INFORME Nº 336. (BOE SEPTIEMBRE de 2022)
Primera Parte: Secciones I y II.
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| Equipo de redacción: |
| * José Félix Merino Escartín, registrador de la propiedad de Madrid. |
| * Carlos Ballugera Gómez registrador de la propiedad de Las Rozas de Madrid. |
| * Alfonso de la Fuente Sancho, notario de San Cristóbal de La Laguna (Tenerife). |
| * María Núñez Núñez, registradora de la propiedad y mercantil de Lugo. |
| * Inmaculada Espiñeira Soto, notaria de Santiago de Compostela. |
| * José Ángel García-Valdecasas Butrón, registrador. |
| * Juan Carlos Casas Rojo, registrador de la propiedad de Cádiz nº 3 |
| * José Antonio Riera Álvarez, notario de Arucas (Gran Canaria) |
| * Albert Capell Martínez, notario de El Prat, antes de Fraga (Huesca) y antes de Boltaña |
| * Gerardo García-Boente Dávila, Director Inmobiliario y Urbanismo de PwC. |
| * María García-Valdecasas Alguacil, registradora de Barcelona |
| * Emma Rojo Iglesias, registradora de Alcalá de Henares (Madrid) |
| * Javier Máximo Juárez González, notario de Valencia |
| * Víctor Esquirol Jiménez, notario de El Masnou (Barcelona) |
DISPOSICIONES GENERALES:
Ley Concursal 2022
Ley 16/2022, de 5 de septiembre, de reforma del texto refundido de la Ley Concursal, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, para la transposición de la Directiva (UE) 2019/1023 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, sobre marcos de reestructuración preventiva, exoneración de deudas e inhabilitaciones, y sobre medidas para aumentar la eficiencia de los procedimientos de reestructuración, insolvencia y exoneración de deudas, y por la que se modifica la Directiva (UE) 2017/1132 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre determinados aspectos del Derecho de sociedades (Directiva sobre reestructuración e insolvencia).
Resumen en muy breve: Tras sólo dos años, se modifican 158 apartador del TR Ley Concursal de 2020. El procedimiento concursal regulado en el Libro Primero es el único aplicable al deudor civil; se crean las figuras del concurso sin masa y el pre-pack concursal y se regula la segunda oportunidad. La reforma del Libro Segundo trata de facilitar al empresario o profesional herramientas para evitar la insolvencia, potencia el plan de reestructuración y crea el experto en la materia. Se introduce un nuevo Libro Tercero que regula el procedimiento concursal especial para microempresas gestionado por el propio deudor. Desaparece el acuerdo extrajudicial de pagos. Las D.F. modifican, entre otras leyes, el Cc, LH, LEC o TRLSC.
Ver las principales novedades de la reforma, por Álvaro Martín.
Como complemento a lo anterior, se resumen las disposiciones adicionales, transitorias, derogatoria y finales.
A) Disposiciones adicionales:
Modelos, formularios y herramientas:
– En la D.Ad. 1ª se anuncia un modelo de solicitud de declaración de concurso voluntario de acreedores, que será accesible por medios electrónicos sin coste alguno en la página web del Ministerio.
– La D.Ad. 4ª prevé la cumplimentación en línea de Formularios normalizados del procedimiento especial de microempresas.
– Por D.Ad. 3ª, se pondrá en línea, a disposición de los empresarios y profesionales, un programa de cálculo automático del plan de pagos.
– Según la D.Ad 5ª, se pondrá en marcha una web para el autodiagnóstico de salud empresarial, dirigida a las pequeñas y medianas empresas y que les permita evaluar su situación de solvencia. Estará a cargo del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.
– Ver también la D.F. 12ª: futuro servicio de asesoramiento a empresas en dificultades
Plataforma electrónica de liquidación de bienes.
La D.Ad. 2ª prevé su puesta en marcha para la liquidación de bienes procedentes de procedimientos especiales de liquidación.
La plataforma consistirá en un portal público electrónico para la venta de los activos de las empresas en liquidación, que incluirá un catálogo integrado por los bienes que vayan siendo añadidos a través de comunicación por los deudores o por los administradores concursales tras la apertura de un procedimiento especial de liquidación.
Puede también incluir la venta de empresas en su conjunto o de sus unidades productivas
Registro público concursal.
Según la D.Ad. 6ª, en el plazo máximo de seis meses se creará en el Registro público concursal el portal de liquidaciones concursales, en el que figurará una relación de las empresas en fase de liquidación concursal y cuanta información resulte necesaria para facilitar la enajenación del conjunto de los establecimientos y explotaciones o unidades productivas.
Por la D.Ad. 10ª los letrados de la Administración de Justicia deberán remitir al CGPJ y al Registro público concursal certificación con amplia información respecto de los concursos de acreedores declarados desde el 1 de enero de 2020.
Ver también la D.F. 14ª (futura reforma del Real Decreto 892/2013, de 15 de noviembre, por el que se regula el Registro público concursal,
Información por los registradores mercantiles a través del Colegio.
Conforme a la D.Ad. 7ª, antes del 6 de marzo de 2023, se determinarán las condiciones y requisitos bajo los cuales el Colegio de Registradores pondrá a disposición del administrador societario que lo solicite un informe sobre la posición de riesgo de la sociedad en base a la información contenida en las cuentas.
Avales.
En la D.Ad. 8ª, se hace referencia al tratamiento que han de tener los avales públicos concedidos en aplicación de diversas disposiciones. Tendrán la consideración de crédito financiero, a todos los efectos previstos en la Ley Concursal.
Corresponderá a las entidades financieras, por cuenta y en nombre del Estado, la representación de los créditos derivados de los avales públicos en los procedimientos previstos en la Ley Concursal.
En caso de concurso del deudor avalado, el auto de declaración de concurso producirá, a los solos efectos de su intervención en el concurso, la subrogación del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital por la parte del principal avalado.
Referencias normativas.
Conforme a la D.Ad. 9ª, las referencias normativas a los acuerdos de refinanciación y, en su caso, a los acuerdos extrajudiciales de pagos, han de entenderse realizadas a los planes de reestructuración regulados en el libro segundo y, tratándose de microempresas, a los planes de continuación en el libro tercero.
Deudas tributarias.
La D.Ad. 11ª regula los aplazamientos y fraccionamientos de deudas tributarias por la Agencia Estatal de Administración Tributaria durante un plazo máximo que oscila entre seis y doce meses.
B) Disposiciones transitorias:
De las disposiciones transitorias, destacamos:
La D.Tr. 1ª trata del régimen aplicable a los procedimientos y actuaciones iniciadas después y antes de la entrada en vigor de esta ley. La regla general es la de que los concursos declarados antes de la entrada en vigor se regirán por lo establecido en la legislación anterior, pero con excepciones. En cambio, será de aplicación la nueva ley, entre otros casos, a las solicitudes presentadas después y a los concursos declarados a partir de su entrada en vigor.
La D.Tr. 2ª permite a los microempresarios, aunque no haya entrado en vigor todavía el libro tercero, solicitar el nombramiento de experto para recabar ofertas de adquisición de la unidad productiva.
La D.Tr. 3ª se dedica al régimen transitorio del nombramiento del administrador concursal en el procedimiento especial para microempresas.
La D.Tr. 4ª regula el régimen transitorio de la inscripción de las resoluciones judiciales de concesión de exoneración del pasivo insatisfecho, que serán remitidas al registro público concursal por el letrado de la Administración de Justicia.
La D.Tr. 5ª trata del régimen transitorio hasta la aprobación del Reglamento de la administración concursal, manteniendo la regulación actual en materias como el acceso a la actividad, nombramiento y retribución.
La D.Tr. 6ª se dedica la venta directa de bienes a través de la plataforma de liquidación, indicando que la nueva regulación entrará en vigor cuando se apruebe su desarrollo reglamentario.
Y la D.Tr. 7ª -que no tiene que ver con la Ley Concursal- concreta que los efectos de la reducción en la cotización a la Seguridad Social aplicable a los trabajadores mayores de 62 años (art. 144.4), producirá efectos desde el día 1 de enero de 2022. Ver D.F. 10ª.
C) Disposición derogatoria:
Se derogan los artículos 6 a 12 del Código de Comercio, que estaban dedicados al ejercicio del comercio por persona casada. Ver el texto de los artículos derogados.
D) Disposiciones finales:
Las once primeras disposiciones finales (de 19) se dedican a modificar otras leyes, que son las siguientes:
Código Civil.
La D.F. 1ª afecta a tres artículos:
– en el artículo 92.7, dedicado a los casos en que no procede la guarda conjunta, tan solo se sustituye la palabra padres por «progenitores»
– en el artículo 914 bis se modifica el primer párrafo para corregir un claro error detectado en la redacción anterior, ya que se aludía a los animales de compañía del causahabiente, cuando lógicamente, se debe de hacer referencia a los animales de compañía del causante
– y en el artículo 1365, que determina cuándo responden directamente los bienes gananciales frente al acreedor de las deudas contraídas por un cónyuge, hay dos cambios:
- responden de cualquier ejercicio de la profesión, no solo del ejercicio ordinario de la misma
- desaparece la remisión al Código de Comercio en aquellos casos en los que uno de los cónyuges sea comerciante, pues los artículos 6 al 12 CCom se derogan por esta misma Ley
Ley Hipotecaria.
La D.F. 2ª incluye dos artículos de esta Ley:
– se modifica el emblemático artículo 3, donde se definen los títulos formales inscribibles, respetando el texto actual, pero incluyendo seguidamente el testimonio del auto de homologación de un plan de reestructuración
– en cuanto a las cancelaciones, se modifica el primer párrafo del artículo 82, respetando su redacción actual, pero añadiendo que también pueden proceder las cancelaciones de un testimonio de auto de homologación de un plan de reestructuración
Asistencia jurídica gratuita
La D.F. 3ª modifica la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita.
Se reconoce que tendrán derecho a asistencia jurídica gratuita los deudores personas naturales que tengan la consideración de microempresa, a los que resulte de aplicación el procedimiento especial (para microempresas) previsto en su libro tercero, siempre que acrediten insuficiencia de recursos para litigar.
Se conceden también beneficios a los sindicatos.
Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
La D.F. 4ª afecta a un artículo de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
El artículo 12 ahora incluye a los actos y disposiciones del Fiscal General del Estado en los recursos que conocerá la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo en única instancia.
Ley de Enjuiciamiento Civil
La D.F. 5ª trata de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.
Solo se modifica un artículo, el 589, dedicado a la manifestación de bienes del ejecutado, añadiendo un nuevo apartado 3, relativo al caso en que el ejecutado no señalare bienes susceptibles de embargo o el valor de los señalados fuera insuficiente para el fin de la ejecución.
Ley de Planes y Fondos de Pensiones.
La D.F. 6ª modifica el texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre.
Tan sólo se añade en su artículo 8 que el concurso de acreedores no podrá dar lugar a la resolución judicial del plan de pensiones del concursado.
Ley de Sociedades de Capital
La D.F. 7ª incide en dos artículos del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio.
Los dos artículos afectados están dentro del Título X, dedicado a la Disolución y liquidación:
– el artículo 365, que regula el deber de convocatoria de la Junta general, afectando a cuándo están obligados a convocarla los administradores (apartado 1) y a cuándo no están obligados a convocarla (apartado 3), que será en los casos en que hubieran solicitado la declaración de concurso de la sociedad o comunicado al juzgado la existencia de negociaciones con los acreedores para alcanzar un plan de reestructuración
– y el artículo 367, sobre responsabilidad solidaria de los administradores, especificando cuándo comienza, cuándo decae y la presunción iuris tantum, respecto de las obligaciones sociales cuyo cumplimiento sea reclamado judicialmente, de que son obligaciones de fecha posterior al acaecimiento de la causa de disolución o a la aceptación del nombramiento por el administrador
Ley de Economía Social
La D.F. 8ª modifica la Ley 5/2011, de 29 de marzo, de Economía Social.
Introduce un nuevo artículo 10 bis dedicado a la capitalización de la prestación por desempleo para la adquisición de la condición de sociedad laboral o transformación en cooperativa por sociedades mercantiles en concurso.
Ley de cooperación jurídica internacional en materia civil
La D.F. 9ª es para la Ley 29/2015, de 30 de julio, de cooperación jurídica internacional en materia civil.
Se amplía el contenido del artículo cuatro, dedicado a las comunicaciones judiciales directas, con cuatro nuevos apartados.
Las regula con más precisión, recogiendo la obligación de informar a la autoridad judicial extranjera acerca de la propia comunicación.
Se distingue entre las comunicaciones por escrito y las comunicaciones orales previendo la intervención de traductor o de intérprete y la posibilidad de dar audiencia a las partes, con obligación final de darles traslado de lo realizado
Seguridad Social.
La D.F. 10ª retoca el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre.
Únicamente modifica el apartado cuatro del artículo 144, sobre la duración de la obligación de cotizar, en lo que afecta a los mayores de 62 años, respecto de los cuales, las empresas tendrán derecho a una reducción del 75 por ciento de las cuotas empresariales a la Seguridad Social por contingencias comunes durante la situación de incapacidad temporal.
Ahora se añade que a estas reducciones de cuotas no les resultará de aplicación lo establecido en el artículo 20.1. por lo que este caso se convierte en una excepción al requisito preciso para las reducciones en general de estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social.
Esta reforma, según la D.Tr. 7ª, produce efectos desde el 1º de enero de 2022.
Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo
Y la D.F. 11ª modifica el Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Concursal.
Se trata de la disposición adicional primera, pero no del texto refundido, sino del propio Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo.
Matiza el concepto de Grupo de sociedades, aclarando que el control lo puede ostentar una persona natural o jurídica que no sea sociedad mercantil
El resto de las disposiciones finales tratan de lo siguiente:
D.F. 12ª: futuro servicio de asesoramiento a empresas en dificultades
D.F. 13ª: anuncia que se aprobará en el plazo máximo de seis meses, mediante real decreto, el Reglamento de la administración concursal, en el que se establecerá el acceso a la actividad, el nombramiento de los administradores concursales y su retribución.
D.F. 14ª: en el mismo plazo se reformará el Real Decreto 892/2013, de 15 de noviembre, por el que se regula el Registro público concursal, en materia de estructura, contenido y sistema de publicidad, así como los procedimientos de inserción y de acceso a este registro y la interconexión con la plataforma europea. El real decreto contemplará las condiciones para la publicación de las retribuciones fijadas para el administrador concursal en cada procedimiento en el que resulte designado.
D.F. 15ª: también en el mismo plazo un real decreto regulará las comunicaciones entre la Fiscalía y los Gobiernos de la Nación y de las CCAA.
D.F. 16ª: prevé la aprobación de un reglamento sobre estadística concursal.
D.F. 17ª: mediante esta ley se incorpora al derecho español la Directiva (UE) 2019/1023, de 20 de junio de 2019, sobre marcos de reestructuración preventiva, exoneración de deudas e inhabilitaciones…
D.F. 18ª: como título competencial se cita el artículo 149.1. 6.ª de la Constitución, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de «legislación mercantil» y de «legislación procesal».
Entrada en vigor.
Según la D.F.19ª, la presente ley entró en vigor el 26 de septiembre de 2022.
Excepciones:
– el Libro Tercero TR Ley Concursal (procedimiento especial para microempresas) entrará en vigor el 1 de enero de 2023, salvo el apartado 2 del artículo 689 (nombramiento del administrador concursal), que entrará en vigor cuando se apruebe un reglamento
– la D.Ad. 11ª, referida a los aplazamientos y fraccionamientos de deudas tributarias por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, que entrará en vigor el 1 de enero de 2023.
Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación.
Ley 17/2022, de 5 de septiembre, por la que se modifica la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación.
Resumen: La modificación de la Ley de 2011 potencia la carrera y desarrollo profesional del personal investigador. Se crea un nuevo contrato indefinido denominado contrato de actividades científico-técnicas. Reorganización de la gobernanza del Sistema. Se crea la Agencia Espacial Española. Aplazamiento al curso académico 2022-2023 de la puesta en marcha del nuevo máster de acceso a la abogacía y procura.
En el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, esta Ley acomete una reforma institucional orientada a fortalecer las capacidades del Sistema Español de Ciencia, Tecnología y de Innovación para la mejora de su eficacia, coordinación, gobernanza y transferencia de conocimiento. La reforma se inspira también en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, impulsada por la ONU y en la Estrategia Española de Ciencia, Tecnología e Innovación 2021-2027, con un fomento de la I+D+I y su transferencia.
Para alcanzar estos objetivos, resulta una pieza fundamental contar con una carrera profesional pública en el ámbito de la I+D+I entendida como un nuevo itinerario postdoctoral que resulte atractivo, que facilite la incorporación estable en el Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación y que desarrolle vínculos entre el sector público y privado, especialmente con las pymes.
Tras 11 años, las carencias fundamentales que se tratan de paliar en la Ley 14/2011, de 1 de junio, son las siguientes:
a) Carencias relativas a la carrera y desarrollo profesional del personal investigador.
b) Imperfecta normativa reguladora de la transferencia de conocimiento y de resultados de la actividad investigadora.
c) Necesidad de actualizar los mecanismos de gobernanza del Sistema y la coordinación y colaboración entre agentes tanto públicos como privados.
Carrera y desarrollo profesional del personal investigador.
De forma generalizada, la perspectiva de acceso de los profesionales al Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación ha venido categorizada por la temporalidad, dado que la contratación laboral se realizaba en gran medida a través de contratos de obra o servicio.
La reforma de la carrera científica que se plantea incluye dos medidas fundamentales:
– el diseño de un itinerario postdoctoral que conduzca a la incorporación estable de investigadores al sistema y su desarrollo profesional posterior, con evaluaciones externas
– la introducción de una nueva modalidad contractual laboral indefinida vinculada al desarrollo de actividades científico-técnicas para todo tipo de personal de investigación en el marco de líneas de investigación definidas.
Transferencia de conocimiento:
Un reto no resuelto, tanto en el ámbito europeo como nacional, es el traslado de los resultados de la investigación científica a los mercados de forma rápida y con capacidad de generar crecimiento empresarial.
Una medida para afrontar este reto consiste en que el personal investigador, responsable de la generación del conocimiento, debe recibir incentivos suficientes para estimular la publicación de los resultados de investigación en acceso abierto y realizar transferencia de conocimiento generado. Se evaluarán los méritos de transferencia, junto con los de investigación y el impacto que produzcan en la sociedad en los ámbitos económico, social y ambiental.
También se prevé la participación en los beneficios que obtengan las entidades para las que preste servicio el personal investigador y técnico autores de las invenciones, por la explotación de los resultados de la actividad de investigación. Será de al menos un tercio en el caso de los organismos públicos.
La ley amplía el ámbito de la participación de los agentes públicos de ejecución en sociedades mercantiles y la autorización al personal de investigación para prestar servicios en dichas sociedades.
El Derecho privado será de aplicación a los contratos relativos a la promoción y gestión de resultados de la actividad de investigación, desarrollo e innovación, incluidos los contratos de opción para explorar la viabilidad empresarial y de sociedad suscritos con ocasión de la constitución o participación en sociedades.
Para la transmisión a terceros de derechos sobre los resultados de la actividad investigadora por Organismos Públicos se aplicará un procedimiento basado en la concurrencia competitiva de las personas interesadas, en el que se garantice una difusión previa adecuada del objeto y condiciones de la transmisión.
Se regula también la compra pública de innovación realizada por las Administraciones Públicas
Mejora de la gobernanza del Sistema
Esta ley refunde la Estrategia Española de Ciencia y Tecnología y la Estrategia Española de Innovación. También se refunden dos previos en un único Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación.
Se actualizan las funciones propias del Comité Español de Ética en la Investigación como órgano colegiado, independiente y de carácter consultivo.
Aumenta la coordinación entre los ámbitos estatal y autonómico en la elaboración, la ejecución y la evaluación de las políticas de I+D+I a fin de evitar duplicidades
Regulación del Mapa de Infraestructuras Científicas y Técnicas Singulares (ICTS).
Se introducen previsiones relativas a los bancos de pruebas regulatorios del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación.
Se autoriza la creación de la Agencia Espacial Española, con carácter de agencia estatal, adscrita a los Ministerios de Ciencia e Innovación y de Defensa. La Agencia representará internacionalmente a España en el sector espacial. Servirá para coordinar las actividades en torno al ámbito espacial tanto desde el punto de vista de su desarrollo tecnológico como del uso del espacio en ámbitos como la seguridad, la observación de la tierra, la geolocalización, las comunicaciones, etc, integrando funciones que actualmente están distribuidas en diferentes organismos.
La disposición final cuarta modifica la disposición transitoria segunda de la Ley 15/2021, de 23 de octubre, con objeto de aplazar al curso académico 2022-2023 la puesta en marcha del nuevo máster de acceso a la abogacía y procura al ser necesaria la adaptación del Reglamento de la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales, a las previsiones de esa Ley con carácter previo a su impartición.
Entró en vigor el 7 de septiembre de 2022.
Ley de libertad sexual
Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual.
Paisaje de Binibeca (Menorca). Por Silvia Núñez.
Resumen: Esta Ley Orgánica tiene por objeto la garantía y protección integral del derecho a la libertad sexual y la erradicación de todas las violencias sexuales, así como la protección a las víctimas, medidas preventivas y de formación. Las disposiciones finales modifican el Código Penal, la LECR o el Estatuto de los Trabajadores, entre otras.
Esta ley orgánica consta de un título preliminar, ocho títulos, cinco disposiciones adicionales, una disposición transitoria, y veinticinco disposiciones finales.
Del Título Preliminar destacamos:
Objeto de la Ley: Es la garantía y protección integral del derecho a la libertad sexual y la erradicación de todas las violencias sexuales. Art. 1.
Finalidad: la adopción y puesta en práctica de políticas efectivas, globales y coordinadas entre las distintas administraciones públicas competentes, a nivel estatal y autonómico, que garanticen la sensibilización, prevención, detección y la sanción de las violencias sexuales.
Ámbito de aplicación. Art. 3.
El ámbito de aplicación objetivo de esta ley orgánica comprende las violencias sexuales, entendidas como cualquier acto de naturaleza sexual no consentido o que condicione el libre desarrollo de la vida sexual en cualquier ámbito público o privado, incluyendo el ámbito digital.
En cuanto al ámbito subjetivo, es de aplicación a las mujeres, niñas y niños que hayan sido víctimas de violencias sexuales en España, con independencia de su nacionalidad y de su situación administrativa; o en el extranjero, siempre que sean de nacionalidad española
El Título I establece medidas de mejora de la investigación y la producción de datos sobre todas las formas de violencia sexual.
El Título II prevé actuaciones para la prevención y la detección de las violencias sexuales. El Capítulo I trata de los ámbitos educativo, sanitario y sociosanitario, digital y de la comunicación, publicitario, laboral, de la Administración Pública y castrense, así como en lugares residenciales y de privación de libertad. Y el Capítulo II prevé el desarrollo de protocolos y formación para la detección de las violencias sexuales en tres ámbitos fundamentales: el educativo, el sanitario y el sociosanitario.
El Título III contiene medidas de formación en el ámbito docente y educativo, sanitario, sociosanitario y de servicios sociales y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Asimismo, se prevé la formación en las Carreras Judicial y Fiscal y de letrados de la Administración de Justicia, en el ámbito de la abogacía, en el ámbito forense y en el penitenciario. Además, se regula la formación del personal en el exterior.
El Título IV regula el derecho a la asistencia integral especializada y accesible, se divide en dos capítulos:
– El Capítulo I define el alcance y garantía de este derecho, que comprenderá, al menos, la información y orientación a las víctimas, la atención médica y psicológica, la atención a las necesidades económicas, laborales, de vivienda y sociales, el asesoramiento jurídico previo y a la asistencia jurídica gratuita en los procesos derivados de la violencia, el seguimiento de sus reclamaciones de derechos, los servicios de traducción e interpretación y la asistencia especializada en el caso de mujeres con discapacidad y menores. Se promueve la creación, entre otros, de los «centros de crisis», como servicios públicos interdisciplinares de atención permanente, que ofrecen asistencia en crisis para víctimas de violencias sexuales, sus familiares, y personas del entorno. También, la “Casa de Niños y Niñas”.
– El Capítulo II prevé medidas para garantizar la autonomía económica de las víctimas con el fin de facilitar su recuperación integral a través de ayudas y medidas en el ámbito laboral, Seguridad Social, de empleo público y acceso a la vivienda prioritario, regulando su compatibilidad con otras medidas.
El Título V regula la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Prevé la obligación de una actuación policial especializada y colaborativa y mejoras relativas a la calidad de la atención en el proceso de denuncia, la investigación exhaustiva y la protección efectiva de las personas en riesgo.
El Título VI aborda el acceso y la obtención de justicia, y consta de dos capítulos.
– El Capítulo I, sobre actuaciones fundamentales para la acreditación del delito, prevé la especialización en violencia sexual de las unidades de valoración forense integral que asisten a los Juzgados de Violencia sobre la Mujer. Asimismo, establece la obligación de especialización del personal médico forense que realice los exámenes de interés legal.
– El Capítulo II establece medidas judiciales de protección y acompañamiento reforzado para las víctimas, así como medidas sobre protección de datos y limitación a la publicidad. Se aborda también la protección frente a las violencias sexuales de las mujeres españolas en el exterior acudiendo a Embajadas y Oficinas Consulares.
El Título VII consagra el derecho a la reparación, que comprende la indemnización por daños y perjuicios materiales y morales, las medidas necesarias para su completa recuperación física, psíquica y social y las garantías de no repetición, así como acciones de reparación simbólica. Las administraciones podrán garantizar ayudas complementarias, para cuya financiación se podrán emplear los bienes, efectos y ganancias decomisados.
El Título VIII adopta medidas fundamentales para garantizar la aplicación efectiva de la ley, como la obligación de desarrollarla a través de una Estrategia estatal y de evaluar su eficacia e impacto.
En las cinco disposiciones adicionales se prevén la aprobación de la Estrategia estatal de prevención y respuesta a las violencias machistas, medidas de financiación y de evaluación.
La única disposición transitoria permite que, en los procesos sobre hechos contemplados en la presente ley orgánica que se encuentren en tramitación a su entrada en vigor, los juzgados o tribunales que los estén conociendo podrán adoptar las medidas previstas en el Capítulo II del Título VI (medidas para la protección, acompañamiento y seguridad de las víctimas).
El contenido, en breve, de las veinticinco disposiciones finales, es el siguiente:
La 1ª modifica la Ley de Enjuiciamiento Criminal, siendo lo más relevante la incorporación de la figura de la revocación de la renuncia de la acción civil cuando los efectos del delito fueran más graves de lo previsto inicialmente, lo que es habitual en delitos contra la libertad sexual.
La 2ª y la 3ª modifican, respectivamente, la Ley Orgánica reguladora del Derecho a la Educación, y la Ley General de Publicidad, para adaptarlas a las previsiones de la presente ley orgánica.
La 4ª, quizás la más trascendente, modifica el Código Penal.
– elimina la distinción entre agresión y abuso sexual, considerándose agresiones sexuales todas aquellas conductas que atenten contra la libertad sexual sin el consentimiento de la otra persona
– se introduce expresamente como forma de comisión de la agresión sexual la denominada «sumisión química» o mediante el uso de sustancias y psicofármacos que anulan la voluntad de la víctima
– se introduce la circunstancia cualificatoria agravante específica de género en estos delitos.
– y se reforman otros preceptos relacionados con la responsabilidad de las personas jurídicas, la suspensión de la ejecución de penas en los delitos de violencia contra la mujer, el perjuicio social y los delitos de acoso, incluido el acoso callejero.
La 5ª modifica la Ley 35/1995, de 11 de diciembre, de ayudas y asistencia a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual.
La 6ª afecta al artículo 31 bis de la Ley de extranjería para evitar la incoación de expediente administrativo sancionador en el caso de las mujeres víctimas de violencias sexuales que denuncien su situación.
La 7ª adapta la Ley Orgánica reguladora de la responsabilidad penal de los menores.
La 8ª. en el artículo 2 de la Ley General de Subvenciones, excluye del concepto de subvenciones las ayudas económicas a las víctimas de violencias sexuales.
La 9ª modifica la Ley contra la Violencia de Género para dar cumplimiento al Pacto de Estado contra la violencia de género.
La 10ª y la 11ª adaptan a la presente norma la Ley Orgánica para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, y el Estatuto del Trabajo Autónomo.
La 12ª modifica la Ley del Estatuto de la víctima del delito, para garantizar la protección de las víctimas de violencias sexuales, así como su acceso a los servicios de asistencia y apoyo.
La 13ª afecta al Código Penal Militar, tipificando las violencias sexuales y el acoso sexual en este ámbito.
La 14ª retoca el Estatuto de los Trabajadores, con el fin de introducir diversos derechos laborales para las víctimas de violencias sexuales, en la línea de lo previsto en la normativa actual para las víctimas de violencia de género.
La 15ª se dedica al Estatuto Básico del Empleado Público, para modificarlo en términos similares.
La 16ª es para el TR Ley General de la Seguridad Social.
La 17ª establece los preceptos de la ley que tienen carácter orgánico,
La 18ª y 19ª recogen los títulos competenciales en los que se ampara la norma y las competencias autonómicas.
La 20ª y 21ª prevén modificaciones legislativas futuras en materia de especialización judicial y de garantía, para las víctimas de delitos contra la libertad sexual, del derecho a la asistencia jurídica gratuita.
La 22ª prevé la creación, en el plazo de un año, de un fondo de bienes decomisados por delitos contra la libertad sexual destinado a financiar las medidas de reparación a las víctimas.
La 23ª se refiere a la futura modificación del reglamento de ayudas a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual.
La 24ª permite el desarrollo reglamentario de la norma por parte del Gobierno
Entrada en vigor:
Conforme a la D.F. 25ª, como regla general, será el 7 de octubre de 2022.
El Capítulo I del Título IV (alcance y garantía del derecho a la asistencia integral especializada y accesible) y el Título VI de la ley (acceso y obtención de Justicia), el 7 de marzo de 2023.
La letra d) del apartado 1 del artículo 33 de esta ley (atención a las necesidades…),a partir de la entrada en vigor de la modificación normativa prevista en la D.F. 21ª (asistencia jurídica gratuita a las víctimas de violencias sexuales).
Modificada por la Ley Orgánica 4/2023, de 27 de abril.
Empleadas del hogar: Seguridad Social y condiciones laborales.
Real Decreto-ley 16/2022, de 6 de septiembre, para la mejora de las condiciones de trabajo y de Seguridad Social de las personas trabajadoras al servicio del hogar.
Castillo de Zafra (Guadalajara). Por Diego Delso.
Resumen: Este RDLey equipara las condiciones de trabajo y de Seguridad Social de las personas trabajadoras del hogar familiar a las del resto de trabajadores por cuenta ajena. Prestación por desempleo. Forma del contrato según Estatuto de los Trabajadores. Extinción del contrato sin la figura del desistimiento.
Como factores peculiares de este tipo de trabajo, han de tenerse en cuenta los siguientes.
– el empleador no tiene entidad empresarial,
– la prestación de servicios se produce en un ámbito privado,
– la alta variabilidad en las jornadas, con muchos casos de pluriempleo.
– Importante presencia de personas de otras nacionalidades.
Sin embargo, estas peculiaridades -varias de ellas compartidas con otros sectores- no justifican que se produzca un tratamiento discriminatorio para las personas que realicen esta actividad laboral.
La necesidad de esta reforma viene también impuesta por:
– La Sentencia TJUE de 24 de febrero de 2022, asunto C 389/20, sobre el derecho a la prestación por desempleo, ha establecido que no son compatibles con el ordenamiento de la Unión Europea las normas de Seguridad Social que sitúen a las trabajadoras en desventaja particular con respecto a los trabajadores y no esté justificada por factores objetivos y ajenos a cualquier discriminación por razón de sexo. Ante un colectivo mayoritariamente femenino, el Tribunal reconoce que la exclusión de la protección por desempleo entraña –de principio– una discriminación indirecta por razón de sexo.
– La Directiva 2006/54/CE, de 5 de julio de 2006, relativa a la aplicación del principio de igualdad de oportunidades e igualdad de trato entre hombres y mujeres en asuntos de empleo y ocupación, trasciende el ámbito de la Seguridad Social y llega también al ámbito de las condiciones de trabajo.
– El artículo 157 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, establecen la prohibición de discriminaciones directas e indirectas en el trabajo.
– El Convenio número 189 de la OIT, sobre condiciones relativas al trabajo decente para los trabajadores domésticos y que se refiere tanto a las condiciones de trabajo como a las de Seguridad Social.
– Diversos artículos de nuestra Constitución, como el 14, 35 y 40.
– Y la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, que recoge, en su artículo 5, el principio de igualdad de trato y de oportunidades en el acceso al empleo, en la formación y en la promoción profesionales, y en las condiciones de trabajo y que prohíbe, en su artículo 6, la discriminación directa e indirecta por razón de sexo.
Los principios básicos que inspiran esta revisión de la normativa sociolaboral son los dos siguientes:
– los trabajadores domésticos tienen derecho a gozar de los derechos fundamentales en el trabajo y de una protección social y laboral mínimas,
– Estos trabajadores no pueden tener un nivel de protección inferior ni un trato menos favorable que el resto de las personas trabajadoras.
El real decreto-ley consta de seis artículos, seis disposiciones adicionales, cinco transitorias, una derogatoria y siete finales.
El artículo primero modifica la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales:
– elimina el apartado 4 del artículo 3, que excluía de lu ámbito de aplicación la relación laboral de carácter especial del servicio del hogar familiar
– modifica la D.Ad. 18ª sobre protección de la seguridad y la salud en el trabajo de estas personas, con remisión a un desarrollo reglamentario.
El artículo segundo modifica el artículo 33.2 del Estatuto de los Trabajadores relativo al Fondo de Garantía Salarial para proporcionar cobertura de garantía salarial al colectivo de personas trabajadoras al servicio del hogar.
El artículo tercero afecta al TRLGSS. Busca la equiparación en el ámbito de la Seguridad Social entre personas trabajadoras del hogar y el resto de los trabajadores por cuenta ajena.
– Se modifica artículo 251 –con supresión de su letra d)– para que no quede excluida de la acción protectora del Sistema Especial para Empleados de Hogar la correspondiente a desempleo. La forma de realizar esa cotización –reducida– durante el año 2022 se especifica en la D.Tr. 2ª del presente RDLey. La cotización, a partir de enero de 2023, habrá de hacerse en los términos establecidos en la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado.
– En el artículo 267 ahora consta como situación legal de desempleo la extinción por causa justificada contemplada en el nuevo artículo 11.2 del Real Decreto 1620/2011, de 14 de noviembre, y a tal efecto se incorpora un nuevo apartado 8.º al artículo 267.1.a).
– Y se actualiza el contenido de la D.Tr. 16ª, relativa a las bases y tipos de cotización y acción protectora en el Sistema Especial para Empleados de Hogar incluyendo la escala de retribuciones y bases aplicable durante el año 2023 para la cotización a la Seguridad Social en el Sistema Especial para Empleados de Hogar.
El artículo cuarto establece modificaciones en el Real Decreto 505/1985, de 6 de marzo, sobre organización y funcionamiento del Fondo de Garantía Salarial, relativas a la obligación de cotización de los empleadores y para proporcionar una cobertura indemnizatoria a las personas trabajadoras del servicio doméstico en los casos de insolvencia o concurso de las empleadoras.
El artículo quinto -quizás el más trascendente- afecta al Real Decreto 1620/2011, de 14 de noviembre, por el que se regula la relación laboral de carácter especial del servicio del hogar familiar. para eliminar las diferencias injustificadas en las condiciones de trabajo de las personas incluidas en esta relación laboral especial.
– Se modifica el artículo 3.b) para que se pueda aplicar a este colectivo lo establecido en el artículo 33 del Estatuto de los Trabajadores con relación a la intervención del Fondo de Garantía Salarial (antes se excluía su aplicación expresamente).
– También varía el artículo 5, referido a la forma del contrato de trabajo. Ahora se dice expresamente que la forma del contrato de trabajo se ajustará a lo previsto en el Estatuto de los Trabajadores. En su apartado 2 se recoge la presunción del carácter indefinido de la relación laboral cuando el contrato no se realice por escrito, cualquiera que sea la duración del mismo.
– Y la regulación en el artículo 11 de la Extinción del contrato sufre una importante transformación a la hora de determinar las peculiaridades extintivas de las relaciones laborales en el hogar familiar, pues se eliminan la mayoría de las diferencias que existían. Desaparece la figura del desistimiento por lo que la extinción de la relación laboral, aparte de las causas previstas en el Estatuto de los trabajadores, solo podrá producirse por causa justificada, describiendo el precepto, de un lado, las concretas situaciones que habilitarían esta forma especial de extinción y asegurando, de otro lado, que la decisión extintiva ha sido adoptada por la persona empleadora en base a unas circunstancias valorables objetivamente. Se recogen como posibles causas: la disminución de los ingresos de la unidad familiar o incremento de su gastos por circunstancia sobrevenida; la modificación sustancial de las necesidades de la unidad familiar; así como el comportamiento de la persona trabajadora que fundamenta de manera razonable y proporcionada la pérdida de confianza de la persona empleadora. Ha de comunicarse por escrito, con expresión de la causa, preaviso y una indemnización. Te digo
El artículo sexto modifica el apartado 2 del artículo 43 del Reglamento General sobre inscripción de empresas y afiliación, altas, bajas y variaciones de datos de personas trabajadoras en la Seguridad Social, a fin de suprimir, para las empleadas del hogar que presten sus servicios durante menos de sesenta horas mensuales por empleador, la posibilidad de que sean ellas las que soliciten directamente su afiliación, altas, bajas y variaciones de datos cuando así lo acuerden con los empleadores.
Entre las disposiciones adicionales destacan:
La D.Ad. 1ª recoge los beneficios en la cotización aplicables en el Sistema Especial para Empleados de Hogar, incluyendo una modulación de aquellos en función de las condiciones de renta y patrimonio y las necesidades de cuidado de las familias.
La D.Ad. 2ª se refiere a la asunción por las personas empleadoras de las obligaciones en materia de cotización cuando la prestación de servicios es inferior a sesenta horas mensuales. Aplicación a partir de enero de 2023.
Y entre las disposiciones transitorias:
La D.Tr. 1ª establece que la nueva norma será de aplicación a los contratos vigentes a su fecha de entrada en vigor.
La D.Tr. 2ª fija las reglas de cotización por desempleo y al Fondo de Garantía Salarial que deben aplicarse desde el 1 de octubre hasta el 31 de diciembre de 2022.
La D.Tr. 3ª prevé el régimen transitorio de mantenimiento de los beneficios por la contratación de cuidadores en familias numerosas.
La D.Tr. 4ª establece unos plazos extraordinarios en la gestión de ayudas al transporte público, previstas en el Real Decreto-ley 11/2022, de 25 de junio.
El presente real decreto-ley entró en vigor el 9 de septiembre de 2022, con estas excepciones:
– La modificación normativa efectuada por el artículo sexto (inscripción de empresas y afiliación, altas, bajas…) así como las letras a) y c) de la disposición derogatoria única, surtirán efectos desde el día 1 de enero de 2023.
– El apartado 1 de la D.Ad. 1ª (beneficios en la cotización aplicables en el Sistema Especial para Empleados de Hogar). entrará en vigor el día 1 de octubre de 2022.
– Los apartados 2 y 3, así como el párrafo segundo del apartado 4 de esta misma D.Ad. 1ª, y la letra b) de la disposición derogatoria única (familias numerosas), entrarán en vigor el día 1 de abril de 2023.
Modificación del Reglamento sobre Asistencia Jurídica gratuita
Real Decreto 586/2022, de 19 de julio, por el que se modifica el Reglamento de asistencia jurídica gratuita, aprobado por el Real Decreto 141/2021, de 9 de marzo.
Resumen: Se determina que los requisitos generales mínimos exigibles a los abogados y procuradores para poder prestar los servicios de asistencia jurídica gratuita serán de aplicación en todo el territorio nacional. No podrán ejercer la defensa legal en el turno de oficio abogados condenados por delitos del mismo tipo que los relacionados con las víctimas que han de ser defendidas, en los casos enumerados.
El presente real decreto sólo consta de un artículo que contiene dos apartados y una disposición final única. Modifica el Reglamento de asistencia jurídica gratuita, aprobado por el Real Decreto 141/2021, de 9 de marzo.
El apartado uno afecta al apartado 3 del artículo 1, que regula el objeto y ámbito de aplicación del Reglamento para incluir el artículo 32 entre los que son objeto de aplicación en todo el territorio nacional.
El apartado dos añade nuevas letras a dicho artículo 32 que está dedicado a determinar los requisitos generales mínimos exigibles a los Abogados y Procuradores de los Tribunales:
– Tanto los profesionales de la Abogacía como los de la Procura que presten servicio de asistencia jurídica gratuita a víctimas de violencia de género no podrán contar con antecedentes penales por atentar contra la vida, la integridad física, la libertad, la integridad moral, la libertad e indemnidad sexual o la intimidad en el ámbito de la violencia sobre la mujer, salvo que los mismos se encuentren cancelados.
– Estos mismos profesionales, para prestar asistencia jurídica gratuita a víctimas de delitos de terrorismo y de trata de seres humanos, o a víctimas de cualquier delito cuando estas sean personas menores de edad o personas con discapacidad necesitadas de especial protección, no podrán tener antecedentes penales por delitos cometidos, respectivamente, sobre cada una de las clases de víctimas anteriormente enumeradas, salvo que los antecedentes se encuentren cancelados.
Entró en vigor el 28 de septiembre de 2022.
Código Penal: imprudencia en la conducción.
Ley Orgánica 11/2022, de 13 de septiembre, de modificación del Código Penal en materia de imprudencia en la conducción de vehículos a motor o ciclomotor.
Resumen: Ha de ser Ley Orgánica pues reforma tres artículos del Código Penal con el objetivo de tratar con más rigor la imprudencia al volante con resultado de muerte o lesiones relevantes. Será obligatorio el atestado cuando haya un accidente con resultado de lesión o muerte.
La reforma del Código Penal llevada a cabo en 2015 derogó el Libro III relativo a las faltas, reconduciendo las conductas allí incluidas que o bien pasaron a tipificarse como delitos leves o quedaron fuera del ámbito del Código Penal.
La experiencia de su aplicación muestra una reducción de la respuesta penal en muchos casos de imprudencia merecedora de ella. También se ha observado que no se han levantado todos los atestados que hubiesen sido necesarios.
La reforma que ahora se aprueba no pretende restarle al juez la facultad de apreciar si se cometió una imprudencia, ni tampoco la de establecer el nexo causal entre el acto imprudente y el resultado de muerte o de lesiones relevantes.
Su finalidad es establecer ope legis que, en todo caso, si el juez o tribunal determinan que hubo una imprudencia conduciendo un vehículo a motor o ciclomotor concurriendo una infracción grave de las normas de circulación y, como consecuencia derivada de esta infracción, se produjo la muerte o lesiones relevantes, la imprudencia ha de ser calificada, como mínimo, como imprudencia menos grave, pero nunca como leve, de modo que se considere objetivamente delito si el causante comete una infracción calificada como grave por el TR Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.
Además, se reduce la pena de multa a uno o dos meses en caso de provocarse por imprudencia menos grave lesiones que necesitan tratamiento médico o quirúrgico que no sean invalidantes, pero sí relevantes. En estos casos no será preceptivo estar asistido de abogado y procurador ni que el proceso se juzgue por un juez de instrucción.
En delitos de imprudencia menos grave, también será preceptiva la sanción de pena de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores. Hasta ahora era facultativa.
Por otra parte, en los casos en que se produce un resultado de muerte, se configura el delito tipificado en el apartado 2 del artículo 142 del Código Penal como un delito público cuando la causación de la muerte por imprudencia menos grave se produzca utilizando vehículo a motor o ciclomotor, eliminando en tales casos la exigencia de denuncia de la persona agraviada o de su representante legal, de modo que la autoridad judicial pueda proceder a investigar los hechos directamente.
Concretamente, los artículos modificados del Código Penal son los tres siguientes:
– Los párrafos segundo y cuarto del apartado 2 del artículo 142 (situado en un título dedicado al homicidio).
– Los párrafos primero y segundo del apartado 2 del artículo 152 (situado en un título dedicado a las lesiones)
– El apartado 1 del artículo 382 bis sobre abandono del lugar de los hechos.
La D.F.1ª – sin rango de Ley Orgánica- modifica el apartado 1 del artículo 85 TR Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial para establecer la obligatoriedad para la autoridad administrativa de poner en conocimiento de la autoridad judicial los hechos derivados de infracciones de tráfico con resultado de lesión o muerte, acompañando tal comunicación con el oportuno atestado.
Entró en vigor el 15 de septiembre de 2022.
RDLey 17/2022: medidas urgentes energía
Real Decreto-ley 17/2022, de 20 de septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes en el ámbito de la energía, en la aplicación del régimen retributivo a las instalaciones de cogeneración y se reduce temporalmente el tipo del Impuesto sobre el Valor Añadido aplicable a las entregas, importaciones y adquisiciones intracomunitarias de determinados combustibles.
Resumen: Trata de hacer frente a la escalada en los precios del gas natural. Se reduce por tres meses el tipo del IVA en las facturas de gas natural y de madera para leña del 21% al 5%. Medidas para luchar contra los incendios forestales. Nuevo umbral para que los afectados por la erupción de La Palma soliciten la suspensión de obligaciones de pago.
Este RDLey cuenta con tres capítulos:
El Capítulo I trata de la Renuncia al régimen retributivo específico de las cogeneraciones a los efectos de la aplicación del mecanismo regulado en el Real Decreto-ley 10/2022, de 13 de mayo. Se trata con ello de permitir a las instalaciones de cogeneración recuperar sus costes de explotación, para evitar los parones producidos en agosto por este motivo y así volver a los niveles de producción habituales, lo que permitirá reducir el consumo de gas natural.
El Capítulo II aborda el Impulso a la tramitación, puesta en servicio y evacuación de la generación renovable. Entre otras medidas…
– trata de agilizar la tramitación de instalaciones de transporte para minimizar los vertidos de estas energías eléctricas de origen renovable;
– para las modificaciones por los inversores en el dimensionamiento de los proyectos se flexibilizan umbrales de exigencia que hacen necesario iniciar una nueva tramitación respecto del régimen de autorizaciones previsto en cada caso;
– en las autorizaciones de construcción se acortan los plazos de tramitación de los proyectos de ejecución.
– mayor grado de tolerancia en la existencia de ligeras discrepancias respecto a la potencia instalada en los distintos documentos necesarios para la inscripción previa en el registro administrativo de instalaciones de producción de energía eléctrica
El Capítulo III recoge medidas fiscales respecto al IVA, con dos artículos.
El artículo 5 determina el tipo del IVA aplicable temporalmente a las entregas, importaciones y adquisiciones intracomunitarias de gas natural: los tres últimos meses del año se aplicará el tipo del 5 por ciento (hasta ahora el 21%).
El artículo 6 aplica durante el mismo periodo también el tipo del 5 por ciento a las entregas, importaciones y adquisiciones intracomunitarias de briquetas y pellets procedentes de la biomasa y a la madera para leña.
Para garantizar el equilibrio entre oferta y demanda de energía eléctrica en todo momento, la D. Ad. 1ª articula un servicio de respuesta activa de la demanda para el sistema eléctrico peninsular español, configurado como un producto específico de balance, para hacer frente a las situaciones de escasez de energía de balance proporcionada por otros servicios estándar de activación manual ya en funcionamiento. Tendrá lugar una subasta anual en la que se contratan las necesidades del producto específico de respuesta activa de la demanda, atendiendo a los requerimientos de reserva detectados por el operador del sistema para cada periodo de aplicación del servicio, y en la que podrán participar todas aquellas unidades de programación de demanda conectadas al sistema eléctrico peninsular español que cumplan con los requisitos establecidos en este real decreto-ley.
La D.F. 1ª modifica los artículos 48 y 48 bis de la Ley de Montes, en materia de incendios forestales, para cuya prevención se han de tener también en cuenta los servicios meteorológicos de las comunidades autónomas. La D.F. 3ª modifica las dos primeras disposiciones adicionales del RDLey 15/2022, de 1 de agosto, por el que se adoptan medidas urgentes en materia de incendios forestales: se amplía hasta el 1 de enero de 2023 el plazo para adoptar los planes y organizar los servicios de prevención, vigilancia y extinción de incendios forestales y su adaptación al RDLey 15/2022.
La D.F. 2ª, para los afectados por la erupción de La Palma, abre una nueva ventana de solicitud de la suspensión de obligaciones de pago establecida por el Real Decreto-ley 20/2021, de forma que hasta el 24 de octubre de 2022 los afectados por la erupción del volcán tal y como se definen en el artículo 16 del Real Decreto-ley 20/2021 podrán solicitar una suspensión de sus obligaciones, que será de seis meses para aquellos afectados que no se beneficiaron de la suspensión original y de tres meses para quienes sí lo hicieron.
Entró en vigor el 22 de septiembre de 2022.
Ley de creación y crecimiento de empresas.
Ley 18/2022, de 28 de septiembre, de creación y crecimiento de empresas.
Entre Vegadeo y Ribadeo. Por JFME.
Resumen: Su objeto es el impulso de la creación de empresas y el fomento de su crecimiento. Modifica la Ley que garantiza la unidad de mercado: límites al acceso y ejercicio de las profesiones reguladas; legitimación procesal. Medidas para la lucha contra la morosidad comercial, como facturas electrónicas para empresarios y profesionales. Nuevo régimen jurídico para la microfinanciación. Se introducen los fondos de inversión a largo plazo europeos (FILPE) y los fondos de deuda (EICCP), Reforma del régimen de las entidades de capital riesgo. Régimen de protección del cliente de entidades de crédito. Reforma de la Ley de Blanqueo de capitales.
Nota: se resume aquí el resto de la ley no tratado por José Ángel García Valdecasas en Aspectos societarios de la Ley de creación y crecimiento de empresas, al que nos remitimos.
Introducción:
Según la Exposición de Motivos, la Ley tiene por objeto mejorar el clima de negocios, impulsar el emprendimiento y fomentar el aumento del tamaño empresarial, así como el despliegue de redes de colaboración e interacción.
Dentro del proceso evolutivo de la actividad empresarial, las dos fases más críticas son el nacimiento y el crecimiento de las empresas. La Ley pretende facilitar esos momentos difíciles, reduciendo los costes aparejados a la creación de nuevas empresas y removiendo barreras regulatorias y administrativas, fallos en el mercado único o la existencia de malas prácticas en el pago a proveedores, lo que genera un riesgo de falta de liquidez.
En España las pyme y los trabajadores autónomos constituyen más del 99 % del tejido productivo en términos de número, representan algo más del 61 % del Valor Añadido Bruto y el 64 % del empleo. Las microempresas, entendidas como empresas de menos de diez trabajadores, representan en torno al 94 % del total de empresas. Dentro de ellas, el 59 % son autónomos sin asalariados.
Las pyme adolecen de una debilidad estructural respecto a las empresas de mayor tamaño (como la menor productividad, menor capacidad exportadora, baja inversión en innovación, baja digitalización, reducida capacidad para generar empleo estable…), por lo que adaptar la regulación para facilitar su crecimiento es algo esencial para mejorar su competitividad general. A ello hay que añadir los estragos producidos por la pandemia de COVID-19. para cuya recuperación la Unión Europea estableció los Planes NextGenerationEU, que dotarán a los Estados miembros en los próximos siete años de fondos de la Unión para este fin.
Nuestro país, a su vez, ha aprobado el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, cuyo programa de inversiones y reformas estructurales incluye las destinadas a mejorar la demografía empresarial y el clima de negocios, siendo uno de los objetivos del Plan el establecimiento de un marco jurídico adecuado que impulse la creación de empresas y fomente su crecimiento. Esta Ley persigue objetivos similares.
La ley consta de diecisiete artículos, agrupados en seis capítulos.
Objeto.
El Capítulo I, con un solo artículo, recoge el objeto de la ley que es la mejora del clima de negocios impulsando la creación y el crecimiento empresarial a través de la adopción de medidas para agilizar la creación de empresas; la mejora de la regulación y la eliminación de obstáculos al desarrollo de actividades económicas; la reducción de la morosidad comercial y la mejora del acceso a financiación.
Eliminación de obstáculos a las actividades económicas
El Capítulo II, Medidas para agilizar la creación de empresas, merece por su importancia un archivo aparte, elaborado por José Ángel García Valdecasas.
El Capítulo III modifica 3 leyes siendo la reforma de mayor contenido la de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado.
En ella, conforme al artículo 6:
– se introducen aclaraciones en su redacción, derivadas de la experiencia acumulada en los nueve años de aplicación,
– se mejoran los mecanismos de protección de operadores a través del refuerzo de las ventanillas que los operadores pueden usar para reclamar y modificando algunos plazos (art. 28)
– se amplía la capacidad de legitimación de forma que cualquier ciudadano, y en particular las organizaciones de consumidores y usuarios o la Secretaría para la Unidad de Mercado puedan interponer reclamaciones sin necesidad de ser interesados (arts. 26 y 27 y D.Ad. 5ª)
– se adapta a diversas sentencias, entre ellas la sentencia del Tribunal Constitucional 110/2017, de 5 de octubre, que declaró inconstitucional el denominado «principio de eficacia nacional», que daba validez en todo el territorio nacional a las actuaciones de las diferentes administraciones
– se excluye del ámbito de aplicación de la ley las materias tributarias (art.2).
– otros principios afectados son al principio de necesidad y proporcionalidad (arts. 5 y 17) y las actuaciones que limitan la libertad de establecimiento y la libertad de circulación (art.18)
– la necesidad y proporcionalidad de los límites o requisitos relacionados con el acceso y el ejercicio de las profesiones reguladas se ponderará de conformidad con el Real Decreto 472/2021, de 29 de junio, por el que se incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva (UE) 2018/958, relativa al test de proporcionalidad antes de adoptar nuevas regulaciones de profesiones. Art. 5.
– Se refuerzan los mecanismos de cooperación entre Administraciones, en particular en la elaboración de proyectos normativos mediante su análisis en Conferencia Sectorial (art. 14)
– la Ley crea un Observatorio de Buenas Prácticas Regulatorias que será gestionado por la Secretaría para la Unidad de Mercado (D.Ad. 9ª) y crea la Conferencia Sectorial para la Mejora Regulatoria y el Clima de Negocios que asume las funciones del Consejo para la Unidad de Mercado (art. 10).
– se reconocen los efectos extraterritoriales de decisiones autonómicas cuando existen estándares equivalentes, lo cual ha sido avalado por el Tribunal Constitucional.
El artículo 7 modifica los artículos 127 ter y 127 quáter de la LJCA respecto al recurso contencioso-administrativo que puede interponer la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia frente a cualquier disposición de carácter general o actuación de autoridad competente que se considere contraria a la libertad de establecimiento o de circulación. También se realizan ajustes al procedimiento para la garantía de la unidad de mercado. Requerimiento a la Administración afectada en el plazo de dos meses (D.Ad. 11)
Y el artículo 8 modifica el anexo de la Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de liberalización del comercio y de determinados servicios, ampliando el catálogo de actividades exentas de licencia, entre los que están los servicios técnicos de topografía o los servicios integrales de correos y telecomunicaciones.
Morosidad comercial.
El Capítulo IV recoge medidas para la lucha contra la morosidad comercial, la cual supone un lastre importante para la economía española, muy especialmente para las pyme. Afecta a cinco leyes.
Ha habido previos intentos legislativos para atajar el problema, como la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales (actualizada en 2010 y 2014), pero los resultados no han sido los deseables.
Ahora la Ley incorpora las siguientes medidas:
– Obligación de informar por las sociedades mercantiles. Se modifica la D. Ad. 3ª de la Ley 15/2010, de 5 de julio (que modifica la referida Ley 3/2004). Mantiene la obligación de que todas las sociedades mercantiles incluirán de forma expresa en la memoria de sus cuentas anuales su período medio de pago a proveedores. Amplía la obligación de información en sus páginas web sobre periodo medio de pago y otros contenidos.
– Impulsar la adopción generalizada de la factura electrónica mediante la modificación de la Ley 56/2007, de 28 de diciembre, de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información, ampliando la obligación de expedir y remitir facturas electrónicas a todos los empresarios y profesionales en sus relaciones comerciales. Habrá un desarrollo reglamentario. Las pyme gozaran de un periodo transitorio de 2 años para su implantación a contar desde la publicación del desarrollo reglamentario. Ver artículo 12 que afecta al artículo 2 bis de la Ley 56/2007. Se prevé un desarrollo reglamentario en seis meses (D.F. 7ª).
– Programas de subvenciones que permitirán la adquisición e implantación masiva de soluciones de digitalización, en particular el Programa Digital Toolkit dotado con más de 3.000 millones de euros en subvenciones. El artículo 11 modifica la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
– Garantizar que los adjudicatarios abonen en tiempo el precio pactado con los subcontratistas con incentivos como ser criterio de acceso a las subvenciones públicas, o modificando al respecto la normativa de contratación pública. Ver arts 216 y 217 de la Ley de Contratos del Sector Público, modificados por el artículo 10 de esta Ley
– Se considera desleal el incumplimiento reiterado de las normas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. Artículo 13, que modifica el artículo 15.4 de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal.
– Impulsar la transparencia con respecto a los periodos de pago de las operaciones comerciales. Para ello, el Gobierno creará y regulará el funcionamiento de un Observatorio Estatal de la Morosidad Privada. Ver D.F. 6ª.
– Elaboración en seis meses de una ordenanza tipo para el ejercicio de actividades comerciales minoristas y prestación de servicios y se impulsará la adopción de ordenanzas tipo de actos de control e intervención municipal en otras actividades económicas. D. Ad. 1ª.
Plataformas de financiación.
El Capítulo V introduce un nuevo régimen jurídico para las plataformas de financiación participativa (crowdfunding»). Estas empresas ponen en contacto, de manera profesional y a través de páginas web u otros medios electrónicos, a una pluralidad de personas físicas o jurídicas que ofrecen financiación con otras personas físicas o jurídicas que la solicitan en nombre propio para destinarlo a un proyecto concreto.
La regulación fundamental se encuentra en el nuevo Reglamento (UE) 2020/1503, que armoniza la normativa a nivel europeo para permitir que los operadores puedan prestar sus servicios libremente en todo el territorio de la Unión Europea sin necesidad de obtener una autorización distinta en cada Estado miembro.
En España, la regulación se hallaba en el título V de la Ley 5/2015, de 27 de abril, de fomento de la financiación empresarial. Ahora, la técnica legislativa empleada ha consistido en derogar por el artículo 14 el título anterior y publicar un nuevo título V en el artículo 15. De todos modos, se trata de una regulación complementaria, ya que prima el Reglamento Europeo, que establece un régimen jurídico completo y exhaustivo de las plataformas de financiación participativa. Además, la derogación sólo se producirá el 10 de noviembre de 2022, según la D.D. única.
Entre las principales novedades de la regulación europea frente a la regulación nacional preexistente cabe destacar:
– Incluye una nueva categoría «gestión de carteras» para permitir que el proveedor de servicios de financiación participativa invierta fondos en nombre del inversor.
– Establece un límite único de inversión individual por proyecto para inversores minoristas, que será el más alto entre una cantidad de 1.000 euros o el 5 % de la riqueza (sin incluir propiedades inmobiliarias y fondos de pensiones). A los inversores minoristas no se les impide invertir por encima del límite, pero recibirán una advertencia de riesgo y tendrán que dar su consentimiento expreso al proveedor.
– Fija un límite de inversión por proyecto de 5 millones de euros, superable hasta el límite previsto en la legislación de cada Estado miembro, a partir del cual se exige la emisión de un folleto.
– Las participaciones en sociedades de responsabilidad limitada se consideran valores aptos para el desarrollo de las actividades de las plataformas de financiación participativa y de las empresas de servicios de inversión previstas en el Reglamento de la Unión Europea. No obstante, no tendrán la consideración como valores negociables.
– En un grupo empresarial puedan coexistir sociedades con autorización para operar como plataformas de financiación participativa y sociedades con autorización para operar como empresas de capital riesgo, actuando con autorizaciones separadas.
– Las plataformas de financiación participativa puedan crear y agrupar a los inversores en una sociedad de responsabilidad limitada, cuyo objeto social y única actividad consista en ser tenedora de las participaciones de la empresa en que se invierte. Art. 56.
– La CNMV autorizará para operar como proveedor de servicios de financiación participativa si no se tiene ya autorización conferida por otro país de la Unión Europea. Las plataformas serán inscritas en el registro correspondiente de la CNMV, que es público.
– Se prevé un régimen transitorio de adaptación de las plataformas Ver D.Tr. 4ª.
Como el Reglamento de la Unión Europea no se aplica a plataformas que sólo intermedien ofertas de financiación participativa cuyo importe sea superior a 5.000.000 euros, el artículo 14 también regula la figura de las «plataformas no armonizadas». Art. 55.
Inversión colectiva y el capital riesgo.
El Capítulo VI, que reforma este sector, tiene dos secciones:
Instituciones de Inversión Colectiva.
La Sección 1.ª modifica Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva, siendo la reforma más significativa la introducción en el artículo 40 de los fondos de inversión a largo plazo europeos (FILPE), que fueron creados para dar acceso a los inversores minoristas a la inversión en pequeñas y medianas empresas no cotizadas, lo que antes solo era disponible para inversores institucionales. La introducción de los FILPE también se traduce en la modificación de diversos artículos de la Ley 22/2014, de 12 de noviembre (ver Sección II)
Otras medidas consisten en la eliminación de la obligatoriedad del informe trimestral o el establecimiento de los medios telemáticos como forma de comunicación por defecto con partícipes y accionistas.
Capital riesgo.
La Sección 2.ª realiza una importante reforma de la Ley 22/2014, de 12 de noviembre, por la que se regulan las entidades de capital riesgo, destacando:
– Se reconoce la figura de los llamados fondos de deuda en el nuevo artículo 4 bis. Las Entidades de inversión colectiva de tipo cerrado de préstamos (EICCP) tendrán como objeto principal la inversión en facturas, préstamos, crédito y efectos comerciales de uso habitual en el ámbito del tráfico mercantil. Se determinan los requisitos que han de cumplir sus sociedades gestoras orientados a garantizar la adecuada gestión del riesgo de crédito.
– Se permite que las entidades de capital riesgo puedan invertir en instrumentos de deuda y que forme parte de su coeficiente obligatorio de inversión. Art. 18.
– La referencia a los Fondos de Inversión a Largo Plazo Europeos se realiza en diversos artículos de esta Ley.
– Se incluye expresamente en el artículo 9, que las entidades de capital riesgo (ECR) podrán extender su objeto principal también a la inversión en entidades financieras cuya actividad se encuentre sustentada principalmente en la aplicación de tecnología a nuevos modelos de negocio, aplicaciones, procesos o productos.
– La reforma de los artículos 14, 16, 17, 18 y 23 sirve para flexibilizar el régimen de diversificación de las inversiones de las ECR con el fin de adaptarlos a los estándares y prácticas internacionales del sector.
– Las Entidades de Capital Riesgo-Pyme podrán estar referidas a empresas de hasta 499 trabajadores (antes 250). Art. 21.3.
– Se reduce el desembolso inicial de las sociedades de capital riesgo del 50 por ciento al 25 por ciento del capital comprometido. Art. 26.3
– Se permite constituir Sociedades Gestoras de Entidades de Inversión Colectiva de tipo Cerrado bajo la forma de Sociedad de Responsabilidad Limitada, como ya ocurre con todos los tipos de Empresas de Servicios de Inversión. Antes solo era posible la forma de sociedad anónima. Art. 41.Esta modificación también se introduce en los artículos 40 y 43 de la Ley 35/2003, de 4 noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva.
– Y el artículo 75.2 flexibiliza el régimen para inversores no profesionales en entidades de capital riesgo. Como alternativa a la exigencia de 100.000 euros de inversión inicial, se permitirá la comercialización a minoristas siempre que accedan a la inversión a través de la recomendación de una entidad autorizada, con una inversión mínima inicial de 10.000 euros y menos del 10% de su patrimonio financiero.
Entidades de crédito.
La D.F. 3ª modifica la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito.
– En el artículo 5, dedicado a la protección del cliente de entidades de crédito, se añade un primer párrafo en el que de modo expreso se indica que “Las entidades de crédito actuarán de manera honesta, imparcial, transparente y profesional, con respeto a los derechos y los intereses de la clientela. Toda información dirigida a su clientela, incluida la de carácter publicitario, deberá ser clara, suficiente, objetiva y no engañosa. Además, las entidades de crédito deberán en todo momento mantener adecuadamente informados a sus clientes, conforme a lo dispuesto en los apartados siguientes, las disposiciones de desarrollo y el resto de la normativa aplicable.”
– En el artículo 13, sobre apertura de sucursales y prestación de servicios sin sucursal en España por entidades de crédito con sede en un Estado no miembro de la Unión Europea, se añade un apartado 4, por el que “4. La prestación de servicios sin sucursal abierta en España por entidades de crédito con sede en un Estado no miembro de la Unión Europea quedará sujeta a autorización previa del Banco de España en la forma que reglamentariamente se determine. Las entidades de crédito autorizadas de conformidad con lo previsto en este apartado tendrán prohibido captar depósitos u otros fondos reembolsables del público
– En el artículo 29, que regula el sistema de gobierno corporativo, se añade un apartado 8, que obliga a las entidades de crédito a definir y establecer políticas y procedimientos de organización para cumplir la normativa de ordenación y disciplina reguladora de la conducta de las entidades y la protección de la clientela bancaria. Ejs: Gobernanza y vigilancia de productos, remuneraciones de los comercializadores o prácticas de ventas vinculadas y combinadas de productos a clientes minoristas.
En el artículo 92, Infracciones muy graves, se retoca su apartado x).
Blanqueo de capitales. Por José Ángel García Valdecasas.
Introducción. Aunque sólo de modo muy tangencial, la Ley 10/2010 de 28 de abril de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo se relaciona con la finalidad de la Ley 18/2022, de 28 de septiembre de Creación y Crecimiento de empresa, en la DF 2ª de esta ley se aprovecha para modificar la primera.
Artículos modificados o introducidos.
– Se modifica el apartado 3 del artículo 2. El artículo 2 de la Ley se ocupa de los llamados “sujetos obligados”. En el apartado 3 de este artículo se establecía la posibilidad de exclusión reglamentaria de personas que realizaran actividades financieras con carácter ocasional. Ahora se le añade a esa posibilidad de exclusión a las entidades de la letra h) del apartado 1 del mismo artículo, es decir a las entidades de dinero electrónico, las entidades de pago y las personas físicas y jurídicas a las que se refieren los artículos 14 y 15 del Real Decreto Ley 19/2018, de 23 de noviembre, de servicios de pago y otras medidas urgentes en materia financiera, es decir a otras entidades que prestan servicios de pago o a las entidades de prestadoras del servicio de información sobre cuentas.
– Se modifica la letra a) del apartado 1 del artículo 12, sobre relaciones de negocio y operaciones no presenciales. Este artículo se refiere a las relaciones de negocio que establezcan los sujetos obligados de forma no presencial. En la redacción primitiva sólo se refería a que la identificación del cliente debía hacerse por medio de la firma electrónica cualificada regulada en el Reglamento (UE) n.° 910/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 2014. Si se hace así no es necesario obtener copia del documento. Ahora con la nueva redacción se va a permitir que la identificación se haga por medio de una firma electrónica distinta, pero en ese caso será “preceptiva la obtención en un mes de una copia del documento de identificación”. Este artículo puede tener incidencia sobre todo en los despachos notariales en los futuros otorgamientos que puedan hacerse sin la presencia física de todos o de algunos de los otorgantes.
– Se modifica el artículo 32, sobre protección de datos de carácter personal.
— Ahora la referencia es a la Ley vigente, artículo 8.1 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, y en el artículo 6.1.c) del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016. Se establece en líneas generales que no será preciso para ese tratamiento el consentimiento del interesado, al amparo de las nuevas normas.
— En el punto 3, respecto de los órganos centralizados de prevención a los que se refiere el artículo 27, entre ellos los del CGN y los del Corpme, que tienen la condición de encargados del tratamiento de datos personales, se exceptúa de esa condición a la incorporación obligatoria de datos “en el ámbito de las funciones que se les atribuyan reglamentariamente. La norma reglamentaria especificará los supuestos en que estos órganos tengan la condición de responsables del tratamiento”.
— En el punto 4, que es nuevo, se establece la obligación, por parte de los sujetos obligados, de realizar una evaluación de impacto en la protección de datos, adoptando las “medidas técnicas y organizativas reforzadas para garantizar la integridad, confidencialidad y disponibilidad de los datos personales”. Hay que garantizar la trazabilidad de los accesos y comunicaciones de los datos. Y los ficheros creados tendrán las medidas de seguridad y control reforzadas.
– Nuevo artículo 32 ter sin epígrafe. Permite que los sujetos obligados pertenecientes a una misma categoría puedan crear sistemas comunes de información, almacenamiento y, en su caso, acceso a la información y documentación recopilada para el cumplimiento de las obligaciones de diligencia debida. En esos casos son corresponsables del tratamiento y su mantenimiento se puede encomendar a un tercero. Su creación se debe comunicar a la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias al menos sesenta días antes de su puesta en funcionamiento. De forma limitada se pueden comunicar datos entre los sujetos obligados, informando a los interesados.
– Se modifica el artículo 33 sobre intercambio de información entre sujetos obligados y ficheros centralizados de prevención del fraude. Se precisan las obligaciones de cambio de información modernizando las referencias a la legislación aplicable y se le añade un nuevo punto 6 relativo a que “Los sujetos obligados y las autoridades judiciales, policiales y administrativas competentes en materia de prevención o represión del blanqueo de capitales o de la financiación del terrorismo podrán consultar la información contenida en los sistemas que fueren creados, de acuerdo con lo previsto en la normativa vigente en materia de protección de datos personales, siempre que el acceso a dicha información fuere necesario para las finalidades descritas en los apartados anteriores”.
– Cambia la letra d) del apartado 2 del artículo 44 sobre la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales. La letra d se refería solo al nombramiento del Director y ahora la referencia es también a la posibilidad de cese.
– Se modifica el apartado 5 en el artículo 45 sobre los órganos de apoyo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias que se refiere a la contabilidad del Banco de España por los gastos que realice al amparo del presupuesto aprobado por la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias. Suprime curiosamente la comprobación de dicha cuenta por la Dirección General del Tesoro y Política Financiera.
– Y varía el apartado 7 del artículo 61 sobre procedimiento sancionador y medidas cautelares. El informe que debe remitirse de todas las sanciones impuestas ahora se hará a la Autoridad Bancaria Europea. Antes era a las Autoridades Europeas de Supervisión.
Entrada en vigor: conforme a la D.F. 8ª, como regla general, será el 19 de octubre de 2022.
Excepciones:
– El capítulo V (régimen jurídico de las plataformas de financiación participativa) lo hará a partir del 10 de noviembre de 2022.
– El artículo 12, relativo a la facturación electrónica entre empresarios y profesionales, que producirá efectos, para los empresarios y profesionales cuya facturación anual sea superior a ocho millones de euros, al año de aprobarse el desarrollo reglamentario. Para el resto de los empresarios y profesionales, este artículo producirá efectos a los dos años de aprobarse el desarrollo reglamentario. La entrada en vigor del artículo 12 está supeditada a la obtención de la excepción comunitaria a los artículos 218 y 232 de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido.
Ver el resto del resumen, que tiene especial importancia: Aspectos societarios de la Ley de creación y crecimiento de empresas,
Disposiciones Autonómicas
Resumen: Normativa de Canarias, Navarra y Baleares.
CANARIAS. Real Decreto 713/2022, de 30 de agosto, de traspaso de funciones y servicios de la Administración General del Estado a la Comunidad Autónoma de Canarias en materia de ordenación y gestión del litoral.
NAVARRA. Decreto Foral Legislativo 5/2022, de 31 de agosto, de armonización tributaria, por el que se modifica la Ley Foral 11/2015, de 18 de marzo, por la que se regulan el Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica, el Impuesto sobre los Gases Fluorados de Efecto Invernadero y el Impuesto sobre los Depósitos en las Entidades de Crédito.
ILLES BALEARS. Ley 5/2022, de 8 de julio, de políticas de juventud de las Illes Balears.
ILLES BALEARS. Ley 6/2022, de 5 de agosto, de archivos y gestión documental de las Illes Balears.
ILLES BALEARS. Ley 7/2022, de 5 de agosto, de la ciencia, la tecnología y la innovación de las Illes Balears.
ILLES BALEARS. Decreto-ley 7/2022, de 11 de julio, de prestaciones sociales de carácter económico de las Illes Balears.
Tribunales
Resumen: Recursos ante el Tribunal Constitucional por dos leyes de Cataluña relativas a la vivienda y al uso de las lenguas oficiales en la enseñanza no universitaria y contra una ley de Navarra que modifica la legislación sobre contratos públicos. También se publicó una sentencia del Tribunal Supremo sobre almacenamiento de información de los contenidos de los suplementos publicados en el BOE
Tribunal Constitucional
CATALUÑA. Recurso de inconstitucionalidad n.º 4038-2022, contra los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6.2, 7, 10 –en cuanto da nueva redacción al artículo 7.1.c) Ley 24/2015–, 11, 12, 15 y la disposición transitoria de la Ley del Parlamento de Cataluña 1/2022, de 3 de marzo, de modificación de la Ley 18/2007, la Ley 24/2015 y la Ley 4/2016, para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda.
CATALUÑA. Recurso de inconstitucionalidad n.º 5630-2022, contra los artículos 2 a) y d), 3.1 y 4.1 del Decreto-ley de Cataluña 6/2022, de 30 de mayo, por el que se fijan los criterios aplicables a la elaboración, la aprobación, la validación y la revisión de los proyectos lingüísticos de los centros educativos, y artículos 2.1 y 2.4 de la Ley de Cataluña 8/2022, de 9 de junio, sobre el uso y el aprendizaje de las lenguas oficiales en la enseñanza no universitaria.
NAVARRA. Recurso de inconstitucionalidad n.º 5671-2022, contra el artículo único de la Ley Foral 17/2021, de 21 de octubre, que modifica la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos, en sus apartados dos [añade letras l) y m) al artículo 7.1] y sesenta y cinco (añade nueva disposición adicional vigesimoprimera).
Tribunal Supremo
BOE: ALMACENAMIENTO DE INFORMACIÓN. Sentencia de 5 de julio de 2022, de la Sala Tercera, Sección Tercera, del Tribunal Supremo, que estima parcialmente el recurso contencioso-administrativo interpuesto por Asociación Multisectorial de la Información (ASEDIE), contra el Real Decreto 327/2021, de 11 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 181/2008, de 8 de febrero, de ordenación del diario oficial «Boletín Oficial del Estado», para adaptarlo al Tablón Edictal Judicial Único.
El Tribunal Supremo estima parcialmente el recurso contencioso-administrativo interpuesto por ASEDIE, declarando la nulidad de este apartado del artículo 14.4:
«La conservación, almacenamiento y tratamiento de la información publicada en los suplementos solamente le está permitida a los interesados o a sus representantes, a los Juzgados y Tribunales, al Ministerio Fiscal, así como a las Administraciones que puedan precisarlo para el ejercicio de las competencias que les corresponden».
SECCIÓN II
Resumen: Convocado y resuelto un nuevo concurso de Registros. Cambio en la composición del Tribunal de Registros. Lista oficial de los aprobados en las últimas oposiciones libres al título de notario y en las oposiciones entre notarios. Jubilación de 2 notarios y excedencia voluntaria de otros 3 notarios.
Nuevo Concurso Registros
Resolución de 5 de septiembre de 2022, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, por la que se convoca concurso ordinario n.º 313 para la provisión de Registros de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles.
Resolución de 5 de septiembre de 2022, de la Dirección General de Derecho, Entidades Jurídicas y Mediación, del Departamento de Justicia, por la que se convoca concurso ordinario n.º 313, para proveer Registros de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles.
Se ofrecen 31 +3 = 34 plazas.
El plazo concluyó el martes 27 de septiembre.
Al día siguiente la DG publicó el resultado provisional en la web del Ministerio de Justicia:
Se han cubierto 29 plazas, resultando 5 desiertas (una de ellas en Cataluña).
Los opositores que aprueben en las Oposiciones en curso, según nuestro recuento interno podrán elegir entre 56 plazas (52 DGSJFP y 4 Cataluña), más las desiertas en sucesivos concursos. Ver cómo llevamos el cálculo.
Ir al archivo de concursos.
Enlace para presentar instancia.
Cambio en la composición del Tribunal de Registros.
Orden JUS/889/2022, de 12 de septiembre, por la que se modifica la composición del Tribunal calificador de las oposiciones al Cuerpo de Aspirantes a Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles, convocadas por Resolución de 3 de febrero de 2022, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública.
Ante la renuncia por justa causa presentada por un miembro del Tribunal, don Andrés Sánchez Magro, Magistrado del Juzgado de lo Mercantil n.º 2 de Madrid, se procede a su sustitución y se nombra vocal del Tribunal a doña María Ángeles García Medina, Magistrada de la Sección 18 (Civil) de la Audiencia Provincial de Madrid.
Ver composición del Tribunal.
Ir al archivo de la Oposición
Oposiciones Notarías: lista oficial de aprobados
Resolución de 19 de septiembre de 2022, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, por la que se publica la relación de personas aprobadas en la oposición libre para obtener el título de Notario, convocada por Resolución de 26 de enero de 2021.
Los siguientes opositores aprobados, habiendo completado la documentación requerida, tienen derecho a la expedición del título de Notaria o Notario:
| N.º |
Apellidos y nombre |
Puntuación |
| 1 |
Picado Moreno, María de los Ángeles |
45,9 |
| 2 |
Toledo Muñoz-Cobo, Carlos |
45,6 |
| 3 |
Albiol Ballesteros, Pedro Pablo |
45,45 |
| 4 |
Pérez Paniego, Miguel |
45,4 |
| 5 |
Carmona Olías, Juan de Dios |
44,25 |
| 6 |
Torres Morales, Eduardo |
44,2 |
| 7 |
Huertas Martín del Olmo, María Victoria |
43,8 |
| 8 |
Toledo Muñoz-Cobo, Rafael |
43,75 |
| 9 |
Zamora Rodríguez, Beatriz |
43,55 |
| 10 |
Molins Latorre, Alba |
43,46 |
| 11 |
Braunschweig Leotte, Hans-Alexander |
41,31 |
| 12 |
Delgado Ruiz-Gallardón, Rodrigo |
41,25 |
| 13 |
Domínguez Merino, Marta |
40,7 |
| 14 |
Sarasa Jiménez, Jorge |
40,6 |
| 15 |
Serrano Copete, Javier |
40,3 |
| 16 |
Pascual González-Barranca, Fernando |
39,2 |
| 17 |
Moreno Galindo, Gonzalo |
39,15 |
| 18 |
Obando Viada, Álvaro |
39,05 |
| 19 |
Bonilla García, Laura |
38,55 |
| 20 |
García Gómez, Julia |
38,45 |
| 21 |
Álvarez Soler, Antonio |
38,06 |
| 22 |
Garrido García, Ignacio |
38 |
| 23 |
Millaruelo Frontela, José |
37,95 |
| 24 |
Méndez Fernández, María del Pilar |
37,91 |
| 25 |
Royo Hernández, Alejandro |
37,9 |
| 26 |
Martínez Sancho, Cristina |
37,85 |
| 27 |
Hernanz Pérez, Enrique Manuel |
37,75 |
| 28 |
Díaz Quinteiro, Gonzalo |
37,55 |
| 29 |
Navarro Martín, Ignacio |
37,2 |
| 30 |
González i Corsellas, Oriol |
37,01 |
| 31 |
Gimeno Ten, Antonio |
36,95 |
| 32 |
Nieto Basarán, José Rodrigo |
36,9 |
| 33 |
Ocaña Fernández, María Amparo |
36,8 |
| 34 |
Otaño Calvo, Ignacio |
36,7 |
| 35 |
Torrecillas Baena, Benito |
36,6 |
| 36 |
Portellano Salamanca, María del Pilar |
36,55 |
| 37 |
Villazán Tovar, Teresa María |
36,35 |
| 38 |
Capitán Sierra, Ignacio |
36,25 |
| 39 |
Monedero Alcover, Francisco Javier |
36,15 |
| 40 |
Lluna Andreu, Pablo |
36 |
| 41 |
Pérez Garcí, Mónica |
35,85 |
| 42 |
Descamps Muntada, Júlia |
35,7 |
| 43 |
Castillón Porqueras, Clara |
35,65 |
| 44 |
González Nanclares, Carmen |
35,5 |
| 45 |
Martínez-Cortés Gimeno, María del Pilar |
35,05 |
| 46 |
Contreras Bernier, Rafael Juan |
35,01 |
| 47 |
Pedrero Muñoz, Sara |
34,9 |
| 48 |
Fernández Palacios, Ana |
34,6 |
| 49 |
Martínez Segura, Fernando |
34,55 |
| 50 |
Pérez Pericacho, Jesús Carlos |
34,41 |
| 51 |
Ares de Parga Adán, Alberto |
34,25 |
| 52 |
Ramírez López-Frías, Rocío |
34,2 |
| 53 |
Socías Alemany, María |
34,05 |
| 54 |
LLeonart Castro, Cristina Rocío |
33,85 |
| 55 |
Segura Machado, Víctor Manuel |
33,65 |
| 56 |
Miñarro Marzal, Cristina María Pilar |
33,6 |
| 57 |
Latorre Navarro, Lucía |
33,45 |
| 58 |
Corbí González, Ignacio |
33,35 |
| 59 |
Pi Cardenete, Matías Jesús |
33,3 |
| 60 |
Trapote González, Sofía |
33,25 |
| 61 |
Delgado Racero, Verónica |
33,05 |
| 62 |
Rodríguez Rubio, Patricia |
32,8 |
| 63 |
Pérez Gallego, Gonzalo |
32,65 |
| 64 |
Alcover Delgado, Marta |
32,4 |
| 65 |
Graíño Calaza, Carmen Alicia |
32,35 |
| 66 |
Jiménez Gómez, Marina |
32,3 |
| 67 |
Dacal Rodríguez, Elena |
32 |
| 68 |
Sevilla Pitarch, Carola Irene |
31,65 |
| 69 |
Robles Gómez, Jesús |
31,5 |
| 70 |
Madrid García, Francisca |
30,95 |
| 71 |
Basabe Belaustegui, Enara |
30,45 |
| 72 |
López Marco, Alejandra |
30,1 |
| 73 |
Canseco Pagés, Álvaro |
30,05 |
| 74 |
Quiralte Moreno, Gonzalo |
29,5 |
| 75 |
Rivas Conde, Susana |
29,45 |
| 76 |
Zharbova Kaplún, Oksana |
29,25 |
| 77 |
Celestino Esteban, Itziar |
29,2 |
| 78 |
Sauca Núñez de Prado, Alejandro Jaime |
28,55 |
| 79 |
Lázaro Velo, María del Rocío |
28,06 |
| 80 |
García Campos, Encarnación |
27,25 |
| 81 |
Pascual Pardo, Dulce María |
26,95 |
| 82 |
Gas Ferrer, Víctor |
26,7 |
| 83 |
Martín-Riva Ruiz, Guillermo |
26,45 |
| 84 |
Torrejón Martín, Carmen |
26,35 |
| 85 |
Martínez Calderón, Patricia |
26,3 |
| 86 |
Riesco Gacho, Sara |
26 |
| 87 |
Franco Guembe, Borja |
25,92 |
| 88 |
Luengo Barrera, Beatriz |
25,65 |
| 89 |
Córcoles Cuervo, Juan Ignacio |
25,41 |
| 90 |
Rodríguez Rodríguez, Lucía |
25 |
La DG publica la anterior lista en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 20 y 21 del Reglamento Notarial y atendiendo al escrito elevado a la Dirección General por los Tribunales examinadores de la oposición libre para obtener el título de Notario, convocada por Resolución de 26 de enero de 2021 Y celebrada en el Ilustre Colegio Notarial de Madrid.
Ir al archivo de la Oposición.
Oposiciones entre Notarios: lista oficial de aprobados
Resolución de 21 de septiembre de 2022, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, por la que se publica la relación de personas aprobadas en la oposición entre notarios, convocada por Resolución de 10 de marzo de 2021.
Conforme a la lista remitida por el Tribunal calificador de la oposición entre Notarios convocada por Resolución de 10 de marzo de 2021, la DG hace pública la lista de aprobados y el abono de antigüedad en la carrera obtenido, conforme al artículo 100 del Reglamento Notarial.
| Orden |
Apellidos y nombre |
Puntuación
total
|
Abono de antigüedad en la carrera (años) |
| 1 |
LLEONART CASTRO, JESÚS ALBERTO. |
68,9 |
20 |
| 2 |
DÍEZ FERNÁNDEZ-BARBE, EDUARDO. |
52,5 |
15 |
| 3 |
REVILLA FERNÁNDEZ, ÍÑIGO GUILLERMO. |
51 |
15 |
| 4 |
ROMERO CARRILLO DE MENDOZA, ALFONSO. |
47,25 |
10 |
| 5 |
GARCÍA MARTÍN, ESTEBAN MANUEL. |
44 |
5 |
| 6 |
RÍO AGUIAR, MARÍA DE LA O DEL. |
43,75 |
5 |
| 7 |
PÉREZ RAMOS, SANTIAGO. |
43,5 |
5 |
| 8 |
ARRIOLA GARROTE, CARLOS. |
40,5 |
5 |
Jubilaciones y excedencias
Se declara la jubilación del notario de Gandía don Miguel Vila Castellar.
Se declara la jubilación voluntaria de la notaria de Barcelona doña Berta García Prieto.
Se declara en situación de excedencia voluntaria al notario de Cervo-Burela, don Ignacio Catania Palmer.
Se declara en situación de excedencia voluntaria al notario de Vitigudino don Jesús Santamaría Abadía.
se declara en situación de excedencia voluntaria al notario de Leganés don Francisco Javier Trillo Garrigues.
RESOLUCIONES:
En SEPTIEMBRE, se ha publicado tan sólo UNA. Se ofrece en ARCHIVO APARTE.
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