Resoluciones Junio 2021 Dirección General Seguridad Jurídica y Fe Pública.

Admin, 04/06/2021

Indice:
  1. VALORACIÓN DE LAS RESOLUCIONES POR SU IMPORTANCIA:
  2. RESOLUCIONES PROPIEDAD
  3. 166. CONVENIO REGULADOR. DERECHO DE USO DE LA VIVIENDA FAMILIAR: DURACIÓN
  4. 170.() ADJUDICACIÓN DIRECTA JUDICIAL. IDENTIFICACIÓN DE LA FINCA. REFERENCIA CATASTRAL
  5. 171.** COMPRAVENTA. DUDAS DE IDENTIDAD ENTRE DISPONENTE Y TITULAR REGISTRAL
  6. 172. EXTINCIÓN DE CONDOMINIO MEDIANTE ACUERDO TRANSACCIONAL HOMOLOGADO JUDICIALMENTE
  7. 173. EJECUCIÓN JUDICIAL CONTRA LA HERENCIA YACENTE
  8. 174.* CANCELACIÓN DE CONDICIÓN RESOLUTORIA EN GARANTÍA DE OBLIGACIONES DE HACER
  9. 175. ACTA NOTARIAL DE DESAFECTACIÓN DE APARTAMENTOS. APROVECHAMIENTO POR TURNOS
  10. 176. INMATRICULACIÓN POR TÍTULO DE DISOLUCIÓN DE COMUNIDAD. COINCIDENCIA CON FINCA YA INMATRICULADA
  11. 177.* INSCRIPCIÓN DE REPRESENTACIÓN GRÁFICA ALTERNATIVA. OPOSICIÓN DE AYUNTAMIENTO
  12. 178.* CANCELACIÓN DE HIPOTECA UNILATERAL. REQUERIMIENTO AL ACREEDOR.
  13. 179.** PODER Y JUICIO DE SUFICIENCIA DEL NOTARIO EXTRANJERO. PRUEBA DEL DERECHO EXTRANJERO.
  14. 181. COMPRAVENTA Y OPCIÓN DE COMPRA SOBRE APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS
  15. 182. OBRA NUEVA. LICENCIA DE PRIMERA OCUPACIÓN O DECLARACIÓN RESPONSABLE
  16. 184. DERECHO DE TRANSMISIÓN. INTERVENCIÓN DEL CÓNYUGE VIUDO DEL TRANSMITENTE
  17. 185. EXTINCIÓN DE CONDOMINIO EN CONVENIO REGULADOR
  18. 186. EJERCICIO DE CONDICIÓN RESOLUTORIA. REINSCRIPCIÓN
  19. 187. DACIÓN EN PAGO DE DEUDA A FAVOR DE COMUNIDAD DE PROPIETARIOS
  20. 188. ANOTACIÓN PREVENTIVA DE DEMANDA DE INCAPACITACIÓN
  21. 189. ANOTACIÓN DE EMBARGO. TRACTO SUCESIVO
  22. 191.** EJECUCIÓN DE EMBARGO SIN CONSTAR NOTA MARGINAL DE EXPEDICIÓN DE CERTIFICACIÓN DE CARGAS. CANCELACIÓN DE CARGAS POSTERIORES.
  23. 192. COMPRAVENTA INTERVINIENDO TUTOR CON JUICIO DE SUFICIENCIA SIN INSERTAR LA AUTORIZACIÓN PARA ENAJENAR
  24. 194. SENTENCIA DECLARATIVA DE ADQUISICIÓN DEL DOMINIO POR PRESCRIPCIÓN. TRACTO SUCESIVO
  25. 195. INSCRIPCIÓN DE REPRESENTACIÓN GRÁFICA ALTERNATIVA DE FINCA DISCONTINUA
  26. 196. EJECUCIÓN JUDICIAL HIPOTECARIA. DEMANDA Y REQUERIMIENTO DE PAGO AL TERCERO POSEEDOR
  27. 197. INMATRICULACIÓN ART 205 LH SIN EL TRANSCURSO DEL AÑO ENTRE TÍTULO PREVIO Y TÍTULO INMATRICULADOR
  28. 198. HERENCIA. RECTIFICACIÓN
  29. 199. INMATRICULACIÓN MEDIANTE APORTACIÓN DE GANANCIALES PREVIA HERENCIA OTORGADA EL MISMO DÍA
  30. 200. RECTIFICACIÓN DE INSCRIPCIÓN DE HERENCIA
  31. RESOLUCIONES MERCANTIL
  32. 167.*** ANOTACIÓN PREVENTIVA DE COMPLEMENTO DE CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL. NOTIFICACIÓN POR CORREO ELECTRÓNICO.
  33. 168.** REDUCCIÓN DE CAPITAL POR PÉRDIDAS. VERIFICACIÓN DEL BALANCE POR AUDITOR DE CUENTAS.
  34. 169.*** DERECHO DE ADQUISICIÓN PREFERENTE EN TRANSMISIONES FORZOSAS. EXCLUSIÓN DE SOCIOS POR EMBARGO DE SUS PARTICIPACIONES. VALOR RAZONABLE DE LAS PARTICIPACIONES.
  35. 180.*** CESE POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL SECRETARIO NO CONSEJERO NOMBRADO POR LA JUNTA GENERAL.
  36. 183.** CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD LIMITADA. OBJETO SOCIAL. RETRIBUCIÓN ADMINISTRADOR.
  37. 190.*** CAMARAS DE COMERCIO. ANOTACIÓN PREVENTIVA DE NOMBRAMIENTO DE MEDIADOR CONCURSAL.
  38. 193.() CÁMARAS DE COMERCIO. ANOTACIÓN PREVENTIVA DE NOMBRAMIENTO DE MEDIADOR CONCURSAL.
  39. ENLACES:

 

INFORME Nº 321. (BOE JUNIO de 2021)

Segunda Parte:  RESOLUCIONES DGSJFP:

PROPIEDAD

MERCANTIL

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IR AL MINI INFORME DE MAYO

RESOLUCIONES POR MESES  y  POR TITULARES PARA BUSCAR

VALORACIÓN DE LAS RESOLUCIONES POR SU IMPORTANCIA:

Se van a seguir estos criterios a juicio de las personas que las resumen:

()     Reiterativa o de escasísimo interés

*      Poco interés o muy del caso concreto

**    Interesante (categoría estándar)

***  Muy interesante.

⇒⇒⇒ Imprescindible.  

 

RESOLUCIONES PROPIEDAD
166. CONVENIO REGULADOR. DERECHO DE USO DE LA VIVIENDA FAMILIAR: DURACIÓN

Resolución de 17 de mayo de 2021, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la negativa de la registradora de la propiedad de Terrassa n.º 1 a inscribir una sentencia aprobatoria del convenio regulador de los efectos de un divorcio. (JAR)

170.() ADJUDICACIÓN DIRECTA JUDICIAL. IDENTIFICACIÓN DE LA FINCA. REFERENCIA CATASTRAL

Resolución de 17 de mayo de 2021, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación de la registradora de la propiedad de Santiago de Compostela n.º 1, por la que se suspende la inscripción de un decreto de adjudicación de finca. 

Resumen: Aunque en el decreto de adjudicación se omita expresar la superficie y linderos de la finca, la omisión en los títulos de algunos de los datos descriptivos con que las fincas figuran en el Registro no constituye en todo caso un obstáculo para la inscripción

Hechos: se presenta decreto de adjudicación de una determinada finca registral.

La registradora señala como defecto que existen circunstancias que permiten dudar de la correspondencia de la finca descrita en el documento presentado con la registral a la que se refiere, ya que la superficie de la finca, que no consta el documento, según el Registro es de seiscientos treinta y siete metros y cincuenta y seis decímetros cuadrados, mientras que la superficie de la parcela catastral a la que se refiere es de setenta y siete metros cuadrados. Existe, por tanto, una enorme diferencia de superficie que suscita dudas en cuanto a la identidad de la finca.

La Dirección revoca la calificación y tras recordar que la finca es el elemento esencial de nuestro sistema registral señala que:

– Aunque en el decreto de adjudicación se omita expresar la superficie y linderos de la finca, la omisión en los títulos de algunos de los datos descriptivos con que las fincas figuran en el Registro no constituye en todo caso un obstáculo para la inscripción-

– El hecho de que se exprese una referencia catastral correspondiente a un inmueble catastral que resulta tener una superficie distinta (bastante inferior) a la de la finca registral no altera la conclusión expuesta, ni tiene otra repercusión práctica que la de que tal referencia catastral que, por imperativo legal, se hace constar en el titulo presentado, no podrá en cambio hacerse constar en la inscripción registral que se practique por no cumplirse los requisitos de correspondencia que se detallan en el artículo 45 TRLCI.  (ER)

171.** COMPRAVENTA. DUDAS DE IDENTIDAD ENTRE DISPONENTE Y TITULAR REGISTRAL

Resolución de 18 de mayo de 2021, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la negativa de la registradora de la propiedad accidental de Valencia n.º 9 a inscribir una escritura de compraventa.

Resumen: En el caso de extranjeros cuyo número del  documentación de identidad cambia, el juicio de identidad del notario implica  un juicio de legitimación como titular registral para vender aunque no se declare expresamente. El registrador podrá, sin embargo, calificar y poner en duda la identidad con el titular registral pero deberá argumentarlo en la nota de calificación y no en un momento posterior.

Hechos: Un francés que había comprado en 1994, sin N.I.E, vende ahora con un nuevo carnet de identidad. El notario da fe de su identidad  y le considera legitimado para otorgar la escritura de compraventa, aunque ahora el número del documento de identidad ha cambiado respecto del que tenía cuando compró.

La registradora suspende la inscripción y exige que el notario declare expresamente que es la misma persona que aparece como titular catastral.

El notario autorizante recurre y recuerda que ya en la Resolución de 18 de Octubre de 2010 la DG resolvió esta cuestión en un recurso planteado por el mismo, algo que ha hecho saber a la registradora sin éxito.

La DG revoca la calificación.

Doctrina: El momento procedimental, único e idóneo, en el que el registrador ha de exponer todas y cada una de las razones que motivan su decisión de denegar la práctica del asiento solicitado es el de la calificación (artículo 19 bis de la Ley Hipotecaria) sin que, por consiguiente, hayan de ser tenidas en cuenta las que pueda introducir en su informe.

En la calificación registral, respecto de los nacionales de aquellos países (como Francia) en los que se produce una alteración en los números del documento oficial de identificación, debe entenderse suficiente la afirmación de  identidad del notario, que ha contrastado los datos identificativos que figuran en el documento de identidad exhibido y ha emitido no sólo un juicio de identidad de dicho vendedor sino también un juicio sobre su legitimación para vender.

Sobre este juicio de legitimación el registrador puede calificarlo y tener dudas que, en dicho supuesto, tiene que fundamentar. En el caso concreto la registradora nada argumenta para que fundar dichas dudas y las que figuran en su Informe no pueden ser tenidas en cuenta. (AFS)

172. EXTINCIÓN DE CONDOMINIO MEDIANTE ACUERDO TRANSACCIONAL HOMOLOGADO JUDICIALMENTE

Resolución de 18 de mayo de 2021, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador de la propiedad de Sant Cugat del Vallès n.º 1 a inscribir el testimonio de un auto judicial por el que se homologa un convenio de transacción judicial respecto de la extinción de una comunidad sobre determinados bienes. (ACM)

173. EJECUCIÓN JUDICIAL CONTRA LA HERENCIA YACENTE

Resolución de 18 de mayo de 2021, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por el registrador de la propiedad de Benidorm n.º 3, por la que suspende la inscripción de un testimonio de decreto de adjudicación y mandamiento de cancelación de cargas dimanantes de un procedimiento de ejecución de títulos judiciales. (ER)

174.* CANCELACIÓN DE CONDICIÓN RESOLUTORIA EN GARANTÍA DE OBLIGACIONES DE HACER

Resolución de 19 de mayo de 2021, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la calificación de la registradora de la propiedad de Oviedo n.º 3, por la que se suspende, en la inscripción de una escritura de compraventa, la cancelación de determinadas condiciones resolutorias que gravan la finca que se vende.

Resumen: Las condiciones resolutorias en garantía de obligaciones de hacer distintas a la del pago del precio se pueden cancelar, a falta del consentimiento del titular de la misma, transcurridos veinte años desde la fecha del último asiento en que conste la reclamación de la obligación garantizada o, en su defecto, cuarenta años desde el último asiento relativo a la titularidad de la propia garantía.

Hechos: Mediante  escritura  de compraventa se solicita por el adquirente la cancelación de una condición resolutoria en garantía de una serie de obligaciones recíprocas que fueron pactadas en el título de adquisición anterior, al haber desaparecido la causa material del artículo 1275.1 del Código Civil. Y para el caso de que registralmente se entendiese que no procede la cancelación ni siquiera por prescripción o caducidad, lo resuelva en calificación motivada expresando en ese cao los posibles medios de cancelación.

Del registro resulta que en la escritura de venta del solar se pactó condición resolutoria en garantía de la obligación de obtener licencia y de la de incorporar en la publicidad gráfica de comercialización de la parcela la referencia a “suelo desarrollado por SOGEPSA”.

La registradora, señala que siendo la solicitud de cancelación de una condición resolutoria pactada para garantizar una serie de obligaciones de hacer distintas a la del pago del precio, para proceder a su cancelación es preciso el consentimiento en escritura pública del titular registral a cuyo favor se practicó la inscripción o en su defecto resolución judicial firme; sin que sea de aplicación la llamada caducidad automática prevista en el párrafo segundo del artículo 82 al no haber sido previsto la misma por las partes.

El notario recurrente alega la deficiente publicidad formal proporcionada por el Registro en lo que se refiere al contenido de las condiciones resolutorias a cancelar, lo que ha hecho que se solicite subsidiariamente la cancelación de las mismas; y que las obligaciones garantizadas por la condición resolutoria carecen ya de razón de ser, por lo que ha desaparecido el presupuesto esencial sobre el que se asienta la voluntad negocial.

Resolución: La Dirección General desestima el recurso y confirma la calificación.

Doctrina: La DG reitera en la necesidad de distinguir:

–  La cancelación de condiciones resolutorias en garantía del precio aplazado de compraventas y de hipotecas en garantía de cualquier clase de obligación (artículo 82, párrafo quinto, de la Ley Hipotecaria) y

–  La cancelación de asientos relativos a derechos que tuviesen un plazo de vigencia para su ejercicio convenido por las partes, que es un plazo de caducidad (opción, retroventa, retracto convencional, es decir, derechos de modificación jurídica), regulado en el artículo 177 del Reglamento Hipotecario.

A las condiciones resolutorias pactadas en garantía de obligaciones distintas del pago del precio aplazado en las compraventas no se le puede aplicar ninguno de los artículos antes citados.

No obstante tras la entrada en vigor de la Ley 13/2015, de 24 de junio, de Reforma de la Ley Hipotecaria en la nueva redacción del artículo 210, en su regla octava, párrafo segundo, se establece que “las inscripciones de hipotecas, condiciones resolutorias y cualesquiera otras formas de garantía con efectos reales, cuando no conste en el Registro la fecha en que debió producirse el pago íntegro de la obligación garantizada, podrán igualmente cancelarse a instancia de cualquier interesado cuando hayan transcurrido veinte años desde la fecha del último asiento en que conste la reclamación de la obligación garantizada o, en su defecto, cuarenta años desde el último asiento relativo a la titularidad de la propia garantía”.

Este artículo introduce algunas importantes novedades respecto de lo previsto en el artículo 82, así:

  • La legitimación para pedir la cancelación se extiende a “cualquier interesado”.
  • Regula un auténtico régimen de caducidad de los asientos, al exigir que “hayan transcurrido veinte años desde la fecha del último asiento en que conste la reclamación de la obligación garantizada o, en su defecto, cuarenta años desde el último asiento relativo a la titularidad de la propia garantía”.
  • Tiene un ámbito mayor al referirse a hipotecas, condiciones resolutorias y cualesquiera otras formas de garantía con efectos reales, dentro de cuyo ámbito puede incluirse otras condiciones resolutorias.
  • No exige que el plazo de cumplimiento conste en el Registro

En el caso que nos ocupa para cancelar la condición resolutoria, no basta la mera manifestación hecha por un tercero de que ha desaparecido la causa material, sino que se requiere una escritura en la cual preste su consentimiento para la cancelación la persona a cuyo favor se hubiere hecho la inscripción o resolución judicial firme en que así se acuerde (artículos 1, 20 y 82 de la Ley Hipotecaria).

Tampoco sería posible cancelarla por prescripción o caducidad al no haberse pactado nada  en cuanto a una posible caducidad convencional de la misma, pero si se podría, conforme al artículo estudiado,  solicitarse la cancelación cuando hayan transcurrido veinte años desde la fecha del último asiento en que conste la reclamación de la obligación garantizada o, en su defecto, cuarenta años desde el último asiento relativo a la titularidad de la propia garantía, sin perjuicio, todo ello, de poder acudir a los procedimientos generales de los expedientes de liberación de cargas que regula el mismo artículo 210 de la Ley Hipotecaria en sus apartados anteriores.

Finalmente, y en cuanto a las alegaciones del recurrente relativas a la deficiente publicidad formal proporcionada por el Registro considera nuestro CD que el contenido de la información se ajustó a lo dispuesto por el artículo 354.2.a) del Reglamento Hipotecario en cuanto que señala que en la nota simple de información continuada se relacionarán “sintéticamente los datos esenciales de las cargas vivas que afecten a la finca”.

Comentarios: La norma del ya conocido artículo 82 de la ley es más restrictiva, puesto que la legitimación para pedir la cancelación la limita al “titular registral de cualquier derecho sobre la finca afectada”, tiene su fundamento en la figura de la prescripción y se aplica únicamente a hipotecas y condiciones resolutorias en garantía del precio aplazado y finalmente presupone que el plazo de cumplimiento conste en el Registro. En cambio el ámbito de aplicación del artículo 210.8 LH, es más amplio aunque tiene el gran inconveniente, sobre todo en casos como el examinado, de retrasar en el tiempo la cancelación de condiciones que del propio registro resulta que ya carecen de objeto. (MGV)

175. ACTA NOTARIAL DE DESAFECTACIÓN DE APARTAMENTOS. APROVECHAMIENTO POR TURNOS

Resolución de 19 de mayo de 2021, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación del registrador de la propiedad de Tías, por la que se deniega la inscripción de un acta de desafectación de alojamientos en régimen preexistente a la Ley 42/98 de 15 de diciembre de aprovechamiento por turno de bienes inmuebles en uso turístico. (JAR)

176. INMATRICULACIÓN POR TÍTULO DE DISOLUCIÓN DE COMUNIDAD. COINCIDENCIA CON FINCA YA INMATRICULADA

Resolución de 20 de mayo de 2021, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la negativa de la registradora de la propiedad de Sanlúcar la Mayor n.º 2 a inmatricular una finca en virtud de una escritura pública de extinción de condominio. (ER)

177.* INSCRIPCIÓN DE REPRESENTACIÓN GRÁFICA ALTERNATIVA. OPOSICIÓN DE AYUNTAMIENTO

Resolución de 20 de mayo de 2021, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación del registrador de la propiedad de Almería n.º 5, por la que se deniega la inscripción de una representación gráfica alternativa de una finca.

Resumen: Las dudas fundadas sobre una posible invasión del dominio público justifican la denegación de la inscripción de la representación gráfica alternativa a la catastral de una finca y la consecuente rectificación de su descripción.

Hechos: Mediante instancia con firma ratificada ante el registrador de la Propiedad, se solicita la inscripción de la representación gráfica alternativa a la catastral de una finca y la consecuente rectificación de su descripción, pasando de 472.784 metros cuadrados a 440.458, coincidente con la cabida que resulta de Catastro. En la finca consta inscrita una previa declaración de obra nueva de cinco almacenes, con las coordenadas de la porción de finca ocupada por tales edificaciones.

El registrador, una vez tramitado el expediente previsto en el artículo 199 de la Ley Hipotecaria, deniega la inscripción solicitada por oponerse a la inscripción el Ayuntamiento alegando que con la inscripción de la representación gráfica georreferenciada se produciría una invasión de terrenos comunales, aportándose planos del emplazamiento, documentación técnica, certificación del secretario del Ayuntamiento declarando el carácter comunal de los terrenos, planos georreferenciados y ortofotografía, así como una sentencia recaída en procedimiento declarativo de dominio entablada por el ahora recurrente y que fue desestimada. Igualmente señala el registrador que, superpuesta la representación gráfica alternativa sobre la cartografía catastral, se observa la invasión de dichos terrenos.

El interesado recurre alegando:

Que no se ha instado por el Ayuntamiento el oportuno expediente de deslinde de los terrenos comunales. También señala un posible incumplimiento de la Ley de Procedimiento Administrativo por parte del Ayuntamiento, puesto que el informe emitido por la Administración municipal debe ir firmado por técnico y sellado por la Administración, debiéndose someter a trámite de información pública; que el Ayuntamiento no es titular de ninguna parcela colindante, por lo que sus alegaciones no deberían ser tenidas en cuenta en el procedimiento; que no se ha seguido el correspondiente procedimiento expropiatorio que justifique la privación de su propiedad; y la falta de resolución recaída en el correspondiente procedimiento administrativo que sirva de fundamento jurídico a la actuación municipal.

Resolución: La Dirección General desestima el recurso y confirma la nota de calificación del registrador.

Doctrina: Con carácter previo se pronuncia la DG sobre la manifestación hecha por el recurrente relativa a “que no se le ha dado traslado del contenido del escrito de oposición y de la documentación que lo acompaña” a lo que responde que el artículo 199, no contiene ninguna previsión sobre la necesidad de dar traslado de las alegaciones de los colindantes en el curso del procedimiento al promotor del expediente; esto no obstante el artículo 342 del Reglamento Hipotecario dispone que «también podrán expedir los Registradores, a petición de los interesados, certificaciones de los documentos que conserven en su archivo y respecto de los cuales puedan considerarse como sus archiveros naturales», documentos entre los que se encuentran los incorporados a la tramitación del expediente que estudiamos, que se ve limitada a los efectos informativos que se desprenden de los citados preceptos, y sin que se pueda traducir en nuevos trámites no contemplados en la ley que supongan sucesivas intervenciones de los interesados, derivándolo en una suerte de procedimiento contencioso que desvirtuaría su naturaleza.

Tras esto, reitera su doctrina relativa a la inscripción de representaciones gráficas que se sintetiza del siguiente modo:

a) El registrador debe calificar en todo caso la existencia o no de dudas en la identidad de la finca, que pueden referirse a que la representación gráfica de la finca coincida en todo o parte con otra base gráfica inscrita o con el dominio público, a la posible invasión de fincas colindantes inmatriculadas o a que se encubriese un negocio traslativo u operaciones de modificación de entidad hipotecaria (cfr. artículos 9, 199 y 201 de la Ley Hipotecaria).

b) A tal efecto el registrador podrá utilizar, con carácter meramente auxiliar, las representaciones gráficas disponibles, que le permitan averiguar las características topográficas de la finca y su línea poligonal de delimitación, para lo que podrá acudirse a la aplicación informática prevista en dicha norma y homologada en la Resolución de esta Dirección General de 2 de agosto de 2016, así como acceder a la cartografía catastral, actual e histórica, disponible en la Sede Electrónica del Catastro.

c)  Dado que, con anterioridad a la reforma, las fincas accedían al registro sin que se inscribiese su representación gráfica georreferenciada, puede conllevar una cierta imprecisión a la hora de determinar la coincidencia de la representación gráfica con otras fincas inmatriculadas con anterioridad a dicha norma.

d) El registrador, a la vista de las alegaciones efectuadas en el procedimiento, debe decidir motivadamente según su prudente criterio, teniendo en cuenta que “la mera oposición de quien no haya acreditado ser titular registral de la finca o de cualquiera de las registrales colindantes determine necesariamente la denegación de la inscripción”, lo que no quiere decir que no sea tenidas en cuenta para formar el juicio del registrador.

e) El juicio de identidad de la finca por parte del registrador, debe estar motivado y fundado en criterios objetivos y razonados, sin que basten expresiones genéricas o remitirse a la mera oposición no documentada de un colindante.

A continuación, expone la obligación legal que tienen los registradores de impedir la práctica de inscripciones que puedan invadir el dominio público y tal protección no se limita exclusivamente a lo que ya consta inscrito, sino que también se hace extensiva al dominio público no inscrito, incluso al no deslindado formalmente, pero de cuya existencia tenga indicios suficientes el registrador y con el que pudiera llegar a colisionar alguna pretensión de inscripción.

Tras la Ley 13/2015, de 24 de junio, de Reforma de la Ley Hipotecaria, al dar nueva redacción a diversos artículos de la Ley Hipotecaria, prevé que, en todo caso el registrador tratará de evitar la inscripción de nuevas fincas, o de la representación gráfica georreferenciada de fincas ya inmatriculadas, cuando tuviera dudas fundadas sobre la posible invasión del dominio público.

Y proporciona a los registradores los medios técnicos auxiliares que les permitan conocer la ubicación y delimitación del dominio público, incluso no inmatriculado.

De este modo se asienta el principio general, ya vigente con antes de la ley citada, “de que los registradores deben evitar practicar inscripciones de bienes de propiedad privada que invadan en todo o en parte bienes de dominio público, inmatriculado o no, pues el dominio público, por la inalienabilidad que le define, supone, precisamente, la exclusión de la posibilidad de existencia de derechos privados sobre esa concreta porción del territorio catalogada como demanial”.

En el presente caso, la DG confirma la calificación a la vista del informe municipal, “pues dados los términos del pronunciamiento no puede procederse a la inscripción, sin perjuicio de que por el interesado se ejerciten los recursos o actuaciones correspondientes ante dicha autoridad municipal o incluso judicial para instar la rectificación de la resolución dictada”. Y sin que “el procedimiento para la inscripción de la representación gráfica o el recurso contra la calificación sea el adecuado para contender acerca del contenido de dicha resolución municipal”.

Asimismo, no toma en consideración la alegación del recurrente relativa a que el Ayuntamiento no debería haber sido parte en el procedimiento por no ostentar la condición de colindante, puesto que la actuación del registrador de la Propiedad está presidida por el principio de legalidad, concluyendo que fue correcta su actuación al tomar en consideración las alegaciones de la Administración Pública a fin de preservar el dominio público de una posible invasión.

Comentarios: Los registradores  ante el carácter  inalienable, imprescriptible e inembargable del dominio publico han de colaborar en su protección, defensa y administración, para lo que es conveniente que las Administraciones Públicas cumplan el mandato legal de inmatricular o inscribir sus bienes en el Registro de la Propiedad (artículos 3683 y disposición transitoria quinta de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas), “para que puedan gozar de la máxima protección posible, pues la calificación registral tratará por todos los medios a su alcance de impedir en lo sucesivo ulteriores dobles inmatriculaciones, ni siquiera parciales, que pudieran invadir el dominio público ya inscrito”. (MGV)

178.* CANCELACIÓN DE HIPOTECA UNILATERAL. REQUERIMIENTO AL ACREEDOR.

Resolución de 21 de mayo de 2021, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la calificación de la registradora de la propiedad de Pineda de Mar, por la que se suspende la inscripción de una escritura de cancelación de garantía hipotecaria con requerimiento al acreedor.

Resumen: Resolución muy del caso concreto. Si se envía una copia simple de una escritura de cancelación de una hipoteca unilateral en la que se intima al acreedor, que no ha aceptado la hipoteca previamente, para que la acepte en el plazo de 2 meses con la advertencia oportuna y transcurre dicho plazo sin aceptar es posible solicitar la cancelación registral.

Hechos: Consta constituida una hipoteca unilateral a favor de la Agencia Tributaria Catalana, que no ha sido aceptada. Ahora el propietario de la finca hipotecada la cancela ante notario y requiere a dicho organismo para que acepte la hipoteca en dos meses con la advertencia de que en otro caso solicitará la cancelación registral, requerimiento que se envía notarialmente por carta certificada con acuse de recibo. Han pasado más de dos meses sin respuesta

La registradora considera que no está bien practicada la notificación a la Agencia Tributaria Catalana pues en realidad se le requiere para que cancele y no se le advierte de las consecuencias de la falta de aceptación de la hipoteca en los dos meses siguientes.

El notario autorizante recurre y alega que lo que se ha enviado no es una mera copia simple, sino una verdadera notificación, con plazo para contestar, y que en el cuerpo de la escritura está subrayado que si no consta la aceptación en el plazo de dos meses se solicitará la cancelación registral.

La DG  estima el recurso.

Doctrina: En el presente caso se ha cumplido la advertencia específica y todo lo demás previsto por el artículo 141 de la Ley Hipotecaría y la doctrina del Centro Directivo en los términos exigidos como garantía para el acreedor. (AFS)

179.** PODER Y JUICIO DE SUFICIENCIA DEL NOTARIO EXTRANJERO. PRUEBA DEL DERECHO EXTRANJERO.

Resolución de 24 de mayo de 2021, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador de la propiedad de Amposta n.º 1 a inscribir una escritura de ratificación de extinción de condominio.

Resumen: Cuando en un negocio jurídico relativo a bienes inmuebles en España otorgado ante notario extranjero se actúa con un poder, el notario extranjero tiene que emitir un juicio de suficiencia equivalente al que emitiría el notario español. El derecho extranjero alegado hay que probarlo adecuadamente.

Hechos:  En 2009 se otorga ante notario una escritura de disolución de comunidad de una finca por los tres comuneros en Países Bajos. Posteriormente, varios años después, dos de las tres comuneros, actuando también en nombre del tercer comunero con un poder irrevocable, ratifican esa escritura de disolución de comunidad ante notario holandés que emite un juicio de suficiencia.

El registrador encuentra varios defectos, pues el notario holandés no da fe de la suficiencia de las facultades del apoderado; no se acredita el régimen matrimonial con las esposas pues estaban casados cuando lo adquirieron, y, en su caso, si tienen que consentir éstas; no se aporta el título previo ratificado; y finalmente no se acredita que los otorgantes actúen en su condición de empresarios o profesionales, según manifestaron.

El interesado recurre y alega que la legislación holandesa es igual que la española, por lo que se trata de un poder notarial en el que el notario juzga la capacidad. Respecto del consentimiento de las esposas, el artículo 88 del código Civil holandés ha de entenderse referido a la versión anterior a la vigente de 29 de enero de 2019, certificando el notario que no es necesario aportar la escritura de 14 de julio de 2009, en cuanto los titulares actuales tienen poder de disposición .

La DG desestima el recurso

Doctrina: Comienza por recordar que no resulta aplicable el Reglamento (CE) 593/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de junio, sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales, en cuanto su artículo 1.2.g) excluye de su ámbito (además de los supuestos de representación orgánica), la posibilidad para un intermediario de obligar frente a terceros a la persona por cuya cuenta pretende actuar, que estará asimismo excluida su representación documental

El juicio de suficiencia realizado por el notario de Países Bajos, debe de ser equivalente al exigido a un notario español, pues es aplicable a la representación la normativa española al referirse a un inmueble situado en nuestro país (artículo 10.11 del Código Civil)

En este caso el juicio de suficiencia no puede ser considerado equivalente, en cuanto como resulta del mismo instrumento lo es a los efectos del Derecho de aquel país, no siendo allí donde la representación surte sus efectos sino en España, lugar de situación del inmueble y de la autoridad del Registro.

Respecto de los restantes defectos, no se prueba el derecho extranjero alegado. (AFS)

181. COMPRAVENTA Y OPCIÓN DE COMPRA SOBRE APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS

Resolución de 25 de mayo de 2021, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la calificación de la registradora de la propiedad de Burjassot, por la que se suspende la inscripción de una escritura de compraventa y opción de compra de aprovechamientos urbanísticos. (ER)

182. OBRA NUEVA. LICENCIA DE PRIMERA OCUPACIÓN O DECLARACIÓN RESPONSABLE

Resolución de 25 de mayo de 2021, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la negativa de la registradora de la propiedad interina de Navalcarnero n.º 1, por la que se suspende la inscripción de una escritura de declaración de obra nueva. (AFS)

184. DERECHO DE TRANSMISIÓN. INTERVENCIÓN DEL CÓNYUGE VIUDO DEL TRANSMITENTE

Resolución de 26 de mayo de 2021, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la calificación del registrador de la propiedad de Cieza n.º 2, por la que se suspende la inscripción de una escritura de aceptación y adjudicación de herencias. (JAR)

185. EXTINCIÓN DE CONDOMINIO EN CONVENIO REGULADOR

Resolución de 26 de mayo de 2021, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la negativa de la registradora de la propiedad interina de Torrent n.º 1 a inscribir un testimonio de un decreto expedido por letrado de la Administración de Justicia por el que se aprueba un acuerdo de liquidación de sociedad de gananciales. (ACM)

186. EJERCICIO DE CONDICIÓN RESOLUTORIA. REINSCRIPCIÓN

Resolución de 26 de mayo de 2021, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador de la propiedad de Caravaca de la Cruz a practicar la reinscripción de dos fincas como consecuencia del ejercicio de una condición resolutoria. (MGV)

187. DACIÓN EN PAGO DE DEUDA A FAVOR DE COMUNIDAD DE PROPIETARIOS

Resolución de 27 de mayo de 2021, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la calificación del registrador de la propiedad de Palma de Mallorca n.º 6, por la que se deniega la inscripción de una escritura de dación en pago de deuda. (ER)

188. ANOTACIÓN PREVENTIVA DE DEMANDA DE INCAPACITACIÓN

Resolución de 27 de mayo de 2021, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación del registrador de la propiedad de Illescas n.º 1, por la que se suspende la anotación de un mandamiento judicial, ordenándose la práctica de una anotación preventiva de demanda. (ER)

189. ANOTACIÓN DE EMBARGO. TRACTO SUCESIVO

Resolución de 27 de mayo de 2021, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación del registrador de la propiedad de Cuenca, por la que se suspende la práctica de una anotación preventiva de embargo. (MGV)

191.** EJECUCIÓN DE EMBARGO SIN CONSTAR NOTA MARGINAL DE EXPEDICIÓN DE CERTIFICACIÓN DE CARGAS. CANCELACIÓN DE CARGAS POSTERIORES.

Resolución de 31 de mayo de 2021, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación del registrador de la propiedad de Almería n.º 3, por la que se suspende la inscripción de decreto de adjudicación y mandamiento de cancelación de cargas en procedimiento de ejecución de títulos judiciales.

Resumen: En una ejecución de un embargo, respecto del cual no consta en el registro haberse expedido la certificación de cargas, es posible inscribir la adjudicación de la finca y la cancelación de la anotación ejecutada, pero no la cancelación de las cargas posteriores, para cuya cancelación no bastará una expresión genérica sino que deberán señalarse de forma individual cada una de las cargas que deben ser canceladas.

Hechos: Se trata de un decreto de adjudicación, por el que se adjudicaba al ejecutante la finca registral embargada y se decretaba la cancelación de la anotación de embargo. En dicho decreto constaba que se había aportado la “certificación registral prevista en el artículo 656 de la Ley 1/2.000, de Enjuiciamiento Civil, constando asimismo haberse realizado las notificaciones a que se refiere el artículo 659 de dicha Ley”, y además “en el anuncio de la subasta pública se hizo constar que la certificación registral estaba de manifiesto en la Secretaría del Juzgado”.

Con posterioridad al embargo ejecutado consta inscrita una hipoteca y diez embargos.

El registrador suspende la inscripción y cancelación por los siguientes motivos:

1) La finca no se describe en la forma legalmente prevista… Es defecto no recurrido.

2) Aunque en el decreto consta que se aportó la certificación y se realizaron las notificaciones pertinentes y que la certificación registral estaba de manifiesto en la Secretaría del Juzgado, “del Registro no resulta haberse expedido dicha certificación y sin que al margen de la anotación preventiva de embargo letra E -que es la que motiva el procedimiento- se dejara constancia de su expedición por nota a su margen”.

Por ello, al tiempo que pide la aclaración de dichas circunstancias, añade que sólo se ordena la cancelación de la anotación ejecutada y no de las cargas posteriores.

Como fundamentos de derecho cita los artículos 656, 659, 660, 670.8, 673 y 674 y concordantes de la LEC, artículo 100 y 172.2 del Reglamento Hipotecario y diversa doctrina de la DG sobre la calificación de los documentos judiciales.

El interesado recurrente alega la resolución de la DGRN de 25 noviembre 2002, sobre el carácter no esencial de la certificación de cargas salvo respecto de los titulares de segundas hipotecas constituidas durante la yacencia de la primera, cuando se ejecuta ésta. Es decir que en la ejecución de un embargo es la misma anotación la que advierte a los titulares de cargas posteriores, la concreta situación jurídico-real del bien adquirido, y es a ellos a quienes incumbe estar alerta para intervenir en las actuaciones de ejecución.

Resolución: La DG revoca la nota de calificación, con las observaciones que ahora veremos.

Doctrina:  Lo que se plantea en este recurso es la posibilidad de inscribir una adjudicación y cancelación de cargas en una ejecución cuando no consta en el registro haberse expedido la certificación de cargas y por tanto tampoco consta haberse realizado las notificaciones pertinentes a los a los titulares registrales posteriores.

Constata la DG que, en el decreto de adjudicación, como hemos visto, constan unas circunstancias que son contradichas por el registro. Por ello apunta que sería deseable una aclaración sobre ello, pero “con independencia de las aclaraciones que pudieran darse, debe partirse de la situación registral existente”.

Sobre ello confirma la DG que “a diferencia de lo que ocurre en la ejecución hipotecaria, en el procedimiento ejecutivo no es esencial la certificación de cargas”. Hace un estudio de la evolución legislativa en este punto constatando que, a diferencia del caso de ejecución de una hipoteca, en el caso de los embargos la notificación a los titulares de cargas posteriores “carece de verdadero fundamento, pues la anotación del embargo ya advierte a aquéllos de la muy probable e inminente ejecución y de la fragilidad de su derecho…”. Por ello “tratándose de derechos adquiridos sobre el bien a ejecutar cuando ya consta en el Registro la anotación de embargo, habrá de entenderse que tales comunicaciones constituyen simplemente una forma activa e individualizada de publicidad registral”. Y “es más, si inscribieron su derecho, conforme al artículo 434.3.º del Reglamento Hipotecario, en la nota de despacho de su título se les habrá advertido de la existencia del embargo anotado”. Por tanto, ningún inconveniente existe para inscribir la ejecución y la cancelación de la anotación ejecutada.

Pero respecto de las cargas posteriores, cuya cancelación no se ordena de forma expresa en el mandamiento,   para su cancelación será necesario “la identificación suficiente de los asientos a los que se refieren los mandamientos judiciales cancelatorios, de acuerdo con el principio de especialidad registral, no siendo suficientes a estos efectos expresiones genéricas o indeterminadas que además de no cumplir los requisitos de claridad y determinación de acuerdo con las exigencias legales y reglamentarias, no permiten conocer exactamente el ámbito, extensión y alcance de la cancelación ordenada”. Es cierto que de dicha exigencia se excluyen los asientos posteriores a la nota marginal de expedición de la certificación, pero dado que “en este caso, como hemos visto, no consta dicha nota de expedición de certificación, (…) será necesario que el mandamiento cancelatorio no solo ordene cancelar de manera genérica las inscripciones y anotaciones posteriores al gravamen que se ejecuta, sino que también identifique las concretas inscripciones y anotaciones que han de ser canceladas”.

Termina diciendo que como, a diferencia de la ejecución hipotecaria, no se exige la presentación y despacho simultáneo de la adjudicación y de la cancelación de las cargas posteriores, procede inscribir, como se ha dicho, la adjudicación, aunque no se presente el mandamiento cancelatorio.

Comentario: Curioso caso el que plantea esta resolución, que, aunque infrecuente se da algunas veces para calamidad y desventura del ejecutante. Aunque al faltar el informe del juzgado no se sabe la causa de la falta de petición de la certificación de cargas, lo cierto es que en el registro no consta, sin que el recurrente alegue nada sobre ello, ante lo cual la DG opta por dar prioridad a los asientos registrales sobre lo que se dice en el mandamiento. El final de esta historia será complicado, pues si no hubo certificación ni por tanto tampoco notificación, los titulares de cargas posteriores, aunque el procedimiento no sea nulo, podrán exigir la tutela de sus derechos, aunque la anotación previa les sirva de aviso de la fragilidad de los mismos.  En definitiva, se ha producido una infracción procesal que sin duda provocará problemas para el ejecutante en orden a conseguir la cancelación de cargas posteriores. (MGV)

192. COMPRAVENTA INTERVINIENDO TUTOR CON JUICIO DE SUFICIENCIA SIN INSERTAR LA AUTORIZACIÓN PARA ENAJENAR

Resolución de 1 de junio de 2021, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la negativa de la registradora de la propiedad de Málaga n.º 13 a inscribir una escritura de compraventa. (IES)

194. SENTENCIA DECLARATIVA DE ADQUISICIÓN DEL DOMINIO POR PRESCRIPCIÓN. TRACTO SUCESIVO

Resolución de 1 de junio de 2021, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación negativa emitida por el registrador de la propiedad de Barcelona n.º 17, por la que se deniega la inscripción de un mandamiento judicial. (MN)

195. INSCRIPCIÓN DE REPRESENTACIÓN GRÁFICA ALTERNATIVA DE FINCA DISCONTINUA

Resolución de 1 de junio de 2021, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación del registrador de la propiedad de Villajoyosa n.º 2, por la que se deniega la inscripción de una representación gráfica alternativa de una finca y consiguiente rectificación de su descripción. (MN)

196. EJECUCIÓN JUDICIAL HIPOTECARIA. DEMANDA Y REQUERIMIENTO DE PAGO AL TERCERO POSEEDOR

Resolución de 2 de junio de 2021, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la negativa de la registradora de la propiedad de Pedreguer a inscribir un testimonio de un decreto de adjudicación y el correspondiente mandamiento de cancelación dictado en un procedimiento de ejecución hipotecaria. (MN)

197. INMATRICULACIÓN ART 205 LH SIN EL TRANSCURSO DEL AÑO ENTRE TÍTULO PREVIO Y TÍTULO INMATRICULADOR

Resolución de 2 de junio de 2021, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación de la registradora de la propiedad de Chinchilla de Monte-Aragón, por la que se suspende la inscripción de una inmatriculación. (MN)

198. HERENCIA. RECTIFICACIÓN

Resolución de 3 de junio de 2021, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la calificación de la registradora de la propiedad interina de Alicante n.º 7, por la que se suspende la inscripción de una escritura de adjudicación de herencia. (JAR)

199. INMATRICULACIÓN MEDIANTE APORTACIÓN DE GANANCIALES PREVIA HERENCIA OTORGADA EL MISMO DÍA

Resolución de 3 de junio de 2021, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación de la registradora de la propiedad de Cambados, por la que deniega la inmatriculación de una finca. (AFS)

200. RECTIFICACIÓN DE INSCRIPCIÓN DE HERENCIA

Resolución de 3 de junio de 2021, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación del registrador de la propiedad accidental de Motril n.º 1, por la que se suspende la rectificación de una inscripción en virtud de una escritura de herencia acompañada por dos actas de subsanación. (JAR)

 

RESOLUCIONES MERCANTIL
167.*** ANOTACIÓN PREVENTIVA DE COMPLEMENTO DE CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL. NOTIFICACIÓN POR CORREO ELECTRÓNICO.

Resolución de 17 de mayo de 2021, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador mercantil XI de Madrid a practicar la anotación preventiva de la solicitud de un complemento a la convocatoria de la junta general de una sociedad. 

Resumen: Para la extensión de la anotación preventiva de solicitud de complemento de convocatoria, es inexcusable que la notificación fehaciente a la sociedad lo sea en su domicilio y en el plazo exigido. Si esa notificación se hace por correo electrónico el mismo debe ser intervenido por una entidad de certificación utilizando firma electrónica, de forma que pueda acreditarse tanto la recepción como su fecha.

Hechos: El problema de que trata esta resolución está relacionado con una solicitud de anotación preventiva de complemento de convocatoria de junta general de una sociedad anónima.

Se solicita por medio de un acta de manifestaciones de 15/10/2020, ante notario, de la que resulta lo siguiente:

– El día 21 de septiembre de 2020 se publicó en el «Boletín Oficial del Registro Mercantil» la convocatoria de junta de la sociedad.

– La solicitante cuenta con el 13,383% del capital social.

– La solicitud del complemento del orden del día, conforme al artículo 172 de la Ley de Sociedades de Capital, se hizo mediante correo electrónico y burofax enviados el día 25 de septiembre de 2020 a la cuenta del representante persona física del administrador único.

– Del email se tiene el pertinente acuse de recibo por parte de la cuenta destinataria.

 – También se mandó un burofax en el Servicio de Correos el mismo día que se recibió por su destinatario el 28 de septiembre, lunes, dado que el 26, sábado, las oficinas de la sociedad estaban cerradas.

– El complemento de convocatoria no se ha publicado en el «Boletín Oficial del Registro Mercantil».

– Por ello, conforme al artículo 104 del Reglamento del Registro Mercantil solicita «la anotación preventiva de la solicitud de publicación de un complemento a la convocatoria de Junta, con cierre del registro a los acuerdos adoptados en la Junta general” convocada.

El registrador suspende la práctica de la anotación por no acreditarse haberse recibido en plazo en el domicilio social la notificación fehaciente de solicitud de complemento de convocatoria.

A continuación, fundamenta su decisión:

– Según el artículo 172 de la Ley de Sociedades de Capital la petición de complemento de convocatoria debe hacerse mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la convocatoria.

– Lo mismo resulta del artículo 104 del Reglamento del Registro Mercantil.

– La notificación se hizo por burofax enviado el día 25 de septiembre de 2020 y recibido en el domicilio social el día 28 del mismo mes, por lo que se encuentra fuera del plazo de 5 días señalado.

 – También resulta que se envió un correo electrónico el día 25 de septiembre que consta fue leído el mismo día. “Sin embargo, no consta que dicho correo haya sido validado por un Prestador de Servicios de Certificación Electrónica que certifique la emisión efectiva de la comunicación y el momento exacto, de la recepción del mensaje, así como la integridad del contenido y la autenticidad del mismo”. Así resulta del auto del Tribunal Supremo de 21 de marzo de 2013 Recurso 855/2010 que “establece la necesidad de que intervenga en la comunicación/notificación un Prestador de Servicios de Certificación para considerar su fehaciencia frente al correo normal; y en el mismo sentido el Reglamento Europeo 910/2014 relativo a la Identificación Electrónica y los Servicios de Confianza para las transacciones electrónicas en el mercado interior”. Por su parte la DGRN en resolución de 28 de octubre de 2014 considera también necesaria la firma electrónica del correo en un supuesto de convocatoria de Junta General.

Para subsanar el defecto referido al correo electrónico se presenta una instancia, acompañada de un acta notarial con una diligencia en la que consta un informe pericial informático en el que se manifestaba, que el correo electrónico enviado fue leído el mismo día 25 de septiembre, constando en el mismo el ejercicio del derecho a solicitar y publicar complemento de la convocatoria, “habiéndose acreditado, igualmente, su autenticidad y la integridad de su contenido”.

Esta diligencia, recibe la siguiente calificación:

Reitera la previa calificación pues en el acta nada se dice de la notificación realizada por burofax y en cuanto a la realizada por email, no resulta que haya sido practicada la notificación fehaciente en el domicilio social de la solicitud de complemento de convocatoria “al no acreditarse que los correos electrónicos hayan sido validados por un Prestador de Servicios de Certificación Electrónica, sin perjuicio del valor probatorio que pudiera tener en correspondiente procedimiento seguido ante los Órganos Jurisdiccionales correspondientes”.

La solicitante recurre. Sobre el burofax dice que es hecho notorio que la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos no tiene servicio de reparto de correspondencia los sábados, sean o no festivos. Por eso está fuera de plazo.

Y sobre el correo electrónico que del informe adjuntado resulta que el correo electrónico “fue recibido y abierto desde la cuenta de correo de D. J. C. A., con el consiguiente envío automático de un correo electrónico de confirmación de lectura, por parte de su sistema de gestión de correos.” Y que las cabeceras de dichos correos provienen del dominio de la sociedad notificada. Y cita la sentencia del Tribunal Supremo de fecha 24 de Noviembre de 2.016 de donde resulta que la notificación del artículo 172 de la LSC no es “sino un medio al servicio del verdadero fin, que no es otro que asegurar la efectividad del derecho de la minoría al complemento de convocatoria”.

Resolución: La DG confirma la nota de calificación.

Doctrina: Centra el problema en si es posible que la notificación de la petición de un complemento de convocatoria realizado por “email” dentro de plazo y por burofax recibido fuera de plazo, son suficientes a los efectos de la toma de la anotación preventiva prescrita en el art. 104 del RRM.

Comienza haciendo referencia a la Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 31 de enero de 2018 de la que de forma muy extractada resulta la siguiente doctrina:

  • La petición de complemento de convocatoria debe ajustarse a los requisitos de tiempo y forma legales.
  • Es una medida protectora de la minoría.
  • Es un acto debido para los administradores.
  • Su incumplimiento acarrea responsabilidad.
  • Pese a ser un acto debido su publicación no es automática.
  • Los administradores deben realizar una función de filtro, tanto del cumplimiento de los requisitos legales, como de los puntos del orden del día solicitados.
  • Pueden incurrir en responsabilidad si no realizan esa labor de filtro.
  • Los administradores están obligados a valorar la solicitud, emitir su opinión y decidir sobre su procedencia.
  • Por ello, tanto el socio como la sociedad deben ser especialmente diligentes, “tanto para llevar a cabo la solicitud como para darle respuesta”.

Dejando aparte la notificación realizada por burofax, recibida claramente fuera de plazo, respecto del correo electrónico lo que se plantea es si su único medio de prueba de envío y recepción es la que se establece por medio de un “prestador de servicios de certificación” o son admisibles otros medios de prueba como sostiene el recurrente.

A este respecto el CD cita la sentencia de la Audiencia Provincial de Vizcaya, Sección Cuarta, de 30 de diciembre de 2013, que considera que «notificación fehaciente» a efectos del artículo 172 de la Ley de Sociedades de Capital es aquella que se lleva “a cabo a través de un modo de comunicación hábil para asegurar la recepción por parte del interesado o, cuando menos, que el interesado se encontraba en situación para tener conocimiento de la comunicación normalmente”. Y que la notificación debe recibirse en el domicilio social.

Por su parte la Sentencia del Tribunal Supremo de 24 de noviembre de 2016, en sede del artículo 172 de la Ley de Sociedades de Capital, “admitió como válida la notificación efectuada en la sede principal de negocios de la sociedad y no en su domicilio social, pero en base a la doctrina de la imposibilidad de ir contra los propios actos, porque la sociedad había admitido como válidas, previamente, notificaciones efectuadas en dicha sede, es decir, basándose en la apreciación de la prueba practicada”.

Esta posibilidad de que el registrador aprecie determinadas pruebas y la diferencia entre autenticidad y fehaciencia, fue abordada en la resolución de la DGRN de 2 de enero y 6 de noviembre de 2019, no admitiendo que en una convocatoria de junta, sustituir el correo certificado, por una comunicación realizada por un servicio de mensajería, pues sólo las notificaciones realizadas por el servicio postal universal (“Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A.”), gozan de “la presunción de veracidad y fehaciencia en la distribución, entrega y recepción o rehúse o imposibilidad de entrega (…), tanto las realizadas por medios físicos, como telemáticos”. Y ello sin perjuicio de que otros operadores distintos al operador postal universal puedan llevar a cabo válidamente la notificación de actos administrativos, pero ellos “no disfrutan del efecto reforzado que establece la norma en cuanto a la fehaciencia que la ley otorga a la notificación efectuada por el operador que presta el servicio postal universal…”. Pero estas notificaciones se rigen “por las normas de Derecho privado en lo referido a su valor probatorio”.

 Por todo ello considera que en el caso examinado la notificación por correo electrónico se encuadra en el ámbito del derecho privado. Por consiguiente y debido a que notarios y registradores se mueven en ámbitos distintos a los de la administración de justicia, pues carecen del “imperium” de que esta está dotada, es muy difícil de que puedan entrar a valorar determinadas pruebas que carecen del plus que proporciona la fehaciencia. Es decir es muy difícil que el registrador pueda apreciar determinada prueba “más teniendo en cuenta que la sociedad no ha sido parte en este expediente”. A ello se añade “los efectos que se producirían de practicarse la anotación, ya que conllevaría la consideración por el registrador de la junta como nula, conforme a los artículos 172 de la Ley de Sociedades de Capital y 104 del Reglamento del Registro Mercantil, al no haberse publicado el complemento de convocatoria, y la posibilidad de impugnar los acuerdos adoptados en esa junta general en vía judicial conforme al artículo 204 de la Ley de Sociedades de Capital, determinan que se confirme la nota de calificación”.

Comentario: La solución adoptada por nuestra DG en esta cuestión es conforme con la trascendencia que la LSC otorga a la publicación del complemento de convocatoria. Por tanto, la notificación de su ejercicio debe ser fehaciente, normalmente por medio de notario o burofax del Servicio Oficial de Correos, y si se quiere hacer, por su inmediatez, vía correo electrónico, este debe ser intervenido por un prestador de servicios de certificación para darle la autenticidad y fehaciencia necesaria. Y ello sin perjuicio de que puedan utilizarse en el caso del email otros medios de prueba, pero estos son de imposible apreciación por el registrador y deben reservarse a los órganos jurisdiccionales competentes. (JAGV)

168.** REDUCCIÓN DE CAPITAL POR PÉRDIDAS. VERIFICACIÓN DEL BALANCE POR AUDITOR DE CUENTAS.

Resolución de 17 de mayo de 2021, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador mercantil y de bienes muebles de León a practicar la inscripción de una escritura de reducción de capital social.

Resumen: En una reducción del capital por pérdidas, sólo puede evitarse el informe del auditor sobre el balance, si la situación del capital tras la operación es idéntica o superior a la existente antes de la reducción, debiendo ser las aportaciones realizadas a la cuenta de capital y no a la cuenta de aportaciones de los socios.

Hechos: En junta general universal de una sociedad limitada, se toma un acuerdo de reducir el capital social a 3.000 euros por pérdidas, previa cancelación de todas las reservas existentes.

El registrador suspende la inscripción por no figurar el balance aprobado por la junta general para la reducción verificado por el auditor de cuentas de la sociedad “si estuviera obligada a auditar las cuentas, y si no lo estuviera, por un auditor nombrado por los administradores de la sociedad, y cuyo informe tampoco se incorpora en la escritura presentada (art. 323 LSC)”.

Se hace una diligencia subsanatoria, mediante la que se incorpora una nueva certificación para hacer constar que, en la misma junta general …, “se acordó por unanimidad efectuar una aportación directa a fondos propios de la sociedad para compensar pérdidas”, y se declara que el Balance no está verificado por el auditor de cuentas, pues se trata de una sociedad limitada “en la que no existe derecho de oposición de acreedores ante esta operación de reducción de capital y simultánea aportación directa a los fondos propios, que se reequilibran –saneando la Sociedad–».

El registrador ante ello reitera su calificación de que el balance tiene que estar verificado y unido su informe a la vista de que “la cifra de capital social resultante de la operación formalizada es inferior a la inicial en perjuicio de los acreedores (art. 323 LSC y, entre otras resoluciones, las RDGRN de 2 de marzo de 2011 y RDGSJFP de 27 de febrero de 2019).

La sociedad recurre. Alega que si bien el art. 323 de la LSC exige con claridad la verificación del balance la propia DGRN en su resolución de 18/12/2012, admite su no verificación si el acuerdo se toma por unanimidad por todos los socios y la situación final en cuanto al capital de la sociedad es igual o superior que antes de la reducción. Y aunque la aportación se hace a la cuenta 118 como «aportaciones de socios», estas aportaciones  únicamente “podrán destinarse a fondos propios no siendo reintegrables a los socios”.

Resolución: La DG confirma la calificación.

Doctrina:  Para la DG las medidas protectoras de los acreedores en las reducciones de capital que exigen la verificación del balance “sólo tiene sentido en la medida en que los intereses de socios y acreedores se encuentren en situación de sufrir un perjuicio. Por el contrario, si dadas las circunstancias de hecho no existe un interés protegible, decae la exigencia de verificación”.

Respecto de la protección de acreedores la Dirección General “ha entendido que para que pueda acceder al Registro la reducción de capital por pérdidas sin que el balance aprobado haya sido objeto de verificación y por tanto sin que se haya verificado la concurrencia de los datos de hecho que lo justifiquen, es imprescindible que, al menos, la situación resultante del conjunto de las operaciones cuya inscripción se solicita sea neutra para los intereses de los acreedores, algo que sólo se produce si la reducción por pérdidas viene acompañada de un sucesivo e inmediato aumento de capital a cargo de nuevas aportaciones o por compensación de créditos que iguale o supere la cifra de capital inicial”.

Pero en el caso examinado el capital final resultante es inferior al inicial y por lo tanto no cumple con la función de garantía que le corresponde, por lo que sigue siendo necesaria la verificación del balance.

Y sobre la cuenta 118 dice que es “aquel negocio jurídico traslativo del dominio por virtud del cual uno o varios socios aportan dinero, bienes o derechos a los fondos propios de una sociedad sin contraprestación”. Hoy día el uso de estas aportaciones  se pueden hacer no solo para compensar pérdidas sino también “para mejorar la liquidez de la sociedad, para financiar nuevos proyectos, o para restablecer el equilibrio patrimonial”. Por tantos e trata de una reserva disponible “y se atenderá a las reglas generales y limitaciones previstas en el ámbito mercantil para la distribución de beneficios”. En definitiva, que no cumplen la función de garantía del capital social.

Comentario: Sólo reiterar lo que hemos señalado en nuestro resumen. Para evitar la verificación del balance en una reducción de capital por pérdidas, el único medio utilizable es el del aumento de capital en una cuantía al menos para alcanzar el anterior capital, aunque este aumento no es necesario que se haga exclusivamente con aportaciones dinerarias, sino que se pueden utilizar aportaciones no dinerarias e incluso compensación de créditos contra la sociedad. Lo importante es que los acreedores no pierdan garantías.(JAGV)

169.*** DERECHO DE ADQUISICIÓN PREFERENTE EN TRANSMISIONES FORZOSAS. EXCLUSIÓN DE SOCIOS POR EMBARGO DE SUS PARTICIPACIONES. VALOR RAZONABLE DE LAS PARTICIPACIONES.

Resolución de 17 de mayo de 2021, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador mercantil y de bienes muebles IX de Barcelona a inscribir determinadas cláusulas de los estatutos sociales de una entidad.

Resumen: En un derecho de adquisición preferente a favor de la sociedad y de los socios, por procedimiento de ejecución, y en una exclusión de socios por embargo de sus participaciones, no es posible que el precio de esas participaciones se haga en relación al balance aprobado por la junta general.

Hechos: Se trata de unos acuerdos de modificación de estatutos de sociedad limitada adoptados en junta universal y por unanimidad. En ellos se regula el sistema de transmisión de participaciones sociales y en lo que afecta a esta resolución se dispone lo siguiente sobre régimen de transmisión forzosa y exclusión de socios por embargo:

  • Se dice que notificado a la sociedad el inicio o apertura de un procedimiento administrativo o judicial de embargo de las participaciones … que pudiera desembocar en un procedimiento de ejecución forzosa, la sociedad, a través del órgano de administración, podrá adquirir la totalidad de las participaciones embargadas…, y si la sociedad no ejercita este derecho, todos los socios podrán adquirir las participaciones embargadas, en el plazo máximo de veinte días. En los supuestos anteriores, «el precio de la transmisión se corresponderá con el valor razonable de las participaciones, entendiéndose por valor razonable el valor contable que resulte del último balance aprobado por la Junta».
  • Se dispone también que será causa de exclusión de la sociedad -que deberá ser acordada por la junta general- el inicio de un procedimiento administrativo o judicial que acuerde el embargo de las participaciones, ya sea de forma total o parcial, debiendo proceder la sociedad «a amortizar las participaciones sociales del socio afectado por la exclusión, cuya valoración a efectos de su contraprestación corresponderá con el valor razonable de las participaciones afectadas, entendiéndose por valor razonable el valor contable que resulte del último balance aprobado por la Junta».
  • Junto a ello hay que tener en cuenta que para las transmisiones voluntarias por acto «inter vivos» y para las transmisiones «mortis causa», así como para la exclusión de socios por causas diferentes al inicio de procedimiento de embargo, se establece un sistema de valoración de las participaciones (valor razonable determinado por auditor de cuentas) diferente al consistente en el valor contable.
  • También es de tener en cuenta como hecho que los artículos debatidos son reproducción literal de los incorporados a la escritura pública que fue objeto del recurso resuelto, en el sentido de declararlos inscribibles, por este Centro Directivo mediante la Resolución de 23 de mayo de 2019 (que, a su vez, coinciden casi en su totalidad con los que fueron examinados en la Resolución de 9 de mayo de 2019) y por las Resoluciones de 6 y 27 de febrero de 2020 .

El registrador inscribe parcialmente, suspendiendo, en una extensa y detallada nota, la inscripción de lo relativo a la determinación del calor de las participaciones. Se apoya en los siguientes argumentos:

  • La previsión estatutaria es “contraria o impeditiva del derecho del socio o de los acreedores a obtener el verdadero valor de las participaciones. La adquisición por un valor inferior al real, implica un enriquecimiento injusto en favor de quien haya ejercido el derecho de adquisición preferente o de la sociedad. En este sentido el art.º 6 R.R.M impide la inscripción en el Registro de las restricciones estatutarias que impidan al accionista obtener el valor real de las acciones”.
  • No es lo mismo valor real y valor contable. El valor contable del último balance es una foto fija que, por la propia dinámica del mercado, no coincide con el valor real.
  • Los sistemas de valoración deben responder “de modo patente e inequívoco a las exigencias legales de imparcialidad y objetividad, en tanto en cuanto el valor contable depende del balance aprobado por la junta General”.
  • El valor razonable es igual al valor de mercado, pero, al no existir propiamente un mercado de participaciones sociales, dicho valor debe determinarse por aproximación, según las normas contables.
  • La Norma Internacional de Información Financiera 13, considera valor razonable para aquellos elementos respecto de los cuales no exista un mercado activo, como el valor obtenido mediante la aplicación de modelos y técnicas de valoración, entre los que se incluyen el empleo de referencias a transacciones recientes en condiciones de independencia mutua entre partes interesadas y debidamente informadas, si estuviesen disponibles, así como referencias al valor razonable de otros activos que sean sustancialmente iguales, métodos de descuento de flujos de efectivo futuros estimados y modelos generalmente utilizados para valorar opciones”. Esta norma forma parte del Plan General de Contabilidad.
  • En esta materia la autonomía de los particulares, como señala el artículo 1255 C.c., no puede exceder del marco legal, por lo que, en sede de valoración no puede alterarse o modificarse el concepto de valor razonable y los métodos de su cálculo establecidos por la norma antes citada. Cita la STS de 10 de marzo de 1986.
  • El valor no puede ser fijado unilateralmente por la sociedad. Lo fundamenta en las normas sobre justiprecio en expropiación forzosa, normas sobre valoración de bienes en la LEC, en las propias normas de la LSC y en el art. 1448 CC.
  • Son rechazables todos aquellos sistemas de tasación que no respondan de modo patente e inequívoco a las exigencias de imparcialidad y objetividad.
  • Cita también la STS de 29 de mayo de 2012, de donde resulta el rechazo de la cláusula cuya inscripción ahora “se pretende, pues ni puede decirse que sea plenamente respetuosa con la seriedad que debe rodear a las enajenaciones forzosas; ni con el principio de responsabilidad patrimonial universal, ya que no garantiza al acreedor la realización del íntegro valor en cambio de las acciones por ejecutar (que puede ser superior al valor potencial de las mismas determinado según el procedimiento estatutario que se cuestiona), tampoco asegura la indemnidad patrimonial del accionista cuyo derecho se ejecuta en caso de que se ejercite ese derecho de adquisición preferente, ni, en fin, impide a sus consocios y demás titulares de este derecho colocarse en una posición ventajosa frente a los demás postores a la hora de la subasta”. En el mismo sentido las STS de 10 de marzo de 1986, 18 de mayo y 2 de noviembre de 2012 y 18 de febrero de 2014 y Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 13 de diciembre de 2017, entre otras.
  • A continuación alude a la R/D.G.R.N. de 20 de agosto de 1993 que admitió la inscripción de la cláusula estatutaria según la cual, para el supuesto de que se ejercite el derecho de adquisición preferente que se atribuye a la sociedad y a los accionistas, en caso de que alguno pretenda enajenar sus acciones, el precio de éstas no puede ser menor al correspondiente al valor teórico contable que resulte del último balance consolidado, pues más que fijar el precio por el que se podrá ejercitar el derecho de adquisición preferente, previene únicamente un límite mínimo a dicho precio”.
  • Por su parte “las RR. D.G.R.N. de 6 de junio de 1990, 9 de octubre de 1992, 23 de febrero de 1993, 7 y 30 de junio de 1994, 9 de enero y 2 de febrero de 1995, entre otras, admiten la inscripción de una cláusula estatutaria que establece en favor de los socios un derecho de adquisición preferente para el caso de que uno de ellos proyecte la enajenación por cualquier título inter vivos, incluso tratándose de ventas judiciales o administrativas, pero es requisito indispensable que el ejercicio de tal derecho de adquisición preferente se efectúe por un precio que alcance el valor real de las acciones.
  • Cita otras resoluciones (como la de 2 de diciembre de 1991) de donde resulta que no puede dejarse al arbitrio de los demás socios o de la sociedad la sustitución del precio ya obtenido en la subasta por otro inferior previsto en los estatutos, en perjuicio del ejecutante, como tampoco cabe que el ejercicio del derecho de retracto pueda significar perjuicio para el rematante.

La sociedad recurre. Su principal alegación se centra en la resolución de 9 de mayo de 2019 precedente de la de 23 mayo del mismo año que admitió la inscribibilidad de las cláusulas debatidas. Se apoya también en que no es una cláusula expropiatoria o leonina ni que implique enriquecimiento injusto y que en definitiva se apoya en el principio de autonomía de la voluntad.

Resolución: La DG, con cambio parcial de su doctrina previa, confirma la nota de calificación.

Doctrina:  La DG en unos extensos fundamentos de derecho, precedidos por un “vistos” también de extensión considerable, confirma su doctrina de las resoluciones de mayo de 2019, si bien en una última consideración declara no inscribibles, en este caso, las cláusulas debatidas. Para ello utiliza los siguientes argumentos:

  • Cita las resoluciones de 9 y 23 de mayo de 2019, confirmadas en Resoluciones de 6 y 27 de febrero de 2020.
  • En resolución de 15 de noviembre de 2016, se admitió -en vía de principios- la inscripción de la disposición estatutaria por la que se atribuía a los socios un derecho de adquisición preferente que habría de ejercitarse por el valor razonable de las participaciones de cuya transmisión se tratara, que sería el valor contable resultante del último balance aprobado por la junta (o el precio comunicado a la sociedad por el socio comprador si fuera inferior a ese valor contable).
  • Según la resolución, el valor razonable es el valor de mercado, sin bien, al no existir propiamente un mercado de participaciones sociales y – salvo en el caso de sociedades abiertas- tampoco de acciones, dicho valor debe determinarse por aproximación, según la normativa contable.
  • Conforme a la Primera Parte, apartado 6.2, del Plan General de Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, «valor razonable es el importe por el que puede ser intercambiado un activo o liquidado un pasivo, entre partes interesadas y debidamente informadas, que realicen una transacción en condiciones de independencia mutua».
  • Y según la Norma Técnica de elaboración del informe especial del auditor de cuentas para estos casos (Resolución de 23 de octubre de 1991, del presidente del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas”, existen varios métodos de valoración pero su resultado siempre será por aproximación.
  • Por ello, generalmente, el valor contable no será equivalente al valor razonable o de mercado de las participaciones sociales.
  • No existe prohibición legal alguna que no permita pactar como precio o valor de las participaciones objeto del derecho de adquisición preferente el valor contable que resulte del último balance aprobado por la junta general.
  • Es cierto que, respecto de la transmisión de acciones, el artículo 123.6 del Reglamento del Registro Mercantil establece que no podrán inscribirse en el Registro «las restricciones estatutarias que impidan al accionista obtener el valor real de las acciones», y la DG ha considerado que dicha norma es aplicable a las participaciones sociales pues siempre debe buscarse el valor real o razonable.
  • La doctrina de resoluciones como las de 7 de junio de 1994 o 30 de marzo de 1999 consideraron que «el valor resultante del balance no puede equipararse al valor real, ni hoy día al valor razonable, por cuanto la contabilización en el balance está sujeto a una serie de principios, tales como la prohibición de incluir determinados elementos como puede ser el fondo de comercio no adquirido a título oneroso (cfr. artículo 39.6 del Código de comercio)”.
  • Debe evitarse la atribución a los socios de la facultad “de obtener un enriquecimiento injusto o sin causa, contrario a uno de los principios generales que informan nuestro ordenamiento jurídico”.
  • Todo ello debe “valorarse para determinar si es o no inscribible determinada cláusula sobre el precio o valor de las participaciones objeto del derecho de adquisición preferente”.
  • Para la citada resolución de 15 de noviembre de 2016, “no pueden considerarse determinantes para impedir la inscripción de una cláusula estatutaria según la cual, en caso de transmisión voluntaria de participaciones sociales por acto «inter vivos», el valor razonable para ejercitar el derecho de adquisición preferente coincidirá con el valor contable que resulte del último balance aprobado por la junta”.
  • También “según el criterio de esta Dirección General (cfr., por todas, la Resolución de 20 de marzo de 2001), debe admitirse la validez de la cláusula estatutaria siempre que, por asegurar al accionista la razonable posibilidad de transmitir sus acciones, no pueda entenderse que le convierta en una suerte de «prisionero de sus títulos»”.
  • Por ello una cláusula que por el sistema de fijación del precio “impida, prima facie, al accionista obtener el valor razonable de las acciones ha de reputarse nula conforme al artículo 63.2 de la Ley de Sociedades Anónimas (actualmente, artículo 123.2 de la Ley de Sociedades de Capital) en tanto en cuanto haga prácticamente intransmisible la acción”.
  • Para el CD este “es el sentido que, en consideración a su rango normativo, debe darse a la norma del artículo 123.6 del Reglamento del Registro Mercantil y, por ende, no pueden proscribir los pactos que, amparados en la autonomía de la voluntad de los socios, no contradigan el mencionado precepto legal”.
  • En las cláusulas de que se trata “al ser aplicadas, deben respetarse los límites impuestos por los usos, la buena fe y la prohibición de abuso del derecho”.
  • También debe tenerse en cuenta, “que la elaboración de las cuentas no puede quedar a la libérrima decisión de la sociedad, sino que está sujeta a estrictas normas contables e incluso penales”.
  • En todo caso quedará a salvo el eventual control judicial de la validez de las cláusulas estatutarias sobre precio de las acciones o participaciones.
  • Dado que se admiten “los privilegios respecto de los derechos económicos de las participaciones sociales, en el reparto de las ganancias sociales y en la cuota de liquidación del socio (cfr. artículos 95, 275 y 1 de Ley de Sociedades de Capital), deben admitirse también cláusulas como la enjuiciada en la citada Resolución de 15 de noviembre de 2016, en el marco de la autonomía privada, con los límites generales derivados de la prohibición de pactos leoninos y perjudiciales a terceros”.
  • A mayor abundamiento, “si el acuerdo sobre la referida disposición estatutaria ha sido adoptado por unanimidad de los socios en junta general universal, se cumple el requisito establecido en el citado artículo 175.2.b) del Reglamento del Registro Mercantil para la inscripción del «pacto unánime de los socios de los criterios y sistemas para la determinación del valor razonable de las participaciones sociales previstas para el caso de transmisiones «inter vivos» o «mortis causa» (…)»”.
  • Además “como admite determinado sector doctrinal, las normas relativas a la fijación del valor de las participaciones en caso de ejercicio del derecho de adquisición preferente para las transmisiones forzosas por acto inter vivos sólo son aplicables en caso de que no exista otra previsión estatutaria que establezca alternativas al embargo -como es la exclusión del socio afectado-, con posibilidad de aplicar cláusulas de avalúo atendiendo al valor contable de las participaciones o sistemas de limitación de valor, siempre -y esto es fundamental- que no estén referidos tales sistemas sólo a los casos de embargo, sino que sean aplicables con carácter general en los casos de liquidación de la participación”.
  • “En tales casos, el socio afectado, quienes ejerciten el derecho de adquisición preferente y los acreedores están obligados a pasar por tal valor, de modo que estos dos últimos recibirán lo mismo que recibiría el socio, y ese es el valor real de las participaciones”.
  • Añade que este “tipo de cláusulas no contravienen normas imperativas ni los principios configuradores del tipo social elegido, como lo demuestra el hecho de que están expresamente admitidas para las sociedades profesionales”.
  • “Lo único que ha mantenido el Tribunal Supremo en la Sentencia de 29 de mayo de 2012 es que en el sistema de la Ley de Sociedades de Capital respecto del embargo de acciones el criterio del valor razonable prevalece sobre el precio del remate o el valor de adjudicación”.
  • Para la DG “lo fundamental es que en el caso analizado debía aplicarse la norma legal supletoria relativa al «valor razonable» del artículo 64 de la Ley de Sociedades Anónimas (actual artículo 125 en relación con el artículo 124 de la Ley de Sociedades de Capital), sin que se planteara la cuestión relativa a la admisibilidad de otra regulación estatutaria diferente, que en dicho caso no existía”.
  • Para reforzar su argumentación trae a colación la sentencia número 216/2015, de 24 de julio, de la Audiencia Provincial de Madrid que, en un caso de impugnación judicial de una calificación registral, considera admisible e inscribible la siguiente cláusula estatutaria: «En los casos de separación o de exclusión de socios se considerará valor razonable de las participaciones sociales el valor neto contable de las mismas, en atención al régimen de prestaciones accesorias establecido en el artículo 8 de los presentes estatutos. A todos los efectos, el presente artículo tendrá el valor de acuerdo entre la sociedad y el socio afectado». Según esta sentencia: «El artículo 353 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital no impide que los estatutos puedan regular la liquidación de la cuota del socio que causa baja en la sociedad lo que no deja de ser expresión del principio general de libertad contractual del artículo 1.255 del Código Civil que proclama la propia Ley de Sociedades de Capital en su artículo 28”.
  • Así la “cláusula estatutaria no implica la renuncia anticipada de derecho alguno del socio excluido o que se separa, ni tampoco del propio derecho de separación, sino que delimita el contenido económico del derecho del socio a percibir el valor de sus participaciones sociales en caso de separación o exclusión”.
  • Además “la fijación del valor neto contable como valor de la participación del socio, no implica por sí misma la expropiación de la cuota del socio pues dicho valor dependerá y será más o menos próximo al valor neto contable en función de los resultados de la sociedad y de si se han retenido o no las ganancias obtenidas”.
  • Pero, aunque “el valor neto contable fuera inferior al valor razonable al tiempo de la separación o exclusión de un socio, ello no implicaría enriquecimiento injusto en favor de la sociedad en tanto que respondería a lo pactado y aceptado previamente por todos los socios (…)”.
  • Dichas cláusulas tienen “la ventaja para la sociedad y los socios de facilitar que la determinación del valor de su participación, por así haberlo aceptado todos los socios, se realice conforme a un sistema de fácil fijación evitando, a falta del difícil acuerdo entre la sociedad y el socio una vez surgido el conflicto…”.
  • Teniendo en cuenta “las consideraciones anteriormente expresadas sobre la general admisión por este Centro Directivo de la inscripción de la disposición estatutaria sobre un derecho de adquisición preferente ejercitable por el valor razonable de las participaciones, que sería el valor contable resultante del último balance aprobado por la junta (y lo mismo puede admitirse respecto de la cuota de liquidación del socio separado o excluido), no puede confirmarse la concreta objeción que opone el registrador en cuanto rechaza que para determinar el valor razonable que haya de satisfacerse al socio en caso de ejercicio del derecho estatutario de adquisición previa de las participaciones o en el supuesto de exclusión de dicho socio, sea con carácter general coincidente con el valor contable”.
  • Ahora bien como el registrador fundamenta también su calificación “en el posible perjuicio de los acreedores, deben considerarse no inscribibles las cláusulas debatidas en tanto en cuanto, como se ha expresado, el criterio del valor contable no se aplica para las transmisiones voluntarias por acto inter vivos y para las transmisiones mortis causa, así como para la exclusión de socios por causas diferentes al inicio de procedimiento de embargo (casos para los que se establece el criterio de valor razonable determinado por auditor de cuentas)”.

Comentario: A diferencia de lo ocurrido con cláusulas similares en las resoluciones de mayo de 2019, continuadas por las de 2020, en esta, las cláusulas relativas a la determinación del valor de las participaciones en ejecuciones forzosas, o en la exclusión de socios como consecuencia del embargo de participaciones sociales, se declaran como no inscribibles. El porqué se declaran como no inscribibles no queda excesivamente claro, pues tras exponer un completo argumentario sobre la cuestión debatida, en el último inciso del último fundamento de derecho se nos apunta a cuál puede ser la causa para ello: está en la fundamentación que el registrador hace del posible perjuicio de los acreedores, y en que lo pactado como valor razonable de las participaciones, es distinto cuando se trata de transmisiones voluntarias o de exclusión por otras causas, que cuando se trata de transmisiones forzosas o de exclusión por embargo.

En definitiva, y pese al argumento relativo a la determinación distinta del precio para otros supuestos, parece que lo que nos dice la DG es que la cláusula debatida de determinación del valor de las participaciones en los casos examinados, no son inscribibles, pues, se hayan pactado o no sistemas distintos de valoración para otros casos, es indudable que el posible perjuicio para los acreedores siempre estará latente. Lo que ocurre es que con esa alusión se suaviza en algo el giro que en este punto da nuestro CD.

En nuestros comentarios de urgencia a las resoluciones de 2019 y 2020 siempre expusimos que lo más dudoso para nosotros de la doctrina de la DG era precisamente la fijación del precio cuando la sociedad puede adquirir las participaciones, como era en este caso, así como también para el caso de exclusión de socios. JAGV.

180.*** CESE POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL SECRETARIO NO CONSEJERO NOMBRADO POR LA JUNTA GENERAL.

Resolución de 24 de mayo de 2021, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador mercantil y de bienes muebles I de Vizcaya a inscribir una escritura de elevación a público de acuerdos sociales de una entidad.

Resumen: El consejo de administración es competente para cesar a un secretario no consejero, aunque ese secretario haya sido nombrado por la junta general en aplicación de lo dispuesto en los estatutos de la sociedad.

Hechos: Se trata de unos acuerdos de un consejo de administración, adoptados con asistencia de todos los consejeros y por unanimidad, en los cuales se cesaba al secretario no consejero, nombrando otro, y al propio tiempo también se nombraba vicesecretario del órgano.

Sobre ello los estatutos de la sociedad disponen que «El Consejo de Administración designará, en caso de no haberlo realizado la Junta General, un secretario y, potestativamente, un Vicesecretario, pudiendo recaer el nombramiento en quienes no sean administradores, en cuyo caso actuarán con voz pero sin voto. El Vicesecretario sustituirá al secretario en los casos de ausencia, indisposición, incapacidad o vacante».

El registrador suspende la inscripción del cese y nombramiento de secretario no consejero, pues el secretario cesado fue nombrado por la junta general sin plazo de duración. A su juicio, dado que el nombramiento de secretario sólo corresponde al consejo si no lo ha realizado la junta general, debe procederse al cese del secretario por la propia junta, “ya que de hacerlo el Consejo la facultad de la Junta quedaría desvirtuada al poder cesar y nombrar inmediatamente al nombrado por ésta, no existiendo en los Estatutos facultad subsidiaria análoga al caso de nombramiento”.

La sociedad recurre alegando que los estatutos no dicen que el secretario deba ser cesado por la propia junta. Art. 146.1 del RRM.

Resolución: La DG revoca la nota de calificación.

Doctrina:  El CD tras una serie de disquisiciones sobre la figura del Secretario del Consejo relativas a su gran importancia dentro de la sociedad, a su falta de regulación sistemática, y como consecuencia de ello a la conveniencia de su regulación estatutaria o en su defecto a la regulación que haga el propio consejo en virtud de su libertad de autoorganización, llega a la conclusión de que en el caso examinado, sin entrar en el problema de fondo sobre la facultad de la junta de nombrar secretario a un consejero o a un no consejero, y de cesarlo, dice que  lo cierto es que los estatutos inscritos  se refieren sólo a la posibilidad por la junta general de designar consejero no secretario, y por tanto no impide  “que el consejo de administración remueva del cargo a quien haya sido designado secretario no consejero ni, en cualquier caso en que dicho cargo se halle vacante, designar a otra persona para que lo desempeñe”.

Comentario: Si bien es cierto, como hemos visto, que los estatutos eran muy parcos en cuanto al nombramiento de secretario por parte de la junta, una interpretación sistemática y finalista de la norma nos pudieran llevar a la conclusión contraria a la que llega la DG.  Si en los estatutos es prioritaria la facultad de la junta para nombrar secretario, parece que ese nombramiento y consiguientemente su cese debe ser competencia a la propia junta. Es cierto que el secretario no consejero debe contar con la confianza del Consejo, pero si este pierde esa confianza parece que lo procedente es que proponga a la junta su cese y no que lo cese el propio consejo. Con la solución preconizada por la DG se hace ilusoria, como apuntaba el registrador, la facultad de la junta, pues el secretario nombrada por esta siempre va a depender del consejo; incluso esa interpretación pudiera llevar a una serie de ceses y nombramientos sucesivos, que sólo tendrían solución, si el consejo se enfrenta a la junta, con el cese de todo el consejo. En definitiva, con una crisis societaria que debe evitarse en todo caso.

Por lo demás la resolución es interesante por el estudio que hace de la figura del secretario del consejo. Así recuerda que será secretario de la junta general (artículo 191) y que debe firmar, junto al presidente del consejo de administración, las actas de las discusiones y acuerdos de este órgano (artículo 250). Por su parte tras la reforma de 2014 los artículos 529 quinquies y 529 octies, para las cotizadas atribuyen al secretario funciones relacionadas con la regularidad jurídica de las actuaciones del consejo y con la información relevante que deban recibir los consejeros para el ejercicio de sus competencias. En el mismo sentido el RRM Reglamento del Registro Mercantil le atribuye al secretario importantes facultades de documentación y certificantes, sin que exista duda alguna de que el secretario pueda ser no consejero nombrado “en atención a sus conocimientos profesionales o los méritos contraídos como empleado de la sociedad normalmente llamado por su relación de servicios o laboral…”. Y termina diciendo que por la “libertad de autoorganización que se atribuye al consejo de administración, debe reconocerse a este órgano la facultad revocatoria respecto del cargo de secretario no consejero y, en caso de haberla ejercitado, debe también reconocérsele competencia para designar una persona que desempeñe tal cargo”.

De todas formas, lo que queda patente es que los estatutos no eran nada claros sobre la facultad de la junta, ni en cuanto a quién podría ser ese secretario del Consejo, ni si su la facultad de nombrarlo implicaba la de tener que cesarlo también. De aquí la tremenda importancia de que los estatutos sociales regulen de forma lo más completa posible las distintas situaciones en que pueden encontrarse los órganos sociales y la importancia que sobre ello debe tener el notario autorizante de la escritura de constitución de la sociedad y el registrador que la califica. Con ello se evitarían dudas y problemas como el que se plantea en esta resolución.

183.** CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD LIMITADA. OBJETO SOCIAL. RETRIBUCIÓN ADMINISTRADOR.

Resolución de 25 de mayo de 2021, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador mercantil XXIII de Madrid a inscribir una escritura de constitución de una sociedad de responsabilidad limitada.

Resumen: No es posible la constitución de una sociedad con el objeto de “asesoramiento financiero”, si no cumple con los requisitos exigidos por la Ley para ello. Es posible establecer en estatutos que la retribución del administrador será una cantidad fija acordada por la junta general y que si ese administrador desempeña funciones de gerencia su retribución será fijada por la junta general.

Hechos: Dos son los problemas que se plantean en esta resolución:

Uno. Sobre el objeto social: Si es posible como objeto de una sociedad limitada el relativo la suscripción o adquisición …, y la tenencia, administración y enajenación de acciones y participaciones en el activo de Sociedades de toda clase…, así como … “cualquier otra clase de títulos o valores mobiliarios, cotizados o no en Bolsa”. Añade que el objeto se realizará por cuenta propia, exceptuando las operaciones sujetas al Mercado de Valores, o Instituciones de Inversión Colectiva y que este es el objeto social principal, con CNAE, 6420 (…) También la prestación a terceros de servicios administrativos y contables y la realización de estudios, proyectos de asesoramiento técnicos, financieros y de inversión, con CNAE, 6920 y 7022 (…). Finalmente termina aludiendo a que esas actividades se realizarán de forma directa o indirecta, que si alguna actividad es profesional lo será la intermediación, y que quedan excluidas las actividades sujetas a leyes especiales y que si las leyes exigen algún requisito complementario, no se podrá realizar esa actividad hasta que ese requisito se haya cumplido.

Dos. Sobre la retribución del administrador. Se dice que el cargo del administrador es retribuido consistiendo esa retribución “en una cantidad fija que cada año establecerá la Junta General”. También se dice que el administrador pude desempeñar otras tareas laborales y que si esas tareas son “de gerencia y dirección de la entidad, la remuneración por estas labores consistirá en una cantidad fija que cada año determinará la Junta General”.

El registrador califica negativamente:

Uno. Dice que no es posible el asesoramiento financiero por estar “reservado, en exclusiva, por los artículos 143, 144 R.D. 4/2015 de 23 de octubre por el que se aprueba el TR. de la Ley del Mercado de Valores, a las empresas de servicios de inversión, cuyos requisitos, autorización en inscripción en los correspondientes registros administrativos, esta sociedad no cumple”. Cita la Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 27 de febrero de 2019.

Dos. Dice que si bien es posible que el administrador tenga una relación laboral con la sociedad la jurisprudencia del Tribunal Supremo (Sentencias 21 abril 2005, 30 diciembre 1992, 26 marzo 1996 y especialmente la de la Sala 4.ª de 9 diciembre 2009), ha exigido que la labor que el administrador realice por la relación laboral se “una actividad distinta a la que le corresponde como órgano de administración y excluyendo en todo caso los contratos laborales de alta dirección pues, en caso contrario, la función que el administrador ha de desempeñar sobre la base del vínculo laboral estaría ya incluida dentro de la posición orgánica siendo incompatible la dualidad de relaciones y retribuciones prevaleciendo la relación orgánica sobre la laboral -doctrina del vínculo único- (Resoluciones 3 abril 2013 y 12 mayo 2014)”.

Por ello deben excluirse “las relaciones laborales de alta dirección”.

Cita la Resolución de 3 de abril de 2013 de la DGRN relativa a que no sería inscribible “una cláusula estatutaria de una sociedad limitada que estableciese que los administradores o consejeros disfrutarán, por sus servicios como tales, además de la retribución cuyo sistema se describa en estatutos, de sueldos u honorarios a percibir, en virtud de cualesquiera contratos, laborales, civiles o mercantiles, la celebración de los cuales se contempla en estatutos”. Igual la Resolución de 10 de mayo de 2016.

El notario recurre. Sobre el objeto dice que la sociedad es de intermediación, que se excluyen las actividades sujetas a leyes especiales y que ese no es el objeto principal de la sociedad. Y sobre la retribución, que al igual que en materia de objeto se solicitó la inscripción parcial y por tanto así debió inscribirse.

Resolución: La DG confirma el primer defecto y revoca el segundo.

Doctrina: Sobre el objeto vuelve a reproducir su doctrina sobre la materia de asesoramiento financiero. Su regulación se contiene en  el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, y por el Real Decreto 217/2008, de 15 de febrero, sobre el régimen jurídico de las empresas de servicios de inversión y de las demás entidades que prestan servicios de inversión, lo que implica el cumplimiento de una serie de requisitos (la necesidad de obtener autorización administrativa e inscripción en el registro administrativo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, así como, en caso de sociedades, el de añadir a su denominación aquella correspondiente al tipo de empresa de inversión que corresponda (artículo 144 de la Ley del Mercado de Valores), por lo que la exclusión en el objeto debe ser expresa y determinada.

En cuanto a la retribución también va a reproducir su doctrina derivada de la sentencia del Tribunal Supremo de 26 de febrero de 2018. Según esta el régimen general de la retribución de los administradores será el contenido «en los arts. 217 a 219 TRLSC, preceptos que son aplicables a todos los administradores, incluidos los consejeros delegados o ejecutivos», mientras que el artículo 249 «contiene las especialidades aplicables específicamente a los consejeros delegados o ejecutivos”. Por ello el CD ha admitido en la Resolución de 10 de mayo de 2016- que “a la vez que establezca el carácter gratuito del cargo de administrador -con la consecuencia de que no perciba retribución alguna por sus servicios como tal- añada que se le retribuirá por la prestación de otros servicios o por su vinculación laboral para el desarrollo de otras actividades ajenas al ejercicio de las facultades de gestión y representación inherentes a aquel cargo”.

En el caso de la resolución, aunque la redacción de los estatutos hubiera podido ser más clara,  debe interpretarse en su conjunto  y del modo más adecuado para que produzca efecto, debiendo “entenderse que consta en los estatutos debidamente el sistema de retribución de los administradores por el ejercicio de las funciones inherentes a dicho cargo, de modo que únicamente existe falta de fijación estatutaria del sistema retributivo para esas «otras tareas laborales para la entidad» distintas del desempeño del cargo de administrador -con el que son compatibles, según la misma disposición estatutaria”. En definitiva, que lo que se dispone “es que la remuneración por las tareas que sean las labores de gerencia y dirección de la entidad, es la prevista en general para el cargo de administrador, es decir una cantidad fija que cada año determinará la junta general”.

Comentario: Sigue la DG interpretando de una forma flexible los estatutos de las sociedades en materia de retribución de los administradores. Nos viene a decir, en suma, que, aunque no queda muy claro, lo que los estatutos han querido establecer es que, si el administrador realiza actividades laborales de gerencia, esas actividades quedarán cubiertas por la retribución que le señale la junta general, como retribución del administrador.

Lo curioso es que este defecto según el relato fáctico no había sido recurrido por el notario, el cual dice incluso que el registrador puede tener razón, pues según su escrito  lo único solicitado respecto del mismo ha sido la inscripción parcial. Según ello quizás la DG en este punto debió limitarse a confirmar la posibilidad de inscripción parcial, sin entrar en el fondo del defecto.(JAGV)

190.*** CAMARAS DE COMERCIO. ANOTACIÓN PREVENTIVA DE NOMBRAMIENTO DE MEDIADOR CONCURSAL.

Resolución de 31 de mayo de 2021, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por la registradora mercantil II de Valencia, por la que se deniega la práctica de anotación preventiva de nombramiento de mediador concursal.

Resumen: Las Cámaras de Comercio son competentes para la tramitación del acuerdo extrajudicial de pagos de personas jurídicas en general, incluyendo las inscritas en el Registro Mercantil.

Hechos: Por una Cámara de Comercio, en concreto por su Centro de Arbitraje y Mediación, se nombra un mediador concursal en un acuerdo extrajudicial de pagos de una sociedad limitada y se solicita por certificación su anotación en el Registro Mercantil al amparo del art. 638 del Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Concursal.

La registradora deniega la anotación pues al ser el deudor persona jurídica inscrita en el registro, “la solicitud de nombramiento de mediador a efectos de la apertura del correspondiente expediente debe presentarse” en el Registro Mercantil competente como así dispone el artículo 638-2 del Real Decreto Legislativo 1/2020 de 5 de mayo por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Concursal. Defecto denegatorio.

La secretaria de la Corte de Arbitraje recurre y alega que el artículo 638.3 del mismo texto refundido establece que si el deudor fuere persona jurídica la solicitud de designación de mediador concursal puede presentarse ante Cámara de Comercio, Industria, Servicios y Navegación, y que la mercantil solicitante ha optado por presentar su solicitud ante este organismo, por lo que procede la práctica de la anotación a que se refiere el artículo 649 del texto refundido de la Ley Concursal.

Resolución: La DG revoca la calificación registral.

Doctrina: Lo primero que hace la DGSJFP es determinar la clase  de solicitud que es la de mediador concursal, y ello porque la registradora emite resolución encabezada con número de expediente y en la que se contiene un pie de recursos referido al artículo 354.3 del Reglamento del Registro Mercantil. En cambio, cuando se presenta el recurso se produce su presentación en el Libro Diario. Por ello el CD centra el problema encuadrando el expediente de nombramiento de mediador concursal en lo que se llaman «De otras funciones del Registro Mercantil».

Por ello y “dado que la actuación solicitada por parte de la registradora Mercantil era la práctica de una anotación preventiva en la hoja abierta a determinada sociedad mercantil”, la Dirección General entiende que la resolución emitida por la registradora es la propia de una actuación de calificación por lo que el régimen de recursos será el establecido en la LH(disposición adicional vigesimocuarta de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social).  

Supuesto lo anterior, trata de dilucidar si una Cámara de Comercio es competente o no para nombrar mediador concursal cuando “el solicitante es una sociedad mercantil, específicamente una sociedad de responsabilidad limitada”.

Su respuesta es claramente afirmativa sobre la base del anterior artículo 232.3 de la Ley 22/2003, de 9 julio, y de la resolución de la DG de 18 de octubre de 2016.

El punto 3 del artículo 638 del TRLC dice que si el deudor es un empresario o una persona jurídica, sin más especificaciones, la solicitud de mediador podrá presentarse también en la “Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de España o ante cualquier Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación que, de conformidad con la normativa por la que se rija, haya asumido funciones de mediación”.

Termina diciendo que, aunque la norma es imprecisa al referirse a las personas jurídicas en general, “la interpretación de que las personas jurídicas a las que se refiere son las inscribibles en el Registro Mercantil es la más lógica por simetría con la competencia sobre personas naturales”. Ello es conforme con la finalidad de las Cámaras de Comercio y con el art. 644 que se refiere a la competencia exclusiva de las Cámaras de Comercio con relación a entidades aseguradoras o reaseguradoras, entidades de inscripción obligatoria en el Registro Mercantil.

Comentario: Pese a lo impreciso de la norma aplicable, que como hemos dicho se refiere de forma genérica a “personas jurídicas”, lo que podría llevar a pensar que se trata de personas jurídicas no inscribibles en el RM, tras esta resolución queda claro que las sociedades de capital u otras personas jurídicas que se inscriben en el RM, a la hora de solicitar un acuerdo extrajudicial de pagos, pidiendo el nombramiento de un mediador concursal lo pueden hacer de forma indistinta tanto en el Registro Mercantil como en las Cámaras de Comercio. Y si lo hacen en estas últimas es consecuencia de ello que la certificación expedida por las mismas de nombramiento mediador concursal, debe tener su reflejo en la hoja abierta a la sociedad en el RM. (JAGV)

193.() CÁMARAS DE COMERCIO. ANOTACIÓN PREVENTIVA DE NOMBRAMIENTO DE MEDIADOR CONCURSAL.

Resolución de 1 de junio de 2021, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por el registrador mercantil IV de Valencia, por la que se deniega la práctica de anotación preventiva de nombramiento de mediador concursal.

Contenido idéntico al de la resolución precedente número 190.

 

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