Resoluciones Dirección General Seguridad Jurídica y Fe Pública Noviembre 2020.

Admin, 04/11/2020

Indice:
  1. VALORACIÓN DE LAS RESOLUCIONES POR SU IMPORTANCIA:
  2. RESOLUCIONES PROPIEDAD
  3. 483.*** SEGREGACIÓN. DERECHO INTERTEMPORAL. TRACTO SUCESIVO
  4. 485.* ANOTACIÓN DE EMBARGO DE DERECHO HEREDITARIO
  5. 487.*** EJERCICIO DE OPCIÓN DE COMPRA FIGURANDO PRESENTADO CON POSTERIORIDAD UN TÍTULO CONTRADICTORIO
  6. 488.** SENTENCIA DECLARATIVA DE DOMINIO EN PROCEDIMIENTO SEGUIDO EN REBELDÍA CONTRA LA HERENCIA YACENTE
  7. 490 y 491. ADJUDICACIÓN EN PROCEDIMIENTO DE APREMIO DE FINCA DE ENTIDAD CONCURSADA
  8. 492.*  INSRIPCIÓN DE REPRESENTACIÓN GRÁFICA ALTERNATIVA. OPOSICIÓN DE COLINDANTE Y DE LA ADMINISTRACIÓN
  9. 493.** EXPEDIENTE DE DOBLE INMATRICULACIÓN ART. 209 LH: LEGITIMACIÓN.
  10. 494.** SOLICITUD DE REINSCRIPCIÓN. RECURSO CONTRA ASIENTO YA PRACTICADO. COMPETENCIA DGSJFP VERSUS CATALUÑA.
  11. 495.* INMATRICULACIÓN ART. 205. FINCA COINCIDENTE CON OTRA YA INMATRICULADA
  12. 498.*** PROTOCOLIZACIÓN DE OPERACIONES PARTICIONALES POR CONTADOR PARTIDOR SIN CITACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL MENOR
  13. 499.** HERENCIA SIN INTERVENCIÓN DE HIJO ADOPTIVO
  14. 502.** PROPIEDAD HORIZONTAL. MODIFICACIÓN DEL TÍTULO CONSTITUTIVO. CONSENTIMIENTO DE LOS TITULARES REGISTRALES ACTUALES
  15. 503.* EXPEDIENTE JUDICIAL DE DOMINIO PARA LA REANUDACIÓN DE TRACTO
  16. 504. SEGREGACIÓN Y EXTINCIÓN DE CONDOMINIO. VINCULACIÓN OB REM
  17. 505. COMPRAVENTA ENTRE SOCIEDADES. ACTIVO ESENCIAL ART. 160-F LSC
  18. 506. COMPRAVENTA ENTRE SOCIEDADES. ACTIVO ESENCIAL ART. 160-F LSC
  19. 507. OPCIÓN DE COMPRA. POSIBLE PACTO COMISORIO. CLÁUSULA DE EJERCICIO UNILATERAL E INDETERMINACIÓN DEL PRECIO
  20. 508. DOBLE INMATRICULACIÓN. SENTENCIA SIN SER PARTE LOS TITULARES REGISTRALES DE HIPOTECAS.
  21. 509.  DOBLE INMATRICULACIÓN ART 209 LH. FALTA DE COMPARECENCIA DEL TITULAR REGISTRAL O CAUSAHABIENTE DE UNA DE LAS FINCAS
  22. 510. INSCRIPCIÓN DE REPRESENTACIÓN GRÁFICA CATASTRAL. DUDAS DE POSIBLE INVASIÓN DE DOMINIO PÚBLICO
  23. 511. CANCELACIÓN DE DERECHO DE REVERSIÓN EN EXPEDIENTE DE CADUCIDAD SIN SER PARTE SU TITULAR REGISTRAL
  24. 512. RECTIFICACIÓN DESCRIPTIVA DE FINCA. DUDAS DE IDENTIDAD
  25. 514. DONACIÓN CON RESERVA DE USUFRUCTO Y DE LA FACULTAD DE DISPONER
  26. 515. COMPRAVENTA POR ESPAÑOL Y EXTRANJERA. RÉGIMIEN ECONÓMICO MATRIMONIAL. LEY APLICABLE
  27. 516. APORTACIÓN DE CUOTA INDIVISA A UNA SOCIEDAD POR DIVORCIADO SIN MANIFESTAR SI ES VIVIENDA HABITUAL
  28. 517. SENTENCIA DE NULIDAD DE SEGREGACIÓN SIN INTERVENCIÓN DEL TITULAR REGISTRAL
  29. 518. CANCELACIÓN DE CONDICIÓN RESOLUTORIA
  30. 519. HERENCIA. DESHEREDACIÓN SIN EXPRESIÓN DE CAUSA
  31. 520. PROPIEDAD HORIZONTAL. CLÁUSULA ESTATUTARIA DE PROHIBICIÓN DE APARTAMENTOS TURÍSTICOS
  32. 522. HERENCIA. CALIFICACIÓN REGISTRAL NEGATIVA. «ESTIMACIÓN» DEL RECURSO EN CUANTO A UN DEFECTO
  33. 523. PUBLICIDAD FORMAL. NOTAS SIMPLES. INTERÉS LEGÍTIMO
  34. 524. PUBLICIDAD FORMAL. NOTAS SIMPLES. INTERÉS LEGÍTIMO
  35. 525. PROPIEDAD HORIZONTAL. MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS. QUORUMS. IDENTIFICACIÓN DE LAS FINCAS AFECTADAS
  36. 526. RECURSO CONTRA INMATRICULACIÓN PRACTICADA
  37. 527. OPCIÓN DE COMPRA POR MANDATARIO VERBAL SIN RATIFICACIÓN
  38. 528. SENTENCIA DE DIVORCIO. ADJUDICACIÓN DE NUDA PROPIEDAD DE VIVIENDA PRIVATIVA
  39. 529. INSCRIPCIÓN DE UN POZO SIN PREVIA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE AGUAS
  40. 530. LEGALIZACIÓN DE NUEVO LIBRO DE ACTAS SIN QUE SE APORTE EL ANTERIOR
  41. 531. TRANSMISIÓN DE CUOTAS INDIVISAS. POSIBLE INVASIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO MARÍTIMO TERRESTRE
  42. 532. CONSTITUCIÓN DE HIPOTECA UNILATERAL. TRACTO SUCESIVO
  43. 534. DONACIÓN CON RESERVA DE USUFRUCTO Y DE LA FACULTAD DE DISPONER
  44. RESOLUCIONES MERCANTIL
  45. 484.* CIERRE REGISTRAL POR FALTA DE DEPÓSITO DE CUENTAS. FECHA DE COMIENZO DE LAS OPERACIONES.
  46. 486.() CIERRE REGISTRAL POR FALTA DE DEPÓSITO DE CUENTAS.
  47. 489.** RESOLUCIÓN JUDICIAL DE DISOLUCIÓN DE SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADORES. ASIENTOS CONTRADICTORIOS.
  48. 496.*** CONVOCATORIA DE JUNTA POR ADMINISTRADOR MANCOMUNADO RESTANTE: ¿ES POSIBLE EL CAMBIO DE SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN?
  49. 497.() CONVOCATORIA DE JUNTA POR ADMINISTRADOR MANCOMUNADO RESTANTES: ¿ES POSIBLE EL CAMBIO DE SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN?
  50. 500.*** CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL MAL REALIZADA: FORMA DE SUBSANACIÓN.
  51. 501.** CERTIFICACIÓN DE ACUERDOS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN: ES NECESARIO INDICAR LA IDENTIDAD DE LOS MIEMBROS CONCURRENTES.
  52. 513.** SENTENCIA DE NULIDAD DE ACUERDOS. CANCELACIÓN DE ASIENTOS CONTRADICTORIOS.
  53. 521.*** PRESENTACIÓN TELEMÁTICA. DILIGENCIA NOTARIAL POSTERIOR ACREDITATIVA DE PAGO DE PROVISIÓN DE FONDOS BORME. SISTEMA INFORMÁTICO.
  54. 533.* MODIFICACIÓN DE ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN. CONVOCATORIA REALIZADA POR EL ADMINISTRADOR RESTANTE DE DOS MANCOMUNADOS.
  55. ENLACES:

 

INFORME Nº 314. (BOE NOVIEMBRE de 2020)

Segunda Parte:  RESOLUCIONES DGSJFP:

PROPIEDAD

MERCANTIL

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IR AL MINI INFORME DE OCTUBRE

RESOLUCIONES POR MESES  y  POR TITULARES PARA BUSCAR

VALORACIÓN DE LAS RESOLUCIONES POR SU IMPORTANCIA:

Se van a seguir estos criterios a juicio de las personas que las resumen:

()     Reiterativa o de escasísimo interés

*      Poco interés o muy del caso concreto

**    Interesante (categoría estándar)

***  Muy interesante.

⇒⇒⇒ Imprescindible.  

 

RESOLUCIONES PROPIEDAD
483.*** SEGREGACIÓN. DERECHO INTERTEMPORAL. TRACTO SUCESIVO

Resolución de 19 de octubre de 2020, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la calificación de la registradora de la propiedad de Pinto n.º 1, por la que se suspende la inscripción de una escritura de segregación. 

Resumen: es aplicable el artículo 28.4 del TRLS a los actos de división o segregación de fincas respecto de los cuales ya no procede adoptar medidas de restablecimiento de la legalidad urbanística que impliquen su reagrupación forzosa, por haber transcurrido los plazos de prescripción correspondientes.

Hechos: se presenta a inscripción escritura de segregación autorizada en el año 1978 junto con una certificación expedida por la Secretaría del Ayuntamiento en la que consta que no consta ninguna licencia de segregación ni expediente en materia de disciplina urbanística aunque la finca incumple el artículo X.3.1 de las NNSS.

La registradora califica negativamente si bien únicamente son recurridos dos defectos señalados en la nota de calificación: el referente a la falta de licencia de segregación (estimación del recurso) y la falta de tracto (desestimación del recurso).

En lo que a la licencia de segregación se refiere se ha de destacar que el Centro Directivo ha admitido la inscripción de escrituras de segregación y división aplicando por analogía el régimen de las declaraciones de obra antigua, a actos o usos del suelo menos invasivos que la edificación, como el que supone efectuar una división o parcelación de aquél, si concurriere el mismo fundamento conceptual y legal, es decir, que se trate de actos de división o segregación de fincas respecto de los cuales ya no procede adoptar medidas de restablecimiento de la legalidad urbanística que impliquen su reagrupación forzosa, por haber transcurrido los plazos de prescripción correspondientes.

Las cautelas desde el punto de vista de la protección de legalidad urbanística y la información a terceros se basarán en la comunicación posterior a inscripción que hará el registrador, tanto al Ayuntamiento, como a la CCAA, con constancia en el asiento y en la publicidad registral (artículos 28.4 y 65.3 del TRLS).

En conclusión, la Dirección entiende que las parcelaciones de cierta antigüedad presentan semejanzas con la situación jurídica en que se encuentran las edificaciones que acceden registralmente por la vía del artículo 28.4 del TRLS. En este caso el título formal será la declaración administrativa municipal del transcurso de los plazos de restablecimiento de la legalidad o su situación de fuera de ordenación o similar. (ER)

485.* ANOTACIÓN DE EMBARGO DE DERECHO HEREDITARIO

Resolución de 19 de octubre de 2020, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador de la propiedad de Lalín a practicar una anotación preventiva de embargo.

Resumen: Para anotar un embargo sobre los derechos hereditarios que pudieran corresponder al ejecutado en la herencia de su padre, se ha de acreditar el fallecimiento del titular registral, y la condición de heredero del ejecutado.

Hechos: Se trata de un mandamiento que en cumplimiento de un decreto ordena el embargo de los derechos hereditarios que pudieran corresponder al ejecutado, en la herencia de su padre, y respecto de un porcentaje de una finca registral.

El registrador suspende la anotación exigiendo:

  1. Acreditar el fallecimiento del titular registral, aportando al efecto el correspondiente certificado de defunción y
  2. Acreditar la condición de heredero del demandado, debiendo aportarse o bien el testamento y el certificado del Registro General de Actos de Última Voluntad, o bien la correspondiente acta notarial de declaración de herederos abintestato.

La recurrente aporta con el escrito de recurso el certificado de defunción del titular registral, pero señala que es imposible aportar el resto de los documentos requeridos toda vez que, al tratarse de la anotación de embargo, el ejecutado no va a facilitar dicha documentación, no siendo posible adquirirla por el anotante.

Resolución: La Dirección General desestima el recurso y confirma la nota de calificación del registrador.

Doctrina: El artículo 166 del Reglamento Hipotecario, aplica el principio de tracto sucesivo al determinar los requisitos para la práctica de anotaciones de embargo derivadas de procedimientos seguidos contra herederos indeterminados o determinados del titular registral con la peculiaridad de que los bienes no constan aun inscritos a favor de los demandados.

Tal principio establecido en el artículo 20 de la Ley Hipotecaria, trata de evitar la indefensión proscrita en el artículo 24 de la Constitución Española, y va a implicar que los procedimientos deben ir dirigidos contra el titular registral o sus herederos, estando ello sujeto a la calificación registral de los documentos judiciales (artículo 100 del Reglamento Hipotecario).

Tal calificación del registrador va a ser distinta en cada uno de los supuestos siguientes:

a) procesos ejecutivos por deudas del titular registral, fallecido antes o durante el procedimiento;

b) procesos ejecutivos por deudas de los herederos ciertos y determinados del titular registral, y

c) procesos ejecutivos por deudas de herederos indeterminados –herencia yacente– del titular registral.

En el caso que nos ocupa, al embargarse los derechos hereditarios que pudieran corresponder al ejecutado,  en la herencia de su padre, se ha de acreditar el fallecimiento del titular registral, y la condición del ejecutado como heredero, mediante la aportación de los títulos sucesorios y el certificado del Registro General de Actos de Última Voluntad.

Comentarios: Aparte de reiterar una doctrina ya clásica lo único que pudiera destacarse es que no admite nuestro CD las alegaciones del recurrente relativas a la imposibilidad de obtener el título sucesorio por la posibilidad de acudir al auxilio del órgano judicial para su obtención, tal y como se prevé en el artículo 591 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.(MGV)

487.*** EJERCICIO DE OPCIÓN DE COMPRA FIGURANDO PRESENTADO CON POSTERIORIDAD UN TÍTULO CONTRADICTORIO

Resolución de 19 de octubre de 2020, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación de la registradora de la propiedad de Barcelona n.º 27, por la que se suspende la inscripción de una escritura de compraventa en ejercicio de opción de compra, habiéndose presentado con posterioridad un título contradictorio. 

Resumen: En caso de presentación en el registro de dos documentos contradictorios relativos a una misma finca, el registrador debe atenerse al estricto criterio de la prioridad registral.

Hechos: se presenta a inscripción escritura por la que el optante ejercita la opción de compra. En la escritura comparece el concedente y titular registral. No obstante, constaba presentada con posterioridad otra escritura de compraventa de fecha anterior en la que el titular registral vendió la misma finca a otro comprador.

La Registradora califica negativamente ya que a la vista de los dos documentos presentados en el Registro se observa que en la fecha de otorgamiento de la escritura que se califica no era titular de la finca y por tanto el título es invalido, sin que pueda apelarse al principio de prioridad para evitarlo.

Se trata, en consecuencia, de decidir si es inscribible una escritura de compraventa en ejercicio de una opción de compra inscrita, habiéndose presentado con posterioridad una escritura de compraventa sobre la misma finca, a favor de persona distinta, otorgada con fecha anterior.

La Dirección revoca la calificación debiendo destacar:

I. LA DOBLE VENTA Y LA VENTA DE COSA AJENA.

Vid. STS de 27 de junio de 2012 y de 28 de mayo de 2019.

La doctrina del TS puede ser sintetizada de la siguiente forma:

a) Hasta los años noventa, se consideró que el artículo 1473 del Código Civil resultaba aplicable tanto a los supuestos de doble venta estricta, cuanto a los casos de doble venta que a su vez dan lugar a supuestos de venta de cosa ajena, por lo que no se exigía una cierta coetaneidad cronológica entre ambas ventas para su aplicación.

b) A partir de los años noventa, sin embargo, comienzan a excluirse del ámbito de aplicación del artículo 1473 aquellas ventas múltiples que originasen supuestos de venta de cosa ajena, exigiéndose en consecuencia una cierta proximidad cronológica entre ambas ventas para la aplicación de dicha norma. Es decir, la jurisprudencia a partir de los años noventa introduce un criterio de preferencia de orden cronológico pues parece que la lejanía en el tiempo entre dos ventas constituye un indicio concluyente de la consumación de la primera, y consiguiente venta de cosa ajena.

La Sentencia de 7 de septiembre 2007 unificó la doctrina sobre la materia señalando que:

1) No es exigible el requisito de «una cierta coetaneidad cronológica» entre dos o más ventas en conflicto, incluyendo así en su ámbito de aplicación a las ventas múltiples que a su vez originen una venta de cosa ajena, como consecuencia de la consumación de la primera de las ventas.

2) La doble venta y la venta de cosa ajena son figuras complementarias y no excluyentes que entran bajo el ámbito de aplicación del artículo 1473 del Código Civil.

3) Cuando se trata de doble venta de bienes inmuebles, es tambén exigible el requisito de la buena fe entendida como la situación de conocimiento del demandando respecto de la venta anterior realizada al demandante por la misma vendedora sobre el mismo inmueble.

4) En cuanto al tipo de conocimiento, no es necesario un conocimiento acabado y preciso de la transmisión anterior sino que basta un estado de duda sobre ello.

II. EL PRINCIPIO DE PRIORIDAD.

Como norma hipotecaria el artículo 17 de la Ley Hipotecaria consagra el principio de prioridad, es que los documentos se despachan por riguroso orden de presentación en el Registro. Consecuentemente, el registrador en estos supuestos debe atenerse al estricto criterio de la prioridad registral, sin perjuicio de que pueda cuestionarse judicialmente si concurren en el adquirente los requisitos exigidos en el artículo 34 de la Ley Hipotecaria. (ER)

488.** SENTENCIA DECLARATIVA DE DOMINIO EN PROCEDIMIENTO SEGUIDO EN REBELDÍA CONTRA LA HERENCIA YACENTE

Resolución de 19 de octubre de 2020, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación del registrador accidental de la propiedad de Gérgal, por la que se suspende la inscripción de una sentencia declarativa de dominio, dictada en rebeldía del demandado, por dirigirse la acción contra los desconocidos herederos del titular registral, y no haberse nombrado administrador que represente a dichos herederos. (ACM)

Resumen: No cabe inscribir una sentencia de dominio contra el titular registral fallecido, sin que la demanda se dirija también contra sus presuntos herederos –ignorados– (o al menos algunos de ellos), o nombrando un administrador judicial de la herencia.

– Hechos: Se presenta testimonio de sentencia declarativa del dominio de una finca inscrita cuyo titular registral ha fallecido sin testamento ni herederos conocidos . 

– El Registrador:    califica negativamente por 2 defectos (y otro no recurrido):
     1) Al dictarse la sentencia en Rebeldía, por no acreditarse la firmeza de la resolución judicial ni los plazos de la Acción de rescisión de sentencias firmes (arts  502 y 524.4 LEC) ;
     2) Y Conforme al Ppio de Tracto Sucesivo (Aº 20 LH), por no haberse demandado a los supuestos herederos, evitando su indefensión (Aº 24 CE78) o bien nombrando (art 790 LEC) un administrador judicial de la herencia;

 – El abogado del demandante:    recurre exponiendo en síntesis que:
      1) Que el plazo de la Acción de rescisión de sentencias firmes en caso de rebeldía, sería de 4 meses (no 16) y aún incluso en ambos puede deducirse implícitamente que ya habrían transcurrido;
      2) Y que en la demanda ya se solicitó el nombramiento de un administrador judicial de la herencia a criterio del propio Juez, quien no se pronunció al respecto, ni nombrando ni dejando de nombrar tal administrador, por lo que ahora la calificación registral no puede trasladar al interesado la carga del nombramiento que no hizo el juez;

– Resolución: La DGSJFP desestima  el recurso y confirma la calificación :
– Doctrina: Y, siguiendo criterios de las RR. de 17 enero y 12 diciembre  2019 señala que:
   1) El plazo de la Acción de rescisión de sentencias firmes en caso de rebeldía, es, en este caso de 16 meses (art 524.4 LEC) reiterando, que NO basta solo con que haya transcurrido el plazo, SINO que es preciso acreditar la firmeza de la sentencia por no haberse interpuesto acción rescisoria, ya que sólo el juzgado ante el que se siga el procedimiento podrá aseverar tanto el cumplimiento de los plazos que resulten de aplicación, incluyendo en su caso la prolongación de los mismos, como el hecho de haberse interpuesto o no la acción rescisoria” pues de lo contrario, ex arts 502 y 524.4 LEC , solo son inmediatamente susceptibles de ANOTACIÓN PREVENTIVA.
   2) La exigencia de Administrador judicial de la herencia (art 790 LEC) es exigible en los casos en que el llamamiento a los herederos desconocidos sea puramente genérico y no haya ningún interesado en la herencia que se haya personado en el procedimiento, considerando el juez suficiente la legitimación pasiva de la herencia yacente, y en todo caso se ha de intentar la localización de quien pueda ostentar su representación en juicio.

[Véanse en este sentido las Res. de 3 oct. 2011, la Res 17 julio19 sept., y 9 dic. 2015 ; las de 17 marzo,  12 mayo, y 15 noviembre 2016; la de 18 enero 2017,; las de 4 septiembre  y 7 septiembre 2018; las de 17 enero,  21 junio y 12 diciembre  2019; y las de 30 septiembre y 19 octubre de 2020; y ya ANTES: la Res. 18 nov. 2006 y las Res 21 febrero,15 oct. y 5 nov. 2007] .
     En el caso concreto del testimonio de la sentencia resulta que el llamamiento a los desconocidos herederos es genérico y consta una notificación edictal, pero NO que se haya llevado a cabo una investigación razonable, sobre la existencia de herederos testamentarios o legales de los titulares registrales de la finca afectada. (ACM)

490 y 491. ADJUDICACIÓN EN PROCEDIMIENTO DE APREMIO DE FINCA DE ENTIDAD CONCURSADA

Resolución de 19 de octubre de 2020, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por la registradora de la propiedad de Madrid n.º 11, por la que se suspende la inscripción de una certificación de adjudicación en subasta y mandamiento de cancelación de cargas, dictados en procedimiento de apremio administrativo tramitado por la Agencia Tributaria. (ER)

492.*  INSRIPCIÓN DE REPRESENTACIÓN GRÁFICA ALTERNATIVA. OPOSICIÓN DE COLINDANTE Y DE LA ADMINISTRACIÓN

Resolución de 20 de octubre de 2020, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación de la registradora de la propiedad de Cervera de Pisuerga, por la que se deniega la inscripción de una representación gráfica alternativa a la catastral.

Resumen: Está justificada la denegación de la inscripción de una representación gráfica georreferenciada dada la existencia de conflicto entre fincas colindantes, debido a que hay un previo litigio en los tribunales.

Hechos: Mediante instancia el titular de una finca registral solicita la rectificación de su cabida y la inscripción de representación gráfica georreferenciada.

La registradora, una vez tramitado el expediente del art. 199 LH, suspende la inscripción, considerando la oposición expresa del titular de una finca colindante así como  la de una junta vecinal.

Se aporta una sentencia dictada en juicio declarativo en acción entablada por dichos colindantes en acción de deslinde y amojonamiento y acción reivindicatoria en la que se desestimó la pretensión, reconociendo la prescripción adquisitiva a favor del recurrente de una franja de terreno.

El recurrente pretende que el registrador en su calificación o la Dirección General en sede de recurso resuelvan el conflicto entre colindantes.

Resolución: La Dirección General desestima el recurso y confirma la nota de calificación.

Doctrina: El artículo 199 de la LH regula el expediente para la inscripción de la representación gráfica georreferenciada de la finca y su coordinación con el Catastro, disponiendo que el titular registral del dominio o de cualquier derecho real sobre finca inscrita podrá completar la descripción literaria de la misma acreditando su ubicación y delimitación gráfica y, a través de ello, sus linderos y superficie, mediante la aportación de la correspondiente certificación catastral descriptiva y gráfica. El apartado 2 del artículo 199 remite, en caso de tratarse de una representación gráfica alternativa a la catastral, a la misma tramitación de su apartado 1, con la particularidad de que han de ser notificados los titulares catastrales colindantes afectados.

En el presente caso la DG considera  “identificadas y fundadas las dudas de la registradora, en cuanto a la existencia de conflicto entre fincas colindantes, existiendo un previo litigio en los tribunales”.

Uno de los colindantes, que formula oposición, la apoya con diversa documentación que se aporta al expediente, poniendo de manifiesto el conflicto en relación con una concreta franja de terreno.

A lo anterior se une la oposición de la Junta Vecinal, que si bien no aporta documentación adicional, pero al ser parte en el procedimiento judicial, “contribuye a sembrar dudas sobre la delimitación propuesta, que altera la catastral amparada por una presunción de veracidad”, resultando posible, que con la inscripción de la representación gráfica se puede alterar la realidad física exterior que se acota con la global descripción registral, pudiendo afectar a los derechos de terceros.

Así mismo contesta nuestro CD a la pretensión del recurrente de “que el registrador en su calificación o la Dirección General en sede de recurso resuelva el conflicto entre colindantes” en el sentido de que, a falta de acuerdo entre los interesados, el conflicto será competencia de los tribunales de justicia. En el caso que nos ocupa en relación a la acción judicial previa se debe instar la ejecución en sede judicial de la resolución dictada por los tribunales, sin que pueda entenderse que el expediente del artículo 199 de la Ley Hipotecaria pueda utilizarse con esta finalidad, al no resultar  de la sentencia las coordenadas georreferenciadas de la finca que permitan su delimitación gráfica e inscripción en base a dicho procedimiento judicial.

Ante lo anterior se podrá acudirse al expediente de deslinde regulado en el artículo 200 de la Ley Hipotecaria sin perjuicio de poder acudir al juicio declarativo correspondiente (cfr. artículo 198 de la Ley Hipotecaria).

Comentarios: De nuevo se pone de manifiesto que el objeto de la intervención de los titulares colindantes en los procedimientos de concordancia del Registro con la realidad física es evitar que puedan lesionarse sus derechos generándose situaciones de indefensión. También se pone de manifiesto que el registro no puede servir para fines no previstos, como sería la solución de pleitos entre colindantes, sin perjuicio de que quizás en este caso se pudiera acudir a la vía de la conciliación registral del nuevo art. 103 bis de la LH.(MGV)

493.** EXPEDIENTE DE DOBLE INMATRICULACIÓN ART. 209 LH: LEGITIMACIÓN.

Resolución de 20 de octubre de 2020, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación del registrador de la propiedad de Murcia n.º 8, por la que se suspende la tramitación de un expediente de doble inmatriculación.

Resumen: Solo está legitimado para iniciar expediente de doble inmatriculación el titular de un derecho inscrito o anotado sobre una finca, conforme al artículo 209 LH, por lo que no es posible ejercitar por cualquier otro la acción pública que regula el artículo 62 de la Ley del Suelo.

Hechos: Un particular, ejercitando un acción pública, solicita mediante instancia la apertura de un expediente de doble inmatriculación . Considera que una construcción privada  invade un parque público de un ayuntamiento, al que acusa de dejadez en el ejercicio de sus competencias

El registrador deniega la apertura del expediente por falta de legitimación, al no ser el solicitante  titular de ningún derecho sobre las  fincas registrales sobre las que se denuncia la doble inmatriculación;  en cuanto al fondo del asunto, el que la construcción supuestamente en la realidad física invada un terreno de dominio público no implica que haya doble inmatriculación ni en todo ni en parte.

La interesada recurre y alega que ejercita la acción pública ante la inacción de un Ayuntamiento. Considera que el registrador debe investigar si la finca del Ayuntamiento en la realidad (el parque público) tiene menos superficie que la inscrita por haber sido invadida por la colindante, lo que a su juicio es un supuesto de doble inmatriculación.

La Dirección General desestima el recurso.

Doctrina : Para iniciar un expediente de doble inmatriculación el solicitante tiene que ser el titular de un derecho inscrito o anotado sobre cualquiera de las dos fincas, conforme al artículo 209 LH. No considera que sea ejercitable la acción pública que regula el artículo 62 de la Ley del Suelo.

En cuanto al fondo del asunto, la circunstancia de producirse una invasión en la realidad física por una edificación colindante no conlleva «per se» la superposición de fincas registrales en el mundo tabular. (AFS)

494.** SOLICITUD DE REINSCRIPCIÓN. RECURSO CONTRA ASIENTO YA PRACTICADO. COMPETENCIA DGSJFP VERSUS CATALUÑA.

Resolución de 22 de octubre de 2020, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la calificación del Registrador de la Propiedad de El Vendrell n.º 3, por la que se suspende la inscripción de una instancia privada junto con una copia de acta de manifestaciones por la que se solicita que se reinscriba una finca a favor del anterior titular registral.

Resumen: El recurso gubernativo no es el medio adecuado para enjuiciar asientos ya practicados al encontrarse amparados por el principio de salvaguardia judicial consagrado en el artículo 1.3 de la Ley Hipotecaria

Hechos: Una sociedad a la que se cancela la inscripción de propiedad de su finca como consecuencia del ejercicio de la condición resolutoria que, mediante acta notarial, hace quien se la vendió, justifica que se opuso al ejercicio de la condición resolutoria mediante acta notarial, que presenta, y solicita la reinscripción de la finca a su nombre

Registrador: califica negativamente dicha solicitud de reinscripción por no intervenir los titulares regístrales de la finca o, en su defecto, haber obtenido una resolución judicial en este sentido.

Recurrente: Considera que nos encontramos ante una inexactitud registral que debe ser solventada practicando una nueva inscripción del inmueble a favor de la mercantil mediante la presentación de la instancia suscrita.

Resolución: Desestima el recurso y confirma la calificación.

Doctrina:

I “Debe recordarse que el recurso no es el medio adecuado para enjuiciar asientos ya practicados, al encontrarse amparados por el principio de salvaguardia judicial consagrado en el artículo 1.3 de la Ley Hipotecaria.

Así es doctrina reiterada (vid., por todas, Resoluciones de 13 de septiembre de 2018 y 14 de marzo de 2019) que, una vez practicado un asiento, el mismo se encuentra bajo la salvaguardia de los tribunales produciendo todos sus efectos en tanto no se declare su inexactitud bien por la parte interesada, bien por los tribunales de Justicia de acuerdo con los procedimientos legalmente establecidos (artículos 1, 38, 40 y 82 de la Ley Hipotecaria).

Por tanto, no cabe emitir manifestación alguna respecto de la última inscripción dominical en el seno del presente expediente”.

II También reitera la Resolución su doctrina sobre la competencia para resolver los recursos en aquellos territorios con derecho civil propio:

1 “Cuando las calificaciones impugnadas o los recursos se fundamenten, de forma exclusiva, en normas de Derecho catalán o en su infracción, los registradores deberán remitir el expediente formado a la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques de Cataluña, aun cuando se hayan interpuesto ante esta Dirección General de los Registros y del Notariado.

2 Por el contrario, cuando la calificación impugnada o los recursos se fundamenten, además, o exclusivamente, en otras normas o en motivos ajenos al Derecho catalán el registrador deberá dar al recurso la tramitación prevista en la Ley Hipotecaria y remitir el expediente formado a esta Dirección General de los Registros y del Notariado en del artículo 324 de la Ley Hipotecaria”.(JAR)

495.* INMATRICULACIÓN ART. 205. FINCA COINCIDENTE CON OTRA YA INMATRICULADA

Resolución de 22 de octubre de 2020, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación de la Registradora de la propiedad de Vilanova i la Geltrú n.º 2, por la que se deniega la inscripción de una escritura de adición de herencia.

Resumen: No cabe inmatricular una finca si ello produce una doble inmatriculación, en particular si tiene la misma referencia catastral que otra inscrita que además procede de un mismo titular.

Hechos: Se otorga una escritura de herencia en la que se inventaría una finca que se pretende inmatricular.

La registradora deniega la inscripción porque ya consta inscrita la misma finca que, además,  había sido donada en vida por la causante de la herencia.

El interesado recurre y alega que la donación que sirvió de título inmatriculador tuvo que ser falsa.

La Dirección General desestima el recurso.

Doctrina: No cabe la inmatriculación de una finca cuando ya existe otra finca con la misma referencia catastral que aparece inscrita a nombre de persona distinta de quien ahora solicita la inmatriculación, y que fue practicada como consecuencia de una donación efectuada por la misma causante de la herencia que se presenta ahora a inscripción. Son razonables las dudas de la registradora de que si se accede a ello se produciría una doble inmatriculación.  (AFS)

498.*** PROTOCOLIZACIÓN DE OPERACIONES PARTICIONALES POR CONTADOR PARTIDOR SIN CITACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL MENOR

Resolución de 23 de octubre de 2020, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la calificación de la registradora de la propiedad n.º 7 de Madrid, por la que se suspende la inscripción de una escritura de protocolización de operaciones particionales.

Resumen: El albacea contador partidor debe citar a los representantes legales de los herederos sujetos a tutela, curatela o patria potestad para rectificar la partición hecha cuando la renuncia posterior de los herederos mayores de edad determina el llamamiento de un heredero sujeto a tutela, curatela o patria potestad.

Hechos: Se cuestiona la inscripción de una escritura de protocolización de operaciones particionales y entrega de legado otorgada por el albacea contador partidor testamentario y una heredera-legataria, hija de la causante, que acepta y recibe el legado. La fecha de la escritura es de 11 de diciembre de 2018. En los días siguientes los restantes herederos-legitimarios renuncian la herencia. Alguno de los renunciantes tiene un hijo menor de edad y en el testamento se sustituye vulgarmente a los herederos pos sus respectivos descendientes. Después de estas renuncias, el albacea contador partidor testamentario rectifica la partición anteriormente protocolizada para ajustarla a las renuncias producidas.

Registradora: Señala como defecto que no se ha realizado el inventario ni se ha notificado a los representantes legales del menor de edad, siendo este requisito imprescindible para la validez de la partición y para que pueda a su vez entregarse el legado.

Recurrente: Alega que sólo solicita la inscripción de la entrega del legado, para lo que está facultado el contador partidor; que la renuncia de los herederos mayores de edad ha sido posterior a la formación del inventario, que sí se ha realizado; que del inventario se desprende que hay bienes suficientes para respetar la legítima del menor.

Resolución: Desestima el recurso y confirma la calificación.

Doctrina:

1 Es clara la necesidad de hacer el inventario, avalúo y liquidación general de la herencia previamente a la entrega del legado ordenado por la testadora, para determinar que no se perjudica la legítima de los herederos forzosos. Este requisito no se entiende cumplido por una declaración genérica diciendo que el legitimario «ya recibió en vida del testador o causante su parte hereditaria» (R. 27 de febrero de 1982).

2 En el presente caso sucede que el inventario se ha realizado antes de las renuncias de los mayores de edad y que, tras esas renuncias, resulta llamado como heredero sustituto y como legitimario un menor de edad: ¿puede entenderse cumplido el requisito del artículo 1057 CC, que exige cuando entre los coherederos haya alguno sujeto a patria potestad, tutela o curatela el contador-partidor, que se debe inventariar los bienes de la herencia con citación de los representantes legales o curadores de dichas personas?. NO.

Conclusión: Aunque la renuncia de los herederos ha sido posterior a la formación del inventario, no cabe exceptuar la aplicación del artículo 1057 CC, por lo que es preciso ”notificarlo a los representantes legales del menor de edad, a los efectos de su citación a la formación del nuevo y rectificado inventario, siendo este requisito necesario para la validez de esta partición y con ello, poder proceder a la entrega del legado”. (JAR)

499.** HERENCIA SIN INTERVENCIÓN DE HIJO ADOPTIVO

Resolución de 23 de octubre de 2020, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la calificación del registrador de la propiedad de Herrera del Duque-Puebla de Alcocer, por la que se suspende la inscripción de una escritura de manifestación y aceptación de herencia.

Resumen: A falta de acuerdo de todos los interesados, para privar de eficacia el contenido patrimonial de un testamento se exige una declaración judicial

Hechos: Se cuestiona la inscripción de una escritura de herencia otorgada por el heredero único, sobrino de la testadora, quien en su testamento dice tener un hijo adoptivo al que lega la legítima.

El heredero declara en la escritura que la referencia al hijo adoptivo se trata de un error, pues “… el citado don A. S., tiene otro nombre, y que estuvo acogido por la causante en la posguerra, sin que el mismo fuera nunca adoptado»”. Aporta como pruebas Libro de Familia de la causante, en el que no figura inscrito hijo alguno; también presenta en el Registro de la Propiedad una “…certificación negativa del Registro Civil de Don Benito (Badajoz), sin que figura el nombre del solicitante de ésta, en la que se expresa que respecto de A. S. «resulta que examinados los ficheros y demás antecedentes pertinentes que obran en este Registro Civil, referentes al tiempo comprendido desde 01/01/1950 y 122/03/2020 no figura inscripción de nacimiento».

Registrador: opone a la inscripción la no intervención del hijo adoptivo porque considera que la certificación negativa no acredita la inexistencia de la adopción, dado que la filiación adoptiva es un dato especialmente protegido al que solo tienen acceso el interesado o el cónyuge del fallecido, pareja de hecho, ascendientes y descendientes hasta el segundo grado del mismo.

Recurrente: Alega que, al no constar tal hijo como adoptivo en la certificación del Registro Civil, no existe; que no consta la existencia de un hijo adoptivo en ningún documento oficial, ni en el libro de familia de la causante, y, por lo tanto, habrá de estarse a los hechos constatables mediante documentos oficiales.

Resolución: Desestima el recurso y confirma la calificación.

Doctrina:

La cuestión se centra en si es posible que el heredero, sin la concurrencia de los demás interesados, puede interpretar el testamento y resolver que hubo un error en las manifestaciones de la testadora.

Tratándose de una cuestión de interpretación, reitera que “la privación del contenido patrimonial de un determinado testamento exige, a falta de conformidad de todos los afectados, una previa declaración judicial que, tras un procedimiento contencioso, provoque su pérdida de eficacia ya sea total o parcial; y ello porque el principio de salvaguarda judicial de los derechos (artículo 24 de la Constitución) en conjunción con el valor de ley de la sucesión que tiene el testamento formalmente válido (artículo 658 del Código Civil), hace necesario que sea una declaración judicial la que prive de eficacia al testamento, y no sea uno de los interesados en la herencia quien lo decida”.

No considera la Resolución que las pruebas presentadas por el interesado sean suficientes para subsanar el error padecido por medios objetivos e independientes de la voluntad del heredero, pues la adopción pudo ser inscrita en otro Registro civil y de ahí que no sea suficiente la certificación de un solo Registro, a lo que ha de añadirse la reserva de datos exigida por el artículo 83 de la Ley 20/2011 de 21 de julio, de Registro Civil, hacen que esta aseveración no resulte determinante.

Conclusión: La documentación presentada no puede considerarse suficiente para dejar sin efecto la disposición testamentaria a favor del hijo adoptivo. (JAR)

502.** PROPIEDAD HORIZONTAL. MODIFICACIÓN DEL TÍTULO CONSTITUTIVO. CONSENTIMIENTO DE LOS TITULARES REGISTRALES ACTUALES

Resolución de 23 de octubre de 2020, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la negativa de la registradora de la propiedad de Denia n.º 2 a inscribir una escritura de modificación de obra nueva y propiedad horizontal.

Resumen: El consentimiento unánime, que exige el art 5 de la LPH, para la modificación del título constitutivo, tiene que ser adoptado, no sólo por todos los propietarios que lo fueran al tiempo de la fecha de su adopción, sino también por quienes sean titulares registrales, en el momento en que, tal acuerdo y la consiguiente modificación estatutaria, acceda al Registro. Consecuentemente con ello, las modificaciones del título de la Propiedad Horizontal, que no fueron inscritas al tiempo de su adopción, se pueden considerar una “carga oculta”, carente de la transparencia y de la publicidad que exige el sistema registral.

Hechos: Sobre la finca registral X del registro de la propiedad de Denia, se declararon las obras nuevas de diversas construcciones, en los años 1988 y 1989, las cuales, finalmente, se constituyeron en una única propiedad horizontal, formada por cinco bloques y un chalé. En el año 2004, la junta general de copropietarios de la propiedad horizontal aprobó, por unanimidad, que el terreno que rodeaba al chalé indicado se constituyera en anejo, para uso privativo de éste, siendo los acuerdos impugnados y finalmente confirmados en parte, y elevados a escritura pública, en su día, a través de diversas escrituras y una diligencia de subsanación, sin que tal escritura de modificación de la PH tuviera acceso al Registro de la Propiedad.

Registrador: El registrador suspende la inscripción de la referida escritura de modificación de la inicial de constitución de la propiedad horizontal, estimando que la nueva inscripción pretendida (que incluía la de atribución del terreno circundante al chalet, como elemento de éste), implicaba una modificación de la propiedad horizontal originaria, para lo que era necesario también, el consentimiento unánime de “todos los titulares registrales actuales” (arts. 5 y 17.6 de la Ley de Propiedad Horizontal y 1.3,20, 38 y 40 de la LH), dado que los acuerdos, adoptados en su día, por la comunidad de propietarios y relativos a la atribución de una parte del terreno común al chalet, no habían tenido acceso al Registro, pudiendo ser considerados como una especie de carga oculta, respecto de terceros.

Recurrente: El actual adquirente del chalé (ya con la adjudicación del terreno circundante), sostiene la validez de los acuerdos adoptados, en su día, por la Comunidad de Propietarios en 2004, los cuales habían sido confirmados por sentencias de fecha posterior, y dado que “tales acuerdos adoptados en Junta General y confirmados por las sentencias posteriores” (pese a no haber accedido al Registro) no tenían fecha de caducidad y obligaban a los futuros adquirentes posteriores.

Dirección General: Para la DG (RRSS 25 octubre 2019 y 1 junio 2020) el régimen de propiedad horizontal se caracteriza por la existencia de un único dcho de propiedad, pero de objeto complejo: el piso o departamento privativo, y su participación inseparable en la titularidad de los elementos, pertenencias y servicios comunes del edificio (arts. 3 LPH y 396 cc.), no tratándose de dos propiedades yuxtapuestas, sino de un único dcho de naturaleza especial y compleja: atribución a cada piso de una cuota de participación en el valor del inmueble (referida a centésimas del mismo), y la inseparable e indisponible cuota de las partes en copropiedad o elementos comunes, siendo la junta de propietarios la que decide en los asuntos de interés de la comunidad (arts. 14 y 17 LPH), pero siendo necesaria la unanimidad, en el último caso, para modificar el título constitutivo de la PH, lo que se ha venido manteniendo en las sucesivas reformas de la LPH, así la ley 8/2013 de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas, que modifica el art 17 de aquella, encaminada a facilitar que se alcancen acuerdos.

En el presente recurso, se discute, si el acuerdo debatido (atribución de parte de un elemento común – terreno circundante al chalet- a éste, finca privativa), entra dentro de la competencia de la Junta, puesto que en la propiedad horizontal deben distinguirse aquellos acuerdos que tienen el carácter de actos colectivos (no imputables a cada propietario, sino a la junta como órgano comunitario), y los que, al afectar al dcho de dominio concreto de cada propietario, requieren el consentimiento individualizado de todos éstos, debiendo éste constar en documento público y acceder al Registro de la Propiedad.

Queda claro que en, este caso concreto (adjudicación del uso exclusivo de una terraza o terreno – elemento común del conjunto- a un componente concreto -chalé-) no cabe inscribirlo ahora, sin la intervención “uti singuli” de todos los “propietarios actuales”, que integran la división horizontal, por lo que no basta una unanimidad presunta, ni el acuerdo de una mayoría simple de los mismos (arts. 17.2 PH).

La propia DG ha decidido que, en ciertos casos, para la modificación del título constitutivo de la PH, basta el acuerdo de los propietarios (art 17 LPH), sin requerirse un consentimiento individualizado de los distintos titulares registrales y, sin embargo, en otros casos, (por ejemplo, la especificación del trastero que corresponde a cada componente) se exige la escritura y el consentimiento individual de cada propietario. Así la DG RS 17 enero 2018, ha considerado que el uso privativo, por un apartamento, de una parte determinada de la azotea del edificio, exige el consentimiento individualizado de la totalidad de propietarios de la urbanización

Pues bien, en el presente supuesto, debe aclararse si, para la modificación que se llevó a cabo respecto de uno de los chalés que integran la comunidad de propietarios, al que se asignó, como anejo privativo, una parte de la finca general de 836 m2, era suficiente el acuerdo general de la comunidad, adoptado en su día (y no inscrito) o bien, es preciso ahora el acuerdo particularizado, actual de cada propietario de la división horizontal, debiendo confirmarse, en este punto, la calificación registral que exige éste último, ya que el mismo modifica el título constitutivo de la propiedad horizontal, y sus estatutos, (art 17, regla 6 LPH).

Por tanto, en este caso, como resulta de lo expuesto, el consentimiento necesario para la modificación de la PH no ha sido prestado por la totalidad de los titulares registrales actuales (sino por quienes lo eran en el año 2004), por lo que cualquier tercero no puede verse afectado por una modificación del título constitutivo, que no ha sido inscrita oportunamente, en su momento (arts. 5LPH y 13, 17, 32 y 38 LH). Y ello es así, porque, si se admitiera esta “carga oculta”, se podrían producir perjuicios al tráfico jco inmobiliario y se fomentaría la clandestinidad frente a la transparencia y publicidad de los actos y contratos relativos al dominio y dchos reales sobre bienes inmuebles (arts. 32 LH y 606 cc), que es lo que defiende el R de la P.

Por tanto y definitivamente, este consentimiento unánime de los copropietarios (art 5 LPH) no sólo es necesario respecto de quienes lo fueran a la fecha de adopción del acuerdo (2004), sino en relación con quienes lo sean al tiempo en que, dicho acuerdo, acceda ahora al Registro de la Propiedad, y ello porque los actuales propietarios, no pueden quedar afectados por las modificaciones del título constitutivo que no consten inscritas ahora, ya que estaríamos ante una verdadera carga oculta.

Resolución: La DG desestima el recurso y confirma la calificación impugnada. (JLN)

503.* EXPEDIENTE JUDICIAL DE DOMINIO PARA LA REANUDACIÓN DE TRACTO

Resolución de 23 de octubre de 2020, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación del registrador de la propiedad de Oviedo n.º 2, por la que se deniega la inscripción de testimonio de un auto judicial dictado en expediente de reanudación del tracto sucesivo interrumpido.

Resumen: En los expedientes de reanudación del tracto tramitados conforme a la normativa anterior es esencial tanto la notificación a los titulares registrales como que se indique con claridad  las inscripciones contradictorias a cancelar.

A las segregaciones se aplica la normativa vigente al tiempo de la presentación del documento en el registro con independencia de la fecha de su otorgamiento

Hechos: Mediante auto de fecha 30 de julio de 2010 dictado en procedimiento de expediente de dominio de reanudación del tracto se declara justificado el dominio a favor de una señora sobre sobre las dos terceras partes indivisas y la nuda propiedad sobre la otra tercera parte indivisa, cuyo usufructo corresponde a su padre.

El registrador opone los siguientes defectos impeditivos de la inscripción:

– Que no consta acreditado que en la tramitación del expediente se haya cumplido con las citaciones a los titulares registrales de la finca.

– Que solamente se ordena la cancelación de la inscripción contradictoria de dominio a favor de los titulares registrales de la mitad de una cuarta parte indivisa de la finca, pero no de las restantes inscripciones de dominio contradictorias.

– Porque, implicando dicha reanudación una segregación, no se aporta representación gráfica georreferenciada catastral o alternativa de la finca segregada.

El recurrente alega: que consta en el auto que “se acordó citar a las personas interesadas y convocar a las personas ignoradas a quienes pudiera perjudicar la inscripción mediante edictos que se fijaron en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y Juzgado de Oviedo, y se publicaron en el «Boletín Oficial del Principado de Asturias» a fin de que en el término de 10 días pudieran comparecer en el expediente”;

Que en el concepto “personas ignoradas a quienes pudiese perjudicar la inscripción” se incluyen a todos los titulares registrales de la finca así como sus herederos; y que la inscripción tiene más de treinta años.

Que el Juzgado complementó el auto añadiendo que “los titulares registrales son las personas fallecidas de las que el promovente heredó sus bienes, no siendo por tanto posible realizar las citaciones, no existiendo otros coherederos a los que notificar la existencia del presente procedimiento”.

Y finalmente, para subsanar el defecto, se realizan notificaciones nominales por edictos realizadas por notario con posterioridad al procedimiento judicial.

Resolución: La Dirección General desestimar el recurso y confirma la nota de calificación

Doctrina: En este expediente se decide si procede la inscripción de un auto judicial declarando justificado el dominio en expediente para la reanudación del tracto sucesivo.

En primer lugar trata nuestro Centro Directivo sobre la normativa aplicable al supuesto, para lo que acude a la disposición transitoria única de la  Ley 13/2015, de 24 de junio que establece que los expedientes regulados en el Título VI de la Ley Hipotecaria iniciados en el momento de la entrada en vigor de la citada norma (el 1 de noviembre de 2015),  deberán continuar su tramitación conforme a la normativa anterior lo que implica que “será de aplicación la norma contenida en el artículo 201 de la Ley Hipotecaria, según la redacción anterior a la expresada Ley de reforma, y sus concordantes del reglamento”.

En cuanto a al primer defecto, relativo a la falta de citación de los titulares registrales, se confirma al ser una exigencia derivada no sólo de los artículos 20 de la Ley Hipotecaria y 24 de la Constitución Española, sino específicamente, para titular registral, catastral y, en su caso, poseedor de hecho, de los artículos 201202 de la Ley Hipotecaria286 del Reglamento, “a fin de evitar que sufran éstos en el mismo Registro las consecuencias de una eventual indefensión procesal”.

Asimismo, dado el carácter excepcional de este tipo de expedientes para lograr la inscripción de una finca ya inmatriculada a favor del promotor, justifica “una interpretación estricta de las normas relativas al expediente de reanudación del tracto, y en particular, del requisito esencial de la citación en debida forma del titular registral, y su no oposición al procedimiento”.

Y sin que la omisión de la citación al titular “pueda suplirse con notificaciones notariales efectuadas con posterioridad al procedimiento”, al carecer de amparo legal y no poder causar ningún efecto respecto de un procedimiento judicial ya finalizado por resolución firme.

También afirma la DG que constando fallecidos los titulares no basta la notificación genérica a cuantos pudiera perjudicar el expediente, al exigir el artículo 202 aplicable una citación “en debida forma”, conclusión a la que también se llega tras la Ley 13/2015, de 24 de junio

No obstante, en alguna resolución se apunta a que “en los casos en que resulte notorio el fallecimiento del titular registral por el lapso de tiempo transcurrido desde que se practicó la inscripción, podría ser desproporcionado exigir una citación sacramentalmente nominal a un titular registral ya inexistente y a unos causahabientes que no han tomado razón de su derecho”, lo que deberá resultar del testimonio del auto para su calificación por el registrador.

Lo anterior no se aprecia en nuestro expediente, además de que algunas de las inscripciones contradictorias datan de fechas que no permiten afirmar que haya transcurrido un plazo que permita evidenciar el fallecimiento de los titulares registrales.

El segundo defecto es relativo a que el mandato de cancelación de la inscripción contradictoria sólo se refiere a determinados titulares registrales cuando el artículo 286 del Reglamento Hipotecario dispone “El auto aprobatorio del expediente de dominio, cuando se trate de reanudación del tracto sucesivo interrumpido, dispondrá la cancelación de las inscripciones contradictorias a que se refiere el artículo 202 de la Ley (…)”.

En el caso que nos ocupa no solo se omite tal exigencia reglamentaria, sino que sólo alude a los titulares registrales de cierta participación indivisa de la finca, omitiendo mencionar a los demás, pero refiriéndose al propio tiempo al dominio de la totalidad de la finca. Lo que a juicio de la DG da lugar a  dudas sobre la operación a practicar, o incluso si el procedimiento comprende tales participaciones omitidas.

Finalmente aborda el defecto relativo a la falta de aportación de la representación gráfica georreferenciada de la finca a lo que  el recurrente alega que tal requisito no es aplicable atendiendo a la Disposición Transitoria única la actual Ley 13/2015, de 24 de junio.

En este punto declara con rotundidad “que todo documento, cualquiera que sea la fecha de su otorgamiento, en el que se formalice una división o agrupación de finca, incluyendo las subespecies registrales de la segregación y la agregación, y que se presente a inscripción a partir del 1 de noviembre de 2015, habrá de cumplir con la exigencia legal de aportación preceptiva, para su calificación e inscripción, de la representación georreferenciada con coordenadas de los vértices de las fincas a las que afecte”.

Comentarios: En lo que respecta a la normativa aplicable al presente caso se ha de distinguir entre el auto con el que finaliza el expediente de dominio  que sería inscribible conforme a la normativa anterior, siendo solo la operación de segregación la que debe cumplir los requisitos de inscripción vigentes. Por lo demás se trata de una resolución que confirma la doctrina clásica del CD sobre la inscripción de expedientes de reanudación del tracto sucesivo: necesidad ineludible de notificaciones y necesidad de petición de cancelación de asientos contradictorios, siendo interesante el recordatorio que hace sobre la no necesidad de notificar a aquellas personas que presuntamente por su edad ya han fallecido, aunque no sea este el caso de la resolución. (MGV)

504. SEGREGACIÓN Y EXTINCIÓN DE CONDOMINIO. VINCULACIÓN OB REM

Resolución de 15 de junio de 2020, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador de la propiedad de Madrid n.º 22 a inscribir una escritura de segregación y extinción de condominio. (MN)

505. COMPRAVENTA ENTRE SOCIEDADES. ACTIVO ESENCIAL ART. 160-F LSC

Resolución de 18 de junio de 2020, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la negativa de la registradora de la propiedad de Marbella n.º 4 a inscribir una escritura de compraventa. (AFS)

506. COMPRAVENTA ENTRE SOCIEDADES. ACTIVO ESENCIAL ART. 160-F LSC

Resolución de 18 de junio de 2020, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la negativa de la registradora de la propiedad de Marbella n.º 4 a inscribir una escritura de compraventa. (AFS)

507. OPCIÓN DE COMPRA. POSIBLE PACTO COMISORIO. CLÁUSULA DE EJERCICIO UNILATERAL E INDETERMINACIÓN DEL PRECIO

Resolución de 27 de octubre de 2020, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador de la propiedad de Barcelona n.º 7 a inscribir una escritura de opción de compra. (JAR)

508. DOBLE INMATRICULACIÓN. SENTENCIA SIN SER PARTE LOS TITULARES REGISTRALES DE HIPOTECAS.

Resolución de 30 de octubre de 2020, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador de la propiedad de Jaén n.º 2 a inscribir un testimonio de sentencia dictada en un procedimiento ordinario. (MN)

509.  DOBLE INMATRICULACIÓN ART 209 LH. FALTA DE COMPARECENCIA DEL TITULAR REGISTRAL O CAUSAHABIENTE DE UNA DE LAS FINCAS

Resolución de 30 de octubre de 2020, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación de la registradora de la propiedad de Montblanc, por la que tras tramitar expediente para la subsanación de doble inmatriculación, deniega cancelar el historial registral solicitado. (MN)

510. INSCRIPCIÓN DE REPRESENTACIÓN GRÁFICA CATASTRAL. DUDAS DE POSIBLE INVASIÓN DE DOMINIO PÚBLICO

Resolución de 30 de octubre de 2020, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación de la registradora de la propiedad de Puente del Arzobispo, por la que se suspende la inscripción de una representación gráfica catastral. (MN)

511. CANCELACIÓN DE DERECHO DE REVERSIÓN EN EXPEDIENTE DE CADUCIDAD SIN SER PARTE SU TITULAR REGISTRAL

Resolución de 30 de octubre de 2020, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación del registrador de la propiedad de Madrid n.º 15, por la que se deniega la cancelación de una nota marginal de reversión. (MGV)

512. RECTIFICACIÓN DESCRIPTIVA DE FINCA. DUDAS DE IDENTIDAD

Resolución de 30 de octubre de 2020, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación del registrador de la propiedad de Cuenca, por la que se deniega la inscripción de una rectificación de descripción de finca. (JAR)

514. DONACIÓN CON RESERVA DE USUFRUCTO Y DE LA FACULTAD DE DISPONER

Resolución de 29 de octubre de 2020, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la negativa de la registradora de la propiedad de Valencia n.º 8 a inscribir una escritura de donación. (JAR)

515. COMPRAVENTA POR ESPAÑOL Y EXTRANJERA. RÉGIMIEN ECONÓMICO MATRIMONIAL. LEY APLICABLE

Resolución de 29 de octubre de 2020, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador de la propiedad de Lloret de Mar n.º 1 a inscribir una escritura de compraventa. (IES)

516. APORTACIÓN DE CUOTA INDIVISA A UNA SOCIEDAD POR DIVORCIADO SIN MANIFESTAR SI ES VIVIENDA HABITUAL

Resolución de 29 de octubre de 2020, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador de la propiedad de Murcia n.º 8 a inscribir una escritura de aportación de inmueble a una sociedad de responsabilidad limitada. (ACM)

517. SENTENCIA DE NULIDAD DE SEGREGACIÓN SIN INTERVENCIÓN DEL TITULAR REGISTRAL

Resolución de 30 de octubre de 2020, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación de la registradora de la propiedad de San Clemente, por la que se suspende la inscripción de una resolución de los servicios periféricos de Agricultura de Cuenca, confirmada por una sentencia judicial firme, en la que se declara la nulidad de una segregación de finca rústica. (MN)

518. CANCELACIÓN DE CONDICIÓN RESOLUTORIA

Resolución de 30 de octubre de 2020, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación del registrador de la propiedad de Manresa n.º 1, por la que se deniega la cancelación de una condición resolutoria inscrita. (MN)

519. HERENCIA. DESHEREDACIÓN SIN EXPRESIÓN DE CAUSA

Resolución de 5 de noviembre de 2020, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la calificación de la registradora de la propiedad de Valencia n.º 17, por la que se suspende la inscripción de una escritura de partición de herencia. (JLN)

520. PROPIEDAD HORIZONTAL. CLÁUSULA ESTATUTARIA DE PROHIBICIÓN DE APARTAMENTOS TURÍSTICOS

Resolución de 5 de noviembre de 2020, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la calificación del registrador de la propiedad de Madrid n.º 25, por la que se suspende la inscripción de una cláusula de los estatutos de una comunidad de propietarios. (AFS)

522. HERENCIA. CALIFICACIÓN REGISTRAL NEGATIVA. «ESTIMACIÓN» DEL RECURSO EN CUANTO A UN DEFECTO

Resolución de 5 de noviembre de 2020, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador de la propiedad de Madrid n.º 53 a inscribir una escritura de manifestación y adjudicación de herencias. (MGV)

523. PUBLICIDAD FORMAL. NOTAS SIMPLES. INTERÉS LEGÍTIMO

Resolución de 5 de noviembre de 2020, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación de la registradora de la propiedad de Talavera de la Reina n.º 3, por la que se deniega la expedición de notas simples sobre varias fincas. (MN)

524. PUBLICIDAD FORMAL. NOTAS SIMPLES. INTERÉS LEGÍTIMO

Resolución de 5 de noviembre de 2020, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación del registrador de la propiedad de Talavera de la Reina n.º 1, por la que se deniega la expedición de certificaciones y de notas simples sobre varias fincas. (MN)

525. PROPIEDAD HORIZONTAL. MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS. QUORUMS. IDENTIFICACIÓN DE LAS FINCAS AFECTADAS

Resolución de 12 de noviembre de 2020, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la calificación del registrador de la propiedad de Chiva n.º 2, por la que se suspende la inscripción de la escritura de elevación a público de acuerdos de modificación de los estatutos de una comunidad de propietarios. (AFS)

526. RECURSO CONTRA INMATRICULACIÓN PRACTICADA

Resolución de 12 de noviembre de 2020, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la inmatriculación practicada por el registrador de la propiedad de Jaén n.º 1 de una finca registral. (ACM)

527. OPCIÓN DE COMPRA POR MANDATARIO VERBAL SIN RATIFICACIÓN

Resolución de 12 de noviembre de 2020, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la negativa de la registradora de la propiedad de Barcelona n.º 15 a inscribir una escritura de opción de compra. (JAR)

528. SENTENCIA DE DIVORCIO. ADJUDICACIÓN DE NUDA PROPIEDAD DE VIVIENDA PRIVATIVA

Resolución de 12 de noviembre de 2020, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador de la propiedad de Sabadell n.º 4 a inscribir la adjudicación de la nuda propiedad de determinado bien inmueble que consta en sentencia de divorcio. (ACM)

529. INSCRIPCIÓN DE UN POZO SIN PREVIA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE AGUAS

Resolución de 12 de noviembre de 2020, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación de la registradora de la propiedad de Valdepeñas, por la que se deniega la inscripción de un pozo. (MGV)

530. LEGALIZACIÓN DE NUEVO LIBRO DE ACTAS SIN QUE SE APORTE EL ANTERIOR

Resolución de 12 de noviembre de 2020, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación del registrador de la propiedad de San Bartolomé de Tirajana n.º 2, por la que se suspende la legalización de un libro de actas. (MGV)

531. TRANSMISIÓN DE CUOTAS INDIVISAS. POSIBLE INVASIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO MARÍTIMO TERRESTRE

Resolución de 12 de noviembre de 2020, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación del registrador de la propiedad de Mazarrón, por la que se suspende la inscripción de la transmisión de cuotas indivisas de fincas por posible invasión del dominio público marítimo-terrestre. (JLN)

532. CONSTITUCIÓN DE HIPOTECA UNILATERAL. TRACTO SUCESIVO

Resolución de 12 de noviembre de 2020, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación del registrador de la propiedad de Madrid n.º 2, por la que se deniega la inscripción de una escritura de constitución de hipoteca unilateral. (IES)

534. DONACIÓN CON RESERVA DE USUFRUCTO Y DE LA FACULTAD DE DISPONER

Resolución de 29 de octubre de 2020, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador de la propiedad de Valencia n.º 13 a inscribir una escritura de donación. (JAR)

RESOLUCIONES MERCANTIL
484.* CIERRE REGISTRAL POR FALTA DE DEPÓSITO DE CUENTAS. FECHA DE COMIENZO DE LAS OPERACIONES.

Resolución de 19 de octubre de 2020, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la negativa de la registradora mercantil I de Madrid a practicar el depósito de cuentas anuales de una sociedad, relativas al ejercicio de 2019.

Resumen: Aunque la sociedad se constituya en los últimos días del año, si la fecha de comienzo de las operaciones es con el otorgamiento de la escritura, la sociedad está obligada a depositar las cuentas de dicho año, aunque en el mismo no haya realizado operación alguna.

Hechos: Se presentan a depósito las cuentas anuales de una sociedad correspondientes al ejercicio de 2019.

La registradora suspende el depósito por cierre temporal del registro hasta que se depositen las cuentas del ejercicio anterior (art. 378 RRM y RDGRN de 26 de mayo de 2009 y 25 de marzo 2011 entre otras).

El interesado recurre y alega que la sociedad se constituye el 27 de diciembre de 2018, se inscribe el 17 de enero de 2019 y por consiguiente hasta la inscripción no pudo realizar operación alguna.

Resolución: Se desestima el recurso.

Doctrina: Reitera la DG su doctrina en este punto teniendo en cuenta que la fecha de comienzo de las operaciones fue con el otorgamiento de la escritura de constitución.

Así dice que “no se puede mantener que una sociedad mercantil no inscrita carezca de personalidad jurídica” (cfr.  Sentencia del Tribunal Supremo de 24 de noviembre de 2010). Añade que la “inscripción en el Registro Mercantil sólo es necesaria para que las sociedades de capital adquieran «su» especial personalidad jurídica –la personalidad jurídica correspondiente al tipo social elegido, no la personalidad jurídica en abstracto– (artículo 33 de la Ley de Sociedades de Capital), que añade la limitación de responsabilidad de los socios, y para excluir la responsabilidad solidaria de los administradores (junto a la de la propia sociedad), conforme al artículo 120 del Código de Comercio”. Por tanto, aunque la sociedad no hubiera realizado operación alguna subsiste “su obligación de presentar los documentos contables en el Registro Mercantil competente, y sólo cambiaría su contenido”.

Comentario: Ya, en anteriores resoluciones, la DGRN había aplicado la misma solución en cuanto al depósito de cuentas de aquellas sociedades que empiezan sus operaciones, según estatutos, a finales de diciembre del año de que se trate. El hecho de que sólo hayan transcurrido uno o varios días, desde su constitución, no es óbice para que el depósito se realice. Y si no se practica el depósito, dado que se aplica una especie de tracto sucesivo en materia de depósito, no pueden ser depositadas las cuentas del año siguiente.

Ante esta solución lo aconsejable para aquellas sociedades que se constituyan en los últimos días de año, es que, si no prevén la realización de operación alguna en dicho año, establezcan como fecha de comienzo de las operaciones la del 1 de enero del siguiente ejercicio. De esta forma evitarán la necesidad de presentar un depósito de cuentas, que salvo en cuanto al balance, el resto de los documentos estarán en blanco. (JAGV)

486.() CIERRE REGISTRAL POR FALTA DE DEPÓSITO DE CUENTAS.

Resolución de 19 de octubre de 2020, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador mercantil II de Madrid a practicar el depósito de cuentas anuales de una sociedad relativas al ejercicio 2019.

Resumen: Su contenido es idéntico al de la resumida bajo el número 484. (JAGV)

489.** RESOLUCIÓN JUDICIAL DE DISOLUCIÓN DE SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADORES. ASIENTOS CONTRADICTORIOS.

Resolución de 19 de octubre de 2020, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación del registrador mercantil de Las Palmas n.º 1, por la que se suspende la inscripción de una resolución judicial de declaración de disolución de una sociedad y nombramiento de liquidadores.

Resumen: Pese a la existencia en el registro de asientos contradictorios, es inscribible una sentencia firme por la que se declara la disolución judicial de la sociedad y el nombramiento de liquidadores.

Hechos: Los complejos hechos de esta resolución son los siguientes:

– Una sociedad anónima incurre en causa de disolución legal por cese de su actividad económica.

– Se convoca junta y no se acuerda la disolución.

– Ante ello los administradores en juicio ordinario demandan la disolución.

– La demanda no se anota en el Registro.

–  Se declara en sentencia el 21 de marzo de 2014 la disolución legal de la sociedad, sentencia que es confirmada por el Supremo cuatro años después.

 – Antes de la sentencia en 1ª instancia por acuerdo de junta y por mayoría se toma el acuerdo de disolución voluntaria.

– En el año 2016, igualmente por acuerdo de junta, se nombran los liquidadores

– Los acuerdos de 2014 y de 2016, se impugnan judicialmente y se obtiene cautelarmente la suspensión judicial de los acuerdos respectivos de disolución voluntaria y de nombramiento de liquidadores lo que accede al Registro por la vía de una anotación.

– Ahora se presenta la sentencia firme, confirmada por el Supremo, de disolución judicial y de nombramiento de liquidadores y se ordena además expresamente la inscripción de dicha disolución judicial en el Registro Mercantil, así como la designación de liquidadores.  

El registrador suspende la inscripción por la existencia en el registro de inscripciones contradictorias como son la de disolución voluntaria y el nombramiento de liquidadores, acuerdos impugnados judicialmente constando ello en el Registro Mercantil por anotación preventiva.  Concluye el registrador de que dado que dichas inscripciones están bajo la salvaguarda de los tribunales “es necesario para la inscripción de lo ordenado en las precedentes resoluciones judiciales que se declare judicialmente la inexactitud o nulidad de dichos asientos … y se ordene a través de las pertinentes sentencias firmes, o bien por medio de los correspondientes mandamientos judiciales, la cancelación de las referidas inscripciones …, por ser ambas contradictorias e incompatibles con lo ordenado en las referidas resoluciones judiciales. Todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 20 del Código de Comercio, 7 y 10 del Reglamento del Registro Mercantil, 208 de la Ley de Sociedades de Capital, y 156 del Reglamento del Registro Mercantil”.

La sociedad recurre. Aunque el recurso se plasma en un extenso escrito, lo fundamental de la argumentación es que el Registrador tiene que cumplir con lo resuelto en las resoluciones judiciales firmes “y si para ello debe cancelar otras inscripciones, por juzgar que son contradictorias, puede y debe hacerlo de oficio; o puede mantenerlas, correspondiendo a quienes tengan interés en ello iniciar los trámites societarios o judiciales que juzgan convenientes y puedan conducir a su cancelación”.

Resolución: La DG revoca la nota de calificación.

Doctrina: Para la DG “El problema básico registral que este recurso plantea es el relativo a la eficacia registral de las anotaciones preventivas de suspensión de acuerdos sociales (en nuestro caso la de suspensión del acuerdo de disolución voluntaria de la sociedad y la del acuerdo posterior de nombramiento de liquidadores por junta) respecto de los asientos posteriores (disolución judicial de la sociedad con nombramiento judicial simultáneo de liquidadores por la causa legal de inactividad societaria)”.

Supuesto lo anterior hace un muy completo recorrido sobre los avatares de la sociedad y sobre los efectos de las anotaciones de suspensión  respecto de las cuales dice que es necesario distinguir y “discriminar entre asientos (y títulos) conexos y no conexos”, lo que estudia con detalle añadiendo que en el caso planteado en la resolución “existen dos hechos registrales opuestos referidos a la misma sociedad y a diferentes liquidadores: la disolución voluntaria acordada por junta y posterior nombramiento de liquidadores cuyas suspensiones, judicialmente declaradas, acceden primeramente al Registro y la disolución forzosa de la sociedad por causa legal adoptada por sentencia con nombramiento judicial de liquidadores que accede luego, después de casación, al mismo Registro”.

A su vista dice que se trata de un problema “de técnica registral no precisamente trivial cual es la determinación del adecuado tratamiento registral de los hechos inscribibles contradictorios con los acuerdos suspendidos”. Es decir que “estaremos ante una inscripción (en nuestro caso de disolución judicial de la sociedad y nombramiento judicial de liquidadores) condicional que registralmente se consolidará cuando judicialmente se declare la nulidad de las juntas por las que se acordó la disolución voluntaria y nombramiento de liquidadores o cuando se cancelen las anotaciones de suspensión por cualquier causa”.

A continuación, constata que también “el problema que aquí se suscita es el referente al diferente juego que tiene el principio de prioridad en el Registro Mercantil en relación con los Registros de bienes”. Como consecuencia de ello “la contradicción o conflicto entre títulos inscribibles debe salvarse en aplicación de las normas materiales o sustantivas de eficacia y validez de actos jurídicos y no mediante recurso automático al remedio de la prioridad registral…”. “Por ello, aunque el artículo 10 del Reglamento del Registro Mercantil haga una formulación de tal principio, formulación que no aparece a nivel legal, su aplicación ha de ser objeto de una interpretación restrictiva, atendida la naturaleza y función del Registro Mercantil y el alcance de la calificación donde los principios de legalidad y de legitimación tienen su fuente en la Ley (en el Código de Comercio)”.

Finalmente concluye que “Como reiteradamente ha afirmado este Centro Directivo (Resoluciones de 8 de noviembre de 1995, 22 de febrero de 1999 y 15 de febrero de 2001, entre otras), a diferencia de la anotación preventiva de demanda cuya eficacia se limita a garantizar la inscripción de la resolución que se adopte en perjuicio de eventuales terceros (vid. artículo 156.2 del Reglamento y Resolución de 30 de mayo de 2013), la anotación que contiene orden de suspensión cierra el Registro a cualquier pretensión de inscripción de los acuerdos suspendidos o de los que de ellos traigan causa. La eficacia de la anotación no sólo se proyecta hacia adelante, hacia los asientos que se puedan producir con posterioridad, sino que también impide, para el caso de que los acuerdos suspendidos hayan llegado a inscribirse, que acceda a los libros del Registro cualquier acto del que deriven». Y más adelante, añade que «para la publicidad de la resolución judicial que adopta la medida cautelar y para asegurar que cumpla su función no es exigible queden cumplidos los habituales requisitos de tracto sucesivo o prioridad respecto del acuerdo cuestionado pero adoptado y aun no inscrito”.

Comentario: Se trata de una complejísima resolución, tanto en sus hechos, como en la fundamentación que lleva a la DG a revocar la nota y a permitir la inscripción de la sentencia de disolución legal y el nuevo nombramiento de liquidadores, sin proceder, porque es imposible, a la cancelación de las inscripciones contradictorias, pues estas pudieran ser declaradas válidas por sentencia de los tribunales que conocen de las mismas. Por tanto, la solución del conflicto queda aplazada y será en el momento en que sean firmes las sentencias impugnatorias de los acuerdos inscritos cuando realmente, pese a la menor trascendencia del principio de prioridad mercantil, se ordenen las cuestione suscitadas entre socios y administradores. En definitiva, se trata de aplicar una especia de “arrastre de cargas” respecto de los asientos contradictorios anteriormente existentes, sin desconocer que el problema se plantea porque los impugnantes de la primera junta que no acuerda la disolución no tuvieron la cautela de pedir la anotación preventiva de la demanda.  (JAGV)

496.*** CONVOCATORIA DE JUNTA POR ADMINISTRADOR MANCOMUNADO RESTANTE: ¿ES POSIBLE EL CAMBIO DE SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN?

Resolución de 22 de octubre de 2020, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación del Registrador Mercantil de Alicante, por la que se deniega la inscripción de una escritura pública de elevación a público de acuerdos sociales.

Resumen: En junta convocada por un administrador mancomunado conforme al artículo 171 de la LSC, único existente tras el fallecimiento del otro, es posible el cambio de sistema de administración de mancomunados a administrador único.

Hechos: Se trata de una junta general de sociedad convocada por el único administrador mancomunado existente tras el fallecimiento del otro administrador y en la que el acuerdo no se limita a recomponer el órgano de administración, sino que se procede a su cambio nombrando un administrador único.

El registrador no inscribe pues a su juicio “en caso de fallecimiento de uno de los administradores mancomunados, el administrador que permanezca en el ejercicio del cargo podrá convocar la junta general únicamente con el objeto de designar un nuevo administrador, por lo que la convocatoria realizada con el objeto de cambiar el sistema de administración no es válida. Artículo 171 de la Ley de Sociedades de Capital”.

El notario tras indicar lo defectuoso e insuficiente de la motivación de la nota de calificación, dice que “el órgano social competente para nombrar y separar a los administradores es la junta general y esta ha sido debidamente convocada respetando el derecho de información del socio, lo cual se consigue con el orden del día de los asuntos a tratar” en el que figuraba el cambio de sistema de administración. Se apoya además en la resolución de 23 de julio de 2019.

Resolución: La DG revoca la nota de calificación.

Doctrina: Como en otras ocasiones la DG confirma lo escueto y poco fundamentado de la nota de calificación, pero también como en otras ocasiones confirma “que la argumentación será suficiente para la tramitación del expediente si expresa suficientemente la razón que justifica dicha negativa de modo que el interesado haya podido alegar cuanto le ha convenido para su defensa”.

En cuanto al fondo del tema debatido dice que la cuestión ya fue tratada por la citada resolución de 23 de julio de 2019. Por tanto es posible que  “ la Junta General, a convocatoria del administrador mancomunado que permanece en el ejercicio del cargo, aun cuando no figure este extremo en el orden del día, pueda nombrar otro administrador mancomunado para evitar la paralización de la vida social, dada la necesidad de convocatoria conjunta, pero no podrá cambiar la estructura del órgano de administración; si bien ese pretendido cambio de sistema de administración sí puede aprobarse en una junta que el administrador mancomunado que queda puede convocar con ese objeto (vid. artículo 171, párrafo segundo, de la Ley de Sociedades de Capital)”. Es decir que lo fundamental para la DG en estos casos es que ese cambio en la forma de administrar la sociedad figure de forma expresa en el orden del día de la junta para la debida información de los socios cuando lo que pretenda la sociedad sea “precisamente no suplir la vacante”.

Comentario: Aunque la base de esta resolución es la de es la de 23 de julio de 2019, en esta el problema planteado era distinto y sólo en uno de sus fundamentos de derecho la DG, al reflexionar sobre facultad de convocatoria y orden del día, alude a que en una junta convocada por un administrador conforme al artículo 171 de la LSC, no sólo se puede suplir la vacante producida en el órgano de administración, sino también, si así se hace constar en el orden del día, cambiar la forma de administración.

En la resolución que examinamos la opinión de la DG queda más claramente establecida: es perfectamente posible cambiar la forma de administrar la sociedad, aunque la convocatoria por mandato legal del artículo 171 de la LSC, deba tener por único objeto el nombramiento de administradores, siempre que así se haga constar en el orden del día. Es plausible la solución que al problema da la DG y en el caso contemplado en la resolución parece lógico el criterio adoptado. No tiene mucho sentido nombrar un nuevo administrador mancomunado de complacencia, para a continuación convocar de nuevo junta general con la finalidad de cambiar la forma de administración. Las nuevas corrientes societarias que procuran la minimización de los costes sociales y de transacción  y el facilitar la vida orgánica de las sociedades así lo exigen. Pero en el mismo caso ¿hubiera sido posible pasar de administración mancomunada a consejo de administración? O en caso de dimisión de la mayoría de los miembros del consejo de administración, ¿pueden los restantes o el que quede convocar junta para nombrar administrador único? Parece que sí pues si lo importante es que conste en el orden del día; por tanto, si se hace constar en dichos términos en el orden del día no debe existir problema alguno para que con una sola convocatoria la sociedad vuelva a estar dotada de órgano de administración que deseen los socios. Ahora bien, lo que ya no parece posible es que se aproveche esa junta para incluir asuntos distintos de los relacionados con administradores.(JAGV)

497.() CONVOCATORIA DE JUNTA POR ADMINISTRADOR MANCOMUNADO RESTANTES: ¿ES POSIBLE EL CAMBIO DE SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN?

Resolución de 22 de octubre de 2020, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación del Registrador Mercantil de Alicante, por la que se deniega la inscripción de una escritura pública de elevación a público de acuerdos sociales.

Resumen: Idéntico contenido al de la 496. (JAGV)

500.*** CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL MAL REALIZADA: FORMA DE SUBSANACIÓN.

Resolución de 23 de octubre de 2020, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la calificación emitida por el registrador mercantil de Navarra, por la que se resuelve no practicar la inscripción de una escritura de elevación a público de acuerdos sociales.

Resumen: Aunque la convocatoria de la junta general adolezca de defectos, si esa junta se celebra con asistencia de todos los socios y no existen reservas ni protestas al hecho de su válida constitución y celebración, los acuerdos derivados de esa junta son inscribibles.

Hechos: Una sociedad que cuenta con tres administradores mancomunados celebra una junta general convocada solo por dos de ellos adoptando determinados acuerdos. La junta se celebra con asistencia de todos los socios, sin que existan reservas ni protestas por el hecho de su convocatoria y celebración.

El registrador suspende la inscripción por el siguiente motivo: “no es válida la convocatoria de la junta celebrada … realizada sólo por dos de los tres administradores mancomunados, ya que, en caso de administradores mancomunados, la convocatoria de la junta debe realizarse por todos ellos”. Añade que “la facultad de convocar junta no es delegable” y “por tanto, aunque el poder de representación esté atribuido según el artículo 13.º de los estatutos a dos cualesquiera de los administradores mancomunados, ello no implica que sea válida la convocatoria de la junta realizada por sólo dos de ellos”. Así resulta del artículo 171 de la LSC Por consiguiente “si falta uno sólo de los administradores mancomunados, los restantes, sólo pueden convocar junta para cubrir esa vacante, y por tanto que la convocatoria de la junta general deba hacerse por todos los administradores mancomunados”. (artículos 166, 169, 171, 210.1, 226, 229, 233.1 y 234 de la Ley de Sociedades de Capital; las sentencias del Tribunal Supremo, entre otras, de 14 de marzo de 2005; 30 de octubre de 2009, y 9 de diciembre de 2010, y diversas Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado entre las que cita como más recientes las de 28 de octubre de 2013, 23 de marzo de 2015, 27 de julio de 2015).

El interesado recurre: dice que según estatutos sólo deben actuar dos administradores cualesquiera conjuntamente, que el art. 13 de los estatutos habla de gestión y administración de la Sociedad en todos sus ámbitos, que se apoya en la reciente resolución de la Dirección General de 12 de febrero de 2020, que comparte la doctrina que ya se establecía en la resolución de fecha 4 de mayo de 2016, que el TS en sentencia 2390/2019 de 16 de julio en casos como el presente, donde faltando la firma de uno de los administradores mancomunados, hay un consentimiento a dicha convocatoria y ello constituye “un inequívoco acto concluyente de conformidad con la convocatoria”, que en la junta el minoritario que era la otra administradora mancomunada “estuvo debidamente representada en la Junta General” y que a la junta asistió el 100% del capital sin que existieran reservas ni protestas sobre su válida celebración y a mayor abundamiento el minoritario ejerció sus derechos derivados de dicha junta.

Resolución: La DG revoca la nota de calificación y estima el recurso por los motivos que ahora veremos.

Doctrina: Va desgranado la DG sus respuestas a las distintas cuestiones que se plantean en el recurso. Así

— a la cuestión de si dos de tres administradores mancomunados pueden convocar junta responde de forma negativa; deben convocar todos sin perjuicio de que en estatutos pueda establecerse la posibilidad de que sólo convoquen algunos de ellos, pero esa previsión “habría de constar en los estatutos de forma expresa, y claramente…”;

— tampoco subsana el defecto el hecho de asista a la junta un representante de la socia administradora, pues la representa como socia y no como administradora (sentencia TS de 19 de abril de 2016: la administración no puede ser ejercida por representante). El caso de la sentencia del Tribunal Supremo de 16 de julio 2019, alegada es distinto pues en ella asistió a la junta el administrador mancomunado no convocante; y concluye que “no estamos ante una junta universal. Sigue siendo una junta convocada y, además, mal convocada”;

— no obstante lo anterior “una nutrida línea jurisprudencial, sobre la base de los principios de buena fe y de congruencia con los actos propios, había venido negando la legitimación para impugnar los acuerdos a los socios que, sin haber hecho la oportuna denuncia al abrirse la sesión, consintieran la celebración de la junta”. Así la Ley 31/2014, de 3 de diciembre, dispuso la pérdida de la legitimación para impugnar de quien, habiendo tenido la ocasión de denunciar en el momento oportuno los defectos de forma en el «proceso de adopción del acuerdo», no lo hubiera hecho (art. 206.5 LSC). Aunque habla de defectos de forma, no hay razón para excluir todo lo relacionado con la convocatoria, así la autoría, la forma, el plazo o el contenido”;

— por todo ello concluye que la junta de que se trata “se desarrolla sin hacerse cuestión de la regularidad de su convocatoria, pues no resulta del acta la oposición del socio a su celebración por tal motivo, sobre todo después de que el presidente proclamara su válida constitución, pues expresamente se recoge en el acta que ningún asistente «presenta protesta o reserva alguna», e incluso la socia “da muestras de aceptar la validez de aquella junta, desde el momento en que hace uso del derecho de separación, que claramente le correspondía –y la sociedad le reconoce– al haberse modificado el régimen de transmisión mortis causa de las participaciones sociales (art. 346.2 LSC).

Comentario: Encomiable resolución, pues apartándose de todo exceso de rigor formalista, e incluso de la literalidad y contenido de la nota de calificación, declara que los acuerdos de esa junta, claramente mal convocada, son perfectamente inscribibles pues de su inscripción, dada la conformidad de todos los asistentes que son todos los socios, no resulta perjuicio para ninguno de ellos. En definitiva que, si los socios que son los que pudieran alegar el defecto de convocatoria, no lo hacen en el momento oportuno e incluso ejercen derechos derivados de la celebración de la junta, no es razonable oponerse a la inscripción de esos acuerdos sobre la base de un defecto que efectivamente existe pero que es removido por la conformidad de todos ellos.

Por lo demás es una resolución que en su parquedad recuerda doctrina interesante para la calificación, como es (i) la no posibilidad de convocatoria solo por parte de los administradores mancomunados, (ii) que si se quiere que puedan convocar, entre varios mancomunados, sólo parte de ellos, debe establecer claramente en estatutos, (iii) que a estos efectos no vale el que se diga que los administradores, en la forma de actuación establecida, ostentan la gestión y administración de la sociedad,  (iv) que la administración de una sociedad no es delegable en ningún caso, (v) que si se dan facultades  a un tercero para representar a un socio que al mismo tiempo es administrador, esa representación se limita a la cualidad de socio, y (vi) que pese a la existencia de defectos de convocatoria, sean estos los que sean, si todos los socios asisten a la junta, aunque no le den carácter de universal, si ninguno de ellos manifiesta reservas o protestas acerca de su convocatoria y celebración, los acuerdos derivados de dicha junta son inscribibles.

En conclusión, a la vista de la resolución queda claro que la nota de calificación era correcta y el defecto apreciado por la registradora es confirmado, pero lo que ocurre que dicho defecto quedaba subsanado por el contenido de la propia certificación de los acuerdos de junta y esto es lo que hace el CD, declarando inscribibles dichos acuerdos. (JAGV)

501.** CERTIFICACIÓN DE ACUERDOS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN: ES NECESARIO INDICAR LA IDENTIDAD DE LOS MIEMBROS CONCURRENTES.

Resolución de 23 de octubre de 2020, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la calificación emitida por la registradora mercantil de Toledo, por la que se resuelve no practicar la inscripción de una escritura de apoderamiento autorizada por el notario recurrente.

Resumen: En la certificación de los acuerdos del consejo de administración debe indicarse la identidad de los miembros asistentes por razones de tracto sucesivo.

Hechos: Se formaliza un poder otorgado por acuerdo de consejo de administración. En la certificación consta que “concurrieron la totalidad de los miembros del Consejo de Administración…”.

La inscripción del consejo está presentada, defectuosa y pendiente de despacho.

La registradora suspende la inscripción pues, aparte de estar pendiente la inscripción del consejo(lo que no es recurrido), según el artículo 97.1.4.º2.° párrafo del Reglamento del Registro Mercantil se exige que conste “el nombre de los miembros del consejo concurrentes, con indicación de los que asisten personalmente y de quienes lo hacen representados por otro miembro», lo que no consta en la certificación.

El notario recurre. Dice que, según resoluciones de la DG, cuya fecha no puede precisar, es innecesario hacer constar el nombre de los consejeros asistentes si consta que asistieron todos ellos. A lo que añade que el nombramiento del consejo es de la misma fecha por lo que es difícilmente concebible que haya habido cambios en su composición.

Resolución: La DG confirma la nota de calificación.

Doctrina: La DG se basa en tres normas reglamentarias para confirmar la nota de calificación:

1ª. El artículo 97.1.4ª del RRM que exige que en el acta de los órganos colegiados conste  “el nombre de los miembros concurrentes, con indicación de los que asisten personalmente y de quienes lo hacen representados por otro miembro”.

2ª. El 112.2 del mismo RRM que exige que si “los acuerdos hubieren de inscribirse en el Registro Mercantil, se consignarán en la certificación todas las circunstancias del acta que sean necesarias para calificar la validez de los acuerdos adoptados”. La consignación de la identidad de los concurrentes es el medio idóneo para el debido cumplimiento del tracto sucesivo.

3ª. El mismo 112.3.4ª RRM que para las certificaciones en extracto dispone que en “caso de órganos de administración no será necesario especificar cuántos asistieron personalmente ni cuántos por representación”, de donde se desprende que sí habrá de expresarse el nombre de los miembros concurrentes.

De ello se sigue que la identidad es necesaria asistan todos o no, pues de lo que se trata “es de comprobar que quienes hayan concurrido son consejeros, se encuentran inscritos y son suficientes para la válida constitución del órgano”. Y finalmente el hecho de que el nombramiento de consejeros tenga proximidad temporal con el poder “no elimina la oportunidad del control”.

Comentarios: De todas las razones alegadas en cascada la más evidente es la que hace referencia al cumplimiento del principio de tracto sucesivo. Si el poder está dado por un administrador individual es obvio que la exigencia se hace evidente; pues la misma exigencia debe existir en el caso de que el poder sea conferido por un órgano colegiado de administración: es necesaria la comprobación de que los que asisten y toman el acuerdo están inscritos en el registro y son efectivamente consejeros. Cuestión distinta es que, dada la proximidad de las escrituras, una otorgada después de otra, pudiera haber sido aplicada una cierta flexibilidad en la calificación, al igual que hace la resolución de 23 de octubre, resumida bajo el número 500, con una junta mal convocada, pero a la que asistieron todos los socios sin reservas ni protestas de clase alguna.

Lo que no hemos encontrado son las resoluciones a que alude el notario en su recurso relativas a la no necesidad de expresar la identidad de los consejeros. Quizás las confunda con la resolución de 27 de octubre de 2012, que vino a establecer que si la junta general es universal, aunque en el acta debe constar la identidad y firma de los asistentes, en la certificación es suficiente expresar que la Junta es Universal y que en el acta figura el nombre y la firma de los asistentes  que sean socios o representantes de estos, aunque no su identidad (Cfr. Art. 112.3.2ª RRM). (JAGV)

513.** SENTENCIA DE NULIDAD DE ACUERDOS. CANCELACIÓN DE ASIENTOS CONTRADICTORIOS.

Resolución de 30 de octubre de 2020, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación del registrador mercantil I de Sevilla, por la que se deniega la cancelación de asientos posteriores contradictorios ordenada por sentencia.

Resumen: La sentencia que declare la nulidad de unos acuerdos sociales debe señalar con claridad los asientos que, siendo consecuencia de esos acuerdos, deben ser cancelados, salvo que sea palmario cuáles sean esos asientos, bien por lo que resulte del registro o del propio mandamiento.

Hechos: Se trata de un mandamiento de ejecución de una sentencia firme en el que se ordena la cancelación de todos los acuerdos adoptados en determinada junta general de una sociedad “así como de todas las inscripciones, asientos o depósitos que hubiera originado tal acuerdo, y de todos los asientos posteriores que resulten contradictorios”. Se da la circunstancia de que previamente se había tomado anotación preventiva de la ejecución provisional de dicha sentencia “de cancelación de dicho acuerdo y de los que han motivado las inscripciones posteriores 4.ª a 12.º, inclusive, así como del depósito de las cuentas anuales correspondientes”.

Dado que la sentencia se inscribe sin que se cancelen los asientos contradictorios, y sin que en la nota de despacho se indique el porqué de la no cancelación, el interesado interpone recurso directamente.

Resolución: La DG revoca la nota de calificación.

Doctrina: Parte la DG, entre otras, de la sentencia del TS de 23 de febrero de 2012 relativa a que “el tradicional principio civil «quod nullum est nullum effectum producit» es matizado en el ámbito mercantil, alcanzando la nulidad exclusivamente a los actos posteriores que sean del todo incompatibles debiendo considerar superado el rigorismo formal en contrario que en decisiones anteriores había prevalecido”.

De acuerdo con dicha doctrina la Dirección General ha considerado de forma reiterada que “para que el registrador Mercantil pueda llevar a cabo la cancelación de los asientos posteriores que puedan resultar incompatibles con el anulado es preciso al menos una declaración judicial de cuales hayan de ser estos asientos o, al menos, un pronunciamiento que permita identificarlos debidamente”. En definitiva, que no corresponde al registrador decidir cuáles de los asientos posteriores al declarado nulo que deben ser cancelados.

No obstante, añade el CD que “no debe caerse en un rigor formalista injustificado si no cabe albergar duda sobre el alcance cancelatorio pues así resulta del artículo 521 de la LEC”.

Por ello, dado que en este caso en ejecución provisional de la misma sentencia se había tomado anotación preventiva señalando concretamente cuáles eran las inscripciones consecuencia de los acuerdos concluye que “debe ahora operar la eficacia cancelatoria de la sentencia una vez firme, mientras no se declare judicialmente la inexactitud o nulidad de la anotación preventiva”.

Comentario: Como hemos visto en este expediente no existía nota de calificación contra la que recurrir pues el registrador se había limitado a cancelar la inscripción que contenía el acuerdo declarado nulo y respecto de las demás inscripciones posteriores no había indicado nada. Por ello quizás la postura de la DG debiera haber sido la de devolver el expediente al registro para que se indicaran los fundamentos de derecho que, sin duda el registrador tenía, para la no práctica de la cancelación de las inscripciones posteriores.

No obstante ello, la DG entra en el fondo del asunto y resuelve tal y como había hecho en ocasiones anteriores con casos similares: deben señalarse las inscripciones que deben ser canceladas, y si no se hace el registrador debe suspender la cancelación, salvo que del registro o de la propia sentencia resulte de forma indubitada y segura cuales son los asientos cancelables. Parece una postura razonable, si bien desde el punto de vista del registro lo más seguro para evitar interpretaciones que no responsan a lo ordenado en la sentencia, será la del señalamiento de los concretos asientos cancelables. (JAGV)

521.*** PRESENTACIÓN TELEMÁTICA. DILIGENCIA NOTARIAL POSTERIOR ACREDITATIVA DE PAGO DE PROVISIÓN DE FONDOS BORME. SISTEMA INFORMÁTICO.

Resolución de 5 de noviembre de 2020, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la negativa de la registradora mercantil de Toledo a practicar el «asiento de presentación» de una diligencia notarial acreditativa del pago de la provisión de fondos para el BORME, de una escritura.

Resumen: La subsanación de una escritura presentada telemáticamente no exige que al presentar también telemáticamente la subsanación se presente la propia escritura de nuevo.

Hechos: Se presenta telemáticamente una escritura al registro en la que se elevan a público determinados acuerdo de una sociedad. La escritura se califica como defectuosa por falta de provisión de fondos del Borme y un mes y unos días más tarde y de la misma notaría se remite, también telemáticamente, una diligencia de dicha escritura en la que figura que se une a la misma el justificante de pago del Borme.

Ante ello el registro notifica en la misma fecha que la entrada de la escritura ha sido cerrada por no enviar la escritura que se subsana y que el defecto está “hablado con la notaría”.

El notario recurre y tras constatar que se trata de la denegación de extender un asiento de presentación reproduce la doctrina de la propia DG sobre la recurribilidad de dicha negativa y de la necesidad de fundamentación de la misma y añade que “ni se razona o explica el por qué sea preciso volver a presentar el documento en su integridad, que fundamento jurídico, o que razón lógica lo exige o al menos aconseja”. Respecto del “hablado con la notaría” no descarta que haya sido así, pero no está hablado con el notario y en todo caso sería una calificación informal desterrada del procedimiento registral. Termina diciendo que, “es la primera vez que un Registro me exige tal cosa, y la falta de fundamentación de su negativa por la Registradora hace difícil colegir su razón, y por tanto rebatirla” y que con ello “hemos caído en la situación que precisamente trataron de corregir la Ley 24/2001 y 24/2005”.

La registradora informa que la escritura ya ha sido presentada de forma correcta.

Resolución: La DG revoca la no admisión de la diligencia de subsanación.

Doctrina: La DG señala que no es admisible que para la presentación de una diligencia de subsanación sea preciso volver a presentar la misma escritura.

Dice que todo el “sistema se basa en la remisión del documento a través del Sistema de Información central del Consejo General del Notariado debidamente conectado con el Sistema e Información corporativo del Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España” y si como alega la registradora el sistema informático cierra la primera entrada obligando de nuevo a la presentación del documento, es obvio que dicho sistema informático debe ser modificado pues el mismo no puede sobreponerse a normas sustantivas relativas a la presentación de los títulos en el registro.

Es decir aclara la DG que la “introducción de las nuevas tecnologías no conlleva una modificación de los principios rectores del procedimiento registral, sino solo una mejora en cuanto a la agilidad del mismo, y el tratamiento es el mismo se presente la copia de la escritura notarial físicamente en formato papel, o se presente la copia en formato electrónico y de manera telemática”.

Por ello en este caso y dado que no consta que el documento telemático haya sido retirado, lo que permite la RDGRN de 30 de octubre de 2010, lo que procede es que conforme al artículo 39.1 del RRM es hacer constar por nota marginal la presentación de la diligencia subsanatoria, aunque para ello sea preciso modificar el sistema informático.

Comentario: Proclama esta resolución, lo que nos parece importante, la igualdad de trato entre el documento presentado telemáticamente y el documento presentado de forma física en el registro. El trato debe ser igual y aunque el programa cierre la entrada automáticamente al encontrarse el documento defectuoso, deberá ser posible proceder a su reapertura, también automática, una vez que al registro se presente la subsanación del documento. Es decir que no debe obligarse a los presentantes a una nueva presentación del mismo documento que ya obra en los archivos del registro. En todo caso lo aconsejable será, en tanto el programa no sea modificado, advertir a la notaría en la misma nota de calificación que si se subsana el documento en el nuevo envío telemático se incluya la escritura presentada.(JAGV)

533.* MODIFICACIÓN DE ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN. CONVOCATORIA REALIZADA POR EL ADMINISTRADOR RESTANTE DE DOS MANCOMUNADOS.

Resolución de 12 de noviembre de 2020, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación del registrador mercantil de Alicante, por la que se suspende la inscripción de una modificación del órgano de administración de una sociedad mercantil.

 Resumen y comentario: El problema que plantea esta resolución es relativo a si en caso de que el órgano de administración de una sociedad sea de dos administradores mancomunados, si fallece uno de ellos, el que queda pueda convocar junta no sólo para cubrir la vacante sino también para cambiar el órgano de administración a administrador único. La escritura también tenía el defecto de cierre del registro por falta de depósito de cuentas.

Por tanto, es un caso idéntico al de la resolución de 22 de octubre de este año, resumida bajo el número 496 y resuelta en el mismo sentido indicado.

Lo que llama la atención de esta resolución es que existía otro defecto, el relativo al cierre por no depósito de cuentas,  que no es objeto de recurso, aunque el notario recurrente pide la revocación de la nota y que se ordene la inscripción. Ante ello quizás la resolución, no debió entrar en su examen, pero sí lo examina, obviamente lo confirma, y como consecuencia de ello desestima en su totalidad el recurso, cuando lo adecuado hubiera sido revocar simplemente el defecto relativo al cambio de órgano de administración. Entendemos que, aunque se hubiera revocado dicho defecto, la escritura no hubiera podido ser inscrita por la existencia de otro defecto en principio ni siquiera recurrido, pues el notario, según los hechos de la resolución, no hace alegación alguna sobre dicho defecto. Lo que sí sería más adecuado es que la DG, pese a la revocación del defecto, hubiera señalado la no posibilidad de inscripción de la escritura hasta la subsanación del cierre de hoja por no depósito de cuentas. (JAGV)

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