Resoluciones Julio 2021 Dirección General Seguridad Jurídica y Fe Pública.

Admin, 05/07/2021

Indice:
  1. VALORACIÓN DE LAS RESOLUCIONES POR SU IMPORTANCIA:
  2. Sentencias sobre Resoluciones
  3. 8/2021. REGISTRO MERCANTIL CENTRAL. NEGATIVA A RESERVAR DENOMINACIÓN SOCIAL POR IDENTIDAD CON OTRA PREEXISTENTE. TÉRMINOS DE UTILIZACIÓN GENÉRICA.
  4. 9/2021. DONACIÓN CON PACTO DE DEFINICIÓN REALIZADA POR FRANCESES CON RESIDENCIA EN MALLORCA.
  5. RESOLUCIONES PROPIEDAD
  6. 213.** INSCRIPCIÓN DE REPRESENTACIÓN GRÁFICA CATASTRAL. OPOSICIÓN DE COLINDANTE
  7. 214. HERENCIA. FINCA INSCRITA SIN SUPERFICIE
  8. 215.** CONVENIO REGULADOR. ADJUDICACIÓN DE USUFRUCTO DE LA VIVIENDA CONYUGAL SIN LIQUIDAR GANANCIALES
  9. 216.** HERENCIA DE CIUDADANO BRITÁNICO
  10. 217.** NOTA MARGINAL DE POSIBLE DESLINDE. VÍAS PECUARIAS
  11. 218. ANOTACIÓN PREVENTIVA POR DEFECTOS SUBSANABLES SIENDO EL DEFECTO INSUBSANABLE
  12. 219.* DENEGACIÓN DE ASIENTO DE PRESENTACIÓN. ACTA NOTARIAL QUE PROTOCOLIZA DOCUMENTO PRIVADO.
  13. 220.* DENEGACIÓN DE ASIENTO DE PRESENTACIÓN
  14. 221. ANOTACIÓN PREVENTIVA DE MANDAMIENTO JUDICIAL. PREFERENCIA CRÉDITO COMUNIDAD DE PROPIETARIOS
  15. 222. PRÉSTAMO HIPOTECARIO. DEPÓSITO DE CONDICIONES GENERALES EN EL RCGC
  16. 223. SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN DE CARGAS EN EJECUCIÓN HIPOTECARIA. CALIFICACIÓN DE COMPETENCIA TERRITORIAL
  17. 224.* DENEGACIÓN DE CANCELACIÓN DE ASIENTO DE PRESENTACIÓN Y DE SU PRÓRROGA
  18. 225. COMPRA POR PAREJA DE HECHO EN GALICIA “PARA SU SOCIEDAD DE GANANCIALES”
  19. 226.** PRIORIDAD. DOCUMENTO PREVIO PENDIENTE DE RECURSO
  20. 228.** EXPEDIENTE NOTARIAL DE RECTIFICACIÓN DESCRIPTIVA ART 201 LH. DUDAS CON EL EXPEDIENTE YA TERMINADO. VALOR DE LA REFERENCIA CATASTRAL INSCRITA.
  21. 229.** CALIFICACIÓN REGISTRAL DE LA TITULARIDAD REAL. JUICIO DE SUFICIENCIA NOTARIAL RESPECTO DE PODER NO INSCRITO. RESEÑA DEL CARGO O FACULTADES DEL OTORGANTE DEL PODER.
  22. 230. EJECUCIÓN EN PROCEDIMIENTO DE APREMIO FISCAL
  23. 231. DACIÓN EN PAGO DE DEUDA. COMPLEJOS INMOBILIARIOS
  24. 233. EJECUCIÓN DE HIPOTECA DISTINTA DE AQUELLA PARA LA QUE SE EXPIDIÓ CERTIFICACIÓN DE DOMINIO Y CARGAS
  25. 234.** COMPRA POR SOCIEDAD REPRESENTADA POR ADMINISTRADOR NO INSCRITO EN EL REGISTRO MERCANTIL
  26. 236.** INSCRIPCIÓN DE REPRESENTACIÓN GRÁFICA CATASTRAL. FINCA DISCONTINUA PROCEDENTE DE SEGREGACIÓN
  27. 237. AMPLIACIÓN DE OBRA NUEVA «ANTIGUA»
  28. 238.** SENTENCIA EN REBELDÍA CONDENANDO A ELEVAR A PÚBLICO UN CONTRATO PRIVADO
  29. 239.*** COMPRA POR CASADO EN RÉGIMEN DE SEPARACIÓN DE BIENES BELGA: INSCRIPCIÓN DE LAS CAPITULACIONES.
  30. 240.*** COMPRA POR CASADO EN RÉGIMEN DE SEPARACIÓN DE BIENES BELGA
  31. 241. ACLARACIÓN DE ESCRITURA DE HERENCIA Y SEGREGACIÓN. CAUSA
  32. 242.** FIN DE OBRA. RECTIFICACIÓN DE SUPERFICIE DE SUELO SIN CONCRETAR SI LA CABIDA AMPLIADA ESTÁ AFECTADA POR UNA SERVIDUMBRE
  33. 243. DACIÓN EN PAGO  DE DEUDAS. CONCRECIÓN DEL JUICIO NOTARIAL DE SUFICIENCIA
  34. 244. RECURSO CONTRA ASIENTO YA PRACTICADO
  35. 245.** SENTENCIA DECLARATIVA DE DOMINIO POR PRESCRIPCIÓN EN PROCEDIMIENTO CONTRA LA HERENCIA YACENTE
  36. 246. CONSTITUCIÓN DE PROPIEDAD HORIZONTAL Y REGULARIZACIÓN DE ELEMENTOS COMUNES
  37. 247. RECURSO CONTRA INMATRICULACIÓN YA PRACTICADA
  38. 248. RECTIFICACIÓN DEL REGISTRO POR INEXACTITUD DEL TÍTULO
  39. 249.** RECTIFICACIÓN DE ERROR DE CONCEPTO EN LA DESCRIPCIÓN DE UNA FINCA
  40. 251. PROCEDIMIENTO DE APREMIO FISCAL. CIRCUNSTANCIAS PERSONALES, REPRESENTACIÓN, NOTIFICACIONES, FIRMEZA
  41. 252. DIVORCIO DE RESIDENTES CHINOS. LIQUIDACIÓN DEL RÉGIMEN ECONÓMICO MATRIMONIAL. INSCRIPCIÓN DE DIVORCIO EN EL REGISTRO CIVIL
  42. 253. DISOLUCIÓN JUDICIAL DE COMUNIDAD Y DIVISIÓN MATERIAL. TRASLADO DE CARGAS
  43. 255. OBRA NUEVA Y DIVISIÓN HORIZONTAL CON ASIGNACIÓN DE USO EXCLUSIVO DE PORCIÓN DE TERRENO
  44. 256.** INMATRICULACIÓN POR PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA: NECESIDAD DE TRACTO Y DE SEGREGACIÓN
  45. 258.** EXPEDIENTE JUDICIAL DE INMATRICULACIÓN. ADJUDICACIÓN A CASADOS EN GANANCIALES «POR MITADES INDIVISAS»
  46. 259. CONSTITUCIÓN DE HIPOTECA POR ENTIDADES DISTINTAS A LAS DE LA LEY 27/1981. TASACIÓN POR ENTIDAD NO HOMOLOGADA
  47. 260. PROTOCOLIZACIÓN DE CUADERNO PARTICIONAL. FACULTADES DEL CONTADOR PARTIDOR. ADJUDICACIÓN EN PAGO DE DEUDAS
  48. 261. RECTIFICACIÓN DE REFERENCIA CATASTRAL
  49. 262. ANOTACIÓN CADUCADA. DENEGACIÓN DE CANCELACIÓN DE EMBARGO POSTERIOR. 
  50. 263.** INSCRIPCIÓN DE REPRESENTACIÓN GRÁFICA ALTERNATIVA. DUDAS SOBRE POSIBLE INVASIÓN DE FINCA COLINDANTES
  51. 264. SENTENCIA EN REBELDÍA DECLARATIVA DE DOMINIO POR USUCAPIÓN. HERENCIA YACENTE
  52. 265. AMPLIACIÓN DE OBRA NUEVA ANTIGUA. DIVISIÓN HORIZONTAL. ASIGNACIÓN DE USO EXCLUSIVO
  53. 266. HERENCIA. DERECHO DE TRANSMISIÓN Y SUSTITUCIÓN FIDEICOMISARIA
  54. 267. ELEVACIÓN A PÚBLICO DE CONTRATO PRIVADO DE ARRENDAMIENTO OTORGADO POR UNO DE LOS CONDUEÑOS
  55. 268. PROCEDIMIENTO DEL ART. 199 LH. DUDAS FUNDADAS EN LA ENTIDAD DEL EXCESO
  56. 270. NEGATIVA A INICIAR PROCEDIMIENTO DEL ART. 199 LH POR DUDAS DE IDENTIDAD DEL EXCESO
  57. 271. CANCELACIÓN DE HIPOTECA UNILATERAL NO ACEPTADA
  58. 272. CANCELACIÓN PARCIAL DE HIPOTECA DE MÁXIMO SOBRE DETERMINADAS FINCAS
  59. 273. RECTIFICACIÓN DE ESCRITURA DE HERENCIA EXCLUYENDO DETERMINADAS FINCAS
  60. 274. CANCELACIÓN PARCIAL DE HIPOTECA DE MÁXIMO SOBRE DETERMINADAS FINCAS
  61. 275. CERTIFICACIÓN DE DATOS ECONÓMICOS DE LAS TRANSACCIONES
  62. 276. EXPEDIENTE NOTARIAL DE INMATRICULACIÓN. NEGATIVA A EXPEDIR LA CERTIFICACIÓN POR DUDAS DE IDENTIDAD
  63. 277. ANOTACIÓN CADUCADA. CANCELACIÓN DE CARGAS POSTERIORES
  64. 278. COMPRAVENTA. ACTIVO ESENCIAL. ART. 160 F LSC
  65. 279.** INMATRICULACIÓN. TRANSMISIONES CONCATENADAS. FALTA DE COINCIDENCIA CON CATASTRO
  66. 280.** PRÓRROGA DE ANOTACIÓN YA CADUCADA DURANTE LA PANDEMIA COVID-19
  67. 281. NOTA MARGINAL PREVIA A LA INICIACIÓN DEL EXPEDIENTE DE DESLINDE
  68. 282.** SENTENCIA DECLARATIVA DEL DOMINIO POR USUCAPIÓN
  69. RESOLUCIONES MERCANTIL
  70. 212.*** SOCIEDAD CIVIL PROFESIONAL. OBJETO SOCIAL DE MEDIACIÓN Y DE COMPLIANCE. FORMA DE ADMIISTRACIÓN.
  71. 227.** NEGATIVA A RESERVAR DENOMINACIÓN SOCIAL POR IDENTIDAD SUSTANCIAL. RECURSO ANTE CORREO ELECTRÓNICO.
  72. 232.*** CESE DE UNO DE LOS ADMINISTRADORES SOLIDARIOS SIN NOMBRAMIENTO CORRELATIVO.
  73. 235.*** SOCIEDAD PROFESIONAL. TRANSMISIÓN PARTICIPACIONES NO PROFESIONALES A UN SOCIO PROFESIONAL.
  74. 243.* NULIDAD TRANSMISIÓN PARTICIPACIONES SOCIALES. SU INSCRIPCIÓN. 
  75. 250.**  SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA UNIPERSONAL. DECLARACIÓN DE CONCURSO DE SOCIO ÚNICO YA FALLECIDO. LEGITIMACIÓN.
  76. 254.** REGISTRO MERCANTIL CENTRAL. NEGATIVA A RESERVAR UNA DENOMINACIÓN SOCIAL.
  77. 257.* ESTATUTOS. CLÁUSULA DE RETRIBUCIÓN DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN A LOS QUE SE LES ATRIBUYA FUNCIONES EJECUTIVAS
  78. 269.* SOCIEDAD DISUELTA PERO REACTIVADA. INSCRIPCIÓN DE NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR.
  79. ENLACES:

 

INFORME Nº 322. (BOE JULIO de 2021)

Segunda Parte:  RESOLUCIONES DGSJFP:

PROPIEDAD

MERCANTIL

Ir a la Primera Parte (Disposiciones y Sección II Julio)

IR AL MINI INFORME DE JUNIO

RESOLUCIONES POR MESES  y  POR TITULARES PARA BUSCAR

VALORACIÓN DE LAS RESOLUCIONES POR SU IMPORTANCIA:

Se van a seguir estos criterios a juicio de las personas que las resumen:

()     Reiterativa o de escasísimo interés

*      Poco interés o muy del caso concreto

**    Interesante (categoría estándar)

***  Muy interesante.

⇒⇒⇒ Imprescindible.  

Sentencias sobre Resoluciones
8/2021. REGISTRO MERCANTIL CENTRAL. NEGATIVA A RESERVAR DENOMINACIÓN SOCIAL POR IDENTIDAD CON OTRA PREEXISTENTE. TÉRMINOS DE UTILIZACIÓN GENÉRICA.

Resolución de 2 de julio de 2021, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, por la que se publica, conforme a lo dispuesto en el artículo 327 de la Ley Hipotecaria, la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección Vigesimoctava, de 14 de diciembre de 2018, que ha devenido firme.

La sentencia firme de la Audiencia Provincial de Madrid, de 14 de diciembre de 2018, cuyo fallo publica el BOE de 26-7-2021 desestima el recurso de apelación interpuesto contra la Sentencia de instancia sentencia del Juzgado de lo Mercantil número 6 de Madrid de 23-3-2017, que estimó la demanda interpuesta frente a la R. DGRN 27 de octubre de 2015, por lo que queda ésta anulada.

9/2021. DONACIÓN CON PACTO DE DEFINICIÓN REALIZADA POR FRANCESES CON RESIDENCIA EN MALLORCA.

Resolución de 2 de julio de 2021, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, por la que se publica, conforme a lo dispuesto en el artículo 327 de la Ley Hipotecaria, la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Illes Balears, Sala de lo Civil y Penal, de 14 de mayo de 2021, que ha devenido firme.

La Sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia de Isles Balears de 14 de Mayo de 2021, cuyo fallo publica el BOE de 26-7-2021 desestima el recurso de casación interpuesto por la Abogacía del Estado, en nombre y representación de la DGRSJYFP, contra la sentencia de 30 de diciembre de 2020 de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca,que estimó el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia del Juzgado de Primera Instancia nº 10 de Palma de Mallorca, de 11 de mayo de 2020, que desestimó la demanda interpuesta en la que se solicitaba la nulidad de la R. 24 de mayo de 2019, por lo que confirma el criterio de la sentencia de la audiencia y por tanto queda anulada la citada resolución.

RESOLUCIONES PROPIEDAD
213.** INSCRIPCIÓN DE REPRESENTACIÓN GRÁFICA CATASTRAL. OPOSICIÓN DE COLINDANTE

Resolución de 14 de junio de 2021, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación de la registradora de la propiedad de Gandía n.º 4, por la que se deniega la inscripción de una representación gráfica de finca. 

Resumen: resolución que reitera la doctrina del Centro Directivo sobre registración de excesos de cabida y sobre inscripción de representaciones gráficas.

Hechos: se presenta acta notarial solicitando la inscripción de una representación gráfica alternativa a la catastral y consecuente rectificación de su descripción, pasando de 4.500 a 3.900,20 metros cuadrados.

Una vez tramitado el procedimiento previsto en el artículo 199 de la Ley Hipotecaria, la Registradora emite calificación negativa con fundamento en las alegaciones de un colindante por exceder superficie de la finca con la real asignada en el proyecto de compensación y reparcelación y por una posible invasión del dominio público marítimo-terrestre, invasión que si bien queda desvirtuada por el certificado de Costas aportado.

La Dirección revoca la calificación y tras recordar su doctrina sobre registración de excesos de cabida y sobre inscripción de representaciones gráficas señala que,

1º) La oposición del colindante se basa en la circunstancia de proceder la finca de un proyecto de reparcelación sin que, del historial registral resulte que el proyecto de reparcelación a que se ha hecho referencia conste inscrito, de tal modo que no sería de aplicación la regla contenida en el artículo 201.1.e) LH.

2º) En cuanto a la posible invasión del dominio público marítimo-terrestre, fue practicada la notificación prevista en el artículo 199 LH al Ayuntamiento, como colindante posible afectado por la inscripción de la representación gráfica que se pretende, resultando que este último no formuló alegación ni oposición alguna. Asimismo, se notificó a la Demarcación de Costas, que, no sólo no formuló alegaciones, sino que levantó acta de replanteo del deslinde del dominio público marítimo-terrestre, de tal manera que, elaborada la representación gráfica sobre la base del mismo, queda excluida cualquier posibilidad de invasión del demanio. (ER)

214. HERENCIA. FINCA INSCRITA SIN SUPERFICIE

Resolución de 14 de junio de 2021, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación de la registradora de la propiedad de Marchena, por la que se suspende la inscripción de una escritura de adjudicación de herencia. (JAR)

215.** CONVENIO REGULADOR. ADJUDICACIÓN DE USUFRUCTO DE LA VIVIENDA CONYUGAL SIN LIQUIDAR GANANCIALES

Resolución de 15 de junio de 2021, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador de la propiedad de Haro a inscribir un decreto aprobatorio del convenio regulador de los efectos de un divorcio. (ACM)

Resumen: En convenio regulador puede atribuirse sobre la vivienda ganancial el usufructo a uno solo de los cónyuges sin necesidad de liquidar la Sociedad de gananciales.

– Hechos:      Se presenta testimonio judicial aprobando un convenio regulador de divorcio, que contiene una liquidación parcial de la Sociedad de gananciales (sobre unos fondos de inversión) pero no sobre la vivienda familiar que sigue siendo ganancial y sobre la que se concede a uno solo de los cónyuges un usufructo vitalicio.

– El Registrador:    califica negativamente, conforme a los arts. 467 CC,  y 9  y 20 LH,  por no haberse liquidado la  sociedad de gananciales sobre esa vivienda, y por tanto, carecer el usufructo la nota de “ajenidad” de todo derecho real, y sin que quede claro a quien se atribuye la nuda propiedad de la finca (si al otro cónyuge o a ambos).

– El interesado:    recurre exponiendo que tras la Disolución por divorcio de la sociedad de gananciales, cada cónyuge ostentaría, sin necesidad de especificar más, la mitad indivisa de cada bien, y que por tanto, ambos serían nudo-propietarios y el esposo ostentaría el usufructo de la mitad correspondiente a su esposa.

– Resolución: La DGSJFP estima el recurso y revoca la calificación.
– Doctrina
Reitera las Res de 24 octubre 2014, y aunque (lógicamente) no acepta la afirmación del recurrente de que tras la disolución por divorcio surja un pro indiviso por mitades entre los cónyuges, entiende el Centro Directivo que sí existe un patrimonio, el ganancial, que opera por separado, con sus propias reglas de administración y disposición, que corresponde a ambos cónyuges (arts 392 y 394 CC), por lo que nada impediría atribuir el usufructo a uno solo de ellos, que privaría al otro de la facultad de uso y disfrute sobre la vivienda, excluyendo la necesidad de consentimiento dual en este punto, y sin que el Art 90 CC exija que con el convenio regulador se liquide forzosamente el régimen matrimonial, que también puede ser parcial. (ACM)

216.** HERENCIA DE CIUDADANO BRITÁNICO

Resolución de 15 de junio de 2021, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador de la propiedad interino de Murcia n.º 7 a inscribir una escritura de aceptación y adjudicación de herencia de nacional británico. (IES)

RESUMEN.- No es necesaria la intervención de los personal representatives o executors para que el beneficiario de una herencia sujeta al Derecho británico, se adjudique los bienes sitos en España.  

La única cuestión que plantea el presente recurso se refiere a si es necesaria la intervención del ejecutor, persona jurídica, designada en certificado del Tribunal Superior de Justicia, Registro de Validaciones Testamentarias de Gales  -Grand Probate-, documento que se incorpora a la escritura calificada, traducido y apostillado, o si la única sucesora del causante, su viuda, con base en el titulo sucesorio británico, otorgado en 1989, ley al que se somete la sucesión (concretamente al Derecho inglés), puede por sí misma adjudicarse el patrimonio del causante en España -una vivienda y una cuenta bancaria- conforme a dicho título sucesorio (artículo 14 de la Ley Hipotecaria) o si es preciso, además la comparecencia del representante de la entidad designada ejecutor.

La apertura de la sucesión se produce con posterioridad al 17 de agosto de 2015, concretamente en 2018, por lo que es de aplicación el Reglamento (UE) n.º 650/2012

Reitera la doctrina de las resoluciones anteriores, 02 de marzo de 2018, 14 de febrero de 2019, 04 de septiembre de 2019, entre otras, y subraya la importancia de coordinar los dos sistemas jurídicos, continental- latino y anglosajón pese a ser distinta la posición del sucesor en cada uno de ellos. Ante la necesidad de facilitar las sucesiones y, con ello, las inversiones de los ciudadanos británicos en países que como España que tiene un sistema jurídico, continental- latino, al final de la negociación del Reglamento (EU) n.º 650/2012, –si bien sin éxito en lograr opt in de Reino Unido e Irlanda–, se introduce el actual articulo 29 dirigido a facilitar la administración de la herencia, en aquellos sistemas jurídicos –de Estados miembros pese al carácter universal del instrumento, como entonces era Reino Unido–, a fin de facilitar una coordinación entre ambos sistemas.

El artículo 29 deber ser completado en su interpretación por el considerando 43, el cual, establece expresamente que el sistema de un Estado miembro (lo que no es Reino Unido, a mayor abundamiento) sobre administración obligatoria de la herencia,  «(…) no debe impedir que las partes opten por resolver la sucesión de manera extrajudicial en otro Estado miembro, en caso de que ello sea posible en virtud de la ley de dicho Estado miembro».

En el supuesto que ahora se resuelve, la viuda, heredera única ejecuta la sucesión, con base en el titulo sucesorio, y conociendo que la aplicación de los procedimientos de la «lex rei sitae» pudiera conducir a la asunción de responsabilidad personal, se adjudica el patrimonio del causante en España.

 El procedimiento de probate, es un mecanismo procesal, que garantiza el cumplimiento de las cargas y obligaciones sucesorias en Reino Unido, con relación al patrimonio allí situado (Resolución de este Centro Directivo de 2 de marzo de 2018); la ley inglesa no considera el probate título sucesorio, sino que lo es el testamento privado ante testigos (artículos 14 de la Ley Hipotecaria, y 3.d) 24, 26 y 27 y, en el caso de pluralidad de sucesores, 23.j) del Reglamento (UE) n.º 650/2012).

El probate no determina quién es el heredero designado por el testador, sino quien es el ejecutor testamentario y acredita o mejor dicho, viene a confirmar, la designación hecha por el testador.

Por ello en el presente caso, la heredera, conforme a la ley española que constituye la «lex rei sitae», pero con base en la propiedad sucesoria que adquiere en virtud de las reglas del Reglamento (artículo 1.1 y Sentencia Kubicka) podrá por sí sola completar los procedimientos exigidos por la ley española para obtener la plena titularidad de los bienes hereditarios y lograr la inscripción en el Registro de la Propiedad español, con los efectos de legitimación, inoponibilidad, fe pública registral, presunción de veracidad y salvaguardia judicial que dicha inscripción le procura, eficacia que no se incluye en el perímetro positivo del Reglamento (artículo 1.2.l). (IES)

217.** NOTA MARGINAL DE POSIBLE DESLINDE. VÍAS PECUARIAS

Resolución de 15 de junio de 2021, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación del registrador de la propiedad de Talavera de la Reina n.º 2, por la que se deniega la práctica de una nota marginal.

Resumen: La práctica de un asiento en una finca en virtud de una resolución administrativa requiere la intervención del titular de la misma en el procedimiento seguido. La nota marginal de inicio de deslinde solo se contempla una vez iniciado el procedimiento. La independencia del registrador en la calificación de los documentos presentados a inscripción.

Hechos: Mediante comunicación expedida por la jefa de Servicio Forestal, Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad, Consejería de Desarrollo Sostenible, y a la vista de una previa comunicación recibida del Registro de la Propiedad en relación a la inscripción de representación gráfica de una finca registral se solicita la práctica de una nota marginal en los siguientes términos: “Esta finca colinda con vía pecuaria clasificada en el término municipal de La Pueblanueva por Orden Ministerial de 6 de junio de 1970 con una anchura de 37,61 metros. Esta vía pecuaria no está deslindada, por lo que, en un futuro deslinde, la posesión de la totalidad o parte de la finca podría ser atribuida a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, siendo la Resolución de aprobación título suficiente para rectificar, en la forma y condiciones que se determinen reglamentariamente, las situaciones jurídicas contradictorias con el deslinde (art. 8.4 Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias)”.

El registrador deniega la operación solicitada por las siguientes razones:

-la nota marginal solo procedería una vez iniciado el procedimiento de deslinde con intervención del titular registral;

– y porque fuera de este supuesto, la nota solicitada no se encuentra prevista en el ordenamiento jurídico.

La Administración solicitante recurre, y tras exponer la situación estadística de la falta de inscripción de las Vías Pecuarias en los Registros de la Propiedad, entiende que la práctica de las notas marginales es imprescindible para evitar que surjan terceros de buena fe protegidos conforme al artículo 34 de la Ley Hipotecaria, lo que supondría una pérdida de patrimonio público.

También considera que “conforme al artículo 18 de la Ley Hipotecaria el registrador puede hacer constar bajo su responsabilidad, como medida de colaboración en la defensa del dominio público, sin necesidad de consentimiento del titular registral”.

Finalmente alega que tales notas marginales se han practicado ya en otros Registros.

Resolución: La Dirección General acuerda desestimar el recurso y confirmar la calificación del registrador.

Doctrina: Con carácter previo se pronuncia sobre el último argumento del recurrente, considerándolo inadmisible ya que “el registrador, al ejercer su competencia de calificación de los documentos presentados a inscripción no está vinculado, habida cuenta del principio de independencia en su ejercicio, por las calificaciones llevadas a cabo por otros registradores, como tampoco lo está por las propias resultantes de la anterior presentación de otros títulos”.

Tras ello se centra en el fondo del asunto relativo a “si es posible practicar, a requerimiento de la Administración, una nota marginal con la finalidad de advertir que una finca colinda con una vía pecuaria, la cual no está deslindada, sin que ni siquiera se haya iniciado este procedimiento, a los efectos de advertir las posibles consecuencias de un eventual deslinde”.

La publicidad del procedimiento de deslinde se contempla en el artículo 8, apartado 5, de la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias del que resulta indudable que la publicidad registral mediante un asiento en la finca sólo se contempla una vez iniciado el procedimiento de deslinde y con intervención de los interesados, lo que concuerda con la aplicación del principio registral del tracto sucesivo por el que “no cabe practicar ningún asiento en una finca en virtud de una resolución administrativa sin que el interesado haya tenido intervención en el procedimiento correspondiente”. Al igual que en el artículo 52 de la Ley 33/2003 de 3 de noviembre de Patrimonio de las Administraciones Publicas.

La calificación de los documentos administrativos viene regulada en el artículo 99 del Reglamento Hipotecario que faculta al registrador, no obstante, la ejecutividad y las presunciones de validez y eficacia de que legalmente están investidos los actos administrativos a calificar:

  1. la competencia del órgano,
  2. la congruencia de la resolución con el procedimiento seguido,
  3. los trámites e incidencias esenciales de éste, así como la relación del mismo con el título registral y
  4. a los obstáculos que surjan con el Registro.

En base a lo anterior está claro que el registrador debe examinar, la observancia de los trámites esenciales del procedimiento seguido, y así comprobar que se hayan cumplido las garantías que para los particulares se establecen por las leyes y los reglamentos, con el objeto, de que “cualquier titular registral no pueda ser afectado si, en el procedimiento objeto de la resolución, no ha tenido la intervención prevista por la Ley, evitando que sufra, en el mismo Registro, las consecuencias de una indefensión procesal”.

En consecuencia, en el caso que nos ocupa “la nota marginal no se solicita en el curso de ningún procedimiento administrativo en el que los titulares registrales hayan tenido intervención alguna”, lo que lleva a la DG a confirmar la calificación.

Y la practica de una nota marginal previa al inicio del expediente de deslinde no está prevista ni en la normativa reguladora de las vías pecuarias, ni tampoco en la general de las Administraciones Públicas.

Y aunque se podría pensar su encaje en la nota prevista el artículo 9, letra a), de la Ley Hipotecaria nuestro CD entiende que no, ya que del contenido de la solicitud “no resulta una concreta calificación urbanística, medioambiental o administrativa de la finca más allá de su colindancia con una vía pecuaria”.

Finalmente se señala el error en la fundamentación del recurrente, en relación “con la posibilidad de que puedan aparecer terceros protegidos por el artículo 34 de la Ley Hipotecaria en relación con la superficie y linderos que se derivan de la inscripción de la base gráfica y su coordinación con Catastro”, puesto que los efectos de la inscripción de la base gráfica, catastral, o alternativa una vez coordinada con Catastro, y recogida en el artículo 10.5 de la Ley Hipotecaria, serán “la presunción de que la finca tiene la ubicación y delimitación geográfica que resulta de la base gráfica, pero se trata de una presunción «iuris tantum» que admitirá, en todo caso, prueba en contrario en el correspondiente procedimiento de deslinde administrativo realizado por los trámites correspondientes”.

Comentarios: El deslinde de las vías pecuarias ha de llevarse a cabo con el procedimiento y garantías previstas en la Ley ya que en caso contrario no se podrían aplicar a los titulares de fincas colindantes las consecuencias propias de este deslinde. (MGV)

218. ANOTACIÓN PREVENTIVA POR DEFECTOS SUBSANABLES SIENDO EL DEFECTO INSUBSANABLE

Resolución de 15 de junio de 2021, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación del registrador de la propiedad de Almería n.º 3, por la que se deniega una anotación preventiva de demanda o/y por defectos subsanables. (ER)

219.* DENEGACIÓN DE ASIENTO DE PRESENTACIÓN. ACTA NOTARIAL QUE PROTOCOLIZA DOCUMENTO PRIVADO.

Resolución de 16 de junio de 2021, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la negativa de la registradora de la propiedad de Barcelona n.º 15 a practicar determinado asiento de presentación en el Libro Diario.

Resumen: No procede la práctica del asiento de presentación de documentos privados protocolizados que no pueden provocar inscripción registral alguna.

Hechos: Mediante acta se protocoliza un documento privado de concesión de un derecho de opción de compra respecto de determinadas fincas en favor de una sociedad, otorgada únicamente por el administrador solidario de la misma. Es decir sin intervención de los concedentes.

La registradora deniega la práctica del asiento de presentación porque, según afirma en su calificación, en el Registro de la Propiedad sólo pueden inscribirse los títulos referidos en el artículo 3 de la Ley Hipotecaria, y el acta presentada no es susceptible de causar inscripción ni mutación jurídico real alguna.

El recurrente alega el carácter de “numerus apertus” del art. 3 de la Ley Hipotecaria, destacando el consenso de que las actas notariales, pueden tener acceso registral cuando recojan hechos inscribibles o como documentos complementarios de títulos principales, entendiendo que en caso de duda se ha de favorecer la protección de los derechos del ciudadano, y la práctica de tal asiento no genera perjuicios ni al titular registral ni a terceros.

Resolución: La Dirección General acuerda desestimar el recurso y confirmar la calificación impugnada.

Doctrina: Dice la DG que los efectos que, conforme al principio de prioridad registral produce el asiento de presentación en el Libro Diario (artículos 17 y 24 de la Ley Hipotecaria), hace que el legislador no quiera que dicho asiento se extienda mecánicamente, sino que el registrador ha de analizar cada documento, con el objeto de decidir si procede o no su efectiva presentación al Diario, limitándose a comprobar que concurren los requisitos exigidos para que un documento acceda al Libro Diario. En caso afirmativo se practicará tal asiento, aunque ya se observe que existe algún defecto que en su momento provocará la negativa a practicar la anotación o inscripción definitiva del título.

El artículo 420.1 del Reglamento Hipotecario, en consonancia con el artículo 3 de la Ley, ordena a los registradores no extender asiento de presentación de los documentos privados, salvo en los supuestos en que las disposiciones legales les atribuyan eficacia registral.

La doctrina de nuestro CD se basa en que tal negativa “sólo debe realizarse cuando el documento cuya constancia registral se solicita sea, clara e indudablemente, de imposible acceso al Registro”, por tanto, solo procederá en los casos en los que el propio presentante manifieste que su objetivo no es la práctica de un asiento en los libros del Registro, o en los que de una forma evidente resulte que el título nunca podría provocar dicho asiento.

En el caso que nos ocupa queda claro que un acta en la que se protocoliza un documento privado a instancia de uno solo de los firmantes, no puede provocar asiento registral alguno, confirmándose la negativa de la registradora a la práctica del asiento de presentación.

Comentarios: Dada la claridad de la doctrina de la DG y lo evidente del rechazo a la práctica del asiento de presentación, solo queremos destacar que el derecho de opción de compra a que se refiere el documento privado protocolizado se documentó primero en una escritura que fue objeto de calificación negativa por faltar la ratificación de los titulares registrales de las fincas sin que se acreditara el poder en virtud del cual actuó el otorgante, calificación que fue recurrida y confirmada por la DG en Resolución de 12 de noviembre de 2020. Parece claro que el camino que tiene la sociedad para conseguir la inscripción de su derecho pasa por los Tribunales. (MGV)

220.* DENEGACIÓN DE ASIENTO DE PRESENTACIÓN

Resolución de 16 de junio de 2021, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la negativa de la registradora de la propiedad de Barcelona n.º 15 a practicar asiento de presentación en el Libro Diario.

De igual contenido que la anterior. (MGV)

221. ANOTACIÓN PREVENTIVA DE MANDAMIENTO JUDICIAL. PREFERENCIA CRÉDITO COMUNIDAD DE PROPIETARIOS

Resolución de 16 de junio de 2021, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación de la registradora de la propiedad de Caldas de Reis, por la que se deniega la anotación preventiva de un mandamiento judicial. (ER)

222. PRÉSTAMO HIPOTECARIO. DEPÓSITO DE CONDICIONES GENERALES EN EL RCGC

Resolución de 17 de junio de 2021, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la calificación del registrador de la propiedad de Alicante n.º 4, por la que se suspende la inscripción de una escritura de préstamo hipotecario. (CB)

223. SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN DE CARGAS EN EJECUCIÓN HIPOTECARIA. CALIFICACIÓN DE COMPETENCIA TERRITORIAL

Resolución de 17 de junio de 2021, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación de la registradora de la propiedad accidental de Girona n.º 3, por la que se deniega la expedición de certificación de cargas en procedimiento de ejecución directa sobre bienes hipotecados.  (ER)

224.* DENEGACIÓN DE CANCELACIÓN DE ASIENTO DE PRESENTACIÓN Y DE SU PRÓRROGA

Resolución de 17 de junio de 2021, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación del registrador de la propiedad de Sitges, por la que se deniega la cancelación de un asiento de presentación y de su prórroga.

Resumen: El recurso contra la calificación negativa del registrador no es cauce hábil para acordar la cancelación de asientos ya practicados. Por ello no se puede cancelar un asiento de presentación prorrogado por interposición de demanda contra la calificación.

Hechos: Consta en el registro un asiento de presentación –previo a otros títulos presentados con posterioridad– que ha sido suspendido y prorrogado por haberse interpuesto demanda contra la calificación.

Por instancia privada se solicita su cancelación registral al impedir el despacho de títulos posteriores, dado que no se indica el motivo de la suspensión ni se identifica la demanda a cuya resolución se condiciona la citada prórroga.

El registrador deniega la cancelación porque dentro del plazo de vigencia del asiento de presentación se presentó escrito de interposición de demanda contra la calificación negativa de los documentos presentados bajo ese asiento de presentación, solicitándose la prórroga del misma, por lo que se hizo constar por nota al margen tanto el recurso judicial como la prórroga del asiento hasta su resolución definitiva.

El recurrente entiende que judicialmente no se ha adoptado medida cautelar alguna y que no es procedente la prórroga.

Resolución: La DG, sin entrar en el fondo del asunto, acuerda desestimar el recurso.

Doctrina: La desestimación del recurso se basa en doctrina reiterada de nuestra DG por la que:

El objeto del expediente de recurso contra calificaciones de registradores de la Propiedad es exclusivamente la determinación de si la calificación es o no ajustada a Derecho, pero no cualquier otra pretensión de la parte recurrente.

El asiento, una vez practicado, se encuentra bajo la salvaguardia de los tribunales, produciendo todos sus efectos en tanto no se declare su inexactitud, bien por la parte interesada, bien por los tribunales de Justicia de acuerdo con los procedimientos legalmente establecidos (artículos 1, 38, 40 y 82 de la Ley Hipotecaria).

Conclusión: El asiento de presentación, al igual que cualquier otro asiento, una vez practicado, se encuentra bajo la salvaguardia de los tribunales, sin que la Dirección General pueda determinar si la prórroga del mismo fue o no practicada correctamente, siendo el cauce procedente el de la vía judicial de acuerdo con la doctrina anterior. (MGV)

225. COMPRA POR PAREJA DE HECHO EN GALICIA “PARA SU SOCIEDAD DE GANANCIALES”

Resolución de 21 de junio de 2021, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la negativa de la registradora de la propiedad interina de Ortigueira a inscribir una escritura de compraventa. (JAR)

226.** PRIORIDAD. DOCUMENTO PREVIO PENDIENTE DE RECURSO

Resolución de 21 de junio de 2021, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación del registrador de la propiedad de Sabadell n.º 4, por la que se suspende la inscripción de una escritura de subsanación de otras. (ACM)

Resumen: El registrador debe suspender la calificación de un 2º título conexo con otro previamente presentado y que está siendo objeto de recursos.

– Hechos:     1) Una SL vende a otras 2 ciertos % sobre una finca reparcelada.
2) Una de las SL compradoras concede a una 4ª SL una opción de compra sobre su total %;
3) Las 3 primeras SL se percatan de sendos errores en los %, de modo que el % de la concedente es superior al inicial.
4) La SL optante ya ejercita su opción sobre el % correcto, inferior al inscrito a favor del concedente, aunque en el registro su opción consta sobre el % superior inicial. Esta escritura de opción fue calificada negativamente y fue objeto de recurso gubernativo (desestimatorio; y confirmatorio de la calificación negativa), y hoy ha sido objeto de impugnación judicial, constando en el registro la prórroga indefinida del asiento de presentación hasta que recaiga sentencia.
5) Se presenta ahora escritura otorgada por las 3 primeras SL subsanando los % (y ajustándolos a los concedidos en la opción ejercitada).

– El Registrador:  lógicamente  suspende la calificación de la Escritura de subsanación, conforme al Art 17 LH, por hallarse previamente presentado y pendiente de inscripción (y resolución judicial) un título previo sobre la misma finca, y prorroga el asiento de presentación del 2º título hasta que se inscriba el 1º.

– El presentante:    recurre intentando demostrar que aunque el titulo se refiera a la misma finca, se trata de una cuota indivisa (5) diferente y que en todo caso la rectificación del % no perjudica al optante porqué el concedente tiene % de sobra para cubrir la adquisición, por lo que no habría incompatibilidad de títulos ni procedería la suspensión de la calificación.

– Resolución: La DGSJFP desestima acertadamente el recurso y confirma la calificación.
– Doctrina

Aunque pueda discutirse si los títulos se refieren o no a la misma participación (%), y a pesar de que el % del concedente sea superior y baste para cubrir la opción y la rectificación, es indudable de que se trata de 2 títulos conexos e interrelacionados y, en consecuencia, no puede dejar de aplicarse el Principio de Prioridad en su aspecto formal que impone al registrador, como norma general, que guarde en el despacho de los documentos presentados relativos a una misma finca el orden cronológico que resulte de su presentación. (ACM).

228.** EXPEDIENTE NOTARIAL DE RECTIFICACIÓN DESCRIPTIVA ART 201 LH. DUDAS CON EL EXPEDIENTE YA TERMINADO. VALOR DE LA REFERENCIA CATASTRAL INSCRITA.

Resolución de 22 de junio de 2021, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación de la registradora de la propiedad de Arganda del Rey n.º 1, por la que se deniega la inscripción de un acta otorgada en expediente notarial de rectificación de descripción de finca.

Resumen: En los expedientes notariales de rectificación del artículo 201 LH el registrador tiene que manifestar sus dudas en el momento de expedir el certificado, no al tiempo de calificar el expediente ya resuelto positivamente. La referencia catastral inscrita no implica que la finca esté coordinada, sino únicamente sirve para determinar la localización de la finca. En caso de detectar una doble inmatriculación el registrador tiene que iniciar un expediente de oficio para subsanar la situación.

Hechos: Se tramita un expediente notarial de Rectificación descriptiva de finca (de su cabida) regulado en el artículo 201 LH. La finca es discontinua y está integrada por 3 porciones independientes, que se corresponden con varias parcelas catastrales. Dicho expediente notarial finaliza con Acta de Resolución positiva por la cual se declara acreditada la cabida rectificada de la finca, que es coincidente con la medida actual de las parcelas catastrales que la integran. Previamente constaba en la inscripción de la finca las referencias catastrales de dichos trozos.

La registradora considera que hay una doble inmatriculación de uno de los trozos de terreno de la finca discontinua correspondiente a una de las parcelas catastrales. Alega también que cuando emitió el certificado para tramitar dicho expediente del 201 LH sin dudas no tenía conocimiento de esta posible doble inmatriculación pues la referencia catastral de la finca objeto del expediente tenía un formato antiguo y había otra inscrita con la misma referencia pero con formato moderno.

El interesado recurre y se queja de que el expediente notarial pretende únicamente rectificar la cabida de una finca que ha sido objeto de segregación y sobre el que ha habido ya dos recursos gubernativos resueltos por la Dirección General. En el presente caso cuando se ha solicitado el certificado de dominio dentro de la tramitación del expediente del artículo 201 LH y la registradora no ha manifestado ninguna duda y ahora las manifiesta extemporáneamente por lo que no pueden ser tenidas en cuenta, ya que precisamente se tramitó el expediente notarial para resolver las posibles dudas, siguiendo el mandato de la Dirección General en la Resolución de 2 de Junio de 2020 que resolvió el segundo recurso.

La DG estima el recurso

Doctrina. La registradora no puede expresar dudas de identidad de la finca cuya cabida se rectifica en el procedimiento notarial del artículo 201 LH si no las expresó en el momento de expedir la certificación, salvo que de la tramitación resulte un cambio en las circunstancias o datos que se tuvieron a la vista al tiempo de expedir la certificación (cfr. Resolución de 20 de diciembre de 2016)

La constancia de referencia catastral de la finca en ningún caso puede equipararse con la coordinación gráfica a la que se refiere el artículo 10 de la Ley Hipotecaria, pues no supone la inscripción de la representación gráfica ni la rectificación de la descripción literaria conforme a la misma. Sólo implica la identificación de la localización de la finca inscrita en cuanto a un número de referencia catastral, pero no que la descripción tenga que ser concordante con la del Catastro ni que se puedan inscribir en tal caso todas las diferencias basadas en certificación catastral descriptiva y gráfica.

La registradora, si estima que hay una doble inmatriculación, puede iniciar, incluso de oficio, el procedimiento para subsanar la doble inmatriculación previsto en el artículo 209 de la Ley Hipotecaria.  (AFS)

229.** CALIFICACIÓN REGISTRAL DE LA TITULARIDAD REAL. JUICIO DE SUFICIENCIA NOTARIAL RESPECTO DE PODER NO INSCRITO. RESEÑA DEL CARGO O FACULTADES DEL OTORGANTE DEL PODER.

Resolución de 23 de junio de 2021, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador de la propiedad de Madrid n.º 3 a inscribir una escritura de compraventa.

Resumen: El registrador no es competente para calificar la actuación notarial respecto de la titularidad real de las entidades jurídicas. En el caso de poderes no inscritos, el notario tiene que consignar no sólo los datos del poder, sino también los del otorgante del poder y de sus facultades representativas.

Hechos: Se otorga una escritura de compraventa de una sociedad. El notario autorizante hace constar la titularidad real de la sociedad otorgante por referencia a un acta notarial y previa consulta de la base de datos de titularidades reales del Consejo General del Notariado. Emite también un juicio de suficiencia del poder aportado reseñando el documento, que es un poder específico para la venta, pero no los datos del otorgante del poder en representación de la sociedad.

El registrador encuentra dos defectos. El primero que la base real de titularidad real consultada ha sido anulada por el Tribunal Supremo, y el segundo que el juicio notarial de suficiencia no ha sido correctamente emitido porque el notario no ha reseñado los datos del otorgante del poder, como representante de la entidad.

El notario autorizante recurre y alega que el registrador no es competente para calificar la actuación notarial en orden a la titularidad real y por ello no cita ningún precepto infringido, y en cuanto al segundo defecto que su juicio de suficiencia se ajusta a lo dispuesto en el artículo 98 de la Ley 24/2001, tal y como ha sido interpretado por el Tribunal Supremo en diversas sentencias, en particular en la sentencia del pleno de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo número 643/2018.

La DG estima el recurso en cuanto al primer defecto y lo desestima en cuanto al segundo

Doctrina. No hay precepto alguno por el cual se atribuya al registrador la función o potestad de fiscalizar la actuación del notario en materia de prevención del blanqueo de capitales ni en materia de determinación y expresión de la titularidad real.

Cuando se trata de poderes para actos concretos otorgados por sociedades, que no son inscribibles en el Registro Mercantil, el notario debe de reseñar los datos del representante de la sociedad otorgante del poder y de sus facultades no bastando los consignar los datos identificativos del poder.

Comentario: Resulta insólito el primer defecto, por carecer totalmente de fundamento, tanto por cuestiones formales (falta de competencia objetiva del registrador para hacerlo en una materia interna notarial) como por cuestiones sustantivas (la titularidad resulta de un documento notarial manifestado por el otorgante no de una base de titularidad real) hasta el punto de que no se ha citado ninguna norma infringida.

En cuanto al segundo defecto, transcurridos 20 años ya desde la entrada en vigor de la Ley 24/2001, hay que deplorar una vez más con los vaivenes jurisprudenciales de interpretación del artículo 98, del que esta resolución es un capítulo más, que tanta inseguridad jurídica provocan con la consiguiente pérdida de tiempo y de recursos intelectuales y materiales.

El artículo 98 es claro y lo ha sido desde el principio: el notario es el único competente para juzgar la validez del poder y lo único que tiene que hacer es reseñarlo para que quede identificado y el registrador pueda comprobar que ese juicio se ha emitido en base a un documento notarial y no arbitrariamente. En este caso el primer notario que autorizó dicho poder juzgó la suficiencia de las facultades del representante de la sociedad otorgante, bajo su responsabilidad, y por ello el notario autorizante de la escritura de compraventa no puede poner en entredicho dicho juicio de suficiencia ni menos el registrador donde se inscriba el documento, por lo que carece de sentido el defecto y la posición jurisprudencial que sostiene la necesidad de reseña no solo del poder sino también de los datos y facultades de representación del otorgante del poder.

El Tribunal Supremo lo ha dejado también claro varias veces, por todas la sentencia del pleno de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo número 643/2018 corroborada por la posterior de 661/2018 de 22 de noviembre de 2018,  que por tanto constituyen jurisprudencia. Es verdad, sin embargo, que una sala del propio Tribunal Supremo ha contradicho su propia jurisprudencia anterior con la reciente sentencia 378/2021 de 1 de Junio que exige que se reseñen los datos de la representación del otorgante del poder no inscrito, reseña que no puede tener más alcance que el meramente informativo. (AFS)

230. EJECUCIÓN EN PROCEDIMIENTO DE APREMIO FISCAL

Resolución de 28 de junio de 2021, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la negativa de la registradora de la propiedad de Vigo n.º 2 a inscribir un acta de adjudicación librada en procedimiento de apremio fiscal y del correspondiente mandamiento de cancelación. (MN)

231. DACIÓN EN PAGO DE DEUDA. COMPLEJOS INMOBILIARIOS

Resolución de 28 de junio de 2021, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador de la propiedad de Jerez de la Frontera n.º 1 a inscribir una escritura de dación en pago de deuda. (MN)

233. EJECUCIÓN DE HIPOTECA DISTINTA DE AQUELLA PARA LA QUE SE EXPIDIÓ CERTIFICACIÓN DE DOMINIO Y CARGAS

Resolución de 28 de junio de 2021, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación de la registradora de la propiedad de Madrid n.º 23, por la que se deniega la inscripción de un testimonio de auto de adjudicación de inmueble en procedimiento de ejecución directa sobre bien hipotecado, así como el mandamiento de cancelación de cargas. (MN)

234.** COMPRA POR SOCIEDAD REPRESENTADA POR ADMINISTRADOR NO INSCRITO EN EL REGISTRO MERCANTIL

Resolución de 29 de junio de 2021, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la negativa de la registradora de la propiedad de Sanlúcar la Mayor n.º 2 a inscribir una escritura de compraventa.

Resumen: La inscripción del cargo de administrador es obligatoria pero no es constitutiva, por lo que no es requisito para inscripción de las compraventas en el Registro de la Propiedad ni cabe que el registrador pida que se le aporte copia de dicha escritura con calificación positiva.

Hechos: En una compraventa, la sociedad vendedora está representada por un administrador con cargo no inscrito. El notario emite el juicio notarial de suficiencia que incluye las circunstancias de su nombramiento.

La registradora considera defecto el hecho de que no esté inscrito el nombramiento en el Registro Mercantil y exige que, al menos, se le aporte copia autorizada de la escritura de nombramiento del Administrador con la oportuna nota de presentación en el Registro Mercantil y calificación que no exprese circunstancias obstativas a la inscripción que puedan afectar a la validez y eficacia frente a terceros del nombramiento hecho en dicha escritura. También encuentra un segundo defecto relativo al NIF, que revoca a la vista del recurso.

El notario autorizante recurre y alega que aunque la inscripción del cargo de administrador sea obligatoria no es constitutiva, que la exigencia de la registradora es arbitraria pues se aparta totalmente de la regulación sobre la materia y que desconoce el juicio notarial emitido sobre la suficiencia de la representación de la sociedad.

La DG revoca la calificación.

Doctrina: el nombramiento de los administradores surte sus efectos desde el momento de la aceptación, ya que la inscripción del mismo en el Registro Mercantil aparece configurada como obligatoria no tiene carácter constitutivo y, por tanto, el incumplimiento de la obligación de inscribir no determina por sí solo la invalidez o ineficacia de lo realizado por el administrador antes de producirse la inscripción pues no hay ningún precepto que así lo exija.

Declara también que no hay fundamento alguno que permita a la registradora exigir la aportación de la escritura de nombramiento de administrador del que nace la representación en los términos legalmente establecidos para el órgano de administración de la sociedad, si se tiene en cuenta lo dispuesto en el artículo 98 de la Ley 24/2001 que ha sido objeto de interpretación por el Tribunal Supremo (Sentencias número 645/2011, de 23 de septiembre, 643/2018, de 20 de noviembre, 661/2018, de 22 de noviembre, y 378/2021, de 1 de junio). (AFS)

236.** INSCRIPCIÓN DE REPRESENTACIÓN GRÁFICA CATASTRAL. FINCA DISCONTINUA PROCEDENTE DE SEGREGACIÓN

Resolución de 29 de junio de 2021, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación de la registradora de la propiedad de Conil de la Frontera, por la que se suspende iniciar un expediente de inscripción de representación gráfica.

Resumen: El hecho de que una finca registral se corresponda con dos parcelas catastrales que no lindan entre sí, no impide la tramitación del procedimiento del art. 199 LH para incorporar al folio real las representaciones gráficas catastrales. Los excesos de cabida no deben justificarse, solo acreditarse.

Hechos: Mediante instancia privada se solicita la rectificación de la descripción de una finca (que pasa de 3.895 metros cuadrados según el Registro a 6.608 metros cuadrados según el Catastro) y la inscripción de la representación gráfica catastral de la misma, previa tramitación del procedimiento del art. 199 LH. La finca es el resto después de una segregación anterior y, según el interesado/recurrente, se corresponde con dos parcelas catastrales (una de 4.641 metros cuadrados y la otra de 1.967 metros cuadrados) que no son contiguas.

La registradora deniega la tramitación del procedimiento porque considera: 1) que no se ha acreditado la causa del exceso de cabida; 2) que una de las parcelas catastrales se corresponde con la finca registral, pero la otra no puede participar de dicha correspondencia porque no es colindante con la primera.

El recurrente alega que existe correspondencia entre las parcelas catastrales y la finca registral argumentando que los lindes de esta coinciden con los aquellas.

La Dirección General estima el recurso y revoca la nota de calificación de la registradora.

Doctrina: La DG reitera su propia doctrina en dos puntos:

  1. La existencia de una previa segregación no impide la posibilidad de rectificar con posterioridad la descripción de las fincas resultantes, «siempre y cuando se cumplan los requisitos y procedimientos contemplados para ello en la Ley Hipotecaria y, ante todo, siempre que las rectificaciones pretendidas no impliquen una nueva reordenación de terrenos diferente a la resultante de la modificación hipotecaria inscrita (cfr. Resoluciones de 29 de septiembre y 26 de octubre de 2017)».
  1. El procedimiento previsto en el artículo 199 LH es aplicable cualquiera que sea la magnitud del exceso de cabida, «pues, por una parte, la redacción legal no introduce ninguna restricción cuantitativa ni cualitativa al respecto, y por otra, los importantes requisitos, trámites y garantías de que está dotado tal procedimiento justifican plenamente esta interpretación sobre su ámbito de aplicación».

Sí que se requiere, sin embargo, identidad entre la representación gráfica y la finca registral, esto es, que no se trate de inmuebles distintos («la representación gráfica aportada debe referirse a la misma porción de territorio que la finca registral»), comprobación que debe ser realizada por el registrador.

Como ya indicó la R. de 3 de junio de 2020, “no se puede suspender el inicio de la tramitación del expediente previsto en el artículo 199 de la Ley Hipotecaria por el único motivo de existir una diferencia de superficie desproporcionada.”

Y añade dos puntos más:

  1. Sobre el hecho de que la finca registral se corresponda con dos parcelas catastrales discontinuas: «En cuanto a la circunstancia de estar formada la finca por porciones no colindantes, por resultar dicha configuración de una previa operación de segregación, según alega el recurrente, en principio, ello no es obstativo a la tramitación del procedimiento para la inscripción de la representación gráfica. A lo cual cabe añadir la insuficiente fundamentación de la nota de calificación, ya que se limita a expresar la no colindancia de las parcelas catastrales.»
  1. Sobre la expresión de la causa del exceso: «para solicitar el inicio del expediente de inscripción de representación gráfica no es exigible la expresión de una causa del exceso, ni consignar expresamente su entidad, según indica la calificación; exigencias estas que no resultan de los artículos 9 y 199 de la Ley Hipotecaria.»

Comentario: La DG sigue permitiendo que se rectifique la descripción de la finca mediante una simple instancia privada, lo que crea inseguridad jurídica pues la legitimación notarial de firmas no acredita la adecuada formación del consentimiento que exige un acto de tal trascendencia.

El mayor interés de esta resolución radica en relación con el tema de las parcelas catastrales discontinuas, cuestión que había sido tratada en otras resoluciones con resultado opuesto. Así, la R. de 9 de octubre de 2019, denegó la inscripción de dos representaciones gráficas catastrales no colindantes, correspondientes a una sola finca registral, porque en la descripción de esta no constaba su carácter discontinuo. En el mismo sentido, la R. de 19 de julio de 2018 y la R. de 23 de abril de 2018.

Esta disparidad de criterios parece estar justificada en el conjunto de circunstancias de cada supuesto de hecho: magnitud del exceso de cabida, modificación de otros elementos descriptivos, historial de las fincas, etc. Es difícil, dada la conjunción de factores diferentes en cada caso, marcar una línea nítida entre los supuestos en que hay correspondencia y los que no. Así lo da a entender la propia resolución que nos ocupa, al indicar que, en principio, no hay impedimento en este supuesto, con lo que nos quiere dar a entender que no está fijando una doctrina aplicable con carácter general. No obstante, la DG debería ser consciente, y posiblemente lo es, de la inseguridad jurídica que crean estas zonas difusas y de la conveniencia de fijar unos criterios menos discrecionales. (VEJ)  

237. AMPLIACIÓN DE OBRA NUEVA «ANTIGUA»

Resolución de 29 de junio de 2021, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación de la registradora de la propiedad de Madrid n.º 2, por la que suspende la inscripción de una escritura de declaración de aumento de obra nueva (antigua).  (JAR)

238.** SENTENCIA EN REBELDÍA CONDENANDO A ELEVAR A PÚBLICO UN CONTRATO PRIVADO

Resolución de 29 de junio de 2021, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación del registrador de la propiedad de Mijas n.º 2, por la que se suspende la inscripción de una sentencia dictada en rebeldía, por la que se condena al demandado a la elevación a público de un contrato.

Resumen: Las sentencias de condena requieren para su acceso al registro, la tramitación del correspondiente proceso de ejecución. La sentencia dictada en rebeldía, además de ser firme, es preciso que hayan transcurrido los plazos del recurso de audiencia al rebelde.

Hechos: Se trata de un testimonio de sentencia, dictada en rebeldía de la entidad demandada por la que se declaraba que los demandantes son los propietarios de una finca registral “condenando a todos los demandados a estar y pasar por esta declaración”, y a “elevar a público los contratos de compraventa” a favor de los demandantes, “con apercibimiento de otorgamiento judicial en sustitución suya de cumplir personalmente este pronunciamiento”.

El registrador entiende que para inscribir la finca a favor de los demandantes será necesario el otorgamiento de una escritura de elevación a público del contrato de compraventa de la que, además, se deducirá que el órgano judicial ha apreciado que han transcurrido los plazos que la ley otorga al rebelde para ejercer la acción de rescisión de la sentencia.

El recurrente considera que los términos del testimonio son rotundos y la propia literalidad de “a todos los efectos” denota, con claridad suficiente, que la sentencia es firme y cuando se dice “a todos los efectos” es “a todos” y, por tanto, que han transcurrido todos los plazos para la interposición de recursos de todo tipo, incluido el plazo de la acción de rescisión del demandado rebelde.

Asimismo, alega que se trata de una sentencia que declara la propiedad de los actores sobre la finca y ordena la cancelación de los asientos contradictorios, por lo que estamos ante una sentencia declarativa, directamente inscribible.

Resolución: La Dirección General acuerda desestimar el recurso y confirmar la nota de calificación del registrador.

Doctrina: Son dos las cuestiones que se plantean en este recurso:

La primera, si es inscribible directamente una sentencia, dictada en procedimiento no declarativo, sino contencioso, en la que se declara a los demandantes propietarios de la finca objeto de la litis, y se condena a la demandada a elevar a público los contratos de compraventa a favor de los indicados demandantes.

En este sentido la DG tiene declarado “que las sentencias declarativas o constitutivas con trascendencia inmobiliaria son directamente inscribibles en el Registro, si de éste no resultan obstáculos que lo impidan, mediante el testimonio de la resolución judicial, que acredite su contenido así como la firmeza de la misma”.

Al contrario de lo anterior, las sentencias de condena requieren para su eficacia plena, y por tanto para su acceso registral, la tramitación del correspondiente proceso de ejecución.

Del  artículo 708 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, se deriva que serán inscribibles en el Registro las declaraciones de voluntad dictadas por el juez en sustitución forzosa del obligado, cuando estén predeterminados los elementos esenciales del negocio; pero en nada suplen a la declaración de voluntad del demandante, que deberá someterse a las reglas generales de formalización en escritura pública, apoyada en los testimonios de la sentencia y en el auto que suple la voluntad del demandado, siendo innecesaria la comparecencia de la autoridad judicial  (cfr. artículos 1217, 1218, 1279 y 1280 del Código Civil, 3 de la Ley Hipotecaria y 143 y 144 del Reglamento Notarial).

Y la segunda, es si habiéndose dictado la sentencia en rebeldía, puede el registrador entender que la sentencia ya es inscribible, por la diferencia de fecha entre la sentencia y el testimonio que la recoge, que implica que han transcurrido los plazos para ejercitar la acción de rescisión, y porque el propio testimonio expresa la firmeza de la sentencia.

A este respecto la DG es clara sosteniendo que “es preciso que haya transcurrido el plazo del recurso de audiencia al rebelde y sólo el Juzgado ante el que se siga el procedimiento podrá aseverar tanto el cumplimiento de los plazos que resulten de aplicación, incluyendo en su caso la prolongación de los mismos, como el hecho de haberse interpuesto o no la acción rescisoria”.

Así cuando una sentencia ha sido dictada en rebeldía procesal de los demandados, resulta de aplicación lo dispuesto en el artículo 524.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que dispone: “Mientras no sean firmes, o aun siéndolo, no hayan transcurrido los plazos indicados por esta Ley para ejercitar la acción de rescisión de la sentencia dictada en rebeldía, sólo procederá la anotación preventiva de las sentencias que, dispongan o permitan la inscripción o cancelación de asientos en Registros públicos”.

Comentarios: La ejecución de las sentencias de condena requiere únicamente la comparecencia del demandante, a la que se incorpore el testimonio de la sentencia y el auto que supla la voluntad del demandado y sin que sea preciso la comparecencia de la autoridad judicial pero lo que en ningún caso seria directamente inscribible en el registro es la propia la sentencia por la que se tiene por emitida la declaración de voluntad del demandado.

La posibilidad de rescisión se ha de interpretar restrictivamente por cuanto vulnera el principio riguroso y casi absoluto de irrevocabilidad de los fallos que hayan ganado firmeza y sin que el registrador pueda valorar el transcurso de los plazos para el ejercicio de la acción por la diferencia entre la fecha de la sentencia y el testimonio que la recoge ya que es algo que solo podrá aseverar el juzg ado ante el que se siga el procedimiento. (MGV)

239.*** COMPRA POR CASADO EN RÉGIMEN DE SEPARACIÓN DE BIENES BELGA: INSCRIPCIÓN DE LAS CAPITULACIONES.

Resolución de 30 de junio de 2021, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador de la propiedad de Álora a inscribir una escritura de compraventa. (IES)

Resumen.- Exige el Centro directivo la previa inscripción en el Registro Central de Contratos Matrimoniales de Bélgica, de una escritura de capitulaciones otorgada ante notario Belga pese a haberse aportado la copia de la escritura apostillada.

Hechos.- Por medio de escritura consta que el comprador, de nacionalidad belga, está casado en régimen de separación de bienes pactado en escritura otorgada ante un notario de Bruselas en el año 1990, antes de contraer matrimonio; escritura que se reseña y cuya copia se exhibe, pendiente de apostillar, por lo que el notario formula en la escritura calificada la oportuna advertencia sobre este último extremo. Posteriormente, se aportó dicha escritura de capitulaciones matrimoniales prenupciales debidamente apostillada.

El registrador suspende la inscripción solicitada porque, a su juicio, según las normas del Código Civil de Bélgica que transcribe, debe acreditarse la inscripción de las capitulaciones matrimoniales en el Registro Civil de dicho Estado.

Recurrente.– Señala que la inscripción de las capitulaciones matrimoniales en el Registro civil correspondiente no es un requisito para su validez, es suficiente que hayan sido otorgadas en forma auténtica.

Dirección General.– Desestima el recurso y confirma la calificación.

La Dirección General señala que en Derecho español, en caso de que se haya pactado el régimen económico matrimonial de separación de bienes, es necesario acreditar la previa indicación en el Registro Civil de la escritura de capitulaciones matrimoniales para que un bien adquirido mediante compraventa por uno de los cónyuges pueda ser inscrito con carácter privativo a su favor, artículo 266. 6 del Reglamento del Registro Civil. Se fundamenta en que la inscripción en el Registro Civil tiene efectos probatorios y de legitimación (artículo 2 de la Ley del Registro Civil), y de oponibilidad frente a terceros (artículo 1218 CC y artículo 222.3 de la LEC)

En Derecho belga las convenciones sobre el régimen económico matrimonial deben constar en escritura pública notarial (artículo 1392 del Código Civil de Bélgica). Según el artículo 1391 de dicho Código el notario que haya autorizado el contrato matrimonial deberá proceder a la inscripción prescrita por el artículo 4, § 2, 1.º de la Ley de 13 de enero 1977, de aprobación del Convenio relativo al establecimiento de un sistema de inscripción de testamentos, hecho en Basilea el 16 de mayo de 1972, y estableciendo el Registro Central de contratos de matrimonio; de modo que, a falta de tal inscripción, las cláusulas derogatorias del régimen legal no podrán ser opuestas a terceros que contraten con los cónyuges sin conocimiento de sus pactos matrimoniales. Asimismo, según el artículo 76.10ª de dicho Código Civil, en el acta de matrimonio debe hacerse mención de la fecha del contrato matrimonial, el nombre y residencia del notario autorizante así como la indicación del régimen matrimonial establecido entre los cónyuges, y a falta de ello tampoco pueden oponerse las cláusulas derogatorias del régimen legal a terceros que contraten con los cónyuges sin conocimiento de tales pactos matrimoniales.

En el presente caso se han aportado las capitulaciones autorizadas por notario belga, pero no se acredita la inscripción de las mismas en el referido Registro Central de contratos de matrimonio, ni la mención de las mismas en el acta de matrimonio. Por ello, el defecto debe ser confirmado. 

Comentario.-

No existe un sistema de publicidad uniforme en todos los Estados; tanto el contrato de matrimonio inicial como sus posteriores modificaciones son objeto de un concreto sistema de publicidad en cada Estado y son distintas en cada Estado los procedimientos, la naturaleza de la publicidad y sus efectos. Como señala la normativa belga, “a falta de tal inscripción, las cláusulas derogatorias del régimen legal no podrán ser opuestas a terceros que contraten con los cónyuges sin conocimiento de sus pactos matrimoniales”; es decir, es importante en el tráfico internacional evitar la alegación por el tercero de un desconocimiento excusable y ello fundamentalmente se consigue exhibiendo el documento público/autentico que contiene el régimen convencional.

De las normas del registro civil español se deduce

–  La no oponibilidad de los regímenes convencionales no inscritos a terceros de buena fe; dicho esto, cabe preguntarse qué ocurre con los inscritos en Registros extranjeros. A nuestro juicio, tratándose de un bien sito en España y figurando el mismo en el título exclusivamente a nombre de un cónyuge con carácter privativo por ser, por ejemplo, el régimen de separación de bienes su régimen legal porque así lo determina la norma de conflicto, parece complicado entender que la publicidad de las capitulaciones pueda ser oponible a tercero de buena fe en España que adquiere de dicho cónyuge, si aquella publicidad deriva de un Registro Extranjero.

De la misma manera, siendo las normas registrales de marcado carácter procesal, los efectos de la publicidad de derecho español, se producirán aunque lo que publique un registro español sean unas capitulaciones sometidas a derecho extranjero.

La STS de 27/02/1998, resolución número 161/1998 desestima la demanda de nulidad de unas escrituras de compraventa en las que faltó el consentimiento uxorio. El supuesto era el siguiente: cónyuges de nacionalidad alemana suscriben un contrato matrimonial ante notario en Münich, en el que optan por el régimen matrimonial de comunidad de bienes, acordando que todos los bienes del matrimonio serían comunes y que los actos de disposición de los bienes matrimoniales sólo podrían hacerse conjuntamente. Dicho contrato no tuvo acceso al Registro de Régimen de Bienes alemán, ni tampoco al Registro de propiedad español donde constaba inscrita la finca a nombre exclusivamente del esposo y al no constar que éste manifestase a las otras partes contratantes la existencia del régimen de comunidad ni que éstas hubiesen tenido conocimiento de tal régimen tales capitulaciones no pueden afectar a tercero dice la sentencia, invocando el artículo 1412.1 del Código Civil alemán, precepto análogo al artículo 34 de la LH.

Hubiera bastado la exhibición de la copia autorizada de la escritura de capitulaciones otorgada por notario alemán, notario de corte Latino-germánico, y la transcripción en el titulo por el notario autorizante de la venta del inmueble de los particulares de dicho contrato matrimonial, para que el tercero no pudiese haber alegado desconocimiento; es más, obviamente, ni se hubiese autorizado ni hubiese adquirido de uno solo de los cónyuges.

La RDGRN de 9 de enero de 2008 (BOE 6 de febrero) establece que los matrimonios de extranjeros celebrados en el extranjero no tienen acceso al Registro Civil español, conforme a los principios de conexión personal y territorial formulados en el artículo 15 de la Ley del Registro Civil, redacción dada por ley 3/2007 (actualmente artículos 9.2 y 60 LRC) y por tanto, tampoco las capitulaciones que estos otorguen.

También, es interesante realizar una lectura pausada de los artículos 27, letra f) y 28 del Reglamento (UE) 2016/1103, de regímenes económicos matrimoniales. El Reglamento tiene una regla general: la disposición del artículo 27 letra f), que señala que la ley que rige las relaciones entre los cónyuges y los terceros es la ley aplicable al régimen económico matrimonial y el artículo 28 matiza la regla general y señala que ello es así en aquellos casos en que el tercero conociera o debería conocer dicha ley y se cumple dicha circunstancia de acuerdo con el art. 28.2, cuando la ley aplicable al régimen económico matrimonial coincida con alguna de las siguientes tres leyes que son «previsibles»: con la ley estatal que regula la transacción entre los cónyuges y un tercero -que será, en muchas ocasiones, la ley designada por el Reglamento Roma I-, con la ley estatal de la residencia habitual común del cónyuge contratante y el tercero, o con la ley del Estado de situación del bien inmueble; o cuando cualquiera de los cónyuges hubiera cumplido con los requisitos para la divulgación o el registro del régimen económico matrimonial establecidos por algunas de las Leyes de los Estados mencionados anteriormente, esto es, por la ley del Estado que rige la transacción, la ley del Estado de la residencia habitual común o la ley del Estado de situación del bien inmueble.

En aquellos casos en que el tercero, por no cumplir los requisitos del art. 28.2, no conoció o no debía conocer la ley aplicable, rige el art 28.3 que establece dos puntos de conexión alternativos, repitiendo dos de las tres conexiones establecidas en el art. 28.2, como son la ley aplicable a la transacción y la ley de situación de los bienes inmuebles, añadiendo la ley del Estado en que los bienes o derechos se encuentren registrados. Ninguna de estas leyes deben coincidir con la ley aplicable al régimen económico matrimonial, pues de lo contrario, el supuesto quedaría bajo el manto del art. 28.2.

Dicho esto, es posible que el régimen convencional pactado no pueda inscribirse en el registro civil del Estado o de los Estados cuyas leyes se mencionan.

Por tanto, desde la óptica del derecho internacional privado, el control de la legalidad para acceder al Registro (en este caso el de la propiedad) debe centrarse, sobre todo, en la certeza de que el documento de capitulaciones o contrato matrimonial, si procede de un Estado parte en el Reglamento 2016/1103 y este es aplicable, cumpla los requisitos de validez formal exigidos por el artículo 25, siendo de aplicación los artículos 58 y 59 relativos a la aceptación y fuerza ejecutiva de los documentos públicos en consonancia con lo dispuesto en el artículo 69.1 y de no proceder el documento público de un Estado participe, cumpla, en su caso, con los requisitos establecidos en el artículo 97 Ley 20/2011 y artículo 60 de la Ley 29/2015 de CJIMC, dependiendo de cual de las normas debamos aplicar.

Dos resoluciones ilustrativas: la RDGRN de 23 de noviembre de 2006 que rechaza el acceso al Registro Civil de un documento denominado acuerdo prenupcial firmado en Karachi (Pakistán) por unos contrayentes, él de nacionalidad pakistaní y ella de nacionalidad española, ambos con residencia habitual en Pakistán pues el documento ponía de manifiesto que la intervención del notario pakistaní, no es equivalente a la del notario español, a los efectos de certificar de forma fehaciente el consentimiento prestado por los cónyuges al contenido de las capitulaciones y de probar la capacidad de los mismos; por el contrario, la RDGRN de 25 de septiembre de 2007, permite el acceso al registro civil de unas capitulaciones otorgadas por italiano y española con residencia habitual en italiana ante notario italiano, dada la equivalencia funcional de las autoridades. (IES)

240.*** COMPRA POR CASADO EN RÉGIMEN DE SEPARACIÓN DE BIENES BELGA

Resolución de 30 de junio de 2021, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador de la propiedad de Álora a inscribir una escritura de compraventa. (IES)

IGUAL QUE LA ANTERIOR.

241. ACLARACIÓN DE ESCRITURA DE HERENCIA Y SEGREGACIÓN. CAUSA

Resolución de 30 de junio de 2021, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador de la propiedad de Escalona a inscribir una escritura de aclaración de otra de partición y adjudicación de herencia. (JAR)

242.** FIN DE OBRA. RECTIFICACIÓN DE SUPERFICIE DE SUELO SIN CONCRETAR SI LA CABIDA AMPLIADA ESTÁ AFECTADA POR UNA SERVIDUMBRE

Resolución de 30 de junio de 2021, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación de la registradora de la propiedad de Barcelona n.º 14, por la que se suspende la inscripción de un acta de fin de obra.

Resumen: La rectificación de la superficie de un solar afectado parcialmente por una servidumbre, exige la determinación de si el exceso de cabida que se pretende inscribir está incluido o no en la parte afectada.

Hechos: Se pretende la inscripción registral de un acta de terminación de obra en la que, además de declarar tal hecho, se amplía la superficie del solar de 4.955 a 4.965 metros cuadrados, manteniendo la superficie ocupada por la edificación. La cabida ampliada concuerda con la resultante de la certificación catastral. Se da la circunstancia de que la licencia de obras se condicionó a la constitución e inscripción de una servidumbre de uso público, que debía permitir el paso público sobre la parte del suelo no ocupada por la edificación. Por ello, en la inscripción consta la superficie ocupada por la edificación (3.864,29 metros cuadrados) y la superficie gravada con la servidumbre (1.090,71 metros cuadrados); la suma de ambas superficies concuerda con la cabida del solar antes de la rectificación. En el acta final de obra, de fecha posterior a la concesión de la licencia de primera ocupación, no se hace constar la nueva superficie gravada con la servidumbre.

La registradora considera que la rectificación de superficie exige concretar la superficie gravada con la servidumbre. Además, alega que el certificado técnico no contiene ninguna referencia a la rectificación de superficie, por lo que no es posible deducir que la cabida que se amplía se corresponde con parte de la edificación.

El recurso del otorgante del acta está centrado en la cuestión fáctica de que la obra terminada es conforme con la licencia de obras concedida, como resulta del certificado del técnico y de la licencia de primera ocupación, lo que acredita en su opinión la correcta constitución de la servidumbre de uso público. También alega que la rectificación de la cabida está amparada en el art. 201.3.b) LH. El notario autorizante suscribe en sus alegaciones las del recurrente, añadiendo referencias a algunas resoluciones de la DGSJyFP en apoyo de aquellas.

Dirección General: Desestima el recurso y confirma la calificación impugnada.

Doctrina: la DG se basa en los siguientes argumentos:

1. La licencia de primera ocupación no ampara la rectificación de la obra nueva en lo relativo a la determinación del espacio privado de uso público, ya que es anterior a dicha rectificación.

2. El principio registral de especialidad exige que la «alteración en la descripción tanto del solar como de la obra nueva debe necesariamente conllevar una nueva y completa descripción del objeto y contenido de la servidumbre de uso público, al quedar necesariamente afectada por las referidas rectificaciones» (FD 4).

Comentario: El hecho de que en el Registro figure especificada la superficie afectada por la servidumbre (1.090,71 metros cuadrados), determina la resolución de este recurso, debe aclararse si los 10 metros cuadrados que se amplían están afectados o no por aquella. Cuestión distinta es la interpretación de si la superficie ampliada debe estar o no afectada, en los términos de la licencia, lo que no se discute. Tampoco cuestiona la registradora si el informe del técnico se ajusta o no a la realidad; ni si el exceso de cabida es inscribible o no según las normas generales para rectificar la descripción. En mi opinión, tanto el recurrente como el notario yerran al cuestionar circunstancias que la registradora no plantea. El núcleo de la cuestión no es la concordancia de los asientos con la realidad física, sino la cuestión meramente jurídica de especificar tabularmente la superficie del solar afectada por la servidumbre, cuestión que, por otra parte, no es pacífica pues el recurrente llega a afirmar en algún momento que la cabida ampliada no está afectada por la servidumbre (VEJ).

243. DACIÓN EN PAGO  DE DEUDAS. CONCRECIÓN DEL JUICIO NOTARIAL DE SUFICIENCIA

Resolución de 1 de julio de 2021, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la calificación de la registradora de la propiedad de Valencia n.º 17, por la que se suspende la inscripción de una escritura de dación en pago de deudas. (AFS)

244. RECURSO CONTRA ASIENTO YA PRACTICADO

Resolución de 1 de julio de 2021, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación de la registradora de la propiedad de Vilafranca del Penedès, por la que se deniega la inscripción de una adjudicación en expediente administrativo de apremio. (MN)

245.** SENTENCIA DECLARATIVA DE DOMINIO POR PRESCRIPCIÓN EN PROCEDIMIENTO CONTRA LA HERENCIA YACENTE

Resolución de 1 de julio de 2021, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación del registrador de la propiedad de Almería n.º 5, por la que se deniega la inscripción de una sentencia declarativa de dominio por prescripción.

Resumen: El nombramiento de administrador judicial, será preciso solo en los supuestos de demandas a ignorados herederos, pero no será preciso cuando el juzgador, en diligencia expresa al efecto, y siendo firme la sentencia, ha entendido correctamente entablada la acción desde el punto de vista de la legitimación procesal pasivaLa sentencia que declare la usucapión es título suficiente para su inscripción en el registro con independencia de la existencia o no de justo título civil para la prescripción, y de si se trata de una prescripción ordinaria o extraordinaria

Hechos: Se trata de una sentencia que declara la usucapión de una finca en un procedimiento seguido contra unos herederos determinados del titular registral y contra otros herederos indeterminados a los que se señala de forma genérica.

El registrador suspende la inscripción por dos defectos:

a) por existir herederos ciertos y determinados que no han sido demandados, sin que tampoco se haya nombrado defensor judicial ante el llamamiento a herederos indeterminados, y

b) por no especificarse en la sentencia el justo título que ha llevado a declarar la prescripción, dado el sistema causalista español.

La parte recurrente alega que el juzgador ha examinado la legitimación pasiva de la herencia habiéndose demandado a herederos determinados y en cuanto al segundo defecto que la sentencia recoge que la prescripción adquisitiva es la recogida en el artículo 1959 del Código Civil, cuando se remite a lo solicitado por la actora en el escrito de demanda.

Resolución: La Dirección General estima el recurso y revoca la nota de calificación.

Doctrina: En primer lugar, recuerda nuestro CD su reiterada doctrina sobre la competencia de los registradores para calificar el tracto sucesivo en los documentos judiciales, así como revisar si la resolución judicial es congruente o no con el procedimiento seguido, sin que se trate de discutir el fondo de la resolución judicial, sino de exigir el cumplimiento de las normas estructurales de nuestro procedimiento registral (artículo 100 del Reglamento Hipotecario).

A continuación, se centra en los defectos objeto del expediente:

En cuanto al primero, lo revoca, reiterando que la herencia yacente carece de personalidad jurídica pero para determinados fines, se le atribuye legitimación procesal, exigiendo en estos casos “que toda actuación que pretenda tener reflejo registral debe articularse bien mediante el nombramiento de un administrador judicial, en los términos previstos en los artículos 790 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, bien mediante la intervención en el procedimiento de alguno de los interesados en dicha herencia yacente”.

Doctrina que se ha matizado en el sentido de que el nombramiento del defensor judicial solo se exigirá en los casos en que “el llamamiento a los herederos desconocidos sea puramente genérico y no haya ningún interesado en la herencia que se haya personado en el procedimiento considerando el juez suficiente la legitimación pasiva de la herencia yacente”, no siendo preciso por tanto cuando se haya emplazado a personas determinadas como posibles llamados a la herencia.

En el caso que nos ocupa, teniendo en cuenta que la prescripción produce sus efectos jurídicos a favor y en contra de la herencia antes incluso de haber sido aceptada (artículo 1934 del Código Civil), y que la demanda se ha interpuesto contra la herencia yacente dirigiéndola contra herederos determinados de los titulares registrales nuestro CD declara que es “innecesaria y exagerada la exigencia formal de la designación de un administrador judicial de la herencia yacente que vele por los intereses de ésta”, considerando “cumplido el principio de tracto sucesivo (cfr. artículo 20 de la Ley Hipotecaria) y salvaguardado el principio constitucional de tutela judicial efectiva”, y más aún cuando el juzgador, en diligencia expresa al efecto, y siendo firme la sentencia, ha entendido correctamente entablada la acción desde el punto de vista de la legitimación procesal pasiva.

El segundo defecto, es también revocado, declarando que “la prescripción adquisitiva o usucapión, declarada en la sentencia firme es en sí misma el título que debe expresarse en la inscripción”. Añadiendo que “la existencia o no de justo título civil para la prescripción, y si es una prescripción ordinaria o extraordinaria, es una cuestión que habrá valorado el juez al adoptar su decisión, sin que el registrador pueda revisar” al tratarse ésta de una cuestión de fondo.

Comentarios: De nuevo se recoge en este expediente la conocida doctrina de la DG relativa a la herencia yacente considerando suficiente para entender cumplido el principio de tracto sucesivo el haber dirigido la demanda contra personas determinadas como posibles herederos, aunque haya otros indeterminados a los que se señala de forma genérica. (MGV)

246. CONSTITUCIÓN DE PROPIEDAD HORIZONTAL Y REGULARIZACIÓN DE ELEMENTOS COMUNES

Resolución de 5 de julio de 2021, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la calificación del registrador de la propiedad de Irún, por la que se suspende la inscripción de una escritura de elevación a público de un acuerdo de constitución en régimen de propiedad horizontal y estatutos y regularización de titularidad de elementos comunes. (AFS)

247. RECURSO CONTRA INMATRICULACIÓN YA PRACTICADA

Resolución de 5 de julio de 2021, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la inmatriculación practicada por el registrador de la propiedad de Padrón de una finca registral en dicho registro. (MN)

248. RECTIFICACIÓN DEL REGISTRO POR INEXACTITUD DEL TÍTULO

Resolución de 5 de julio de 2021, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación de la registradora de la propiedad de Gijón n.º 5, por la que se solicita la rectificación de una inscripción. (JAR)

249.** RECTIFICACIÓN DE ERROR DE CONCEPTO EN LA DESCRIPCIÓN DE UNA FINCA

Resolución de 5 de julio de 2021, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación de la registradora de la propiedad de Pedreguer, por la que se suspende la rectificación de la descripción de una finca que ha sido objeto de varias segregaciones.

Resumen: No existiendo la conformidad del registrador, no puede rectificarse de oficio un asiento registral, sino que se requiere el acuerdo unánime de los interesados o, en su defecto, resolución judicial.

Hechos: En la descripción registral inicial consta que una finca está formada por una serie de parcelas, numeradas de conformidad con un plan parcial que no tuvo acceso al Registro. Tras varias segregaciones y ventas en las que no se describía la finca resto, pues simplemente se manifestaba que la finca matriz quedaba con la misma descripción a excepción de la reducción de la superficie segregada, la finca resto fue descrita en la inscripción de su adjudicación a la AEAT. En la nueva descripción no figuraba la numeración de las parcelas que la componían. Quien fue titular registral de dicha finca, solicita ahora la rectificación de la nueva descripción y que se mantenga la numeración originaria.

La registradora de la propiedad califica que no ha lugar a la rectificación de la descripción, ya que esta coincide con la que figura en la certificación librada con destino al procedimiento administrativo de apremio; y porque la rectificación de los asientos exige el consentimiento de los titulares registrales afectados o resolución judicial, por estar los asientos bajo la salvaguardia de los tribunales.

El recurrente alega que la registradora cometió error al haber extendido un asiento con una descripción de la finca resto que no se correspondía con la que figuraba en la finca matriz.

La Dirección General desestima el recurso y confirma la nota de la registradora.

Doctrina: El error cometido en algún asiento por la apreciación equivocada de los datos obrantes en el Registro es un error de concepto, conforme al art. 327 RH. Cuando el error de concepto resulta claramente de los asientos practicados, puede ser rectificado de oficio por el registrador, como se infiere del art. 217 LH. Sin embargo, ello requiere que el registrador aprecie dicho error. Según el centro directivo: «No existiendo la conformidad del registrador, la rectificación registral, en el supuesto de existir error, debe realizarse por los cauces generales, exigiéndose la conformidad de todos los interesados o la correspondiente resolución judicial, sin que esta Dirección General pueda pronunciarse al respecto.» (FD 2, in fine).

Comentario: El recurso gubernativo no es el cauce adecuado para resolver si una inscripción ya practicada debe rectificarse pues, según la legislación hipotecaria, los asientos están bajo la salvaguardia de los tribunales, por aplicación del principio de legitimación registral. En el presente caso, parece claro el error cometido por la registradora al inscribir la adjudicación a favor de la AEAT con una descripción que no concordaba con la que figuraba en el Registro, inscripción practicada sobre la base de una certificación expedida erróneamente por la propia registradora. Esta no debería basar su nota de calificación negativa en la falta de concordancia entre la certificación y la nueva descripción, ya que el error no se convalida por el hecho de que se repita. Si bien la DG no puede entrar en el fondo del asunto por las razones dichas, no hubiera estado de más que hubiera refutado esta argumentación de la registradora, quien, en lugar de ampararse en sus propios actos, debería haber analizado si cometió error o no, para obrar en consecuencia. (VEJ).

251. PROCEDIMIENTO DE APREMIO FISCAL. CIRCUNSTANCIAS PERSONALES, REPRESENTACIÓN, NOTIFICACIONES, FIRMEZA

Resolución de 6 de julio de 2021, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la negativa de la registradora de la propiedad de Vigo n.º 2 a inscribir un acta de adjudicación librada en procedimiento de apremio fiscal y del correspondiente mandamiento de cancelación. (MGV)

252. DIVORCIO DE RESIDENTES CHINOS. LIQUIDACIÓN DEL RÉGIMEN ECONÓMICO MATRIMONIAL. INSCRIPCIÓN DE DIVORCIO EN EL REGISTRO CIVIL

Resolución de 6 de julio de 2021, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador de la propiedad de Madrid n.º 18 a inscribir una escritura de liquidación de régimen económico-matrimonial sujeto al Derecho chino. (IES)

253. DISOLUCIÓN JUDICIAL DE COMUNIDAD Y DIVISIÓN MATERIAL. TRASLADO DE CARGAS

Resolución de 6 de julio de 2021, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador de la propiedad de Olivenza a inscribir un mandamiento judicial ordenando la inscripción de una sentencia dictada en un procedimiento ordinario. (MN)

255. OBRA NUEVA Y DIVISIÓN HORIZONTAL CON ASIGNACIÓN DE USO EXCLUSIVO DE PORCIÓN DE TERRENO

Resolución de 6 de julio de 2021, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación del registrador de la propiedad de Málaga n.º 10, por la que se suspende la inscripción de una escritura de declaración de obra nueva y división horizontal. (JAR)

256.** INMATRICULACIÓN POR PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA: NECESIDAD DE TRACTO Y DE SEGREGACIÓN

Resolución de 7 de julio de 2021, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la negativa de la registradora de la propiedad de Sant Vicenç dels Horts n.º 1, por la que se suspende la inscripción de un testimonio de sentencia en el que se ordena la inmatriculación de dos fincas adquiridas por prescripción adquisitiva. (ACM)

Resumen: No cabe inscribir una sentencia de usucapión sobre una porción de finca ya inmatriculada sin ordenar su previa segregación y sin que haya tracto sucesivo con los demandados.

– Hechos:      Se presenta sentencia de usucapión sobre dos porciones de una finca ya inmatriculada a favor de personas distintas de los demandados, ordenando la inmatriculación de dichas dos porciones.

– La Registradora:    califica negativamente, por 3 defectos subsanables:
1) Ser preciso que en la sentencia se ordene la previa segregación de dichas porciones y que se cumplan los requisitos sustantivos de la misma (licencia, georreferenciación), pues de lo contrario se incurriría en doble inmatriculación parcial;
2) Ser preciso inscribir previamente el derecho de los demandados o reanudar el tracto sucesivo dado que no se determina una relación directa entre los demandados y los titulares registrales;
3) Ser preciso el nombramiento de un administrador judicial de la herencia yacente y los herederos indeterminados.

– El interesado:    recurre exponiendo que:
1) Que las fincas ya están suficientemente delimitadas al ser parcelas catastrales independientes, con su propia georreferenciación, superficie y linderos y que se ha solicitado una declaración municipal de innecesariedad de licencia (que no parece que haya sido contestada/efectuada) ;
2) Que los demandados son los herederos de los titulares registrales, lo que podría deducirse de un testamento que sirvió de título en su día para la inscripción;
3) Y que NO es preciso el nombramiento de un administrador judicial de la herencia yacente porqué se trataría de herederos ciertos y determinados

– Resolución: La DGSJFP  estima parcialmente el recurso pero confirma los 2 primeros defectos de la calificación, revocando únicamente el 3º:
– Doctrina
1) Son necesarios tanto la segregación como sus requisitos, conforme a los Ppios de claridad y determinación (Arts 9 LH y 51 RH) y Tracto Sucesivo (Art 20 LH) y en todo caso para evitar una doble inmatriculación;
2) Conforme a los Ppios de Tracto Sucesivo (Art 20 LH) y de legitimación (Art 38 LH) y la prohibición de indefensión (Art 24 CE78) es preciso que la demanda se dirija contra los titulares registrales, por lo que: o bien debe inscribirse el título de los demandados, o bien reanudarse el tracto sucesivo;
3) En cambio NO sería preciso el nombramiento de un administrador judicial de la herencia yacente porqué la demanda no se dirige genéricamente contra herederos inciertos e indeterminados, sino contra los sucesores testamentarios, algunos de los cuales comparecieron, considerando el Juez suficiente su legitimación. (ACM)

258.** EXPEDIENTE JUDICIAL DE INMATRICULACIÓN. ADJUDICACIÓN A CASADOS EN GANANCIALES «POR MITADES INDIVISAS»

Resolución de 7 de julio de 2021, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación del registrador de la propiedad de Coria, por la que se suspende la inscripción de un testimonio judicial dictado en expediente de inmatriculación. (ACM)

Resumen: No cabe inmatricular sin certificación catastral con descripción coincidente con la del título. Los cónyuges en gananciales no adquieren por mitades indivisas sino para su Comunidad conyugal.

– Hechos:      Es un caso que ya resolvió la R. 27 agosto 2014 que confirmó la calificación registral, pero se presentan de nuevo los documentos prácticamente sin subsanar nada (salvo la identidad de los colindantes).

Se presenta Testimonio del Auto Judicial de Expediente de Dominio (iniciado en 2013) ordenando la inmatriculación de una finca (sin aportar Certificación Catastral, si bien el Registrador la obtiene de oficio y existen claras discrepancias superficiales entre ambas descripciones), señalando además que pertenece a los cónyuges casados en gananciales, privativamente y por mitades indivisas entre ambos.

– El Registrador, acertadamente y como no podía ser de otra manera, vuelve a calificar negativamente, por 2 razones:
1) No aportarse Certificación Catastral coincidente con la descripción contenida en el título (TRLCI y Arts 9 y 205 LH);
2) Tener la finca carácter presuntivamente ganancial (Art 1361 CC); no consistir la Sociedad de Gananciales en una comunidad romana por cuortas ni acreditarse la privatividad de la adquisición.

– El interesado:    recurre exponiendo que:
1) En el Auto ya se corrige la descripción de las fincas (aunque siguen habiendo importantes diferencias de cabida) ;
2) Y que los cónyuges al estar sujetos a Gananciales, adquieren igualmente al 50% cada uno.

– Resolución: Lógicamente la DGSJFP desestima  de nuevo el recurso y vuelve a confirmar la calificación y su R. 27 agosto 2014
– Doctrina
1) Ya desde el artículo 53 de la Ley 13/1996 [vigente al tramitarse el expediente de dominio], y luego el TRLCI, y hoy, tras a Ley 13/2015, el Art 203 LH [vigente al presentarse el titulo e iniciarse el procedimiento registral] exigen una clara coincidencia descriptiva entre el Catastro y el título presentado, y aquí, el titulo señala que la casa tiene 40 m2 construidos y el catastro señala 72 m2;
2) Y que la Comunidad de gananciales no supone una comunidad romana por cuotas, sino germánica, con distintos regimenes de administración y disposición, es hoy un tema evidente y pacífico. Por tanto si los interesados entienden que la vivienda es privativa será preciso acreditarlo en el auto para desvirtuar la presunción de ganancialidad del  Art 1361 CC. (ACM)

259. CONSTITUCIÓN DE HIPOTECA POR ENTIDADES DISTINTAS A LAS DE LA LEY 27/1981. TASACIÓN POR ENTIDAD NO HOMOLOGADA

Resolución de 7 de julio de 2021, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación del registrador de la propiedad de Antequera, por la que se acuerda no practicar la inscripción de una escritura de constitución de hipoteca. (CB)

260. PROTOCOLIZACIÓN DE CUADERNO PARTICIONAL. FACULTADES DEL CONTADOR PARTIDOR. ADJUDICACIÓN EN PAGO DE DEUDAS

Resolución de 12 de julio de 2021, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la calificación del registrador de la propiedad de Badajoz n.º 3, por la que se suspende la inscripción de una escritura de protocolización de cuaderno particional. (JAR)

261. RECTIFICACIÓN DE REFERENCIA CATASTRAL

Resolución de 14 de julio de 2021, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la negativa de la registradora de la propiedad de Arganda del Rey n.º 1, por la que se suspende la inscripción de rectificación de una referencia catastral consignada. (MN)

262. ANOTACIÓN CADUCADA. DENEGACIÓN DE CANCELACIÓN DE EMBARGO POSTERIOR. 

Resolución de 14 de julio de 2021, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en    el recurso interpuesto contra la nota de calificación de la registradora de la propiedad accidental de León n.º 2, por la que se deniega la cancelación de una anotación de embargo por estar caducada la anotación en la que se sustenta la adjudicación. (MGV)

263.** INSCRIPCIÓN DE REPRESENTACIÓN GRÁFICA ALTERNATIVA. DUDAS SOBRE POSIBLE INVASIÓN DE FINCA COLINDANTES

Resolución de 14 de julio de 2021, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación de la registradora de la propiedad de Denia n.º 2, por la que tras la tramitación del procedimiento de rectificación descriptiva del artículo 199 de la Ley Hipotecaria suspende la inscripción de georreferenciación alternativa en una finca.

Resumen: Pese a solicitarse una reducción de la superficie registral, la rectificación no puede hacerse debido a la oposición fundada de un colindante y a la presentación de un informe negativo de la Administración. La determinación de la correspondencia entre la finca registral y la parcela catastral corresponde exclusivamente al registrador.   

Hechos: El titular registral de una finca solicita la rectificación de su superficie con base en una representación gráfica alternativa, pasando de 2.508 a 2.246,19 metros cuadrados. En la tramitación del procedimiento del art. 199 LH, ha habido oposición por parte de un colindante, que ha alegado su disconformidad con el trazado del plano en que se basa la rectificación. Además, la Generalitat ha informado que dicha delimitación gráfica puede afectar a una vía pecuaria.

La registradora de la propiedad suspende la práctica de la rectificación solicitada por albergar dudas fundadas de que en la representación gráfica de la finca cuya incorporación se solicita se esté incluyendo, como parte de dicha finca, parte de la colindante, y se hace patente la existencia de una situación de controversia sobre determinada fracción de terreno incluida en tal plano. La existencia de tales dudas fundadas impide, a su juicio, la rectificación de la superficie, con base en el art. 9.b) LH y a la reiterada doctrina de la DG (RR. de 3 de octubre, 22 de abril y 8 de junio de 2016 y de 1 de junio de 2017).

El recurrente alega que el documento objeto de la solicitud de inscripción cumple todos los requisitos para ello y aporta un informe municipal en que se afirma que la finca registral se corresponde con parte de una parcela catastral y con parte de otra.

La Dirección General desestima el recurso y confirma la nota de calificación.

Doctrina: No es suficiente afirmar, como hace el recurrente, que el documento cumple los requisitos legales, pues solo determina el inicio del procedimiento, por lo que por si mismo no cumple ni puede cumplir los requisitos de tramitación del mismo. Por su parte, el informe municipal no acredita tampoco dicho cumplimiento pues, por una parte, no puede apreciar la correspondencia entre la finca registral y las parcelas catastrales, pues dicha apreciación compete a la calificación registra; y, por otra, adolece de imprecisión al no determinar qué partes de la representación gráfica aportada se corresponden con la realidad física.

Además, considera fundada la posición de la registradora, sustentada en el informe de la Generalitat y en la oposición verosímil del colindante, que evidencia la existencia de una clara controversia entre titulares registrales de fincas colindantes acerca de la georreferenciación de cada una de ellas.

Comentario: Lo curioso del presente supuesto es que no se pueda reducir la cabida registral de un inmueble a causa de la oposición de un colindante. En realidad, el colindante no alega que le perjudique la rectificación, sino la incorporación al folio registral de la representación gráfica alternativa, alegando que, pese a la disminución de cabida, la representación gráfica invade su finca. Por tanto, podría plantearse la cuestión de si es posible rectificar la superficie de una finca sobre la base de una representación gráfica, pero sin incorporar dicho plano al Registro. La DG parece dar por supuesto que una cosa conlleva necesariamente la otra; incluso de la sucinta exposición de los hechos contenida en la resolución, no se desprende con claridad si el interesado había solicitado expresamente la incorporación al folio real de la representación gráfica alternativa.

A mi juicio, la inscripción de esta no es requisito imprescindible para practicar la rectificación, pues el art. 9.b) LH no incluye este supuesto entre aquellos para los que la incorporación de la representación gráfica georreferenciada es preceptiva. No obstante, de esta consideración no debe deducirse que la rectificación pueda llevarse a cabo en todo caso ya que, siendo superior al 10% de la cabida inscrita, del art. 201 LH se desprende que tiene que concordar con una representación gráfica georreferenciada (la catastral o una alternativa, según los casos); y lo lógico sería considerar que, para amparar la rectificación no sirva cualquier representación gráfica, sino que esta deba cumplir con los requisitos para poder ser incorporada al folio real. Por consiguiente, todo rectificación de superficie superior al 5% de la inscrita debe estar amparada en una representación gráfica que reúna los requisitos necesarios para su inscripción, aunque el interesado solicite que no aquella no se inscriba. (VEJ)

264. SENTENCIA EN REBELDÍA DECLARATIVA DE DOMINIO POR USUCAPIÓN. HERENCIA YACENTE

Resolución de 14 de julio de 2021, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por la registradora de la propiedad accidental de Valencia n.º 13, por la que suspende la inscripción de una sentencia firme. (MN)

265. AMPLIACIÓN DE OBRA NUEVA ANTIGUA. DIVISIÓN HORIZONTAL. ASIGNACIÓN DE USO EXCLUSIVO

Resolución de 15 de julio de 2021, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la calificación del registrador de la propiedad de La Zubia, por la que suspende la inscripción de una escritura de declaración de obra por antigüedad y rectificación de división horizontal. (AFS)

266. HERENCIA. DERECHO DE TRANSMISIÓN Y SUSTITUCIÓN FIDEICOMISARIA

Resolución de 15 de julio de 2021, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la negativa de la registradora de la propiedad de Murcia n.º 4 a inscribir una escritura de aceptación y adjudicación de herencia. (JAR)

267. ELEVACIÓN A PÚBLICO DE CONTRATO PRIVADO DE ARRENDAMIENTO OTORGADO POR UNO DE LOS CONDUEÑOS

Resolución de 15 de julio de 2021, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador de la propiedad de Torrox a inscribir una escritura de elevación a público de contrato privado de arrendamiento urbano. (JCC)

268. PROCEDIMIENTO DEL ART. 199 LH. DUDAS FUNDADAS EN LA ENTIDAD DEL EXCESO

Resolución de 15 de julio de 2021, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación de la registradora de la propiedad de Albaida, por la que se deniega la inscripción de una rectificación de descripción de finca. (VEJ)

270. NEGATIVA A INICIAR PROCEDIMIENTO DEL ART. 199 LH POR DUDAS DE IDENTIDAD DEL EXCESO

Resolución de 15 de julio de 2021, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación del registrador de la propiedad de Cuenca, por la que se suspende iniciar un expediente de inscripción de representación gráfica. (VEJ)

271. CANCELACIÓN DE HIPOTECA UNILATERAL NO ACEPTADA

Resolución de 15 de julio de 2021, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación del registrador de la propiedad de Estepona n.º 2 acerca de si es posible cancelar una hipoteca por el procedimiento del artículo 141 de la Ley Hipotecaria, en garantía de las resultas del procedimiento criminal. (JCC)

272. CANCELACIÓN PARCIAL DE HIPOTECA DE MÁXIMO SOBRE DETERMINADAS FINCAS

Resolución de 16 de julio de 2021, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la calificación del registrador de la propiedad de Estella-Lizarra n.º 1, por la que se suspende la inscripción de una instancia por la que se solicita la cancelación parcial de una hipoteca respecto de determinadas fincas objeto de la misma. (MN)

273. RECTIFICACIÓN DE ESCRITURA DE HERENCIA EXCLUYENDO DETERMINADAS FINCAS

Resolución de 16 de julio de 2021, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la calificación del registrador de la propiedad interino de Ledesma, por la que se suspende la inscripción de una escritura de rectificación y subsanación de otra de manifestación y aceptación de herencia. (AFS)

274. CANCELACIÓN PARCIAL DE HIPOTECA DE MÁXIMO SOBRE DETERMINADAS FINCAS

Resolución de 16 de julio de 2021, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la calificación del registrador de la propiedad interino de Estella-Lizarra n.º 2, por la que se suspende la inscripción de una instancia por la que se solicita la cancelación parcial de una hipoteca respecto de determinadas fincas objeto de la misma. (MN)

275. CERTIFICACIÓN DE DATOS ECONÓMICOS DE LAS TRANSACCIONES

Resolución de 16 de julio de 2021, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación de la registradora de la propiedad de Madrid n.º 12, por la que se deniega la expedición de una certificación. (MGV)

276. EXPEDIENTE NOTARIAL DE INMATRICULACIÓN. NEGATIVA A EXPEDIR LA CERTIFICACIÓN POR DUDAS DE IDENTIDAD

Resolución de 16 de julio de 2021, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación de la registradora de la propiedad de Cáceres n.º 2, por la que se suspende la expedición de certificación para la inmatriculación de una finca en virtud de expediente notarial. (IES)

277. ANOTACIÓN CADUCADA. CANCELACIÓN DE CARGAS POSTERIORES

Resolución de 16 de julio de 2021, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación del registrador de la propiedad de Murcia n.º 8, por la que se deniega la cancelación de cargas posteriores a una anotación preventiva de embargo en procedimiento de ejecución. (MGV)

278. COMPRAVENTA. ACTIVO ESENCIAL. ART. 160 F LSC

Resolución de 19 de julio de 2021, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador de la propiedad de Jávea n.º 2 a inscribir una escritura de compraventa. (AFS)

279.** INMATRICULACIÓN. TRANSMISIONES CONCATENADAS. FALTA DE COINCIDENCIA CON CATASTRO

Resolución de 19 de julio de 2021, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación de la registradora de la propiedad de Alcázar de San Juan n.º 2, por la que se suspende la inmatriculación de determinadas fincas. (ACM)

Resumen: No hay creación “ad hoc” de títulos para inmatricular mediante transmisiones entre SL del mismo grupo familiar.

– Hechos: Se otorga, en 2015, una escritura de aumento de capital de una SL a la que se aportan varias fincas adquiridas en documentos privado; luego en 2021, esa SL constituye (junto con otras SL, alguno de cuyos apoderados y administradores tienen vínculos familiares) y funda otra SL a la que se aportan dichas fincas.

– La Registradora titular, y la sustituta, suspenden la inscripción por:
1) Entender que se trata de títulos “circulares”,  creados artificiosamente con la finalidad de inmatricular (“ad hoc”).
2) Falta de una adecuada identificación de las fincas y existencia de diferencias de cabida entre los títulos y la certificaciones catastrales.

– La SL aportante  recurre y alega que:
1) No son transmisiones “circulares” sino concatenadas,  que cumplen todos los requisitos, sustantivos y temporales del  Art 205 LH y el hecho de que existan vinculos familiares entre algunos representantes (por distintos modos, administración y apoderamiento), nada significa, pues también en las transmisiones “m.c.” existen vínculos familiares y no por ello se impide la inmatriculación.
2) Las diferencias de cabida son mínimas y ninguna excede del 0,1% de la superficie.

– Resolución: La DGSJFP estima el recurso en cuanto al 1er defecto y confirma la calificación del 2º.
– Doctrina
1) Sigue los criterios de las RR de 5 septiembre 2018 y de 18 febrero 2021 y concluye que en el presente caso NO concurren los elementos necesarios para poder inferir la creación instrumental de documentación «ad hoc» para procurar la inmatriculación eludiendo los requisitos legales, pues, se trata de varias SL, distintas e independientes entre sí sin que el hecho de que una persona coincida ser socio y representante orgánico o voluntario de las mismas sea demostrativo de una creación artificial del título.

2) Sí confirma la necesidad de una exacta descripción de las fincas en el título y su exacta coincidencia (Art 205 LH) con las certificaciones catastrales, sin que quepan diferencias de cabida. (ACM)

280.** PRÓRROGA DE ANOTACIÓN YA CADUCADA DURANTE LA PANDEMIA COVID-19

Resolución de 19 de julio de 2021, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación de la registradora de la propiedad de Cartagena n.º 3, por la que se deniega la prórroga de una anotación preventiva de embargo en procedimiento de ejecución. (ACM)

Resumen: La anotación preventiva caducada se extingue automáticamente y por tanto no puede ser prorrogada.

– HECHOS: Se presenta mandamiento judicial de prórroga de una Anotación Preventiva de embargo [prorrogada] ya caducada. No consta nota marginal de expedición de certificación de cargas.

– El REGISTRADOR, ante la literalidad de los Arts 86 LH y Art 353 RH deniega la prórroga ante la caducidad de la anotación y haber perdido todos sus efectos.

La interesada recurre en base a la suspensión de plazos operada durante la Pandemia con la normativa sobre COVID-19.

– Resolución: La DGSGFP desestima el recurso y confirma la calificación.
– Doctrinaconfirma su reiterada doctrina anteriory tras un repaso histórico exhaustivo de la misma (véanse, por todas, las RR. de 20 y 24 de julio y 10 oct, 2017, la R. de 19 septiembre 2018 y las RR. 15 y 29 de marzo y 4 abril 2019, las RR 4 febrero y 20 noviembre 2020, y la de 20 abril 2021, y tienen en cuenta además el plazo extra de 88 días naturales que se provocó con la suspensión del cómputo de plazos durante la Pandemia COVID (véase R. DGSGFP 11 de junio de 2020) y acomodada dicha doctrina a la Sentencia TS 237/2021, de 4 de mayo, teniendo en cuenta que en el caso, NO consta nota marginal de expedición de certificación de cargas. (ACM)

281. NOTA MARGINAL PREVIA A LA INICIACIÓN DEL EXPEDIENTE DE DESLINDE

Resolución de 19 de julio de 2021, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación del registrador de la propiedad de Almansa, por la que se deniega la práctica de una nota marginal. (ACM)

282.** SENTENCIA DECLARATIVA DEL DOMINIO POR USUCAPIÓN

Resolución de 19 de julio de 2021, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación del registrador de la propiedad de Mazarrón, por la que se deniega la inscripción de un mandamiento judicial declarando el dominio de una finca por prescripción adquisitiva. (ACM)

Resumen: Para inscribir una sentencia de usucapión no es necesario que se exprese cual sea el “justo título” ni que se actualice la descripción de la finca, pero sí que se ordene la cancelación del asiento previo contradictorio, se expresen todas las circunstancias de identidad de los sujetos y se cumplan formalidades tributarias.

– Hechos:      Se presenta una sentencia declarativa del dominio de una persona física adquirida por usucapión contra una SA.

– El Registrador:    califica negativamente por varias razones:
1)  No expresarse cual sea el “justo título” de la usucapión que ex Art 1952 CC, es “el que legalmente baste para transferir el dominio o derecho real de cuya prescripción se trate” y que permita calificar (Art 100 RH) la congruencia.
2)  No describirse adecuadamente la finca con todas las circunstancias de los Arts. 9 LH y 51 RH sin que baste expresar el nº de finca registral, tomo y folio.
3) NO consignar todas las circunstancias identificativas de los sujetos: el CIF de la SA; y, en cuanto al usucapiente: su domicilio, DNI, estado civil, sujeción a régimen económico matrimonial….
4)No ordenarse la cancelación de las inscripciones previas contradictorias (Art 38 LH);
5) Y no haberse acreditado (Art 254-5 LH) la presentación al Ayuntamiento de la declaración del IMIVTNU (“Plusvalía Municipal”)

– El interesado:    recurre transcribiendo los Arts 20 LH y 521 y 522 LEC, y alegando que de la sentencia resultan todos los requisitos necesarios para la inscripción, y aporta algunos documentos para completar las circunstancias identificativas .

– Resolución: La DGSJFP  estima parcialmente el recurso y revoca la calificación en sus 2 primeros defectos, pero confirmándola en los restantes (y rechazando, por supuesto, los nuevos documentos presentados a los que no tuvo acceso en su día el registrador):

– Doctrina:
Confirma que conforme al Art 100 RH la calificación de los títulos judiciales alcanza también las sentencias de usucapión (aunque no el fondo de las mismas). Por tanto:      
1) NO es preciso que se exprese el “justo título”, pues es una cuestión de fondo ya valorada por el juez en la usucapión que en sí misma es una adquisición originaria que no se apoya necesariamente en un título previo;
2) Tampoco es preciso actualizar la descripción de la finca en cuanto a superficie, linderos… Basta expresar sus datos registrales (nº, tomo, libro, folio…)  para inscribir la nueva titulariads sobre la finca registral con su descripción tabular.
3) Sí deben expresarse todas las circunstancias identificativas de los sujetos exigidas en la legislación hipotecaria, aunque las que no precisen documento público podrán completarse mediante instancia privada acompañada de los documentos acreditativos pertinentes;
4)También debe el Juez ordenar expresamente la cancelación de las inscripciones previas contradictorias (Art 38 LH) y expedirse el oportuno mandamiento expreso (Art 521-2 LEC);
5) Y resulta también aplicable a todo título inscribible, no solo el notarial sino también el judicial, el cumplimiento de los requisitos tributarios del Art 254-5 LH y en concreto la presentación al Ayuntamiento de la comunicación del IMIVTNU (“Plusvalía Municipal”), y ello con independencia de que pueda o no haber precrito el impuesto, o no se trate de ninguna transmisión onerosa o gratuita… pero el Ayuntamiento sí debe haber podido tener conocimiento del título  (ACM)

RESOLUCIONES MERCANTIL
212.*** SOCIEDAD CIVIL PROFESIONAL. OBJETO SOCIAL DE MEDIACIÓN Y DE COMPLIANCE. FORMA DE ADMIISTRACIÓN.

Resolución de 14 de junio de 2021, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador mercantil VIII de Madrid a inscribir la escritura de constitución de una sociedad.

Resumen: No es posible una sociedad profesional que tenga por objeto la “mediación” ni el “compliance” o cumplimiento normativo.

Hechos: Se constituye una sociedad civil profesional con el siguiente objeto social: la actividad de la abogacía, de la mediación y del “compliance”.

En los estatutos de la sociedad sobre el órgano de administración se dice que “estará integrado por todos los socios profesionales que se elijan al efecto por la Asamblea, pudiendo estar conformado por un administrador único, por dos administradores que actúen de forma solidaria o mancomunada o bien por un consejo de administración formado por tres socios administradores y un secretario que podrá ser no socio de la Sociedad, (…)  El poder de representación de la sociedad corresponde a cada uno de los administradores…”.

 Y sobre participación en beneficios y pérdidas dicen que “Los beneficios resultantes del ejercicio social se distribuirán en proporción a la participación de cada socio en el capital social. Los socios participarán en las pérdidas resultantes del ejercicio social en proporción a la participación de cada socio en el capital social”.

El registrador suspende la inscripción por los siguientes motivos:

1.-El objeto “no se adecúa a la Ley 2/2007, de 15 de marzo, de sociedades profesionales. El objeto social debe de tener únicamente el ejercicio en común de actividades profesionales. Es objeto exclusivo (art. 2 LSP), y, sin embargo, en el artículo estatutario se recogen actividades que no tienen ese carácter profesional como lo define el art. 1.º de la ley”.

2.- Sobre el órgano de administración se dice que pueden ser administradores mancomunados o consejo y en ese caso “el poder de representación no puede corresponder a cada uno de los administradores como dice el art. 14 de los estatutos, (art. 1692,1693 y 1694 C.c.) y debe indicarse que habrán de ser socios profesionales como mínimo la mitad más uno de los miembros de los órganos de administración (art. 4-2 LSP)”.

3.- Y finalmente en los estatutos “no se especifica la proporción, porcentaje o cuota de cada uno de los socios en las ganancias y pérdidas, aunque no exista «aportación de capital». Se deduce de la LSP y del C.c, como indica la RDGRN de 19 de octubre de 2016”.

El interesado recurre. Dice que todas las actividades del objeto social, son actividades profesionales englobadas dentro del CNAE n.º 6910 de Actividades jurídicas y que “tanto la mediación como el cumplimiento normativo (Compliance) son actividades profesionales cuyo desempeño se requiere titulación universitaria oficial”. Así resulta de la Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles y concretamente de su art. 11.  En este artículo se dice que “Las personas jurídicas que se dediquen a la mediación, sean sociedades profesionales o cualquier otra prevista por el ordenamiento jurídico, deberán designar para su ejercicio a una persona natural que reúna los requisitos previstos en esta Ley” que son “estar en posesión de título oficial universitario o de formación profesional superior y contar con formación específica para ejercer la mediación”. Es decir que se trata de una sociedad multidisciplinar (art. 3 LSP) y no permitir la inscripción de la actividad relativa a la mediación “supone una grave discriminación frente a las sociedades civiles profesionales constituidas en otro estado miembro de la Unión Europea”.

Sobre el “compliance” alega su relación con la responsabilidad penal de las personas jurídicas (Ley Orgánica 5/2010), así como también la Ley Orgánica 1/2015, que exige (art. 2) que para realizar esa actividad se requiere el título oficial de Licenciado en Derecho, en Dirección de Administración y Dirección de empresa, o titulación análoga.

Y sobre el tercer defecto dice que los estatutos son claros respecto de la distribución de ganancias y pérdidas.

El registrador en su informe se allana respecto del defecto tercero.

Resolución: Se confirma el primer defecto y parcialmente el segundo.

Doctrina: Parte la DG del artículo 1.1 de la Ley 2/2007, de 15 de marzo, de sociedades profesionales, según el cual  «Las sociedades que tengan por objeto social el ejercicio en común de una actividad profesional deberán constituirse como sociedades profesionales en los términos de la presente Ley”.

Se trata de sociedades externas para el ejercicio de las actividades profesionales a las que se imputa tal ejercicio realizado por su cuenta y bajo su razón o denominación social. Por tanto “ese centro subjetivo de imputación del negocio jurídico en la propia sociedad profesional, atribuyéndole los derechos y obligaciones que nacen del mismo, desarrollados directamente bajo la razón o denominación social, lo que diferencia, en su naturaleza, la sociedad profesional, de las sociedades de medios, las de comunicación de ganancias y las de intermediación”. A continuación, cita la ya famosa sentencia el TS de 18 de julio de 2012, que concreta los principios fundamentales de la Ley de sociedades profesionales, destacando su carácter imperativo.  

Pues bien añade que “en la Ley 2/2007 las actividades que pueden constituir el objeto de las sociedades profesionales se acotan mediante el presupuesto de que para su desempeño sea imprescindible la titulación universitaria oficial -o titulación profesional para cuyo ejercicio sea necesario acreditar una titulación universitaria oficial- e inscripción en el correspondiente colegio profesional”. Sobre esta base se establece que “por Ley, puede condicionarse el ejercicio de determinadas profesiones a la previa posesión de un título académico o profesional, cuando existen razones de interés público que lo aconsejen. Lo que ocurre es que, aun cuando la disposición transitoria cuarta de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, estableció que en el plazo máximo de doce meses el Gobierno remitiría a las Cortes Generales un Proyecto de Ley que determinara las profesiones para cuyo ejercicio es obligatoria la colegiación, lo cierto es que no se ha tramitado dicha ley ni existe ninguna otra que precise con claridad qué actividades están reservadas a quienes obtengan determinada titulación universitaria oficial y estén inscritos en el correspondiente colegio profesional”.

Lo que establece la LSP es que “las sociedades profesionales habrán de ejercer materialmente dichas actividades profesionales a través de personas colegiadas debidamente para ello (entre las cuales, además de los socios profesionales -cuya existencia es imprescindible, según ha quedado expuesto-, pueden incluirse profesionales no socios)”.

Ahora bien “según el artículo 11.2 de la Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles, «el mediador deberá estar en posesión de título oficial universitario o de formación profesional superior y contar con formación específica para ejercer la mediación, que se adquirirá mediante la realización de uno o varios cursos específicos impartidos por instituciones debidamente acreditadas, que tendrán validez para el ejercicio de la actividad mediadora en cualquier parte del territorio nacional”. Y por su parte el Real Decreto 980/2013, de 13 de diciembre, por el que se desarrollan determinados aspectos de la Ley 5/2012, dice que la formación de los mediadores (artículos 3 a 7) se podrá adquirir en uno o varios cursos en la forma determinada en tal norma; y se crea el Registro de Mediadores e Instituciones de Mediación que tendrá carácter público e informativo y se constituirá como una base de datos informatizada accesible a través del sitio web del Ministerio de Justicia (cfr. artículos 8 a 25 del mismo Real Decreto). Por ello determina que “tales disposiciones ponen de manifiesto que la posesión de un título universitario oficial no es requisito imprescindible para ejercer como mediador”.

Pero lo fundamental a estos efectos es que “no existe colegio profesional de mediadores, aunque sí el registro en determinados colegios, como el de abogados, así como el citado Registro de Mediadores creado por el Real Decreto 980/2013”. Por tanto, no puede existir una sociedad que sea mediadora profesional colegiada incluida en el ámbito de aplicación de la Ley 2/2007.

En materia de “compliance” sucede lo mismo “pues, con independencia de que se vaya delimitando paulatinamente como una actividad profesional socialmente tipificada, el legislador todavía no ha adoptado la decisión de regularla como una profesión titulada sometida a colegiación obligatoria”. Aclara también la DG que todo lo anterior no quiere decir que una sociedad profesional de abogacía no pueda desarrollar dichas actividades.

En cuanto al segundo defecto también lo confirma pues “la atribución del poder de representación de la sociedad «a cada uno de los administradores», según el artículo 14 de los estatutos, es contradictoria con la posibilidad de que, como permite el mismo precepto estatutario, el órgano de administración esté constituido por dos administradores mancomunados o por un consejo de administración”.  En cambio, revoca la exigencia de “que se indique que habrán de ser socios profesionales como mínimo la mitad más uno de los miembros del órgano de administración (cfr. artículo 4.3 de la Ley de sociedades profesionales)”, pues en los estatutos se dispone expresamente que “el órgano de administración estará integrado por todos los socios profesionales que se elijan al efecto por la Asamblea. Se establece así que deben ser socios profesionales no sólo la mitad más uno de los miembros del órgano de administración sino todos los integrantes de éste”.

Comentario: Interesante resolución en cuanto aclara que la mediación y el “compliance” o control de cumplimiento normativo no pueden ser objeto de una sociedad profesional, sea esta de la clase que sea. La razón fundamental está en que dichas actividades, aunque se desarrollen por profesionales, carecen de colegiación obligatoria y de colegio profesional que las cobije, incumpliendo de este modo uno de los requisitos fundamentales de las sociedades profesionales como es la colegiación obligatoria. A estos efectos recuerda la DG que todavía está pendiente de desarrollo normativo la obligación que se impuso el mismo gobierno en el año 2015 de establecer las profesionales que deben contar con colegiación obligatoria. Una vez se de cumplimiento a esta obligación el panorama de las posibles profesiones susceptibles de integrar el objeto de una sociedad profesional quedará debidamente aclarado evitando las dudas que muchas de ellas ofrecen al calificar los posibles objetos de una sociedad profesional. Una vez más la pereza del ejecutivo supone una traba, no sólo a notarios y registradores, sino también a los profesionales que desean desarrollar su actividad bajo el amparo de una sociedad. (JAGV)

227.** NEGATIVA A RESERVAR DENOMINACIÓN SOCIAL POR IDENTIDAD SUSTANCIAL. RECURSO ANTE CORREO ELECTRÓNICO.

Resolución de 21 de junio de 2021, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador mercantil central III a reservar una denominación social. 

Resumen: No es posible como denominación social la de “Six Informatics”, por su semejanza con otras ya inscritas como son la de “Seis Informática”, la de Sik informática” o la de “Sis Informática”

Hechos: Se solicita como denominación social la de “Six Informatics, Sociedad Limitada”, la cual es rechazada. El registrador ante el desacuerdo que muestra el interesado por correo electrónico, aclara, también por correo electrónico, que existe una sociedad que se llama “Seis Informática SL”, entre otras, y no pueden existir dos denominaciones similares de conformidad con el artículo 408 del RRM.

El interesado recurre. Alega que ambas denominaciones son fonéticamente diferentes.

El registrador en su informe aclara que aparte de la denominación de “Seis informática” existen otras similares como la de “Sis Informática SA”, y “Sik Informática SA”.  Si hacemos una comparación entre las denominaciones ya existentes “Sis Informática SA”, “Sik Informática SA” y la denominación solicitada “Six Informatics Sociedad Limitada”, es fácil apreciar la evidente semejanza fonética y gráfica entre ellas, ya que tan sólo se diferencian en las letras “S”, “K” y “X”, cuya grafía y pronunciación es muy similar y confundible entre unas y otras. El mismo parecido fonético y gráfico puede observarse en las palabras “Informática” e “Informatics”, aparte de su significado idéntico en español y en inglés.

Añade que de acuerdo con lo previsto en el art. 10.2 OM de 30/12/91: “cuando la denominación solicitada sea traducción de otra que ya conste en el Registro, sólo se considerará identidad cuando, a juicio del Registrador, se dé notoria semejanza fonética entre ambas o socialmente se consideren iguales.” Así, la denominación “Seis Informática Sociedad Limitada” es la traducción exacta de “Six Informatics Sociedad Limitada”.

Resolución: Se confirma la denegación de la denominación solicitada.

Doctrina: Lo primero que aclara nuestra DG, es que, aunque no exista propiamente nota de calificación, por razones de economía procesal se admite el recurso pues no hay “duda sobre la autenticidad de la calificación que se impugna”.

Por lo demás reproduce su doctrina suficientemente conocida sobre denominaciones sociales centrada en la interpretación de las normas legales que la regulan siempre en el sentido de “evitar la confusión en la denominación de las compañías mercantiles”.

A continuación, dice que “detectar la identidad de denominaciones es una tarea eminentemente fáctica, por lo que exige una especial atención a las circunstancias de cada caso”.

Lo esencial es que los criterios interpretativos de las normas que disciplinan la materia, permitan “detectar, cuando no se da la igualdad textual, los supuestos en que el signo o elemento diferenciador añadido o restado a la denominación inscrita, por su carácter genérico, ambiguo, accesorio, por su parecido fonético, o por su escasa significación o relevancia identificadora, no destruyen la sensación de similitud que puede dar lugar a confusión”.

En el caso planteado llega a la conclusión de que aunque “existen mínimas diferencias gramaticales, la semejanza gráfica y también fonética entre los términos «Six Informatics» y los de otras denominaciones preexistentes, «Sis Informática» y «Sik Informática», tienen como resultado que la denominación solicitada incurra en el supuesto de identidad contemplado en el artículo 408.1.3.ª del Reglamento del Registro Mercantil. Además, los términos «informatics» e «informática» tienen idéntico significado en inglés y en español. Asimismo, como afirma el registrador, en relación con los términos «Six Informatics, Sociedad Limitada» y «Seis Informática, Sociedad Limitada», debe aplicarse lo dispuesto en el artículo 10.2 de la Orden de 30 de diciembre de 1991 del Ministerio de Justicia sobre el Registro Mercantil Central, según la cual «cuando la denominación solicitada sea traducción de otra que ya conste en el Registro, sólo se considerará que existe identidad cuando, a juicio del Registrador, se dé notoria semejanza fonética entre ambas o socialmente se consideren iguales».

Comentario: Aunque en otras ocasiones diferencias similares a las que presentaba la denominación solicitada(caso “Movite” y Movitex”), con otras ya existentes, se han estimado suficientemente identificadoras, en el caso examinado llega a la conclusión opuesta estimando que esas diferencias no son suficientes para considerar como diferente la denominación solicitada de otras ya existentes. Parece que lo fundamental es que la denominación solicitada era la traducción exacta al inglés de otra denominación ya existente y “socialmente se consideran iguales”. Pero suprimiendo esta consideración debemos reconocer que las dos denominaciones similares ya registradas como “Sik Informática” y “Sis Informática”, presentan inferior diferenciación fonética y gráfica entre ellas que la solicitada con ambas.

La DG en esta su resolución opta por la vía de la prudencia, evitando de una parte una denominación similar a otras ya existentes, y de otra la posible confusión en un entorno globalizado en el que el inglés es idioma franco o común en el mundo empresarial, de dos sociedades una con denominación en español y la otra en inglés totalmente coincidentes. (JAGV)

232.*** CESE DE UNO DE LOS ADMINISTRADORES SOLIDARIOS SIN NOMBRAMIENTO CORRELATIVO.

Resolución de 28 de junio de 2021, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador mercantil y de bienes muebles II de Navarra a practicar la inscripción de un acuerdo de cese de administrador solidario.

Resumen:  Es posible que la junta general cese a uno de los dos administradores solidarios sin necesidad de nombrar a otro administrador y sin necesidad de cambiar la forma de administración de la sociedad.

Hechos: Por acuerdo de junta general con asistencia del 55% del capital social, se cesa a uno de los dos administradores solidarios con los que contaba la sociedad. En los estatutos de la sociedad se contemplan distintos sistemas de administración de la sociedad (único, solidarios, mancomunados o consejo).

Para el registrador, dado el sistema estatutario de organizar la administración de la sociedad, la inscripción del cese exige que se nombre o bien otro administrador solidario o se cambie la forma de administrar la sociedad (artículo 185 del Reglamento del Registro Mercantil y 210 de la Ley de Sociedades de Capital).

La sociedad recurre. Dice que el cambio de forma de administrar la sociedad no estaba en el orden del día, que no se pudo nombrar otro administrador y que la sociedad no queda acéfala pues el administrador restante conserva todas las facultades de administración de la sociedad.

Resolución: La DG revoca la nota de calificación.

Doctrina: Dice que “consta indubitadamente la voluntad social de cesar a uno de los dos administradores solidarios inscritos”.

Sobre esa base y teniendo en cuenta su doctrina sobre la inscripción del cese o renuncia de un administrador único, para lo cual lo único que se exige es que la junta esté debidamente convocada, sin necesidad de que en esa junta se nombre un nuevo administrador,  llega a la conclusión de que “una sociedad puede quedar acéfala, o por lo menos sin que conste ningún administrador inscrito en el Registro Mercantil, por la renuncia de los integrantes de dicho órgano, o porque habiendo estos renunciado ante la junta general, o habiendo sido cesados por esta, los socios no quieran, o no se pongan de acuerdo en nombrar a quienes hayan de sustituirlos”.

Por ello termina diciendo que, si se tiene en cuenta “que lo único solicitado al Registro Mercantil, en el supuesto de este expediente, es el cese de uno de los dos administradores solidarios, sin que haya acuerdo sobre el nombramiento de uno nuevo, dicho cese puede tener acceso al Registro, sin que pueda entrarse a valorar las consecuencias que sobre la vida social tendrá que la sociedad se quede con un solo administrador solidario, por no ser ésta la cuestión planteada en el recurso”.

Comentario: Si para inscribir la renuncia de un administrador único, como caso más evidente, lo que se exige es exclusivamente que convoque junta, se haya celebrado o no, o exista o no exista en su seno acuerdo sobre ello, en el caso de esta resolución estaba bien justificado que se pudiera inscribir el cese de un administrador solidario, sin necesidad de que se nombre otro, o se cambie el sistema de administración. Incluso pudiera haber ocurrido que la junta nombrara un nuevo administrador en sustitución del cesado y este no hubiera aceptado su cargo, en cuyo caso también procedería obviamente la inscripción del cesado.

Problema distinto y lo apunta el CD es que como consecuencia de ese acuerdo se produzca un incumplimiento de los estatutos de la sociedad, del cual y si existe algún perjuicio para la misma deberá responder el administrador. Pero ello, aunque no lo dice de forma clara la DG, es problema de la sociedad y no del registro, el cual no puede oponerse en aras de una estricta aplicación de los estatutos, a inscribir un acuerdo de junta válidamente tomado y que no se opone a precepto legal ni reglamentario alguno. El administrador ya sabrá cómo defenderse si se le imputa el evidente incumplimiento estatutario. (JAGV)

235.*** SOCIEDAD PROFESIONAL. TRANSMISIÓN PARTICIPACIONES NO PROFESIONALES A UN SOCIO PROFESIONAL.

Resolución de 29 de junio de 2021, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador mercantil y de bienes muebles I de Málaga a inscribir el cambio de socios de una sociedad profesional.

Resumen: Es posible que en una sociedad profesional un socio de esta clase pueda ser titular de participaciones no profesionales y por tanto es inscribible la transmisión de esas participaciones de un socio no profesional a otro profesional.

Hechos: Por parte de una socia no profesional se transmiten sus participaciones sociales a el otro socio profesional que queda como socio único. En los estatutos de la sociedad, que no se modifican, se recogen ambas clases de participaciones.

El registrador suspende la inscripción pues a su juicio para la “inscripción de la compraventa de participaciones sociales que consta en la presente escritura, debe modificarse simultáneamente la redacción del Artículo 5.º de los Estatutos Sociales, que exige que las participaciones números …, que son las que ahora se transmiten, sean participaciones no profesionales. Artículo 11 y 58.2 RRM.

El notario recurre. Dice que “no hay ningún precepto en la Ley 2/2007, de 15 de marzo, de sociedades profesionales que impida que los socios profesionales, además de tener -necesariamente- participaciones de la clase profesional, puedan adquirir y mantener voluntaria e indefinidamente participaciones de la clase general”.

Resolución: La DG revoca la nota de calificación.

Doctrina: Tras examinar la legislación aplicable, la DG dice que “en las sociedades profesionales, la distinción entre socios profesionales y socios no profesionales tiene una especial relevancia, que determina no sólo su naturaleza, sino su propia constitución y existencia, atribuyendo al socio profesional un régimen jurídico propio, régimen que deriva de la condición de socio profesional, y no de la configuración que se haga de las participaciones sociales”.

Por ello debe “distinguirse adecuadamente entre el régimen jurídico derivado de la condición de profesionales de los socios integrados en una sociedad de este tipo y las eventuales modificaciones que, en el régimen de atribución de derechos a los titulares de participaciones sociales, se hayan llevado a cabo por vía estatutaria”. Para la DG en las sociedades limitadas profesionales “nada impide que en la sociedad se establezcan diferencias en el conjunto de derechos que las participaciones sociales atribuyan a su titular, diferencias que derivarán de esta especialidad y no de la condición profesional que ostente su titular.

Por consiguiente “no puede confundirse el diferente régimen jurídico aplicable a los socios profesionales por su condición de tales con la existencia de participaciones privilegiadas o con atribución de diferentes conjuntos de derechos. Si es necesaria la individualización en el Registro Mercantil de las participaciones sociales atribuidas a los socios profesionales es porque de ese modo puede controlarse el cumplimiento de sus requisitos estructurales y de funcionamiento, como ha quedado antes expuesto. Si, además, existen participaciones con privilegio en el dividendo, en la cuota de liquidación, en el ejercicio del derecho de voto o cualquier otro compatible con su régimen jurídico es preciso que, de conformidad con los artículos 23 de la Ley de Sociedades de Capital y 184.2 del Reglamento del Registro Mercantil, consten debidamente individualizadas de modo que cualquier tercero pueda conocer su estatuto jurídico”.

En definitiva lo que defiende la DG es que si todas las participaciones de la sociedad son iguales, pues no existen privilegios para ninguna de ellas, “la transmisión de participaciones sociales de un socio no profesional a uno profesional -o viceversa- no ha de provocar un cambio de clase de participación (vid. artículo 94.1, segundo párrafo, de la Ley de Sociedades de Capital en relación con su artículo 293), y tampoco pueden confundirse las consecuencias que pueda tener la transmisión de participaciones de un socio no profesional a quien lo es (o viceversa), con la existencia de participaciones que atribuyen distintos derechos a sus titulares”. Aquí no se altera “el conjunto de derechos que de su titularidad resultan por lo que no existe cambio de «clase» alguna”. Añade que cuestión distinta es “que la transmisión de una participación de un socio profesional a quien no lo es se sujete a requisitos específicos y pueda acarrear consecuencias jurídicas distintas a la transmisión de participaciones entre no profesionales (por ejemplo, incumplimiento de la exigencia antes referida de que como mínimo, la mayoría del capital y de los derechos de voto deban pertenecer a socios profesionales), pero sin que ello afecte al conjunto de derechos que atribuye su titularidad que permanece inalterado”.

Comentario: Como vemos no existe inconveniente alguno para que en una sociedad profesional un socio de esta clase pueda tener participaciones no profesionales. Cada tipo de participaciones, las profesionales y las no profesionales, seguirán su propio régimen, el establecido en la Ley o en los estatutos, sin que por el hecho de que participaciones de un socio no profesional se transmitan a un profesional se obligue a un cambio en los estatutos de la sociedad y en el carácter de esas participaciones. (JAGV)

243.* NULIDAD TRANSMISIÓN PARTICIPACIONES SOCIALES. SU INSCRIPCIÓN. 

Resolución de 30 de junio de 2021, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación de la registradora mercantil y de bienes muebles de Ciudad Real, por la que se deniega la inscripción de una sentencia ordenando la nulidad de transmisión de participaciones sociales.

Resumen: No es inscribible una sentencia judicial que declara la nulidad de una transmisión de participaciones sociales.

Hechos: Por sentencia, se declara «la nulidad de la transmisión de las participaciones sociales celebrada mediante escritura pública entre un particular y una sociedad “volviendo dichas participaciones a ser titularidad” del particular.

El registrador se opone a la inscripción pues “no se ordena la cancelación de la inscripción de aumento de capital en el que se transmiten las participaciones a que se refiere la Sentencia”.

El indicado particular recurre. Dice que, si el juzgado acuerda la nulidad de la transmisión de participaciones sociales, ese acuerdo “despliega inherentemente sus efectos, que no son otros que la ineficacia del acto jurídico y los de restitución de la cosa, siendo de aplicación lo dispuesto en el artículo 1303 del Código Civil”. Aparte de ello estima que la declaración de nulidad conlleva implícitamente la cancelación, “pues de no hacerlo estaríamos dando publicidad registral frente a terceros respecto de un acto que ha sido declarado nulo judicialmente, y que en consecuencia no existe, vulnerando la seguridad jurídica de los actos inscritos y transgrediendo con ello el principio de fe pública registral articulado en la Ley Hipotecaria, y a su vez se está impidiendo la restitución de la cosa”.

Resolución: Se confirma la nota de calificación.

Doctrina: La DG parte del principio de “numerus clausus” que rige en nuestro registro Mercantil en cuanto a la materia susceptible de inscripción (artículos 16 y 22 del Código de Comercio y 94 y 175 del Reglamento del Registro Mercantil). Ratifica que “no tiene por objeto respecto de las sociedades de responsabilidad limitada, la constatación y protección sustantiva del tráfico jurídico sobre las participaciones en que se divide el capital social de aquéllas, sino la de la estructura y régimen de funcionamiento de tales entidades”, salvo en el caso de las sociedades unipersonales por su particular estructura.

En materia de nulidad ciertamente el artículo 208 de la Ley de Sociedades de Capital, establece que la sentencia firme que declare la nulidad de un acuerdo inscribible habrá de inscribirse en el Registro Mercantil”. Pero para ello “debería específicamente anularse algún asiento como pudiera ser el de aumento de capital que en base a la titularidad de las participaciones pudiera haberse adoptado”. Pero la sentencia no anula ningún acuerdo por lo que no es susceptible de reflejo registral.

Comentario: Parece evidente que si la transmisión de participaciones, no tiene reflejo en la hoja de la sociedad mucho menos lo tendrá una sentencia que declara la nulidad de una transmisión. No queda claro en los hechos ni en la nota de calificación que concomitancias tenía la transmisión de participaciones con un aumento de capital ya inscrito. Pero fuera cual fuera la relación que exista entre ellos, es evidente que, si la sentencia se limita de declarar la nulidad de la transmisión, aunque como consecuencia de esa nulidad pudieran quedar afectados algunos acuerdos sociales, será necesario un nuevo procedimiento para declarar su nulidad y la cancelación de los asientos que los mismos hayan provocado. (JAGV)

250.**  SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA UNIPERSONAL. DECLARACIÓN DE CONCURSO DE SOCIO ÚNICO YA FALLECIDO. LEGITIMACIÓN.

Resolución de 5 de julio de 2021, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación de la registradora mercantil y de bienes muebles de Lugo, por la que se deniega la inscripción de la disolución, nombramiento de liquidador y liquidación de una compañía mercantil.

Resumen: No es posible inscribir unas decisiones de un socio único ya fallecido y declarado en concurso, si la escritura que documenta sus decisiones se presenta con posterioridad a la inscripción del concurso y del cese del administrador que elevó a público los acuerdos.

Hechos: Los hechos de esta resolución son los siguientes:

— Se presenta escritura de decisiones del representante del socio único de una sociedad relativas a su disolución, nombramiento de liquidador y liquidación de una sociedad. Las decisiones las adopta como representante de la comunidad hereditaria, considerada al efecto como «socia única» de la compañía. Se suspende la calificación por no cumplimiento de requisitos fiscales.

— Vigente ese asiento de presentación se presenta certificación del administrador concursal de la herencia yacente de la socia única de la sociedad, declarada en concurso, en la que reflejaba su decisión de destituir al anterior administrador único, que fue el que tomó las decisiones anteriores, y se designó a sí mismo como tal.

— Ese acuerdo fue elevado a público requiriendo al notario para la notificación al anterior administrador lo que fue debidamente realizado. Esta escritura se presentó en el registro un día después de haber caducado el asiento de la primera escritura.

— Transcurrido el plazo de quince días desde la notificación notarial al administrador saliente, se inscribió el nombramiento del nuevo administrador único.

 — La primera escritura se volvió a presentar siendo suspendida su inscripción por los siguientes defectos:

1.- Porque en caso de concurso de la herencia, corresponde a la administración concursal el ejercicio de las facultades patrimoniales de administración y disposición sobre el caudal relicto. Art. 570 del T.R.L.C. En este caso el socio único está declarado en concurso y aunque conserva sus facultades de administración y disposición el ejercicio de estas facultades estará sometido a la intervención de la administración concursal. Art. 106 TRLC.

  1. No se incorpora a la escritura el balance final de Liquidación en los términos establecidos en los artículos 247.2.1.ª del R.R.M, 390 del T. Rdo. de la Ley de Sociedades de Capital, y 36 del C. de Comercio.

3.- No consta el cargo de Administrador, inscrito en el Registro Mercantil correspondiente, de conformidad a los establecido en el artículo 11 del R.R.M. Cita las Sentencias de 25 de julio de 2.008, del Juzgado de 1.ª Instancia n.º 4 de Segovia y la de 25 de octubre de 2.006 de la Audiencia Provincial de Valencia.

Tras la calificación se presenta nueva escritura a la que se incorpora “un nuevo balance de liquidación con diferenciación de partidas de activo y pasivo, con una cifra de capital coincidente con la que figuraba inscrita en el Registro Mercantil, y del que resultaba la inexistencia de acreedores”.

Contra la nota el representante del socio único interpone recurso. Alega duplicidad de calificaciones y en un extenso escrito con múltiples alegaciones sobre legitimación, concurso y sobre todo sobre el juicio de suficiencia notarial que se realizó en la escritura, solicita se revoque la calificación.

La registradora en su informe desiste del defecto relativo al balance final de liquidación.

Resolución: Se confirma la nota de calificación.

Doctrina: La DG tras rechazar la duplicidad de calificaciones pues lo realizado no fue una calificación sino precisamente la suspensión de la calificación por incumplimiento de exigencias fiscales, lo que impide entrar en el fondo de la calificación, desestima el recurso pues a la vista de la situación registral existente en el momento de la segunda presentación constando en la hoja registral de la sociedad el concurso de la herencia yacente de la socia única, y el autonombramiento como administrador único del administrador concursal, ello se presenta “como un obstáculo difícil de franquear sin una modificación previa de las situaciones en que se sustentan” . Y aunque reconoce que el Registro Mercantil no tiene por objeto la publicación de la titularidad de las participaciones de sociedades de capital, por lo que, en principio, no corresponde al registrador en su calificación entrar en cuestiones de legitimación para el ejercicio de los derechos sociales, en este caso concreto el contenido del Registro únicamente legitima al administrador concursal para ejercer los derechos de socio en la junta general de la compañía”. Ello además no contradice el juicio de suficiencia notarial pues del registro resulta “que la herencia yacente de la socia única ha sido declarada en concurso” y por tanto se trata “de una cuestión de legitimación del socio único que la escritura presentada no desvirtúa”.

Comentario: Pese a lo aparatoso y extenso del recurso, la cuestión planteada, como derivada del principio de prioridad, tenía una clara solución. Como bien dice la DG, ante la situación registral creada, no cabía otra solución que la denegación de la escritura cuyo asiento de presentación había caducado, pues en el momento de acudir al registro por segunda vez el otorgante carecía de facultades, tanto para tomar decisiones en nombre del socio único, declarado en concurso, como para elevar a público los acuerdos pues su cargo ya no constaba inscrito en el registro. (JAGV)

254.** REGISTRO MERCANTIL CENTRAL. NEGATIVA A RESERVAR UNA DENOMINACIÓN SOCIAL.

Resolución de 6 de julio de 2021, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador mercantil central II a reservar una denominación social. (JAGV).

Resumen: No es posible como denominación social la de “Escenix” por su semejanza con la de “Escenic” que ya figuraba registrada. El hecho de que la sociedad esté inactiva desde el año 1990, en nada afecta a la calificación de identidad de denominaciones.

Hechos: Se solicita como denominación social la de “Escenix”. Se deniega por existir otra registrada bajo la denominación de “Escenic”, pues conforme al art. 408 del RRM se impide la existencia de denominaciones similares, gráfica o fonéticamente.

El interesado recurre pues a su juicio la “distinta letra final “x”, permite asegurar la suficiente unicidad de la denominación solicitada”. A ello añade que la “pronunciación de la letra “X” en nada se parece a la de la letra “C”, se trata de sonidos fonéticos no intercambiables ni confundibles”. Además la sociedad “Escenic” está inoperante pues sus últimas cuentas depositadas son las del año 1990. Por tanto, es “una sociedad incursa en causa legal de disolución que no opera en la actualidad en el mercado y que ha cesado su actividad”.

Resolución: Se confirma la calificación impugnada.

Doctrina: Vuelve a reiterar la DG su doctrina sobre la naturaleza de la denominación de las sociedades y sobre los conceptos de identidad y cuasi identidad o identidad sustancial.

Supuesto lo anterior viene a decir, como la ha hecho en otras ocasiones que “detectar la identidad de denominaciones es una tarea eminentemente fáctica, por lo que exige una especial atención a las circunstancias de cada caso”.

En el supuesto planteado dice que “debe confirmarse la calificación impugnada, toda vez que aun cuando existen mínimas diferencias gramaticales, la semejanza gráfica y también fonética del término «Escenix, S.L.» y «Escenic, S.L.», tienen como resultado que la denominación solicitada incurra en el supuesto de identidad contemplado en el artículo 408.1.3.ª del Reglamento del Registro Mercantil”. Finalmente, ante las alegaciones del recurrente precisa que la “inactividad de la sociedad no es causa de cancelación de la denominación mientras no sea cancelada la hoja registral (cfr. artículo 419 del Reglamento del Registro Mercantil)”. Esa falta de actividad “ni es causa de disolución de pleno derecho, ni aunque lo fuera provocaría una cancelación automática de los asientos de la sociedad”.

Comentario: La DG vuelve en este expediente a una línea de prudencia, siguiendo la estela del RMC, en materia de denominaciones sociales. Realmente diferencia fonética y gráfica existe entre una y otra denominación, pero esa diferencia, que reconocemos es mínima, no le parece suficiente a la hora de autorizar una denominación social. Lo que no nos parece argumento de peso es el utilizado en el informe de calificación de que, “en ciertas provincias del sur de la geografía española”, esa diferencia, por la especial forma de hablar, desaparecería, pues ambas letras “tienden a omitirse o confundirse entre sí”. Si una denominación es similar a otra, lo debe ser en términos objetivos y nunca porque en el habla corriente se confundan los sonidos de la “s” y de la «x».

257.* ESTATUTOS. CLÁUSULA DE RETRIBUCIÓN DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN A LOS QUE SE LES ATRIBUYA FUNCIONES EJECUTIVAS

Resolución de 7 de julio de 2021, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador mercantil XXIII de Madrid a inscribir una escritura de modificación de estatutos de una sociedad de responsabilidad limitada.

Resumen: Es inscribible una cláusula estatutaria relativa a la retribución de los consejeros ejecutivos cuando se reproduce el artículo 249 de la LSC y se fija un sistema retributivo para los administradores en general, y respecto de los ejecutivos se señala que tendrán las retribuciones adicionales o indemnizaciones recogidas en el contrato que se formalice, pero sujeto a los límites fijados por la junta general.  

Hechos: El problema se plantea con una modificación de estatutos en lo que concierne a la retribución de los administradores. Se dispone que “El cargo de Administrador será retribuido mediante una cuantía fija para cada ejercicio que será fijada por la Junta General de Socios”. Se añade que si el órgano es un consejo los consejeros tendrán derecho “a una indemnización por fallecimiento o cese…”. En esos casos corresponde a la Junta fijar el “importe anual máximo de dichas retribuciones o indemnizaciones…”. Dentro del consejo corresponde al mismo “la fijación en cada ejercicio de la cantidad exacta a abonar a cada consejero dentro del límite fijado por la Junta General de Socios”. Se dispone también que “los consejeros podrán desempeñar funciones ejecutivas y/o profesionales en la sociedad, y en tal caso, tendrán derecho a percibir, adicionalmente, las retribuciones que correspondan por el desempeño de dichas funciones ejecutivas”, reproduciendo a continuación lo dispuesto en la LSC (art. 249) sobre el contrato a celebrar en estos casos. Y termina diciendo que “Sin perjuicio de lo anterior, y con sujeción a la normativa de las operaciones vinculadas y al régimen de deberes de los administradores, los consejeros podrán realizar cualquier tipo de suministro de servicios susceptible de ser prestados por terceros con arreglo a las condiciones de mercado”.

El registrador suspende la inscripción pues para la fijación de la “remuneración prevista para los miembros del Consejo de Administración, a los que se les atribuya funciones ejecutivas” …, “es necesario que la misma sea aprobada por la Junta General de la Sociedad, de conformidad con lo previsto en los Artículos 217 y 249 LSC y Sentencia del TS de 26 de febrero 2018”.

El notario recurre. Dice que esta cuestión fue resuelta por el Centro Directivo en su Resolución de 8 de noviembre de 2018 , en la cual se realiza cita expresa de la Sentencia del Tribunal Supremo de 26 de febrero de 2018. La Dirección General de los Registros y del Notariado también decidió sobre la cuestión planteada en su resolución de 12 de diciembre de 2018.

Resolución: La DG revoca la nota de calificación.

Doctrina: Tras analizar las distintas cuestiones que se plantean en materia de retribución de los administradores sobre todo tras la reforma de la LSC llevada a cabo por la Ley 31/2014, concluye que “en el presente caso no cabe rechazar la inscripción por los motivos expresados por el registrador en la calificación impugnada, pues la cláusula ahora debatida es análoga a la admitida por este Centro Directivo en la referida Resolución de 31 de octubre de 2018 y se ajusta a los parámetros de lo establecido en los artículos 217 y 249 de la Ley de Sociedades de Capital”.

Comentario: Similar a las resoluciones citadas, tanto por el notario como por la DG. Nos remitimos a los comentarios que hicimos en su día, no sin dejar constancia que la redacción que se daba al artículo discutido, sin entrar en polémicas sobre su corrección, es una de las más concretas y dependientes de la decisión de la junta general de la sociedad que se han tratado en las resoluciones citadas. JAGV.

269.* SOCIEDAD DISUELTA PERO REACTIVADA. INSCRIPCIÓN DE NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR.

Resolución de 15 de julio de 2021, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación de la registradora mercantil VI de Madrid, por la que se deniega la inscripción del nombramiento de un liquidador.

Resumen: Estando inscrita la reactivación de una sociedad disuelta, no procede la inscripción del nombramiento de un liquidador ordenado por la autoridad judicial.

Hechos: Por mandamiento de un juzgado de lo Mercantil, en expediente de jurisdicción voluntaria, se ordena proceder a la inscripción del nombramiento de liquidador de una sociedad.

La registradora suspende la inscripción por los siguientes defectos:

1.- Por no estar la sociedad disuelta sino reactivada en virtud de los acuerdos adoptados por la junta general de la sociedad que causaron la inscripción 3ª de su hoja registral.

2.- Por no figurar en el Registro ningún asiento relativo a ninguna impugnación o recurso contra acuerdo alguno o situación de concurso.

3.- Porque debería “constar la parte dispositiva de la resolución correspondiente en los términos de los artículos 321 y 322 del Reglamento del Registro Mercantil”.

El interesado recurre. En esencia alega que la junta general que acuerda la reactivación de la sociedad estuvo mal convocada, pues lo fue por unos liquidadores que ya habían sido cesados. Añade que no existe ninguna sociedad concursada, sino el nombramiento de un liquidador judicial tras el cese por caducidad de los liquidadores con cargos inscritos.

Resolución: Se confirma la nota de calificación.

Doctrina: Parte la DG de su consolidada doctrina acerca de que “el recurso debe recaer exclusivamente sobre cuestiones que se relacionen directa e inmediatamente con la calificación del registrador”, y que el artículo 1 de la LH determina que “los asientos del Registro están bajo la salvaguardia de los tribunales y que sólo puede ser objeto de recurso la nota de calificación negativa de los registradores, pero no los asientos ya practicados”. Por tanto, al tratarse de un asiento ya practicado sólo cabe declarar judicialmente la nulidad de dicho asiento “en procedimiento dirigido contra todos aquellos a quienes tal asiento conceda algún derecho (artículo 40 in fine de la Ley Hipotecaria)”.

Por lo demás dice que “tiene razón el recurrente cuando afirma que de haberse producido el cese o remoción judicial de los anteriores liquidadores se provocaría la ineficacia de los acuerdos de reactivación adoptados en Junta convocada por los mismos. Pero estando inscrita en el Registro Mercantil y en consecuencia bajo la salvaguardia de los tribunales la reactivación de la sociedad, no puede ahora ponerse en entredicho la validez de la misma”. En consecuencia, estando la sociedad reactivada “no procede la inscripción del nombramiento de liquidador presentado a inscripción (artículo 11 del Reglamento del Registro Mercantil)”.

Comentario: La solución a este recurso, por mucho que lo alegado por el recurrente respondiera a la realidad, no podía ser otro que el que se le da. La calificación positiva del documento que contenía la reactivación de la sociedad, provocó su inscripción cerrando el paso a cualquier otro documento que sea incompatible con la situación inscrita.  Y ello con independencia de que si los socios impugnan el acuerdo de reactivación y se declara su nulidad por los Tribunales, se proceda a la pertinente rectificación del registro. (JAGV)

 

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