Resoluciones Dirección General Seguridad Jurídica y Fe Pública Abril 2021.

Admin, 03/04/2021

Indice:
  1. VALORACIÓN DE LAS RESOLUCIONES POR SU IMPORTANCIA:
  2. SENTENCIAS SOBRE RESOLUCIONES:
  3. 1/2021
  4. 2/2021
  5. 3/2021
  6. 4/2021
  7. RESOLUCIONES PROPIEDAD
  8. 88. **NOTIFICACIONES Y PLAZOS EN PARTICIÓN POR CONTADOR PARTIDOR DATIVO DE LA LEY GALLEGA.
  9. 89.*** AGRUPACIÓN. INSCRIPCIÓN DE REPRESENTACIÓN GRÁFICA CATASTRAL  ALTERNATIVA. DUDAS DE IDENTIDAD ART. 199 LH.
  10. 90. OBRA NUEVA SUJETA A CONDICIÓN. INSCRIPCIÓN DE LA AMPLIACIÓN
  11. 91.** PROPIEDAD HORIZONTAL DE HECHO. MODIFICACIÓN ESTATUTARIA. CONVERSIÓN DE TERRAZAS PRIVATIVAS EN ELEMENTOS COMUNES
  12. 92.** COMPRAVENTA. TRACTO SUCESIVO
  13. 93.** LIQUIDACIÓN DE SOCIEDAD DE GANANCIALES ADJUDICANDO FINCA PRIVATIVA
  14. 94. HERENCIA. TESTAMENTO OTORGADO EN CATALUÑA POR INCAPACITADA
  15. 97. EXCESO DE CABIDA. RECTIFICACIÓN FUERA DE PLAZO DE LA CALIFICACIÓN NEGATIVA
  16. 98.** INSCRIPCIÓN DE REPRESENTACIÓN GRÁFICA ALTERNATIVA. OPOSICIÓN DE COLINDANTE CON INFORME TÉCNICO
  17. 99.() RECURSO CONTRA ASIENTO YA PRACTICADO
  18. 100.** COMPRAVENTA DE VIVIENDA Y ANEJO. SU RECIPROCA VINCULACIÓN.
  19. 101. HERENCIA. ENTREGA DE LEGADOS
  20. 102. INICIACIÓN DE EXPEDIENTE DE INMATRICULACIÓN EN VIRTUD DE INSTANCIA PRIVADA
  21. 104. PROCEDIMIENTO DE APREMIO FISCAL. RETRACTO DE COLINDANTES
  22. 105. EXTINCIÓN DE COMUNIDAD SUJETA A CONDICIÓN SUSPENSIVA
  23. 107. ANOTACIÓN PREVENTIVA DE DEMANDA. TRACTO SUCESIVO
  24. 108.* ANOTACIÓN PREVENTIVA DE CRÉDITO REFACCIONARIO
  25. 109. OPCIÓN DE COMPRA E HIPOTECA. PACTO COMISORIO
  26. 110. REINSCRIPCIÓN POR INCUMPLIMIENTO DE CONDICIÓN RESOLUTORIA
  27. 111. HERENCIA. ADJUDICACIÓN DEL PLENO DOMINIO CUANDO DEBIÓ DE SER DE UNA MITAD INDIVISA
  28. 112. PROTOCOLIZACIÓN DE CUADERNO PARTICIONAL
  29. 113. EXPEDIENTE NOTARIAL DE REANUDACIÓN DE TRACTO
  30. 114. ANOTACIÓN DE EMBARGO. POSIBLE VIVIENDA FAMILIAR
  31. 116. INMATRICULACIÓN DE FINCA QUE INVADE EL DOMINIO PÚBLICO
  32. 117. CANCELACIÓN POR CADUCIDAD DE ANOTACIÓN PRORROGADA ANTES DE LA LEY 2000 EXISTIENDO NOTA DE CERTIFICACIÓN DE CARGAS POSTERIOR
  33. 119. HIPOTECA UNILATERAL
  34. 120. AMPLIACIÓN DE OBRA NUEVA. DUDAS DE IDENTIDAD
  35. 121. CANCELACIÓN DE CONDICIÓN RESOLUTORIA. FORMA DE ACREDITAR LA EXTINCIÓN. FALTA DE LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO
  36. 122. DIVISIÓN DE LA COSA COMÚN. TRACTO SUCESIVO
  37. 123. ANOTACIÓN PREVENTIVA DE DEMANDA A FAVOR DE LA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS
  38. RESOLUCIONES MERCANTIL
  39. 95.() DEPÓSITO DE CUENTAS. FALTA DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS A SOCIEDADES Y FIDEICOMISOS. 
  40. 96.*** DEPÓSITO DE CUENTAS. TITULARIDAD REAL. FALTA DE FIRMA Y DE DOCUMENTOS. 
  41. 103.** CONSTITUCIÓN DE SL. CONCEPTO DE “ACTIVIDAD PROFESIONAL”.
  42. 106.* NOMBRAMIENTO, POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, DE AUDITOR DE CUENTAS CONSOLIDADAS: NO ES POSIBLE.
  43. 115.** CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD. OBJETO SOCIAL SUJETO A LEYES ESPECIALES. SOCIEDADES PROFESIONALES.
  44. 118.*** REDUCCIÓN DE CAPITAL POR AMORTIZACIÓN DE ACCIONES: MORA DEL ACCIONISTA POR FALTA DE DESEMBOLSO DE DIVIDENDOS PASIVOS.
  45. ENLACES:

 

INFORME Nº 319. (BOE ABRIL de 2021)

Segunda Parte:  RESOLUCIONES DGSJFP:

PROPIEDAD

MERCANTIL

Ir a la Primera Parte (Disposiciones y Sección II Abril)

IR AL MINI INFORME DE MARZO

RESOLUCIONES POR MESES  y  POR TITULARES PARA BUSCAR

VALORACIÓN DE LAS RESOLUCIONES POR SU IMPORTANCIA:

Se van a seguir estos criterios a juicio de las personas que las resumen:

()     Reiterativa o de escasísimo interés

*      Poco interés o muy del caso concreto

**    Interesante (categoría estándar)

***  Muy interesante.

⇒⇒⇒ Imprescindible.  

SENTENCIAS SOBRE RESOLUCIONES:
1/2021

Resolución de 12 de marzo de 2021, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, por la que se publica, conforme a lo dispuesto en el artículo 327 de la Ley Hipotecaria, la sentencia del Juzgado de Primera Instancia n.º 5 de Burgos, de 17 de octubre de 2019, que ha devenido firme.

2/2021

Resolución de 12 de marzo de 2021, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, por la que se publica, conforme a lo dispuesto en el artículo 327 de la Ley Hipotecaria, la sentencia de la Audiencia Provincial de Albacete, Sección Primera, de 27 de noviembre de 2017, que ha devenido firme.

3/2021

Resolución de 12 de marzo de 2021, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, por la que se publica, conforme a lo dispuesto en el artículo 327 de la Ley Hipotecaria, la sentencia del Juzgado de lo Mercantil n.º 2 de A Coruña, de 12 de diciembre de 2019, que ha devenido firme.

4/2021

Resolución de 12 de marzo de 2021, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, por la que se publica, conforme a lo dispuesto en el artículo 327 de la Ley Hipotecaria, la sentencia del Juzgado de Primera Instancia n.º 4 de A Coruña, de 24 de julio de 2018, que ha devenido firme.

RESOLUCIONES PROPIEDAD
88. **NOTIFICACIONES Y PLAZOS EN PARTICIÓN POR CONTADOR PARTIDOR DATIVO DE LA LEY GALLEGA.

Resolución de 23 de febrero de 2021, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la calificación de la registradora de la propiedad de Vigo n.º 3, por la que se suspende la inscripción de una escritura de protocolización de cuaderno particional por contador-partidor dativo con aprobación notarial respecto de una herencia.

Resumen: En la partición por contador partidor de la ley de Derecho Civil de Galicia, han de transcurrir 30 días hábiles desde la última notificación a los interesados y la fecha del sorteo para su designación. La formalización de la partición ha de notificarse a los interesados no comparecientes por edictos si el domicilio es desconocido.

En una partición por contador partido dativo, regulada en los arts 295 y siguientes de la Ley de derecho Civil de Galicia, la Registradora se opone alegando como defectos:

  • Que no han transcurrido los 30 días hábiles desde la última notificación a los interesados y el sorteo para la designación del contador
  • Y que la notificación de la formalización de la partición a los interesados no comparecientes no se ha practicado

La Dirección confirma ambos defectos dado su carácter procedimental de defectos y que tanto el procedimiento como las garantías de las que se rodea se justifican con el fin de proteger el derecho de los no requirentes o promotores del mismo.

  • Respecto al primer defecto porque es claro que no ha transcurrido el plazo de 30 días hábiles desde la última notificación (que se practicó en el Boletín Oficial de la provincia de Pontevedra, al tratarse de interesado con domicilio desconocido) y la fecha en que se designó por sorteo el contador partidos entre los peritos propuestos.
  • y respecto al segundo: tampoco se practicó la notificación de la formalización partición a los interesados no comparecientes. Al ser el domicilio desconocido, la notificación debió hacerse por edictos, de acuerdo con una interpretación sistemática de la remisión que el 307 hace a los artículos 295 y 296 en cuanto a la forma de notificaciones, que le lleva a concluir que si el domicilio se desconoce, debe hacerse por edictos, aplicando el art. 297 (MN)
89.*** AGRUPACIÓN. INSCRIPCIÓN DE REPRESENTACIÓN GRÁFICA CATASTRAL  ALTERNATIVA. DUDAS DE IDENTIDAD ART. 199 LH.

Resolución de 23 de febrero de 2021, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación del registrador de la propiedad de Pozuelo de Alarcón n.º 1, por la que se suspende la inscripción de una escritura pública de agrupación de fincas.

Resumen: Doctrina de la DG para la tramitación de expedientes del artículo 199 LH, en particular con excesos de cabida y dudas de identidad en relación con otras fincas inscritas.

Hechos: Se agrupan varias fincas, formando una sola finca sobre la que se declara un exceso de cabida de aproximadamente el 11% sobre la inscrita, manifestando el otorgante que  las diferencias de superficie no se deben a negocios jurídicos traslativos no formalizados e inscritos debidamente, sino a errores descriptivos en los títulos o negocios inscritos

El registrador desde el inicio tenía dudas de que esa diferencia de cabida encubriera la anexión de una finca registrada a favor de un tercero. No obstante se ha tramitado el expediente previsto en el artículo 199 LH ya que la DG resolvió, en la Resolución de 15 de Enero de 2020, que, a pesar de dichas dudas, tenía que tramitar dicho expediente sin perjuicio de la calificación que procediera a la vista de lo que resultare  en el expediente. Una vez tramitado el expediente, en el que se hicieron las notificaciones oportunas sin oposición, el registrador denegó la inscripción de la agrupación por encubrir una alteración de límites con anexión de finca inscrita a nombre de persona distinta.

El notario autorizante recurre y alega que el registrador no especifica la parcela catastral que se corresponde con la finca registral inscrita que sería objeto de anexión en la agrupada, y que ni los linderos ni la superficie de dicha finca corroboran la conclusión del registrador, basada en meras conjeturas, y que, en definitiva, convierten en contencioso lo que debe resolverse en el ámbito de la jurisdicción voluntaria.

El interesado también recurre, en recurso independiente, y alega indefensión, pues el registrador no le informa de documento alguno durante la tramitación del expediente en el que fundamenta dichas dudas, como él mismo reconoce, y tampoco los aporta con el escrito que deniega la inscripción, por lo concluye que la denegación está fundada en suposiciones no acreditadas por documento alguno.

La DG desestima el recurso, y concluye que resultan fundamentadas las dudas del registrador expuestas en la calificación, relativas a la coincidencia de la representación gráfica con la registral 4.671 en situación, superficie y longitud de linderos, que más que dudas son certezas.

Doctrina, aplicable a los supuestos en los que se pretende la inscripción de una representación gráfica y se tramite un expediente del artículo 199 LH, en particular si hay diferencia de cabida y dudas de identidad de la finca.

  • El registrador ha de tramitar el expediente del 199 LH, aunque tenga dudas iniciales, sin perjuicio de la calificación que proceda a la vista de lo calificado en el expediente.
  • Las dudas de identidad de la finca deben referirse a que la representación gráfica de la finca coincida en todo o parte con otra base gráfica inscrita o con el dominio público, a la posible invasión de fincas colindantes inmatriculadas o a que se encubriese un negocio traslativo u operaciones de modificación de entidad hipotecaria
  • Para despejar las dudas el registrador puede acudir a la cartografía auxiliar o a la catastral.
  • Es admisible una cierta imprecisión a la hora de determinar la coincidencia de la representación gráfica con otras fincas inmatriculadas con anterioridad a dicha norma en que no se hacía constar dicha cartografía.
  • La sola formulación de oposición por alguno de los interesados no hará contencioso el expediente, ni impedirá que continúe su tramitación hasta que sea resuelto.
  • El registrador, a la vista de las alegaciones efectuadas en el procedimiento, debe decidir motivadamente según su prudente criterio.
  • El juicio de identidad de la finca por parte del registrador, debe estar motivado y fundado en criterios objetivos y razonados, sin que basten expresiones genéricas o remitirse a la mera oposición no documentada de un colindante.
  • La registración de un exceso de cabida (o disminución de superficie) solo puede configurarse como la rectificación de un dato erróneo referido a la descripción de la finca inmatriculada, de modo que ha de ser indubitado que con tal rectificación no se altera la realidad física exterior que se acota con la descripción registral. (AFS)
90. OBRA NUEVA SUJETA A CONDICIÓN. INSCRIPCIÓN DE LA AMPLIACIÓN

Resolución de 25 de febrero de 2021, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la calificación del registrador de la propiedad de La Orotava, por la que se suspende la inscripción de una escritura de declaración de ampliación de obra nueva terminada. (MN)

91.** PROPIEDAD HORIZONTAL DE HECHO. MODIFICACIÓN ESTATUTARIA. CONVERSIÓN DE TERRAZAS PRIVATIVAS EN ELEMENTOS COMUNES

Resolución de 25 de febrero de 2021, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la negativa de la registradora de la propiedad de Castro-Urdiales a inscribir determinada cláusula de los estatutos de una comunidad de propietarios.

Resumen: Hay que diferenciar en la propiedad horizontal, los actos colectivos, en los que basta el acuerdo de a Junta general  de Propietarios,  y los actos que afectan al derecho esencial del dominio («uti singuli«) de un elemento privativo, en los que se necesita además el consentimiento individualizado de sus propietarios manifestado en escritura pública para  que sean inscritos en el Registro. En los edificios en propiedad horizontal de hecho (por ejemplo, los  anteriores a la Ley de Propiedad Horizontal de 1960), se aplica la LPH aunque no esté formalmente constituida.

Hechos: Se pretenden inscribir unos Estatutos de una Propiedad Horizontal en los que se especifica que  las terrazas de determinadas viviendas son elemento común. Se certifica que el acuerdo se ha tomado por unanimidad de todos los propietarios. En el Registro de la Propiedad no está constituida formalmente la propiedad horizontal por ser un edifico antiguo. Las terrazas objeto del acuerdo figuran inscritas como parte de determinadas fincas inscritas separadamente.

La registradora suspende la inscripción pues exige el consentimiento individual de todos los propietarios de fincas inscritas privativamente .

El interesado recurre y alega que la Ley de Propiedad Horizontal no exige dicho consentimiento individual y que, caso de ser necesario, sería únicamente de los titulares de las fincas afectadas por el acuerdo.

La DG desestima el recurso.

Doctrina:  Debe distinguirse entre los acuerdos que tienen el carácter de actos colectivos (adoptados con los requisitos previstos en la legislación de propiedad horizontal resultantes de la correspondiente acta –cfr. artículo 19 de la Ley sobre propiedad horizontal–), que no se imputan a cada propietario singularmente sino a la Junta como órgano comunitario, y aquellos otros actos “uti singuli” que afectan al contenido esencial del derecho de dominio, los cuales requieren el consentimiento individualizado de los propietarios correspondientes, el cual habría de constar mediante documento público para su acceso al Registro de la Propiedad.

Cuando la situación fáctica de un edificio es de división horizontal le es de aplicación la Ley de Propiedad Horizontal, aunque los propietarios no hayan otorgado el correspondiente título constitutivo.  (AFS)

92.** COMPRAVENTA. TRACTO SUCESIVO

Resolución de 25 de febrero de 2021, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la negativa de la registradora de la propiedad interina de Navalcarnero n.º 1 a inscribir una escritura de compraventa. (ACM)

Resumen: No cabe inscribir, por falta de tracto, un titulo contradictorio a otro presentado con anterioridad, si el titular registral ya no es el mismo, aunque sea su heredero.

– Hechos:      En 2016 se vende una participación indivisa de una finca y la escritura NO se presenta a inscripción.
     Luego fallece el vendedor y en la escritura de herencia sí se incluye tal cuota indivisa que se inscribe a favor de la heredera.
     Ahora se presenta a inscripción la escritura de venta de 2016 otorgada entre el causante y el comprador.

– La Registradora:    obviamente, deniega la inscripción conforme al Pº de Tracto Sucesivo (Art 20 LH), pues la cuota indivisa que se vendió aparece hoy a nombre de otra persona (aunque sea la heredera del vendedor fallecido)

– El compradora:    recurre alegando que la actual titular registral, al ser la heredera del vendedor, ya conocía la venta de su causante.

– Resolución: La DGSJFP, lógicamente desestima el recurso y confirma la calificación.
– Doctrina
Aplica no solo el Ppio de Tracto Sucesivo (Arts 17 y  20 LH) sino también los de de Legalidad (Art 1 LH) y de Legitimación (Art 38 LH), pues los asientos están bajo la salvaguardia de los tribunales y producen todos sus efectos mientras no se declare su inexactitud o lo consienta el titular registral, pués no pueden inscribirse títulos contradictorios y ello aunque la actual titular registral  sea la heredera del vendedor fallecido y no pueda ir contra sus propios actos (aceptación), pero a falta de su consentimiento expreso será precisa Sentencia judicial. (ACM)

93.** LIQUIDACIÓN DE SOCIEDAD DE GANANCIALES ADJUDICANDO FINCA PRIVATIVA

Resolución de 25 de febrero de 2021, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador de la propiedad de La Orotava, por la que se suspende la inscripción de una escritura de liquidación de gananciales. (ACM)

Resumen: La atribución del carácter ganancial de un bien privativo debe ser expresa y delimitarse claramente en el título.

– Hechos:      En una escritura de capitulaciones matrimoniales se liquida la Comunidad de Gananciales y se adjudica a la esposa un bien que aparece inventariado como ganancial cuando registralmente consta como privativo del esposo (por haberlo adquirido, viudo, antes del 2º matrimonio).

– El Registrador:    califica negativamente, conforme al Pº de Tracto Sucesivo (Art 20 LH) señalando que, o bien se trata de un error de la escritura, que incluiría equivocadamente como ganancial un bien que es privativo) y que por tanto debe subsanarse; o bien falta algún negocio expreso de atribución del carácter privativo de la finca, que no aparece reflejado en la escritura.

– El abogado de los esposos:    recurre y trata de demostrar, aportando múltiples documentos a la D.G., que se trata de una vivienda familiar que se financió mediante hipoteca que se satisfizo con dinero ganancial y que conforma a los arts 1354 y 1357 CC existe un “pro indiviso” privativo-ganancial, que hace innecesario especificar más pudiendo presumirse tal negocio de aportación a la sociedad de gananciales, que se produciría “ex lege” sin necesidad de una declaración de voluntad especial.

– Resolución: Lógicamente la DGSJFP desestima el recurso y confirma la calificación.
– Doctrina:               
Al margen de que no admita los documentos no aportados al registrador y no reflejados en la escritura, sino solo por manifestaciones y documentos alegados en el recurso, y reiterando las RR. 6 de marzo, 11 de junio, 15 de septiembre y 26 de noviembre de 2020 (por citar solo las más recientes), señala que es preciso que en el título conste específicamente una declaración de voluntad causal de las partes de atribuir el carácter ganancial de la finca, haciendo constar que es vivienda familiar, lo que no resulta del caso planteado, y sin que ni el Registrador ni la DGSJFP pongan en duda el fondo de la cuestión, es decir que la vivienda es en parte privativa y en mayor parte ganancial (arts 1354 y 1357 CC), sino la falta de una declaración de voluntad y un consentimiento de ambos cónyuges a tales atribuciones (carácter de vivienda familiar, carácter parcialmente Ganancial), pero sin que el registrador tenga que presumir la existencia de un negocio, que además sería contradictorio con la propia finalidad del negocio principal, como sería atribuir carácter ganancial en el mismo acto en que se ha extinguido simultáneamente la Comunidad de Gananciales. (ACM)

94. HERENCIA. TESTAMENTO OTORGADO EN CATALUÑA POR INCAPACITADA

Resolución de 25 de febrero de 2021, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador de la propiedad de Tortosa n.º 1 a inscribir una escritura de adjudicación de herencia. (JAR)

97. EXCESO DE CABIDA. RECTIFICACIÓN FUERA DE PLAZO DE LA CALIFICACIÓN NEGATIVA

Resolución de 26 de febrero de 2021, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación del registrador de la propiedad de Sevilla n.º 3, por la que se suspende la inscripción de un exceso de cabida. (ACM)

98.** INSCRIPCIÓN DE REPRESENTACIÓN GRÁFICA ALTERNATIVA. OPOSICIÓN DE COLINDANTE CON INFORME TÉCNICO

Resolución de 1 de marzo de 2021, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación de la registradora de la propiedad de Las Palmas de Gran Canaria n.º 1, por la que se suspende la inscripción de una representación gráfica alternativa a la catastral.

Resumen: Una representación gráfica inscrita no deviene inalterable, sino que es posible su rectificación con arreglo a las normas generales de la Ley Hipotecaria.

Hechos: Mediante escritura el titular de una finca rectifica su descripción según informe técnico y solicita la inscripción de la representación gráfica alternativa a la catastral, aportando informe de validación gráfica catastral.

  • La finca en cuestión consta en el Registro con una superficie de 66 metros cuadrados, la cual resulta de su representación gráfica catastral inscrita en el 2017, habiéndose tramitado previamente el expediente previsto en el artículo 199 de la Ley Hipotecaria.
  • Ahora se pretende la inscripción de una nueva representación gráfica alternativa a la catastral, que arroja una superficie de 71,25 metros cuadrados.

La registradora suspende la inscripción una vez tramitado el expediente del artículo 199 de la Ley Hipotecaria, a la vista de la oposición formulada por el titular de una finca colindante, que aporta informe técnico contradictorio.

El recurrente alega que el informe pericial topográfico aportado es “sesgado y lleno de contradicción” y “un intento de contrario a hacer suyo un derecho de cabida de forma manifiestamente improcedente, temerario y de mala fe”.

Resolución: La Dirección General desestima el recurso y confirma la calificación impugnada.

Doctrina: De la redacción de los artículos 910 de la Ley Hipotecaria no puede deducirse que una vez inscrita una representación gráfica la misma devenga en inalterable, siendo posible su rectificación con arreglo a las normas generales de la Ley Hipotecaria sobre rectificación de asientos [cfr. artículo 40.d) Ley Hipotecaria] y la inscripción de la nueva representación debe someterse a las normas y procedimientos generales para su inscripción, siendo objeto de calificación por el registrador la existencia o no de dudas en la identidad de la finca.

Las dudas pueden referirse a que la representación gráfica de la finca coincida en todo o parte con otra base gráfica inscrita o con el dominio público, a la posible invasión de fincas colindantes inmatriculadas o se encubriese un negocio traslativo u operaciones de modificación de entidad hipotecaria.

A continuación cita la Resolución de 23 de septiembre de 2020, conjunta de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública y de la Dirección General del Catastro, en la que se contempla la posibilidad de utilizar una representación gráfica alternativa para mejorar la precisión métrica de la cartografía catastral, y a tal efecto establece los parámetros que permiten determinar cuándo una representación gráfica alternativa es equivalente a la cartografía catastral, definiendo en su anexo II el margen de tolerancia gráfica en los términos siguientes:

“1. La línea exterior que delimita el perímetro de la geometría de la RGGA debe estar comprendida, en el caso de cartografía urbana, dentro de la zona delimitada entre un borde exterior, situado a una distancia de +0,50 metros y un borde interior, situado a una distancia de –0,50 metros, trazados ambos a partir de la línea que delimita el perímetro de la representación geométrica de la parcela catastral. En el caso de cartografía rústica, la distancia para delimitar el borde exterior será de +2,00 metros, mientras que para el borde interior será de –2,00 metros, medidos a partir de la citada línea.

2. Adicionalmente, cuando la diferencia de superficie entre la RGGA y la cartografía catastral no excede del 5 % de la superficie catastral”.

En el caso que nos ocupa, del análisis de la cartografía, se observa que se respetaría el citado margen de tolerancia, de tal modo podría entenderse equivalente la representación gráfica catastral inscrita con la alternativa ahora aportada.

Pero como indica el punto segundo apartado 1 de la citada Resolución: “La mejora de la precisión métrica de la cartografía catastral podrá obtenerse mediante la inscripción, a instancia del interesado, de una representación gráfica georreferenciada alternativa, debiendo ser notificados los colindantes catastrales y registrales, en los términos previstos en la legislación hipotecaria”

Y en base a ello, se consideran identificadas y fundadas las dudas de la registradora en la nota de calificación en cuanto a la existencia de conflicto entre fincas colindantes, que se fundamenta en un informe técnico contradictorio en el que, atendiendo a coordenadas georreferenciadas, se identifica con precisión una franja de terreno que invade la finca de su titularidad, pudiéndose con su inscripción alterar la realidad física exterior que se acota con la global descripción registral, pudiendo afectar a los derechos de terceros, pudiéndose acudir al expediente de deslinde regulado en el artículo 200 de la Ley Hipotecaria, sin perjuicio de poder acudir al juicio declarativo correspondiente (cfr. artículo 198 de la Ley Hipotecaria).

Comentarios: La intervención de los titulares colindantes en los procedimientos de concordancia del Registro con la realidad física reviste gran importancia ya que de lo contrario se podrían lesionar sus derechos pudiendo tener acceso al registro situaciones litigiosas o que puedan generar una doble inmatriculación. (MGV)

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99.() RECURSO CONTRA ASIENTO YA PRACTICADO

Resolución de 3 de marzo de 2021, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la calificación de la registradora de la propiedad de Madrid n.º 23, por la que se practicó la inscripción de una escritura de elevación a público de adenda a contrato de arrendamiento de inmueble.

Resumen: No cabe interponer recursos contra asientos ya practicados, pues están bajo la salvaguardia de los tribunales

Hechos: Se otorgan varias escrituras complementarias de otra de arrendamiento.

La registradora inscribe dichas escrituras.

El interesado (uno de ellos) recurre y se queja de que el registrador no tenía que haber practicado la inscripción por la existencia de determinados defectos, a su juicio..

La DG desestima el recurso,

Doctrina: No es posible interponer recurso gubernativo contra la inscripción practicada por el registrador, ya que los asientos están bajo la salvaguardia de los tribunales. (AFS)

PDF (BOE-A-2021-6536 – 4 págs. – 229 KB) Otros formatos

100.** COMPRAVENTA DE VIVIENDA Y ANEJO. SU RECIPROCA VINCULACIÓN.

Resolución de 3 de marzo de 2021, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación de la registradora de la propiedad de Madrid n.º 8, por la que se suspende la inscripción de una escritura de compraventa.

Resumen: En una PH, en que los garajes están vinculados a las viviendas, si se vende la vivienda se está vendiendo también el garaje vinculado a ella y ello aunque los garajes consten inscritos como fincas independientes con número registral propio.

Hechos: Los hechos de esta resolución son los siguientes:

— En la descripción de una finca registral -la número 13.210- como vivienda, consta que a la finca queda vinculada la plaza de garaje número (…) según el artículo 13 de los estatutos de comunidad

— Por su parte existe otra finca, la 13.103, que se describe como plaza de garaje vinculada a la vivienda número (…), según el artículo 13 de los estatutos de comunidad».

— Por escritura del año 1994, en su día, se inscribió en un RP sólo la vivienda, es decir la finca registral 13.210.

— Ahora se presenta de nuevo la misma escritura con la finalidad de inscribir la plaza de garaje vinculada a la anterior finca registral, teniendo esa plaza número propio de finca registral (13.103), ya que no se había inscrito en su momento, siguiendo inscrita a nombre de los vendedores.

Ahora se califica de forma negativa pues “no resulta de la descripción de la finca 13210 … que se hace en la escritura de compraventa ninguna mención a la plaza de garaje número (…), de la que se solicita la inscripción”.

Añade la registradora que del registro resulta, según la inscripción 1ª de la finca 13.210, que a esa finca está “vinculada la plaza de garaje número (…), según el Artículo 13.ª de los Estatutos de Comunidad”. Por su parte la finca registral 13103, que se describe en el Registro como Plaza de garaje (…), situada en la planta de sótano del mismo edificio, sigue inscrita en la actualidad a favor de los vendedores de la vivienda en la escritura de 1994, pero constando  vinculada a la vivienda, es decir que están recíprocamente vinculadas.

La consecuencia de todo y por lo que se suspende la inscripción es por lo siguiente:

1º.  No resulta del Registro que la vinculación entre las fincas 13103 y 13210 -vivienda y plaza de garaje respectivamente-, implique que la venta de una de las fincas conlleve la de la finca vinculada. Se da además la circunstancia de que varias de las plazas de garaje del mismo edificio “vinculadas” a otras viviendas, se han vendido independientemente de las mismas. Por otro lado, no se describe ni se menciona en la escritura de compraventa objeto de calificación, la plaza de garaje de la que se solicita inscripción, finca 13103.

2º. Para poder inscribir la plaza de garaje, se necesitaría el consentimiento de los titulares inscritos o, en su caso, de sus sucesores, conforme a lo establecido en el artículo 20 de la Ley hipotecaria.

Se interpone recurso. Se dice que la palabra “vinculación” debe de tener alguna repercusión jurídica y que en la escritura de 1994 no consta que quedara excluido el garaje. En la escritura se decía expresamente que la vivienda se vendía “en concepto libre de cargas y gravámenes y con todos sus usos, derechos y servidumbres” y se debe entender y así resulta de la jurisprudencia del Tribunal Supremo que uno de esos usos y derechos es la plaza de garaje que además está inscrita vinculada a esta finca. Es decir que vínculo es como si fuera un anejo. Así además figura en los estatutos de la PH.

Resolución: La DG revoca la nota de calificación.

Doctrina: Lo primero que hace el CD es fijar el concepto de anejo en la LPH. Según su artículo 5, en el título constitutivo junto a la descripción de los pisos se expresarán los “anejos, tales como garaje, buhardilla o sótano”. En base ello, “los anejos son elementos accesorios de carácter privativo que forman parte integrante de un elemento privativo de la propiedad horizontal con el que están unidos jurídicamente, aunque se caracterizan por estar situados físicamente fuera del mismo”.

Añade la DG que en este caso y con independencia del motivo por el que se practicara la inscripción de la vivienda de manera independiente a la del garaje, se ha dado a este “la configuración de elemento privativo independiente con su propia cuota de participación, resultando su condición de anejo de la expresa vinculación a la vivienda, circunstancia que se hace constar en ambas fincas registrales”. Por tanto, si así consta en los libros del registro, habrá de pasarse por ello a tenor de lo dispuesto en el art. 38 de la LH.

Comentario: El problema que soluciona esta resolución se provocó sin duda porque en su día, bien por una poco clara redacción de la escritura, o por una interpretación equivocada de la misma al practicar la inscripción, no se inscribió el elemento que estaba vinculado con la vivienda. Aunque profundizando más, quizás el error, origen del problema, estuvo desde el principio de la PH por la forma en que se inscribieron los garajes. Si estos se configuraron como vinculados a las viviendas, aunque no se empleara la palabra de “anejo”, nunca se debieron inscribir como fincas independientes con folio propio.  Ello ha provocado, según resulta de la calificación de la registradora, que algunos de ellos se hayan enajenado de forma independiente de las viviendas, aunque ello también pudo estar motivado porque en las respectivas escrituras de venta de las viviendas quedara expresamente excluido el garaje.  (MGV)

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101. HERENCIA. ENTREGA DE LEGADOS

Resolución de 4 de marzo de 2021, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la calificación del registrador de la propiedad de San Cristóbal de La Laguna n.º 2-Área Metropolitana de Santa Cruz de Tenerife, por la que se suspende la inscripción de una instancia de aceptación de un legado. (JAR)

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102. INICIACIÓN DE EXPEDIENTE DE INMATRICULACIÓN EN VIRTUD DE INSTANCIA PRIVADA

Resolución de 4 de marzo de 2021, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación del registrador de la propiedad de Santa María de Guía de Gran Canaria, por la que se deniega la iniciación de un expediente de doble inmatriculación en virtud de instancia privada. (MN)

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104. PROCEDIMIENTO DE APREMIO FISCAL. RETRACTO DE COLINDANTES

Resolución de 10 de marzo de 2021, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la calificación de la registradora de la propiedad de Vigo n.º 3, por la que se suspende la inscripción de la transmisión de una finca realizada en procedimiento de ejecución administrativo. (MN)

105. EXTINCIÓN DE COMUNIDAD SUJETA A CONDICIÓN SUSPENSIVA

Resolución de 10 de marzo de 2021, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador de la propiedad de Madrid n.º 6 a inscribir una escritura de extinción de comunidad. (AFS)

107. ANOTACIÓN PREVENTIVA DE DEMANDA. TRACTO SUCESIVO

Resolución de 11 de marzo de 2021, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación de la registradora de la propiedad de Santa Coloma de Farners, por la que se deniega la práctica de una anotación preventiva de demanda. (MN)

108.* ANOTACIÓN PREVENTIVA DE CRÉDITO REFACCIONARIO

Resolución de 11 de marzo de 2021, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación del registrador de la propiedad interino de Adeje, por la que se deniega una anotación preventiva de crédito refaccionario.

Resumen: La afección real de las fincas de resultado al pago de los gastos inherentes al sistema de actuación, no legitima a los acreedores de la junta de compensación por deudas contraídas en el desempeño de su cometido, a proceder contra las parcelas adjudicadas o pedir anotación preventiva de su crédito.

Hechos: Mediante escrito firmado por el administrador de una entidad la mercantil se solicita tomar anotación preventiva de crédito refaccionario sobre parcelas de propietarios privados.

El crédito refaccionario, base de la anotación, surge por el impago en el que incurre la Junta de Compensación de las obras de urbanización.

El registrador suspende la anotación por estar inscritas las parcelas a nombre de titulares distintos de la junta de compensación y la deniega en cuanto a diversas viviendas unifamiliares para las que, a fecha de presentación de la solicitud de anotación del crédito refaccionario, consta la terminación de las obras.

El recurso se plantea en cuanto a la suspensión de la anotación por estar las fincas inscritas a nombre de titular distinto de la junta de compensación, aunque no en cuanto a la denegación de anotación sobre las catorce concretas parcelas cuyas obras constan registralmente como terminadas por aquietarse el recurrente en este extremo de la nota de calificación.

Se da la circunstancia de que la nota marginal de afección a los gastos de urbanización está cancelada por caducidad.

Resolución: La Dirección General desestima el recurso y confirma la nota de calificación.

Doctrina: La existencia de una afección real al pago de los gastos de urbanización no exime de la necesidad de llamar al procedimiento al titular registral en el momento de la anotación, como consecuencia del principio de tracto sucesivo proclamado en el artículo 20 de la Ley Hipotecaria, que es una manifestación en sede registral del principio constitucional de tutela judicial efectiva.

Y sin que tampoco se pueda invocar el poder dispositivo, que como fiduciaria corresponde a la junta de compensación sobre las fincas de los propietarios integrados en ella, ya que dicho poder, encaminado al cumplimiento de los fines propios de la actuación urbanística, cesa en el momento de la aprobación definitiva del proyecto de compensación.

En el caso que nos ocupa, además se da la circunstancia de que la nota marginal de afección a los gastos de urbanización se encuentra cancelada por caducidad, considerando nuestro CD que el incumplimiento del tracto sucesivo es aún más patente, debiendo el registrador proceder a la denegación de la anotación preventiva solicitada.

Comentarios: De acuerdo con el principio de tracto sucesivo para que sea posible la anotación es preciso que los titulares de las fincas cuyo gravamen se pretende hayan sido parte de manera personal y directa en el procedimiento, sin que sea suficiente la mera notificación de la existencia del mismo, ya que al no ser titulares pasivos de la deuda reclamada, al aparecer  la junta de compensación, por tener personalidad jurídica propia, como deudora, no tendrían legitimación ni trámite adecuado para hacer valer sus respectivos derechos.(MGV)

109. OPCIÓN DE COMPRA E HIPOTECA. PACTO COMISORIO

Resolución de 15 de marzo de 2021, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la negativa de la registradora de la propiedad interina de Celanova a inscribir la opción de compra pactada en una escritura de constitución de hipoteca. (ACM)

110. REINSCRIPCIÓN POR INCUMPLIMIENTO DE CONDICIÓN RESOLUTORIA

Resolución de 16 de marzo de 2021, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la calificación de la registradora de la propiedad interina de Celanova, por la que se suspende la reinscripción de una finca a favor de la parte vendedora por incumplimiento de una condición resolutoria, acreditada con acta de presencia y notificación a la parte compradora. (AFS)

111. HERENCIA. ADJUDICACIÓN DEL PLENO DOMINIO CUANDO DEBIÓ DE SER DE UNA MITAD INDIVISA

Resolución de 17 de marzo de 2021, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador de la propiedad de Madrid n.º 53 a inscribir una escritura de manifestación y adjudicación de herencias. (JAR)

112. PROTOCOLIZACIÓN DE CUADERNO PARTICIONAL

Resolución de 18 de marzo de 2021, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la calificación de la registradora de la propiedad de Lugo n.º 2, por la que se deniega la inscripción de una escritura de protocolización de cuaderno particional de herencia. (JAR)

113. EXPEDIENTE NOTARIAL DE REANUDACIÓN DE TRACTO

Resolución de 18 de marzo de 2021, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la negativa de la registradora de la propiedad interina de Pina de Ebro a expedir la certificación y practicar la anotación preventiva correspondiente en relación con expediente de reanudación del tracto sucesivo. (ACM)

114. ANOTACIÓN DE EMBARGO. POSIBLE VIVIENDA FAMILIAR

Resolución de 18 de marzo de 2021, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador de la propiedad de Madrid n.º 14 a la práctica de una anotación preventiva de embargo. (ACM)

116. INMATRICULACIÓN DE FINCA QUE INVADE EL DOMINIO PÚBLICO

Resolución de 18 de marzo de 2021, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación de la registradora de la propiedad de Sanlúcar la Mayor n.º 2, por la que se suspende la inmatriculación de una finca rústica al invadir dominio público. (IES)

117. CANCELACIÓN POR CADUCIDAD DE ANOTACIÓN PRORROGADA ANTES DE LA LEY 2000 EXISTIENDO NOTA DE CERTIFICACIÓN DE CARGAS POSTERIOR

Resolución de 30 de marzo de 2021, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación de la registradora de la propiedad de Adra, por la que se deniega la cancelación de una anotación de embargo. (JCC)

Resolución de 24 de marzo de 2021, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la negativa de la registradora de la propiedad de Palma de Mallorca n.º 4 a inscribir una escritura de constitución unilateral de hipoteca. (MN)

120. AMPLIACIÓN DE OBRA NUEVA. DUDAS DE IDENTIDAD

Resolución de 24 de marzo de 2021, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación de la registradora de la propiedad de Pedreguer, por la que se suspende la inscripción de una escritura de declaración de ampliación de obra nueva. (JAR)

121. CANCELACIÓN DE CONDICIÓN RESOLUTORIA. FORMA DE ACREDITAR LA EXTINCIÓN. FALTA DE LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO

Resolución de 25 de marzo de 2021, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la calificación de la registradora de la propiedad de Fuengirola n.º 1, por la que se suspende la práctica de una cancelación de condición resolutoria. (AFS)

122. DIVISIÓN DE LA COSA COMÚN. TRACTO SUCESIVO

Resolución de 25 de marzo de 2021, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación de la registradora de la propiedad de Valencia n.º 17, por la que se suspende la inscripción de un testimonio de decreto de adjudicación dictado en autos de ejecución de títulos judiciales, con la finalidad de proceder a la división de cosa común. (MN)

123. ANOTACIÓN PREVENTIVA DE DEMANDA A FAVOR DE LA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS

Resolución de 25 de marzo de 2021, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación de la registradora de la propiedad de La Unión n.º 2, por la que se deniega una anotación preventiva de demanda. (MGV)

RESOLUCIONES MERCANTIL
95.() DEPÓSITO DE CUENTAS. FALTA DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS A SOCIEDADES Y FIDEICOMISOS. 

Resolución de 25 de febrero de 2021, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador mercantil I de Valencia a practicar el depósito de cuentas anuales de una sociedad relativas al ejercicio de 2019.

Como dice la DG, se trata de una nota de calificación idéntica a la de la resolución de 5 de febrero de 2021, la cual fue confirmada. Nos remitimos por tanto al resumen que de dicha resolución se hizo bajo los números 57, 58, 59 y 60, en esta misma web. (JAGV)

96.*** DEPÓSITO DE CUENTAS. TITULARIDAD REAL. FALTA DE FIRMA Y DE DOCUMENTOS. 

Resolución de 25 de febrero de 2021, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador mercantil V de Valencia a practicar el depósito de cuentas anuales de una sociedad relativas al ejercicio de 2019.

Resumen: No es defecto que impida el depósito de cuentas de una sociedad, el hecho de que en el documento de titulares reales se incluya algún socio que no tiene este carácter.

Hechos: Se solicita por una sociedad el depósito de cuentas correspondiente el ejercicio de 2019. En el documento de titularidad real se consignan dos socios, uno con el 75% del capital social y el otro con el 25% de dicho capital.

Su calificación es la siguiente:

— No consta debidamente cumplimentado, el documento relativo a la Declaración de la Titularidad Real (Resolución de 22 de mayo de 2019 (BOE de 24/05/2019) de la DGRN y Orden Ministerial JUS/319/2018 de 21 de marzo (BOE 27 de marzo de 2018), “dado que únicamente se declaran titulares reales aquellos socios que posean o controlen más del 25% de capital social o derechos de voto”. Subsanable. Añadimos nosotros que lo que parece indicar el registrador en su nota es que el documento de titulares reales no está bien cumplimentado pues incluye a una persona que no tiene dicha cualidad. 

— Falta la firma por persona facultada del documento relativo a la Declaración de la Titularidad Real. Subsanable.

— No se aporta la hoja destinada a datos generales de identificación (ID1/IDP1). Subsanable.

Se advierte finalmente que para “la subsanación del precedente defecto, será necesario, que la Certificación del Acta de la Junta sea expedida de nuevo, conforme a las previsiones legales y con posterioridad a la fecha de la presente resolución, a los efectos de no desvirtuar la calificación notificada”.  

El interesado recurre. Dice que el documento de titularidad real está debidamente cumplimentada pues se relacionan los socios que poseen el 25% o más del capital social, que si no consta la firma es porque “no consta espacio” para ello en el documento, y que al presentar el depósito no se le advirtió de la falta de ningún documento que puede haberse extraviado en el registro… 

Resolución: Se revoca el primer defecto y se confirman los otros dos.

Doctrina: La DG examina los tres defectos de la nota.

Respecto del primero centra el debate en el sentido de que, si en el documento de titularidad real se consigna un socio que posee el 75% del capital social, es o no correcto consignar al otro socio que posee el 25% restante, tal y como se ha realizado.

Repasa la DG la normativa aplicable, citada por el registrador, que según ella ha quedado “reconocida por la Disposición Adicional Décima del Real Decreto 2/2021, de 12 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas, al establecer que para acreditar el titular real de las entidades sujetas a auditoría, y en tanto no se haya creado el Registro Único de Titularidades Reales del Ministerio de Justicia, la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública dará las instrucciones necesarias para que quede asegurado el acceso al Registro de Titularidades Reales del Colegio Oficial de los Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles de España. Concluye que, pese a que sólo es obligatoria la inclusión en el documento de socios que posean más del 25% del capital social (cfr. art. 8 Rto. LPTBC), y al socio que controla el 75% de ese capital, “se añade el otro socio que ostenta el 25% restante, nada se le puede objetar, ya que con ello se conseguirá que el Registro de Titularidades Reales sea más completo”.

A continuación, examina la falta de firma en el documento, confirmando su necesidad dada la “trascendencia de la declaración”, pues según el artículo 9.1 del Real Decreto 304/2014, “la identificación y comprobación de la identidad del titular real se realizará, con carácter general, mediante una declaración responsable de la persona que tenga atribuida la representación de la persona jurídica”.

También se confirma el tercer defecto pues si falta un documento “no se puede echar la culpa al Registro de haberlo extraviado” aunque nadie le advirtiera de su falta, pues en el momento de la presentación “no existe obligación legal de comprobar si están todas las hojas que integran las cuentas, y más cuando es muy diverso el número de documentos y hojas que lo integran”.
Finalmente recuerda la DG que ninguno de estos dos defectos hubiera existido si la presentación de los documentos se hubiera realizado por vía telemática.

Comentario: El único defecto sustancial de la nota de calificación era el referido a si es correcto que en el documento destinado a reflejar los llamados técnicamente por la Ley de Prevención del Terrorismo, Ley 10/2010, titulares reales, se pueden incluir personas que no tengan dicha cualidad por no tener una participación en el capital de la sociedad que obligue a su inclusión. En definitiva, si en el documento llamado de titulares reales que debe acompañar al depósito de cuentas, se pueden incluir personas que carezcan de dicha cualidad por no tener más del 25% del capital social. La DG responde con rotundidad en sentido afirmativo pues con ello dice que “el registro de titulares reales será más completo”. No obstante, dicha afirmación, de forma paradójica, es desmentida por la misma frase de la DG, pues incluyendo personas que no son titulares reales, es difícil que el registro de titulares reales sea más completo, pues dichas personas no lo son. Así resulta también del mismo formulario incluido en la Orden JUS/319/2018.

Pudiera estimarse que ello es una cuestión menor, dado el conocido refrán español “lo que sobra honra”, pero como el registro de titulares reales sirve para dar publicidad de dichos titulares reales(cfr.art.30.5 Directiva 849/2015-2018) nos tenemos que preguntar si sería posible que ante una petición judicial, administrativa o de un particular, en su caso, sobre los titulares reales de esa empresa, el registro pudiera proporcionar publicidad de personas que no son titulares reales.  Entendemos que no y si el registro no puede dar publicidad de esa persona que se ha incluido indebidamente en el documento de titulares reales, entonces ¿para qué sirve su inclusión? ¿no puede inducir a error y considerar que esa persona tiene la condición de titular real cuando no la tiene? En definitiva, desde nuestro punto de vista es errónea la postura que la DG adopta en este caso, pues siguiendo su tesis podemos llenar el documento de titulares reales, y consiguientemente la base de datos sobre dichos titulares, de personas que no tengan dicha cualidad con la responsabilidad en que se podría incurrir si se da publicidad de ellas.

Cuestión distinta es si esa inclusión tiene la entidad suficiente para devolver el depósito y considerarlo defectuoso. Por claridad y seguridad sí, pero desde un punto de vista eminentemente práctico a ese documento se le podría aplicar el principio de inscripción parcial de forma que, tras petición del presentante, que se suele hacer casi de oficio al presentar el documento, el registrador lo excluyera del documento y por tanto no se reflejara en la base de datos. Es un problema similar al que ocurre cuando una sociedad sin estar obligada a ello y sin tener inscrito un auditor incluye en el depósito un informe de auditoría. Obviamente no procede su depósito, como tampoco proceda en las inscripciones hacer constar más datos de los personas cuya identidad deba reflejarse en el registro que los exigidos por el artículo 38 del RRM o cuando en un acuerdo que no requiere un informe o una publicidad la misma se ha efectuado. En ninguno de estos casos, por no ser ello obligatorio, se debe reflejar esos datos o informes “sobrantes”, pues si se hiciera se podría llamar a confusión a la persona que consulta el registro al reflejar la inscripción elementos no necesarios y que para nada inciden en la validez de los acuerdos. El Registro Mercantil es público sin cortapisas y por ello se debe poner especial cuidado en lo que se refleja en sus libros, limitándolo a lo que es estrictamente obligatorio según la ley o el RRM. (JAGV)

103.** CONSTITUCIÓN DE SL. CONCEPTO DE “ACTIVIDAD PROFESIONAL”.

Resolución de 10 de marzo de 2021, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación del registrador mercantil y de bienes muebles de Badajoz, por la que se resuelve no practicar la inscripción de una escritura de constitución de sociedad de responsabilidad limitada.

Resumen: Es posible constituir una sociedad con un objeto relativo a la “formación, consultoría y asesoramiento en el campo de la construcción, la ingeniería y la arquitectura”, sin que la misma se tenga que constituir como sociedad profesional o indicar que será mediadora en esas actividades.

Hechos: Se constituye una sociedad limitada en cuyo objeto, entre otras actividades, figuran la “de formación, consultoría y asesoramiento en el campo de la construcción, la ingeniería y la arquitectura”.

El registrador suspende la inscripción pues a su juicio las “actividades descritas en el art. 2.º de los Estatutos, constituyen actividades profesionales, por lo que la Sociedad debe adoptar la forma de Sociedad Profesional, o bien determinar –en los estatutos sociales- de forma clara e inequívoca que respecto a tales actividades el objeto es la mediación o la intermediación, quedando por tanto excluidas del ámbito de aplicación de la Ley 2/2.007 de 15 de marzo de Sociedades Profesionales. Arts. 1 y 2 de la Ley de Sociedades Profesionales y STS, Sala de lo Civil, de 18 de julio de 2.012”. Subsanable.

El notario recurre. Lo primero que pone de manifiesto es lo genérico de la nota, por lo que tras desechar que puedan ser profesionales actividades como la construcción o la edición de libros, centra su recurso en las actividades de asesoramiento, de formación y de consultoría y en el campo de la construcción, ingeniería y arquitectura. Rechaza de plano que para el desempeño de dichas actividades sea necesaria la posesión de la correspondiente titulación universitaria oficial, e inscripción en el Colegio profesional de que se trate. En definitiva, concluye que “no es lo mismo ejercer una profesión para la que se exige una determinada titulación y colegiación, que en el campo de la ingeniería o de la arquitectura sería elaborar y redactar proyectos o ejercer la dirección de obras, que desarrollar una actividad, como es la consultoría o la de formación, para la que te capacita, y se utiliza y aprovechan, los conocimientos adquiridos para obtener dicha titulación”.

Resolución: Se revoca la nota de calificación del registrador.

Doctrina: Comienza diciendo la DG que a partir de la sentencia del TS de 18 de julio de 2012, de forma reiterada, el Centro Directivo ha sostenido que cuando los estatutos se refieran a actividades profesionales en el sentido del art. 1 de la Ley 2/2007, la sociedad debe constituirse como profesional.

Añade que según el DRAE “el término «profesión» hace referencia al «empleo, facultad u oficio que alguien ejerce y por el que percibe una retribución»”. En este sentido de conectar la profesión “con un determinado conjunto de conocimientos o destrezas no está sometida a un control jurídico público, ni tampoco las condiciones concretas en que deba desarrollarse su ejercicio”.

A continuación, señala lo genérico de la calificación registral y la omisión de su motivación jurídica. Pese a ello el recurrente se centra “en rebatir que las actividades de formación, consultoría y asesoramiento en el campo de la construcción, la ingeniería y la arquitectura tengan el carácter de actividades profesionales a los efectos del artículo 1 de la Ley de sociedades profesionales, alegando que ninguna de esas tareas comporta el ejercicio de la profesión de arquitecto o ingeniero”. Por ello concluye que no se puede confundir la “profesión de arquitecto o ingeniero con la prestación de servicios de formación, orientación o consejo para el mejor ejercicio de tales cometidos, y que, en cuanto a la consultoría, aunque “se va delimitando paulatinamente como una actividad profesional socialmente tipificada”, “el legislador todavía no ha adoptado la decisión de regularla como una profesión titulada sometida a colegiación obligatoria”.

Comentario: De forma clara delimita la DG las actividades propias de una profesión colegiada, de aquellas otras que por su contenido no necesariamente exigen titulación universitaria y colegiación oficial. Es decir, la DG basa su decisión en el carácter anfibológico de la palabra “profesión” o “profesional”, palabras que pueden referirse a la propia profesión o a la persona que realiza su tarea con competencia profesional y con saberes relacionados con esa profesión. Desde este punto de vista a la hora de enfrentarnos con un objeto social que tenga concomitancias más o menos claras con actividades profesionales, deberemos distinguir si se refiere al ejercicio de la propia profesión como tal, en cuyo caso será de aplicación la Ley 2/2007, o se refiere a otras actividades que, aunque relacionadas con la profesión de que se trate, no es una actividad que requiera título universitario y colegiación obligatoria. Lo que ocurre en este caso es que las actividades señaladas en el objeto, normalmente serán desarrolladas por personas que tengan la titulación adecuada y si no se realizan por esas personas, sino por otras sin titulación, en aras de la claridad y certidumbre que exige la sentencia del TS debería decirse así en estatutos. Por lo demás hoy día es muy de tener en cuenta que para el futuro el Anteproyecto o Proyecto de Ley de Colegios Profesionales reduce el número de profesiones exigen la colegiación obligatoria. JAGV.

106.* NOMBRAMIENTO, POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, DE AUDITOR DE CUENTAS CONSOLIDADAS: NO ES POSIBLE.

Resolución de 11 de marzo de 2021, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la negativa de la registradora mercantil y de bienes muebles de Jaén a inscribir el nombramiento de un auditor voluntario de las cuentas anuales consolidadas realizado por el consejo de administración.

Resumen: La competencia para el nombramiento de un auditor de cuentas consolidadas, es, en todo caso, de la junta general, sea obligatorio o voluntario ese nombramiento.

Hechos: Se presenta certificación del consejo de administración de una sociedad en el que consta el acuerdo de prorrogar el nombramiento de un auditor para las cuentas consolidadas del ejercicio 2020, junto con la aceptación de la entidad auditora designada.

El registrador suspende la inscripción pues a su juicio la competencia para el nombramiento e auditor de cuentas consolidadas es de la Junta General y no del Consejo de Administración, “al tratarse de sociedad obligada a auditar sus cuentas consolidadas, con independencia de criterios económicos y de las cuentas anuales individuales de la propia sociedad, conforme al Artículo 42 del Código de Comercio, el Artículo 264 de la Ley de Sociedades de Capital y el Artículo 372 del Reglamento del Registro Mercantil. Subsanable…”.

El interesado recurre y dice que el nombramiento es de carácter voluntario de conformidad con el artículo 7 del Real Decreto 1159/2010, de 17 de septiembre, por el que se aprueban las Normas para la Formulación de Cuentas Anuales Consolidadas, “por razón de tamaño al no superar los límites indicados en el artículo 8 y el artículo 258 de la Ley de Sociedades de Capital”.

Resolución: La DG confirma la nota de calificación.

Doctrina: La DG recuerda que de acuerdo con su resolución de 24 de noviembre de 2000, “el registrador debe calificar, no solo en base a los documentos presentados, sino teniendo también en cuenta el contenido del Registro Mercantil; y en concreto, no hace falta expresar que el nombramiento de un auditor para las cuentas individuales de una sociedad es con carácter voluntario, cuando esta circunstancia resulta claramente de las cuentas de ejercicios anteriores que se encuentran depositadas en el Registro Mercantil”. Y ello aunque no se haya hecho constar en la certificación del acuerdo.

Partiendo de ello se plantea la DG cuál es el órgano competente para nombrar el auditor de cuentas, cuando este sea voluntario. A estos efectos distingue entre cuentas individuales y consolidadas. “Para el supuesto de cuentas individuales, la Resolución de esta Dirección General de 20 de junio de 2016, entre otras, atribuye esta competencia al órgano de administración, añadiendo que este nombramiento puede acordarse una vez cerrado el ejercicio a auditar, y con libertad de fijar el plazo o ejercicios para los que se nombra”. Pero para las cuentas consolidadas el artículo 42 del Código de Comercio exige claramente que si se trata de sociedad obligada a consolidación será la junta la que haya de nombrar al auditor de cuentas y que ello también es de aplicación “a los casos en que voluntariamente cualquier persona física o jurídica formule y publique cuentas consolidadas”.

Comentario: Ante la claridad con que se pronuncia al artículo 42 del Ccom, sobra todo comentario. Sea de forma voluntaria u obligatoria, cuando se trata de auditar cuentas consolidadas la competencia en todo caso es de la Junta general. No obstante es interesante que la DG recuerde que a la hora de determinar la competencia para el nombramiento de auditor, diga lo que diga la certificación, deberemos tener en cuenta para la calificación las cifras que resultan de las cuentas ya depositadas por la sociedad en el RM. JAGV.

115.** CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD. OBJETO SOCIAL SUJETO A LEYES ESPECIALES. SOCIEDADES PROFESIONALES.

Resolución de 18 de marzo de 2021, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador mercantil XXIII de Madrid a inscribir la escritura de constitución de una sociedad de responsabilidad limitada.

Resumen: Es posible como objeto social la actividad de “consultoría” por no reunir los requisitos exigidos por la Ley 2/2007 de Sociedades Profesionales. No son posibles los objetos referidos a “otras actividades crediticias” o a “otros servicios financieros”, pues por su generalidad son actividades sujetas a requisitos especiales no cumplidos por la sociedad.

Hechos: Se constituye una sociedad limitada con el siguiente objeto social, señalándose junto a cada actividad el número de CNAE que le corresponde:

Actividad principal: Otras actividades de consultoría de gestión empresarial.

Otras actividades:  Servicios administrativos combinados. Intermediación en actividades de contabilidad, teneduría de libros, auditoria y asesoría fiscal. Actividad de las sociedades holding. Otros servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones N.C.O.P. Arrendamiento de la propiedad intelectual y productos similares, excepto trabajos protegidos por los derechos de autor.  Otras actividades crediticias.  Agencias de publicidad.  Gestión y administración de la propiedad inmobiliaria.  Promoción inmobiliaria. Compraventa de bienes inmobiliarios por cuenta propia.  Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia.

A continuación, figura la cláusula de exclusión de actividades sujetas a legislación especial y la relativa a que, si alguna de las actividades requiere título profesional o autorización administrativa, o la inscripción en registros públicos, es decir requisitos previos, no podrá empezarse esa actividad sin cumplimentarlos.

El registrador suspende la inscripción del objeto por los siguientes defectos todos subsanables:

  1. Por contener actividades de carácter profesional (art. 1, Ley 2/2007) sin especificar que lo sean en concepto de mediación o intermediación. STS de 18/7/2012 y RDGRN de 16 de marzo de 2013 y 2 de Julio de 2013. 2.

A continuación, cita varias actividades con los preceptos en su caso aplicable transcribiendo algunos literalmente y otros citándolos simplemente, pero en todo caso de forma exhaustiva, aunque sin concretar la actividad señalada en el artículo estatutario:

Préstamos de la Ley 5/2019, de 15 de marzo, reguladora de los contratos de crédito inmobiliario. Artículo 42 que exige registro previo e imponen la denegación de la inscripción en el RM, de las sociedades con dicho objeto que serán nulas de pleno derecho…  También por la Ley 2/2009, de 31 de marzo, en su artículo 3 exige el registro público de las empresas con carácter previo al inicio de la actividad.

Intermediación financiera. Servicios financieros. Servicios de intermediación financiera por adolecer de “indeterminación al no precisarse a que servicios se quiere hacer referencia, pudiendo por su generalidad comprender actividades sujetas a legislación especial –entidades de crédito, establecimientos financieros de crédito, empresas de asesoramiento financiero–, … (artículo 23.b Texto Refundido Sociedades de Capital y artículo 176 del Reglamento del Registro Mercantil); RD Legislativo 4/2015, por el que se aprueba al texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, Ley 1012014 de 26 de Junio de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito; Ley 5/2015 de 27 de abril de la financiación empresarial; RD legislativo 692/1996 sobre régimen jurídico de los establecimientos financieros de crédito, RD Legislativo 19/2018 de 23 de noviembre sobre servicios de pago, RD 217/2008 de 15 de febrero de servicios de inversión y Ley 16/2009 de 13 de noviembre sobre servicios de pago y art 42 de la Ley 5/2019. “Debe procederse, por tanto, a la especificación del contenido de dicha «Intermediación financiera» a efecto de calificar que no esté comprendida en alguna de las actividades sujetas a legislación especial”. Es decir que el objeto social por su amplitud, comprende el asesoramiento en materia de financiera, que es objeto exclusivo de las empresas de asesoramiento financiero, sin que se excluya dicha actividad. Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, (artículos 136 y siguientes de dicha Ley).

Al final expresa la posibilidad de solicitar la inscripción parcial.

La notaria autorizante recurre: Para entrar en materia lo primero que dice es que la nota tiene “carácter inconexo, indeterminado e ininteligible”. Y que también adolece de vaguedad, “al referirse a «actividades» en plural y no especificar en ningún lugar de la misma de que actividades del objeto social se trata”

Pese a ello y a preguntarse ¿cómo recurrir una calificación cuando no se sabe qué es exactamente lo que hay que recurrir?, defiende que no existe defecto alguno y que además se pidió la inscripción parcial.

Respecto de la actividad de consultoría por no ser actividad sujeta a la Ley 2/2007, y respecto de las actividades de “prestamistas profesionales e intermediarios de crédito inmobiliario”, por no estar como tal incluidas en el objeto social y respecto de la «Intermediación financiera. Servicios financieros», porque en “los estatutos objeto de calificación no hay tal objeto, lo único que se le puede parecer es «otros servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones N.C.O.P, sin que se comprenda en dicha actividad la de “asesoramiento finaciera que es la que podría estar sujeta a limitaciones.

Resolución: La DG revoca la nota en lo relativo a la consultoría y la confirma respecto de las actividades crediticias y financieras.

Doctrina: En primer lugar, respecto de las alegaciones de la recurrente relativas a la vaguedad de la calificación impugnada, recuerda su doctrina relativa a que en la calificación deben expresarse los defectos y la fundamentación de los mismos de forma clara con la finalidad de que no se produzca la indefensión del recurrente.

Por ello limita su resolución a “los motivos impugnatorios que alega la notaria recurrente respecto de la actividad principal del objeto social (consultoría de gestión empresarial)”, sin que se tengan en cuentas los argumentos vertidos por el registrador en su informe. Sobre dicha base el defecto es revocado “pues no puede entenderse que dicha actividad social esté incluida en el ámbito propio de las sociedades profesionales reguladas por la Ley 2/2007, de 15 de marzo” pues carece de las características que se señalan en los artículos 1 y 2 de la Ley.

Entra ahora en las otras actividades señaladas por la notaria recurrente en las cuales las objeciones del registrador “se basan, a su juicio, en que determinadas actividades a que se refiere requieren, para su ejercicio, el sometimiento a normativa especial”.

Recuerda la DG que el art. 23.b) de la Ley de Sociedades de Capital, así como el artículo 178 del Reglamento del Registro Mercantil exigen la determinación de las actividades que integren el objeto y que “esa determinación ha de hacerse de modo que acote suficientemente un sector económico o un género de actividad mercantil legal o socialmente demarcados”. Por otra parte, hoy día, la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, exigió en su artículo 20 que en el objeto se indique el código de actividad –según la Clasificación Nacional de Actividades Económicas– correspondiente a la principal que desarrolle la sociedad, código que debe ser el que «mejor la describa y con el desglose suficiente». Ello excluye que, a los efectos de su inscripción “se pueda calificar dicho objeto social como indeterminado y genérico. Ahora bien, por lo que respecta al “sometimiento a normativa especial a que se refiere el registrador, se ha mantenido por este Centro Directivo (vid., por todas, las Resoluciones de 15 de diciembre de 1993 y 30 de abril de 1999, con criterio reiterado en muchas otras posteriores) que es la definición estatutaria del objeto social, y no el efectivo desenvolvimiento posterior de las actividades en él comprendidas, lo que determina la aplicabilidad de aquellas disposiciones especiales…”. Además “la delimitación por el género comprende todas sus especies, por lo que se requiere previsión específica para que alguna de ellas pueda quedar excluida y no a la inversa”. Por ello “puede ocurrir que la actividad social cuestionada, lícita y posible en términos generales, choque en ocasiones con las limitaciones legales que se imponen para su ejercicio en relación con determinadas ramas o manifestaciones de la misma, lo sea por la necesidad de un título habilitante, una forma o estructura social concreta, la reserva en favor de entidades especiales, etc”.

Añade que de “aceptarse la inscripción de la expresión genérica de actividad se incumpliría la previsión legal de permitir la inscripción en el Registro Mercantil exclusivamente de aquellas sociedades que reúnan los requisitos especialmente previstos para el desarrollo de la actividad reservada”. Y aunque según estatutos quedan excluidas las actividades sujetas a leyes especiales, ello “no es suficiente para que puedan acceder al Registro”.

Examina ahora las actividades señaladas por la recurrente: Así respecto de “Otras actividades crediticias”, CNAE 9462, confirma la nota pues por el CNAE indicado en la actividad y la explicación del mismo, por el  Instituto Nacional de Estadística, la clase señalada “comprende: las actividades de servicios financieros relacionados fundamentalmente con la concesión de préstamos por instituciones no dedicadas a la intermediación monetaria en los que el crédito puede adoptar diversas formas, como las de un préstamo, una hipoteca…”.

Por las mismas razones confirma “la objeción relativa a las actividades designadas como «CNAE N.º 6499 – Otros servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones N.C.O.P.»”. Y ello porque según doctrina de este CD “deben excluirse expresamente aquellos servicios financieros, como el asesoramiento, objeto de regulación por la Ley de Mercado de Valores y las demás leyes especiales citadas en la calificación”.

Concluye diciendo la DG que no obstante ello, dado que se solicitó la inscripción parcial “el registrador debe acceder a ella, conforme artículo 63 del Reglamento del Registro Mercantil, pues las actividades referidas en los dos párrafos anteriores cuya inscripción se rechaza no afectan a la esencia del negocio jurídico formalizado y tienen autonomía en relación con las restantes actividades incluidas en el objeto social”.

Comentario: Dentro de lo extenso y complicado del recurso, debiendo haber evitado la recurrente algunos de los calificativos innecesarios que dirige contra la nota del registrador, la DG centra bien el problema deslindando las actividades dudosas y pronunciándose con claridad sobre ellas.

Tiene especial utilidad la resolución en un triple ámbito: uno el relativo a que las actividades de consultoría al reiterar que no están sujetas por ahora a la Ley de Sociedades profesionales. Otro que pese a la utilización obligatoria del CNAE en la determinación del objeto, no por ello dicho objeto es inscribible. Y también por señalar dos concretos CNAE cuya inclusión en los objetos de las sociedades normales no es posible. Finalmente, también es de interés su referencia a las explicaciones del INE sobre las CNAE, referencia que deberemos tener en cuenta cuando califiquemos la posibilidad o no de determinadas actividades. JAGV.

118.*** REDUCCIÓN DE CAPITAL POR AMORTIZACIÓN DE ACCIONES: MORA DEL ACCIONISTA POR FALTA DE DESEMBOLSO DE DIVIDENDOS PASIVOS.

Resolución de 30 de marzo de 2021, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación emitida por la registradora mercantil y de bienes muebles de Ciudad Real, por la que se resuelve no practicar la inscripción de una reducción de capital social por amortización de acciones por falta de desembolso de dividendos pasivos tras la celebración infructuosa de subasta notarial de los títulos.

Resumen: Una reducción de capital por amortización de acciones por no desembolso de dividendos pasivos y venta frustrada de las acciones, no puede asimilarse a una amortización de acciones adquiridas a título gratuito. Por tanto sus requisitos son distintos.

Hechos: Aunque los hechos de esta resolución son amplios y complejos, lo realmente discutido en el recurso se limita a determinar si en una reducción de capital social de una sociedad anónima  por amortización de acciones como consecuencia de la falta de desembolso de dividendos pasivos, tras la celebración infructuosa de subasta notarial de los títulos, es o no necesaria la constitución de una reserva por igual importe de las acciones amortizadas de la que solo podrá disponerse con los mismos requisitos exigidos para la reducción de capital.

Nos obstante extractamos los hechos: una S.A. aumenta su capital con desembolso del 25% y el resto en plazo de 15 años. Lo suscribe un único socio que, ante la solicitud de los administradores de desembolso pendiente, no lo efectúa. Ante ello el administrador único (art. 84 LSC) decide la enajenación de las acciones afectadas por medio de subasta que no dio resultado. El administrador convoca junta con el orden del día «Reducción del capital social por amortización de las acciones suscritas y no desembolsadas…”. La junta se constituyó válidamente en segunda convocatoria con asistencia del 11,22% del capital social (sic), y se acuerda por unanimidad la reducción del capital y se da nueva redacción al artículo pertinente. Por escritura se eleva a público el acuerdo.

Se califica negativamente en el RM dado que no “consta que se haya publicado el acuerdo de reducción de capital en el BORME y en un periódico de gran circulación en la provincia en que la sociedad tenga su domicilio (art. 319 LSC). También deberá constar la declaración de inexistencia de oposición de los acreedores una vez transcurrido un mes desde la publicación o bien la prestación de garantías suficientes por parte de la sociedad. Art. 337 LSC.

Por diligencia notarial se acreditan las publicaciones, sin hacer manifestación alguna de la falta de oposición.

Se vuelve a presentar y el RM vuelve a calificar negativamente, modificando la anterior nota de calificación,  con el siguiente defecto: se entiende que “se trata del supuesto recogido en el artículo 335.c LSC, amortización de acciones adquiridas por la sociedad a título gratuito y, por tanto, deberá constituirse una reserva por igual importe de las acciones amortizadas de la que solo podrá disponerse con los mismos requisitos exigidos para la reducción de capital”.

El administrador de la sociedad recurre.  Alega que acreditada la imposibilidad de venta de las acciones del socio moroso “la única opción que tiene la sociedad es reducir capital por el importe total de las acciones” afectadas.

Por su parte la notaria autorizante informa que no es un caso de restitución de aportaciones, ni condonación de dividendos pasivos, “ni amortización de acciones propias de la sociedad, que nunca fueron adquiridas ni a título oneroso ni gratuito”. Concluye que se trata de “un procedimiento especial previsto en la ley para excluir a un socio incumplidor que ha causado un evidente perjuicio a la sociedad por faltar a su compromiso, que más bien debe asimilarse a un supuesto de reducción por pérdidas” o mejor de “anulación de acciones emitidas”.

Resolución: Se estima el recurso y se revoca la nota de calificación impugnada.

Doctrina: Lo primero que pone de manifiesto la DG, es la existencia de dos notas de calificación “sucesivas e incompatibles”, tal y como hemos reflejado en los hechos. Esta forma de proceder incumple el art.  258.5 de la Ley Hipotecaria, que exige que la calificación del registrador sea global y unitaria.

A continuación, y tras señalar que pese a la doble calificación debe prevalecer el principio de legalidad, recuerda que el art. 326 de la LH dice que el “recurso deberá recaer exclusivamente sobre las cuestiones que se relacionen directa e inmediatamente con la calificación del Registrador”.  Lo que se trata de declarar es si la “calificación fue o no ajustada a Derecho”. Insiste en que el recurso “debe resolverse atendiendo únicamente a las cuestiones planteadas en la nota recurrida y a la documentación presentada al tiempo en que se produjo la calificación”.

Por ello añade que “el análisis debe centrarse en la eventual aplicación del régimen de amortización de las acciones propias adquiridas a título gratuito, recogido en el artículo 335.c) de la Ley de Sociedades de Capital, al de la que procede realizar de las acciones parcialmente desembolsadas cuando, por haber sido desatendida la reclamación de los dividendos pasivos, se hubiera intentado infructuosamente su venta por cuenta y riesgo del socio moroso, tal como ordena el artículo 84 de la Ley de Sociedades de Capital”.

Por consiguiente, procede analizar si el supuesto de hecho contemplado en la norma es análogo al planteado en el recurso “en orden a apreciar su potencial semejanza, para después comprobar la existencia de una laguna en la regulación establecida para uno de ellos, y finalmente propugnar, en su caso, el sometimiento de ambos a un mismo régimen”.

Es decir, con arreglo a la nota de calificación “la premisa de partida vendría dada por la previa adquisición por la sociedad, a título gratuito, de las acciones objeto de amortización posterior”. Las adquisiciones a título gratuito de acciones por la propia sociedad se encuentran regulada “para los supuestos de libre adquisición, en el artículo 144.c) de la Ley de Sociedades de Capital, y en el artículo 146 del mismo cuerpo legal para las derivativas condicionadas”.

Según ello la sociedad “podrá adquirir libremente a título lucrativo las acciones propias «que estén íntegramente liberadas»; y las que lo estén parcialmente sólo podrán ser adquiridas cuando se cumplan los requerimientos recogidos en el citado artículo 146 y, además, «la adquisición sea a título gratuito», es decir, que no comporte para la sociedad la pérdida económica que supone la extinción del crédito al desembolso futuro por confusión, lo que la convertiría en onerosa (artículo 1192 del Código Civil)”.

En el caso de la adquisición a título gratuito la amortización de esas acciones “no comporta ninguna disposición de activos sociales, sino un asiento contable de desafectación de fondos adscritos al capital social y su asignación por el mismo importe a una reserva de la que sólo será posible disponer con los mismos requisitos exigidos para la reducción del capital”.

En cambio, añade la DG, “el supuesto de hecho del artículo 84 de la Ley de Sociedades de Capital se identifica por el fracaso en el intento de cobro de un desembolso pendiente a través del ejercicio del peculiar «ius distrahendi» que la norma establece, derecho que, como es propio en los de este género, recae sobre un objeto, las acciones, que no es propiedad de la compañía y que, por tanto, difícilmente ha podido adquirir a título gratuito”.  En definitiva, que si se llega a la amortización de las acciones es porque “la formación del capital por aportación sucesiva se ha visto frustrada, y el desembolso inicial, … ha quedado en beneficio de la sociedad sin adscripción a un fondo especial de reserva sometido a algún género de inmovilización”. Concluye que “la ley se limita a establecer la obligatoriedad de la reducción de capital ante el intento fallido de venta”. Por tanto “la disparidad de los supuestos de hecho descritos impide apreciar la concurrencia de una identidad de razón que conmine a someterlos a un mismo régimen (artículo 4.1 del Código Civil)”.

Comentario: La única conclusión que parece desprenderse de esta resolución, es que el supuesto contemplado en el artículo 84 de la LSC, en cuanto a la posible amortización de las acciones de la sociedad, si la venta de las mismas no puede hacerse, es totalmente distinto del supuesto de amortización de acciones adquiridas a título gratuito. Pero al contrario que en otras ocasiones no nos aclara la DG, los requisitos o exigencias de esa reducción de capital ordenada por el artículo citado, aunque parece dar a entender que son los normales de toda reducción del capital social.

Aparte de ello, el supuesto de hecho contemplado en la resolución tiene múltiples sombras. La misma DG da a entender, e incluso puede que en el informe del registrador figurara, que aparte del defecto invocado existen otros defectos no puestos de manifiesto en la nota de calificación.

Efectivamente dos puntos llaman la atención en el supuesto de hecho: uno, que por parte de la administración de la sociedad se solicita el desembolso antes de lo previsto en el acuerdo de aumento, y otra el quorum de constitución de la junta que acuerda la reducción del capital social. En cuanto al primer punto sin duda la administración se basa en el artículo 82 de la LSC que en cuanto a la mora del accionista viene a decir que “se encuentra en mora el accionista una vez vencido el plazo fijado por los estatutos sociales para el pago de la porción de capital no desembolsada o el acordado o decidido por los administradores de la sociedad, conforme a lo establecido en el artículo anterior”. En base a este artículo se interpreta que los administradores tienen facultades para adelantar el pago de los dividendos pasivos. El otro punto oscuro es el relativo al quorum de constitución de la junta general. Se nos dice que asistió el 11,22% del capital social. Si ello fue así, la junta general no estuvo válidamente constituida pues la reducción del capital es uno de los supuestos que según el artículo 194 de la LSC exigen un quorum reforzado de constitución cifrado en al menos el 25% del capital social. Y por el hecho de que se trate de un supuesto de reducción obligada no exime del cumplimiento del citado artículo, pues son muchos los supuestos en que es forzosa la reducción del capital y sin embargo la junta debe constituirse con el quorum exigido. Si no se puede adoptar el cuerdo sería un supuesto de paralización de órganos sociales que abocaría en la disolución legal de la sociedad.

Visto lo anterior el supuesto del artículo 84 parece que es un supuesto especial de amortización y reducción del capital social. En este supuesto existe publicada una cifra del capital social y existe un crédito de la sociedad frente al socio obligado al pago de los dividendos pasivos, crédito que se extinguirá con el acuerdo de amortización.

Por ello parece que el supuesto del artículo 84, sin estar expresamente contemplado en la Ley se parece más a uno de los casos de reducción del capital social contemplado en el artículo 137 de la LSA, como es el relativo a la reducción por condonación de la obligación de realizar las aportaciones pendientes. Es una condonación obligada, pero una condonación al fin y al cabo. Ahora bien, la reducción será por el total del aumento, pues del artículo 84 resulta claramente que lo desembolsado queda en beneficio de la sociedad.

Por tanto, cualquier acuerdo que afecte al capital social, sea directa o indirectamente mediante la extinción de un crédito, puede afectar a los acreedores sociales y por tanto exigir como se hacía en la primera nota de calificación la publicación pertinente y la manifestación de que ningún acreedor se había opuesto a la reducción.  Claro que en este caso como en otros, quizás lo más conveniente hubiera sido que la DG hubiera indicado claramente en su resolución a qué supuesto se asimila esta reducción de capital y cuáles son sus requisitos. JAGV.

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