos necesarios para la transmisión de los bienes inmuebles. La lex rei sitae conlleva que los procedimientos necesarios para la transmisión de los inmuebles, una vez establecida la sucesión mortis causa (artículo 1 del Reglamento Europeo de Sucesiones) se determine por la ley del lugar de situación de los inmuebles con las necesarias adaptaciones (artículos 1.2.k y.l, 10, 11 y 27 y Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 12 de octubre de 2017, asunto C-218/16 [Kubicka]).

La exigencia del registrador, además de suponer un trámite costoso y dilatorio y por lo tanto contrario a la interpretación del Reglamento, dirigido a facilitar la vida de los ciudadanos europeos –en su aplicación universal–, resulta incompatible con el tenor del artículo 12, párrafos 1 y 2 del Reglamento (UE) 650/2012, facilitando precisamente la sucesión de bienes en un Estado miembro cuando esté implicado un tercer país, como lo es Reino Unido, al establecer, en términos aplicables a las herencias no contenciosas ante notario español, en cuanto actúa como autoridad sucesoria, que «Cuando la herencia del causante comprenda bienes situados en un tercer Estado, el tribunal que sustancie la sucesión podrá, a instancia de una de las partes, no pronunciarse sobre uno o más de dichos bienes, en caso de que quepa esperar que su resolución respecto de los mismos no vaya a ser reconocida ni, en su caso, declarada ejecutiva en ese Estado. El apartado 1 no afectará al derecho de las partes a limitar el alcance de los procedimientos en virtud de la ley del Estado miembro del tribunal que conozca del asunto».

Comentario.- Nada que objetar a esta postura que he mantenido en todos los trabajos en que he analizado el artículo 29 del Reglamento, con estos argumentos y otros. En los sistemas del Common Law, cabe hablar de un derecho concerniente a la administración y liquidación de las sucesiones de marcado carácter procesal y, por tanto, de clara vocación territorial y un derecho sustantivo de sucesiones que descansa sobre el principio de libertad de testar; vid, entre otros, “Artículo 29”. Sucesiones Internacionales. Comentarios al Reglamento (UE) 650/2012. Directores José Luis Iglesias Buigues y Guillermo Palao Moreno. Editorial Titant lo Blanch. Valencia 2015.  página 233 y siguientes. (IES)

466. CANCELACIÓN DE ANOTACIÓN DE DEMANDA. FIRMEZA DEL AUTO

Resolución de 8 de octubre de 2020, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la negativa de la registradora de la propiedad de Barcelona n.º 16 a cancelar una anotación preventiva de demanda. (MN)

467. SUBROGACIÓN ACTIVA DE PRÉSTAMO HIPOTECARIO

Resolución de 8 de octubre de 2020, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador de la propiedad de Oviedo n.º 2, por la que se deniega la práctica de una nota marginal de subrogación activa en un préstamo hipotecario en virtud de una escritura de ratificación y acta de requerimiento. (AFS)

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468. INSCRIPCIÓN DE REPRESENTACIÓN GRÁFICA CATASTRAL. DUDAS DE IDENTIDAD

Resolución de 8 de octubre de 2020, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación de la registradora de la propiedad de Colmenar Viejo n.º 2, por la que se suspende la inscripción de una representación gráfica catastral. (MN)

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469. RECTIFICACIÓN DE SERVIDUMBRE SIN CONSENTIMIENTO DE TODOS LOS TITULARES REGISTRALES

Resolución de 8 de octubre de 2020, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación del registrador de la propiedad de Las Palmas n.º 4, por la que se suspende la inscripción de la rectificación de una servidumbre por falta de consentimiento de todos los titulares registrales. (JAR)

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470. PLUSVALÍA MUNICIPAL. ADICIÓN DE HERENCIA

Resolución de 8 de octubre de 2020, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación del registrador de la propiedad de Alicante n.º 1, por la que suspende la inscripción de una escritura de adición de herencia. (MN)

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471.** DIVORCIO. RESOLUCIÓN JUDICIAL DE TRIBUNAL BRITÁNICA SIN EXEQUATUR.

Resolución de 8 de octubre de 2020, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto en relación a la inscripción de una General Form of Order-Financial Order británica acompañada del anexo II del Reglamento (CE) n.º 4/2009, de 18 de diciembre de 2008. (IES)

Resumen: El reconocimiento incidental que realiza el registrador, como forma singular del reconocimiento general de los Reglamentos europeos –en los que se suprime el exequatur–  no excluye la calificación, conforme al art. 12 del Código Civil.

Hechos.- Se plantea si es posible la inscripción en el Registro de la Propiedad de una resolución («General Form of Order-Financial Order»), dictada por un Tribunal de familia británico, sobre finca que figura inscrita a nombre de persona distinta del obligado a transmitir. La orden, traducida y apostillada, constituye una resolución judicial firme, expedida por Juez ingles en un procedimiento de divorcio, acompañada entre otros documentos, en lo relevante, del anexo II del Reglamento (CE) n.º 4/2009 del Consejo, de 18 de diciembre de 2008, relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones y la cooperación en materia de obligaciones de alimentos.

En dicha resolución se ordena que se transmita el pleno dominio de una vivienda y una participación indivisa (“el demandado transmitirá…”). La vivienda fue en su día privativa del esposo obligado a favor de la esposa si bien, actualmente, aparece inscrita a favor de un tercero.

La recurrente considera que en base al artículo 59 de la Ley 29/2015, el registrador debe inscribir directamente la orden sin que sea óbice o impedimento la falta de tracto sucesivo, debido a la existencia de transmisiones que considera fraudulentas y sobre las que ha iniciado litigio.     

El registrador deniega la inscripción.

Dirección General.– Desestima el Recurso y confirma la calificación del Registrador, que resumidamente es como sigue:

1º.- El hecho de estar inscritos los inmuebles a nombre de titular registral distinto (que no ha sido parte en procedimiento judicial alguno) impide de plano, la inscripción.

2º.- Es doctrina reiterada de este Centro Directivo (vid. resolución de 20 de junio de 2013), que el reconocimiento incidental que realiza el registrador, como forma singular del reconocimiento general de los Reglamentos europeos, en los que se suprime el exequatur, como son los que aquí interesan, no excluye la calificación, conforme al art. 12 del Código Civil.

3º.- En cuanto a las fuentes normativas, la resolución judicial británica –dictada al amparo de un procedimiento de divorcio y de una resolución de alimentos, ambos fundadas en Reglamentos europeos (CE) n.º 2201/ 2003 y n.º 4/2009–, no permiten la aplicación de la Ley de Cooperación Jurídica Internacional, de carácter subsidiario a la legislación europea y a la convencional. Correcto

En base a los artículos 67 y 68 del Acuerdo sobre la retirada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión Europea y de la Comunidad Europea de la Energía Atómica, (versión consolidada a 12 de junio de 2020), ambos instrumentos hoy se encuentran vigentes, en los términos que allí se exponen, entre el Estado de origen, Reino Unido, y el de recepción, España.

4.- La vigencia de esta normativa no implica una ejecución inmediata.

El anexo II del R. (CE) n.º 4/2009, que acompaña la resolución judicial, se refiere al extracto de una resolución o transacción judicial en materia de obligación de alimentos sometido a un procedimiento de reconocimiento y declaración de exequátur; por lo tanto, será una resolución judicial española la que establezca el reconocimiento de la misma y en su caso la adaptación de las medidas adoptadas en origen.

5.- Conforme a los artículos 10.1 y 12 del Código Civil, todo requisito referente a la «lex rei sitae», y por tanto a los requisitos para el acceso a los libros registrales, su funcionamiento y eficacia, corresponderán al ordenamiento jurídico español. (Cfr. Sentencia de la Sala Primera Tribunal Supremo de 19 de junio de 2012).

 6.-  El título,  por sí mismo, no constituye, reconoce, transmite, modifica ni extingue el dominio– como señala el registrador, conforme a los arts. 1. 3 y 20 de la Ley Hipotecaria.

7.-  Fundándose la pretensión en una sentencia de divorcio, no ha sido presentada con los requisitos formales necesarios, pues dicha sentencia no está inscrita en el Registro Civil correspondiente, siendo al menos la esposa española.

 8.- Pese a no constituir un título con trascendencia jurídico-real, tiene razón el registrador al observar que, al pretender que se inscriba una transmisión de domino, aunque no sea tal, en base a la disposición Adicional Sexta de la Ley de Capitalidad, Ley 22/2006 de 4 de julio, corresponde acreditar conforme artículo 254.5 de la Ley Hipotecaria que se han realizado la presentación o notificación prevista en relación al Impuesto sobre el Incremento del valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, por lo que corresponde asimismo confirmar el defecto observado.  (IES)

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472. EJECUCIÓN HIPOTECARIA DE FINCA DE ENTIDAD CONCURSADA EN FASE DE LIQUIDACIÓN

Resolución de 9 de octubre de 2020, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la negativa de la registradora de la propiedad de Adra a inscribir un testimonio de decreto de adjudicación y mandamiento de cancelación de cargas dimanantes de procedimiento de ejecución hipotecaria. (MN)

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473. COMPRAVENTA. PREVIA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO CIVIL DEL RÉGIMEN DE SEPARACIÓN DE BIENES

Resolución de 9 de octubre de 2020, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la negativa de la registradora de la propiedad de El Rosario-Área Metropolitana de Santa Cruz de Tenerife a inscribir una escritura de compraventa. (JAR)

 

RESOLUCIONES MERCANTIL
412.* CESE Y NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADORES MEDIANTE TRANSACCIÓN HOMOLOGADA JUDICIALMENTE.

Resolución de 1 de septiembre de 2020, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la negativa de la registradora mercantil y de bienes muebles I de Cádiz a inscribir el cese de administrador único y nombramiento de administradores mancomunados de una sociedad anónima.

Resumen: Una transacción homologada judicialmente no es título inscribible en el Registro Mercantil, si su contenido hace referencia a un acuerdo para cuya inscripción se exige escritura pública. Además esa transacción deberá contener, en su caso, todos los demás requisitos exigidos por la ley mercantil para que su contenido sea objeto e inscripción.

Hechos: Se presenta en el Registro un mandamiento expedido en procedimiento judicial sobre liquidación de régimen económico matrimonial y división de herencia, en el cual se homologó una transacción entre demandantes y demandados, disponiéndose en dicho mandamiento el cese del administrador único de una sociedad anónima y el nombramiento de cuatro administradores mancomunados.

La registradora deniega la inscripción del mandamiento por varios defectos de los cuales el único recurrido es el siguiente:

El documento presentado no constituye título inscribible, “debiendo ser objeto de elevación a escritura pública si se pretende su incorporación a los libros del Registro”. Añade que la “transacción, aun homologada judicialmente, no es una sentencia y por ello carece de su contenido y efectos por cuanto, al carecer de un pronunciamiento judicial sobre el fondo del asunto, nada impide su impugnación judicial en los términos previstos en la Ley” y que la homologación “no altera el carácter privado del documento pues se limita a acreditar la existencia de dicho acuerdo”.

Se recurre por parte de los interesados limitándose a insistir en el carácter inscribible de la transacción, en los perjuicios que a la sociedad se le puede ocasionar por la no inscripción y a que mandamientos similares se han inscrito en otros registros.

Resolución: La DG, respecto del único defecto recurrido, confirma la nota de calificación.

Doctrina: La DG se limita a reiterar si doctrina sobre la eficacia de la homologación judicial de un pacto transaccional citando la Resolución de 6 de septiembre de 2016, en la que dijo que “la transacción, aun homologada judicialmente no es una sentencia y por ello carece de su contenido y efectos por cuanto, al carecer de un pronunciamiento judicial sobre el fondo del asunto, nada impide su impugnación judicial en los términos previstos en la Ley”, algo ya expresado por la calificación registral y que “la homologación judicial no altera el carácter privado del documento pues se limita a acreditar la existencia de dicho acuerdo”.

Por ello confirma que “para inscribir el cese de administrador único y nombramiento de administradores mancomunados debe constar en escritura pública el correspondiente acuerdo en junta de socios constituida con cumplimiento de los requisitos establecidos por la Ley de Sociedades de Capital (artículos 209, 210 y 285)”.

Comentario: Aparte del carácter no inscribible de la transacción homologada judicialmente, quizás lo más importante de esta resolución es lo que dice in fine relativo al necesario acuerdo de junta de socios con cumplimiento de todos los requisitos exigidos para su validez, y por supuesto en escritura pública por la existencia de cambio en la forma de administración de la sociedad, que de administrador único pasaba a cuatro mancomunados, lo que también es insólito pues al tratarse de una sociedad anónima cuando la administración se confíe a más de dos administradores obligatoriamente debe constituirse un consejo de administración(art. 210 LSC).

Ya la registradora en su calificación había expresado otra serie de defectos no recurridos, entre los que se encontraba lógicamente la necesaria escritura pública al tratarse de modificación del sistema de administración, la necesidad de que el acuerdo sea tomado en junta general, la falta de circunstancias personales, la aceptación y la designación de cargos dentro del Consejo de Administración (art 38, 138, 141 RRM), entre otros.

 Por consiguiente, queda clara la posibilidad de que los socios de una sociedad lleguen para dirimir sus diferencias a un acuerdo transaccional dentro de un pleito, pero ese acuerdo transaccional aunque sea homologado judicialmente, para su inscripción habrá contener todos los requisitos necesarios para ello. Es decir que la transacción, si en ella no participan la totalidad de los socios, obligará a los que la celebren a votar en un sentido determinado en la junta general que se celebre, pero no podrá vincular al resto de los socios y mucho menos a la sociedad. De ello resulta que para que una transacción homologada judicialmente sea título inscribible, deberá constar en la misma que son los participantes en la transacción los únicos socios y que el acuerdo o acuerdos que se adopten no son ninguno de los que según la ley mercantil se necesita para su inscripción en el Registro escritura pública.(JAGV)

414.*** REDUCCIÓN DE CAPITAL POR DEVOLUCIÓN DE APORTACIONES NO PARITARIA: REQUIERE UNANIMIDAD.

Resolución de 2 de septiembre de 2020, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador mercantil III de Sevilla a inscribir la escritura de reducción del capital de una sociedad.

Resumen: No es posible una reducción de capital por restitución de aportaciones, que no afecte por igual a todos los socios, si el acuerdo no se adopta por unanimidad de todos ellos. También exige la unanimidad el que la restitución de aportaciones se haga en especie.

Hechos: El problema que plantea esta resolución se centra en ver si es posible un acuerdo de reducción de capital social, adoptado por una sociedad limitada en junta universal, pero con el voto en contra del 20% del capital social, y en virtud del cual se reduce el capital para restituir aportaciones solo a uno de los socios, siendo el importe restituido mediante la adjudicación de una finca de valor muy superior al nominal del capital reducido. Los socios que votaron en contra expresaron que dicho acuerdo requería unanimidad de todos los socios estando disconformes con el valor de la restitución mediante la adjudicación de dicho bien inmueble. En la escritura comparece el secretario del consejo y la socia afectada y manifiestan que el acuerdo se tomó con las mayorías exigidas por la LSC, y sin que exista “violación del principio de igualdad de trato por lo que no existe justificación alguna para exigir el consentimiento unánime de todos los socios”.  Añaden, respecto de los socios que votaron en contra, “que su parte de capital social no ha sido objeto de aguamiento o supresión, y su posición social ha sido mantenida” y todo ello de conformidad con la Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado, de dieciséis de mayo de dos mil dieciocho.

El registrador suspende la inscripción por dos defectos subsanables:

1º. Es necesario el consentimiento de todos los socios “dado que, la reducción de capital social acordada -… no afecta por igual a todas las participaciones … tal y como establece el artículo 329 de la Ley de Sociedades de Capital”. A continuación, desarrolla el defecto mediante la interpretación del citado artículo centrándose en el principio de igualdad de trato para todos los socios.

2º. Dado que la “regla general en materia de reducción de capital social es que ésta debe restituirse a los socios en dinero … para que pueda efectuarse en “especie”, si no está previsto en estatutos, requiere la aprobación unánime de los socios por afectar a derechos individuales de los socios (Ver RDGRN de 30-7-2015)”. Art. 318.2 de la LSC.

Los interesados recurren. Dicen que la calificación considera que cuando la Ley habla de “esas” participaciones, se refiere a “todas” las participaciones sociales. Por ello concluyen que  la expresión “esas” del artículo 329 de la Ley de Sociedades de Capital, debe interpretarse literalmente y no puede equivaler a “todas”, sino solamente a las participaciones afectadas por la reducción de capital, lo cual es conforme con el artículo 3,1 del Código Civil relativo a la interpretación de las normas.

Resolución: La DG confirma ambos defectos.

Doctrina: La DG, para llegar a la solución del problema planteado en esta resolución, hace un repaso de las normas que disciplinan la reducción de capital en las sociedades de capital manifestando que la Ley establece una serie de garantías, tanto para tutela de los acreedores como de los mismos socios.

En relación a los socios establece medidas para impedir que la reducción de capital pueda conllevar un perjuicio “de la posición que ostentaban en la sociedad o, incluso, su expulsión del cuerpo social” y también para salvaguarda de su posición jurídica. Así el artículo 329 no es sino una aplicación del art. 97 de la misma LSC que “consagra en nuestro ordenamiento el principio de paridad de trato entre los socios”.

Aparte de ello el artículo 330, establece que la “devolución del valor de las aportaciones a los socios habrá de hacerse a prorrata del valor desembolsado de las respectivas participaciones sociales o acciones, salvo que, por unanimidad, se acuerde otro sistema”.

Según todo ello la DG señala que “el acuerdo de reducción de capital con devolución de aportaciones debe afectar por igual a todos los socios, lo que conlleva que la alteración que de la posición jurídica resulte debe ser idéntica para todos ellos”.

Para reforzar su idea cita el artículo 292 de la Ley de Sociedades de Capital según el cual si una modificación de estatutos afecta a los derechos individuales de cualquier socio de una limitada el acuerdo “deberá adoptarse con el consentimiento de los afectados”.

En definitiva, para que el acuerdo de reducción no afecte a los derechos de la minoría y no sea preciso su consentimiento será necesario que el acuerdo no suponga “una violación del principio de igualdad de trato”.

Así además lo ha establecido el propio CD con las llamadas operaciones “acordeón”.

Finalmente para obviar la defectuosa redacción del artículo 329 de la LSC, que era alegado en su interpretación literal por los recurrentes, viene a decir que esa interpretación no puede ser aceptada, pues aparte de que el precepto del del que deriva el artículo, que es el 79.2 de la LSRL de 1995, venía a exigir el consentimiento de todos los socios,  “lo cierto es que existe disparidad de trato entre esa socia a quien se reembolsa el valor de su participación y los restantes socios, que no reciben nada y, por tanto, son afectados, toda vez que su posición en la sociedad queda alterada, de modo que debe aplicarse el artículo 292 de la Ley de Sociedades de Capital, que requiere el consentimiento unánime para cualquier modificación que afecte a los derechos individuales de cualquier socio”.

En cuanto al segundo defecto de la nota de calificación reconoce la DG  que la LSC “no contiene una previsión expresa de que su ejecución haya de llevarse a cabo mediante la entrega de una cantidad de numerario” pero que no obstante  de la propia ley resultan indicios suficientemente convincentes “de que la situación natural que establece es precisamente la de reembolso en dinero; el propio concepto de restitución del valor a que se refieren los artículos 317, 329 y 330 del texto legal hace referencia al carácter de equivalencia que cumple el dinero como medida de valor” y en materia de liquidación el artículo 393.1 viene a disponer que: “Salvo acuerdo unánime de los socios, éstos tendrán derecho a percibir en dinero la cuota resultante de la liquidación”. Y por su parte el RRM en su art. 170 dispone que, para la inscripción, en la escritura de reducción del capital debe consignarse «(…), en su caso, la suma que haya de abonarse a los accionistas», o el artículo 201.3, que respecto de la reducción con restitución del valor se refiere a «la suma dineraria (…) que haya de entregarse a los socios” salvo claro está que los estatutos prevean otra cosa o que, por unanimidad, se hubiere acordado lo contrario.

Comentario: La conclusión que se extrae de esta resolución es clara: no es posible una reducción de capital por restitución de aportaciones que no afecte por igual a todos los socios, si el acuerdo no se adopta por unanimidad de todos ellos. También que para que la restitución de su aportación al socio lo sea en especie se exige la unanimidad. Por tanto, estos acuerdos sólo podrán adoptarse en junta universal con asistencia de todos los socios.

Aunque la DG pone el quicio de su argumentación en el principio de igualdad de trato consagrado en el artículo 97 de la LSC, nos parece que el principal argumento para interpretar el artículo 329 de la LSC en el sentido en que se hace se encuentra en el citado artículo de la derogada LSRL de 1995. Efectivamente como hace notar la DG el artículo 79 de dicha Ley venía a exigir en estos casos el acuerdo de todos los socios y, por consiguiente, aunque ahora una interpretación literal del art. 319 nos haga pensar que sólo es necesario el acuerdo del socio afectado, si tenemos en cuenta los antecedentes legislativos debemos llegar a la solución contraria. Lo que ocurre es que para la DG el argumento de la legislación de 1995 ya derogada, en otras ocasiones como es el caso de la reducción de capital por pérdidas, no lo ha hecho así exigiendo como ahora hace el texto refundido el informe de auditor para las limitadas, con apoyo en el nuevo artículo dedicado a ello en el TR.

Lo que sí parece claro es que las circunstancias concurrentes en el caso también habrán tenido que ver en la solución final que se le ha dado. Téngase en cuenta que la reducción era por un nominal de 6.971,74 euros, y para pago de sus participaciones se le transmitía una finca valorada en 277.766,64 euros, es decir con una plus valía superior al 3900 %. Es de suponer que la sociedad en su balance acreditara estas plusvalías, en cuyo caso el resto de los socios  , pero el problema está en que, para mantener esa igualdad pregonada entre socios, habría al menos que ofrecerles a los socios disconformes lo mismo que al socio que salía de la sociedad. Desde este punto de vista tanto la calificación como la solución que da la DG están más que justificadas.

Finalmente en cuanto a la cita que hacen los recurrentes de la resolución de 16 de mayo de 2018, no sirve para apoyar sus argumentos, pues en esta, efectivamente,  para una reducción de capital por restitución de aportaciones no se exigió la unanimidad pero el motivo de ello fue que la reducción afectaba por igual a todos los socios, cosa que no ocurre en el supuesto de hecho de esta resolución. JAGV.

425.** AUMENTO DE CAPITAL ESTANDO PENDIENTE DE RECURSO UN EXPEDIENTE DE DESIGNACIÓN DE AUDITOR. CONTRADICCIÓN ENTRE REGISTRO Y CERTIFICACIÓN DE ACUERDOS.

Resolución de 9 de septiembre de 2020, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por la registradora mercantil y de bienes muebles I de Castellón, por la que suspende la calificación de una escritura de aumento de capital.

Resumen: No puede practicarse una inscripción en el Registro Mercantil si existe pendiente un expediente de designación de auditor del que resulta que el socio solicitante, uno de los dos únicos socios de la sociedad, no ha sido citado a la convocatoria de la junta general.

Hechos: Se presentan en el registro de forma simultánea un acta de junta general y tres escrituras en relación a la misma sociedad.

Del acta resulta la celebración de una junta convocada por burofax a dos socios, asistiendo uno solo de ellos que representaba el 70,77% del capital social. En dicha junta se toma un acuerdo de aumento de capital social.

De la primera escritura resulta el acuerdo del socio asistente en junta general de ejercitar su derecho de adquisición preferente.

De la segunda escritura resulta el conocimiento por la sociedad de dicho ejercicio. Y

De la tercera escritura resulta la elevación a público del acuerdo de aumento de capital.

Del expediente también resulta lo siguiente:

— Existe una escritura pública de venta de participaciones sociales en procedimiento concursal.

— El adquirente solicita el nombramiento de auditor del 265.2 de la LSC.

— La sociedad dice que no se han cumplido los requisitos legales y estatutarios para la transmisión y no reconoce como socio al adquirente oponiéndose al nombramiento de auditor, expediente que está en la DG. Es el socio no citado.

— Debido a ello la convocatoria de la junta se la manda al transmitente.

La registradora suspende la inscripción por el siguiente motivo:

Dado que existe en el registro un expediente de designación de auditor a solicitud de un socio minoritario distinto del socio que fue convocado, se considera “que no habiendo resultado convocado el socio minoritario que solicitó la auditoria, sino el anterior del que éste trae causa”, según resulta el expediente lo que es conocido por la sociedad, “si se inscribe el acuerdo de ampliación”, ello pudiera “estar en contradicción del que derive de la ultimación del expediente previo (en hipótesis, se inscribiría un acuerdo adoptado sin haber convocado al socio que luego se considera legitimado como tal para solicitar la auditoria), por lo que se considera aplicable el artículo 432 del RH a los efectos de suspender la calificación hasta que no recaiga resolución definitiva de nombramiento”. Cita las resoluciones de 6 de octubre de 2015 y 29 de enero de 2019, el art. 111 párrafo tercero, y 432.2 del Reglamento Hipotecario y el artículo 18.2 de la Ley Hipotecaria. Añade que hay una “situación de conflicto entre quién acredita su carácter de socio y la negativa de la sociedad a ese reconocimiento, que, sin negar la validez de la transmisión, considera que es ineficaz frente a la misma por no haberle notificado la venta a los efectos de ejercitar su derecho de preferencia, y no constar su titularidad en el libro registro de socios”. En definitiva, que, si se inscribiera el aumento, la inscripción pudiera ser inválida pues pese a que el presidente de la junta la declaró válidamente constituida, el registrador no queda vinculado siempre y en todo caso por la actuación del presidente cuando la declaración de éste resulta contradicha por la documentación aportada y los asientos del Registro Mercantil en términos tales que aquella no puede mantenerse”.

La sociedad recurre y alega: el socio no convocado ha adquirido sus participaciones sin respetar los requisitos legales y estatutarios, por lo que la sociedad remitió la convocatoria al verdadero socio, que es quien consta como tal en el libro registro de socios, que no hay conexión entre el expediente de designación de auditor y la inscripción del aumento de capital, y que la registradora ha realizado de facto un cierre registral si el socio ficticio no plantea judicialmente, que es donde corresponde, su pretensión de que se le reconozca la condición de socio

Resolución: La DG confirma la nota de calificación.

Doctrina: La doctrina sentada por la DG en este complejo supuesto se basa en los siguientes parámetros, lo que supone una ratificación de su doctrina expresada en anteriores resoluciones:

— Ante una situación de indeterminación sobre el estado del Registro cuando se solicita una designación de auditor, el registrador mercantil debe esperar a que la misma adquiera firmeza.

— Hasta ese momento la situación registral no resultará definitiva y no podrá el registrador decidir sobre el resto de solicitudes de asiento que estén presentadas en el Registro Mercantil.

— Este mismo esquema de cosas se reproduce en el ámbito del Registro Mercantil sin que la particular existencia de más de un Libro Diario altere el principio general del artículo 18.4 del Código de Comercio dada la coordinación prevista en el ordenamiento (vid. artículos 23, 29, 80 y 358.2 del Reglamento del Registro Mercantil).

— Esta doctrina ha sido elaborada en relación a la designación de auditor del art. 265.2 de la LSC.

— La doctrina anterior es aplicable tanto para suspender la designación de un auditor si está inscrito o en curso de inscripción otro nombrado por la sociedad, como en caso contrario. Su fundamento es el artículo 18.4 del Código de Comercio

— Es decir que “toda presentación previa produce efecto suspensivo siempre que su objeto incida directamente en el modo en que ha de resolverse la posterior”.

— En materia de privación del derecho de voto la Resolución de 24 de octubre de 2016 entendió “que la presidencia de la junta no podía privar de su derecho de voto a un socio por la mera existencia de un procedimiento judicial”.  

Sobre la base de los razonamientos anteriores viene a decir que resulta “del contenido del Registro que un socio ha solicitado y obtenido de la registradora Mercantil la resolución de que procede la designación de auditor al amparo del artículo 265.2 de la Ley de Sociedades de Capital”.  En este caso “el solicitante ha aportado una escritura pública de adquisición de participaciones sin que la administración de la sociedad haya desvirtuado la condición de socio”.

En definitiva “no puede el registrador actuar como si su función se desplegara en compartimentos estancos porque el Registro a su cargo es único y tanto da el tipo de asiento” que haya de practicarse finalizando la resolución diciendo que “la falta de inscripción en el libro registro de socios, no es determinante de la privación de legitimación cuando el reconocimiento de la condición de socio es un hecho debido que no puede desconocer la sociedad”. Lo contrario supondría, en contra del artículo 106 de la LSC, dejar al arbitrio del administrador el reconocimiento de su cualidad de socio simplemente con demorar su inscripción en el Libro Registro.

Comentario: De nuevo se trae a colación ante la DG el caso de existencia de contradicciones entre lo que resulta del registro y lo que resulta de una certificación de acta de junta general. Y como en ocasiones anteriores la DG se inclina por dar relevancia al contenido del registro, si este es claro, frente a las manifestaciones del presidente de la junta. En este caso y como la situación registral no es definitiva, pues pende de un recuso ante la DG, lo procedente será suspender la calificación hasta que la situación se torne en definitiva. JAGV.

429.* REDUCCIÓN DE CAPITAL SOCIAL PARA RESTITUIR VALOR DE APORTACIONES A SOCIO SIN QUE CONSTE SU NIE

Resolución de 15 de septiembre de 2020, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la negativa de la registradora mercantil de Granada a inscribir la escritura de reducción del capital social de una sociedad.

Resumen: Para la inscripción de una reducción de capital por restitución de aportaciones a una sociedad extranjera es necesario que conste su NIE.

Hechos: En escritura de reducción de capital social por restitución de aportaciones, la restitución se hace a una sociedad extranjera cuyo NIE no consta. Sí consta su domicilio y demás datos exigidos.

La registradora suspende la inscripción por no constar su NIE ni su nacionalidad. Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, artículo 18.1 y 20.1.

La sociedad recurre: dice que el NIE no es necesario al no estar establecida en España y que “en todo caso es un fenómeno tributario no registral”.

Resolución: La DG confirma la nota de calificación.

Doctrina: Parte de la base de la trascendencia de la reducción del capital por restitución de aportaciones en tanto que para los acreedores su tutela se centra “en torno a la imposición de una responsabilidad temporal y solidaria de los socios junto con la sociedad hasta el importe de las cantidades percibidas por las devoluciones de sus aportaciones (cfr. artículo 331, apartados 1 a 3, de la Ley de Sociedades de Capital), lo que exige una perfecta identificación de los mismos y la concreción de las cantidades percibidas”.

Para las personas jurídicas extranjeras el artículo 38 del RRM exige que se haga constar «el número de identificación fiscal, cuando se trate de entidades que deban disponer del mismo con arreglo a la normativa tributaria».

La obligatoriedad de este número se establece en el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, en su artículo 18.1.  Por ello el artículo 23.1 del mismo Reglamento establece que las personas jurídicas “que vayan a ser titulares de relaciones de naturaleza o con trascendencia tributaria deberán solicitar la asignación de un número de identificación fiscal”.

Pues bien para el CD “ la escritura calificada contiene un acto del que se derivan relaciones de naturaleza o con trascendencia tributaria, pues a la socia única de que se trata, la normativa tributaria impone el cumplimiento de obligaciones tributarias, como por ejemplo la que deriva del artículo 62.b) del Reglamento del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, aprobado por Real Decreto 828/1995, de 29 de mayo, según el cual estará obligado al pago del impuesto a título de contribuyente, en la reducción de capital social, los socios por los bienes y derechos recibidos”.

Comentario: Aunque esta cuestión ya ha sido tratada en otras resoluciones, vuelve a recordar la DG la imperiosa necesidad de que las entidades extranjeras que realicen algún acto que tenga contenido económico sujeto al pago de algún concepto tributario, cuenten con el correspondiente NIE. En este caso la DG, sin entrar en mayores honduras sobre los posibles impuestos que se pudieran devengar por el acto realizado, lo centra en el más evidente como es el que grava, dentro del ITPAJD, las llamadas operaciones societarias.

Por tanto, podemos concluir que este NIE será necesario en la casi totalidad de los supuestos en que deba hacerse constar la identidad de una persona física o jurídica extranjera en la hoja de la sociedad, incluyendo por supuesto a los administradores y consejeros, aunque sean gratuitos. (Vid. Resolución de  de 18 de enero de 2012 en que se impuso esa obligación a los consejeros por entrar en el concepto legal amplio de obligado tributario como responsables del tributo de conformidad con el artículo 41 de la misma Ley). JAGV.

444.* ANOTACIÓN DE EMBARGO CADUCADA SOBRE VEHÍCULO. CANCELACIÓN DE CARGAS POSTERIORES. DURACIÓN ANOTACIÓN DE EMBARGO EN EL RBM.

Resolución de 17 de septiembre de 2020, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación de la registradora mercantil y de bienes muebles de Jaén, por la que se deniega la inscripción del testimonio del auto de adjudicación y mandamiento de cancelación de cargas sobre un vehículo inscrito en el Registro de Bienes Muebles.

Resumen: Caducada una anotación de embargo contra el adquirente de un vehículo con reserva de domino a favor del financiador, no puede inscribirse ni la adjudicación ni la cancelación de cargas. Se opone a ello la caducidad de la anotación y el principio de tracto sucesivo.

Hechos: Se presenta en el RBM un testimonio del decreto de adjudicación y mandamiento de cancelación de la anotación de embargo de la que deriva el procedimiento, en relación con determinado vehículo.

El registrador no “practica la adjudicación por encontrarse ya caducado el embargo” de que dimana. Artículo 77 y 86 de la Ley Hipotecaria. Aparte de ello un contrato de financiación con reserva de dominio a favor del financiador Banco Bilbao Vizcaya Argentaria. Art. 17 y 20 de la LH. Lógicamente tampoco se “puede practicar la cancelación, al haberse calificado con defectos el auto de adjudicación y ser necesario el despacho conjunto de ambos documentos, conforme a los artículos 133 y 134 de la Ley Hipotecaria y 674 de la Ley de Enjuiciamiento Civil”.

El interesado recurre y alega que no han pasado 4 años desde la fecha de la anotación, respecto de la cual además se expidió certificación de cargas y que “según Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo civil, 427/2017, de 7 de Julio, la aprobación definitiva del remate y la adjudicación conlleva como efecto propio la cancelación de todas las anotaciones de embargo posteriores, que carecen de preferencia sobre la que servía de apoyo a la ejecución, pues la anotación de embargo que beneficiaba al ejecutante ha causado estado y producido su finalidad para dicha ejecución desde la fecha de la emisión de la citada certificación de cargas y gravámenes”.

Resolución: La DG confirma la nota de calificación.

Doctrina: En esta resolución referida al RBM, aplica la DG su ya consolidada doctrina de que una vez caducada la anotación es como si no hubiera sido practicada y, por tanto, se haya o no expedido certificación de cargas, el registrador debe actuar como si la misma no hubiera existido nunca.

La única especialidad, como muy bien recuerda la DG, es que la anotación conforme al artículo 38 del Reglamento de Hipoteca Mobiliaria y Prenda sin Desplazamiento, “caducará a los tres años de haberse practicado” y que podrá “prorrogarse hasta la terminación por sentencia firme del procedimiento en que se hubiere decretado, a menos de que se consignare el crédito asegurado y esta prórroga será concedida en virtud de providencia del Juez o Tribunal que hubiere ordenado la anotación”.

Y además añade que esa especial circunstancia referida a la duración de la anotación “se hizo constar tanto en la misma anotación, como en la nota de despacho del mandamiento y en la certificación expedida”.

Concluye que por ello “se rechaza la cancelación de las cargas posteriores -que han pasado a ser anteriores- al estar caducada la anotación del embargo ordenada en los autos que dan lugar al mandamiento cancelatorio”.

Y finalmente aclara en línea con lo establecido en relación a la caducidad de las anotaciones en el RP y en contra de la doctrina del TS que el “hecho de que se haya expedido la certificación de titularidad y cargas, que prevé la Ley de Enjuiciamiento Civil, no implica ni su conversión en otra anotación ni su prórroga, ya que las anotaciones solo se prorrogan en la forma establecida en el artículo 86 de la Ley Hipotecaria”.

Comentario: Aunque la DG fija en la caducidad de la anotación la solución última al problema planteado, en este caso lo único que hubiera podido ser ejecutado era la posición jurídica del adquirente del vehículo pues el verdadero obstáculo a la inscripción del mismo a favor de su adjudicatario estaba constituido por la existencia de la reserva de dominio a favor del financiador. Por tanto, hasta que esa reserva de domino no sea levantada, haya caducado o no la anotación, la adjudicación del vehículo será imposible. JAGV.

451.* NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADORES. PRINCIPIO DE PRIORIDAD EN EL REGISTRO MERCANTIL. TÍTULOS CONTRADICTORIOS.

Resolución de 24 de septiembre de 2020, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación del registrador mercantil de Madrid, por la que se deniega la inscripción de una escritura de elevación a público de acuerdos sociales.

Resumen: Si se presentan dos títulos contradictorios e incompatibles, el registrador en su calificación puede tener en cuenta lo que resulta de los mismos suspendiendo la inscripción en tanto no se aclara debidamente la situación registral o sustantiva planteada.

Hechos: Los hechos de este recurso son los siguientes:

— Se presenta en el registro título del que resultan los acuerdos de una junta universal por la que se cesa y nombra nuevo administrador único. En la certificación se manifiesta que no se han aprobado las cuentas desde 2015 a 2018.

— A continuación, se presenta otro título del que también resultan acuerdos de una junta universal posterior en la que se cesa al mismo administrador y se nombra uno nuevo distinto del anterior.

— Del registro resulta que todas las cuentas de la sociedad están depositadas.

— Se califica el segundo título y contra esta calificación se interpone el recurso.

— Del expediente resulta que existe discrepancias en cuanto a los que sean realmente socios de la sociedad.

El registrador suspende la inscripción pues debido a la incompatibilidad de los títulos presentados alega la doctrina  de la DG relativa a que “el registrador no solo puede sino que debe tener en cuenta los documentos inicialmente presentados sino también los auténticos relacionados con éstos, aunque fuesen presentados después con el objeto de que al examinarse en calificación conjunta todos los documentos pendientes de despacho relativos a un mismo sujeto inscribible, pueda lograrse un mayor acierto en la calificación así como evitar inscripciones inútiles e ineficaces (Resolución de DGRN de 2 de Agosto de 2014, que sigue la doctrina de Resoluciones anteriores por todas la de 11 de Febrero de 2014)

 El interesado en el segundo título recurre y alega que la escritura primeramente presentada es inexacta pues no se corresponderse a la titularidad real de las participaciones con las reflejadas en el libro de socios legalizado en el Registro Mercantil, es decir que se certifica de una junta fantasma como lo prueba el hecho de que se manifieste que las cuentas no están aprobadas cuando del registro sí resulta que lo están.

Resolución: La DG confirma la nota de calificación.

Doctrina: La DG reitera su doctrina de que “la calificación de un documento deberá realizarse en función de lo que resulte del título que se califica y de la situación tabular existente en el momento mismo de su presentación en el Registro”. Es decir que “los registradores pueden y deben tener en cuenta documentos pendientes de despacho relativos a la misma finca o que afecten a su titular, aunque hayan sido presentados con posterioridad con el fin de evitar asientos inútiles que deberían cancelarse al extender los asientos derivados de un título posterior que ordena la cancelación de los mismos”.

 El principio de prioridad determina, en general, que los títulos deben despacharse por el mismo orden de su presentación, si son compatibles, pero si son incompatibles “accederá al Registro el primeramente presentado con exclusión del segundo cualquiera que sea su fecha (artículo 17 de la Ley Hipotecaria).

Ahora bien, ello no debe confundirse con el supuesto de que presentado un título se presente con posterioridad otro del que resulta la falta de validez del primero. Aquí el conflicto ya no es de prioridad sino de validez y “por aplicación del principio de legalidad consagrado en los artículos 18 de la Ley Hipotecaria y del Código de Comercio, procede la exclusión del título inválido sin que pueda apelarse al principio de prioridad para evitarlo”.

A continuación dice que el principio de prioridad, con sólo formulación reglamentaria en el Registro Mercantil, no tiene en este registro la misma significación que en el de la Propiedad.

Por ello recuerda que el “registrador Mercantil deberá tener en cuenta en su calificación no sólo los documentos inicialmente presentados, sino también los auténticos y relacionados con éstos, aunque fuese presentados después, con el objeto de que, al examinarse en calificación conjunta todos los documentos pendientes de despacho relativos a un mismo sujeto inscribible, pueda lograrse un mayor acierto en la calificación, así como evitar inscripciones inútiles e ineficaces”.

En consecuencia concluye que en este caso “debe considerarse fundada la decisión del registrador de rechazar la inscripción del título objeto de recurso en tanto en cuanto el primero se encuentre pendiente de despacho o con asiento vigente, o se dilucide judicialmente la titularidad real de las participaciones y la validez de uno u otra junta contradictoria, habida cuenta de la imposibilidad de determinar en el plano estrictamente registral la nulidad de los acuerdos documentados en los documentos presentados en primer lugar”.

Comentario: Ratificación de una doctrina ya clásica tanto en el ámbito del Registro de la Propiedad como en el del Mercantil. Y aunque en esta resolución la calificación y el recurso versa sobre el segundo documento, la calificación del primero, ya hecha o que se haga, deberá reflejar también las dudas del registrador sobre la validez de la junta y suspender su inscripción mientras se dilucida la cuestión, bien por la sociedad o bien por los Tribunales. Claro que, si caducara el primer asiento de presentación, sin volverse a presentar el título, y no se planteara recurso judicial, y se volviera a presentar en segundo título entendemos que, dado que el registrador no puede tener en cuenta los asientos caducados, no existiría obstáculo registral alguno para el despacho del segundo título. (JAGV)

452.*** SOLICITUD DE CONCILIACIÓN REGISTRAL. INCOMPATIBILIDAD REGISTRADOR.

Resolución de 24 de septiembre de 2020, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación del registrador mercantil de Badajoz, resolviendo no efectuar la conciliación solicitada.

Resumen: Si ante una petición de conciliación registral el registrador considera que está incurso en una incompatibilidad, lo que procede es que remita el expediente al registrador interino según el cuadro de sustituciones.

Hechos: Se solicita por una sociedad conciliación registral ex art. 103 bis de la ley hipotecaria.

El registrador competente se declara incompatible para intentar la conciliación pues según dice en su acuerdo de calificación le une una antigua amistad familiar con un notario socio de la sociedad pudiendo quedar afectados “los principios de neutralidad e imparcialidad del mediador que rigen el procedimiento de conciliación –arts. 13 de Ley 5/2.012 de 6 de julio de mediación en asuntos civiles y mercantiles, y 102 del Reglamento Hipotecario-”.

Un interesado, que no el notario afectado, recurre y alega que la solicitud de conciliación reúne todos los requisitos exigibles pues la actuación del registrador “de naturaleza imparcial, será siempre neutral”. Para el recurrente sólo en los casos del artículo 102 del RH y 13.5 de la Ley 5/2012, se podrá declarar incompatible. Finalmente dice que, en su caso, en las situaciones de incompatibilidad del artículo 102 del RH lo que procedería sería la aplicación del cuadro de interinidades fijadas en la Resolución de 6 de abril de 2017, de la DGRN, y que por ello si el registrador se considera incompatible debió ordenar de oficio la remisión de la conciliación al interino que le correspondiera.

No obstante esta alegación, lo que el interesado solicita es que “se estime el recurso, y previos los trámites oportunos se acuerde la admisión de la solicitud de conciliación interesada”.

Resolución: La DG estima el recurso ordenando al registrador “que proceda a la remisión del expediente en el más breve plazo posible al registrador competente conforme al cuadro de interinidades”.

Doctrina: La DG, aunque no lo dice de forma expresa, admite la incompatibilidad del registrador en el expediente de conciliación solicitado, es decir que el registrador puede alegar la incompatibilidad de amistad familiar y esta es correcta. Aclara también la DG que este supuesto es un caso distinto al de la calificación sustitutoria del artículo 19 bis de la LH, que no procede. Y lo que sí dice de forma expresa es que, conforme el artículo 102 del RH el Registrador Mercantil debe remitir el expediente, conforme al cuadro de Interinidades, al Registrador que corresponda según el cuadro de sustituciones.

Comentario: No entra la DG en lo que era el problema sustancial de la conciliación solicitada: si es o no causa de incompatibilidad en un expediente de conciliación registral el tener una antigua “amistad familiar” con una de las partes interesadas, no directamente sino como socio de una de las sociedades o de la sociedad que solicita la conciliación.

Para la DG a esa “amistad familiar” -alegada por el registrador, pero no explica en qué consiste- se le aplica, suponemos que por analogía, las causas de incompatibilidad del artículo 102 del RH. Pero esa incompatibilidad la circunscribe el citado artículo al cónyuge o parientes, dentro del segundo grado de consanguinidad o afinidad o sus representados o clientes, y también al notario autorizante. Pero en el acuerdo del registrador no se señala que la persona con la que se tiene esa incompatibilidad, que es notario, pero no autorizante, esté en alguno de esos grupos y como el CD no entra en ese problema nos quedamos sin saber cuáles son los límites de la incompatibilidad en los expedientes de conciliación registral.

Estimamos que la DG, para dar cumplida respuesta al recurso, debió entrar en el problema de la incompatibilidad y no hacer automática la aplicación del cuadro de interinidades, caso de que el registrador competente ante el que se presenta la solicitud estime que es incompatible, salvo claro está que esa incompatibilidad sea una de las que señala el artículo 102 de forma expresa.

Y además estimamos que esa aplicación automática del cuadro de interinidades, es contraria a la competencia funcional y objetiva del registrador interino pues si la conciliación se presenta ante un registrador mercantil es sin duda porque la cuestión sobre la que versaba era puramente mercantil; y sin perjuicio de que todos los registradores estén capacitados para conciliar en los ámbitos inmobiliarios, mercantiles o de bienes muebles no puede obviarse la especialización que el desempeño de un registro mercantil lleva consigo a la hora de solucionar una controversia sobre esa materia.

Además en este sentido la R/DGRN de 18 de enero de 2018 interpretando la referencia que el artículo 103 bis de la LH hace al “registro que sea de su competencia” entendió que en base a ella deberá respetarse la competencia objetiva y territorial correspondiente al registrador ante el que se solicita la conciliación. Por tanto, ésta sólo podrá versar sobre controversias que guarden relación con la competencia funcional y territorial del registrador, lo que puede que no ocurra si la conciliación se celebra ante registrador que tenga distinta competencia funcional.

En definitiva que la DG no da cumplida respuesta a lo que se solicitaba en el recurso, ni entra en el problema de las incompatibilidades del registrador, ni diferencia conciliación de mediación,  ni entra en el problema de que no era el socio el directamente interesado sino que era la sociedad de la que formaba parte con propia personalidad jurídica, ni si es indiferente el tipo de materia sobre la que verse la conciliación, si es recurrible la decisión de remisión al registrador interino,  o si la cuestión sobre la que verse la controversia es o no inscribible en el registro ante el que se concilia, perdiendo así una oportunidad para aclarar el artículo 103 bis de la LH facilitando el proceso de acudir en conciliación ante el registrador mercantil. JAGV.

461.** LIQUIDACIÓN DE SOCIEDAD. ADJUDICACIÓN DE BIENES CONCRETOS EN PAGO DE PARTE DE LA CUOTA DE LIQUIDACIÓN

Resolución de 30 de septiembre de 2020, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador mercantil y de bienes muebles de Barcelona n.º XIII a inscribir una escritura de liquidación de una sociedad.

Resumen: Para la adjudicación in natura en una liquidación de sociedad es necesario el voto unánime de todos los socios y este no existe si uno de los socios vota en contra y, en la escritura de adjudicación, pese a aceptarla, se reserva a las acciones que procedan por estimar que el valor de la adjudicación es insuficiente.

Hechos: Son los siguientes:

— Se otorga escritura de adjudicación por disolución y liquidación de una sociedad. Se presenta junto con el acta notarial de la junta y se califica negativamente, calificación que no fue recurrida.

— Se otorgan dos escrituras de subsanación, una de mayo y otra de febrero de 2020, y en esta última una socia adjudicataria, manifiesta que “acepta y adquiere las fincas integrantes del activo social adjudicado a su favor, si bien con expresa reserva de acciones civiles y penales por no alcanzar lo adjudicado el 23,33 por ciento del haber social existente”.

— La anterior socia, en la junta general votó en contra del reparto.

Se presenta todo ello en el registro mereciendo la siguiente calificación: Debido a las reservas que expresa la socia en la escritura de subsanación se entiende que “no puede considerarse prestado el consentimiento pleno al reparto de la cuota resultante de la liquidación al no existir consentimiento unánime de los socios al pago de la cuota de liquidación in natura, por lo que la liquidación realizada es contraria a lo dispuesto en el artículo 393 de la Ley de Sociedades de Capital (Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 14 de febrero de 2019)”.

El liquidador recurre y dice que  la calificación  “se sustenta en la interpretación extensiva”… “que la Resolución de 14 de febrero de 2019 concede al artículo 393-1 LSC”. Y que la socia ha aceptado recibir su cuota in natura, que califica «pago a cuenta», solicitando la inscripción de los bienes a su nombre en el Registro de la Propiedad.

El notario por su parte en su informe dice que debe distinguirse entre el pago de la cuota in natura, sobre la que hay acuerdo, y la valoración de los bienes que debe regirse por las mayorías establecidas con carácter general por la misma ley.

Resolución: La DG confirma la nota de calificación.

Doctrina: Tras recordar las operaciones que conlleva la liquidación de una sociedad, dice que para el pago en bienes de la sociedad, “es imprescindible que el acuerdo unánime de los socios se adopte una vez que se haya determinado el haber líquido partible, así como la forma de realizar su división y adjudicación a los socios…”, pues solo así queda garantizado el derecho del socio a la integridad de la cuota resultante de la liquidación”.

Y respecto de ello, según resulta del acta notarial de la junta, “la socia adjudicataria manifiesta expresamente su oposición a la propuesta de reparto del haber social –y anuncia su intención de impugnarlo– por entender que la distribución del haber social es totalmente arbitraria”.

Finalmente añade que la escritura otorgada unilateralmente por la socia con posterioridad es inseparable de su manifestación en la junta contraria al reparto que es en definitiva la que prevalece. 

Comentario: Como vemos lo esencial para determinar si existe o no unanimidad a los efectos de realizar el reparto in natura en una liquidación de sociedad, está en el acuerdo de la junta. Es decir que al exigir el artículo 393.1 la unanimidad para que sea posible el reparto entre los socios en bienes de la sociedad, será preciso que todos hayan votado a favor de ese reparto en la junta. En otro caso deberá procederse a la enajenación de los bienes y al reparto del efectivo entre los socios. Lo que ocurre en el caso de esta resolución es que la socia que vota en contra a la forma de reparto del haber social, con posterioridad acepta en escritura la adjudicación de bienes que se le hace, aunque bajo la protesta de no estar conforme con la valoración hecha ¿Supone ello un cambio en el voto en contra de la socia disconforme? Para la DG no hay cambio en el sentido de su voto pues esa declaración, dice, es inescindible de su voto en contra y en base a ello debe interpretarse.

Ahora bien, desde un punto de vista práctico ¿cómo se soluciona el problema que ahora se presenta a la sociedad y a la socia que ha votado en contra, la cual como vemos, pese al sentido de ese voto, acepta los bienes solicitando se inscriban a su nombre en el RP, y en su idea o voluntad no debe estar que se enajenen y le den el dinero. Sin previa inscripción en el Mercantil será imposible la inscripción en el RP y sin que se cambie el sentido del voto o la socia acepte sin reservas su adjudicación, no podrá inscribirse. Por consiguiente sin un cambio en la actitud de la socia la inscripción no procede respecto de ninguna de las adjudicaciones realizadas y deberá esperarse, en su caso, a que se resuelvan el conflicto en vía jurisdiccional acerca de la valoración de su lote. (JAGV)

465.*** CONSTITUCIÓN DE SL SIN PREVIA INSCRIPCIÓN DE LAS CAPITULACIONES EN EL REGISTRO CIVIL NI DEL ADMINISTRADOR DEL SOCIO PERSONA JURÍDICA EN EL MERCANTIL.

Resolución de 1 de octubre de 2020, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador mercantil de Córdoba a inscribir una escritura de constitución de sociedad de responsabilidad limitada.

Resumen: Ni es necesario reseñar, si uno de los fundadores está casado en separación, la escritura de capitulaciones, y mucho menos su inscripción en el RC, ni tampoco, si un socio es persona jurídica y su administrador no está inscrito, su previa inscripción.

Hechos: Se constituye una sociedad limitada. Respecto de uno de los socios se dice que está casado en separación de bienes según escritura de capitulaciones, cuya copia electrónica ha tenido a la vista el notario autorizante. Respecto de otro socio, también sociedad limitada, se dice que está representada por su administrador único, persona jurídica, en la persona de su representante físico, según escritura no inscrita en el Registro Mercantil pero reseñando el notario,  de conformidad con la Resolución de la Dirección General de los Registro y del Notariado de 11 de febrero de 2014, todas las circunstancias, a su juico necesarias, para poder calificar la validez e inscribibilidad de su nombramiento(junta, acuerdo, designación y aceptaciones respectivas y notificación al anterior administrador).

El registrador suspende la inscripción por un doble defecto: No consta la reseña de la escritura de capitulaciones, ni su inscripción en el Registro Civil, y no constar previamente inscrito al cargo del administrador. Artículo 266 del Reglamento del Registro Civil y artículo 11 del RRM.

El notario recurre. Respecto del primer defecto dice que la reseña de la escritura consta por diligencia sin hacer referencia alguna a la previa inscripción en el RC y respecto del segundo defecto dice que el nombramiento del administrador de la sociedad surte efectos desde su aceptación sin necesidad de su inscripción en el Registro Mercantil, a pesar de ser ésta obligatoria, y que en la propia escritura ha hecho contar todos los datos necesarios para dicha inscripción.

El registrador reconoce su error en cuanto a la reseña de la escritura de capitulaciones que efectivamente constaba, y mantiene el defecto relativo a la falta de inscripción en el RC.

Resolución: La DG revoca la nota de calificación en la parte recurrida, y aclara la parte no recurrida.

Doctrina: La DG a la vista del recurso y del informe del registrador señala que no debe pronunciarse ni sobre el defecto que no existía, ni sobre la necesidad o no de la previa inscripción de las capitulaciones en el Registro Civil, pero lo que sí dice es que sin pronunciarse sobre ello recuerda que según su doctrina respecto de un socio fundador casado en régimen de separación de bienes que “no es necesario que se acredite dicho régimen económico matrimonial (Resolución de 29 abril 2003)”.

Respecto del segundo defecto también recuerda que según su criterio “el nombramiento de los administradores surte sus efectos desde el momento de la aceptación, ya que la inscripción del mismo en el Registro Mercantil aparece configurada como obligatoria pero no tiene carácter constitutivo y que, por tanto, el incumplimiento de la obligación de inscribir no determina por sí solo la invalidez o ineficacia de lo realizado por el administrador antes de producirse la inscripción”.

Añade, respeto del obstáculo que puede suponer el art. 11 del RRM, que “en un registro de personas como es el Registro Mercantil, registro de empresarios, algunos principios registrales como el de tracto sucesivo no pueden tener el mismo alcance que en un registro de bienes donde los derechos que sobre ellos recaigan o bien son incompatibles o gozan entre sí de preferencia en razón del momento de su acceso al registro”, por ello si bien dicho principio es de necesaria exigencia por ejemplo para inscribir en el Mercantil un poder dado por otro apoderado, no lo es para inscribir la fundación de una sociedad en la que uno de los socios persona jurídica, aparece representado por un administrador no inscrito. Aparte de ello y aunque no había sido objeto de la nota de calificación aclara que el notario ha emitido su juicio de suficiencia y “que ha comprobado la validez de dicho nombramiento”, tal y como hemos visto.

Comentario: Sobre el primer defecto conviene recordar que el art. 38 del RRM, destinado a señalar las circunstancias que en el RM deben constar de una persona física, se limita a señalar, como simple dato identificativo, su estado civil y por tanto diga lo que diga la escritura, en la hoja de la sociedad sólo debe reflejarse si esa persona es soltera, casada, separada judicialmente, viuda o divorciada, según el art. 159 del Reglamento Notarial. Pero en ningún caso reflejaremos si está casado en régimen de separación de bienes, participación o cualquier otro pues es un dato que para nada interesa a efectos mercantiles. Es más, dado el principio de que el RMM es público sin limitaciones, si lo reflejamos y en certificación literal damos ese dato porque en su día se reflejó en el Registro, estaremos dando publicidad a un dato que no debió ni siquiera acceder a los libros del Registro, lo que puede implicar cierta responsabilidad para el registrador. Por tanto, insistimos, sólo estado civil sin más especificaciones.

Sobre el segundo defecto también ratifica la DG su doctrina reiteradamente establecida. Respecto de ella quizás los notarios, cuando se enfrenten a estos casos, deban reflejar entre comillas, es decir de forma literal, aunque no en la totalidad de los acuerdos si no es preciso,  los acuerdos de la junta de los que derivan el nombramiento y de esta forma evitará omitir alguno que el registrador pudiera señalar como omitido y por tanto que es defecto. Así en el caso contemplado en la resolución se omite toda referencia a la aprobación del acta de la junta, elemento esencial para que sea ejecutivo el acuerdo, y también como detalle de menor importancia, aunque esencial a los efectos de la inscripción, el lugar de su celebración y la fecha en que se expide la certificación. Si el notario sigue esta recomendación, en ningún caso se podrá rechazar el nombramiento no inscrito pues el registrador contará con todos los datos necesarios para poder verificar su realidad y eficacia. JAGV.

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474.* BAJA PROVISIONAL EN EL INDICE DE ENTIDADES AEAT. RENUNCIA DE ADMINISTRADOR ÚNICO

Resolución de 9 de octubre de 2020, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la negativa de la registradora mercantil de Alicante n.º IV a inscribir una escritura de renuncia del administrador único de una sociedad.

Resumen: No es posible la inscripción de la renuncia de un administrador, si la hoja de la sociedad está cerrada por baja en el índice de entidades de la AEAT.

Hechos: El administrador único de una sociedad renuncia en escritura pública y en la misma deja convocada la junta general de la sociedad.

El registrador suspende la inscripción pues la sociedad está dada de baja en el índice de entidades de la AEAT(artículo 119 Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades y artículo 96 del Reglamento del Registro Mercantil).

Se recurre centrando el recurso en una serie de alegaciones relativas al cierre del registro por falta de depósito de cuentas y a la posibilidad, reconocida por la DG, de inscribir una renuncia si el renunciante ha convocado junta, aunque esta no se haya celebrado.

Resolución: La DG confirma la nota de calificación.

Doctrina: La DG reitera una vez más su doctrina en esta materia diciendo que no es lo mismo el cierre por falta de depósito de cuentas que el cierre por baja en el AEAT, y por tanto confirmando que “vigente la nota marginal de cierre por baja provisional en el Índice de Entidades, no podrá practicar ningún asiento en la hoja abierta a la sociedad afectada, a salvo las excepciones citadas”, que al referirse al art. 96 del RRM son las relativas  a “los asientos ordenados por la autoridad judicial o aquellos que hayan de contener los actos que sean presupuesto necesario para la reapertura de la hoja, así como los relativos al depósito de las cuentas anuales”.

Comentario: Sólo indicar que en esta resolución parece que, en opinión de la DG, las excepciones señaladas en el artículo 96 del RRM siguen vigentes, en contra de lo que dice de forma terminante el art. 119.2 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades y en contra de lo que ha expresado la misma DG en otras de sus resoluciones sobre la materia. También llama la atención que la hoja de la sociedad no estuviera cerrada por falta de depósito de cuentas pues normalmente ambos cierres se dan de forma simultánea: si la sociedad no cumple sus deberes con la AEAT, es muy difícil que los cumpla con el RM. JAGV.

475.*** AUMENTO DE CAPITAL DE SOCIEDAD ABSORBENTE. REALIDAD CAPITAL SOCIAL. FECHA COMUNICACIÓN ACREEDORES.

Resolución de 9 de octubre de 2020, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador mercantil de Madrid n.º XIII a inscribir una escritura de elevación a público de acuerdos sociales de fusión de dos sociedades.

Resumen: El capital resultante en una fusión de sociedades debe responder al patrimonio neto de las sociedades participantes en la fusión, excluidas las participaciones recíprocas. Es requisito de la escritura de fusión hacer constar la fecha de la comunicación a los acreedores a los efectos del derecho de oposición.

Hechos: Se trata de la fusión por absorción de una sociedad junto con otra unipersonal. Ambas son limitadas. La sociedad absorbida tiene un capital social de 1.825.020 euros; y la absorbente un capital social de 1.600.000 euros, dividido en 16.000 participaciones de 100 euros de valor nominal, de las cuales 6.550 participaciones pertenecen a la sociedad absorbida. Los acuerdos se toman en junta general conjunta. La absorbente aumenta su capital en 1.170.020 euros.

El registrador suspende la inscripción del aumento de capital pues “no resulta ni del acuerdo respectivo ni de la documentación de la fusión” la existencia de “una contraprestación que cubra la realidad de dicho aumento. (cfr. arts. 23, 59 y 295 LSC)”. Si el neto patrimonial de la sociedad absorbente, según balance de fusión es de 1.679.297, y el neto patrimonial de la absorbida (descontado el valor patrimonial de su participación en la absorbente, que según los balances es de 1.156.000 euros), es 660.204 euros (1.816.804 euros, menos los referidos 1.156.000 euros), el valor total del patrimonio resultante será 2.339.502 euros; por tanto, inferior al nuevo capital de la absorbente”.

Caducado al parecer el asiento de presentación se vuelve a presentar la escritura que es de nuevo suspendida por los siguientes defectos:

  1. No se inscribe la fusión por no poder inscribirse el aumento de capital dado que dicho aumento no cumple “la exigencia inherente a la realidad del capital social incrementado (cfr. arts. 59, 73, 295 LSC)”. A continuación, el registrador detalla el porqué de su acuerdo:

— la suma de los patrimonios reales ni siquiera cubre el capital final de la absorbente;

— existe una excesiva valoración del patrimonio real de la sociedad absorbida, que explica el incumplimiento de esa exigencia de realidad en el incremento de capital realizado;

— de la escritura resulta que “los otorgantes consideran que en el patrimonio de la sociedad absorbida (de socio único) hay 1.156.600 euros correspondientes al valor adquisición de las participaciones que tienen en la absorbente, que, junto con los demás bienes de esta sociedad, da un activo total de 1.757.910,12 euros”;

 — dado que  “el art 25 LME ordena estar en la valoración de las operaciones de fusión, al valor real de los respectivos patrimonios, el patrimonio de la absorbida no puede determinarse valorando las participaciones que tiene en la absorbente por el valor en que las tiene contabilizadas en su balance, sino por el valor que le corresponden al tiempo de la fusión según el balance de situación de la absorbente a 31 de octubre de 2019 (que funda el de fusión de esta sociedad, que también ha sido aprobado); esto es, por 687.750 euros”.

 — en consecuencia “el patrimonio real de la absorbida se reduce a 1.302.958 euros aproximadamente”;

— si a ello se añade “que las participaciones de la absorbente que tiene la absorbida, al pasar a aquella por razón de la fusión, no pueden servir de contraprestación justificadora del aumento de capital de la propia absorbente (cfr. art 295 LC), resulta claro que el incremento de capital de la absorbente que puede realizarse no puede exceder del valor de la parte de patrimonio neto de la absorbida representada por esos otros bienes que figuran en su balance, con exclusión de las participaciones que tenía en la absorbente”;

— ese valor asciende a unos “570.000 euros aproximadamente” lo que “en ningún caso permitiría ampliar el capital de la absorbente en 1.170.020 euros (diferencia entre el capital preexistente de ésta –1.600.000 euros– y el resultante tras la ampliación, de 2.770.020 euros)”.

  1. No consta la fecha de comunicación a los acreedores del acuerdo de fusión (cfr. art. 227.4 RRM), lo que en relación con el contenido de la manifestación de los otorgantes (exclusivamente que ningún acreedor se opuso), impide comprobar que se ha respetado el plazo legal que de un mes que tienen para oponerse (cfr. art. 44 LME).

La sociedad recurre en un extensísimo escrito que ocupa, de las 16 páginas de la resolución, más del 60%. En esencia alega que en el acuerdo de calificación se confunde patrimonio con capital social, que salvo la exclusión de las participaciones recíprocas, “el capital social de la sociedad absorbente ha de ser el resultado de la suma del propio, con las de la sociedad absorbida”, y que también se confunde canje con ampliación de capital.

En cuanto al segundo defecto, aparte de indicar que con relación a la primera nota se produce una «reformatio in peius» en contra del artículo 59.2 del RRM, viene a decir que lo importante y lo exigido es la manifestación de que se ha hecho la comunicación y que no existe oposición de acreedores. No obstante, al final manifiesta en instancia acompañada la fecha de la comunicación.

Resolución: La DG confirma ambos defectos de la nota de calificación.

Doctrina: Lo primero que aborda la DG es el problema que plantea la “reformatio in peius” que se achaca a la calificación registral y como en otras ocasiones reitera que la calificación debe ser completa pero que si no lo es prevalece “uno de los principios fundamentales del sistema registral como es el de legalidad, lo que justifica la necesidad de poner de manifiesto los defectos que se observen aun cuando sea extemporáneamente, y sin perjuicio de la responsabilidad en que haya podido incurrir el registrador”.

En cuanto al fondo del primer problema planteado por la escritura viene a decir que “no es sino consecuencia del principio de realidad del capital social, según el cual es nula la creación de participaciones que no respondan a una efectiva aportación patrimonial a la sociedad y no cabe crear participaciones por una cifra inferior a la de su valor nominal” añadiendo que para que sean viables las fusiones y escisiones “se exige legalmente la necesaria cobertura de la cifra de capital para la sociedad resultante o beneficiaria ex artículo 34.3 de la Ley 3/2009 (del que resulta que el patrimonio aportado por las sociedades que se extinguen debe ser igual, al menos, al capital de la nueva sociedad o al importe del aumento del capital de la sociedad absorbente)…”. Concluye que en el caso contemplado “la falta de cobertura de la nueva cifra de capital social de la sociedad absorbente es indudable, como resulta de las consideraciones expresadas en la calificación impugnada”.

Con respecto al segundo defecto dice que se trata con las notificaciones exigidas “proteger los intereses de los acreedores de las sociedades involucradas pues aun no formando parte del procedimiento de fusión, el efecto esencial de ésta, la sucesión universal, les afecta profundamente al modificarse la persona de su deudor sin que hayan prestado su consentimiento”. Esta protección tiene dos vertientes siendo una la de la información y otra la de la oposición.  Lo que ocurre es que con la reforma de la LSC por Ley 1/2012, de 22 de junio, de simplificación de las obligaciones de información y documentación de fusiones y escisiones de sociedades de capital, por la que se lleva a cabo la transposición de la Directiva 2009/109/CE, se altera “el contenido tradicional del derecho de oposición que ya no puede impedir la eficacia plena del procedimiento de fusión” y por ello  “aun cuando el artículo 44.3 de la Ley 3/2009 siga afirmando que la fusión no puede realizarse en caso de ejercicio del derecho de oposición hasta que se adopten las medidas de garantía en él previstas, el apartado siguiente (artículo 44.4) determina que si la fusión se ha llevado a cabo a pesar del ejercicio del derecho de oposición y sin prestación de las cautelas previstas el acreedor pueda solicitar del registrador mercantil que se haga constar por nota marginal el ejercicio de su derecho de oposición”. Ahora bien, ello no quiere decir que la comunicación individual a los acreedores sea irrelevante. Su incumplimiento o cumplimiento defectuosos “puede dar lugar a la impugnación del proceso de fusión”.

Y dado que la forma de publicidad ha sufrido una profunda transformación, el artículo 227 del RRM que venía a exigir la constancia de la fecha del anuncio de la fusión en el BOE, debe ser interpretado en el sentido de que es esencial que conste en la escritura  “la manifestación relativa a la fecha en que se ha llevado a cabo la última comunicación a los acreedores, único modo de que el registrador pueda verificar que la preceptiva manifestación relativa a la inexistencia de oposición… se acomoda a las previsiones legales”.

Comentario: Aunque no resulta claro de los hechos, por las fechas que figuran de las respectivas calificaciones si, con arreglo a ellas, el primer asiento de presentación había caducado, en la segunda calificación no debe apreciarse una extralimitación del registrador al añadir un nuevo defecto respecto de la primera calificación, pues el primer asiento es como si no existiera y al igual que el registrador podría haber estimado que la escritura era inscribible creemos que puede, sin infringir el artículo 59 del RRM, calificar “ex novo” el documento.

Por lo demás, pese a lo aparatoso del escrito de recurso, el primer defecto era claro. Si el patrimonio neto de ambas sociedades, excluidas las participaciones recíprocas, no sumaba el capital resultante de la absorbente, era obvio que este no podrá ser superior a esos patrimonios netos. Por eso la DG no se molesta en rebatir las argumentaciones del escrito del recurso, pues era un defecto evidente a la vista de los respectivos balances.

En cuanto al segundo defecto también era claro. Si debe comprobarse que los anuncios o comunicaciones(cfr. art. 43 LME) se han hecho con la antelación debida, es palmario que debe constar la fecha de la comunicación, si este es el sistema utilizado para la publicidad de la fusión o la fecha del Borme y la del diario o diarios en que haya sido publicada. JAGV.

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