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Eficacia respecto de terceros de la opción por la condición resolutoria inscrita

Admin, 24/01/2022

BREVES NOTAS SOBRE LA EFICACIA RESPECTO DE TERCEROS DE LA OPCIÓN POR LA CONDICIÓN RESOLUTORIA INSCRITA

José Antonio García Vila, notario de Barcelona

 

El propósito de estas notas es la realización de un breve comentario crítico sobre la sentencia del Tribunal Supremo de 21 de septiembre de 2021 (S. 616/2021).

Se tratarán, por tanto, solamente los problemas que se plantean en la sentencia, con referencia a la doctrina jurisprudencial, huyendo, por tanto, en la medida de lo posible, de la crítica de la doctrina que en esta materia sostiene la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública.

En el caso enjuiciado, y que da lugar a la sentencia, se trata del ejercicio de una condición resolutoria pactada en un contrato de permuta de suelo por obra futura. La demanda se plantea inicialmente contra el constructor, y posteriormente se amplía contra los titulares de créditos garantizados con hipoteca y contra los titulares de créditos que habían provocado anotaciones preventivas de embargo. Lo que se discute en el recurso es la procedencia o no de la cancelación de las inscripciones y anotaciones de las cargas (hipotecas y embargos) practicadas a favor de los codemandados con posterioridad a la inscripción en el Registro de la Propiedad de la condición resolutoria explícita pactada a favor de las demandantes en la escritura de permuta, teniendo en cuenta que el contrato inicial fue objeto de dos modificaciones en documento privado (en 2005 y 2006) con objeto de prorrogar el plazo inicialmente pactado para la entrega de las viviendas, locales y garajes, sin que estas modificaciones hubieran accedido al Registro.

La sentencia aborda el problema de la eficacia frente a terceros de la condición resolutoria pactada en un contrato de permuta de suelo por obra futura en garantía de los derechos del cedente en su fundamento de Derecho Tercero, apartado 3.

El apartado 3.1 recoge la doctrina tradicional del Tribunal Supremo en esta materia, si bien refiriéndola directamente a los problemas que se derivan de la constancia registral de la condición resolutoria pactada, cuando dice que “es doctrina pacífica y reiterada que el cumplimiento de una condición resolutoria inscrita tiene efecto retroactivo y virtualidad para fundamentar, además de la reinscripción a favor del transmitente, la cancelación de los asientos posteriores, sin necesidad del consentimiento de sus titulares. Y ello porque los terceros adquirentes, incluso con derecho inscrito o anotado, están afectados por la previa inscripción de la condición resolutoria, en el sentido de quedar subordinados sus derechos a las resultas del eventual incumplimiento de la obligación de satisfacer la contraprestación que corresponde al adquirente en virtud del contrato en que se estableció la condición resolutoria. La resolución produce sus efectos ex tunc y no ex nunc (sentencias de 17 de junio de 1986 y 638/2002, de 21 de junio), de forma que la resolución del dominio o derecho real adquirido por el comprador o adquirente determina la resolución de los derechos constituidos sobre la cosa que traigan causa de ese dominio o derecho resuelto ( arts. 513, n.º 6, 529 y 1124 CC, y 11 y 107 LH; RRDGRN 1 de abril de 2011 y 24 de julio de 2014), incluidos los embargos trabados sobre la finca. Como afirmó esta sala en la sentencia de 11 de octubre de 1995: «la resolución contractual produce efectos no desde el momento de la extinción de la relación obligatoria, sino retroactivamente desde su celebración, es decir, no con efecto ex nunc sino ex tunc, lo que supone volver al estado jurídico preexistente, como si el negocio no se hubiera concluido. Quiere decirse con cuanto antecede que a la fecha del embargo los fines [bienes] no eran del deudor y que el embargante sabía que su derecho quedaba supeditado a las vicisitudes de la condición resolutoria inscrita, bien para consolidar el embargo, bien para que se levantase, precisamente por la publicidad registral».

En estas breves frases se condensa acertadamente la doctrina que se reconoce pacífica y reiterada por el Tribunal Supremo sobre la eficacia de la condición resolutoria inscrita. Es cierto que no se abordan, porque se entiende que no procede en el caso de autos, todos los problemas que se plantean cuando en una compraventa se inserta una condición resolutoria o un pacto comisorio, singularmente los de su relación con la facultad resolutoria del artículo 1124 Código Civil y los peculiares derivados del artículo 1504 del mismo cuerpo legal.

En la sentencia se abordan y se da solución a tres problemas.

El primero es si el ejercicio de la facultad resolutoria o la opción por el ejercicio de la condición resolutoria pactada (supuesto, naturalmente, el incumplimiento por el comprador o, en este caso, el constructor) produce su eficacia resolutoria desde el momento en que se notifica al comprador la opción por la resolución contractual pactada o desde el momento de la celebración del contrato.

Como se indica claramente en el texto, la posición del Tribunal Supremo ha sido siempre la de entender que la eficacia de la resolución en estos casos se produce desde el momento en que el contrato se celebró. Su eficacia es ex tunc; estamos, pues, ante una resolución retroactiva.

El segundo de los problemas es si la resolución alcanza solamente al contrato o también a la propiedad que se transmitió al comprador (en nuestro caso, al constructor que se obliga a construir, aunque, para simplificar vamos a referirnos siempre a partir de ahora al comprador).

En el primer caso se habla de resolución obligacional, personal o ex causa obligationis. Lo que se destruye es el contrato de compraventa, pero no sus efectos, porque la transmisión del dominio requiere un acto o negocio jurídico complementario, que es la tradición. Aducen los defensores de esta tesis que, si el contrato no basta por sí solo para transmitir la propiedad, carece de sentido que la resolución del contrato pueda provocar por sí sola la retransmisión del dominio. Pero este dominio, que se transmitió, queda ahora carente de causa negocial que pueda justificarlo porque ha decaído el título del transmitente; en consecuencia, el comprador se convierte en un poseedor sin título, sujeto a la pretensión del vendedor de que le entregue la posesión de la cosa, a fin de poder readquirir el dominio (acción personal restitutoria). Se denomina obligatoria porque coloca al comprador en la obligación de colocar al vendedor en la misma posición que tenía antes de celebrar el contrato.

Para los partidarios de la segunda posición, que se denomina tradicionalmente de la resolución o revocación real, directa o in rem, la destrucción provocada por la condición resolutoria afecta no sólo al título (al contrato) sino también a los efectos producidos, es decir, a la transmisión del dominio que se había producido. La retroacción de efectos (estamos hablando de la resolución retroactiva, pero hay que indicar que cabe pensar en una resolución no retroactiva con efectos reales) lo es en todos los sentidos, colocando a las partes en la misma posición que tenían antes de celebrarlo.

Pues bien, como dice la sentencia de 1995 citada en el texto, la resolución “supone volver al estado jurídico preexistente, como si el negocio no se hubiera concluido”.

Como se ha indicado en el texto, se produce la readquisición automática del dominio por el vendedor, y desde la fecha de celebración del negocio inicial de compraventa, de forma que se entiende que nunca dejó de ser dueño. Otra cosa es que deba reclamar la posesión, que había perdido, y que la readquisición no le hace recuperar y que queden pendientes otros temas como frutos o mejoras.

El tercero de los problemas abordados, que está claramente relacionado con el anterior, pero no se confunde con él, es si tal resolución supone o no (retroactividad real absoluta versus relativa) la destrucción de todos los efectos producidos por negocios jurídicos llevados a cabo por el adquirente en el período de tiempo entre la adquisición del dominio y la resolución contractual por mor de una condición resolutoria pactada.

La solución es afirmativa. Como dice la sentencia que se comenta, “la resolución del dominio o derecho real adquirido por el comprador o adquirente determina la resolución de los derechos constituidos sobre la cosa que traigan causa de ese dominio o derecho resuelto (..) incluidos los embargos trabados sobre la finca”, y eso permite fundamentar, “además de la reinscripción a favor del transmitente, la cancelación de los asientos posteriores, sin necesidad del consentimiento de sus titulares”.

Es a partir de aquí cuando la sentencia desarrolla una doctrina a mi juicio novedosa, pues no se encuentra en sentencias anteriores, pero creo que errónea, falta de argumentación y contradictoria con lo que se ha dicho antes.

Comienza el apartado 3.2 del fundamento Tercero diciendo que “la inscripción de la condición resolutoria explícita atribuye eficacia real a la acción resolutoria del contrato”.

En realidad, esta afirmación es solo parcialmente cierta.

La condición resolutoria tiene eficacia real en todo caso; no otra cosa quiere decir que la resolución de la compraventa “determina la resolución de los derechos constituidos sobre la cosa que traigan causa de ese dominio o derecho resuelto”. Lo que ocurre es que su juego resolutorio se paraliza ante los terceros que reúnan los requisitos que el ordenamiento establece para la protección del tráfico jurídico (adquisición de buena fe y a título oneroso más inscripción en los inmuebles o más posesión en los bienes muebles) de forma que éstos conservarán el dominio (o los derechos reales) adquirido en el caso de que se pretenda hacer valer la resolución contractual pactada. Uso los términos en este sentido porque la condición resolutoria si bien es usual en las compraventas de inmuebles, no lo es menos en las compraventas mobiliarias o de valores o participaciones sociales.

Centrándonos ahora en los bienes inmuebles, la eficacia real despliega todos sus efectos retroactivos y destructivos en el caso de los inmuebles no inmatriculados. Y precisamente porque los bienes no están inmatriculados nunca surge un tercero protegido, salvo que el comprador inmatricule y transmita a tercero que reúna las condiciones del artículo 34 de la Ley Hipotecaria. Y ello es así incluso en el caso de los inmuebles inmatriculados si el adquirente del dominio o del derecho real (no de hipoteca, obviamente) no lo ha inscrito en el Registro de la Propiedad.

La afirmación es cierta, sin embargo, en el sentido de que frente a los titulares del dominio o de derechos reales inscritos la condición resolutoria o el pacto comisorio precisa de la inscripción para tener eficacia frente a ellos.

Nótese que no me he referido a los acreedores que han obtenido una anotación preventiva de embargo, y ello porque, según una reiteradísima jurisprudencia, el anotante de embargo no tiene la condición de tercero hipotecario. Si esto es así, no está nunca protegido frente al ejercicio de la condición resolutoria. Otra cosa es cómo se puede hacer efectiva la resolución del dominio frente al embargante (a mi juicio, mediante la tercería de dominio) y cómo y en qué casos podría resultar protegido el adquirente resultante de la ejecución del crédito al que el embargo se refiere.

Continúa señalando la sentencia que con la inscripción de la condición resolutoria se “evita la ineficacia de dicha condición al impedir que aparezcan terceros inmunes o no afectados por la misma por reunir los requisitos del art. 34 LH (la cognoscibilidad legal de lo inscrito impide la alegación de su ignorancia)”.

La primera parte de la proposición es cierta, y se repite por la sentencia más adelante (apartado 3.4) cuando dice que la inscripción de la condición resolutoria en el Registro provoca “su plena oponibilidad frente a terceros adquirentes”.

La segunda, lo indicado entre paréntesis, es falsa (entiéndase “falsa” en el sentido de incorrecta, inexacta o no adecuada a la realidad). Recoge el Tribunal Supremo la tesis de la cognoscibilidad legal defendida por eminentes juristas (registradores de la Propiedad en su mayor número) y que ha encontrado acogida en alguna resolución de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública (en la época en que era de los Registros y del Notariado). Poco importa ahora que la afirmación tenga claro carácter obiter dicta, ya que no afecta para nada a la decisión del pleito.

Si bien el denominado principio de cognoscibilidad legal suele definirse como una presunción de conocimiento del contenido del Registro, la sentencia lo define como la imposibilidad de alegar ignorancia del contenido inscrito.

Al tema le he dedicado algunas páginas, y siempre recuerdo una frase de una de las mentes más esclarecidas del fenecido siglo XX: Richard P. Feynman, quien dijo que una excepción no confirma la regla, sino que confirma que la regla es falsa.

Si esto es cierto en el ámbito de las leyes físicas, también puede serlo en el ámbito jurídico, al menos mientras queramos que el discurrir jurídico se siga guiando por la lógica.

Frente a la afirmación de que no se puede alegar (imagino que frente al titular registral) la ignorancia del contenido inscrito, y para demostrar la falsedad de la proposición, basta con demostrar la existencia de un supuesto en que sí se puede alegar ignorancia de dicho contenido.

Y el ejemplo paradigmático lo encontramos en el artículo 36 de la Ley Hipotecaria, al contemplar la usucapión contra el titular registral en su párrafo tercero. Establece dicho párrafo que “en cuanto al que prescribe y al dueño del inmueble o derecho real que se esté prescribiendo y a sus sucesores que no tengan la consideración de terceros, se calificará el título y se contará el tiempo con arreglo a la legislación civil”.

Hay una copiosa jurisprudencia sobre el tema, que, en realidad se despliega desde el artículo 35 de la Ley Hipotecaria de 1869, cuyo apartado final establecía, después de referirse en los tres primeros párrafos a la usucapión contra tercero, que “en cuanto al dueño legítimo del inmueble o derecho que se esté prescribiendo, se calificará el título y se contará el tiempo con arreglo a la legislación común”.

Esta jurisprudencia admite reiteradamente que el apartado tercero del artículo 36 de la Ley Hipotecaria supone que cabe comenzar a usucapir contra el titular registral y que cabe tanto la usucapión ordinaria como la extraordinaria. Que cabe la usucapión ordinaria resulta de la referencia a la calificación del título ya que sólo se precisa de título en la usucapión ordinaria (en este sentido, y aunque se trate de otro órgano, la reciente resolución de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública de 25 de octubre de 2021 contiene un patente reconocimiento de su virtualidad); en la usucapión extraordinaria la cuestión del título carece de toda trascendencia, porque o es usucapión sin título o usucapión con título pero con mala fe, sin que en este caso importe nada la calificación del título.

Y si cabe la usucapión ordinaria es porque cabe la buena fe.

Y sólo hay buena fe si el usucapiente creía que el transmitente era dueño y podía transmitir el dominio o que ignoraba que en el título o modo de adquirir había un vicio que lo invalidaba, de forma que los asientos del Registro carecen de trascendencia para calificar la existencia de buena o mala fe, salvo, lógicamente, el supuesto de que se pruebe positivamente, y sin inferencias derivadas de presunciones de conocimiento que no han sido establecidas, que el usucapiente conocía que el bien estaba intitulado registralmente a favor de persona distinta de su transmitente (y aun cuando pudiera darse el caso de que pudiera pensar lícitamente que su transmitente había adquirido, directa o indirectamente, de él, como acaban reconociendo los autores que afirman que no cabe buena fe contra los pronunciamientos registrales).

La conclusión, pues, ha de ser que en tanto la jurisprudencia admita que cabe la usucapión ordinaria contra tabulas, no puede defenderse simultáneamente que no cabe buena fe contra los pronunciamientos del Registro.

Continúa la sentencia con una frase enigmática, por cuanto dice que la ausencia de constancia registral de la condición resolutoria podría hacer inoperante el efecto pretendido, “pues el efecto retroactivo de la resolución, sea por condición resolutoria expresa, sea por incumplimiento de las obligaciones bilaterales, no alcanza a terceros adquirentes de buena fe”. Y digo enigmática pues si bien es cierta, y reconoce la retroactividad en el caso de la resolución ex artículo 1124 CC, se desarrolla en planos diferentes. En el caso de la condición resolutoria, si se trata de propiedad inscrita, la resolución, aunque retroactiva y con carácter real, pues provoca la readquisición automática, solamente perjudica a tercero la condición explícita; si no estuviera inscrita la condición, cabría readquisición del dominio con subsistencia de cargas y gravámenes (lógicamente, no habría readquisición si hubiera habido transmisión del dominio a un tercero hipotecario). Cuando se trata del supuesto del artículo 1124 del Código Civil, el ejercicio de la facultad resolutoria, aunque retroactivo (así lo reconoce la sentencia), no surte nunca efectos contra terceros de buena fe, ya se trate de tercero hipotecario, ya se trate de alguno de los terceros adquirentes que no hubieran inscrito, pero que sean de buena fe y a título oneroso, como resulta del párrafo final del propio artículo 1124.

Pero todo lo anterior, más o menos acertado, carece de trascendencia frente a las afirmaciones que se hacen en el apartado 3.2 final y en el apartado 4.1.

Se establece en la sentencia que “la eficacia frente a terceros de la condición inscrita exige también que, en caso de que no se haya practicado anotación preventiva de la demanda presentada para obtener la declaración judicial de resolución y la cancelación de los asientos posteriores, los titulares de los correspondientes derechos inscritos o anotados hayan tenido ocasión de intervenir en el procedimiento judicial para alegar cuanto interese a sus derechos, especialmente sobre los presupuestos y procedencia de la resolución”.

Como reconoce la sentencia, en el caso de autos tal demanda se había realizado por la vía de la ampliación. Esto parece que da a la afirmación del Tribunal un carácter de obiter dicta, pero la insistencia más adelante en esta afirmación hace suponer que se pretende sentar doctrina.

En el apartado 4 se afirma que “todo lo señalado anteriormente, debe entenderse sin perjuicio de las cautelas previstas por el ordenamiento en garantía de los terceros inscritos o anotados posteriores. En lo que ahora es relevante (al margen de los casos en que proceda la consignación de lo que haya de devolverse al cesionario y la posible subrogación sobre ello de los terceros), interesa distinguir dos aspectos. Por un lado, ya hemos visto que los terceros titulares de derechos inscritos o anotados después de la inscripción de la condición resolutoria tienen derecho a intervenir en el procedimiento judicial que se siga para declarar la resolución del derecho del que aquellos traigan causa (siempre que hayan accedido al Registro antes de tomarse, en su caso, anotación preventiva de la demanda)”.

Se acoge así la tesis que al respecto mantiene la Dirección General de los Registros y del Notariado (hoy de Seguridad Jurídica y Fe Pública), y de la que el Magistrado ponente había sido Letrado. Es bastante al respecto la resolución de 26 de mayo de 2021, la cual contiene una copiosísima relación de resoluciones en el mismo sentido, de la que son especialmente interesantes las de 10 de octubre de 2008 y de 11 de julio de 2013, porque en ellas se había dictado sentencia aceptando que se había resuelto el negocio jurídico que había provocado la transmisión (una renta vitalicia en el primer caso y una compraventa en el segundo) o la más reciente de 22 de diciembre de 2021 (relativa a una transacción entre comprador y vendedor homologada judicialmente).

La doctrina de la sentencia que comentamos es contradictoria con la doctrina reiterada del Tribunal Supremo, que la propia sentencia reconoce, y, curiosamente, está huérfana de argumentos, a diferencia de lo que ocurre con la doctrina de la Dirección General.

La sentencia carece de argumentación para afirmar lo que afirma. De modo a mi juicio sorprendente la sentencia hace referencia a “las cautelas previstas por el ordenamiento en garantía de los terceros inscritos o anotados posteriores”; y cuando digo que carece de argumentación es porque esta afirmación se realiza con esta simplicidad sorprendente. Y es que ¿cuáles son las cautelas que prevé el ordenamiento? La afirmación de que los terceros posteriores tienen derecho a intervenir en el procedimiento no es propiamente una “cautela” sino la consecuencia de alguna norma o principio; y falta toda referencia normativa en la sentencia más allá de una proclamación de que “la eficacia frente a terceros de la condición inscrita exige también” que esos terceros posteriores hayan tenido ocasión de intervenir en el procedimiento judicial. Al menos, la Dirección General señala (resolución de 26 de mayo de 2021) que “en los casos de ejecución judicial de la condición resolutoria ha señalado este Centro Directivo que una cosa es dar publicidad a la condición, y otra al desenvolvimiento de la misma mediante la oportuna demanda judicial, momento en el que se pone en juego un nuevo derecho, el de tutela judicial efectiva, que no resulta suficientemente protegido mediante la simple constancia registral de la condición, sino que requiere, además, que se acredite que los terceros adquirentes y titulares de cargas posteriores han tenido la posibilidad de intervenir en el proceso, algo que sólo puede obtenerse si son demandados o se les notifica la existencia del mismo al tiempo de admitirse la demanda, y en todo caso antes de que se dicte la sentencia y con posibilidad efectiva de intervenir en el procedimiento en defensa de sus derechos. Por todo ello, el ejercicio de la facultad de purga de asientos posteriores procedente de la condición resolutoria exige, bien que se hubiera anotado con anterioridad la demanda de su ejecución en el Registro, bien la intervención de los titulares de los indicados asientos en el procedimiento de resolución correspondiente para evitar su indefensión”.

Como hemos visto, el Centro Directivo se refiere a una interpretación del derecho a la tutela judicial; en otras, a la interdicción de la arbitrariedad, buscando en ambas el amparo constitucional; en otras ocasiones, se ha intentado aplicar analógicamente la normativa que en sede de ejecución del crédito garantizado con hipoteca se establece para el tercer poseedor de la finca hipotecada, y, con carácter general, en la intervención en el procedimiento ejecutivo de los titulares de cargas y gravámenes posteriores; y en otras, finalmente, se acude al argumento de la posibilidad de colusión entre el vendedor y el comprador para defraudar los derechos de los terceros.

Estos argumentos de la Dirección General podrán considerarse correctos o incorrectos, pero de lo que no cabe duda es de que son argumentos. En la sentencia lo que hay es una verdadera petición de principio: quiero que sea así y así declaro que es.

Pero esta doctrina que se sienta es, como he señalado antes, contradictoria con lo que la propia sentencia reconoce que es la doctrina consolidada del Tribunal Supremo, y que la propia sentencia hace suya.

Creo que hay que diferenciar tres planos: la readquisición del dominio y sus consecuencias; la reinscripción del dominio a favor del vendedor y la cancelación de los asientos posteriores.

Como hemos venido viendo, en la condición resolutoria o en el pacto comisorio, la opción del vendedor por la resolución de la compraventa (pues, naturalmente, cabe que opte por reclamar el precio), notificada en forma legal, provoca automáticamente (ipso iure) la eficacia retroactiva y con efectos reales, es decir, la readquisición del dominio. A diferencia de lo que ocurre con la resolución por incumplimiento del artículo 1124 CC, en los casos de condición resolutoria la sentencia que se pueda dictar tiene una eficacia declarativa; no es la sentencia la que provoca la resolución, sino que la sentencia declara que la resolución realizada por el vendedor fue correctamente realizada, y sus efectos se retrotraen a la fecha de celebración del contrato, y borran los efectos de los negocios jurídicos celebrados por el comprador.

Pero en un pleito entre el vendedor que resuelve y el comprador la cuestión se termina con esta sentencia. A partir de este momento el vendedor es un propietario que no tiene la posesión de la cosa, y podrá reclamarla del comprador si es que éste la tiene en su poder (si no reclamó su entrega en el mismo pleito), o podrá reclamarla del tercero que la haya adquirido. Examinemos sólo la posición de un subadquirente, de ese tercero. Si ese comprador se niega a la devolución de la cosa, el vendedor dispone de la acción reivindicatoria, ya que ese adquirente carece de título hábil que oponer; con esto quiero decir que en el ejercicio de su pretensión recuperatoria de la posesión de la cosa no tiene que impugnar el título adquisitivo del tercero, cuya validez no tiene por qué negar, porque en todo caso resulta claro que ese título no era apto para justificar la transmisión del dominio ya que su vendedor transmitente no era dueño de la cosa por efecto de la eficacia retroactiva.

Como consecuencia del carácter real de la resolución, el vendedor podrá, además, ejercitar contra la pretensión de los terceros de la existencia de un derecho real la acción negatoria, la confesoria o la declarativa de dominio contra cualquier titular de servidumbres o derechos reales limitados existentes sobre la cosa.

Y así ocurren las cosas en el ámbito extrarregistral; o al menos venían ocurriendo, según constante doctrina y jurisprudencia.

La pregunta que hay que hacerse es si el que se trate de condiciones resolutorias inscritas en el Registro supone o no una modificación en la relación derivada del negocio jurídico o un cambio en la posición procesal de vendedor y comprador; si hay una sustitución de la persona con la cual debe entablarse la relación procesal o si hay una acumulación de personas por haber surgido una especie de litisconsorcio pasivo necesario para que el vendedor pueda reclamar de los adquirentes. Si, en definitiva, la inscripción ha supuesto alguna alteración sustancial de las posiciones de todas las partes.

Creo que vale la pena incidir un poco más en el tema, pues resulta sustancial.

Cuando hay condición resolutoria, lo que provoca la readquisición del dominio es la opción del vendedor por la resolución, supuesto lógicamente el incumplimiento del comprador y la notificación de la voluntad resolutoria. En el plano extrarregistral, esta pretensión se desenvuelve solamente en una relación entre comprador y vendedor; primero la relación negocial derivada de una avenencia del comprador a la resolución por la que ha optado el vendedor; a falta de tal avenencia, una relación procesal entre ambos, la que nace de la pretensión de que se declare correctamente realizada la resolución; más adelante podrá venir la pretensión recuperatoria de la posesión frente al tercer adquirente; o el vendedor podrá acumular ambas pretensiones.

Pero si esto es así en el plano extrarregistral, lo que hay que preguntarse es si el hecho de que se trate de compraventa con condición resolutoria inscrita y un tercer adquirente inscrito va a suponer una alteración sustancial en el proceso de readquisición del dominio; habrá que preguntarse si a partir de ahora el vendedor ha de notificar al comprador su voluntad resolutoria (art. 1504 Código Civil) pero esta notificación no produce la readquisición, sino que se precisa algo más, el consentimiento de los terceros adquirentes (consentimiento que habría de tener carácter negocial) o la interposición de demanda contra los mismos.

Por lo tanto, parece que o bien ha nacido un litisconsorcio pasivo necesario o bien la resolución producida por la notificación al comprador y declarada correcta por la sentencia (o incluso con allanamiento del comprador) produce de pleno derecho la resolución del contrato. Y el vendedor readquiere. Pero, de seguirse la tesis de la sentencia, resultaría que o no readquiere (la sentencia liga la eficacia de la declaración de resolución a la demanda) o no readquiere del todo, porque tendría algo así como un dominio oponible a todos salvo a esos terceros; justo un dominio con eficacia inter partes y contra todos los demás, pero no contra algunos. Es decir, un dominio relativo, un no-dominio. Y eso sin olvidar que ha quedado fuera de juego todo el artículo 37 de la Ley Hipotecaria.

Pero todo esto (la entrada, por voluntad del comprador, de terceros en la relación jurídica derivada de la compraventa con condición resolutoria o pacto comisorio y la entrada en la relación procesal) implica un cambio sustancial en el devenir o funcionamiento de la condición resolutoria y se supone que habría de tener algún apoyo legal, y la sentencia no nos da ningún apoyo legal para su determinación.

Hasta ahora la sentencia no nos ha dado ningún argumento, más que la remisión que hemos visto a unas cautelas previstas por el ordenamiento, pero sin concreción de dónde se encuentra esta previsión por el ordenamiento.

El segundo plano al que hacíamos referencia era el de la reinscripción a favor del vendedor. En principio, conforme al artículo 59 del Reglamento Hipotecario, y siempre que esos terceros no lo sean de dominio, no debiera haber ningún inconveniente en que, pese a que no se hizo intervenir en el procedimiento a los titulares de derechos reales, tal reinscripción podría producirse con subsistencia de las cargas y gravámenes posteriores. La sentencia no aborda tampoco este problema, quizás porque siempre se solicita la cancelación de dichas cargas posteriores.

En el caso de que solamente haya una inscripción, la del comprador sujeto a la resolución, parece que no sería exigible la consignación del precio porque tal consignación sólo la exige la reglamentación hipotecaria cuando se trata de proteger los derechos de terceros cuyos asientos han de ser cancelados, como resulta paladinamente del artículo 175 regla 6 del Reglamento Hipotecario que solamente la exige para la cancelación de ventas o de derechos reales posteriores. No obstante, hemos de señalar cómo la Dirección General ha establecido (véase por todas la resolución de 19 de junio de 2007) que la consignación es un requisito exigido con carácter general para la reinscripción del dominio a favor del vendedor. Este requisito se justifica, según el Centro Directivo, porque la resolución produce, respecto de una y otra parte, el deber de “restituirse de lo que hubiera percibido”, en los términos que resultan del artículo 1123 del Código Civil. Se trata de un deber que impone recíprocas prestaciones y que, como ocurre en la ineficacia por rescisión, uno de los contratantes sólo estará legitimado para exigir del otro la devolución cuando cumpla por su parte lo que le incumba (cfr. artículo 175.6 del Reglamento Hipotecario). Sin que se pueda entrar en la crítica de esta posición, he de señalar que si la retrocesión del dominio se ha producido (ya que el efecto resolutorio depende del incumplimiento y la notificación, pero no del incumplimiento, la notificación y la devolución de lo percibido), y esto es un hecho que resulta del cumplimiento de los requisitos del artículo 59 del Reglamento, esta mutación jurídico real derivada de la retroacción dominical es lo que el Registro debería publicar, porque es ajeno al Registro si las partes han cumplido o no sus obligaciones de restituirse recíprocamente sus obligaciones, del mismo modo que el carácter aplazado del precio queda hoy al margen del Registro y porque en caso de condición resolutoria la restitución lo es de la cosa, de su posesión, porque el dominio no hay que restituirlo. Dejamos de lado el estudio del problema en Cataluña, dado el artículo 621-54 de su Código Civil.

El tercer plano al que hay que hacer referencia es el de la cancelación de las cargas posteriores.

La cancelación de los asientos posteriores a la compraventa con condición resolutoria se examina en el artículo 175 regla 6, párrafo segundo del Reglamento Hipotecario. Dice el párrafo primero de la regla sexta que “las inscripciones de venta de bienes sujetos a condiciones rescisorias o resolutorias podrán cancelarse, si resulta inscrita la causa de la rescisión o nulidad, presentando el documento que acredite haberse rescindido o anulado la venta y que se ha consignado en un establecimiento bancario o Caja oficial el valor de los bienes o el importe de los plazos que, con las deducciones que en su caso procedan, haya de ser devuelto”, y el párrafo segundo establece que “si sobre los bienes sujetos a condiciones rescisorias o resolutorias se hubieren constituido derechos reales, también deberá cancelarse la inscripción de éstos con el mismo documento, siempre que se acredite la referida consignación”.

No hay en los textos legales referencia alguna a la hora de hablar de la cancelación a la necesidad de demandar (o citar o notificar o que conste anotación preventiva de demanda) a los titulares de asientos posteriores. Por otro lado, vale la pena destacar cómo el Reglamento se ocupa de un tema que habría de ser marginal: la consignación.

Pues bien, de ser cierta la tesis defendida por la sentencia resultaría que no habría ni readquisición del dominio, ni reinscripción, ni cancelación de los asientos posteriores sin consentimiento de los terceros.

Pero la propia sentencia, en su apartado 3.1, reconoce como doctrina pacífica que el cumplimiento de la condición resolutoria tiene virtualidad para fundamentar, “además de la reinscripción a favor del transmitente, la cancelación de los asientos posteriores, sin necesidad del consentimiento de sus titulares”. Fijémonos que dice expresamente “sin necesidad del consentimiento de sus titulares”. Hemos de preguntarnos cuál es la razón y qué significa que la cancelación de los asientos posteriores pueda hacerse sin ese consentimiento.

Y la razón es, precisamente, la propia publicidad registral. Los terceros adquirentes están afectados por la condición; frente a la posición de la Dirección General, que al menos es clara en afirmar que no satisface suficientemente el derecho a la tutela judicial efectiva del tercer adquirente la simple constancia registral de la condición, el Tribunal Supremo reconoce (y así lo afirma en su conocida sentencia de 11 de octubre de 1995, citada en esta sentencia) que el adquirente sabía que su derecho quedaba supeditado a las vicisitudes de la condición resolutoria inscrita, precisamente por la publicidad registral. Es decir, el Registro advierte a cualquier adquirente que el dominio de su transmitente puede ser resuelto por actos en los cuales él no tiene intervención (sin perjuicio de pagar la deuda ajena, del comprador antes de que la condición sea efectiva, o retener el importe) y en un proceso en el que, por ser relativo al cumplimiento de un contrato respecto al que es tercero, no va a tener intervención. Y esta advertencia no puede desconocerla el adquirente, precisamente porque inscribe y, aquí sí, hay un principio de oponibilidad de lo inscrito ya que cuando el artículo 13 de la Ley Hipotecaria nos dice que “los derechos reales limitativos, los de garantía y, en general, cualquier carga o limitación del dominio o de los derechos reales, para que surtan efectos contra terceros, deberán constar en la inscripción de la finca o derecho sobre que recaigan”, nos está diciendo que las cargas o limitaciones inscritas son oponibles a los terceros y entre ellos, sin duda, a los terceros adquirentes que inscriban.

En cuanto a qué significa que la cancelación de los asientos posteriores pueda hacerse sin ese consentimiento de sus titulares, creo que el Tribunal Supremo está manteniendo una doctrina que nos remite directamente a la regulación de las cancelaciones que se contiene en la propia legislación hipotecaria. El Tribunal no desconoce esta legislación y no se puede pronunciar contra ella.

El artículo 82 de la Ley Hipotecaria establece en su primer párrafo que “las inscripciones o anotaciones preventivas hechas en virtud de escritura pública, no se cancelarán sino por sentencia contra la cual no se halle pendiente recurso de casación, o por otra escritura o documento auténtico, en el cual preste su consentimiento para la cancelación la persona a cuyo favor se hubiere hecho la inscripción o anotación, o sus causahabientes o representantes legítimos”.

El párrafo tercero del mismo artículo dice que “si constituida la inscripción o anotación por escritura pública, procediere su cancelación y no consintiere en ella aquel a quien ésta perjudique, podrá el otro interesado exigirla en juicio ordinario”.

Cualquier comentario a dicho artículo nos pone de manifiesto que la cancelación de una inscripción requiere o bien el consentimiento del titular registral afectado o bien una sentencia. Y esta sentencia es precisa solamente cuando se niega el consentimiento cancelatorio debido. Pero eso, que el consentimiento sea debido, requiere que el consentimiento del titular sea necesario.

La doctrina “pacífica y reiterada” del Tribunal Supremo es que no se precisa el consentimiento de esos titulares que van a ver cómo se cancelan sus inscripciones o anotaciones.

Y si no se precisa consentimiento, si ese consentimiento no es necesario, no se precisa demandar a los titulares de los asientos posteriores. Ni demandarles ni notificarles ni citarles al procedimiento en forma tal que puedan intervenir en el procedimiento para alegar cuanto a su derecho convenga.

Afirmar que hay que demandar a los terceros implica desconocer completamente el significado de aquella proposición que se reconoce como pacífica y reiterada y que, además, hace suya la sentencia que ahora se critica.

Afirmar, pues, que se precisa demandarles cuando se ha afirmado lo contrario supone incurrir en una grave contradicción. Ambas proposiciones no pueden ser ciertas al mismo tiempo.

En definitiva, en mi opinión, y con el máximo respeto para el Tribunal, la doctrina que se sienta en esta sentencia constituye un ejemplo de seguidismo acrítico de la doctrina de la Dirección General y es, en gran parte, errónea, y, en esta materia de especial trascendencia de la eficacia de la sentencia declarativa de resolución, de la reinscripción y de la cancelación de los asientos posteriores, carente de argumentación alguna y contradictoria con las propias afirmaciones.

 

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Informe Opositores Notarías y Registros Abril 2021. Título material y formal en herencias.

Admin, 20/01/2022

INFORME PARA OPOSITORES

A NOTARÍAS Y REGISTROS

ABRIL – 2021

José Antonio Riera Álvarez, Notario de Arucas (Gran Canaria)

SUMARIO:  

APUNTES PARA TEMAS.

  1. Testamento. Capacidad del testador. Juicio de capacidad.
  2. Legado. Entrega.
  3. Recurso gubernativo

TEMA DEL MES:

  • Título material y formal. Testamento y declaración notarial de herederos.

CUESTIONARIO PRÁCTICO:

  1. Testamento
  2. Legado

INFORME ESPECIAL;

  • Medidas de apoyo (General).

ENLACES

 

APUNTES PARA TEMAS.

1.- TESTAMENTO. CAPACIDAD DEL TESTADOR. JUICIO DE CAPACIDAD.

CIVIL. T.104.

Resumen: Conforme a la Resolución: (i) El testamento es personalísimo. (ii) No se puede hacer testamento por otro ni exigir que el testador sea asistido por un tercero (curador). (iii) Juicio de capacidad: El notario es el encargado de garantizar el cumplimiento del artículo 12 de la Convención asistiendo a los testadores que presentan dificultades de comprensión, y será quien, en último caso, evaluará la capacidad del compareciente y accederá o no al otorgamiento.

La Resolución aborda el tema del juicio de capacidad notarial en caso de testamento otorgado por persona sujeta a curatela. En el caso de la Resolución la Sentencia de modificación de capacidad (dictada al amparo de la legislación anterior) declara la imposibilidad de realizar actos de disposición y establece la necesaria intervención del curador para los actos de “enajenación, gravamen o renuncia”.

La doctrina de esta Resolución es de total actualidad tras las modificaciones incorporadas a nuestro Derecho por la Ley 8/2021:

Art. 665.

La persona con discapacidad podrá otorgar testamento cuando, a juicio del Notario, pueda comprender y manifestar el alcance de sus disposiciones. El Notario procurará que la persona otorgante desarrolle su propio proceso de toma de decisiones apoyándole en su comprensión y razonamiento y facilitando, con los ajustes que resulten necesarios, que pueda expresar su voluntad, deseos y preferencias.

1 Juicio de capacidad:

Sobre el notario recae la responsabilidad del juicio de capacidad del testador, juicio que, en su caso, sólo a los tribunales de justicia compete revisar, pues sólo ellos pueden declarar la nulidad de un testamento.

Mientras eso no tenga lugar, y como acertadamente indica el notario en sus alegaciones, «… el testamento que constituye el título de la sucesión ha de considerarse válido como consecuencia del juicio de capacidad del Notario autorizante.

2 Carácter personalísimo del testamento:

 El testamento es un acto personalísimo, es más, es “el acto personalísimo por excelencia” (como también lo era el testamento otorgado en caso de intervalo lúcido, aunque asistieran facultativos al otorgamiento, supuesto previsto en la regulación anterior: Art. 665 CC).

3 Diferencia entre el testamento y los actos inter vivos:

“Deberá tenerse en cuenta que no todas las transmisiones patrimoniales son iguales. Las realizadas en vida del causante pueden comprometer los intereses del incapaz, pero no ocurre lo mismo con las disposiciones mortis causa. Hacer testamento, en principio, no entraña riesgo propio, pues sus efectos económicos se despliegan post mortem y sobre terceros. Otra razón más para excluir tal acto jurídico de la relación de inhabilitaciones generales. Máxime cuando, al ser en general un acto personalísimo, nadie puede hacer testamento por el interesado (artículos 670 y 671 del Código Civil). Es más, aun con la privación, se ha llegado a sostener que el testamento podría ser válido si el sujeto tiene un intervalo de lucidez en el momento del otorgamiento (sentencia del Tribunal Supremo 479/1994, de 20 de mayo”.

Resolución de 25 de febrero de 2021.

PDF (BOE-A-2021-6436 – 10 págs. – 266 KB) Otros formatos

2.- LEGADOS. ENTREGA.

CIVIL: T.115.

HIPOTECARIO: Notarias: T.40. Registros: T. 45.

Resumen: (i) La entrega del legado de cosa específica y determinada es requisito para transmitir la posesión y para la inscripción. (ii) Como regla general el legatario no puede ocupar por sí mismo la cosa legada, salvo excepciones. (iii) El acta de notoriedad es medio idóneo para acreditar la posesión del legatario al abrirse la sucesión.

La entrega del legado de cosa específica y determinada es obligada no sólo a los efectos de transmitir la posesión del bien, sino que también es un requisito para su inscripción, requisito obligado desde la Ley Hipotecaria de 1861. (RR. de 13 de enero de 2006, 13 de abril de 2009 y 4 de julio de 2014).

Conforme al artículo 885 CC, el legatario no puede ocupar por sí la cosa legada, sino que debe exigir la entrega al albacea facultado para ello o a los herederos.

 Esta regla general se exceptúa (i) en los casos de autorización al legatario para ocupar por su propia autoridad la cosa legada si no hubiera herederos forzosos, (ii) o cuando el legatario estuviese, antes de la apertura de la sucesión, en posesión de la cosa legada por haberle sido entregada por el causante en vida.

Mediante acta de notoriedad (209 RN) se puede acreditar la posesión continuada de la cosa legada en el concepto que corresponda y es suficiente para entender que el legatario se halla en posesión de la cosa legada al tiempo de la apertura de la sucesión y no es necesaria su entrega.

Resolución de 4 de marzo de 2021.

PDF (BOE-A-2021-6538 – 8 págs. – 256 KB) Otros formatos

3.- RECURSO GUBERNATIVO.

Recuerda que el artículo 326 de la Ley Hipotecaria establece que el recurso debe recaer exclusivamente sobre las cuestiones que se relacionen directa e inmediatamente con la calificación del Registrador, rechazándose cualquier otra pretensión basada en otros motivos o en documentos no presentados en tiempo y forma.

Resolución de 4 de marzo de 2021

PDF (BOE-A-2021-6538 – 8 págs. – 256 KB) Otros formatos

 

TEMA DEL MES:

TÍTULO MATERIAL Y TÍTULO FORMAL.

TESTAMENTO Y DECLARACION NOTARIAL DE HEREDEROS.

CIVIL. TEMA 116.

HIPOTECARIO: Notarias: T.3. Registros: T.4.

Resumen: (i) Titulo material es el acto o contrato y título formal es el documento soporte del título material. (ii) El testamento es título material y formal mientras que la declaración notarial de herederos es título formal. 

I TÍTULO MATERIAL Y TÍTULO FORMAL.

Título material es el acto, contrato o negocio jurídico que constituye la causa de las relaciones jurídicas de cualquier tipo, ya sean constitutivas, modificativas o extintivas, ya con efectos obligacionales o dispositivos.

Título formal es el documento que constituye el soporte de los actos, contratos o negocios jurídicos que constituyen el título material.

El artículo 2 de la Ley Hipotecaria se refiere a los títulos materiales: “Los títulos traslativos o declarativos del dominio…o derechos reales”; “Los títulos en que constituyan, reconozcan, transmitan o extingan derechos…”.

El artículo 3 de la Ley Hipotecaria se refiere a los títulos formales: “Para que puedan ser inscritos los títulos expresados en el artículo anterior, deberán estar consignados en escritura pública…”.

Los artículos 17 y 17 bis de la Ley del Notariado también reflejan la diferencia entre título material y formal:

 Artículo 17: “Las escrituras públicas tienen como contenido (…) los contratos y negocios jurídicos de todas clases”.

 Artículo 17 bis 2 b): “Los documentos públicos (…) en soporte electrónico, al igual que los autorizados sobre papel, gozan de fe pública y su contenido se presume veraz e íntegro…”

II ARTÍCULO 14 LEY HIPOTECARIA.

El párrafo primero del artículo 14 de la Ley Hipotecaria incluye como títulos de la sucesión a los efectos del Registro, el testamento, el contrato sucesorio, la declaración judicial de herederos y al acta de notoriedad de declaración de herederos.

La proyección sobre el artículo 14 LH de la diferencia entre título formal y material tiene importantes consecuencias para fijar la función y los efectos del testamento y la declaración de herederos.

Testamento: El testamento es al mismo tiempo título material y título formal.

Es TÍTULO MATERIAL porque constituye la causa de los efectos de la sucesión: (i) “Es ante todo un negocio jurídico mortis causa que expresa la voluntad del testador que es la ley de la sucesión”. (ii) Constituye el título o causa de adquisición de los mismos, una vez que el llamamiento se completa con la aceptación y adjudicación de herencia. (iii) Es el fundamento mismo de la vocación o llamamiento del heredero y de la delación como elementos determinantes del fenómeno sucesorio.

Es TÍTULO FORMAL porque la copia auténtica del testamento es el título formal o soporte de la declaración de voluntad y constituye el medio necesario e insustituible para el acceso al Registro de la sucesión testamentaria.

Acta de notoriedad de declaración de herederos abintestato: Es título formal pero no es título material.

No es TÍTULO MATERIAL porque no determina la vocación o llamamiento ni la delación. La vocación y la delación corresponde a la Ley, mientras que el acta de notoriedad de declaración de herederos se limita a declarar una delación ya deferida por la Ley (R. de 12 de noviembre de 2011).

Es TÍTULO FORMAL y de carácter probatorio o determinativo de las circunstancias que individualizan al sucesor y que acreditan la inexistencia de testamento. STS 11 de noviembre de 1964: “no es más que algo individualizador de un llamamiento hereditario operado por virtualidad de una norma legal, carente de eficacia jurídico-material y meramente limitada a justificar formalmente una titularidad sucesoria preexistente ope legis”.

Conclusión: La diferencia entre sucesión testada e intestada, dice la Resolución,se percibe directamente en los artículos 658 y 913 del Código Civil. El primero de ellos dice que «la sucesión se defiere por la voluntad del hombre manifestada en testamento y, a falta de éste, por disposición de la ley» con lo que contrapone las dos formas de vocación o llamamiento y de delación, por un lado, la testamentaria, basada en la voluntad del testador, y, por otro lado, la legal, en que tanto la vocación como la delación resultan de la ley. La expresión “se defiere” es la propia de la delación derivada a su vez de la vocación o llamamiento, que da lugar a esas dos formas distintas. Y el artículo 913 establece que “«a falta de herederos testamentarios, la ley defiere la herencia a los parientes del difundo, al viudo o viuda y al Estado”.

III CASO PRÁCTICO.

Testador casado con un hijo premuerto y con una nieta. Instituye heredera universal a la nieta y lega el usufructo viudal a la esposa. La nieta renuncia a la herencia y declara que no tiene descendientes. En la escritura de herencia se declara, sin hacer la declaración notarial de herederos, que la viuda legataria del usufructo es la heredera abintestato de su esposo.

¿Puede prescindirse en este caso de la declaración de herederos? NO.

Conforme al artículo 912. 3 CC la sucesión legítima tiene lugar cuando el heredero renuncia a la herencia sin sustituto y sin que tenga lugar el derecho de acrecer.

Por tanto, si en el caso debatido tiene lugar la sucesión legítima se precisa la declaración notarial de herederos (título formal) para determinar quiénes son los destinatarios de la vocación y la delación legal (título material).

 Como se ha dicho anteriormente, la declaración notarial de herederos individualiza el llamamiento hereditario que deriva de la ley (STS 11 de noviembre de 1964), y para ello se realizan una serie de trámites reglados que justifican la notoriedad de que determinadas personas son llamadas a la herencia (Art. 209 bis Reglamento Notarial).

Distinto es cuando el único heredero que resulta de la declaración notarial de herederos abintestato renuncia a la herencia y el siguiente llamado también resulta de dicha declaración por exclusión de cualquier otro posible llamado. Este es el caso de la R. de 19 de junio de 2013, en el que renuncia el único heredero abintestato y el siguiente llamamiento legal, por falta de ascendientes y descendientes, recae en el cónyuge viudo, que había sido declarado legitimario usufructuario.

 En tal caso no hace falta otra declaración para individualizar al cónyuge porque todos los elementos precisos para la individualización ya están contenidos en la declaración notarial de herederos inicial (Este fue el supuesto solucionado por la R. 19 junio 2013).

Resolución de 29 de enero de 2021. Informe marzo 2021 NyR. (Comentario Albert Capell)

 

CUESTIONARIO PRÁCTICO.

1.- TESTAMENTO

¿Afecta a la capacidad para testar la sentencia que modifica la capacidad del testador imponiendo la intervención del curador para los actos de “enajenación, gravamen o renuncia”? NO.

Resolución de 25 de febrero de 2021. Nº 94.

PDF (BOE-A-2021-6436 – 10 págs. – 266 KB) Otros formatos

¿Puede el curador responder de la capacidad del testador? NO.

Resolución de 25 de febrero de 2021. Nº 94.

PDF (BOE-A-2021-6436 – 10 págs. – 266 KB) Otros formatos

¿Puede el curador con facultades representativas hacer testamento por el testador? NO.

Resolución de 25 de febrero de 2021. Nº 94.

PDF (BOE-A-2021-6436 – 10 págs. – 266 KB) Otros formatos

2.- LEGADO.

¿Qué excepciones hay a la regla general de que el legatario no puede ocupar por sí la cosa legada sino que debe exigir la entrega al albacea facultado para ello o a los herederos (artículo 885 CC)?

1 Cuando el legatario está autorizado para ocupar por su propia autoridad la cosa legada si no hubiera herederos forzosos.

2 Cuando el legatario estuviese, antes de la apertura de la sucesión, en posesión de la cosa legada por haberle sido entregada por el causante en vida.

Resolución de 4 de marzo de 2021.

PDF (BOE-A-2021-6538 – 8 págs. – 256 KB) Otros formatos

¿El acta de notoriedad (209 RN) es suficiente para acreditar que el legatario se halla en posesión de la cosa legada al tiempo de la apertura de la sucesión y no es necesaria su entrega? SI.

Resolución de 4 de marzo de 2021.

PDF (BOE-A-2021-6538 – 8 págs. – 256 KB) Otros formatos

 

INFORME ESPECIAL.

 [LEY 8/2021 DE 2 DE JUNIO, de reforma de la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica. (5)]

[Las dudas y opiniones que se exponen en algunos comentarios son meramente personales, sin contraste alguno y así deben considerarse.]

MEDIDAS DE APOYO (General).

Resumen: (i) Concepto de medidas de apoyo. (ii) Notas comunes a las medidas de apoyo. (iii) Regulación del Código Civil (iv) Capítulo I. Disposiciones generales. 1) Sujetos beneficiados y finalidad de los apoyos. 2) Principios rectores de los apoyos. 3) Clasificación de las medidas de apoyo: a) Por su origen: medidas voluntarias, guarda de hecho y medidas judiciales o legales. Medidas legales provisionales por razones de urgencia. b) Por la forma: Medidas formales e informales. (v) Límites generales: prohibiciones. (vi) El caso de las disposiciones a título gratuito

Concepto de medidas de apoyo.

La Ley 8/2021 no da propiamente un concepto apoyo y lo considera un término amplio que engloba todo tipo de actuaciones encaminadas a facilitar el libre ejercicio de la voluntad por las personas con discapacidad.

En tal sentido pueden considerarse apoyos cualesquiera medios –personales o de otro tipo- que permitan a la persona con discapacidad el libre ejercicio de su capacidad jurídica en condiciones de igualdad, por lo que habrá tantos tipos de apoyo como barreras deban superarse para conseguirlo, ya se trate de discapacidad física, sensorial o intelectual o psíquica.

Así resulta del apartado III del Preámbulo de la Ley 8/2021 cuando dice que la idea de apoyo “engloba todo tipo de actuaciones: desde el acompañamiento amistoso, la ayuda técnica en la comunicación de declaraciones de voluntad, la ruptura de barreras arquitectónicas y de todo tipo, el consejo, o incluso la toma de decisiones delegadas por la persona con discapacidad” (y excepcionalmente) “en situaciones donde el apoyo no pueda darse de otro modo y solo ante esa situación de imposibilidad, este pueda concretarse en la representación en la toma de decisiones…”.

Notas comunes a los medios de apoyo.

– Puede beneficiarse de las medidas de apoyo cualquier persona que las precise, con independencia de si su situación de discapacidad ha obtenido algún reconocimiento administrativo.

– Comprende tanto los asuntos de naturaleza patrimonial como los aspectos personales relativos a decisiones sobre la vida ordinaria de la persona, por ejemplo, domicilio, salud, comunicaciones, etc., dice el Preámbulo de la Ley.

Regulación del Código Civil.

Dedica a su regulación el Titulo XI del Libro Primero bajo la rúbrica “De las medidas de apoyo a las personas con discapacidad para el ejercicio de su capacidad jurídica”.

Se estructura este Título en seis Capítulos:

Capítulo I. Disposiciones generales

Capítulo II. De las medidas voluntarias de apoyo

Capítulo III. De la guarda de hecho de las personas con discapacidad

Capítulo IV. De la curatela

Capítulo V. Del defensor judicial de la persona con discapacidad

Capítulo VI. Responsabilidad por daños causados a otros.

Capítulo I. Disposiciones generales. Arts. 249 a 253.

1 SUJETOS BENEFICIADOS Y FINALIDAD DE LOS APOYOS.

Son destinatarios de los apoyos las personas mayores de edad y los menores emancipados que los precisen para el adecuado ejercicio de su capacidad jurídica, y tienen por finalidad “permitir el desarrollo pleno de su personalidad y su desenvolvimiento jurídico en condiciones de igualdad” (Art. 249 párrafo primero CC).

2 PRINCIPIOS RECTORES DE LOS APOYOS (Art. 249 CC).

Deben inspirarse en el respeto a la dignidad de la persona y en la tutela de sus derechos fundamentales.

Deben ajustarse a los principios de necesidad y proporcionalidad.

Deben desempeñarse atendiendo a la voluntad, deseos y preferencias de quien lo requiera, procurando que pueda desarrollar su propio proceso de toma de decisiones, informándola, ayudándola en su comprensión y razonamiento y facilitando que pueda expresar sus preferencias.

Deben fomentar que la persona con discapacidad pueda ejercer su capacidad jurídica con menos apoyo en el futuro.

Las de origen legal o judicial solo procederán en defecto o insuficiencia de la voluntad de la persona de que se trate

3 CLASIFICACIÓN DE LAS MEDIDAS DE APOYO. (ver Isidoro números 150 y ss)

El párrafo primero del artículo 250 CC distingue entre las medidas de naturaleza voluntaria, la guarda de hecho, la curatela y el defensor judicial.

a) Por su origen.

Medidas voluntarias: “Son las establecidas por la persona con discapacidad, en las que designa quién debe prestarle apoyo y con qué alcance. Cualquier medida de apoyo voluntaria podrá ir acompañada de las salvaguardas necesarias para garantizar en todo momento y ante cualquier circunstancia el respeto a la voluntad, deseos y preferencias de la persona”.

Guarda de hecho: La Guarda de hecho “es una medida informal de apoyo que puede existir cuando no haya medidas voluntarias o judiciales que se estén aplicando eficazmente”.

Medidas judiciales:

Curatela: Es una medida formal de apoyo que se aplicará a quienes precisen el apoyo de modo continuado. Su extensión vendrá determinada en la correspondiente resolución judicial en armonía con la situación y circunstancias de la persona con discapacidad y con sus necesidades de apoyo.

Defensor judicial: En una medida formal de apoyo que procederá cuando la necesidad de apoyo se precise de forma ocasional, aunque sea recurrente.

Medidas legales provisionales por razones de urgencia:

Art. 253: Cuando una persona se encuentre en una situación que exija apoyo para el ejercicio de su capacidad jurídica de modo urgente y carezca de un guardador de hecho, el apoyo se prestará de modo provisional por la entidad pública que en el respectivo territorio tenga encomendada esta función. La entidad dará conocimiento de la situación al Ministerio Fiscal en el plazo de veinticuatro horas.

b) Por la forma.

Formales: apoyos notariales y judiciales

Informales: guarda de hecho

4 LIMITES GENERALES: PROHIBICIONES (Art. 251 CC).

Artículo 253. Se prohíbe a quien desempeñe alguna medida de apoyo:

1.º Recibir liberalidades de la persona que precisa el apoyo o de sus causahabientes, mientras que no se haya aprobado definitivamente su gestión, salvo que se trate de regalos de costumbre o bienes de escaso valor.

2.º Prestar medidas de apoyo cuando en el mismo acto intervenga en nombre propio o de un tercero y existiera conflicto de intereses.

 3.º Adquirir por título oneroso bienes de la persona que precisa el apoyo o transmitirle por su parte bienes por igual título.

Regla especial para las medidas voluntarias: En las medidas de apoyo voluntarias estas prohibiciones no resultarán de aplicación cuando el otorgante las haya excluido expresamente en el documento de constitución de dichas medidas.

EL CASO DE LAS DISPOSICIONES A TÍTULO GRATUITO.

Artículo 252. El que disponga de bienes a título gratuito en favor de una persona necesitada de apoyo podrá establecer las reglas de administración y disposición de aquellos, así como designar la persona o personas a las que se encomienden dichas facultades. Las facultades no conferidas al administrador corresponderán al favorecido por la disposición de los bienes, que las ejercitará, en su caso, con el apoyo que proceda. Igualmente podrán establecer los órganos de control o supervisión que se estimen convenientes para el ejercicio de las facultades conferidas.

 

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Playa de Ojos en Fuerteventura.

Crónica Breve de Tribunales. Por Álvaro Martín.

Cuestiones de competencia sobre el nombramiento de mediador concursal.

Admin, 19/01/2022

CUESTIONES DE COMPETENCIA SOBRE EL NOMBRAMIENTO DE MEDIADOR CONCURSAL

Álvaro José Martín Martín, Registrador Mercantil de Murcia

 

Introducción.

Una de las novedades más importantes que incluye el Proyecto de Ley de Reforma del Texto Refundido de la Ley Concursal cuyo objeto es la trasposición de la Directiva (UE) 2019/1023 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, que está debatiéndose en el Congreso de los Diputados, es una reforma integral del Libro Segundo dedicado al Derecho Preconcursal en la que desaparece el acuerdo extrajudicial de pagos, pasando a ser los planes de reestructuración protagonistas exclusivos.

Obviamente ello supone que los Registradores Mercantiles y los Notarios perdemos la competencia actualmente atribuida por la legislación concursal para tramitar dichos procedimientos.

Consulta a la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública.

En tanto el proyecto se convierte en ley, previsiblemente antes de que acabe 2022 si el gobierno atiende el compromiso con la UE, tiene interés la cuestión relativa a la competencia para dicho nombramiento, recientemente objeto de una Resolución de la D.G.S.J.F.P. de 14 de diciembre de 2021, del Sistema Notarial y, por tanto, no publicada en el B.O.E., evacuando consulta del Colegio Notarial de Aragón, que publicó esta web (entrada del 20 de diciembre).

De los dos apartados de la consulta me interesa comentar el segundo porque se trata de una cuestión que se plantea con relativa frecuencia.

Persona empresaria/persona no empresaria.

La legislación concursal distribuye la competencia para nombrar mediador entre los Notarios, cuando lo solicita una persona física no comerciante y los Registradores Mercantiles y Cámaras de comercio en otro caso, teniendo en cuenta que, conforme al art. 638.4 del Texto Refundido: “serán consideradas empresarios no solamente las personas naturales que tengan tal condición, sea conforme a la legislación mercantil, sea conforme a la legislación de la seguridad social, sino también aquellas que ejerzan actividades profesionales, así como los trabajadores autónomos”.

En su consulta, el Colegio Notarial de Aragón considera que no debe considerarse competente al Notario para hacer el nombramiento si lo solicita una persona que ha generado toda o la mayor parte de la deuda como trabajador autónomo, aunque en el momento de la solicitud no se dedique a esa actividad y haya causado baja en el RETA de la Seguridad Social.

La Dirección General acepta este planteamiento:

El núcleo de su argumentación consiste en que, siendo empresarial el origen de las deudas no puede aceptarse que la baja como trabajador autónomo las convierta en deudas ordinarias porque en ese caso se le estaría facultando para elegir a la institución competente para hacer el nombramiento por su sola voluntad y sin vínculo con circunstancias objetivas.

Inserto a continuación el texto literal de este último apartado de la consulta:

«Tercero.- En el supuesto de la segunda cuestión, debe considerarse que un empresario persona natural que ha causado baja en el régimen especial de cotización de trabajadores autónomos, pero que ha generado sus deudas bajo tal régimen, a efectos del artículo 638 del texto refundido de la Ley Concursal, sigue siendo empresario, porque, aunque ya no es autónomo, no reúne el segundo requisito que enuncia la Resolución de 3 de abril de 2019, a saber, que sus deudas no tengan origen empresarial. Tales deudas, efectivamente las ha generado como autónomo -régimen especialmente previsto en el artículo 638 in fine- por lo que, correspondiendo inequívocamente en este supuesto la competencia para designar mediador al Registro Mercantil o a las Cámaras, tiene pleno sentido concluir como sostiene la Junta Directiva del Ilustre Colegio Notarial de Aragón, que por la simple baja en un régimen de la Seguridad Social el deudor a estos efectos no deje automáticamente de ser empresario ni se transmutan recta vía sus deudas empresariales en deudas ordinarias, pues ello implicaría de facto, elegir el procedimiento aplicable por pura voluntad del interesado y sin vínculo con circunstancias objetivas en contravención evidente con la letra y el espíritu del artículo 638 del mismo Texto Refundido. Lo objetivo, lo que determina la condición de empresario -y,  por ende, la no sujeción del procedimiento a la competencia notarial- es la generación de deudas en el marco de una actividad de ordenación por cuenta propia de medios de producción y de recursos humanos con la finalidad de intervenir en la producción o distribución de bienes y servicios, aunque está la actividad ya no se ejerza al tiempo de la solicitud del procedimiento que trae causa de las mismas deudas.»

Comentario.

Aunque, al menos en mi experiencia, las peticiones de nombramiento de mediador concursal ante los Registros Mercantiles son escasas (las que concluyen con acuerdo prácticamente inexistentes) creo que, siendo efectivamente una cuestión competencial no resuelta con claridad por la legislación concursal (bien podía el Texto Refundido haberlo hecho) existen también razones poderosas en contra de la solución patrocinada por el Colegio Notarial de Aragón, que asume el Centro Directivo.

Procedimiento común.

Lo primero que hay que destacar es que sea un expediente civil (competencia del Notario) o Mercantil (competencia del Registrador Mercantil o de la Cámara) el procedimiento que se sigue para hacer el nombramiento es único: lo es el formulario oficial que debe rellenarse (aunque si el empresario pueda requerirse algún documento adicional) y el nombramiento recae en quien corresponda según la lista oficial vigente en cada momento, no susceptible de alteración por quien interviene, dato este que me parece muy importante (prescindo del caso en que asume la mediación el propio notario). Coinciden también los restantes trámites en lo esencial salvo el acortamiento de plazo y gratuidad del expediente civil, así como los efectos de la tramitación del expediente, salvo que el concurso consecutivo se inicia en la fase de liquidación en este caso, mientras que para empresas y asimilados aun cabe aprobar un convenio concursal.

Competencia judicial para tramitar el concurso consecutivo.

El encargado de tramitar el expediente tiene que comunicar su iniciación y conclusión al juzgado competente para tramitar el concurso del deudor, caso de no alcanzarse el acuerdo. Es conveniente, en consecuencia, tener en cuenta que la competencia al efecto se distribuye entre los Juzgados de Primera Instancia y los Juzgados Mercantiles, desde la reforma del art 85.6 de la Ley Orgánica del Poder Judicial por la LO 7/2015, sin que exista tampoco la necesaria precisión sobre cuándo debe actuar cada uno por lo que se plantea un problema análogo al que es objeto de la Resolución que comento.

Ello ha dado lugar a distintas soluciones en la jurisprudencia menor. Los Juzgados de la Región de Murcia aplican el criterio sentado por el auto firme e irrecurrible de la Audiencia Provincial de 28 de julio de 2016 (Recurso de Apelación 550/2016; JUR\2016\224489) que, en un caso sustancialmente idéntico al resuelto por la Dirección General, (concurso de persona que había sido peluquera y tenía deudas derivadas de dicha actividad, si bien se había dado de baja y cesado la actividad al tiempo de la solicitud, aplica el artículo 231 de la Ley Concursal (precedente inmediato del artículo 638-4 del Texto Refundido) en sentido diametralmente opuesto al que resulta de la Resolución que comento:

“11. En todo caso, sea una u otra la opción a elegir, lo que resulta claro es que, de lege data, el legislador [se refiere a la Ley Concursal] ha optado por una delimitación competencial que atiende a un criterio subjetivo exclusivamente (la condición del deudor como persona natural no empresario) y no a la naturaleza de las deudas.

  1. Otra cosa es determinar en qué momento debe reunir el solicitante de concurso la condición de empresario y la trascendencia que implica para ello el origen y naturaleza de la deuda.

(…………………………………………………………………………………………………………………………………………………)

  1. La cuestión suscitada se reconoce que no es sencilla. Si bien en un principio dos son los momentos temporales a atender, el del nacimiento de la obligación y el de la solicitud de concurso, la realidad es muy compleja , ya que una persona física puede desarrollar sucesiva y/o simultáneamente diversas actividades, unas empresariales y otras no, y en el desarrollo de esas actividades contraer obligaciones, unas empresariales y otras no. Ello provocaría comprobar si la mayor parte del pasivo se generó a consecuencia del desarrollo de una actividad empresarial, o si su origen en ajeno a esa actividad.
  2. En esa tesitura, y dado que los criterios que fijan la competencia deben ser lo más objetivos y seguros posibles, a fin de evitar controversias y demoras en su apreciación, consideramos que lo procedente es atender al momento de la solicitud de concurso, ya que, por regla general, la LEC (que se aplica supletoriamente, DF 5ª LC) atiende como momento relevante al de la interposición de la demanda (art 410 y 411 LEC). Como argumento adicional reseñar que al no desarrollar actividad empresarial el sujeto pasivo del procedimiento concursal, de ordinario, se presume – según el legislador- que las incidencias que éste presente van a ser menores ( al ser menor la actividad patrimonial a intervenir o sustituir, escasos y menos complejos los contratos afectados o los procesos pendientes, sin relaciones laborales a las que poner fin, o sin previsión de transmisión de la unidad productiva, etc) . En definitiva, lo relevante es la condición subjetiva del deudor en el momento de la solicitud de concurso, aunque antes haya tenido otra cualidad.
  3. En todo caso si se aprecia que el cese en la condición de empresario responde a una decisión estratégica encaminada a evitar los juzgados de lo mercantil, ello no impedirá su corrección mediante la aplicación del art 11.2 LOPJ, al entrañar fraude de ley, pero para ello es preciso acreditar fundadamente tal fraude.”

No se me oculta que una doctrina de Audiencia, que por definición puede ser distinta según la que se pronuncie, no vincula la decisión de la DGSJFP, como también que, aunque el Notario o el Registrador Mercantil apliquen el criterio de dicha Dirección General, ésta no vincula al Juzgado ante el que se vaya a tramitar el concurso consecutivo , en todo caso advierto que si se convierte en Ley el Proyecto de Reforma a que me refería al principio desparecerá el problema de la competencia judicial, porque todos los concursos volverán a ser tramitados en los Juzgados Mercantiles.

Dificultad objetiva para el nombramiento por el Registro Mercantil.

La Resolución de la Dirección General presupone que no debe haber dificultad para que el nombramiento de mediador lo haga el Registro Mercantil cuando se trata de un autónomo que se ha dado de baja si las deudas son mayoritariamente de origen empresarial.

Hay, sin embargo, un problema añadido en este caso. La legislación concursal obliga, como acto previo al nombramiento, a la inscripción en el Registro Mercantil de la persona natural solicitante, si no lo estuviera con anterioridad (art. 640.2 T.R.). Pues bien, constituye requisito sine qua non para que se abra hoja al empresario persona física, conforme al art. 89 del Reglamento del Registro Mercantil que acredite haber presentado la declaración de comienzo de actividad empresarial, cuando, precisamente lo que trata es de dejarla definitivamente, lo que no deja de ser paradójico, y, seguramente, será oneroso (estoy pensando en una eventual alta obligada en el RETA).

Finalidad de nombramiento de mediador.

Al justificar la desaparición del acuerdo extrajudicial de pagos, la exposición de motivos del Proyecto de Ley en trámite señala que los acuerdos extrajudiciales de pagos, dirigidos a PYMES, no han cumplido de forma satisfactoria con su propósito.

Mi experiencia es que en el caso de solicitudes de personas físicas lo que normalmente se persigue no es que haya un mediador que pueda acordar con los acreedores una solución, sino que, fracasado el intento, pueda solicitarse la apertura del concurso consecutivo (arts. 695 y 708 T.R.) y, dentro de él, beneficiarse de las ventajas que el art. 488.2 T.R. reconoce al deudor que intentó el acuerdo en orden a que se le conceda el beneficio de pasivo insatisfecho.

Por eso el artículo 12 de la Ley 3/2020 ha sido reformado por la Disposición final séptima del Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19 de forma que se extiende hasta el 31 de diciembre de 2021 la consideración de que “el acuerdo extrajudicial de pagos se ha intentado por el deudor sin éxito, si se acreditara que se han producido dos faltas de aceptación del mediador concursal para ser designado, a los efectos de iniciar concurso consecutivo, comunicándolo al juzgado”. Lo importante no es el resultado de la mediación, ni siquiera se precisa que llegue a nombrarse mediador, como se ve.

Si esto es así, parece claro que la razón invocada en la consulta y aceptada por el Centro Directivo para considerar que hay que ir más lejos de lo que el legislador ha ido, primero en la Ley Concursal y después en el Texto Refundido, no parece convincente.

Descoordinación doctrinal.

Parece existir cierta descoordinación entre las resoluciones dictadas por DGSJFP en sede de consulta o recurso de queja (la comentada y la de 3 de abril de 2019) y las que se dictan en recursos contra la negativa del RM a tramitar el expediente por no ser empresario ni asimilado el peticionario cuando presenta la solicitud.

Tomo como ejemplo la Resolución de 30 de septiembre de 2020 (no publicada en el B.O.E.) que cita, como precedente, la de 18 de octubre de 2016.

 Se trata de una persona que ejerció como empresario hasta marzo de 2020 en que causó baja censal, solicitó en junio de 2020 el nombramiento de mediador concursal de un notario que rechazó tramitar el expediente en julio de 2020, por lo que presentó ese mismo mes la solicitud en el Registro Mercantil.

 El Registrador Mercantil rechazó ser competente por no ser ya empresario el solicitante, frente a lo que se interpone recurso de alzada ante la Dirección General “apoyado en la línea jurisprudencial que atribuye a los juzgados de lo mercantil la competencia para tramitar el concurso sucesivo de persona física cuando una parte cuantitativamente importante del pasivo se ha generado durante una actividad empresarial anterior (con cita de sentencias)” (Hecho II in fine).

La Dirección General no tiene en cuenta en su Resolución la naturaleza de las deudas (pese a que, por proximidad temporal con el cese de actividad empresarial, es muy verosímil que derivaran de dicha actividad): F.D. 3. “… esta Dirección General debe rechazar el recurso porque de la documentación aportada no resulta que el solicitante o su esposa, pues ambos firman el formulario de solicitud, ostenten condición que atribuya competencia al registrador mercantil. No nos encontramos ante ninguno de los supuestos a que hacen referencia los preceptos anteriormente reseñados para que la competencia del nombramiento corresponda al registrador mercantil. Consecuentemente corresponderá al notario del domicilio del deudor llevar a cabo la designación.

Como resulta del expediente lo cierto es que los interesados así lo hicieron, pero al recibir una respuesta negativa sobre la competencia del notario requerido (respuesta negativa que no fue objeto de recurso), reiteraron la solicitud ante el Registro Mercantil. Dadas las consideraciones anteriores esta Dirección General considera que los interesados deben llevar a cabo una nueva solicitud ante el notario de su domicilio aportando la documentación a que se refieren los artículos 635 y 636 del Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo por el que se aprueba el texto refundido de la ley Concursal”.

Como se ve es la condición del solicitante el único criterio para resolver esta especie cuestión negativa de competencia, sin referencia alguna al origen del endeudamiento.

Conclusión.

 No existe la menor referencia en los artículos de la Ley Concursal y de su Texto Refundido, que la propia Resolución de 14 de diciembre de 2021 transcribe, a la naturaleza del pasivo, empresarial o no empresarial como criterio competencial.

 La supuesta necesidad de evitar que el deudor elija una tramitación civil o mercantil, como argumento para hacer decir a la Ley lo que no dice, me parece insuficiente porque, por un lado, ni el notario ni el registrador eligen mediador: los dos están obligados a nombrar a quien designe el ordenador del Ministerio de Justicia, por lo que no se ve la ventaja de dirigirse a uno u otro en este aspecto fundamental y, por otro lado, la verdad es que lo que se persigue la mayor parte de las veces es, como he dicho antes, ajeno a la tramitación del procedimiento, por lo demás muy parecida en uno y otro caso.

En definitiva a quien fue trabajador autónomo, le fue mal y hubo de cerrar el negocio, despedir al personal, resolver los contratos, darse de baja en Hacienda y solicitar que se le pague la prestación del RETA que corresponda a la cuota que pagó mientras estuvo en activo, no parece coherente que se le exija volver a darse de alta (condición imprescindible para que el Registro Mercantil pueda tramitar su petición), como condición para conseguir una exoneración de pasivo insatisfecho, que es lo que realmente le interesa para volver a empezar.

13 de enero de 2022

Álvaro José Martín Martín

Registrador Mercantil de Murcia

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Imagen de un arbusto de myrtus communis o mirto, de donde se cree que procede el origen toponímico de Murcia. Wikipedia.

Modelo de testamento con normas de gestión, administración y disposición de bienes en favor de una persona necesitada de apoyo.

Admin, 18/01/2022

MODELO DE TESTAMENTO CON NORMAS DE GESTIÓN, ADMINISTRACIÓN Y DISPOSICIÓN DE BIENES EN FAVOR DE UNA PERSONA NECESITADA DE APOYO.

INMACULADA ESPIÑEIRA SOTO, NOTARIA DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

 

Nota de la autora:

La posibilidad de que el disponente de bienes a título gratuito a favor de una persona menor de edad o necesitada de apoyo (artículos 205 y 252 CC) pueda establecer las reglas de administración y disposición de aquellos, se ha analizado en innumerables ocasiones por doctrina y tribunales para clarificar, entre otras cuestiones, si tales reglas de administración se pueden extender a bienes imputables a la legitima pues podrían suponer un gravamen sobre la misma (artículo 813 CC). Obviando en este momento las reglas de la administración y disposición de bienes dejados a un menor en cuyo régimen incide la doctrina de sentada por el Centro Directivo desde la RDGRN 12 julio 2013 que sostiene que el régimen de administración legal no se puede alterar cuando se trata de bienes que integran la legítima del menor de edad, dada su intangibilidad cuantitativa y cualitativa y centrándonos ahora en las reglas de la administración y disposición de los bienes dispuestos a favor de una persona adulta necesitada de apoyo, a nuestro juicio, la amplitud del término “apoyo” previsto en la ley 8/2021 unido al principio fundamental del respeto a la voluntad, deseos y preferencias de la persona necesitada de apoyo sobre el que se erige el actual sistema puede conllevar que el establecimiento de determinadas reglas de administración y disposición sobre bienes imputables a la legítima puedan suponer un gravamen de esta, si las reglas establecidas por el disponente dejan menos espacio a la autonomía en el ejercicio de la capacidad de la persona necesitada de apoyo que las dispuestas por la autoridad judicial de existir estas o si suponen tales reglas una restricción injustificada (en la parte que afecta la legitima) al potencial ejercicio de la capacidad de la persona necesitada de apoyo. El notario debe recabar información de las causas y razones por las que el testador considera que la persona a favor de la cual dispone de bienes a título gratuito está necesitada de apoyos, en mayor medida si el beneficiario es legitimario.

La respuesta predominante en la doctrina a la pregunta si la administración testamentaria puede recaer sobre los bienes que el descendiente menor puede recibir en concepto de legítima, habida cuenta del principio de intangibilidad de la legítima del artículo 813.2º CC es afirmativa puesto que más que un gravamen sobre la legítima se trataría de una limitación de los derechos de la patria potestad de los progenitores; se invoca el artículo 164. CC, argumento que la Dirección General y parte de los autores no hacen extensivo a la dispensa de autorización judicial para la disposición de bienes del menor tal como vimos; hasta la mayoría de edad, el menor no puede administrar por sí mismo sus bienes y necesariamente la administración ha de recaer en un tercero; alcanzada la mayoría de edad la cuestión es distinta; la administración testamentaria se convierte en un gravamen de la legítima a partir del momento en que el menor adquiere la mayoría de edad y teniendo en cuenta la amplitud del término “apoyo” y la apuesta de la ley por un sistema de asistencia y de apoyo y no de sustitución de voluntad del asistido por la del asistente, obliga al notario a tener en cuenta “el apoyo que necesita” el beneficiario. Cada persona es única. En el presente supuesto se trata de un descendiente del testador con discapacidad psíquica leve/moderada. Se ha informado al testador de la posibilidad de que sea su propia hija la que establezca sus propios apoyos.

En el siguiente modelo se entrecruzan varias instituciones de derecho civil sucesorio.

MODELO: 

NÚMERO **

En ** mi residencia a **

Ante mí, **, notario del Ilustre Colegio de **

 COMPARECE:

DON**, mayor de edad, de estado civil divorciado, **, vecino de **, con domicilio en ** con DNI número **.

Declara que nació en ** (provincia de **), el día ** de ** de mil novecientos **, hijo de don ** y doña **, fallecidos, y que está divorciado de sus únicas nupcias de doña **, de cuyo matrimonio tiene una única hija llamada A. Su hija no tiene descendientes.

Que tiene su residencia habitual en España, en el domicilio indicado, nacionalidad española y vecindad civil**.

Le identifico por el documento nacionalidad de identidad reseñado en la comparecencia.

Manifiesta su libre y consciente decisión de otorgar testamento y teniendo, a mi juicio, capacidad para este otorgamiento, declara y ordena su última voluntad, oralmente, y yo, la notaria, redacto con arreglo a ella, este TESTAMENTO ABIERTO, de la siguiente forma:

PRIMERO.- Prelega a su hija A, los bienes que le fueron adjudicados por herencia de sus padres y que constan relacionados en la escritura autorizada por el notario de**, don** el día**, número ** de protocolo, como fiduciaria, pudiendo disponer la legataria de los objetos del presente legado por actos inter-vivos y a título oneroso en caso de necesidad la cual será apreciada por cualquiera de las tres personas que señala: don B, doña C y doña D (datos identificativos y parentesco, en su caso); para el supuesto que su hija premuriese al testador, no quisiese o no pudiese adquirir el legado o en el residuo que a la muerte de la misma quedare, si no se dispone de los bienes legados por no ser necesario, sucederán como sustitutas vulgares en el primer caso o fideicomisarias de residuo en el segundo, doña C y doña D por iguales partes a quienes sustituye vulgarmente, para los supuestos de premoriencia e indignidad por sus respectivos descendientes, por estirpes.

SEGUNDO.- Instituye heredera universal a su hija A, sustituida en caso de premoriencia e indignidad por sus descendientes por estirpes, de tenerlos y de no tenerlos, la sustituye por las hermanas del testador, doña C y doña D, por iguales partes a quienes sustituye para los supuestos de premoriencia e indignidad, por sus respectivos descendientes, por estirpes.

TERCERO.- Manifiesta el testador que su hija necesita de apoyo para el ejercicio de su capacidad en determinados asuntos complejos, que actualmente no hay establecidas medidas judiciales de apoyo y dispone que el patrimonio que le atribuye en este testamento por herencia así como sus accesiones, frutos y rentas esté sujeto a las siguientes reglas de administración y disposición que ordena de conformidad con lo dispuesto en el artículo 252 CC: los actos de administración y gestión ordinaria de los bienes serán realizados por su propia hija, la cual podrá recabar los apoyos informales que requiera.

Para la realización de actos de administración extraordinaria y de disposición entendiendo por tales aquellos para los que el curador representativo precisa de autorización judicial será necesario que su hija cuente con el apoyo y consentimiento de cualquiera de las tres personas, antes mencionadas. Si se tratase negocios de disposición o gravamen de bienes inmuebles se formalizarán en escritura pública. Excluye la necesidad de subasta pública.

Si alguna/s de las personas designadas estuviese incursa en causa que le imposibilitase ejercer dicho apoyo o hubiese fallecido, subsistirá prestando el apoyo la persona o cualquiera de las personas que sobrevivan y que estén en disposición de hacerlo.

Excluye de la gestión de los bienes que por esta disposición mortis causa deja a su hija a su ex-cónyuge, doña **.-

A juicio del testador, su hija posee la autonomía suficiente para excluir facultades representativas de las personas encargadas de prestarle apoyo en la gestión de los bienes que por esta herencia le deja pues ha alcanzado a lo largo de su vida un grado de autonomía suficiente, tiene trabajo y recursos propios, aunque para el ejercicio de su capacidad necesite en asuntos complejos de asesoramiento o apoyo; no obstante, si las medidas aquí establecidas fuesen insuficientes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 276.4 CC y para el supuesto de precisar su hija una medida judicial de apoyo, propone para el cargo de curador con carácter sucesivo, a doña C, doña D y don B.

CUARTO.- Manifiesta el testador que su hija convive con él en una vivienda propiedad del testador; desea que tras su fallecimiento lleve una vida plena e integrada en su entorno, como lo viene haciendo hasta la fecha, respetando y fomentando su autonomía y que las personas que le presten apoyo le ayuden a tomar sus propias decisiones, informándola, asesorándola y proporcionándole acceso al apoyo que pueda necesitar; confía en las personas designadas, actualmente, doña C y doña D, hermanas del testador, viven en la misma localidad que el testador y su hija y constituyen, de hecho, una familia; dispensa a doña C y a doña D del conflicto de intereses en que pudiesen incurrir al ser posibles fideicomisarias en el legado dispuesto en la cláusula primera y competer a ellas la apreciación de la concurrencia de necesidad para que su hija /fiduciaria pueda disponer de los bienes legados en la cláusula primera.

En su caso, deja a salvo de restricciones la legítima.

QUINTO.- Revoca expresamente todo testamento otorgado con anterioridad al presente.

Hechas las reservas legales oportunas; especialmente he informado al testador de los principios sobre los que se asienta la ley 8/2021 de 2 de junio.

Datos personales.- Informo al compareciente, de lo siguiente **:

Leo este testamento al testador, íntegramente y en alta voz, previa advertencia y renuncia del interesado a su derecho a leerlo por sí mismo, manifestando que no tiene dificultad para oír la lectura del testamento, que sabe y puede leerlo y enterado de su contenido, lo otorga por ser fiel reflejo de su voluntad conformada y expresada libremente, y firma conmigo, la notaria, que doy fe de haberse observado todas las formalidades legales anteriormente expresadas, en un solo acto y del contenido del presente instrumento público que ha sido consentido por el testador, el cual se adecua a la legalidad y a la voluntad debidamente informada del otorgante y a sus deseos y preferencias, que queda extendido ** folios de papel exclusivo para documentos notariales, serie ** números** y de ser las (hora del otorgamiento).

 

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MODELOS NOTARIALES EN GENERAL:

AULA SOCIAL

OFICINA NOTARIAL

PORTADA DE LA WEB

Cabo Ortegal en Cariño (Galicia). Por mib18

No te lo pierdas… Diciembre 2021.

Admin, 17/01/2022

¡NO TE LO PIERDAS!

DICIEMBRE de 2021

MODIFICACIONES INTRODUCIDAS:

En la reciente XIII Convención de la web, se ha acordado dar un nuevo enfoque al hasta ahora llamado Miniinforme consistente en lo siguiente:

  • Cambio de nombre a “No te lo pierdas…”. Idea de Emma Rojo.
  • Segregar de él los índices mensuales del Índice-Fichero de Juan Carlos Casas, que abrirán folio propio (usando terminología registral)
  • Probar a ver si tiene éxito una enumeración con enlace de los contenidos más significativos publicados durante el mes y que no se incluyan entre la normativa o las resoluciones. (JFME)

 

DISPOSICIONES GENERALES:

Días inhábiles 2022. Se publica el calendario de días inhábiles para el año 2022, que está conectado con el calendario laboral oficial. Afecta a la Administración General del Estado y sus Organismos Públicos.

Addenda a la Encomienda de nacionalidad al Colegio de Registradores. Se trata de una Adenda de modificación a la encomienda de gestión firmada en 2019 para tramitar expedientes de nacionalidad por residencia al existir muchos expedientes todavía con trámites pendientes. El plazo queda ampliado hasta el 25 de noviembre de 2022, con posible prórroga de hasta dos años.

2022: IRPF estimación objetiva. IVA régimen simplificado. Esta Orden determina las actividades a las que se aplicará durante 2022 el método de estimación objetiva del IRPF y el régimen especial simplificado del IVA, con vocación continuista respecto de 2021.

Seguridad Social: Orden sobre cotizaciones para 2021Esta orden desarrolla las previsiones legales en materia de cotizaciones sociales para el ejercicio 2021 tras la aprobación de la subida del salario mínimo interprofesional. Tiene efectos desde el 1 de septiembre de 2021.

Registro electrónico de la Administración General del Estado. Esta orden tiene por objeto regular los requisitos y condiciones del funcionamiento del Registro Electrónico General de la Administración General del Estado, (REG-AGE), donde se podrán presentar solicitudes, escritos y comunicaciones.

Registro electrónico de apoderamientos de la Administración General del Estado. Mediante esta orden se determinan los órganos responsables, el sistema de funcionamiento, el procedimiento de incorporación de los apoderamientos, así como su revocación, renuncia, vigencia y prórroga. Los anexos incluyen modelos.

Tribunales de aguas de Orihuela y Aldaia. Esta reforma puntual de la LOPJ reconoce como tribunales consuetudinarios y tradicionales a los dos Tribunales citados con sedes en Orihuela (Alicante y Aldaia (Valencia). Son entidades jurisdiccionales y de gobierno en temas relativos al riego y policía de cauces, resolviendo conflictos sobre la materia.

Régimen jurídico de los animales. La Ley reconoce que los animales son seres vivos dotados de sensibilidad, por lo que no puede equipararse su régimen jurídico en general al de las cosas. Realiza una amplia reforma del Código Civil, que afecta a todos sus Libros, salvo el Preliminar, y reforma, en menor medida la Ley Hipotecaria (extensión objetiva de la hipoteca) y la Ley de Enjuiciamiento Civil (procedimientos en crisis matrimoniales). Da un especial tratamiento a los animales de compañía.

RDLey 28/2021: ayudas a La Palma. Se amplían las ayudas a la isla de La Palma, recogidas en el RDLey 20/2021, de 8 de octubre, respecto a la cuantía de las ayudas, anticipos a cuenta, aplazamiento de deudas tributarias o restablecimiento de la red de carreteras, entre otras materias.

Reforma Ley de Tráfico. Conforme al Preámbulo de la Ley, el objeto de la reforma se centra principalmente en la revisión de las infracciones que detraen puntos; el reconocimiento que tiene para la seguridad vial la superación de cursos de conducción segura y eficiente; el tratamiento actualizado de la conducción profesional; y la unificación a dos años del plazo que tiene que transcurrir para recuperar el saldo inicial de puntos tras la firmeza de las sanciones.

Ingreso mínimo vital. La finalidad de la Ley es establecer una prestación económica de la Seguridad Social en su modalidad no contributiva, para prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social de las personas que se encuentren en una situación de vulnerabilidad por carecer de recursos económicos suficientes para la cobertura de sus necesidades básicas.

RDLey 29/2021. medidas sobre energía. Potencia los puntos de recarga de vehículos eléctricos y el autoconsumo eléctrico. Se prorrogan medidas fiscales respecto al recibo de la luz o las energías renovables innovadoras. Retoques en la nueva regulación de los bonos garantizados sobre todo en el aspecto temporal. Una reforma de la Ley de Cooperativas permite el acceso a distancia a la Asamblea General y a las reuniones del Consejo Rector.

Convenio multilateral sobre tratados fiscales. Este extenso instrumento de ratificación (1518 págs.) consta de una primera parte que recoge el consentimiento del Reino de España con diversas declaraciones y una segunda que incluye el Convenio en sí, el cual afecta a los diversos tratados bilaterales firmados para evitar la doble imposición en materia de impuestos sobre la renta. Se publican amplias reservas realizadas por los países firmantes. Entró en vigor para nuestro país el 1º de enero de 2022.

RDLey 30/2021: uso de mascarillas y otras medidas Covid. Vuelve a ser obligatorio el uso de mascarillas en exteriores para los mayores de seis años. Se permite la contratación de profesionales sanitarios jubilados. Modifica la Ley de Presupuestos de este año para que las pensiones no contributivas no pierdan poder adquisitivo ante la subida del IPC.

Modelo 237: beneficios no distribuidos sociedades de inversión. Se aprueba el modelo 237 «Gravamen especial sobre beneficios no distribuidos por sociedades anónimas cotizadas de inversión en el mercado inmobiliario. Impuesto sobre Sociedades. Autoliquidación», que figura en el anexo de esta orden.

Precios medios ITPyAJD, ISD y medios de transporte. Como en años anteriores, se publican para 2022 las tablas de precios medios de mercado de vehículos usados, embarcaciones de recreo y motores marinos, así como los porcentajes de reducción en función de los años de uso. Se aplican como medios de comprobación a los siguientes impuestos: ITPyAJD, ISD y al Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte. Como novedad se incluyen también las autocaravanas y las motos náuticas y se elimina el nivel de emisiones de CO2.

Empleo Público temporal. Se modifica el Estatuto Básico del Empleado Público para aclarar las figuras del funcionario interino y del personal laboral temporal, tratando de disminuir los casos y su duración. Incluye un tercer proceso de estabilización de empleo temporal que deberá concluir en 2024 con el objetivo de reducir el empleo temporal en la Administración del 30% al 8%. Su contenido procede, en gran medida del RDLey 14/2021, de 6 de julio.

Reforma de las Pensiones. Jubilación voluntaria de notarios y registradores hasta los 72 años. La Ley regula la actualización de las pensiones, tanto en el régimen general de la Seguridad Social, como en el de las Clases Pasivas del Estado, dictando normas para favorecer la prolongación de la vida activa y dificultando la jubilación anticipada. Aprovecha la Ley para, en una de sus disposiciones finales, prolongar, a petición del funcionario, la vida activa de notarios y registradores hasta el máximo de los 72 años.

Presupuestos Generales del Estado para 2022. Destaca una importante brecha ingresos-gastos, aunque inferior a la del ejercicio pasado. Se reduce a 1500 euros la deducción por aportación a planes de pensiones, salvo aportaciones empresariales o del propio trabajador. Tributación mínima del 15% en el Impuesto sobre Sociedades en determinados casos. Se mantienen el interés legal del dinero y el de demora. Cotizaciones a la Seguridad Social. Oferta de empleo público. Las pensiones suben conforme al IPC, sin aludirse al factor de sostenibilidad. Anuncio de dos nuevas agencias estatales. Reforma de las leyes del Sector Público, Contratos Públicos y Seguridad Social, entre otras.

Canarias: Régimen económico y fiscal. Se modifican los artículos referidos a inversiones anticipadas como materialización de reservas de inversiones y a la vigencia de la Zona Especial Canaria, ampliando fechas, pero supeditado el cambio a la aprobación por la Comisión Europea. Plazo de renuncia y revocación para el método de estimación objetiva del IRPF y régimen simplificado en el IVA.

RDLey 32/2021: reforma laboral. Deroga parcialmente la reforma de los años 2012-2013 para intentar reducir la temporalidad en el empleo. Afecta, entre otras leyes, al Estatuto de los Trabajadores, la Ley de la Seguridad Social, la que regula las empresas de trabajo temporal o la Ley del Empleo. También afecta a la duración de los convenios colectivos (ultraactividad) y prorroga los ERTES vinculados a la COVID-19 hasta el 28 de febrero de 2022.

Prórroga medidas Brexit. Nueva prórroga de asistencia sanitaria, respecto de Gibraltar y de los permisos de conducción.

Disposiciones Autonómicas. Publicadas disposiciones de Baleares, País Vasco, Andalucía, Cataluña, Murcia, Asturias y Valencia.

Tribunal Constitucional. Recurso contra una modificación de la legislación de alquileres en Cataluña que declara nulo determinado pacto y cuestión de inconstitucionalidad sobre una reforma acerca del uso del euskera en la administración local vasca. 

SECCIÓN II. Resultado del concurso de Registros 311; nombramientos y ceses en Justicia; resultado del Concurso Notarial; modificación del Programa de Notarías, que afecta a nueve temas; jubilación de 6 notarios (4 voluntarias), de un registrador y excedencia de un notario.

RESOLUCIONES:

En DICIEMBRE, se han publicado CUARENTA Y OCHO. Se ofrecen en ARCHIVO APARTE

RESOLUCIONES PROPIEDAD

437.() SOLICITUD DE CANCELACIÓN DE INSCRIPCIÓN DE REPRESENTACIÓN GRÁFICA. La rectificación de los asientos del Registro exige consentimiento del titular o resolución judicial.

438.** NOVACIÓN Y AMPLIACIÓN DE PRÉSTAMO HIPOTECARIO. RESPONSABILIDAD HIPOTECARIA. Se confirma la nota que suspende una novación y ampliación de un préstamo hipotecario por no establecer un régimen uniforme para la primitiva hipoteca y su ampliación y no constar claramente consentimiento de las partes para constituir una segunda garantía.

439.** REANUDACIÓN DE TRACTO SUCESIVO FALTANDO DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS, PERO CON TODOS LOS TÍTULOS PÚBLICOS. No hay interrupción de tracto si todos los títulos traslativos son públicos, aunque falten documentos complementarios, por lo que NO puede acudirse a este expediente en estos casos. La “extraordinaria dificultad” que en casos excepcionales permite acudir a este expediente solo es posible cuando el primer título traslativo que falta es privado, pero no cuando es público.

441.*** AMPLIACIÓN DE OBRA NUEVA DE UN ELEMENTO DE PROPIEDAD HORIZONTAL FINALIZADA POR PRESCRIPCIÓN URBANÍSTICA. Cualquier alteración del régimen jurídico de los elementos comunes es competencia de la comunidad, exigiéndose unanimidad en tanto en cuanto tal alteración implica una modificación del título constitutivo de conformidad con el artículo 17.6 LPH.

442.** PRÉSTAMO HIPOTECARIO. REPRESENTACIÓN. NECESIDAD DE EXHIBICIÓN DE COPIA AUTORIZADA. Las expresiones «copia» de escritura, «escritura», «título legítimo», «título público» y «documento fehaciente» no son suficientes para considerar cumplida la reseña del poder a los efectos del juicio notarial de suficiencia. La ley se refiere a documento auténtico que es la copia autorizada o, en su caso, la matriz del poder.

443.** COMPRA DE CUOTA INDIVISA DE FINCA RÚSTICA. La mera transmisión de una finca a dos compradores por mitad y proindiviso (mediante una compraventa simultánea y no sucesiva), o de una cuota indivisa ya inscrita en el Registro, no debe justificar, como regla general, la exigencia de intervención administrativa por riesgo de parcelación ilegal.

445.** PRÉSTAMO HIPOTECARIO. REPRESENTACIÓN. EXHIBICIÓN DE COPIA AUTORIZADA. PODER AUSTRALIANO. Similar a la 442. En este caso, un poder australiano, circulando el documento original con la firma de los otorgantes, y no copia auténtica.

446.* RECTIFICACIÓN DE DESCRIPCIÓN. NÚMERO DE POLICÍA. FINCA SIN SUPERFICIE INSCRITA. SOLICITUD TÁCITA DE PROCEDIMIENTO ART. 199 LH. La rectificación del número de policía de la finca puede hacerse con base en la CCDG. La expresión de la superficie, en una finca cuya cabida no constaba, debe hacerse mediante alguno de los procedimientos de los arts. 199 o 201.1 LH, cuya tramitación se entiende solicitada tácitamente.

447.** CALIFICACIÓN REGISTRAL DE DOCUMENTOS JUDICIALES. TRACTO SUCESIVO. El recurso contra la calificación no es el medio adecuado para la revocación de una inscripción ya practicada. No procede la inscripción de un mandamiento judicial si el titular registral no ha intervenido en el procedimiento.

450.** APORTACIÓN A GANANCIALES POR PAREJA DE HECHO EN EL PAÍS VASCO. Las parejas de hecho no pueden someterse en bloque a las reglas de la sociedad legal de gananciales ya que es un régimen económico matrimonial previsto para los matrimonios, pues ello afectaría a terceros y al tráfico jurídico, sin perjuicio de que internamente puedan pactar un régimen de comunidad de bienes o una sociedad particular o universal.

451.** DENEGACIÓN DE EXPEDICIÓN DE CERTIFICACIÓN DE CARGAS EN EJECUCIÓN HIPOTECARIA CONTRA NO TITULAR REGISTRAL. No cabe expedir la certificación de cargas en ejecución hipotecaria contra entidad que no figura como titular registral; y sin que puedan tenerse en cuenta para resolver el recurso documentos no aportados al tiempo de la calificación registral.

452.* INSCRIPCIÓN DE REPRESENTACIÓN GRÁFICA CATASTRAL. OPOSICIÓN DE COLINDANTE. No es inscribible la representación gráfica de una finca ni la rectificación de su superficie si, en la tramitación del procedimiento del art. 199, hay oposición de un colindante basada en un informe técnico.

453.** PRÉSTAMO HIPOTECARIO A EMPLEADO DEL BANCO. DOMICILIO MÚLTIPLE PARA NOTIFICACIONES Y REQUERIMIENTOS. DGSJyFP confirma el defecto por el que se suspende la hipoteca concedida a empleado de banca y a hipotecante no deudora sobre finca adquirida por ambos el mismo día, por no cumplirse los requisitos, en cuanto a la segunda, de la LRCCI, mientras que revoca el que denuncia la falta de claridad del domicilio para notificaciones en la ejecución, que puede ser múltiple.

454.* COMPRAVENTA. DIFERENCIAS ENTRE LA COPIA AUTORIZADA ELECTRÓNICA Y LA PRESENTADA EN PAPEL CON UNA DILIGENCIA MÁS. La presentación telemática y la posterior presentación en papel causan un solo asiento de presentación. No hay discrepancia entre la copia electrónica y la copia en papel si la segunda incorpora una diligencia posterior en el tiempo a la expedición de la primera.

455.* SENTENCIA DICTADA EN REBELDÍA SIN EL TRANSCURSO DE LOS PLAZOS LEC. El transcurso de los plazos para el ejercicio de la acción de rescisión debe de resultar del propio documento presentado a calificación o de otro que lo complemente, sin que el registrador tenga competencia para apreciarlo.

456.*** PROPIEDAD HORIZONTAL. AGRUPACIÓN DE LOCALES SIN CLÁUSULA ESTATUTARIA Y CAMBIO DE USO A VIVIENDA. Para dividir, segregar o agrupar pisos o locales y sus anejos, en cuanto modificación del título constitutivo de la propiedad horizontal, se exige consentimiento de los propietarios de los distintos elementos privativos que la integran.

457.*** CANCELACIÓN DE HIPOTECA. TRACTO SUCESIVO. SUCESIÓN UNIVERAL. El cambio de titularidad registral de un bien concreto, como consecuencia de una sucesión universal entre entidades que consta inscrita en el Registro mercantil, no necesita acreditar que dicho activo concreto está incluido en la sucesión universal, una vez acreditada dicha sucesión mediante consulta al Registro Mercantil.

459.*** DERECHO DE USO DE LA VIVIENDA FAMILIAR. DETERMINACION DE SU DURACION. El derecho al uso de la vivienda familiar, cuando no existen hijos menores, tiene que estar determinado en cuanto a su duración; y si depende de elementos como que una hija termine la carrera, ha de constar la identidad de dicha hija.

460.* INSCRIPCIÓN DE REPRESENTACIÓN GRÁFICA. CONFLICTO ENTRE COLINDANTES. EXPEDIENTE DE DOBLE INMATRICULACIÓN. No es inscribible la representación gráfica de una finca ni la rectificación de su superficie si, en la tramitación del procedimiento del art. 199, hay oposición de un colindante basada en un informe técnico. Para iniciar un expediente de doble inmatriculación, esta debe ser apreciada por el registrador.

461.*** DECLARACION DE HEREDEROS ABINTESTATO: TESTIMONIO EN RELACION. Cuando el título de la sucesión es un testamento, ha de acompañarse o testimoniarse íntegro, o relacionarse en la partición, pero tiene que expresarse formalmente por el fedatario la afirmación de exactitud de concepto en lo relacionado, con la constancia de no existir otras cláusulas que amplíen o modifiquen lo inserto; sin embargo, cuando es una declaración abintestato, basta un testimonio en relación. Pero en cualquier caso ha de estar testimoniado; en otro caso, ha de acompañarse para inscribir la partición.

462.*** ESCRITURA DE RECONOCIMIENTO DE DOMINIO POR PACTO FIDUCIARIO. La escritura que reconoce la existencia de un pacto fiduciario basta para acreditar la representación indirecta subyacente en un negocio precedente y concordar la titularidad registral con la titularidad real.

463.** PROPIEDAD HORIZONTAL: USO TURÍSTICO. AMPLIACIÓN DE RESTRICCIONES ESTATUTARIAS. La mayoría de 3/5 de la Comunidad de Propietarios para limitar o prohibir la actividad de uso turístico de las viviendas SOLO cabe para estas limitaciones No para otras distintas en que será precisa la UNANIMIDAD.

464.** SEGREGACIÓN POR DEBAJO DE LA UNIDAD MÍNIMA. OPOSICION DE COLINDANTES EN EL ART. 199 LH. Las alegaciones de los colindantes en los expedientes del art. 199 han de estar documentadas y las dudas del registrador motivadas. En las divisiones por debajo de la UMC, el registrador debe notificar a la administración competente y si no contesta en el plazo de 4 meses inscribir.

465.* OPOSICIÓN DE COLINDANTE EN EXPEDIENTE DEL 199. ANOTACIÓN DE DEMANDA. La oposición documentada del colindante paraliza la inscripción de la base gráfica alternativa en el expediente del 199. La anotación de demanda exige Mandamiento Judicial que la ordene.

470.** PRÉSTAMO HIPOTECARIO A EMPLEADO, TRANSPARENCIA MATERIAL Y OFERTA VINCULANTE. En un préstamo hipotecario no sujeto a la LCCI, por ser los prestatarios empleados del banco, no se puede pedir la incorporación a la escritura de la oferta vinculante.

472.** DIVISIÓN HORIZONTAL y LICENCIA MUNICIPAL o CERTIFICADO DE ANTIGÜEDAD. Para constituir una finca en régimen de propiedad horizontal se necesita licencia municipal, o declaración de innecesariedad o acreditar la antigüedad de la existencia de la división horizontal con certificado de técnico, salvo que se esté ante alguna de las excepciones recogidas en el artículo 53 del Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio.

473.** RECTIFICACIÓN DE SUPERFICIE Y GEORREFERENCIACIÓN. ART. 199 LH. OPOSICIÓN DE COLINDANTES. Recuerda la doctrina el modo en que ha de tener lugar la calificación del registrador cuando se pretenda la inscripción de una representación gráfica.

474.* DESCRIPCIÓN DE FINCA DISCORDANTE DE LA QUE FIGURA EN EL REGISTRO. No cabe admitir un título en el que la finca se describe de forma discordante a la del registro. En la descripción ha de contener todas las circunstancias que la Ley y el Reglamento prescriben para los asientos.

476.*** ANOTACIÓN DE EMBARGO CAUTELAR SOBRE FINCA GANANCIAL SIN NOTIFICACIÓN AL CÓNYUGE DEL DEUDOR. El embargo cautelar es una figura distinta del embargo ejecutivo, y aunque recaiga sobre finca Ganancial, el 1º puede anotarse sin notificación al cónyuge, sin perjuicio de que sí deba notificársele en el momento de la ejecución.

477.** PARTICIÓN POR TUTOR. APROBACIÓN JUDICIAL. Tras la Ley 8/2021, de 2 de junio, el régimen previsto para la tutela en la redacción anterior se aplica ahora a la actuación del curador con funciones representativas: El art. 287 CC exige autorización judicial para aceptar la herencia pura y simplemente y el art. 289 CC sujeta la partición realizada a la aprobación judicial.

479.** DONACIÓN. TRACTO SUCESIVO. PRIORIDAD. Analiza el principio de prioridad y sus efectos con relación al orden de despacho, el rango de los derechos inscritos y también en relación con el modo de proceder respecto de los títulos anteriores presentados con posterioridad.

480.** HERENCIA. SUSTITUCIÓN VULGAR Y RENUNCIA. Junto al acta de notoriedad (art. 209 RN) se admiten otros medios para probar que el heredero sustituido no tiene descendientes, por ejemplo, su testamento, del que resulte que no tiene descendientes, o su declaración notarial de herederos ab intestato.

481.** NOVACIÓN DE HIPOTECA SIN AMPLIACIÓN SIN CONSTAR SI LA VIVIENDA ES O NO HABITUAL. No es exigible en la novación la constancia del carácter de vivienda habitual de la finca hipotecada.

482.** SEGREGACIÓN ANTIGUA SIN LICENCIA DE FINCA RÚSTICA: TÍTULO HABILITANTE. Para inscribir una segregación de finca rústica por antigüedad y SIN licencia es preciso un “Título Administrativo habilitante” (como una declaración de innecesaridad o de prescripción de acciones urbanísticas de restablecimiento) pero sin que por sí lo sea un mero informe técnico municipal.

483.** DISOLUCIÓN DE COMUNIDAD POR ADJUDICACIÓN DE CUOTAS A UN SOLO COMUNERO. Existe disolución de comunidad cuando los comuneros sobre una cosa indivisible adjudican a uno de ellos sus cuotas quien, en contraprestación por el exceso de adjudicación a su favor, abona a los otros una determinada cantidad de dinero.

RESOLUCIONES MERCANTIL

440.*** SOCIEDAD ANÓNIMA. AMPLIACIÓN DE CAPITAL MEDIANTE COMPENSACIÓN DE CRÉDITOS. DERECHO DE INFORMACIÓN. En un acuerdo de aumento de capital social por compensación de créditos de una sociedad anónima, el hecho de que no se haya hecho referencia en el anuncio de convocatoria a la existencia a disposición de los socios del informe del auditor de cuentas, no impide la inscripción del aumento.

444.*** ESTATUTOS SL. EFECTOS DE LA INSCRIPCIÓN. INTERPRETACIÓN DE LA CLÁUSULA RELATIVA A LA RETRIBUCIÓN DE LOS ADMINISTRADORES. Redactado un artículo de forma completa al modificar solo una de sus partes, no puede cuestionarse la parte no modificada, que ahora no sería inscribible por un cambio legislativo. Es inscribible una cláusula estatutaria que tras decir que los administradores son gratuitos por el ejercicio de su cargo, les atribuye una retribución por el ejercicio de otras prestaciones distintas de las indelegables o ajenas al cargo de administrador.

448.** CONSTITUCIÓN DE SL. OBJETO SOCIAL: COMERCIO AL POR MAYOR DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS. No es posible inscribir una sociedad de comercio al por mayor de productos farmacéuticos sin la obtención previa de autorización administrativa, estatal o autonómica.

449.** CIERRE REGISTRAL POR FALTA DE DEPÓSITO DE CUENTAS: FORMA DE CÓMPUTO DE LOS TRES EJERCICIOS NECESARIOS PARA LA REAPERTURA DE HOJA. El cierre registral por falta de depósito de cuentas se produce por el transcurso de un año desde el cierre del ejercicio. Por tanto, para la reapertura de hoja se requiere el depósito de tres ejercicios, respecto de los cuales se haya producido dicho cierre.

466.* LIQUIDACIÓN DE SOCIEDAD. REVOCACIÓN NIF. BAJA EN EL INDICE DE ENTIDADES JURÍDICAS. Teniendo la sociedad el NIF revocado y estando de baja en el Índice de Entidades, no es posible practicar inscripción alguna salvo las excepciones existentes para el caso de baja, sin que tenga trascendencia a estos efectos el que la escritura presentada sea consecuencia de una sentencia firme.

467.*** CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD LIMITADA. CLÁUSULA ESTATUTARIA SOBRE CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL. INTERPRETACIÓN DE ESTATUTOS. Es inscribible un artículo de los estatutos de una sociedad limitada en el que se dispone, sobre la forma de convocar la junta general, que será mediante “burofax o carta remitida por correo certificado con acuse de recibo”, al estimar que el acuse de recibo se refiere tanto a la carta certificada como al burofax.

468.*** SOCIEDAD LIMITADA. OBJETO RELATIVO A LOS JUEGOS Y APUESTAS. RECURSOS ACUMULADOS. Para la inscripción de una sociedad limitada cuyo objeto sea la comercialización de juegos, apuestas, loterías y otras actividades, gestionados y patrocinados por Loterías y Apuestas del Estado (LAE), junto a otros juegos compatibles, no es necesario citar la ley aplicable, ni tampoco que la sociedad no podrá iniciar sus actividades sin la obtención de autorizaciones o licencias y tampoco es necesario excluir las actividades sujetas a leyes especiales.

469.*** DEPÓSITO DE CUENTAS: NECESIDAD DE IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR REAL. ERROR EN LA NOTA DE CALIFICACIÓN. La necesidad de depósito en el Registro Mercantil del documento sobre titulares reales se basa en diversas disposiciones que confirman su legalidad, sin que la publicidad que pueda darse, ya debidamente regulada, afecte de ningún modo a la protección de datos de carácter personal.

475.** CONSIGNACIÓN DE MAYORÍAS. FORMA DE CONVOCATORIA JUNTA GENERAL. Deben consignarse con claridad las mayorías con que se adoptan los acuerdos sociales, sin que, salvo casos excepcionales, puedan deducirse por el registrador de los términos en que se redacte la certificación de los acuerdos.

478.() CIERRE REGISTRAL POR BAJA PROVISIONAL EN EL ÍNDICE DE ENTIDADES AEAT. CESE DE ADMINISTRADOR. Si la sociedad está dada de baja en el Índice de Entidades de la AEAT, no puede inscribiré el cese de un administrador.

484.⇒⇒⇒ CONSTITUCIÓN DE SL. OBJETO SOCIAL SOBRE CREACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE CRIPTOMONEDAS. No es posible constituir una sociedad con objeto relativo a la inversión, gestión y explotación de negocios relacionados con monedas virtuales o criptoactivos, ni el asesoramiento, comercialización, implementación y mantenimiento de proyectos (…) en el ámbito de la generación, e intercambio de monedas digitales sin el previo registro de la sociedad en el Registro del Banco de España constituido al efecto.

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Separata del Fichero-Índice de Juan Carlos Casas: Noviembre 2021

Admin, 16/01/2022

SEPARATA DEL ÍNDICE DE JUAN CARLOS CASAS SÓLO CON RESOLUCIONES PUBLICADAS EN EL BOE DURANTE NOVIEMBRE 2021

(Juan Carlos Casas Rojo. registrador de Cádiz)

 

El texto de este archivo se ha incorporado a los FICHEROS GENERALES.

I) RESOLUCIONES PROPIEDAD

II) RESOLUCIONES MERCANTIL

ENLACES 

 

I. RESOLUCIONES PROPIEDAD
ANOTACIÓN PREVENTIVA

Anotación de embargo de derecho hereditario. Para anotar el embargo del derecho hereditario en la herencia de su causante deberá de acreditarse la condición de heredero del titular registral. R. 2 de noviembre de 2021

Anotación de sentencia. Falta de claridad en cuanto a los asientos a practicar. Todos los documentos –incluidos los judiciales- que van a provocar un asiento registral (aunque sea provisional como una anotación) deben expresar con claridad los asientos a practicar y el contenido de los mismos, de manera que queden sus contornos perfectamente delimitados de tal modo que cualquiera que adquiera confiando en los pronunciamientos tabulares conozca la extensión, alcance y contenido del derecho inscrito. R. 10 de noviembre de 2021

ANOTACIÓN DE EMBARGO

Anotación de embargo en procedimiento contra la herencia yacente. Cuando se demanda a una herencia yacente caben dos posibilidades: que se conozca o se tengan indicios de la existencia de concretas personas llamadas a la herencia, en cuyo caso habrá de dirigirse la demanda contra estos herederos, previa averiguación de su identidad y domicilio; o que no se tenga indicio alguno de la existencia de herederos interesados en la herencia yacente (casos de personas que han fallecido sin testamento y sin parientes conocidos con derecho a la sucesión intestada). R. 14 de octubre de 2021

ARRENDAMIENTOS

Ejecución de hipoteca, inscrito arrendamiento posterior de local de negocio. Manifestación sobre libertad de arrendamientos. Ejecutada una hipoteca, ha de cancelarse un arrendamiento urbano inscrito posteriormente. En este caso, la DG considera que no es precisa la declaración de estar el local libre de arrendamientos. R. 3 de noviembre de 2021

Elevación a público de contrato de subarriendo. Duración. Principio de especialidad. R. 28 de octubre de 2021

ASIENTOS REGISTRALES

Asientos ya practicados. Practicada la inscripción, no puede instarse recurso gubernativo (ante DGRN) para su cancelación por nulidad ni por otras causas, sin el consentimiento del titular o resolución judicial. R. 6 de octubre de 2021

CALIFICACIÓN REGISTRAL

Cancelación de inscripción de adjudicación por sentencia judicial. Tracto sucesivo. Naturaleza del defecto. No procede la inscripción de una sentencia en cuyo procedimiento ha sido demandada persona distinta del titular registral. El defecto se ha de estimar subsanable. R. 15 de octubre de 2021

Concurso de acreedores. Cancelación de hipotecas. Calificación registral de documentos judiciales. Si en el procedimiento judicial se ha considerado que se habían cumplido los requisitos que la Ley Concursal prevé para que se pueda llevar a cabo la cancelación de las hipotecas existentes sobre la finca, entendiendo que los acreedores con privilegio especial afectados han tenido la intervención adecuada en el proceso concursal, excede de las facultades de calificación que el art. 100 RH otorga a los registradores, el discrepar de esta valoración y entender incumplidos dichos requisitos. R. 13 de octubre de 2021

Motivación. La nota está fundamentada cuando expresa con claridad los defectos y se mencionan los preceptos legales en que se fundan. R. 25 de octubre de 2021

Motivación de la calificación y responsabilidad del registrador. Nueva calificación. La calificación tiene que ser global, unitaria y estar motivada para que el interesado conozca los defectos alegados y pueda recurrir. Si es incompleta, el registrador debe emitir una nueva calificación, sin perjuicio de su responsabilidad. R. 14 de octubre de 2021

Motivación de la calificación. Si la calificación está insuficientemente motivada que no permita identificar el defecto, debe el registrador emitir otra aun fuera de plazo. R. 4 de noviembre de 2021

CANCELACIÓN

Cancelación de censo enfitéutico por instancia privada. El verdadero propietario de la finca es el titular del dominio directo, por lo que lo que en su caso puede cancelarse por caducidad legal (si se cumplieran los plazos) es el gravamen o dominio útil, no el directo, que es lo que se solicita. R. 27 de octubre de 2021

Cancelación de embargo en virtud de resolución judicial firme «a efectos registrales» No pueden cancelarse las anotaciones de embargo sino en virtud de una resolución judicial firme, sin que sea suficiente la expresión “firme a efectos registrales”, que no es viable en el sistema procesal e hipotecario español. R. 25 de octubre de 2021

Cancelación de hipoteca por instancia privada:

Ámbito de los arts 82.5 y 210.1.8ª LH. El art. 82.5 LH se aplica solo a hipotecas y condiciones resolutorias en garantía del precio aplazado, reconoce legitimación al titular registral de cualquier derecho sobre la finca afectada, se basa en la institución de la prescripción y aplica sus plazos, y presupone que el plazo de cumplimiento conste en el Registro; b) El art. 210 extiende la legitimación a «cualquier interesado», es un supuesto de caducidad de asientos con plazos propios, tiene un ámbito mayor al referirse a cualesquiera otras formas de garantía con efectos reales, y presupone que no conste el plazo de cumplimiento. R. 4 de octubre de 2021

Cancelación de inscripción de adjudicación por sentencia judicial. Tracto sucesivo. Naturaleza del defecto. No procede la inscripción de una sentencia en cuyo procedimiento ha sido demandada persona distinta del titular registral. El defecto se ha de estimar subsanable. R. 15 de octubre de 2021

Cancelación de inscripción por sentencia judicial. En los documentos judiciales se han de identificar suficientemente los asientos a cancelar, sin que pueda ser completado mediante una instancia privada. R. 15 de octubre de 2021

Concurso de acreedores. Cancelación de hipotecas. Calificación registral de documentos judiciales. Si en el procedimiento judicial se ha considerado que se habían cumplido los requisitos que la Ley Concursal prevé para que se pueda llevar a cabo la cancelación de las hipotecas existentes sobre la finca, entendiendo que los acreedores con privilegio especial afectados han tenido la intervención adecuada en el proceso concursal, excede de las facultades de calificación que el art. 100 RH otorga a los registradores, el discrepar de esta valoración y entender incumplidos dichos requisitos. R. 13 de octubre de 2021

Ejecución de carga urbanística. Cancelación de hipoteca anterior a la anotación de embargo. La aprobación definitiva del proyecto de equidistribución da lugar al nacimiento de las fincas de resultado que, desde ese mismo momento, se afectan al pago de los gastos de urbanización en la proporción que individualmente les corresponda. Necesidad de notificaciones a los acreedores intermedios. R. 5 de octubre de 2021

Nulidad de compraventa. No cabe cancelar una hipoteca inscrita tras compraventa declarada nula en sentencia criminal sin que conste que el acreedor hipotecario (préstamo para financiar la adquisición) haya podido intervenir y efectuar alegaciones en el procedimiento. R. 26 de octubre de 2021

Solicitud de cancelación de nota marginal de referencia. Cancelada una anotación preventiva en una finca independiente que provocó una nota de referencia en la finca matriz procedería hacer una nueva que indique que se ha cancelado la anotación preventiva a que la nota se refiere. R. 6 de octubre de 2021

CATALUÑA

Competencia para resolver recursos mixtos. La competencia para resolver los recursos mixtos (con base en parte en el derecho estatal), corresponde a la DG. R. 5 de octubre de 2021

Compraventa de vivienda Cataluña sin manifestación específica sobre su carácter no familiar. No es admisible, por genérica, la manifestación de que la parte vendedora no se encuentra «en situación alguna que implique la necesidad legal de recabar el consentimiento ajeno para esta operación». R. 5 de octubre de 2021

CAUSA

Partición hereditaria: En toda partición debe quedar constancia de la participación que corresponde a los herederos en el caudal hereditario y de las adjudicaciones que se les hacen en pago de la misma. El negocio particional no puede justificar cualquier transmisión patrimonial si no está causalizada. R. 4 de octubre de 2021

CENSO ENFITÉUTICO

Cancelación de censo enfitéutico por instancia privada. El verdadero propietario de la finca es el titular del dominio directo, por lo que lo que en su caso puede cancelarse por caducidad legal (si se cumplieran los plazos) es el gravamen o dominio útil, no el directo, que es lo que se solicita. R. 27 de octubre de 2021

COMPRAVENTA

Compraventa. NIF del cónyuge del adquirente. No es necesario aportar el NIF del cónyuge no compareciente del comprador que compra para la sociedad de gananciales. R. 25 de octubre de 2021

Nulidad de compraventa. No cabe cancelar una hipoteca inscrita tras compraventa declarada nula en sentencia criminal sin que conste que el acreedor hipotecario (préstamo para financiar la adquisición) haya podido intervenir y efectuar alegaciones en el procedimiento. R. 26 de octubre de 2021

CONCURSO DE ACREEDORES

Concurso de acreedores. Cancelación de hipotecas. Calificación registral de documentos judiciales. Si en el procedimiento judicial se ha considerado que se habían cumplido los requisitos que la Ley Concursal prevé para que se pueda llevar a cabo la cancelación de las hipotecas existentes sobre la finca, entendiendo que los acreedores con privilegio especial afectados han tenido la intervención adecuada en el proceso concursal, excede de las facultades de calificación que el art. 100 RH otorga a los registradores, el discrepar de esta valoración y entender incumplidos dichos requisitos. R. 13 de octubre de 2021

Liquidación de sociedad ya extinguida por concurso «sin masa». En una SL extinguida por concurso por insuficiencia de bienes («concurso sin masa»), pero con algún terreno de escaso valor (tenido en cuenta por el Juez concursal), puede adjudicarse a los socios aun después de cerrada la hoja en el Rº mercantil, pero siendo necesario el nombramiento de un liquidador por los propios socios. R. 4 de octubre de 2021

DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO

Herencia de causante andorrano. Es necesaria la copia autentica del título sucesorio. R. 3 de noviembre de 2021

DOCUMENTOS

Cancelación de inscripción por sentencia judicial. En los documentos judiciales se han de identificar suficientemente los asientos a cancelar, sin que pueda ser completado mediante una instancia privada. R. 15 de octubre de 2021

Sustitución vulgar: acreditación fehaciente de sus presupuestos y sustitutos. Los presupuestos de la sustitución vulgar y la identidad de los sustitutos deben acreditarse fehacientemente y no mediante fotocopias, aunque éstas se hayan aportado en sede judicial (y menos en una homologación de acuerdo transaccional). R. 15 de octubre de 2021

DOCUMENTOS JUDICIALES

Acuerdo transaccional. Régimen económico matrimonial y divorcio. Puede inscribirse una adjudicación en pago de una finca privativa (adquirida pro indiviso en separación de bienes) presentando el auto de homologación de la transacción fundada en sentencia previa de divorcio. R. 14 de octubre de 2021

Cancelación de embargo en virtud de resolución judicial firme «a efectos registrales» No pueden cancelarse las anotaciones de embargo sino en virtud de una resolución judicial firme, sin que sea suficiente la expresión “firme a efectos registrales”, que no es viable en el sistema procesal e hipotecario español. R. 25 de octubre de 2021

DIVORCIO

Acuerdo transaccional. Régimen económico matrimonial y divorcio. Puede inscribirse una adjudicación en pago de una finca privativa (adquirida pro indiviso en separación de bienes) presentando el auto de homologación de la transacción fundada en sentencia previa de divorcio. R. 14 de octubre de 2021

FINCA

Constitución de servidumbre. Descripción por remisión a un plano. En la constitución de las servidumbres, para su acceso al registro, deben estar identificados sin ninguna duda los predios dominante y sirviente; Igual ocurre con su contenido, alcance, lugar por donde discurre y demás especificaciones, sin que quepa su determinación exclusivamente por remisión a un plano. R. 26 de octubre de 2021

Declaración de derribo. Principio de rogación. Presunciones. La presentación de un documento supone la solicitud de registración de todos los asientos que a juicio del registrador sean practicables, sin formalismos adicionales al principio de rogación. El consentimiento del titular colindante se presume prestado, si el dueño de esa finca es el mismo que el de finca cuya descripción se modifica. R. 14 de octubre de 2021

Declaración de obra nueva. Previa inscripción de la representación gráfica de la finca. Es exigible la inscripción de la representación gráfica catastral de la finca para inscribir una declaración de obra nueva terminada por el solo hecho de que las coordenadas la sitúen junto a sus lindes, aunque el registrador no alegue dudas fundadas de extralimitación. R. 10 de noviembre de 2021

Expediente notarial de rectificación descriptiva. Nueva georreferenciación tras oposición de colindantes. No procede el archivo de las actuaciones cuando, a consecuencia de la oposición de dos colindantes, se modifica la representación gráfica y estos no se oponen a la modificación tras serles notificada de nuevo. No se requiere la notificación a los colindantes no afectados por la modificación. R. 26 de octubre de 2021

Georreferencia. No es preciso georreferenciar la parte de la finca afectada por un derecho de superficie. R. 8 de noviembre de 2021

Inmatriculación de finca cuya georreferenciación catastral desplazada invade el dominio público. La posible invasión del dominio público debida a un desplazamiento en la georreferenciación catastral no impide la inmatriculación de un inmueble. Se inscribirá la medición técnica alternativa con las coordenadas correctas y la finca quedará en situación de precoordinada pendiente de ajuste por desplazamiento. R. 4 de noviembre de 2021

Inscripción de representación gráfica alternativa. Posible invasión de dominio público y de fincas colindantes. La simple oposición de la Administración y de los titulares catastrales es suficiente para denegar la inscripción de una representación gráfica alternativa a la catastral con la consiguiente rectificación de superficie, sin necesidad de justificación. R. 5 de octubre de 2021

Inscripción de representación gráfica alternativa. Oposición de colindantes. La oposición de los colindantes durante la tramitación del expediente del art. 199, es suficiente para que el registrador deniegue la inscripción de la representación gráfica, pues solo debe apreciar si la documentación en que se basa la oposición es adecuada para ello. R. 2 de noviembre de 2021

Inscripción de representación gráfica catastral con oposición de colindante que tiene inscrita la representación gráfica de su finca. no es inscribible la representación gráfica catastral cuando, en la tramitación del expediente del art. 199, hay oposición del titular registral de una finca colindante que tiene inscrita una representación gráfica catastral no coincidente con aquella. R. 4 de noviembre de 2021

Inscripción de representación gráfica catastral. La sola oposición de la Administración a la rectificación de superficie por posible invasión del dominio público es suficiente para que el registrador deniegue la inscripción de la representación gráfica catastral. R. 13 de octubre de 2021

Reparcelación afectando también a fincas de otro término municipal. Una reparcelación referida a un solo termino municipal, no puede provocar la rectificación del Registro, modificando la adscripción de fincas que, según el mismo, pertenecen a otro termino municipal. R. 5 de octubre de 2021

FISCAL

Plusvalía Barcelona. En Barcelona en las transmisiones de inmuebles cuanto sean onerosas, basta comunicación al Ayuntamiento para levantar el cierre registral por la plusvalía. R. 25 de octubre de 2021

Venta por administración de herencia de causante alemán. Liquidación del impuesto. Corresponde a la Administración Tributaria competente decidir si hay prescripción o no del impuesto. R. 27 de octubre de 2021

HERENCIA

Adjudicación sujeta sustitución fideicomisaria inscrita. Pretensión de rectificación. Interpretada erróneamente como sustitución fideicomisaria una clausula testamentaria, la rectificación del error de concepto reflejado en el asiento registral, que está bajo la salvaguarda de los tribunales, exige el consentimiento de los supuestos fideicomisarios o decisión judicial. R. 5 de octubre de 2021

Anotación de embargo de derecho hereditario. Para anotar el embargo del derecho hereditario en la herencia de su causante deberá de acreditarse la condición de heredero del titular registral. R. 2 de noviembre de 2021

Anotación de embargo en procedimiento contra la herencia yacente. Cuando se demanda a una herencia yacente caben dos posibilidades: que se conozca o se tengan indicios de la existencia de concretas personas llamadas a la herencia, en cuyo caso habrá de dirigirse la demanda contra estos herederos, previa averiguación de su identidad y domicilio; o que no se tenga indicio alguno de la existencia de herederos interesados en la herencia yacente (casos de personas que han fallecido sin testamento y sin parientes conocidos con derecho a la sucesión intestada). R. 14 de octubre de 2021

Herencia de causante andorrano. Es necesaria la copia autentica del título sucesorio. R. 3 de noviembre de 2021

Sentencia de usucapión contra la herencia yacente. La sentencia de usucapión debe expresar todas las circunstancias (identidad sujetos, finca, título…) necesarias para la inscripción. Si se dirige contra la herencia yacente debe notificarse a los presuntos herederos ignorados y también al Estado o CCAA llamados a la intestada. R. 25 de octubre de 2021

HIPOTECA

Apreciación abusividad cláusulas [momento devengo de los intereses de demora] Los Notarios y Registradores solo deben rechazar cláusulas abusivas que vulneren abiertamente una norma imperativa (sin necesidad de atender a las circunstancias del caso) o declaradas nulas por TS o inscritas en RCGC. R. 28 de octubre de 2021

Préstamo hipotecario concedido a empleado del banco hipotecando su pareja de hecho otra vivienda. Se ha de aplicar la LCCI a la hipotecante no deudora. R. 28 de octubre de 2021

Hipoteca. Manifestación de vivienda habitual. En las hipotecas sobre viviendas de personas físicas no basta expresar que no existen limitaciones dispositivas sobre las mismas, debiendo especificar si constituyen o no la “vivienda habitual” de alguno de los sujetos. R. 4 de noviembre de 2021

Vivienda familiar. En la Novación NO es preciso manifestar nada sobre el carácter de vivienda familiar habitual (ni confirmarlo). R. 28 de octubre de 2021

INCAPACIDAD

Partición con incapacitado sin aportar sentencia de incapacitación ni su inscripción en el registro civil. Para aprobar la partición de contador partidor dativo en la que está interesada persona con discapacidad, el notario ha de tener a la vista la decisión judicial para conocer su alcance y las facultades concedidas al representante. Para la inscripción en el Registro de la propiedad es necesario acreditar la inscripción en el Registro civil. R. 26 de octubre de 2021

INMATRICULACIÓN

Inmatriculación art. 205 LH. Dudas de identidad. Para denegar la Inmatriculación por doble titulación pública por dudas de identidad, éstas deben detallarse motivadamente en la calificación. R. 26 de octubre de 2021

Inmatriculación art. 205 LH. La protección registral del dominio público se hace extensiva al no inscrito. R. 5 de octubre de 2021

Inmatriculación art. 205 LH. Análisis de la posibilidad de la inmatriculación siempre que el plazo de un año se cumpla con una transmisión anterior, de la cual traiga causa el transmitente inmediato. R. 5 de octubre de 2021

Inmatriculación art. 205 LH. Cuando se trata de obtener la inscripción del título, la copia autorizada del título previo no puede ser sustituida por un testimonio. R. 5 de octubre de 2021

Inmatriculación art 205 LH aportando un solo título traslativo. partición hereditaria: documentos complementarios. Al título particional se deben adjuntar para la inscripción, o relacionarse en el mismo, el título sucesorio, el certificado de defunción del causante y el certificado del Registro General de Actos de Última Voluntad. La inmatriculación del 205 LH exige dos títulos públicos. R. 27 de octubre de 2021

Inmatriculación de finca cuya georreferenciación catastral desplazada invade el dominio público. La posible invasión del dominio público debida a un desplazamiento en la georreferenciación catastral no impide la inmatriculación de un inmueble. Se inscribirá la medición técnica alternativa con las coordenadas correctas y la finca quedará en situación de precoordinada pendiente de ajuste por desplazamiento. R. 4 de noviembre de 2021

NOTAS MARGINALES

Solicitud de cancelación de nota marginal de referencia. Cancelada una anotación preventiva en una finca independiente que provocó una nota de referencia en la finca matriz procedería hacer una nueva que indique que se ha cancelado la anotación preventiva a que la nota se refiere. R. 6 de octubre de 2021

OBRA NUEVA

Declaración de obra nueva. Previa inscripción de la representación gráfica de la finca. Es exigible la inscripción de la representación gráfica catastral de la finca para inscribir una declaración de obra nueva terminada por el solo hecho de que las coordenadas la sitúen junto a sus lindes, aunque el registrador no alegue dudas fundadas de extralimitación. R. 10 de noviembre de 2021

PARTICIÓN HEREDITARIA

Causa: En toda partición debe quedar constancia de la participación que corresponde a los herederos en el caudal hereditario y de las adjudicaciones que se les hacen en pago de la misma. El negocio particional no puede justificar cualquier transmisión patrimonial si no está causalizada. R. 4 de octubre de 2021

Partición con incapacitado sin aportar sentencia de incapacitación ni su inscripción en el registro civil. Para aprobar la partición de contador partidor dativo en la que está interesada persona con discapacidad, el notario ha de tener a la vista la decisión judicial para conocer su alcance y las facultades concedidas al representante. Para la inscripción en el Registro de la propiedad es necesario acreditar la inscripción en el Registro civil. R. 26 de octubre de 2021

PODERES

Partición. Poder del propio protocolo. El art. 166 RN permite que no se exhiba al notario autorizante copia autorizada de la escritura de poder cuando la matriz se encuentra en su protocolo, pero debe expresarse que el apoderado se halla facultado para obtener copia del mismo y que no consta nota de su revocación. R. 27 de octubre de 2021

Reseña del poder no inscrito. La reseña de un poder no inscrito debe comprender también el título representativo del concedente del poder. R. 8 de noviembre de 2021

PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD

Anotación de sentencia. Falta de claridad en cuanto a los asientos a practicar. Todos los documentos –incluidos los judiciales- que van a provocar un asiento registral (aunque sea provisional como una anotación) deben expresar con claridad los asientos a practicar y el contenido de los mismos, de manera que queden sus contornos perfectamente delimitados de tal modo que cualquiera que adquiera confiando en los pronunciamientos tabulares conozca la extensión, alcance y contenido del derecho inscrito. R. 10 de noviembre de 2021

Elevación a público de contrato de subarriendo. Duración. Principio de especialidad. R. 28 de octubre de 2021

PRINCIPIO DE ROGACION

Declaración de derribo. Principio de rogación. Presunciones. La presentación de un documento supone la solicitud de registración de todos los asientos que a juicio del registrador sean practicables, sin formalismos adicionales al principio de rogación. El consentimiento del titular colindante se presume prestado, si el dueño de esa finca es el mismo que el de finca cuya descripción se modifica. R. 14 de octubre de 2021

PROCEDIMIENTOS

Anotación de embargo en procedimiento contra la herencia yacente. Cuando se demanda a una herencia yacente caben dos posibilidades: que se conozca o se tengan indicios de la existencia de concretas personas llamadas a la herencia, en cuyo caso habrá de dirigirse la demanda contra estos herederos, previa averiguación de su identidad y domicilio; o que no se tenga indicio alguno de la existencia de herederos interesados en la herencia yacente (casos de personas que han fallecido sin testamento y sin parientes conocidos con derecho a la sucesión intestada). R. 14 de octubre de 2021

PROCEDIMIENTO JUDICIAL DE EJECUCIÓN HIPOTECARIA

Ejecución de hipoteca, inscrito arrendamiento posterior de local de negocio. Manifestación sobre libertad de arrendamientos. Ejecutada una hipoteca, ha de cancelarse un arrendamiento urbano inscrito posteriormente. En este caso, la DG considera que no es precisa la declaración de estar el local libre de arrendamientos. R. 3 de noviembre de 2021

Ejecución simultánea de hipotecas sobre fincas diferentes. Cabe la acumulación de procedimientos hipotecarios en los que se ejecuten hipotecas distintas siempre que consten inscritas a favor del mismo acreedor, graven las mimas fincas y sean propiedad del mismo deudor. No impide la expedición de certificación de cargas la existencia de terceros poseedores o cotitulares o deudores que no hayan sido objeto de demanda. R. 2 de noviembre de 2021

PROCEDIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE EJECUCIÓN HIPOTECARIA

Venta extrajudicial. Certificación de dominio y cargas solicitada por quien no es titular de la hipoteca. Es correcta la suspensión de la práctica de la nota marginal y de la expedición de la certificación por no hallarse inscrita la hipoteca a favor del ejecutante. R. 25 de octubre de 2021

PROPIEDAD HORIZONTAL

Propiedad horizontal. Segregación sin acuerdo de la junta general existiendo cláusula estatutaria. Es válida y eficaz la cláusula de unos Estatutos de una Propiedad Horizontal, debidamente inscrita, que autoriza a los propietarios a realizar segregaciones sin necesidad del acuerdo de los 3/5 de propietarios y de cuotas que exige como regla general el art. 10.3.b LPH. R. 6 de octubre de 2021

Solicitud de cancelación de nota marginal de referencia. Cancelada una anotación preventiva en una finca independiente que provocó una nota de referencia en la finca matriz procedería hacer una nueva que indique que se ha cancelado la anotación preventiva a que la nota se refiere. R. 6 de octubre de 2021

Venta de cuota indivisa de local que atribuye utilización exclusiva de trastero. Se debe distinguir entre subcomunidad y comunidad funcional en la propiedad horizontal. La subcomunidad se refiere a elementos independientes de la división horizontal (viviendas y locales). La comunidad funcional sólo cabe en locales destinados a garajes o trasteros. R. 18 de octubre de 2021

RECTIFICACIÓN DEL REGISTRO

Adjudicación sujeta sustitución fideicomisaria inscrita. Pretensión de rectificación. Interpretada erróneamente como sustitución fideicomisaria una clausula testamentaria, la rectificación del error de concepto reflejado en el asiento registral, que está bajo la salvaguarda de los tribunales, exige el consentimiento de los supuestos fideicomisarios o decisión judicial. R. 5 de octubre de 2021

Rectificación de nota de oficina y de asientos practicados. No cabe recurso sobre la negativa del registrador a modificar el contenido de los asientos por una simple instancia. Tampoco sobre la petición de modificar el contenido de las notas de oficina. R. 27 de octubre de 2021

Reparcelación afectando también a fincas de otro término municipal. Una reparcelación referida a un solo termino municipal, no puede provocar la rectificación del Registro, modificando la adscripción de fincas que, según el mismo, pertenecen a otro termino municipal. R. 5 de octubre de 2021

RECURSO GUBERNATIVO

Asientos ya practicados. Practicada la inscripción, no puede instarse recurso gubernativo (ante DGRN) para su cancelación por nulidad ni por otras causas, sin el consentimiento del titular o resolución judicial. R. 6 de octubre de 2021

Competencia para resolver recursos mixtos. La competencia para resolver los recursos mixtos (con base en parte en el derecho estatal), corresponde a la DG. R. 5 de octubre de 2021

Competencia para resolver el recurso. Cataluña. R. 25 de octubre de 2021

Rectificación de nota de oficina y de asientos practicados. No cabe recurso sobre la negativa del registrador a modificar el contenido de los asientos por una simple instancia. Tampoco sobre la petición de modificar el contenido de las notas de oficina. R. 27 de octubre de 2021

REGIMEN ECONOMICO MATRIMONIAL

Legal. Cuando el régimen económico matrimonial sea el “legal”, entendido como supletorio, debe expresarse así en la escritura. R. 25 de octubre de 2021

REGISTRO CIVIL

Partición con incapacitado sin aportar sentencia de incapacitación ni su inscripción en el registro civil. Para aprobar la partición de contador partidor dativo en la que está interesada persona con discapacidad, el notario ha de tener a la vista la decisión judicial para conocer su alcance y las facultades concedidas al representante. Para la inscripción en el Registro de la propiedad es necesario acreditar la inscripción en el Registro civil. R. 26 de octubre de 2021

SEGREGACIÓN

Propiedad horizontal. Segregación sin acuerdo de la junta general existiendo cláusula estatutaria. Es válida y eficaz la cláusula de unos Estatutos de una Propiedad Horizontal, debidamente inscrita, que autoriza a los propietarios a realizar segregaciones sin necesidad del acuerdo de los 3/5 de propietarios y de cuotas que exige como regla general el art. 10.3.b LPH. R. 6 de octubre de 2021

SERVIDUMBRE

Constitución de servidumbre. Descripción por remisión a un plano. En la constitución de las servidumbres, para su acceso al registro, deben estar identificados sin ninguna duda los predios dominante y sirviente; Igual ocurre con su contenido, alcance, lugar por donde discurre y demás especificaciones, sin que quepa su determinación exclusivamente por remisión a un plano. R. 26 de octubre de 2021

Servidumbre y superficie. Los derechos de servidumbre y superficie no son incompatibles. R. 8 de noviembre de 2021

SUPERFICIE, DERECHO DE

Georreferencia. No es preciso georreferenciar la parte de la finca afectada por un derecho de superficie. R. 8 de noviembre de 2021

Servidumbre y superficie. Los derechos de servidumbre y superficie no son incompatibles. R. 8 de noviembre de 2021

SUSTITUCIÓN FIDEICOMISARIA

Adjudicación sujeta sustitución fideicomisaria inscrita. Pretensión de rectificación. Interpretada erróneamente como sustitución fideicomisaria una clausula testamentaria, la rectificación del error de concepto reflejado en el asiento registral, que está bajo la salvaguarda de los tribunales, exige el consentimiento de los supuestos fideicomisarios o decisión judicial. R. 5 de octubre de 2021

SUSTITUCIÓN VULGAR

Sustitución vulgar: acreditación fehaciente de sus presupuestos y sustitutos. Los presupuestos de la sustitución vulgar y la identidad de los sustitutos deben acreditarse fehacientemente y no mediante fotocopias, aunque éstas se hayan aportado en sede judicial (y menos en una homologación de acuerdo transaccional). R. 15 de octubre de 2021

TESTAMENTO

Interpretación de disposición testamentaria. El centro de gravedad de la interpretación radica en la fijación de la verdadera voluntad del testador. R. 14 de octubre de 2021

Interpretación de cláusula testamentaria. Todos los interesados en la sucesión, si fueren claramente determinados y conocidos, pueden interpretar el testamento como tengan por conveniente. Deben intervenir no sólo los herederos sino todos los que se vean afectados en sus derechos sucesorios por la interpretación que se haga. R. 21 de octubre de 2021

TITULAR REGISTRAL

Compraventa. NIF del cónyuge del adquirente. No es necesario aportar el NIF del cónyuge no compareciente del comprador que compra para la sociedad de gananciales. R. 25 de octubre de 2021

TÍTULO INSCRIBIBLE

Acuerdo transaccional. Régimen económico matrimonial y divorcio. Puede inscribirse una adjudicación en pago de una finca privativa (adquirida pro indiviso en separación de bienes) presentando el auto de homologación de la transacción fundada en sentencia previa de divorcio. R. 14 de octubre de 2021

TRACTO SUCESIVO

Cancelación de inscripción de adjudicación por sentencia judicial. Tracto sucesivo. Naturaleza del defecto. No procede la inscripción de una sentencia en cuyo procedimiento ha sido demandada persona distinta del titular registral. El defecto se ha de estimar subsanable. R. 15 de octubre de 2021

SOCIEDADES

Adjudicación de finca por liquidación de grupo sindical de colonización. Cabe la liquidación de bienes de un Grupo Sindical de Colonización, disuelto legalmente, realizada por el conjunto de sus miembros, siempre que demuestren que son los únicos. R. 11 de noviembre de 2021

Liquidación de sociedad ya extinguida por concurso «sin masa». En una SL extinguida por concurso por insuficiencia de bienes («concurso sin masa»), pero con algún terreno de escaso valor (tenido en cuenta por el Juez concursal), puede adjudicarse a los socios aun después de cerrada la hoja en el Rº mercantil, pero siendo necesario el nombramiento de un liquidador por los propios socios. R. 4 de octubre de 2021

URBANISMO

Ejecución de carga urbanística. Cancelación de hipoteca anterior a la anotación de embargo. La aprobación definitiva del proyecto de equidistribución da lugar al nacimiento de las fincas de resultado que, desde ese mismo momento, se afectan al pago de los gastos de urbanización en la proporción que individualmente les corresponda. Necesidad de notificaciones a los acreedores intermedios. R. 5 de octubre de 2021

Reparcelación afectando también a fincas de otro término municipal. Una reparcelación referida a un solo termino municipal, no puede provocar la rectificación del Registro, modificando la adscripción de fincas que, según el mismo, pertenecen a otro termino municipal. R. 5 de octubre de 2021

USUCAPIÓN

Sentencia de usucapión contra la herencia yacente. La sentencia de usucapión debe expresar todas las circunstancias (identidad sujetos, finca, título…) necesarias para la inscripción. Si se dirige contra la herencia yacente debe notificarse a los presuntos herederos ignorados y también al Estado o CCAA llamados a la intestada. R. 25 de octubre de 2021

VIVIENDA FAMILIAR

Claridad. La manifestación sobre que la vivienda no es la habitual de la familia debe ser clara y no genérica, imprecisa o ambigua. R. 25 de octubre de 2021

Compraventa de vivienda Cataluña sin manifestación específica sobre su carácter no familiar. No es admisible, por genérica, la manifestación de que la parte vendedora no se encuentra «en situación alguna que implique la necesidad legal de recabar el consentimiento ajeno para esta operación». R. 5 de octubre de 2021

Hipoteca. Manifestación de vivienda habitual. En las hipotecas sobre viviendas de personas físicas no basta expresar que no existen limitaciones dispositivas sobre las mismas, debiendo especificar si constituyen o no la “vivienda habitual” de alguno de los sujetos. R. 4 de noviembre de 2021

Vivienda familiar. En la Novación NO es preciso manifestar nada sobre el carácter de vivienda familiar habitual (ni confirmarlo). R. 28 de octubre de 2021

 

II. RESOLUCIONES MERCANTIL
DEPÓSITO DE CUENTAS

Auditoría voluntaria. Informe auditor. Aumento de capital con cargo a reservas. Aunque en el nombramiento de auditor se exprese que es con una finalidad determinada (aumento de capital), para el depósito de cuentas de la sociedad esa expresión debe ser indiferente y por tanto es necesario acompañar el informe del auditor al depósito por tratarse en definitiva de un auditor voluntario. R. 13 de octubre de 2021

ESTATUTOS

Estatutos SL: convocatoria de junta general sin la salvedad del art. 98 de la ley 3/2009. Si se regula en estatutos la forma de convocatoria de la junta, deben dejarse a salvo aquellos supuestos de convocatoria que se regulan en forma imperativa en la Ley, sea esa forma imperativa en cuanto a la forma de convocatoria o en cuanto a la antelación en la misma. R. 4 de octubre de 2021

JUNTA GENERAL

Estatutos SL: convocatoria de junta general sin la salvedad del art. 98 de la ley 3/2009. Si se regula en estatutos la forma de convocatoria de la junta, deben dejarse a salvo aquellos supuestos de convocatoria que se regulan en forma imperativa en la Ley, sea esa forma imperativa en cuanto a la forma de convocatoria o en cuanto a la antelación en la misma. R. 4 de octubre de 2021

Mutualidad de previsión social. Estatutos. Miembros de junta directiva y comisión de auditoría. En los estatutos de una mutualidad de previsión social puede establecerse que un tercio de los integrantes de su junta directiva no sean mutualistas, aunque es preciso fijar en estatutos el número exacto de sus miembros. Es necesario también que, en estas mutualidades, sujetas a auditoría obligatoria, se regule en estatutos la Comisión de Auditoría. R. 22 de octubre de 2021

ADMINISTRADORES

Inscripción de miembro de consejo de administración a persona física italiana: necesidad del NIE. Para la inscripción de un administrador de nacionalidad extranjera, sea o no comunitario, es necesario que el mismo esté dotado del correspondiente NIE. R. 27 de octubre de 2021

CAPITAL SOCIAL

Auditoría voluntaria. Informe auditor. Aumento de capital con cargo a reservas. Aunque en el nombramiento de auditor se exprese que es con una finalidad determinada (aumento de capital), para el depósito de cuentas de la sociedad esa expresión debe ser indiferente y por tanto es necesario acompañar el informe del auditor al depósito por tratarse en definitiva de un auditor voluntario. R. 13 de octubre de 2021

OBJETO SOCIAL

Objeto social: asesoramiento financiero. Interpretación de estatutos. No puede interpretarse que un objeto que comprende las palabras de “finanzas”, de “consultoría” e “inversión” es una sociedad de asesoramiento financiero y como tal sujeta a los requisitos de la Ley de Mercado de Valores. R. 10 de noviembre de 2021

REGISTRO MERCANTIL

Agrupación de interés económico. Actividad de la agrupación en relación a la actividad de los socios. Independencia del registrador. La actividad de una agrupación de interés económico debe ser auxiliar de las de sus socios, pero sin que tenga que tener una relación directa, pues esa relación puede ser indirecta. Es decir que la relación puede ser bien jurídica o simplemente económica. Lo que sí es necesario es expresar la actividad de los socios, sean estos personas físicas o jurídicas. R. 25 de octubre de 2021, R. 26 de octubre de 2021

SOCIEDAD LIMITADA

Estatutos: convocatoria de junta general sin la salvedad del art. 98 de la ley 3/2009. Si se regula en estatutos la forma de convocatoria de la junta, deben dejarse a salvo aquellos supuestos de convocatoria que se regulan en forma imperativa en la Ley, sea esa forma imperativa en cuanto a la forma de convocatoria o en cuanto a la antelación en la misma. R. 4 de octubre de 2021

Inscripción de miembro de consejo de administración a persona física italiana: necesidad del NIE. Para la inscripción de un administrador de nacionalidad extranjera, sea o no comunitario, es necesario que el mismo esté dotado del correspondiente NIE. R. 27 de octubre de 2021

Objeto social: asesoramiento financiero. Interpretación de estatutos. No puede interpretarse que un objeto que comprende las palabras de “finanzas”, de “consultoría” e “inversión” es una sociedad de asesoramiento financiero y como tal sujeta a los requisitos de la Ley de Mercado de Valores. R. 10 de noviembre de 2021

 

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Notas sobre las limitaciones de los pagos en efectivo.

Admin, 15/01/2022

NOTAS SOBRE LAS LIMITACIONES A LOS PAGOS EN EFECTIVO

Francisco Peral Ribelles, Notario de Alicante

19 de noviembre de 2012

NOTA DE 2021: VER MODIFICACIÓN POR LA LEY 11/2021, DE 9 DE JULIO (ANTIFRAUDE) QUE REDUCE LOS LÍMITES A 1.000 Y 10.000 EUROS.

     

La Ley 7/2012 de 29 de Octubre, sobre prevención del fraude fiscal ha establecido en su artículo 7 limitaciones a los pagos en efectivo. Dispone:

Artículo 7. Limitaciones a los pagos en efectivo.

Uno. Ámbito de aplicación.

  1. No podrán pagarse en efectivo las operaciones, en las que alguna de las partes intervinientes actúe en calidad de empresario o profesional, con un importe igual o superior a 2.500 euros o su contravalor en moneda extranjera.

No obstante, el citado importe será de 15.000 euros o su contravalor en moneda extranjera cuando el pagador sea una persona física que justifique que no tiene su domicilio fiscal en España y no actúe en calidad de empresario o profesional.

  1. A efectos del cálculo de las cuantías señaladas en el apartado anterior, se sumarán los importes de todas las operaciones o pagos en que se haya podido fraccionar la entrega de bienes o la prestación de servicios.
  2. Se entenderá por efectivo los medios de pago definidos en el artículo 34.2 dela Ley 10/2010 de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
  3. A efectos de lo dispuesto en esta ley, y respecto de las operaciones que no puedan pagarse en efectivo, los intervinientes en las operaciones deberán conservar los justificantes del pago, durante el plazo de cinco años desde la fecha del mismo, para acreditar que se efectuó a través de alguno de los medios de pago distintos al efectivo. Asimismo, están obligados a aportar estos justificantes a requerimiento dela Agencia Estatal de Administración Tributaria.
  4. Esta limitación no resultará aplicable a los pagos e ingresos realizados en entidades de crédito.

Dos. Infracciones y sanciones.

  1. Constituyeinfracción administrativa el incumplimiento de las limitaciones a los pagos en efectivo establecidos en al apartado uno anterior.

Desde el punto de vista notarial, la limitación a los pagos en efectivo nos afecta en dos aspectos: como Profesional, se aplica a los cobros de los honorarios profesionales, con la nueva obligación de conservar los justificantes del pago durante cinco años.  Y como Notario ante quien se otorgan escrituras.

A este punto nos referiremos a continuación, con una observación previa. El sujeto obligado a todo ello es el propio interviniente en la operación, no es el Notario. A diferencia de lo dispuesto en el artículo 177 del Reglamento Notarial en que se impone al Notario la obligación de identificar los medios de pago mediante declaraciones de las partes o testimonio de los cheques utilizados, ahora no se trata de identificar nada sino de que directamente está prohibido realizar cobros y pagos en metálico o con cheques bancarios al portador por encima de determinada cuantía cuando interviene un empresario/profesional. Es un sistema importado de Francia (3.000 euros ó 1.500 euros según los casos) e Italia (1.000 euros y turistas 15.000 euros).

En términos generales, la prohibición de pagos en efectivo cuando interviene un empresario/profesional como medida de prevención del fraude fiscal afecta a la totalidad de la actividad económica, a cualquier operación de la que deriven cobros y pagos, por cualquier concepto y respecto de toda clase de bienes y servicios, sin excepciones.

 

I.- PAGOS EN EFECTIVO.-

Esta limitación entra en vigor el día 19 de Noviembre de 2012, y por tanto a partir de ese mismo día 19 deben aplicarse en la Notaría.

Se aplica a todos los pagos en efectivo iguales o superiores a las cantidades que se dirán (2.500 euros ó 15.000 euros para pagadores que sean no residentes fiscales y no profesionales) derivados de operaciones en las que alguna de las partes intervinientes actúe en calidad de empresario o profesional.

Veamos los elementos de aplicación de esta limitación:

  1. Finalista.–  La finalidad de la limitación de pagos en efectivo es la prevención del fraude fiscal.  Expresamente la ley excluye los ingresos realizados en las entidades de crédito y los reintegros efectuados en los mismos. En general, los pagos y cobros realizados en entidades de crédito. 
  2. Temporal.-Se aplica a todos los pagos efectuados desde el 19 de Noviembre de 2012, aunque se refieran a operaciones concertadas con anterioridad al establecimiento de la limitación (D.F. 5ª).  Esto es, aunque el contrato u operación de la que deriven estos pagos se haya suscrito con anterioridad. Pero ¿qué ocurre con la formalización notarial actual de operaciones antiguas? Respecto de operaciones entre particulares, se formalizarán como hasta ahora, con identificación de los medios de pago si se trata de inmuebles. Respecto de operaciones en que intervenga un empresario o profesional,  los pagos en el momento de la formalización procedentes de operaciones anteriores no formalizadas están sujetos a la nueva limitación;  pero no así los pagos anteriores a la Ley. Habrá que explicar en la escritura que la operación que ahora se formaliza procede de operaciones anteriores y que el propio pago que ahora se consigna se realizó en fecha anterior a la ley. Nótese que se trata de empresarios o profesionales los cuales deben llevar la correspondiente documentación mercantil y fiscal (libros de comercio, libros de IVA, etc).
  3.  Objeto.-  Se aplica a cualquier “operación”; dada su finalidad parece que el concepto de operación se refiere a cualquier acto o negocio jurídico en el que intervengan pagos de dinero, cualquiera que sea su naturaleza jurídica, siempre que actúe un empresario o profesional y cualquiera que sea el objeto o materia del negocio. Es decir, todos los pagos entre un empresario/profesional con sus proveedores, con sus comisionistas o agentes, colaboradores, trabajadores y con sus clientes. Y desde el punto de vista del cliente consumidor, cualquier pago por la adquisición o utilización de bienes o servicios prestados de un empresario/profesional. 
  4.  Personas.– Se aplica cuando alguna de las partes intervinientes actúen en calidad de empresario o profesional. Veremos a continuación cómo se acredita esa circunstancia y como se combina con el objeto.

5.- Medios de pago limitados: Los del artículo 34. 2 de la Ley 10/2010 de blanqueo de capitales, esto es,  efectivo en moneda o billetes, cheques bancarios al portador y, en general cualquier medio de pago físico, incluido el electrónico, concebido para ser utilizado como medio de pago al portador. Usualmente en nuestro trabajo: efectivo o cheque al portador.  Si en una operación se utiliza metálico y cheque bancario al portador, se suman las cuantías de ambos medios para el cómputo de la franquicia.

  1. Cuantía.-Los pagos cuando interviene un empresario o profesional hasta 2.499,99 euros son libres sin limitación. Importe igual o superior a 2.500 euros en efectivo o cheque al portador quedan prohibidos, debiendo realizarse por alguno de los medios de pago distintos al efectivo.

    Por excepción, si el interviniente cumple los tres requisitos siguientes la cuantía aumenta hasta importe igual o superior a 15.000 euros, y son:

  1. Que el interviniente no sea empresario o profesional.
  2. Que el interviniente sea el pagador; no cabe que sea el cobrador o receptor del pago del bien o servicio.

iii. Que el interviniente sea no residente fiscal en España, lo que debe acreditarse con el certificado fiscal correspondiente. Digo que debe acreditarse porque el precepto emplea aquí la palabra “que justifique”, lo que implica que debe tener en su poder una acreditación de esa situación. Volveremos más tarde sobre esta cuestión.

Esto es, se aumenta la franquicia a las personas físicas privadas no residentes fiscales que adquieren un bien o servicio en España de un empresario o profesional.  Se trata de no perjudicar ni a la industria del turismo ni molestar al turista.

Como aclaración, la norma indica que “a efectos del cálculo de las cuantías señaladas se sumarán los importes de todas las operaciones o pagos en que se haya podido fraccionar la entrega de bienes o prestación de servicios”. A nuestro juicio, se calcula la franquicia por toda la operación con independencia del fraccionamiento de los pagos en la misma o distinta fecha (aplazamiento). Esto es, en total no se puede igualar ni menos superar los 2.500 euros o 15.000 euros por operación aunque genere varios pagos en distintas fechas. Por tanto, pagos inferiores a la franquicia que sean pagos parciales de una operación igual o superior están sujetos a la limitación y no pueden hacerse en efectivo. Pero una operación puede pagarse en parte en efectivo hasta la franquicia y el resto en otro medio de pago.

La limitación al pago en efectivo comprende cualquier concepto derivado de la operación, esto es, se suma el precio o valor  y el IVA.  Suman todos los importes pagados en efectivo por la operación. 

En cuanto al número de personas, estimo que la franquicia funciona por persona; las personas físicas o jurídicas son el centro de imputación de las relaciones jurídicas;  esto es, por persona que paga un bien o servicio titulado a su nombre o cuya factura se emite a su nombre; en el ámbito notarial, la franquicia funciona por adquirente del bien o servicio. Lo mismo en el ámbito de la representación voluntaria o legal. Una franquicia por persona representada.

En el ámbito del régimen económico matrimonial, entiendo que al tratarse de una norma fiscal relativa al pago habrá que estar al número de pagadores, cualquiera que sea su régimen económico matrimonial. Un esposo, un pago, una franquicia. No cabría un esposo, un pago y dos franquicias aunque el régimen matrimonial sea el de comunidad (salvo la representación voluntaria).

7.-  Forma de la operación.– La prohibición de pagos en efectivo se aplica cualquiera que sea la forma en que se documente la misma escritura pública, póliza, documento privado, factura, recibo, etc. Respecto de las pólizas nótese que su contenido son actos o contratos de carácter mercantil y financiero  propio del tráfico habitual y ordinario de uno de sus otorgantes, por lo que siempre estará en el ámbito de aplicación de la nueva  Ley, salvo que los pagos a realizar sean exclusivamente a pagos e ingresos en entidades de crédito.

¿A qué operaciones concretas se aplica?

Ya hemos visto que desde un punto de vista general, la limitación de pagos en efectivo se aplica a multitud de operaciones comunes de las personas, como son compras, alquileres, suministros,  de toda clase de bienes y servicios a las empresas y profesionales. Ahora bien, la pregunta desde el punto de vista de nuestra actividad diaria en el despacho  es a qué escrituras se aplica.

La contestación a esta pregunta es muy importante para el propio Notario. La razón es la siguiente: Ni hay un elenco tipificado de operaciones incluidas  ni cómo se acredita el carácter de empresario o profesional, pero sí hay una obligación del Notario en el art. 7.Cinco: “Cualquier autoridad o funcionario que en el ejercicio de sus competencias tenga conocimiento de algún incumplimiento de la limitación establecida en al apartado uno, lo deberá poner inmediatamente en conocimiento de los órganos de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.”.

A nuestro juicio, el hecho de que tenga que intervenir un empresario o profesional en el ejercicio de su actividad implica lo siguiente:

  1. Se aplicará siempre que actúe una sociedad sea civil o mercantil.
  2. No se aplicará a los casos de Herencia aunque haya diferencias en metálico; ni a las donaciones entre particulares.

iii. En general, tampoco se aplicará a los negocios jurídicos de derecho de familia  como es el otorgamiento de  capitulaciones matrimoniales. Por excepción,  en la liquidación de sociedades conyugales en que al menos uno de los esposos sea comerciante individual y existan pagos en metálico entre los esposos.

  1. En caso de otras personas jurídicas, por ejemplo Ayuntamiento, Diputación, Fundación, Asociación sin ánimo de lucro, etc, creo que se aplica la limitación por su finalidad, aunque técnicamente no sean empresarios o profesionales.
  2. Se aplicará a las compraventas de bienes inmuebles en que el vendedor o compradorsea una empresa inmobiliaria o en general una empresa cualquiera que sea su objeto social.
  3. En cuanto a las compraventas de participaciones sociales a mi juicio dependerá de que cada caso puesto que si compra un socio o un tercero participaciones sociales, en sí no estaríamos en el ámbito objetivo de la limitación, pero si compra una sociedad acciones o participaciones de otra, competidora o complementaria, probablemente sí estará incluida pues actúa una empresa en su actividad (adquiriendo partes de otra).
  4. Se aplicará a los préstamos hipotecarios sujetos ala Ley2/2009 de préstamos a consumidores, si la entrega del principal del préstamo por la entidad al consumidor se realiza en efectivo o cheques al portador.

vii. se aplicará a los reconocimientos de deuda entre empresas o profesionales, por ejemplo derivadas de su propia actividad entre ellas (proveedores/clientes).

En general la casuística nos irá diciendo, siempre bajo una premisa: mejor ser rigurosos en este punto dada la finalidad de prevenir el fraude fiscal y la obligación de información por parte del notario.

¿Quién es empresario o profesional?

La Ley 37/1992 de 28 de diciembre del Impuesto sobre el Valor Añadido determina el concepto de empresario o profesional del siguiente modo:

Artículo 5. Concepto de empresario o profesional.

  1. A los efectos de lo dispuesto en esta Ley, se reputarán empresarios o profesionales:
  2. Las personas o entidades que realicen las actividades empresariales o profesionales definidas en el apartado siguiente de este artículo.

No obstante, no tendrán la consideración de empresarios o profesionales quienes realicen exclusivamente entregas de bienes o prestaciones de servicios a título gratuito, sin perjuicio de lo establecido en la letra siguiente.

  1. Las sociedades mercantiles, salvo prueba en contrario.
  2. Quienes realicen una o varias entregas de bienes o prestaciones de servicios que supongan la explotación de un bien corporal o incorporal con el fin de obtener ingresos continuados en el tiempo.

En particular, tendrán dicha consideración los arrendadores de bienes.

  1. Quienes efectúen la urbanización de terrenos o la promoción, construcción o rehabilitación de edificaciones destinadas, en todos los casos, a su venta, adjudicación o cesión por cualquier título, aunque sea ocasionalmente.
  2. Quienes realicen a título ocasional las entregas de medios de transporte nuevos exentas del Impuesto en virtud de lo dispuesto en el artículo 25, apartados uno y dos de esta Ley.

Los empresarios o profesionales a que se refiere esta letra sólo tendrán dicha condición a los efectos de las entregas de los medios de transporte que en ella se comprenden.

  1. Son actividades empresariales o profesionales las que impliquen la ordenación por cuenta propia de factores de producción materiales y humanos o de uno de ellos, con la finalidad de intervenir en la producción o distribución de bienes o servicios.

En particular, tienen esta consideración las actividades extractivas, de fabricación, comercio y prestación de servicios, incluidas las de artesanía, agrícolas, forestales, ganaderas, pesqueras, de construcción, mineras y el ejercicio de profesiones liberales y artísticas.

A efectos de este impuesto, las actividades empresariales o profesionales se considerarán iniciadas desde el momento en que se realice la adquisición de bienes o servicios con la intención confirmada por elementos objetivos, de destinarlos al desarrollo de tales actividades, incluso en los casos a que se refieren las letras b, c y d del apartado anterior. Quienes realicen tales adquisiciones tendrán desde dicho momento la condición de empresarios o profesionales a efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido.

  1. Se presumirá el ejercicio de actividades empresariales o profesionales:
  2. En los supuestos a que se refiere el artículo 3 del Código de Comercio.
  3. Cuando para la realización de las operaciones definidas en el artículo 4 de esta Ley se exija contribuir por el Impuesto sobre Actividades Económicas.

Son, por tanto, empresarios las personas que por su cuenta ordenan medios materiales y/o humanos con el fin de producir o distribuir bienes o servicios para el mercado.  Más o menos así se ha definido en los manuales de derecho civil y mercantil. Quiero resaltar ahora dos actividades que quedan comprendidas en el ámbito de la ley: los autónomos y la actividad  agrícola y forestal dada la frecuencia de compraventas de bienes inmuebles rústicos (agrícolas y forestales) que se formalizan en los despachos notariales.  De modo que si vendedor o comprador tienen la condición de empresario agrícola los pagos derivados del contrato formalizado están sujetos a las limitaciones de esta ley.

¿Debe acreditarse la calidad de empresario o profesional?

Estimados que algo hay que decir en la escritura sobre la base de las manifestaciones de los intervinientes y de los documentos que se aporten según los casos. Siempre conforme a la Ley antiblanqueo de 2010 debe el notario adoptar las medidas para comprobar razonablemente la veracidad de la información.

Tratándose de sociedades civiles o mercantiles, incluidas las profesionales, basta con los documentos que aporten que acrediten su existencia, objeto y representación.

Tratándose de empresarios o profesionales personas físicas, estimamos que bastará su mera declaración acerca de su profesión o actividad y de las razones esgrimidas de sujeción a la Ley o no sujeción a la misma. Todo lo cual deberá quedar reflejado en la escritura.

Por ejemplo, un profesional que compra una vivienda a un particular y una parte del pago del precio es en efectivo metálico igual o superior a 2.500 euros. O que compra un local. Pues bien, en principio habrá que entender que la operación relativa al local está sujeta y la relativa a la vivienda que no lo está por el destino objetivo de la compra. Pero puede que la vivienda se destine a despacho. Por ello, todo ello habrá que explicarlo en la escritura a fin de dejar constancia de las razones de sujeción o no de la operación a la ley.

Y en todo caso, consignar una advertencia notarial en todos los supuestos dudosos, más o menos así:

Advertencia notarial.- Advierto a los intervinientes de la limitación legal a los pagos en efectivo conforme a la Ley 7/2012 de 29 de octubre, que su incumplimiento constituye infracción administrativa grave tanto para el adquirente que paga como para el vendedor que cobra, sancionable con multa pecuniaria proporcional del 25 por ciento de la cuantía pagada en efectivo, eludible por denuncia a la Agencia Estatal de Administración Tributario dentro de los tres meses siguientes.

¿Qué efectos produce su incumplimiento?

Civilmente, el pago en efectivo por encima de los límites cuantitativos es plenamente válido, eficaz y liberatorio de la deuda.

Fiscalmente, constituye una infracción administrativa grave tanto para el receptor como para el pagador, sancionable con multa proporcional pero importante.

Notarialmente,  el notario habrá intentado impedirla, pero, si no ha sido posible, su obligación es informar a la AEAT.

Registralmente, el incumplimiento no es causa de suspensión ni de denegación de la inscripción en los registros de la propiedad o mercantiles que proceda, sin perjuicio de la obligación del registrador de informar a la AEAT.

 

II.- OPERACIONES QUE NO PUEDEN PAGARSE EN EFECTIVO POR SOBREPASAR LOS LÍMITES.-

Para las operaciones que no se puedan pagar en efectivo por superar los límites antes indicados, los intervinientes deben conservar los justificantes del pago realizado por medio distinto al efectivo,  durante el plazo de cinco años desde la fecha del pago a disposición de la AEAT (art. 7.Uno.4).  No se trata de justificar el origen del dinero sino de conservar el justificante del pago: copia del cheque personal, cheque bancario nominativo, transferencia, traspaso, o cualquier otro medio de pago entre el empresario/profesional y el cliente.  Son dos las obligaciones: conservar los justificantes del pago y aportarlos a la Aeat a su requerimiento, lo que en realidad es una, aportarlos a su requerimiento a la Aeat cualquiera que sea quien los guarde. Se trata de los justificantes de los cheques bancarios nominativos, de los cheques personales nominativos o al portador, de las transferencias, traspasos, domiciliaciones,  resguardos de las tarjetas de crédito,  duplicados bancarios de todo ello o cualquier justificante del medio de pago utilizado, normalmente será bancario de los cobros o adeudos.

Queda claro que no es una obligación del notario o de la escritura conservar los justificantes del pago sino que es obligación de los intervinientes, de los dos (pagador/cobrador) o de los varios que existan. Subrayo que tiene que tratarse de operaciones en que, al menos, una de las partes actúe en su condición de empresario o profesional. Esta obligación no pesa sobre las personas físicas particulares en relación con las operaciones o contratos que realicen entre sí.

No obstante aunque no sea obligación notarial, estimo que si en la escritura quedan debidamente testimoniados los documentos justificativos el deber de los clientes de conservar los justificantes queda plenamente cumplido para todos los intervinientes, con seguridad y tranquilidad para todos. Nótese que no se trata de meramente de identificar los medios de pago sino además de conservarlos. Es decir, hay que conservar el justificante del medio de pago utilizado en cada ocasión, lo que supone que previamente se tiene que identificar cada pago con cada medio o pluralidad de ellos. Y tras la identificación entre pago/medio,  se ha de conservar el justificante.

En la práctica esto significa que tratándose de operaciones relativas a bienes inmuebles se ha de actuar como hasta ahora conforme al artículo 177 del Reglamento Notarial y los clientes, además, deben conservar los justificantes. Nada obsta a que se unan al protocolo tales justificantes o testimonio de los mismos.

Para las demás operaciones en que intervenga empresario/profesional, en la escritura se identificará pago/medio y los clientes deben conservar los justificantes o protocolizarlos en la forma vista.

Los justificantes serán en soporte papel, pero no veo inconveniente en otros sistemas como los informáticos siempre conforme a las leyes fiscales que regulan las facturas.

Respecto de las escrituras que formalicen ahora una operación antigua, si hubiera que realizar pagos después del 19 de Noviembre de 2012, estos pagos deben ajustarse a la limitación de la Ley 7/2012 y, por tanto, si exceden de los límites legales los intervinientes deben conservar los justificantes del medio de pago utilizado; los pagos realizados con anterioridad a la fecha 19 de noviembre de 2012, cualquiera que sea su fecha,  se continúan reseñando como hasta ahora sin necesidad de conservar justificante alguno, aunque, lógicamente, si se dispone de él no hay inconveniente alguno en consignarlo y protocolizarlo.

El incumplimiento de esta obligación por los clientes no es causa de denegar la actuación notarial, ni suspende ni impide la inscripción registral del documento notarial.

Sin perjuicio de que la infracción de la obligación de conservar y aportar justificantes sea la del artículo 203 de la Ley General Tributaria, Ley 58/2003 de 17 de diciembre, sancionable con multa pecuniaria, lo más importante del precepto es que establece que quien tiene que probar el pago por otros medios distintos del efectivo es el interviniente y si no lo prueba, la Aeat entenderá que se ha realizado en efectivo con contravención de la prohibición legal. Y sancionará.

 

 III.- SANCION.

El incumplimiento de la limitación a los pagos en efectivo constituye infracción administrativa grave, siendo responsables tanto el que cobra como el que paga y de forma solidaria, pudiendo la AEAT dirigirse indistintamente contra cualquiera de ellos o contra ambos.

La sanción es una multa pecuniaria proporcional del 25 por ciento de la base de la sanción, que es la cuantía pagada en efectivo.

No habrá lugar a responsabilidad por la infracción respecto de la parte que intervenga en la operación cuando denuncie ante la AEAT la operación realizada, su importe e identidad de la otra parte interviniente dentro de los tres meses siguientes a la fecha del pago prohibido. La denuncia que pudiera formular posteriormente la contraparte se entenderá no formulada. La denuncia simultánea no exonera a ninguno. La infracción prescribe a los cinco años desde su comisión.  La prueba por parte del denunciante del hecho del pago en efectivo no será fácil pues se trata de pago/cobro en efectivo del que normalmente no quedará rastro documental.

 

IV.- INFORMACION DEL NOTARIO A LA AEAT.-

Ya hemos visto el texto legal del artículo 7. Cinco que impone dicha obligación.

Entiendo que, a diferencia del blanqueo de capitales, aquí el Notario puede advertir al cliente de que tiene la obligación de información y de que va a informar efectivamente.

Este modo de proceder es preventivo porque la Ley no impone al Notario la obligación de denegar la función sino que dice que actúe e informe. Pero ¿cómo no informar previamente al cliente? El que este precepto obligue al notario a informar a la aeat nada tiene que ver con la obligación del notario en el ejercicio de sus competencias profesionales de informar y aconsejar a su cliente.  A mi modo de ver, debe prevalecer la función preventiva, de consejo notarial y configuradora de la voluntad conjunta negocial,  de forma que NO se documente una infracción flagrante de la Ley.

La información se refiere al incumplimiento de la limitación de pago en efectivo. Pero ¿se refiere también a la obligación de conservar a disposición de la Aeat? Aunque literalmente el precepto,  artículo 7. Cinco, se remite a “la limitación establecida en el apartado uno”, el cual comprende las dos obligaciones del interviniente en los números 1 y 4, a mi juicio no se refiere al incumplimiento de la obligación de conservación de los justificantes de  los demás medios de pago cuando se excede de la franquicia, por ser ésta una obligación del cliente posterior por así decirlo al acto o contrato formalizado ante el notario, que nace del propio pago y que el notario no puede controlar.  Lo dice en letra “uno” y no en número 1.

Basta un escrito dirigido a la AEAT de la provincia, a salvo lo que determine sobre competencias la disposición que se dicte en desarrollo de la Ley y se publique en el BOE, señalando los elementos personales intervinientes, identificación de la operación, naturaleza de la misma,  fecha, cuantía, etc, en general toda la información de que se disponga sobre la operación en especial el pago en efectivo o cheque bancario al portador.

La Ley dice poner en conocimiento de la AEAT inmediatamente,  lo que quiere decir al instante, al momento. Pero al instante, una vez se haya comprobado el incumplimiento de la limitación con el examen atento de la operación en su totalidad y se cumplimente el escrito, lo cual puede llevar varios días. Lo que quiere decir la Ley, a mi juicio, es sin dilaciones indebidas. Esperemos que esta nueva información se incluya en el Índice único sometida a los plazos del mismo.

El conocimiento de la operación por el notario no puede ser adjetivo sino que lo es “en el ejercicio de sus competencias”, esto es, cuando se otorgue una escritura u otro documento notarial.  Se trata de las operaciones que se formalicen en ese momento ante el Notario, sin que tenga la obligación de apreciar un posible incumplimiento derivado de un antetítulo. El notario debe informar de los incumplimientos de los que tenga conocimiento en el ejercicio de sus competencias al autorizar un acto o contrato de los que resulten pagos en efectivo, después del 19 de Noviembre de 2012.

 

V.-   CUESTIONES RELATIVAS A LOS NO RESIDENTES Y MOVIMIENTOS DE EFECTIVO.-

La aplicación de la Ley exige tratar su relación con el resto del ordenamiento jurídico, especialmente el relativo a las salidas y entradas de capital efectivo por frontera, movimientos dentro de España y su destino para pagos en España de inversiones extranjeras, préstamos u otras operaciones económicas.

i.- ¿Cómo afecta esta limitación a la obligación de comunicación por el modelo S-1?

Las personas físicas que por cuenta propia o de tercero realicen entrada o salida de España de medios de pago al portador, normalmente efectivo o cheques bancarios al portador,  por importe igual o superior a 10.000 euros o movimientos dentro de España de los mismos medios por importe igual o superior a 100.000 euros, están obligados a comunicarlos previamente a su realización a la Comisión de Prevención del blanqueo de capitales, mediante el correspondiente modelo S-1 suscrito por la persona que realice estos movimientos.

Todo ello se regula en el artículo 34 de la Ley 10/2010 de 28 de abril Ley antiblanqueo, la Orden EHA 1439/2006 de 3 de Mayo y Orden EHA 114/2008 de 29 de enero.

En principio, la Ley 7/2012 y las citadas son normativas con ámbitos de aplicación distintos, aunque superpuestos en cuanto intervenga un empresario/profesional.

Tratándose de transmisión de la propiedad y demás derechos reales sobre inmuebles, cuando intervengan sólo particulares se seguirá actuando como hasta ahora. El límite de los pagos  sin sobrepasar los 100.000 euros, sin necesidad de ninguna declaración. Igual o más allá de los cien mil euros, se seguirá exigiendo el modelo S1 y se incorporará al protocolo en la forma ordinaria.

Por el contrario, cuando  la operación citada sea entre cliente particular y empresario/profesional, es aplicable la nueva franquicia de no alcanzar los 2.500 euros. De modo que queda prohibido pagos en efectivo iguales o superiores a 2.500 euros. Todo ello sin perjuicio de que los movimientos físicos de dinero o cheques bancarios al portador, entrando o saliendo de España o dentro de España, realizados por empresarios/profesionales  sigan con los límites citados de 10.000 0 100.000 euros y la obligación de declaración previa con el modelo S1.

ii.- ¿Cómo afecta esta limitación a los pagos en efectivo entre residentes/no residentes en España?  

Los pagos en efectivo entre personas residentes y no residentes en España desde el punto de vista de los movimientos de capital se encuentran regulados en el artículo 7 del RD 1816/1991 de 20 de diciembre, sin distinción entre particulares y empresarios/profesionales. Son libres se efectúen en España o en el extranjero; tan sólo cuando su importe es superior a 6.010,12 euros (un millón de pesetas) debe comunicarse por el residente al Banco de España a través de la entidades registradas mediante la entrega debidamente cumplimentado del modelo B3.

Esta norma se aplica a los residentes/no residentes en España que acreditan su residencia/no residencia en la forma establecida en el artículo 2 del citado RD 1816/1991, modificado por RD 1360/2011 de 7 de Octubre.

Por tanto, cuando intervengan residentes/no residentes habrá que aplicar conjuntamente ambas normativas como veremos a continuación, el RD 1816/1991 y Ley 7/2012.

Pero antes de ello, la nueva Ley 7/2012 ha ampliado la cuantía de la franquicia hasta los 15.000 euros cuando el pagador sea el adquirente del bien o servicio, persona física no empresario/profesional y no tenga domicilio fiscal en España.

La residencia fiscal de las personas físicas se regula en el artículo 9 de la Ley 35/2006 del Impuesto sobre la renta, que contempla tres circunstancias para determinar la residencia fiscal en España: la permanencia más de la mitad de 183 días durante el año natural en España, cuyo cómputo puede incluir las ausencias esporádicas; la ubicación en España del núcleo principal o centro de  intereses económicos; y la presunción de residencia en España cuando la tengan el cónyuge no separado y los hijos menores. Por tanto, una persona no tiene su domicilio fiscal en España cuando no cumple ninguna de las tres circunstancias reseñadas.

La libertad de movimientos de capital entre residentes y no residentes, con muy limitadas excepciones y especialmente la libertad de inversiones extranjeras en España y españolas en el exterior, con un alto grado de cumplimiento ha producido el efecto de trasladar la problemática no tanto a la posibilidad y forma de realizar tales movimientos u operaciones (que era lo que preocupaba cuando estaban prohibidas o sujetas a autorización o verificación), que ya es totalmente libre,  sino a los efectos de esa libertad de transacciones, efectos fiscales de esas transacciones libres y efectos de blanqueo que pudieran producir esas transacciones libres.  Esto hace que ya no sea tan importante si una determinada persona es residente o no residente en el ámbito administrativo porque civilmente todo es libre. Desde el punto de vista humano, habrá un incumplimiento de la Ley de Extranjería con las consecuencias que ello traiga consigo en el ámbito personal. Pero en el ámbito económico todo es libre, se sea residente regular, residente irregular o no residente.

En el ámbito fiscal en que se mueve la Ley que comentamos, a estos efectos interesa el domicilio o residencia fiscal fuera de España.  El problema hace tránsito al modo de acreditar esa circunstancia y cuándo y ante quién ha de justificarse.  Como hemos visto anteriormente el precepto comentado para aumentar la franquicia pide que el pagador justifique que no tiene su domicilio fiscal en España.

El domicilio fiscal fuera de España se acredita con certificado expedido por la autoridad fiscal del país de residencia de la persona.  Pero ¿cabe otra forma?  La literatura fiscalista en relación a la acreditación de la residencia fiscal admite  medios de prueba distintos; lo mismo la jurisprudencia al señalar que el contribuyente puede aportar pruebas suficientes para acreditar los hechos o realidad fáctica: que vive en tal país, que se tiene su actividad económica en tal país, etc.  Lo que ocurre es que todo ello sucede en un procedimiento entre la administración tributaria y el contribuyente. Pero en nuestro caso no es así. Nos encontramos en el momento de la operación, no años después dentro de una discusión en un procedimiento económico-administrativo o judicial.

A efectos notariales de autorizar el documento, entiendo que el cliente pagador, sea español o extranjero, debe justificar que no tiene su domicilio fiscal en España, por alguno de los siguientes medios:

.certificación expedida por las autoridades fiscales del país de su residencia.

.declaración en la que manifieste que es residente fiscal en otro estado, indicando ese País, que no dispone de establecimiento permanente en España y que asume el compromiso de comunicar cualquier alteración de estas  circunstancias a la AEAT.

Es lo que ha dispuesto la reforma del artículo 2 del RD 1816/1991. La no residencia administrativa puede acreditarse con el certificado de residencia fiscal en otro país o mediante la declaración de residencia fiscal en otro Estado. Es decir, el propio legislador a efectos de acreditar la no residencia equipara dos situaciones que producen el mismo efecto de justificación: el certificado y la declaración. Ese mismo criterio creo se puede aplicar a nuestro caso. De lo contrario, la exigencia de la “justificación” siempre con certificado expedido por la autoridad fiscal extranjera impedirá de hecho la ampliación de la franquicia y la finalidad de facilitar el turismo. Es evidente que si el cliente pagador tuviera finalmente su domicilio fiscal en España incurrirá en infracción administrativa sancionable.

La justificación de su domicilio fiscal fuera de España por el cliente debe realizarse en el momento del pago del efectivo y ante la contraparte empresario/profesional que cobra en efectivo. Además si la operación se formaliza en escritura pública ante notario, estimo que debe acreditarse igualmente el domicilio ante el propio notario para evitar la información a la Aeat en la propia escritura incluyendo los pagos en efectivo efectuados con anterioridad y los efectuados de contado.

Veamos ahora los distintos casos tomando como ejemplo la compraventa.

  1. Vendedor No residente particular / Comprador residente particular. El pago en efectivo o en cheque bancario al portador:

.Sin alcanzar los 2.500 euros, el cobro es libre sin más.

.Desde 2.500 euros inclusive hasta 6.010,12 euros, el cobro es libre sin más.

.Más de 6.010,12 euros, el cobro es libre, pero debe comunicarse por el residente pagador al Banco de España en el modelo B3, a través de las entidades financieras registradas.

  1. Vendedor No residente particular /Comprador residente empresario o profesional. El pago en efectivo o en cheque bancario al portador:

.Sin alcanzar los 2.500 euros, el cobro es libre sin más.

.Desde 2.500 euros inclusive hasta 6.010,12 euros, el cobro queda prohibido.

.Más de 6.010,12, el cobro queda prohibido.

  1. Vendedor No residente empresario o profesional / Comprador residente particular. El pago en efectivo o en cheque bancario al portador:

.Sin alcanzar los 2.500 euros, el cobro es libre sin más.

.Desde 2.500 euros inclusive hasta 6.010,12 euros, el cobro queda prohibido.

.Más de 6.010,12, el cobro queda prohibido.

  1. Vendedor No residente empresario o profesional /Comprador residente empresario o profesional. El pago en efectivo o en cheque bancario al portador:

.Sin alcanzar los 2.500 euros, el cobro es libre sin más.

.Desde 2.500 euros inclusive hasta 6.010,12 euros, el cobro queda prohibido.

.Más de 6.010,12, el cobro queda prohibido.

  1. Comprador No Residente particular / Vendedor residente particular. El pago en efectivo o en cheque bancario al portador:

.Sin alcanzar los 2.500 euros, el pago es libre sin más.

.Desde 2.500 euros inclusive hasta 6.010,12 euros, el pago es libre sin más.

.Más de 6.010,12 euros, el cobro es libre, pero debe comunicarse por el residente pagador al Banco de España en el modelo B3, a través de las entidades financieras registradas.

  1. Comprador No residente particular / Vendedor residente empresario o profesional. El pago en efectivo o en cheque bancario al portador:

.Sin alcanzar los 2.500 euros, el cobro es libre sin más.

.Desde 2.500 euros inclusive hasta 6.010,12 euros, el pago queda prohibido, salvo que el comprador justifique que no tiene su domicilio fiscal en España, en cuyo caso la franquicia sube hasta los 15.000 euros.

.Más de 6.010,12  hasta 15.000 euros,  el pago queda prohibido salvo que el comprador justifique que no tiene su domicilio fiscal en España, en cuyo caso la franquicia sube hasta los 15.000 euros y debe comunicarse el pago por el residente cobrador al Banco de España en el modelo B3, a través de las entidades financieras registradas.

.Más de 15.000 euros, el pago queda prohibido en todo caso, incluso justificando que no tiene su domicilio fiscal en España. Su incumplimiento constituye infracción administrativa grave.

  1. Comprador No residente empresario o profesional / Vendedor residente particular. El pago en efectivo o en cheque bancario al portador:

.Sin alcanzar los 2.500 euros, el pago es libre sin más.

.Desde 2.500 euros inclusive hasta 6.010,12 euros, el pago queda prohibido.

.Más de 6.010,12 euros, el pago queda prohibido.

  1. Comprador No residente empresario o profesional / Vendedor residente empresario o profesional. El pago en efectivo o en cheque bancario al portador:

.Sin alcanzar los 2.500 euros, el pago es libre sin más.

.Desde 2.500 euros inclusive hasta 6.010,12 euros, el pago  queda prohibido.

.Más de 6.010,12 euros, el pago queda prohibido.

 

En resumen:

.Entre particulares:                             RD 1816/1991.

.Particular/empresario-profesional:    RD 1816/1991 y Ley 7/2012.

.Entre empresarios-profesionales:       RD 1816/1991 y Ley 7/2012.

 

iii.- ¿Y a los pagos en efectivo o cheque bancario al portador realizados en el extranjero entre residente y no residente, cuando se den los requisitos de la Ley 7/2012 –empresario/profesional y franquicias-?

El artículo 7 del RD 1816/1991 somete al mismo régimen jurídico administrativo los pagos y cobros en efectivo o cheque bancario al portador entre residente y no residente tanto se efectúen en España como en el extranjero. Lo dispone así:

“ Artículo 7.

  1. Los cobros y pagos entre residentes y no residentes en moneda metálica, billetes de banco o cheques bancarios al portador, cifrados en pesetas o en divisas, efectuados tanto dentro como fuera del territorio español son libres, si bien quedan sujetos a la obligación de declaración en la forma y con el alcance que se determine.”

Aunque el régimen administrativo respecto de las transacciones con el exterior sea el mismo cabe preguntarse qué pasa con el nuevo régimen de prevención del fraude fiscal. Entiendo que las limitaciones a los pagos en efectivo establecidas en el artículo 7 de la Ley 7/2012 son igualmente aplicables a los cobros y pagos realizados en el extranjero cuando al menos uno de los intervinientes en la operación sea residente en España. La razón, la finalidad de la norma que es prevenir el fraude fiscal. Y los residentes en España están sujetos al régimen fiscal español por obligación personal.

Por tanto, a mi juicio, aunque en la escritura de compraventa al identificar los medios de pago se señale que se ha satisfecho parte del precio fuera del territorio español, es plenamente aplicable en la forma indicada las nuevas limitaciones a los pagos en efectivo.

 

iv.-  ¿Y si vendedor y comprador son no residentes en España y el pago se ha realizado en España o en el extranjero?

Desde el punto de vista administrativo de las transacciones con el exterior, los cobros y pagos en efectivo entre no residentes tanto se realicen en España como en el extranjero derivadas de operaciones o negocios que afecten a bienes o derechos en España son libres, sin perjuicio de las comunicaciones que procedan por la naturaleza jurídica de la operación de la que deriven, como inversiones extranjeras, préstamos, operaciones comerciales, etc.

En concreto, los pagos realizados fuera de España entre no residentes quedan fuera del régimen de control de cambios. Pero ¿también quedan fuera del régimen de blanqueo de capitales y de la prevención del fraude fiscal?

Me explico. El que los pagos entre no residentes, aunque la naturaleza de la operación de la que deriven tenga efecto jurídico o económico en España,  no afecten al régimen de libertad de pagos no significa que si la operación, aunque se pague fuera de España, produce efecto jurídico o económico en España  no deba tenerse en cuenta a otros efectos como la comprobación de su regularidad fiscal o su comprobación a efectos de impedir el blanqueo de capitales. El artículo 1 de la Ley 10/2010 de prevención del blanqueo de capitales dispone que: ”Se considerará que hay blanqueo de capitales aun cuando las actividades que hayan generado los bienes se hubieran desarrollado en el territorio de otro Estado”.

Por ello, entiendo que si la operación de la que deriven los cobros o pagos produce efecto jurídico o económico en España está sujeta a las limitaciones de pago en efectivo tanto si el pago se realiza en España como si se hubiera  realizado fuera de España.  Siempre, naturalmente, que se cumplan los demás requisitos: empresario o profesional y sobrepasar las franquicias.

Se me dirá que esto es una ingenuidad, que es difícil para las autoridades tributarias españolas la aplicación del régimen de infracciones y sanciones de la Ley. Pues sí y no. Pensemos en una compraventa de un inmueble situado en España entre una sociedad británica y un cliente suyo británico con pago de la misma en el extranjero, que se formaliza en España.  Cuando se liquide de Impuestos en España, si se incumplen los requisitos de la nueva ley, el propio notario, el registrador o la comunidad autónoma (art 7. Cinco) deben informar a la AEAT del incumplimiento; puede seguirse el procedimiento administrativo sancionador –habrá un representante fiscal o un domicilio en España para notificaciones- e incluso cobrarse la sanción con el embargo y ejecución del propio inmueble transmitido.

¿Qué ocurre en estos mismos casos, si se hubiere formalizado en documento público ante notario extranjero, con pagos en el extranjero? A mi juicio, la Ley no tiene como sujeto obligado de la misma al notario español, salvo en la obligación de información,  sino que los sujetos obligados por la norma son las personas que cobran o pagan entre sí en efectivo, por lo que quedan obligados a la prohibición de pagos en efectivo más allá de la franquicia dado que su operación produce efectos jurídicos o económicos en España y, especialmente, produce efecto tributario. Las comunidades autónomas al liquidar estas compraventas y los registradores de la propiedad al calificarlas,  deberán  colaborar con la AEAT, poniendo en su conocimiento los incumplimientos que pudieran existir de la norma. Reitero que, además del pago en efectivo, éste debe ser superior a las franquicias señaladas y alguno de los intervinientes ser empresario o profesional.

 Sé que perseguir incumplimientos de leyes españolas ocurridos en el extranjero será difícil;  lo único que quería significar es que, a mi juicio, es indudable la competencia de las autoridades tributarias españolas para solicitar y obtener el auxilio de sus colegas extranjeros a fin de comprobar esas prácticas, identificar a quienes las realizan y sancionarlas tras el oportuno expediente.

 

VI.-  CONSTANCIA EN LAS ESCRITURAS DEL CUMPLIMIENTO DE LOS LÍMITES DE LOS PAGOS.-

Tratándose de operaciones no inmobiliarias:

Pagos en el momento del otorgamiento y los anteriores al mismo pero posteriores a la entrada en vigor de la Ley 7/2012:

En efectivo o cheque bancario al portador, se consignan las cantidades  satisfechas de esta forma siempre inferiores  a las franquicias señaladas, por las manifestaciones de las partes.

Para cantidades superiores,  no cabe pago en efectivo o cheque bancario al portador sino que debe identificarse la transferencia, domiciliación, cheque personal al portador, cheque personal nominativo, cheque bancario nominativo, o cualquier otro, testimoniarlo y protocolizarlo. No caben las meras manifestaciones debe guardarse el justificante.

Pagos anteriores a la entrada en vigor de la propia Ley, no hay prohibición ni limitación alguna.

Tratándose de operaciones inmobiliarias:

.Pagos en el momento del otorgamiento:

.En efectivo o cheque bancario al portador, se consignan las cantidades satisfechas de esta forma siempre inferiores a las franquicias señaladas, por las manifestaciones de las partes. Las demás cantidades deben pagarse por los otros medios de pago.

.Cheques personales nominativos o al portador, por el artículo 177 el Notario debe incorporar testimonio de los mismos. Los intervinientes deben guardar justificante de los mismos.

.Cheques bancarios nominativos, por el artículo 177 el Notario debe incorporar testimonio de los mismos.  Y además el pagador debe expresar para su constancia el código de cuenta de cargo para el libramiento del cheque o manifestar que se expidió contra entrega de su importe en metálico. Los intervinientes deben guardar justificante de los mismos.

.Transferencia o domiciliación, por el artículo 177, los comparecientes deben manifestar los códigos de las cuentas de cargo y abono lo que se hará constar en la escritura. Los intervinientes deben guardar justificante de la transferencia o domiciliación.

Pagos anteriores al otorgamiento, pero posteriores a la entrada en vigor de la Ley:

.En efectivo o cheque bancario al portador, se consignan las cantidades satisfechas de esta forma siempre inferiores a las franquicias señaladas, por las manifestaciones de las partes. Las demás cantidades deben pagarse por los otros medios de pago.

.Cheques personales nominativos,  si se dispone de copia de los mismos puede utilizarse y además conforme al artículo 177 las partes deben manifestar para su constancia en la escritura la numeración y cuenta de cargo. Los intervinientes deben guardar justificante de ello.

.Cheques bancarios nominativos, si se dispone de copia de los mismos puede utilizarse y además conforme al artículo 177  el pagador debe manifestar para su constancia en la escritura el código de cuenta de cargo para el libramiento del cheque o la circunstancia de que se libró contra la entrega de su importe en metálico. Los intervinientes deben guardar justificante del pago. 

.Transferencia o domiciliación, por el artículo 177, las partes deben manifestar los códigos de las cuentas de cargo y abono para su constancia en la escritura. Los  intervinientes deben guardar justificante de dichos pagos.

Pagos anteriores a la entrada en vigor de la Ley: se aplica en la forma ordinaria el artículo 177 del Reglamento Notarial.

 Y recordando siempre el párrafo del artículo 177 que regula los elementos esenciales de la identificación de los medios de pago, sin cuya reseña por manifestaciones o por soporte documental la escritura no causaría inscripción en el registro.

 

VII.-  UN  DESEO,  UN TITULAR Y UNA EXCUSA.-

El deseo. Dado que la limitación de las formas de cobro/pago cuando interviene un empresario/profesional implica una limitación fiscal de los derechos civiles de los ciudadanos considero imprescindible por parte de la administración tributaria la realización de planes de seguimiento de la misma, a fin de ir comprobar el cumplimiento de su finalidad –prevención del fraude fiscal-  y si finalmente vale la pena  la restricción de derechos civiles en cuanto formas de pago.

El titular. La ley pone como titular  “Limitaciones a los pagos en efectivo” y como punto inicial esa disposición en el artículo 7.Uno.1. A mi juicio, el titular debería ser otro: “Obligatoriedad de la vía bancaria para los cobros y pagos”. Porque el párrafo significativo es el artículo 7.Uno. 4.  Lo transcendente es que los autónomos, las pymes y, en general, los empresarios/profesionales deben utilizar la vía bancaria para los cobros/pagos con sus proveedores, trabajadores, clientes, e incluso amigos. Con todos, a menos que no se alcance la franquicia. Y lo importante: guardar justificante de todo ello cinco años.  De lo contrario, la Aeat sancionará por incurrir en la prohibición. Se altera el régimen de prueba; no es la Administración tributaria quien debe probar el pago en efectivo sino que es el interviniente quien debe probar el pago en otra forma.  La ley no entra en las comisiones y gastos bancarios por tarjetas, cheques, etc. ¿Para qué va a considerarlo?

La excusa. Estas notas han sido escritas sin contar con una previa práctica aunque sea mínima, por lo que simplemente expresan la opinión de quien las suscribe.

Alicante, Noviembre 2012

Francisco Peral Ribelles.

Notario.

NOTA DE 2021: VER MODIFICACIÓN POR LA LEY 11/2021, DE 9 DE JULIO (ANTIFRAUDE) QUE REDUCE LOS LÍMITES A 1.000 Y 10.000 EUROS.

Compensación por amortización anticipada.

Admin,

      

COMPENSACIÓN POR AMORTIZACIÓN ANTICIPADA

Manuel Mariño Vila, Notario de Vilafranca del Penedès

5 de marzo de 2008

La Ley 41/07, de 7 de Diciembre, regula en su capítulo IV el régimen de compensación por amortización anticipada, fundamentalmente con dos objetivos, según resulta de su exposición de motivos:

a).-  La protección del cliente de la entidad de crédito al impedir que éste tenga que abonar una comisión por amortización anticipada cuando ésta sea beneficiosa para aquélla.

b).- La neutralidad en el tratamiento regulatorio de los créditos y préstamos ofertados en el mercado.

Paso a exponer primeramente las reglas contenidas en los artículos 7 a 9 de la Ley:

1.- Los citados artículos se aplican a los contratos de préstamo o crédito hipotecario que se formalicen a partir de la entrada en vigor de la Ley. Evidentemente, carecen de efecto retroactivo y respetan situaciones contractuales ya negociadas y consentidas.

2.- La Ley introduce un cambio de denominación, pues en relación a los contratos de préstamo o crédito hipotecario incluidos en su ámbito de aplicación no podrá cobrarse comisión por amortización anticipada, aunque sí la compensación pactada dentro de los límites legales.

El término comisión por amortización anticipada podrá, no obstante, seguir utilizándose para aquéllos contratos de préstamo o crédito hipotecario excluidos de su ámbito de aplicación.

3.- Tipos de compensación.

Distingue la Ley la compensación por desistimiento de la compensación por riesgo de tipo de interés, aplicables ambas tanto a las cancelaciones subrogatorias como a las no subrogatorias, ya sean totales o parciales.

En cuanto a la compensación por desistimiento, única aplicable a los préstamos o créditos con periodos de revisión de tipo de interés de duración igual o inferior a un año, tiene lugar tanto en el caso de amortización parcial como total, y tanto en el supuesto de cancelación subrogatoria como no subrogatoria.

Hay que entender, por tanto, que la regulación sobre comisión por subrogación de entidad de crédito, contenida en la disposición adicional única del Real Decreto Legislativo 2/03, de 25 de abril, de medidas urgentes de reforma económica,  ha de considerarse tácitamente derogada por el artículo 8 de la Ley 41/07.

Los límites señalados en el artículo 8 de la Ley son del 0,50% sobre el capital amortizado anticipadamente, cuando tal amortización anticipada tenga lugar durante los cinco primeros años de duración del préstamo, y del 0,25%, cuando tenga lugar transcurridos los cinco primeros años de duración del préstamo.

Más complejo es el régimen de compensación por riesgo de tipo de interés regulado en el artículo 9. Después de su lectura, nadie diría que uno de los fines de la Ley es “la búsqueda de una transparencia más efectiva que permita a los prestatarios tomar sus decisiones en función del riesgo real de los productos”, como resulta de su exposición de motivos.

Este régimen de compensación por riesgo de tipo de interés solo será aplicable a los créditos o préstamos hipotecarios con períodos de revisión de tipo de interés superiores a doce meses, lo que hará excepcional su aplicación en la práctica.

Su funcionamiento será básicamente el siguiente. Primero, habrá de calcularse el “valor de mercado” del préstamo o crédito hipotecario, el cual se obtiene por la suma del valor actual de las cuotas pendientes de pago hasta la siguiente revisión de tipo de interés y el valor actual del capital pendiente que quedaría en el momento de la revisión del tipo de interés de no producirse la cancelación anticipada. Para la determinación del valor actual tanto de las cuotas pendientes hasta la siguiente revisión del tipo de interés como del capital pendiente se tomará en cuenta el índice pactado en el contrato de entre los que determine el Ministerio de Economía y Hacienda.

Pues bien, determinado ese valor de mercado del préstamo o crédito, se entiende que existe ganancia de capital por exposición al riesgo de tipo de interés cuando exista diferencia positiva entre el capital pendiente en el momento de la cancelación anticipada y el mencionado valor de mercado. En este supuesto de ganancia de capital, la entidad no podrá cobrar compensación alguna.

Por el contrario, existe pérdida de capital cuando tal diferencia sea negativa, es decir, cuando el capital pendiente en el momento de la cancelación anticipada sea inferior al valor de mercado del préstamo o crédito. En este caso, sí que podrá cobrarse compensación por la entidad de crédito, en cualquiera de las dos modalidades de carácter alternativo previstas en el apartado 4 del artículo 9, que son: un porcentaje fijo sobre el capital pendiente en el momento de la cancelación, o bien, la total pérdida que la cancelación genere a la entidad, en cuyo caso, será necesario que el contrato prevea una compensación a favor del prestatario cuando la cancelación genere una ganancia de capital para la entidad.

Una vez expuesto el régimen de la Ley, pasamos a comentar brevemente las siguientes cuestiones:

1.- El ámbito de aplicación definido en el artículo 7.

2.- La determinación del momento en que han de cumplirse los requisitos de la Ley para que sus límites sean aplicables.

3.- La aplicación del artículo 8 de la Ley 41/07 a las ampliaciones de préstamo (o de hipoteca).

4.- Crítica.

1.- El ámbito de aplicación definido en el artículo 7.

Establece el citado artículo que el capítulo IV de la Ley, titulado “régimen de la compensación por amortización anticipada”, y comprensivo de los artículos 7 a 9, ambos inclusive, es aplicable a los préstamos y créditos hipotecarios formalizados con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley, (y ahora transcribo literalmente) “cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:

Que se trate de un préstamo o crédito hipotecario y la hipoteca recaiga sobre una vivienda y el prestatario sea persona física.

Que el prestatario sea persona jurídica y tribute por el régimen fiscal de empresas de reducida dimensión en el Impuesto sobre Sociedades”.

Interpretada literalmente la norma, cabe deducir las siguientes conclusiones:

1.- No se aplican los artículos 7 a 9 de la Ley a las hipotecas que recaigan sobre un local cuando el prestatario sea persona física.

2.- Se aplican los citados artículos a los préstamos y créditos hipotecarios en que el prestatario (o acreditado) sea persona jurídica y tribute por el régimen fiscal de empresas de reducida dimensión en el I.S., sea cual fuere el objeto hipotecado, es decir, ya se trate de una vivienda, un local, una nave industrial o una finca rústica.

 Obsérvese que el apartado relativo a la persona jurídica está separado del relativo a la persona física por un punto y aparte, y parte, por tanto, del enunciado inicial del artículo.

Personalmente, considero que la interpretación del artículo 7 ha de ser otra, más lógica e integrada en el contexto, espíritu y finalidad de la Ley, consistente en entender aplicables los artículos 7 a 9 de la Ley a los préstamos o créditos hipotecarios constituidos sobre fincas calificadas legalmente como viviendas, y cuando el prestatario o acreditado sea persona física o persona jurídica con el régimen fiscal definido en la Ley. Y ello en virtud de los siguientes argumentos:

1.- El contexto de la Ley.

Son abundantes las referencias en la Ley a la hipoteca de vivienda. Así, de la Exposición de Motivos resulta que Ley se dicta en atención a “la expansión durante los últimos diez años del crédito hipotecario con finalidad residencial en España” y con la finalidad de tomar medidas dirigidas a su correcto funcionamiento.

En el primer párrafo de la Exposición de Motivos se habla de la financiación de la vivienda, que representa alrededor de dos tercios del valor de la riqueza total de los hogares españoles, y del peso que en el balance de las entidades de crédito tiene el crédito al sector privado residente.

 Constituyen materias de la Ley, entre otras, las normas sobre la hipoteca inversa, que necesariamente ha de constituirse sobre una vivienda, o las que inciden en la protección del cliente de la entidad de crédito, tratando de dotar al mercado hipotecario de mayor transparencia.

No estamos ante una Ley que trate de privilegiar a las personas jurídicas de pequeño tamaño, favoreciendo a éstas en cualquier inversión ajena a la residencial, sino que la finalidad de la Ley es, entre otras, limitar los gastos bancarios en la hipoteca de vivienda, como se deduce claramente de la propia exposición de motivos.

2.- La realidad social sobre la que se proyecta la Ley, así como su espíritu y finalidad, conforme al artículo 3 del Código Civil.-

Del total contenido de la Ley, se desprende la idea de que su razón de ser es la de fomentar y facilitar el acceso a la financiación hipotecaria de la vivienda, dado el momento económico de restricción del crédito al sector residencial y el incremento de los tipos de interés. Así, la Ley pretende impulsar la competencia entre entidades de crédito, modificando la Ley 2/94 en materia de subrogación de entidades de crédito y novación, y reduce los aranceles notariales y registrales en los supuestos previstos en el artículo 8.

Es decir, la finalidad de la Ley es el abaratamiento de las operaciones hipotecarias referidas a la vivienda.

3.- El trato discriminatorio e injusto a que conduciría una interpretación literal, pues la hipoteca de local por una persona jurídica  con el régimen fiscal previsto en la Ley quedaría sujeta a los límites previstos en el artículo 8 y, en cambio, quedaría excluida de la Ley la misma hipoteca sobre local cuando el prestatario o acreditado sea persona física.

Por los argumentos expuestos, entiendo que ha de realizarse una interpretación lógica del artículo 7 de la Ley y atribuir a una defectuosa redacción el hecho de que el apartado relativo a la persona jurídica no se halle a continuación del relativo a la persona física, y no separado por punto y aparte. Así creo que la redacción del artículo debería haber sido la siguiente: “…cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:

Que se trate de un préstamo o crédito hipotecario y la hipoteca recaiga sobre una vivienda y el prestatario sea persona física; o que el prestatario sea persona jurídica y tribute por el régimen fiscal de empresas de reducida dimensión en el Impuesto sobre Sociedades”.

Creo que existe fundamento legal para esta interpretación correctora de la literalidad de la norma, si bien será en sede judicial en donde podrá hacerse valer tal interpretación, salvo que el propio legislador enmiende este despropósito.

2.- La determinación del momento en que han de cumplirse los requisitos de la Ley para que sus límites sean aplicables.

Dada la posibilidad de novación subjetiva u objetiva, ha de entenderse que el supuesto de hecho definido en el artículo 7 ha de tener lugar en el momento en que se ejercite el derecho a amortizar anticipadamente capital, de igual forma que la Ley prevé un máximo legal diferente –0,50 % o 0,25% – según tenga lugar la eventual amortización anticipada durante los cinco primeros años de duración del préstamo, o bien transcurridos los cinco primeros años de duración del préstamo.

3.- La aplicación del artículo 8 de la Ley 41/07 a las ampliaciones de préstamo (o de hipoteca).

Desde la entrada en vigor de la Ley, cabe plantear la cuestión de la manera en que operan los límites o máximos previstos en el artículo 8 en las escrituras de ampliación de hipoteca.

A salvo la posibilidad de que se noven o modifiquen las comisiones pactadas en el préstamo o crédito formalizado con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley, entiendo que el artículo 8 será aplicable únicamente al capital ampliado, de tal forma que en el caso de amortización anticipada de un importe superior al ampliado, la entidad de crédito deberá aplicar la compensación pactada y limitada por la Ley 41/07 hasta la cantidad ampliada, y las comisiones de amortización anticipada pactadas anteriormente, en lo que la amortización anticipada exceda o rebase el importe ampliado.

Considero que ésta sería la solución por los siguientes motivos:

1.- La irretroactividad de la Ley, de tal forma que no cabe limitar las comisiones legalmente pactadas, que regirán los créditos y préstamos formalizados con anterioridad.

2.- Aunque la ampliación de préstamo suponga una novación del contrato inicial y la articulación de los capitales prestados, desde el punto de vista obligacional, en un solo contrato, hay un hecho incuestionable: que la entrega del capital perfecciona el contrato de préstamo, y determina el régimen jurídico aplicable, y que entre el contrato de préstamo inicial y su ampliación hay que distinguir dos fechas distintas, con diferentes efectos civiles y fiscales. (Lo mismo ocurre, en mi opinión, en relación a la garantía real, por mucho que se haya impuesto bancaria y legalmente la expresión “ampliación de hipoteca”. En mi opinión, siempre habrá dos hipotecas, con diferentes fechas de constitución, aunque en ocasiones -ausencia de cargas intermedias- se les da un tratamiento jurídico unitario, como si fuesen una sola).

De tal forma que si tenemos un préstamo firmado en el 2.006 de 300.000 euros (con una comisión por amortización anticipada total o parcial del 1%), que se amplía en febrero de 2.008, en 30.000 euros, no cabe extender los límites previstos en el artículo 8 de la Ley a una amortización de 40.000 euros. En este caso deberá aplicarse el régimen de compensación pactado, con los límites legales, hasta 30.000 euros, y el 1%, en los 10.000 euros restantes. Y esto salvo que en la ampliación se efectúe una novación de las comisiones pactadas.

Finalmente, destacar que el apartado final del artículo 7 dispone que “en cualquier caso, la entidad estará obligada a expedir la documentación bancaria que acredite el pago del préstamo, sin cobrar ninguna comisión por ello”.

En la finalidad de la norma se adivina el deseo del legislador de eliminar gastos bancarios al cliente cuando éste tenga que justificar documentalmente la cancelación económica de un préstamo, por ejemplo en una venta, o bien para instar el otorgamiento de la escritura de cargo de pago y cancelación de la hipoteca. Si bien, la citada norma se queda a medio camino en tal propósito, pues guarda silencio respecto a la comisión – que vemos en las minutas de algunas entidades – por otorgamiento de carta de pago y cancelación de hipoteca, o bien por tramitación de cancelación hipotecaria.

No está de más recordar la norma tercera apartado 3 de la Circular 8/90 del Banco de España cuando dice que “las comisiones y gastos repercutidos deben responder a servicios efectivamente prestados…”. El otorgamiento de la escritura de carta de pago es una obligación para la entidad de crédito (art. 179 del Reglamento Hipotecario), por cuanto es precisa para la cancelación registral de la hipoteca, y es un derecho del cliente el exigir tal actuación del que ha sido su acreedor hipotecario.

No es de recibo el dar al otorgamiento de la escritura de carta de pago el tratamiento de “servicio prestado por la entidad”.

4.- Crítica.-

Son dos los aspectos más negativos de la nueva regulación, además de los problemas interpretativos que la misma plantea y a los que he hecho referencia anteriormente:

a).- La complejidad del cálculo de la llamada compensación por riesgo del tipo de interés, lo cual hace un poco más difícil de entender una minuta de préstamo hipotecario para la mayoría de los ciudadanos.

b).- El imposible control de legalidad por el Notario en esta materia, pues al tiempo de otorgamiento de la escritura no es posible saber cual será la situación y régimen aplicable al préstamo o crédito cuando se opte por efectuar una amortización anticipada. De hecho, tras la Ley 41/07, la mayoría de los minutas planteadas por las entidades de crédito contemplan comisiones de amortización anticipada, en iguales términos que con anterioridad a la Ley, y el régimen de compensación por amortización anticipada, cuando el crédito o préstamo quede incluido en su ámbito de aplicación, a lo cual no hay nada que objetar desde nuestro punto de vista, no existiendo duda alguna en cuanto a la legalidad de tales pactos.

Cuestión diferente es que la escritura, en esta materia de comisiones o compensación por amortización anticipada, se haya convertido en un cajón de sastre, donde cabe casi todo, al igual que el asiento registral correspondiente, (dado que ahora esta cláusula, en cuando condición financiera, será inscribible, conforme al nuevo artículo 12 de la Ley Hipotecaria), lo cual, desde luego, no contribuye a proporcionar al contrato la concreción, claridad, sencillez, buena fe y justo equilibrio entre los derechos y obligaciones de las partes, que exige el artículo 80 del TR de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (RDL 1/07, de 16 de noviembre).

En Vilafranca del Penedès, a 28 de febrero de 2.008.

 

Diferencias entre la prenda ordinaria de crédito con o sin desplazamiento de posesión

Admin,

DIFERENCIAS ENTRE LA PRENDA ORDINARIA DE CRÉDITO CON Y SIN DESPLAZAMIENTO POSESORIO

 Resumen de la RS 18 de marzo de 2008 (BOE 29 marzo de DE 2008)

 Jorge López Navarro, Notario de Alicante

5 de abril de 2008

 

CONSULTA Y EXPOSICIÓN DEL PROBLEMA:

 La Asociación española de la Banca (AEB) y la Confederación española de Cajas de Ahorro (CECA), han efectuado una consulta a la DGRN en relación con el párrafo 3º del art 54 de la LHMPSD de 1954, en relación con la redacción dada por la LMH 41/2007.

 Dice asi el art 54 de la LHMPSD:

 Artículo 54. De igual manera serán susceptibles de prenda sin desplazamiento las colecciones de objetos de valor artístico e histórico, como cuadros, esculturas, porcelanas o libros, bien en su totalidad o en parte; también podrán serlo dichos objetos, aunque no formen parte de una colección.

Podrán sujetarse a prenda sin desplazamiento los créditos y demás derechos que correspondan a los titulares de contratos, licencias, concesiones o subvenciones administrativas siempre que la Ley o el correspondiente título de constitución autoricen su enajenación a un tercero. Una vez constituida la prenda, el Registrador comunicará de oficio esta circunstancia a la Administración Pública competente mediante certificación emitida al efecto.

Los derechos de crédito, incluso los créditos futuros, siempre que no estén representados por valores y no tengan la consideración de instrumentos financieros a los efectos de lo previsto en el Real Decreto Ley 5/2005, de 11 de marzo, de reformas urgentes para el impulso a la productividad y para la mejora de la contratación pública, podrán igualmente sujetarse a prenda sin desplazamiento. Para su eficaz constitución deberán inscribirse en el Registro de Bienes Muebles.

     Concretamente la consulta se refiere a la resolución de las dudas acerca de la reforma del art 54 de la LHMPSD, en el sentido de que a partir de su entrada en vigor se aclare:

–         Si tras de la Reforma, existen dos tipos de pólizas de prenda de crédito, es decir  la ordinaria con desplazamiento posesorio, que no precisa inscripción en el RBM y la nueva modalidad de prenda de crédito sin desplazamiento, que exige su inscripción en el Registro de Bienes Muebles.

–         O si, por el contrario, se han unificado todas las pólizas de prenda de créditos, en una sola modalidad, como prenda de crédito sin desplazamiento, con inscripción en el RBM, obligando a realizar todas según el nuevo art 54, si se quiere que las mismas tengan efecto frente a tercero.

  Para las entidades consultantes sólo es correcta la primera postura (es decir la que distingue entre los dos tipos de prenda), ya que la diferencia entre ambas clases de prenda, radica en que en la prenda sin desplazamiento, dicho desplazamiento se sustituye por la inscripción registral. Se citan a tal fin numerosas sentencias, para terminar concluyendo que «hasta la fecha, con plena validez, han venido constituyéndose sobre derechos de crédito prendas ordinarias con desplazamiento de la posesión, efectuándose esta última a través de la notificación al deudor» y que la citada posibilidad  de pignoración de créditos, ha tenido un expreso reconocimiento legal en la Ley 9/2003, de 22 de septiembre, concursal (en adelante, LC). Es más, en el artículo 90.1.6.º de tal LC tan sólo se exigía un requisito a los efectos de gozar de la preferencia en concurso; a saber, que dicha prenda conste en documento de fecha fehaciente.

    En consecuencia, para las entidades consultantes el sentido de la reforma pasa por sostener que la Ley 41/2007 se ha limitado a incorporar un nuevo bien (derecho de crédito) susceptible de ser pignorado a través de la prenda sin desplazamiento y ello porque «nada dice la Ley 41/2007 sobre el régimen de la prenda ordinaria de créditos con desplazamiento de la posesión, que no modifica ni suprime». Por tanto, según las Entidades que llevan a cabo la consulta, existirían dos tipos de prenda:

– La ordinaria en la que la desposesión del crédito se efectúa por la notificación

– y la prenda sin desplazamiento en que la desposesión se efectúa por su publicidad registral.

 

RESPUESTA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTROS Y NOTARIADO:

PRENDA ORDINARIA DE CRÉDITO

Este tipo de prenda es de creación jurisprudencial (s TS 19 abril 1997), siendo sus requisitos: el consentimiento de los contratantes; que la cosa contratante pertenezca en propiedad al pignorante, sea o no el deudor; que tenga la plena disposición del bien pignorado; que exista una causa, (asegurar el cumplimiento de una obligación); y para que tenga eficacia erga omnes que haya un desplazamiento de posesión, ya a favor del acreedor o de un tercero; y que se formalice en un instrumento público para que surta efecto contra tercero (art 1865 c.c.).

 Esta prenda lleva consigo la reipersecutoriedad del objeto pignorado, pudiendo el acreedor desconocer la división de la cosa, ejercitar las acciones que correspondan al dueño, y tiene además un dcho de retención, llevando consigo además la facultad anticrética. Incumplida la obligación garantizada, el acreedor disfruta de la posibilidad de ejecución a través de los procedimientos previstos legalmente (art 1872 cc y 220 RN). El acreedor tiene como obligaciones, la de conservación de la cosa gravada y adelantar los gastos del coste de conservación.

 No obstante la inexistencia de corporeidad obliga a que se manifieste la desposesión del deudor, para lo que surge el instituto de la notificación de la prenda, aunque esta publicidad no es un requisito de la constitución de la prenda, pero es útil para el nuevo acreedor, ya que el deudor no podrá pagar al acreedor primitivo, ni se le reconocerá legitimación para ello. Por ello en este caso, la doctrina señala que en los casos de imposibilidad de desplazamiento, al ser intangible, al acreedor pignoraticio se le debe entregar la representación documental del tal bien incorporal, que puede ser el contrato o la libreta soporte contable en caso de prenda de cuentas  o depósitos bancarios.

 

PRENDA NO POSESORIA O SIN DESPLAZAMIENTO

   Hasta la promulgación de la LHMYPSD, ya existieron determinadas garantías mobiliarias sin desplazamiento, asi la prenda agrícola y ganadera (R Dto 22 septiembre 1917). Sin embargo, hay una diferencia fundamental entre la HM y la PSD, y es que aparte de que los bienes susceptibles de una u otra garantís son de identificación superior en la primera, es consustancial a la HM la reipersecutoriedad, circunstancia que no se da en la PSD, a pesar de su reflejo tabular.

  A la prenda son aplicables las disposiciones comunes arts 1 a 11 de la LHMYPSD, y las especiales de los arts 52 y ss., asi como los relativos al Registro de HM y PSD, aunque se destaca que dicho Registro hoy de Bienes Muebles, es un Registro de gravámenes y no de titularidades (art 68.a), inscribiéndose cada prenda sin desplazamiento en un folios propio, sin consideración a los bienes que se pignoran.

  Para constituir una PSD se requiere, además de que se trate de un bien de los fijados en la ley, una forma pública, siendo inexcusable que se formalice en escritura o póliza, lo que conlleva consecuencias fiscales distintas. Dicho instrumento público se debe inscribir en el RBM, siendo éste un requisito de eficacia y no de constitución, pues al contrario de la hipoteca inmobiliaria, en que la inscripción es un requisito de validez, en la prenda sin desplazamiento es un requisito de eficacia, ya que la ausencia de inscripción priva al acreedor pignoraticio de los dchos que le concede la ley (art 3 LHMPSD). Por tanto esta PSD es intangible (dcho de crédito) y requiere para su eficacia la inscripción, y ello porque existiendo dificultades objetivas de determinación de los elementos indispensables para su constancia tabular, tal inscripción tiene una mayor importancia, lo que en modo alguno dota a la misma de requisito de validez, siendo sólo un requisito de eficacia.

  Sin embargo no se puede equiparar la notificación de la prenda posesoria a la inscripción de la prenda sin desplazamiento, ya que el haz de dchos que se conceden  son diversos en uno y otro caso: asi en la prenda posesoria, el deudor no puede enajenar los bienes gravados (art 4 LHMPSD) y deberá pagar las primas del seguro, y en cuanto al acreedor, carece de facultades anticréticas, asi como de la posibilidad de que el deudor acometa gastos o deberes de que se trate para evitar perjuicio o detrimento al bien gravado. Pero pese a todo la PSD a pesar de su reflejo tabular, carece de la facultad de reipersecutoriedad y de oponibilidad de lo inscrito, de que sin embargo disfruta la hipoteca inmobilaria o una prenda posesoria (si resulta del art 16 LHMPSD). La inscripción por tanto no se impone frente al adquirente del bien pignorado, si ése lo es de buena fe.

 

RESUMEN:

La prenda ordinaria y la sin desplazamiento no son figuras homogéneas, en cuanto a los dchos que se derivan de ambas, ni tampoco se pueden equiparar la naturaleza y efectos de la notificación y la inscripción, y de igual modo, los dchos y obligaciones que se derivan de cada una son distintos. El Registro de Muebles no es equiparable al Registro Inmobiliario: no se aplica el principio de oponibilidad de lo inscrito frente a lo no inscrito, no goza de la presunción de exactitud de lo inscrito, no es precisa la inscripción previa a favor de la persona que otorgue el título, ya que el Registro de Muebles lo es de gravámenes y no de titularidades.

 

CONCURRENCIA DE AMBAS PRENDAS:

   Cabe la concurrencia en un mismo bien de ambas clase de prenda:

–         en la prenda con desplazamiento posesorio u ordinaria, es requisito esencial para la oponibilidad, la forma documental pública, y su preferencia viene dada por la fecha del instrumento público.

–         En la prenda sin desplazamiento es requisito previo su inscripción, y su preferencia viene dada por la fecha de ésta.

–         Por tanto si la prenda previa de un crédito es una prenda ordinaria,  la fecha del documento público, prevalecerá sobre la sin desplazamiento si la fecha de la inscripción es posterior. Por el contrario si la fecha de la inscripción es anterior a la del documento, debe prevalecer aquella.

 

CONCLUSIÓN:

    En definitiva caben los dos tipos de prenda sobre créditos enunciados, la ordinaria y la sin desplazamiento, y ello porque no se derivan de ellas idénticos dchos y obligaciones, y además por las siguientes razones:

–         no hay en la nueva ley una derogación expresa del art 1868 c.c.

–         la no derogación expresa de la normativa concursal (el art 54 LHMPSD no ha derogado el art 90.1.6º LC)

–         la normativa específica del Dcho Civil, así la prenda ordinaria de crédito tiene una regulación específica en Cataluña. El art 569.13 de la ley 5/2006, indica que la prenda de créditos debe constituirse en documento público y notificarse al deudor del crédito empeñado.

–         En igual sentido la ausencia de derogación del régimen del C.com.  R Dto Ley 5/2005 y 30/2007.

Por todo  ello y a falta de una derogación expresa, el sentido de la reforma es éste: admitir la posibilidad de que se pueda constituir una PSD de créditos, pero sin impedir o limitar la posibilidad de una prenda ordinaria de créditos, y sin que esta nueva posibilidad de pignorar créditos sin desplazamiento, implique mejor trato concurriendo con una prenda ordinaria o con desplazamiento, ya que el único efecto que se produce es la preferencia de fechasen la ordinaria la del documento público y en la sin desplazamiento la de su inscripción, ya que no es de mejor condición la PSD que la posesoria. Además la PSD no goza de reipersecutoriedad, ni es oponible a lo no inscrito, ni lo inscrito goza de presunción de exactitud.

 Alicante 3 de abril 2008. 

 Jorge López Navarro, Notario de Alicante

 

Nuevo procedimiento de subrogación de acreedor hipotecario

Admin,

NUEVO PROCEDIMIENTO DE SUBROGACION DE ACREEDOR HIPOTECARIO.

 

Miguel-Ángel Campo Güerri. Notario de Barcelona.

22 de febrero de 2008

 

  1. Oferta vinculante.

a) Créditos o préstamos hipotecarios.

b) Existencia de más de un crédito o préstamo hipotecario. 

  1. Acta notarial de notificación y requerimiento.

a) Notificación de la voluntad de la nueva entidad a subrogarse.

        Debe ser personalmente o ¿cabe por correo certificado con aviso de recibo?

        Debe contener o no la oferta vinculante.

        En cualquier oficina.

b) Requerimiento a la entidad acreedora para entregar la certificación.

        La entrega de la certificación es ajena o no a la actividad notarial.

        Debe realizarse a través de notario. Y conveniente ante el mismo notario.

        En todo caso, siete días naturales.

  1. Derecho a enervar la subrogación.

        Entrega de la certificación en siete días naturales.

        Manifestación en quince días naturales, ante el mismo notario. 

  1. Escritura de subrogación.

        Que haya expirado el plazo de quince días naturales.

        Que no se ha producido respuesta alguna con el efecto de enervar.

        El pago de la deuda o depósito de su importe

  1. Contenido de las escrituras públicas de subrogación y modificación.

        Escritura de subrogación.

        Escritura de modificación.

        Alteración o pérdida del rango de la hipoteca.

  

    La ley 41/2007 de 7 de diciembre ha modificado, entre otras, la ley 2/1994 de 30 de marzo de subrogación y modificación de préstamos hipotecarios. A continuación nos vamos a ocupar del análisis de la reforma en cuanto a la nueva redacción que se ha dado a los artículos 2 y 4 de la ley.

    El procedimiento a seguir a partir de ahora está regulado en el artículo 2, mucho más detallado que en el texto anterior, pero no exento de dudas que pasamos a plantear al tiempo que fijamos el esquema básico de la operación.

    Con estas líneas pretendemos perfilar los sucesivos hitos a seguir en el procedimiento subrogatorio, con la mayor simplicidad posible, pero, dada la novedad de la ley y los numerosos interrogantes que se abren, vamos a distinguir aquellos aspectos que no deben plantear duda alguna de aquellos otros que por su complejidad merecen una reflexión especial.

    La finalidad que perseguimos hoy es de índole eminentemente práctica y por eso nos vamos a centrar en el caso básico, por regla general el más frecuente, sin perjuicio de permitirnos algunas cavilaciones concretas para casos especiales. Pero en todo caso ya anunciamos nuestra tendencia a optar por la solución menos conflictiva.

 

  1. Oferta vinculante.

    El segundo párrafo del artículo 2 establece que “La entidad que esté dispuesta a subrogarse presentará al deudor una oferta vinculante en la que constarán las condiciones financieras del nuevo préstamo hipotecario. Cuando sobre la finca exista más de un crédito o préstamo hipotecario inscrito a favor de la misma entidad acreedora, la nueva entidad deberá subrogarse respecto de todos ellos.”

    La oferta vinculante deberá reunir los mismos requisitos que se venían cumpliendo hasta ahora.

    Las novedades del precepto están en la segunda parte del párrafo:

a) Créditos o préstamos hipotecarios.

 

    En cuanto al ámbito de aplicación de la ley se plantea la cuestión de si el procedimiento subrogatorio sólo es aplicable a los préstamos o también a los créditos hipotecarios.

    Esta segunda posibilidad era hasta ahora muy dudosa y la opinión imperante en la práctica era la que la negaba dada la dicción literal de la ley 2/94, referida únicamente a préstamos hipotecarios.

    Con la entrada en vigor de la reforma, la referencia del nuevo artículo 2  a “créditos y préstamos hipotecarios” da un nuevo argumento a los partidarios de admitir la posibilidad de la subrogación en los casos de créditos hipotecarios. Se sostiene que, teniendo en cuenta la finalidad “pro debitoris” de la reforma, no debe haber inconveniente alguno para que la subrogación alcance también a los créditos, ya que la situación fáctica es muy similar, y, aunque configurados como créditos, lo cierto es que la mayoría de los mismos operan de hecho como préstamos.

    Nosotros, desde un punto de vista teórico, compartimos esta opinión; pero, sin embargo, no creemos que la cuestión sea todavía pacífica. Y en la práctica habrá que ver que opción asumen las asesorías de las entidades financieras hasta que exista alguna resolución definitiva por parte de la Dirección General. Y ello es así porque, a los argumentos tradicionalmente sostenidos para negar la posibilidad, se añadirán los siguientes:

a) El artículo 1 de la ley 2/94, que determina su propio ámbito de aplicación, no ha sido modificado y continúa por tanto refiriéndose en sus dos únicos párrafos tan sólo a “préstamos hipotecarios”.

b) La reforma sólo se refiere al “crédito” en dos puntos de la ley: el que acabamos de ver y en el nuevo artículo 8. Ni en el resto del extenso artículo 2, ni tampoco en el 4, únicos modificados, vuelve a aparecer referencia alguna a créditos hipotecarios, sino tan sólo a préstamos.

    Se dirá que el artículo 8 es completamente nuevo, y sólo se refiere a los aranceles notariales y registrales, con un ámbito de aplicación, por ende, mucho mayor. Y que la única referencia contenida en el párrafo segundo del artículo 2 no es argumento para admitir la subrogación en los créditos con carácter general sino sólo cuando sea imperativa por ser consecuencia directa de la subrogación de un préstamo de la misma entidad y de la necesidad de subrogación conjunta de todos los préstamos o créditos.

    A nuestro entender no tiene demasiado sentido rechazar la subrogación directa de créditos hipotecarios, y sí admitirla como consecuencia de una subrogación de un préstamo hipotecario. Pero en este aspecto no queremos detenernos más tiempo y habrá que esperar la evolución doctrinal y práctica durante los próximos meses.

b) Existencia de más de un crédito o préstamo hipotecario.

    “Cuando sobre la finca exista más de un crédito o préstamo hipotecario inscrito a favor de la misma entidad acreedora, la nueva entidad deberá subrogarse respecto de todos ellos”.

    En estos casos no cabe, como hasta ahora, la posibilidad de subrogarse sólo en uno de ellos. Por tanto, la entidad que pretenda subrogarse deberá estudiar los distintos préstamos y créditos, y valorar si la subrogación le interesa partiendo de la base de que o se subroga en todos o en ninguno. La entidad que reciba la notificación deberá valorar si está en condiciones de mejorar y/o igualar las condiciones de todos y cada uno de los préstamos y créditos, y obrar en consecuencia.

    En este punto se abren también numerosos interrogantes.

    Esta exigencia puede justificar la no necesidad de, al formalizar una segunda hipoteca, imponer al prestatario la igualación de rango con la anterior, cuya finalidad principal es evitar una posible subrogación en el primer préstamo y no en el segundo, con lo que la primera entidad pueda quedar en una situación claramente desfavorable. Pero para que esto sea así es necesario que se cumpla el requisito que pasamos a examinar con más detenimiento.

      Para que la subrogación conjunta sea preceptiva, es necesario que coincidan todos los elementos definitorios de los préstamos que la ley cita o presupone, a saber: entidad acreedora, finca y parte deudora. Creemos que la coincidencia ha de ser total de manera que, si ésta falta, la nueva entidad no puede estar obligada a la subrogación conjunta, (por ejemplo: 1º préstamo en que el deudor es una única persona física, y 2º préstamo en que los deudores son aquélla y su cónyuge; o una sociedad unipersonal).

    Cuando proceda la subrogación conjunta, cabrá dar tratamiento unitario a la oferta y la notificación, pero distinguiendo cada uno de los préstamos o créditos. Y también deberá ser única la certificación de deuda que, en su caso, expida la primera entidad, sin perjuicio de que proceda el desglose por cada préstamo o crédito.

    También creemos que debe ser única la respuesta de la primera entidad y no podría admitirse que sólo desee igualar las condiciones de uno de los préstamos y o créditos, y no las de los demás. En este caso la segunda entidad podrá proceder como si la contestación no se hubiere realizado.

 

Acta notarial de notificación y requerimiento.

    El tercer párrafo del artículo 2 dice que “La aceptación de la oferta por el deudor implicará su autorización para que la oferente notifique, por conducto notarial, a la entidad acreedora, su disposición a subrogarse, y le requiera para que le entregue, en el plazo máximo de siete días naturales, certificación del importe del débito del deudor por el préstamo o préstamos hipotecarios en que se haya de subrogar”.

    Esta acta  notarial es una de las principales novedades de la ley y debe estructurarse sobre la base de una doble actuación notarial: la notificación de la voluntad de la nueva entidad a subrogarse en la posición de la entidad acreedora y el requerimiento a ésta para que le entregue la certificación del importe del débito del deudor.

a) Notificación de la voluntad de la nueva entidad a subrogarse.

    La primera cuestión dudosa que ya se ha planteado en este punto es si la notificación por parte del notario debe ser personalmente o si cabe el acta notarial de notificación por correo certificado con aviso de recibo.

    A favor de esta última posibilidad se arguye la redacción literal del nuevo precepto que no exige específicamente la actuación personal del notario, por lo que es de aplicación el criterio general establecido por el artículo 202 del Reglamento Notarial en su párrafo segundo.

    Sin embargo, a nuestro entender, la notificación deber ser personal pues jalona un hito inicial y fundamento de todo el procedimiento, cual es el cómputo inicial de los plazos de siete y quince días para la entrega de la certificación del débito y del ejercicio del derecho a enervar la subrogación por parte de la entidad acreedora. Y nos inclinamos por esta opción aunque sólo sea por meras razones de índole práctica pues si la notificación se verifica por correo puede no existir certeza inmediata sobre si la notificación ha llegado o no a su destinatario, o de cuándo la ha recibido. Y no hay que olvidar que estamos ante plazos muy breves.

    Otra cuestión que ya ha generado diversas opiniones es si la notificación notarial debe contener o no la oferta vinculante firmada por la nueva entidad y el deudor. A nuestro juicio la cuestión no deber ser problemática por dos cuestiones:

a) La ley no exige que se acredite al notario la aceptación de la oferta por parte del deudor, por lo que bastará la manifestación de la nueva entidad oferente.

b) Pero es necesario permitir que la entidad acreedora conozca cuáles son las condiciones que debe igualar o mejorar para poder ejercitar su derecho a enervar la subrogación, por lo que o se reseñan las nuevas condiciones financieras o se acompaña dicha oferta, (solución ésta mucho más cómoda).

    Finalmente creemos que no debe haber duda en que la notificación pueda hacerse en cualquier oficina de la primera entidad, aunque no sea aquella en que el préstamo esté centralizado, ya que la personalidad de la entidad es única y la conexión informática entre sus oficinas permite que la comunicación sea inmediata.

b) Requerimiento a la entidad acreedora para que le entregue la certificación del importe del débito del deudor.

    La segunda parte del acta notarial supone un requerimiento a la entidad acreedora para que le entregue, en el plazo máximo de siete días naturales, certificación del importe del débito del deudor por el préstamo o préstamos hipotecarios que hayan de ser objeto de la subrogación.

    La redacción del precepto en este punto no es, notarialmente, muy adecuada y ya ha suscitado la discusión sobre si la entrega de la certificación es ajena o no a la actividad notarial. Según la literalidad del artículo (“…para que la oferente notifique…a la entidad acreedora…y le requiera para que le entregue…), parece que la primera entidad cumple con entregar la certificación directamente a la segunda.

    Sin embargo, para nosotros la entrega del certificado debe verificarse, siempre, por conducto notarial y, convenientemente, ante el mismo notario por el que se recibió el requerimiento.

    Debe realizarse a través de notario pues entendemos que la entrega de la certificación por parte de la entidad acreedora es requisito “sine qua non” para que ésta pueda ejercer su derecho a enervar la subrogación. Así resulta del primer inciso del párrafo cuarto cuando dice que “Entregada la certificación, la entidad acreedora tendrá derecho a enervar la subrogación.” Luego analizaremos este derecho, pero en todo caso queremos destacar que, según nuestro criterio, el notario no deberá aceptar su ejercicio si la entidad acreedora no le acredita fehacientemente haber entregado la certificación.

    Y, además, pensamos que es conveniente que se entregue ante el mismo notario de quien se recibió el requerimiento pues debe ser ante él ante quien se ejercite el derecho de enervar la subrogación en el brevísimo plazo de quince días naturales.

    En todo caso la entrega de la certificación debe verificarse en el plazo máximo de siete días naturales a contar desde la notificación del requerimiento. Si el séptimo día fuera inhábil, (y el sábado lo es según el artículo 204 del Reglamento Notarial), cabrá entregarla el primer día hábil siguiente.

    ¿Podría admitirse la entrega de la certificación requerida por parte de la primera entidad una vez transcurrido el plazo de siete días establecido? A nuestro entender no hay obstáculo para ello, pero su eficacia se limitará a facilitar a la nueva entidad el cálculo de la cantidad adeudada, y su pago, pero ya se habrá perdido el derecho a enervar la subrogación que pasamos a examinar.

 

  1. Derecho a enervar la subrogación.

    Simultáneamente con este primer plazo, es decir, desde la práctica de la notificación,  se abre otro, de quince días naturales, para que la primera entidad ejerza su derecho de enervar la subrogación, igualando o mejorando la oferta vinculante. Aquí también existe una novedad importante respecto al sistema anterior pues en éste el plazo para enervar se computaba desde la entrega de la certificación.

    Para su ejercicio bastará que la entidad acreedora, debidamente representada por apoderado con facultades para ello, dentro de dicho plazo y, ahora sí, “ante el mismo notario” que le haya efectuado el requerimiento, “manifieste con carácter vinculante, su disposición a formalizar con el deudor una modificación de las condiciones del préstamo que igualen o mejoren la oferta vinculante”. El precepto, en este cuarto párrafo, concluye que “de esta manifestación se dejará constancia en la propia acta de notificación”. La expresión no es muy precisa en técnica notarial pero no debe haber duda alguna sobre que la manifestación del derecho a enervar se contenga en la misma acta notarial de notificación y requerimiento, dada la exigencia establecida en la segunda parte del párrafo quinto del precepto que a continuación examinaremos.

    Resumiendo lo hasta aquí dicho podemos sistematizar los requisitos que debe cumplir la entidad acreedora original para poder enervar la subrogación:

a) Que haya entregado la certificación del importe del débito del deudor en el plazo máximo de los siete días naturales. Incumplida esta obligación, o haciéndolo fuera de plazo, el notario no podrá recoger la manifestación del derecho a enervar la subrogación.

    Ya hemos dicho que como la entrega de la certificación por parte de la entidad acreedora es requisito “sine qua non” para que ésta pueda ejercer su derecho a enervar la subrogación, el notario no deberá aceptar el ejercicio de este derecho si la entidad acreedora no le acredita fehacientemente haber entregado la certificación.

    En contra de este criterio existen opiniones que ya se han expuesto tras la reforma sosteniéndose que el derecho de enervar existe en todo caso, haya o no certificación. Se basan en que la expedición de la certificación en ningún momento se configura de manera expresa como una obligación de la primera entidad (no se trata más que de una posible respuesta a un requerimiento notarial) y en el hecho de que haya cambiado el día de cómputo inicial del plazo para enervar que, como se dijo, ya no es el de la fecha de la certificación sino el de la notificación.

    Sin embargo, para nosotros la literalidad de la primera parte del párrafo cuarto del artículo 2 no ofrece duda sobre la exigencia de la certificación para poder enervar la subrogación.

b) Que comparezca ante el mismo notario que le haya efectuado la notificación en el plazo de quince días naturales a contar desde la notificación del requerimiento. Si el decimoquinto día fuera inhábil, (y el sábado lo es según el artículo 204 del Reglamento Notarial), cabrá comparecer el primer día hábil siguiente.

c) Que ante él manifieste, “con carácter vinculante, su disposición a formalizar con el deudor una modificación de las condiciones del préstamo que igualen o mejoren la oferta vinculante”. De aquí se deduce que, en puridad, el plazo de quince días no lo es propiamente para enervar, sino sólo para manifestar la voluntad de enervar.

    Cumplidas estas exigencias, la nueva entidad no podrá otorgar la subrogación proyectada porque cualquiera que fuera el notario que debiere autorizar la escritura correspondiente deberá exigirle la copia del acta notarial de notificación de la que resultara el ejercicio del derecho de enervación.

    Lo que la ley no regula es la forma, el plazo ni el cómo la entidad acreedora original debe cumplir con su obligación de formalizar la modificación del préstamo cuya subrogación ha enervado. En este sentido podemos plantear dos dudas:

    –  ¿Qué puede ocurrir si la entidad realiza esa manifestación y luego no la cumple?

    – ¿Qué  debe entenderse por “igualar o mejorar” la oferta vinculante? La expresión “igualar” no debería plantear problema alguna si efectivamente la entidad acreedora se limita a equipararla de manera estricta. Pero ¿y si se condiciona a determinadas vinculaciones con la entidad? ¿Y si utiliza la expresión “mejorar” con otros índices básicos o tipos de referencia?

    A nuestro entender ambas cuestiones escapan del control notarial y, al no pronunciarse la ley sobre ellas, sólo quedara el recurso a la autoridad judicial, ante la cual creemos que el deudor siempre podría exigir que se apliquen a su préstamo al menos las condiciones financieras que figuran en la oferta vinculante y que su entidad primera admitió al menos igualar, y ello desde que se manifestó en el acta notarial dicho propósito, ya que dicha manifestación tiene carácter vinculante para la primera entidad.

    En todo caso, cabe destacar que el deudor deviene en una situación difícil de abordar y de resolver, porque no puede dejar de seguir cumpliendo lo pactado originariamente pues el acreedor dispone de un título ejecutivo (art. 517.4º L.E.C.) que abre un procedimiento frente al cual no podrá esgrimirse como oposición aquel incumplimiento de modificar el préstamo por razón de haber enervado la subrogación (art. 695 L.E.C.).

    Además no sería vía adecuada el que el deudor ofreciera el pago y consignase judicialmente de conformidad con la oferta notificada porque sobre la misma no hay pleno consentimiento; solo el de “igualar” o “mejorar”, con toda la indefinición que estos términos implican.

    Parece que lo más oportuno sería la demanda en un juicio ordinario solicitando bien la condena a modificar el préstamo en el sentido de “igualar” o bien que se decrete la extinción del derecho a enervar por haberlo incumplido; pero esto último debería contar con la segunda entidad bancaria, no fuera ésta a desistir por el plazo indefinido que se hubiera creado. En todo caso se podría pedir como medida cautelar, su anotación preventiva para conjurar las consecuencias de una cesión del crédito hipotecario.

    Vemos pues que el deudor quedará desamparado, razón sobre la cual debe promoverse por las entidades de crédito y ante el legislador, dos medidas:

a) Llevar el tema al ámbito de la disciplina financiera, aunque esta solución podrá funcionar sin modificación legislativa.

b) Completar el texto legal con una solución de derecho positivo cual podría ser: señalar plazo, y constatado éste, tener por caducado el derecho a enervar.

 

  1. Escritura de subrogación.

    Para la autorización de esta escritura la ley no determina qué notario es el competente, por lo que entendemos que el deudor (o en su defecto la nueva entidad acreedora) podrá elegir libremente, sea el mismo notario que autorizó el acta de notificación o cualquiera otro.

    Para que se pueda proceder al otorgamiento de la escritura de subrogación será menester que se cumplan los siguientes requisitos:

a) Que hayaexpirado el plazo de quince días naturales, salvo, claro está, que la primera entidad renuncie por apoderado con facultades suficientes al efecto, y anticipadamente, al derecho de enervar.

    A nuestro juicio no es admisible la práctica de otorgar escrituras de subrogación sin esperar al transcurso del plazo de enervación de quince días, basándose en que si el deudor manifiesta inequívocamente su voluntad de no formalizar la novación con la primera entidad, no podría ser compelido a firmar contra su voluntad.

    Dado el carácter excepcional de esta normativa, (no hay que olvidar que entraña para la entidad acreedora original la pérdida de su derecho de hipoteca sin su consentimiento) es ineludible esperar el transcurso del plazo de quince días. La escritura de subrogación sólo se puede otorgar si la primera entidad no ejercite su derecho de enervar en el plazo previsto.

b) Que la nueva entidad presentecopia del acta notarial de notificación de la oferta de subrogación de la que resulte que no se ha producido respuesta alguna con el efecto de enervar la subrogación. Así se garantiza que sólo se otorgue la escritura de subrogación si la entidad acreedora no ha hecho uso de su derecho de enervar.

c)El pago de la deuda o depósito de su importe. Aquí debe distinguirse según la entidad acreedora hubiera o no entregado la certificación:

    – Pago de la deuda. Si se entregó la certificación, bastará “que la entidad subrogada declare en la misma escritura haber pagado a la acreedora la cantidad acreditada por ésta por capital pendiente e intereses y comisiones devengadas y no satisfechas” debiéndose incorporar a la escritura un resguardo de la operación bancaria realizada con tal finalidad, lo cual deberá ser verificado por el notario autorizante de la escritura de subrogación.

    – Depósito de la deuda y notificación notarial. Si no se entregó la certificación o la entidad acreedora “se negase por cualquier causa a admitir su pago, bastará con que la entidad subrogada la calcule, bajo su responsabilidad y asumiendo las consecuencias de su error, que no serán repercutibles al deudor, y, tras manifestarlo, deposite dicha suma en poder del notario autorizante de la escritura de subrogación, a disposición de la entidad acreedora. A tal fin, el notario notificará de oficio a la entidad acreedora, mediante la remisión de copia autorizada de la escritura de subrogación, pudiendo aquélla alegar error en la misma forma, dentro de los ocho días siguientes”.

    No hubiera estado de más que la ley se hubiera pronunciado de forma más tajante sobre que a falta de certificación la única posibilidad que cabe es la del depósito notarial, pero lo cierto es que de ella se infiere que sólo cabe esta opción. Por tanto debe rechazarse la práctica de la transferencia bancaria en los casos en que no haya certificación, aunque lo sea bajo el pretexto de ahorrar al deudor los gastos ocasionados por el depósito.

    Ahora bien, para que pueda verificarse el pago directamente y no sea necesario el depósito notarial, ¿se debe acreditar al notario la entrega de la certificación por parte de la entidad inicial? ¿Basta con que se exhiba dicha certificación por la nueva entidad? ¿Debe reunir algún requisito especial?

    A nuestro juicio no será necesario más que la simple manifestación de la nueva entidad de haber recibido el certificado correspondiente el cual podrá acompañarse para su incorporación a la escritura de subrogación con el fin de acreditar la coincidencia entre la cantidad efectivamente pagada y la adeudada a la primitiva entidad según dicho certificado. Pero, dada la finalidad de la reforma de beneficiar al deudor no creemos exigible  ningún requisito más.

    Finalmente cabe destacar el último párrafo del artículo 2 de la ley referido al supuesto en que exista desacuerdo entre la entidad acreedora y la entidad subrogada sobre el importe de la deuda, en cuyo caso el Juez citará a ambas entidades a una comparecencia después de la cual acordará lo que estime procedente, sin perjuicio de que la subrogación surta todos sus efectos y sin que la nueva entidad pueda repercutir en el deudor las consecuencias de su error.

 

  1. Contenido de las escrituras públicas de subrogación y modificación de préstamos.

    Aunque existen opiniones que consideran que ambos contenidos pueden ser refundidos en la misma escritura, a nuestro entender la literalidad del artículo 4 de la ley, tras la reforma, exige dos escrituras independientes: la de subrogación y la de modificación.

    Así, el artículo 4.1 dice que “en la escritura de subrogación sólo se podrá pactar la modificación del tipo de interés, tanto ordinario como de demora, inicialmente pactado o vigente, así como la alteración del plazo del préstamo, o ambas”.

    El contenido de esta escritura queda taxativamente determinado y no cabrá más contenido que el señalado en este artículo. De ahí cabe entender que si se pretende modificar el resto de condiciones financieras deberá hacerse en la escritura de modificación a que se refiere el apartado siguiente.

    Por el contrario, según el artículo 4.2, las escrituras de modificación de préstamos hipotecarios “podrán referirse a una o varias de las circunstancias siguientes:

i) la ampliación o reducción del capital;

ii) la alteración del plazo;

iii) las condiciones del tipo de interés inicialmente pactado o vigente;

iv) el método o sistema de amortización y cualesquiera otras condiciones financieras del préstamo;

v) La prestación o modificación de las garantías personales”.

    Finalmente, no queremos concluir este breve estudio sin hacer una referencia al párrafo tercero de este artículo 4 el cual contiene, en su primera parte, una innovación que, sin duda, va a generar ríos de tinta en la doctrina. Dice el precepto que “las modificaciones previstas en los apartados anteriores no supondrán, en ningún caso, una alteración o pérdida del rango de la hipoteca inscrita excepto cuando impliquen una incremento de la cifra de responsabilidad hipotecaria o la ampliación del plazo del préstamo por este incremento o ampliación”.

    Sólo nos vamos a centrar en una cuestión fundamental cual es la posibilidad, introducida por la norma, de que una ampliación de capital del préstamo hipotecario, sin alterar la cifra de responsabilidad, no suponga una alteración o pérdida del rango hipotecario. Como la ampliación de capital y el aumento de la responsabilidad hipotecaria no son términos sinónimos, cabrá aumentar el capital y no variar la cifra de responsabilidad. Ahora bien, esta novedad colisiona con la concepción tradicional de la hipoteca y del principio de especialidad; y se acerca a figuras desconocidas en nuestro derecho como “la hipoteca de propietario”. El conflicto está servido y se constata de inmediato viendo tres ejemplos de ampliación del préstamo que copiamos del estudio de Javier Micó.

    Ejemplo base:   Se concedió un préstamo por importe principal de 50.000 euros y en su garantía se constituyó una hipoteca con la siguiente responsabilidad: 50.000 por capital; 20.000 por intereses ordinarios; 20.000 por intereses de demora, y 10.000 por costas y gastos.

    A día de hoy la deuda actual asciende a 25.000 euros.

    Ejemplo 1. Se amplía el capital desde la deuda actual a una cifra que sumada a ésta es inferior al capital inicialmente concedido. Imaginemos que ampliamos en 20.000 euros.

    La nueva situación es: capital debido más nuevo capital concedido 25.000 + 20.000 = 45.000 euros. Los 45.000 es inferior al capital inicialmente garantizado que es 50.000.

    ¿Se mantiene el rango?

    Es decir, un titular de segunda hipoteca se puede encontrar que la concedió porque el inmueble valía 50.000, la deuda era de 25.000 y creía que quedaba garantía y ahora resulta que al ‘recargar’ la primera hipoteca ve esfumarse su garantía.

    Ejemplo 2. Se amplía el capital desde la deuda actual a una cifra que sumada a la deuda actual es inferior a la responsabilidad inicialmente establecida. Imaginemos que ampliamos en 30.000 euros pero para no sobrepasar la responsabilidad inicial, ajustamos el resto de conceptos.

    La nueva situación es: capital debido más nuevo capital concedido 25.000 + 30.000 = 55.000. Pero reajustamos el resto: por intereses ordinarios, 20.000; por demora, 20.000; y por costas 5.000. Total responsabilidad, 100.000 euros, iguales a la responsabilidad garantizada que era 100.000.

    ¿Realmente se puede mantener el rango?

    Es decir, un titular de segunda hipoteca se puede encontrar que la concedió porque el inmueble valía 50.000, la deuda era de 25.000 y creía que quedaba garantía y ahora resulta que al ‘recargar’ la primera hipoteca ve esfumarse su garantía y que incluso la deuda por principal es superior.

    Ejemplo 3. Se amplía el capital desde la deuda actual a una cifra que sumada la deuda actual es superior a la responsabilidad inicialmente establecida. Imaginemos que ampliamos en 30.000 euros.

    La nueva situación es: capital debido más nuevo capital concedido 25.000 + 30.000 = 55.000. Pero no reajustamos el resto: por intereses ordinarios, 20.000; por demora, 20.000; y por costas 10.000. Total responsabilidad, 105.000 euros.

    Los 105.000 son superiores a la responsabilidad garantizada que era 100.000.

    Aquí se altera el rango por esta modificación, pero ¿hasta dónde se altera el rango?

    Como vemos la situación es realmente confusa pues están en juego principios civiles e hipotecarios básicos en nuestro sistema, así como toda la normativa sobre preferencias credituales en sede concursal. Por tanto, habrá que estar a la espera para ir conociendo las opiniones doctrinales y jurisprudenciales.

 

Miguel-Ángel Campo Güerri. Notario.

Barcelona, febrero de 2008.

 

Sustitución y Delegación del poder

Admin,

SUSTITUCIÓN Y DELEGACIÓN DEL PODER

Enrique Rojas Martínez del Mármol.

Notario de Las Palmas de Gran Canaria.

23 de julio de 2007

     Un error frecuente en la práctica es la confusión entre la sustitución de poder y el subapoderamiento, utilizándose genéricamente el término sustitución para englobar los dos supuestos (ver sentencia del Tribunal Supremo de 2 de marzo de 1992).

     Así la sustitución propiamente dicha, aunque para Castan es una asunción de deuda del sustituto, entiendo con Lacruz y Albadalejo que es una cesión de contrato o transmisión del poder, en la que el primitivo apoderado o sustituyente subroga a un nuevo apoderado o sustituto en el ejercicio de todas o algunas de las facultades conferidas por el poderdante, dejando de ostentar el sustituyente las facultades representativas sustituidas. Hay pues un doble efecto subrogatorio: Uno extintivo, ya que el sustituyente deja de ser apoderado. Otro novatorio, cambiando la persona del deudor (del apoderado/sustituyente a la del sustituto).

     Mientras, el subapoderamiento o delegación consiste en nombrar un nuevo apoderado o subapoderado, a quien el apoderado o subpoderdante le puede conferir todas o algunas de las facultades dadas por el poderdante, pero sin dejar de ostentar el subpoderdante las facultades representativas delegadas. En este caso no hay novación extintiva y si hay una novación modificativa, pero no en el sentido de cambio de deudor, sino en el sentido de introducir un nuevo deudor o subapoderado.

      Las consecuencias de utilizar una u otra opción son distintas. Veamos las principales:

 

POSIBILIDAD DE REALIZAR SUSTITUCIÓN O DELEGACIÓN. 

    El Código Civil regula esta materia en el Art. 1721 al decir que: ”El mandatario puede nombrar sustituto si el mandante no se lo ha prohibido…”

    Siguiendo a García Guardiola (Instituciones de Derecho Privado, Obligaciones y Contratos, Volumen 2º, Pág. 1246 y ss, Editorial Thomson/Civitas), de este precepto se desprende:

    1) que cabe la sustitución y la delegación, salvo prohibición expresa.

    2) que la sustitución implica una novación por cambio del deudor/apoderado, por lo que el sustituyente no quedará liberado mientras no preste su consentimiento el poderdante Cf. Art. 1.205 C.C., lo cual puede hacerse en el mismo poder, autorizando expresamente la sustitución; o en un momento posterior, ratificando la actuación del sustituto.

   Por su parte, el Código de Comercio dispone en el Artículo 261 que: “El comisionista desempeñará por sí los encargos que reciba, y no podrá delegarlos sin previo consentimiento del comitente, a no estar de antemano autorizado para hacer la delegación; pero podrá, bajo su responsabilidad, emplear sus dependientes en aquellas operaciones subalternas que, según la costumbre general del comercio, se confían a éstos.”  A diferencia del régimen civil, en el mercantil no basta con que no haya prohibición, sino que tiene que haber autorización para delegar o sustituir.

   Lo que parece aconsejable en cualquier caso es poner en conocimiento del poderdante la sustitución o delegación, para que este tenga conocimiento de las mismas, en el caso de tener que revocarlas, siendo además una obligación del sustituyente/subpoderdante ya que Artículo 1720 CC dispone que “Todo mandatario está obligado a dar cuenta de sus operaciones …al mandante…” y el artículo 260 CdC dice que “El comisionista comunicará frecuentemente al comitente las noticias que interesen al buen éxito de la negociación, participándole por el correo del mismo día, o del siguiente, en que hubieren tenido lugar, los contratos que hubiere celebrado.”

   Además habría que comunicar (cf Art. 178 del Reglamento Notarial) al notario titular del protocolo del poder, las sustituciones o subapoderamientos realizados,  ya que estamos ante una modificación del poder primitivo.

  

EFECTOS DE LO HECHO POR EL SUSTITUTO O SUBAPODERADO.

     Hay que distinguir dos supuestos:

  1.  Nombramiento prohibido por el poderdante.

     El Código Civil establece en el Art. 1721 que:” Lo hecho por el sustituto nombrado contra la prohibición del mandante será nulo.” Parece que analógicamente podría aplicarse este supuesto al Art. 261 cuando se trate de lo hecho por el sustituto nombrado sin la autorización del mandante. Y que también puede aplicarse analogicamente a lo hecho por el subapoderado nombrado por el subpoderdante sin tener facultades para ello.

    Frente a la solución legislativa, que establece la nulidad radical de estos actos, la doctrina (García Guardiola) entiende aplicable el Art. 1161 del C.C. que dispone que: ”En las obligaciones de hacer, el acreedor no podrá ser compelido a recibir la prestación o el servicio de un tercero, cuando la calidad y circunstancias de la persona del deudor se hubiesen tenido en cuenta al establecer la obligación.” Por tanto entiende que más que nulidad, podría hablarse de nulidad relativa, acto incompleto o inoponibilidad, ya que puede ocurrir que el cumplimiento por persona distinta del deudor (sustituto o subapoderado) sea más ventajoso para el acreedor (poderdante) y éste quiera aceptar la actuación de aquel mediante la ratificación.

    Esta posición es congruente con el Art. 1.295 del Código Civil que dispone que “… El contrato celebrado a nombre de otro por quien no tenga su autorización o representación legal será nulo, a no ser que lo ratifique la persona a cuyo nombre se otorgue antes de ser revocado por la otra parte contratante.” En este supuesto, Díaz Picazo (Comentarios al Código Civil del Ministerio de Justicia) distingue dos supuestos:

  1. A) Aquel en que el representante sin poder y el tercero conocen la falta de representación, en cuyo caso el negocio jurídico celebrado puede considerarse incompleto, pendiente de la conditio iuris de la ratificación.
  2. B) Y aquel en que el tercero cree que el poderdante tiene la representación suficiente para el negocio (no conoce la falta de representación), en cuyo caso será aplicable el art. 1.725 C.C. que dice que: “El mandatario que obre en concepto de tal no es responsable personalmente a la parte con quien contrata sino cuando …traspasa los límites del mandato sin darle conocimiento suficiente de sus poderes”. En este caso el contrato no produce efectos frente al mandante (Art. 1259 CC) pero si obligaría al mandatario.

  

  1.  Nombramiento sin prohibición del poderdante 

   En este caso el artículo 1721 del Código Civil señala: “El mandatario …responde de la gestión del sustituto:

    1.Cuando no se le dio facultad para nombrarlo.

    2.Cuando se le dio esta facultad, pero sin designar la persona, y el nombrado era notoriamente incapaz o insolvente.”

  Por tanto, como señala García Guardiola, la responsabilidad del sustituyente/subpoderdante es distinta dependiendo del supuesto de hecho:

  1. a) Si estaba facultado para sustituir/subapoderar:    

    1.- Si el poderdante designó a la persona del sustituido/subapoderado, el sustituyente/subpoderdante no responde de los actos de aquél.

    2.- Si el poderdante NO designó a la persona del sustituido/subapoderado:

            .- Si el designado es notoriamente incapaz o insolvente, el sustituyente/subpoderdante responderá de los actos de aquél.

     .- Si el designado NO es notoriamente incapaz o

     insolvente, el sustituyente/subpoderdante no responderá de los actos de aquél.

  1. b) Si NO estaba facultado para sustituir/subapoderar, ya sea el designado notoriamente incapaz o insolvente o no, el sustituyente/subpoderdante responderá de los actos de aquél. Lo cual es consecuencia directa de la novación subjetiva operada, cesando la responsabilidad si el poderdante presta su consentimiento a la sustitución/subpoder Cf. Art. 1205 Código Civil.

      Por su parte, el Artículo 262 del Código de Comercio señala que  “Si el comisionista hubiere hecho delegación o sustitución con autorización del comitente, responderá de las gestiones del sustituto, si quedare a su elección la persona en quien había de delegar, y, en caso contrario, cesará su responsabilidad.” A diferencia del régimen civil, en el mercantil no basta con que esté facultado el sustituyente/subpoderdante, sino que tiene que haber hecho la elección el poderdante de la persona del sustituido/subapoderado para que el sustituyente/subpoderdante no responda de los actos del sustituido/subapoderado.

  

EFECTOS DE LAS CAUSAS DE EXTINCIÓN DEL PODER EN LA SUSTITUCIÓN/SUBPODER.

     Según el art. 1.732 del Código Civil “El mandato se acaba:

     Por su revocación.

     Por renuncia o incapacitación del mandatario.

    Por muerte, declaración de prodigalidad o por concurso o insolvencia del mandante o del mandatario.

    El mandato se extinguirá, también, por la incapacitación sobrevenida del mandante a no ser que en el mismo se hubiera dispuesto su continuación o el mandato se hubiera dado para el caso de incapacidad del mandante apreciada conforme a lo dispuesto por éste. En estos casos, el mandato podrá terminar por resolución judicial dictada al constituirse el organismo tutelar o posteriormente a instancia del tutor.”

     Para determinar los efectos de la extinción del primer poder, hay que partir de una premisa importante: El sustituyente y el subpoderdante ¿Intervienen en su propio nombre o en nombre del poderdante?

     Según Pedro Ávila (Formularios Notariales), en la sustitución, el sustituyente interviene en su propio nombre, ya que no está haciendo uso de una facultad representativa, sino de una autorización del poderdante, teniendo la sustitución su base en el poder primitivo, por lo que la revocación del poder por el poderdante implicará la de todas las sustituciones. Por eso cierto sector doctrinal entiende que el sustituto debe de acreditar, además de su propio poder, el del sustituyente, ya que sus facultades dimanan de éste último y así además puede controlar las sustituciones realizados por el sustituto.

    Pero esta materia fue resuelta por la Resolución de la DGRN de 10 de febrero de 1.995 que señala que el sustituto basta con que presente la escritura de sustitución, no pudiéndosele exigir además que presente la escritura del poder originario, ya que en ese caso, lejos de ensanchar la esfera de actuación del poderdante, se estaría yendo contra la finalidad de la sustitución, que es ampliar el ámbito de actuación del poderdante. Y que el poderdante está suficientemente protegido, no sólo por la obligación del apoderado de notificar las sustituciones (Cf. arts 1719, 1720 y 1726 del Código Civil) sino por la posibilidad de prohibir expresamente en el poder las sustituciones.

     En cuanto a las demás causas de extinción del poder (muerte, incapacidad…del sustituyente) al haber quedado el sustituyente desligado del poder (efecto extintivo) no afectan a la eficacia de la sustitución.

    En cuanto al subpoder, el subpoderdante interviene en nombre del poderdante, por lo que en caso de la revocación del poder por el poderdante subsistirá el subpoder:   

  1.  Porque al haber actuado en nombre del poderdante, es como si este hubiera otorgado un nuevo poder.
  2.  Porque igualmente subsisten todos los demás actos otorgados por el apoderado durante la vigencia del poder.

     Por eso es más delicado conferir facultades para apoderar que autorizar a sustituir.

    En cuanto a las demás causas de extinción del poder (muerte, incapacidad… del apoderado) al haber actuado el subpoderdante en nombre del poderdante y no en nombre del apoderado, tampoco afectan a la eficacia de la sustitución.

  

    Enrique Rojas Martínez del Mármol.

    Notario de Las Palmas de Gran Canaria.

 

Resumen de la Ley de Presupuestos para 2022.

Admin, 13/01/2022

RESUMEN DE LA LEY DE PRESUPUESTOS PARA 2022

 

Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022.

 

Resumen breve:

En los Presupuestos de 2022 destaca una importante brecha ingresos-gastos, aunque inferior a la del ejercicio pasado. Se reduce a 1500 euros la deducción por aportación a planes de pensiones, salvo aportaciones empresariales o del propio trabajador. Tributación mínima del 15% en el Impuesto sobre Sociedades en determinados casos. Se mantienen el interés legal del dinero y el de demora. Cotizaciones a la Seguridad Social. Oferta de empleo público. Las pensiones suben conforme al IPC, sin aludirse al factor de sostenibilidad. Anuncio de dos nuevas agencias estatales. Reforma de las leyes del Sector Público, Contratos Públicos, Seguridad Social, entre otras.

Introducción

Se trata de la Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022. Ver resumen de la Ley anterior de Presupuestos para 2021.

Los Presupuestos Generales del Estado fundamentan su marco normativo básico en la Constitución Española. la Ley General Presupuestaria y en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

El Tribunal Constitucional ha precisado el contenido posible de la ley anual de Presupuestos Generales del Estado, que está constitucionalmente acotado (frente a lo que ocurre con las leyes ordinarias), distinguiendo:

– un contenido necesario, constituido por la determinación de la previsión de ingresos y la autorización de gastos que pueden realizar el Estado y los Entes a él vinculados o de él dependientes en el ejercicio de que se trate.

– y un contenido eventual, aunque estrictamente limitado a las materias o cuestiones que guarden directa relación con las previsiones de ingresos, las habilitaciones de gasto o los criterios de política económica general, que sean complemento necesario para la más fácil interpretación y ejecución de los Presupuestos. y de la política económica del Gobierno.

– Aunque la mayoría de las disposiciones tienen un rango temporal, pueden en algunos casos formar parte de esta Ley preceptos de carácter plurianual o indefinido.

– La Ley de Presupuestos no puede crear tributos, aunque sí modificarlos cuando una Ley tributaria sustantiva así lo prevea.

– Las materias que queden al margen de estas previsiones son materias ajenas a la Ley de Presupuestos Generales del Estado.

Estos Presupuestos Generales, todavía, profundamente influenciados por los efectos de la emergencia de salud pública provocada por la pandemia del COVID-19, mantienen una amplia brecha entre la previsión de ingresos y de gastos. Aumenta pues la previsión de déficit público, dejando el objetivo de estabilidad presupuestaria para el medio plazo y establece un límite de gasto no financiero para 2022 de 196.142 millones de euros (196.097 en 2021).

En su elaboración, se ha tenido en cuenta la incorporación a los Presupuestos de fondos procedentes de la puesta en marcha del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, dentro del instrumento excepcional de recuperación Next Generation EU, para la realización de reformas e inversiones sostenibles y favorables al crecimiento. El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia presentado por España gira en torno a cuatro ejes transversales: la transición ecológica, la transformación digital, la cohesión social y territorial y la igualdad de género.

No se dice expresamente que las previsiones sobre las que se sustentan estos Presupuestos Generales del Estado cuenten con el aval de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal Ley Orgánica 6/2013, de 14 de noviembre.

También se echa en falta la definición explícita del objetivo de déficit para el conjunto de las Administraciones Públicas como aparecía de modo expreso en las anteriores leyes de presupuestos a la de 2021, desglosado en la parte del Estado, CCAA, Seguridad Social y Corporaciones Locales.

Carece de Ley de Acompañamiento, pero la Ley cuenta con 108 artículos, distribuidos en 8 títulos, 130 disposiciones adicionales, 7 transitorias, 33 finales, 14 anexos y un amplio resumen de ingresos y gastos. A pesar de su número, son menos disposiciones que las del año anterior.

Ingresos y gastos

Los ingresos totales alcanzan la cifra de 376.996.675.220 euros (323.996.708.230 en 2021y 300.903.211.160 en los anteriores). Supone un aumento del 16,36%. Art. 2.

Los créditos para gastos alcanzan los 519.668.460.140 euros (521.175.227.870 en 2021 y 397.121.596.980 en los anteriores). Hay una disminución del 0,3%.

Por tanto, los gastos superan a los ingresos en más de 142 mil millones de euros. (un 37,80%). Se corrige en parte con respecto los casi 200 mil millones de euros del año pasado (60,86%), pero la diferencia sigue siendo elevadísima.

Los beneficios fiscales que afectan a los tributos del Estado se estiman en 41.939.140.000 euros (39.049.080.000 en 2021 y 34.825.110.000 en 2018). Aumentan en un 7,40%. Art. 3.

Deuda pública

El título V, «De las Operaciones Financieras», se estructura en tres capítulos, relativos, respectivamente, a deuda pública, avales públicos y otras garantías y relaciones del Estado con el Instituto de Crédito Oficial. Arts. 47 al 57.

– La cuantía del incremento anual del saldo vivo de la Deuda del Estado a 31 de diciembre 2022 no podrá superar el correspondiente a 1 de enero de 2022 en más de 81.936.673.060 euros (fueron 132.047.108.550 euros en 2021 y 53.668.213.080 euros en 2018), permitiendo que dicho límite sea sobrepasado durante el curso del ejercicio y estableciendo los supuestos en que quedará automáticamente revisado.

– El importe autorizado de operaciones de crédito para los Organismos Públicos se determina en el Anexo III de la Ley.

– Se fija el límite de la cuantía de los recursos ajenos del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) que asciende en este ejercicio a 6.867.339.000 euros, descendiendo respecto a ejercicios anteriores.

– La deuda pública nos cuesta este año 30.175.104.090 euros (31.675.104.090 en 2021 y 31.547.483.770 en 2018). Se mantiene estable, incluso una pequeña disminución, porque la bajada de los tipos de interés compensa el aumento en su monto total.

– La D. Ad. 3ª permite al Gobierno autorizar la concesión por parte del Estado de préstamos a la Tesorería General de la Seguridad Social por un importe de 6.981.590.000 euros Estos préstamos no devengarán intereses y su cancelación se producirá en un plazo máximo de diez años a partir de 2023.

NORMAS TRIBUTARIAS

Se encuentran fundamentalmente en el Título VI.

   IRPF 

A él se dedican los arts. 59 y 60, que modifican los arts. 51 y 52 LIRPF y D.Ad. 16ª LIRPF, respectivamente.

– El artículo 51 regula las reducciones por aportaciones y contribuciones a sistemas de previsión social.

– El artículo 52, complementario del anterior, determina el límite de reducción.

– La D. Ad. 16ª fija el límite financiero de aportaciones y contribuciones a los sistemas de previsión social

La reforma minora el límite general de reducción aplicable en la base imponible por aportaciones y contribuciones a sistemas de previsión social, que pasa de 2000 euros a 1500 euros.

Se prevé que dicho límite pueda incrementarse no solo mediante la realización de contribuciones empresariales, como ya sucede, sino también mediante aportaciones del trabajador al mismo instrumento de previsión social siempre que estas aportaciones sean de igual o inferior importe a la respectiva contribución empresarial. Asimismo, se eleva la cuantía del incremento de este límite hasta 8500 euros (antes 8000 euros).

– Se prorrogan de nuevo para el período impositivo 2022 los límites cuantitativos que delimitan en el IRPF el ámbito de aplicación del método de estimación objetiva. Ver D.Tr. 32ª LIRPF.

Impuesto sobre Sociedades.

El art. 61 modifica cinco artículos de la Ley del Impuesto sobre Sociedades.

Se establece una tributación mínima del 15 por ciento de la base imponible para aquellos contribuyentes del Impuesto:

– con un importe neto de la cifra de negocios igual o superior a veinte millones de euros

– o que tributen en el régimen de consolidación fiscal, cualquiera que sea el importe de su cifra de negocios.

El tipo de tributación mínima será del 10 por ciento en las entidades de nueva creación, cuyo tipo es del 15 por ciento,

El tipo mínimo será del 18 por ciento para las entidades de crédito y de exploración, investigación y explotación de yacimientos y almacenamientos subterráneos de hidrocarburos cuyo tipo general es del 30 por ciento.

Esto supone que, como resultado de la aplicación de las deducciones, no se podrá rebajar la cuota líquida por debajo de dicho importe.

En el caso de las cooperativas, la cuota líquida mínima no podrá ser inferior al resultado de aplicar el 60 por ciento a la cuota íntegra.

En las entidades dedicadas al arrendamiento de vivienda, la bonificación prevista en el artículo 49 se reduce drásticamente del 85% al 40%.

En concreto, los artículos afectados son:

Artículo 30. Cuota íntegra y cuota líquida

Artículo 30 bis. Tributación mínima (artículo añadido)

Artículo 41. Deducción de las retenciones, ingresos a cuenta y pagos fraccionados

– Apartado 1 del artículo 49 (dedicado a bonificaciones)

– Apartado 1 del artículo 71 (sobre deducciones y bonificaciones de la cuota íntegra del grupo fiscal).

   Renta de No Residentes.

La reforma vista introducida en el Impuesto de Sociedades tiene su correlación en el Impuesto sobre la Renta de no Residentes, para las rentas obtenidas mediante establecimiento permanente.

El art. 63 modifica el art. 19 y añade la D. Ad. 10ª al TR Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes.

– En el artículo 19 se regula la deuda tributaria, modificándose sus tres últimos apartados.

– Según la nueva D. Ad. 10ª, a efectos de lo dispuesto en el artículo 19, para determinar la deuda tributaria del impuesto, resultará de aplicación la tributación mínima establecida en el artículo 30 bis LISoc.

   Patrimonio

No hay disposiciones en esta Ley que afecten directamente al Impuesto sobre el Patrimonio. En Ley de Presupuestos para el año 2021 hubo una radical reforma, pues desapareció su carácter de temporal para convertirlo en indefinido, con vocación recaudatoria y no sólo informativa.

   IVA

El artículo 64, a semejanza de la medida sobre estimación objetiva en el IRPF, prorroga para el período impositivo 2022 los límites para la aplicación del régimen simplificado y el régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca, en el IVA. Ver D. Tr. 13ª LIVA

   ITPyAJD

El art. 65 actualiza la escala que grava la transmisión y rehabilitación de Grandezas y Títulos Nobiliarios, con un incremento del 1 por ciento.

   Impuesto de Bienes Inmuebles

No hemos encontrado modificación alguna, salvo referencias a la participación de los Ayuntamientos en los tributos del Estado, compensaciones y anticipos a Ayuntamientos.

   Tasas

Esta dedicado a ellas el amplio capítulo III (arts 66 al 75).

Se eleva en un 1 por ciento el importe a exigir por las de cuantía fija, excepto las que se hayan creado o actualizado específicamente por normas dictadas desde el 1 de enero de 2021. Dicha excepción se extiende igualmente, a la tasa de regularización catastral.

Hay referencias especiales a las tasas exigibles por la Jefatura Central de Tráfico (redondeo), por reserva del dominio público radioeléctrico, tasas ferroviarias y tasas portuarias.

La D.F. 5ª modifica la tasa por servicios prestados por el Registro de la Propiedad Intelectual.

Ver también la D.F. 10ª.y la 18ª (sobre puertos)

Aranceles

No se ha encontrado normativa sobre la materia.

Entidades Locales y Comunidades Autónomas

El Título VII (arts. 76 al 105) se estructura en dos capítulos, dedicados respectivamente, a Entidades Locales y Comunidades Autónomas.

Dentro del Capítulo I se contienen normas relativas a la financiación de las Entidades Locales, englobando en el mismo a los municipios, provincias, cabildos y consejos insulares, así como Comunidades Autónomas uniprovinciales.

El núcleo fundamental está constituido por la articulación de la participación de las Entidades Locales en los tributos del Estado, tanto en la determinación de su cuantía, como en la forma de hacerla efectiva.

Cabe destacar:

cesión en la recaudación de determinados impuestos como el IRPF, IVA e impuestos especiales;

 – la participación a través del Fondo Complementario de Financiación con atención específica a las compensaciones a las entidades locales por pérdidas de recaudación en el Impuesto sobre Actividades Económicas

– la participación en el Fondo de Aportación a la Asistencia Sanitaria para el mantenimiento de los centros sanitarios de carácter no psiquiátrico.

– Se extiende la revisión cuatrienal del ámbito subjetivo de aplicación de los modelos de participación en tributos del Estado aplicables a los municipios para que tenga incidencia en los años 2021 a 2023.

-Se recoge la regulación de los regímenes especiales de participación de Ceuta y Melilla, de las entidades locales de las Islas Canarias, así como al relativo a las entidades locales de los Territorios Históricos del País Vasco y Navarra.

– Esta regulación se completa con otras transferencias, constituidas por subvenciones, así como la compensación a los ayuntamientos de los beneficios fiscales concedidos a las personas físicas o jurídicas en los tributos locales.

– También se recogen las obligaciones de información a suministrar por las entidades Locales, las normas de gestión presupuestaria, el otorgamiento de anticipos a los ayuntamientos y un procedimiento para dar cumplimiento a las compensaciones de deudas firmes contraídas con el Estado por las Entidades Locales, incluyendo las que, en su caso, se deban aplicar como consecuencia de incumplimientos reiterados de los plazos de pago establecidos en la normativa de medidas de lucha contra la morosidad.

El Capítulo II regula determinados aspectos de la financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y de las Ciudades con Estatuto de Autonomía.

El sistema de financiación vigente en el año 2022 procede de la modificación de la Ley Orgánica de Financiación de las CCAA y la aprobación de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía.

Los recursos financieros que el sistema asigna para la cobertura de las necesidades globales de financiación de cada Comunidad Autónoma están constituidos por el Fondo de Suficiencia Global, la Transferencia del Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales y la Capacidad Tributaria. El Presupuesto de gastos del Estado recoge el Fondo de Suficiencia Global y la aportación del Estado al Fondo de Garantía. La recaudación de los tributos que el Estado les ha cedido total o parcialmente, sin embargo, por su naturaleza, no tienen reflejo en los Presupuestos Generales del Estado

Además, para favorecer la convergencia entre Comunidades Autónomas y el desarrollo de aquellas que tengan menor renta per cápita, la Ley 22/2009 regula dos Fondos de Convergencia Autonómica dotados con recursos adicionales del Estado: el Fondo de Competitividad y el Fondo de Cooperación.

Por otra parte, en el año 2022 se practicará la liquidación del sistema de financiación correspondiente a 2020, regulándose en el indicado capítulo los aspectos necesarios para su cuantificación.

Se regula en el citado capítulo el régimen de transferencia en el año 2022 correspondiente al coste efectivo de los servicios asumidos por las Comunidades Autónomas, así como el contenido mínimo de los Reales Decretos que aprueben las nuevas transferencias.

Por último, se recoge la regulación de los Fondos de Compensación Interterritorial, distinguiendo entre Fondo de Compensación y Fondo Complementario. Ambos Fondos tienen como destino la financiación de gastos de inversión por las Comunidades Autónomas.

Ver también la D. Ad. 1ª sobre concesión de subvenciones o suscripción de convenios con Comunidades Autónomas.

La D.Ad. 89ª fija un régimen excepcional en materia de endeudamiento autonómico en 2022. Tratan también de financiación autonómica y local las siguientes, hasta la 100ª.

Seguridad Social

El Título VIII (arts 106 al 108), bajo la rúbrica «Cotizaciones Sociales», regula la normativa relativa a las bases y tipos de cotización de los distintos regímenes de la Seguridad Social, procediendo a su actualización.

El Título consta de tres artículos relativos, respectivamente, a:

– Bases y tipos de cotización a la Seguridad Social, Desempleo, Protección por cese de actividad, Fondo de Garantía Salarial y Formación Profesional durante el año 2022.

– Cotización a las Mutualidades Generales de Funcionarios para el año 2022.

– Cotización a derechos pasivos.

Los tipos de cotización en el Régimen General son, para 2022, los siguientes:

 – para las contingencias comunes serán el 28,30 por 100, (23,60 por 100 a cargo de la empresa y el 4,70 por 100 a cargo del trabajador);

– Para las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales se aplicarán los porcentajes de la tarifa de primas incluida en la D. Ad. 4ª de la Ley de Presupuestos para 2007, siendo las primas resultantes a cargo exclusivo de la empresa.

– Para la cotización adicional por horas extraordinarias, se aplicarán los siguientes tipos de cotización:

a) para las motivadas por fuerza mayor, el 14,00 por ciento, del que el 12,00 por ciento será a cargo de la empresa y el 2,00 por ciento a cargo del trabajador.

b) para el resto, el 28,30 por ciento, del que el 23,60 por ciento será a cargo de la empresa y el 4,70 por ciento a cargo del trabajador.

 – para la contingencia de desempleo en contratación indefinida, el 7,05 por ciento, del que el 5,50 por ciento será a cargo del empresario y el 1,55 por ciento a cargo del trabajador;

– para la cotización al Fondo de Garantía Salarial, el 0,20 por ciento a cargo exclusivo de la empresa.

 – para la cotización por Formación Profesional, el 0,70 por ciento, siendo el 0,60 por ciento a cargo de la empresa y el 0,10 por ciento a cargo del trabajador. Para los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, el tipo aplicable será el 0,10 por ciento.

El tope máximo de la base de cotización, en cada uno de los Regímenes de la Seguridad Social que lo tengan establecido, queda fijado en 4139,40 euros mensuales (4070,10 en 2021 y 2020, 3803,70 en 2018).

El tope mínimo coincidirá con las cuantías del salario mínimo interprofesional vigente en cada momento, incrementadas en un sexto, salvo disposición expresa en contrario

La base de cotización para Desempleo, Fondo de Garantía Salarial y Formación Profesional en todos los regímenes de la Seguridad Social que tengan cubiertas las mismas, será la correspondiente a las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.

El apartado cuarto regula la cotización en el Sistema Especial para Empleados de Hogar:

Las bases de cotización por contingencias comunes y profesionales se determinarán aplicando a la escala de retribuciones mensuales y a la base de cotización correspondiente vigente a 31 de diciembre de 2021 el aumento que experimente en 2022 el salario mínimo interprofesional. Se incrementará con la parte proporcional de las pagas extraordinarias.

– El tipo de cotización por contingencias comunes será el 28,30 por ciento, siendo el 23,60 por ciento a cargo del empleador y el 4,70 por ciento a cargo del empleado.

– Para la cotización por las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, se aplicará, sobre la base de cotización, el tipo previsto en la tarifa de primas incluida en la D. Ad. 4ª de la Ley de Presupuestos para 2007, siendo a cargo exclusivo del empleador.

– Durante el año 2022 será aplicable una reducción del 20 por 100 en la aportación empresarial a la cotización a la Seguridad Social por contingencias comunes en este sistema especial. Se aplica a los contratos posteriores al 1 de enero de 2012. Se exceptúa cuando estuviese dado de alta para el mismo empleador entre agosto y diciembre de 2011 y los casos en que el empleado haya asumido la obligación de cotizar. La reducción llega al 45% para familias numerosas.

Los apartados seis, diez y once se dedican a la cotización en el Régimen Especial de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos:

– La base máxima de cotización será de 4.139,40 euros mensuales y la base mínima será de 960,60. Hay reglas especiales para menores y mayores de 48 años.

– Los tipos de cotización serán, a partir del 1 de enero de 2022:

a) Para las contingencias comunes el 28,30 por ciento. Habrá un coeficiente reductor cuando se tenga cubierta la incapacidad temporal en otro régimen de la Seguridad Social

b) Para las contingencias profesionales el 1,30 por ciento, del que el 0,66 por ciento corresponde a la contingencia de incapacidad temporal y el 0,64 a la de incapacidad permanente, muerte y supervivencia.

c) Aquellos trabajadores autónomos excluidos de cotizar por contingencias profesionales, deberán cotizar por un tipo del 0,10 para la financiación de las prestaciones previstas en los Capítulos VIII y IX del título II TRLGSS.

El apartado doce trata de la cotización en los contratos para la formación y el aprendizaje (aumento en las cuotas por contingencias comunes en el mismo porcentaje que aumente la base mínima del Régimen General de la Seguridad Social).

Se faculta al titular del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y del Ministerio de Trabajo y Economía Social para dictar las normas necesarias para la aplicación y desarrollo de lo previsto en este artículo 106.

El art. 107 regula la cotización a las Mutualidades Generales de Funcionarios para el año 2022.

Respecto a prestaciones familiares, la D. Ad. 39ª regula la cuantía de las prestaciones familiares de la Seguridad Social, en su modalidad no contributiva, así como el importe del límite de ingresos para el acceso a las mismas:

– La cuantía de la prestación por nacimiento o adopción de hijo establecida en artículo 358.1 será de 1.000 euros que sólo es aplicable a algunos casos como madres o padres con discapacidad, familias numerosas o monoparentales.

– Los límites de ingresos para tener derecho a la asignación económica por hijo o menor acogido a cargo quedan fijados en 12.913 euros anuales y, si se trata de familias numerosas, en 19.434 euros, incrementándose en 3.148 euros por cada hijo a cargo a partir del cuarto, éste incluido. 

La D. Ad 105ª retrasa la aplicación, sin indicación de fecha, de lo previsto en los artículos 1.1, primer párrafo; 24, segundo párrafo; y 25.4 (con nueva redacción) de la Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del Trabajo Autónomo, en todo lo relativo a los trabajadores por cuenta propia que ejerzan su actividad a tiempo parcial.

La D. Ad 106ª suspende el sistema de reducción de las cotizaciones por contingencias profesionales por disminución de la siniestralidad laboral hasta que el Gobierno reforme el Real Decreto 231/2017, de 10 de marzo.

La D.F. 22ª modifica el artículo 7 del RD 1148/2011, de 29 de julio, que regula la prestación económica por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave. Este artículo trata del nacimiento, duración, suspensión y extinción del derecho. Por la D.F. 23ª, este artículo 7 mantiene su rango de real decreto. Hay que tener en cuenta también que la D.F. 28ª modifica los artículos 190 al 192 TRLGSS que regulan la situación protegida, los beneficiarios y la prestación económica respectivamente en esta materia.

La D. F. 28ª modifica el TR Ley General de la Seguridad Social. Destacamos lo siguiente:

– Se da nueva redacción al apartado 1 del artículo 20, que regula la adquisición, mantenimiento, pérdida y reintegro de beneficios en la cotización, pues la empresa ha de estar al corriente, no solo de las cotizaciones, sino de cualquier otro recurso de la Seguridad Social:

“1. Únicamente podrán obtener reducciones, bonificaciones o cualquier otro beneficio en las bases, tipos y cuotas de la Seguridad Social y por conceptos de recaudación conjunta, las empresas y demás sujetos responsables que se encuentren al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social en relación al ingreso por cuotas y conceptos de recaudación conjunta, así como respecto de cualquier otro recurso de la Seguridad Social que sea objeto de la gestión recaudatoria de la Seguridad Social, en la fecha de su concesión.”

– En el artículo 88, referido a las mutuas, se recoge ahora que el nombramiento y el contrato de los ejecutivos ha de ser confirmado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

– Respecto al cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave, se modifican los artículos 190 al 192 que regulan la situación protegida, los beneficiarios y la prestación económica respectivamente.

– Y, en cuanto a los autónomos dados de alta antes del 1 de enero de 1994, se modifica la D.Tr. 20ª, sobre la validez a efectos de prestaciones de cuotas anteriores al alta en el Régimen Especial, permitiendo la aplicación del artículo 319 (que se refiere a los efectos de las cuotas anteriores al alta) a las prestaciones causadas desde el 1 de enero de 2022.

Cuidado de hijos con enfermedad grave

La D.F. 25ª da nueva redacción al artículo 37.6 TR del Estatuto de los Trabajadores,

El artículo 37 regula el descanso semanal, fiestas y permisos. En concreto, afecta al derecho a reducción de jornada para atender a un hijo o acogido que sufra una enfermedad grave, extendiéndose hasta la edad de 23 años y pudiendo pasar al cónyuge o pareja de hecho.

La D.F. 26ª, con la misma finalidad, modifica el artículo 49, letra e) del Estatuto Básico del Empleado Público.

Dependencia

La D. Ad. 108ª determina las cuantías del nivel mínimo de protección garantizado por la Administración General del Estado para cada persona beneficiaria del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia:

– Grado III Gran Dependencia: 250,00 euros/mes

– Grado II Dependencia Severa: 125,00 euros/mes

– Grado I Dependencia Moderada: 67,00 euros/mes

Tiene una dotación de 483.197.420 euros.

Derechos pasivos

El artículo 108 -y último- trata sobre la cotización a derechos pasivos. El importe de la cuota de derechos pasivos aplicable al personal incluido en el ámbito de cobertura del Régimen de Clases Pasivas del Estado se determinará mediante la aplicación del tipo porcentual del 3,86 por ciento sobre los haberes reguladores establecidos en el apartado Uno del artículo anterior. Para el grupo A1, la base es de 41.769,42 euros. Por tanta la cantidad resultante es de: 1612,30 euros.

Gastos de Personal

El Título III acoge la regulación fundamental en tres capítulos

En el Capítulo I, tras definir lo que constituye el «sector público» a estos efectos, trata de los gastos del personal con la previsión general de que, durante el año 2022, tanto las retribuciones del personal al servicio del sector público como la masa salarial del personal laboral experimentarán un crecimiento del 2 por ciento respecto de los vigentes a 31 de diciembre de 2021.

En el Capítulo II, bajo la rúbrica «De los regímenes retributivos», se regula la actualización para el año 2022 de las retribuciones, entre otros, de los altos cargos, de los funcionarios del Estado, del personal estatutario y del no estatutario de la Seguridad Social, así como las del personal laboral del sector público estatal.

También se encuentran las normas reguladoras del personal al servicio de la Administración de Justicia, incluyendo las retribuciones de los miembros de la Carrera Judicial y Fiscal y Letrados de la Administración de Justicia.

El Capítulo III de este Título contiene una norma de cierre, aplicable al personal cuyo sistema retributivo no tenga adecuado encaje en las normas contenidas en el Capítulo II. Entre otros contenidos, se establece la prohibición de ingresos atípicos, se trata de recompensas, cruces…, y de los requisitos para la determinación o modificación de retribuciones del personal laboral y no funcionario que exigirán del informe favorable de la Comisión Ejecutiva de la Comisión Interministerial de Retribuciones. Se regula la contratación de personal laboral con cargo a los créditos de inversiones y la competencia del Ministerio de Hacienda y Función Pública en materia de costes del personal al servicio del sector público en el ámbito de la negociación colectiva.

– La D. Ad. 32ª regula la recuperación de la paga extraordinaria y adicional del mes de diciembre de 2012, en la parte todavía no abonada.

Se establece como norma de cierre que cualquier nueva actuación que propongan los departamentos ministeriales no podrá suponer un aumento neto de los gastos de personal superior al autorizado en el artículo 19 y en los demás preceptos de esta Ley que establezcan normas específicas en la materia. D. Ad. 31ª

Oferta de Empleo Público

Se regula en el artículo 20 del que destacamos:

– se sujetará a una tasa de reposición de efectivos del 110 %,

será del 120% en los sectores prioritarios que enumera y para entidades locales que tuvieran amortizada su deuda financiera a 31 de diciembre.

– la tasa de reposición es del 125 % en el caso de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, cuerpos de Policía Autonómica y Policías Locales.

– no se podrá contratar personal temporal, ni realizar nombramientos de personal estatutario temporal y de funcionarios interinos excepto en casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables

– La oferta de Empleo Público para el acceso a las carreras judicial y fiscal no podrá superar el límite máximo de 200 plazas (240 plazas en 2021, 300 en 2018). D.Ad. 15ª.

– La D.Ad.17ª regula la contratación de personal de las sociedades mercantiles públicas y las entidades públicas empresariales. La D.Ad. 18ª es para Fundaciones. Y la D.Ad.19ª, para los consorcios. Ver también D.Ad. 36ª sobre posibles contrataciones extraordinarias.

– La D.F.1ª modifica la D.Ad. 2ª.7 de la Ley de Bases de Régimen Local. Afecta al régimen de los funcionarios de Administración local con habilitación de carácter nacional en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Pensiones públicas

El Título IV (arts 36 al 46) las regula en seis capítulos:

El Capítulo I establece la revalorización de las pensiones abonadas por el sistema de la Seguridad Social, así como de Clases Pasivas, que experimentarán en 2022 con carácter general un incremento porcentual igual al valor medio de las tasas de variación interanual expresadas en tanto por ciento del Índice de Precios al Consumo de los doce meses previos a diciembre de 2021, en los términos que se indican en los artículos correspondientes de esta ley.

El Capítulo II está dedicado a regular la determinación inicial de las pensiones del Régimen de Clases Pasivas del Estado y especiales de guerra.

El Capítulo III contiene las limitaciones en el señalamiento inicial de las pensiones públicas, con un sistema de doble limitación al fijar un máximo a la cuantía íntegra mensual y un máximo a la cuantía íntegra anual, con excepciones.

El Capítulo IV regula la «Actualización y modificación de los valores de las pensiones públicas», abordando la revalorización de las pensiones contributivas abonadas por el sistema de la Seguridad Social, así como las de Clases Pasivas. Se remite en cuanto al incremento al art. 36 visto, aplicándose también el IPC.

Asimismo, se determinan las pensiones que no se revalorizan y la limitación del importe de la revalorización de las pensiones públicas. No se incrementan las que excedan 2.707,49 euros en cómputo mensual (era el valor para 2021) más el IPC. Tampoco podrán suponer un valor íntegro anual superior a 37.904,86 euros (era el valor para 2021) más el IPC.

El Capítulo V recoge el sistema de complementos por mínimos, que regula en dos artículos, relativos, respectivamente, a pensiones de Clases Pasivas y pensiones del sistema de la Seguridad Social.

El Capítulo VI contiene, de una parte, la determinación inicial y actualización de las pensiones no contributivas de la Seguridad Social y, de otra, la fijación de la cuantía de las pensiones del extinguido Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez. La cuantía de las pensiones de jubilación e invalidez del sistema de la Seguridad Social, en su modalidad no contributiva, se fija en 5.808,60 euros íntegros anuales (supone un 3% de incremento).

La D.Ad.45ª dispone que en 2022 la actualización de las pensiones se realizará de acuerdo con lo establecido en el título IV y disposiciones concordantes de esta ley, no siendo de aplicación lo dispuesto en los artículos 58 TRLGSS y 27 TR Ley de Clases Pasivas del Estado.

La D.F. 2ª modifica el texto refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado, aprobado por Real Decreto legislativo 670/1987, de 30 de abril. La reforma está motivada, en muy buena medida, porque el reconocimiento de derechos pasivos y la concesión de las prestaciones de Clases Pasivas causadas pasa a corresponder al Instituto Nacional de la Seguridad Social. La D.Tr. 3ª regula el régimen transitorio en la gestión del Régimen de Clases Pasivas. En tanto no culmine este proceso de adaptación, esta gestión será ejercida por la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social. Se completa con la adaptación normativa de la D.F. 4ª.

La D.F. 21ª modifica el apartado 1 del artículo 1 RDLey 20/2012, de 13 de julio. Este artículo regula el régimen de incompatibilidades de pensiones indemnizatorias, prestaciones compensatorias y percepciones similares. Se refiere a altos cargos y miembros de asambleas legislativas y de la Administración de Justicia, fundamentalmente.

Ir al resumen de la Ley 21/2021, de 28 de diciembre, de garantía del poder adquisitivo de las pensiones y de otras medidas de refuerzo de la sostenibilidad financiera y social del sistema público de pensiones.

Interés legal del dinero

Se mantiene en el 3% hasta el 31 de diciembre del año 2022. (Disp. Ad. 46ª).

Interés de demora

Durante el mismo período, el interés de demora a que se refieren el artículo 26.6 de la Ley General Tributaria, y 38.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, continúa en el 3,75%, como en 2021, 2018, 2017 y 2016. (Disp. Ad. 46ª).

IPREM

El indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM) aumenta (Disp. Ad. 101ª):

a) El IPREM diario, 19,30 euros.

b) El IPREM mensual, 579,02 euros.

c) El IPREM anual, 6948,24 euros.

d) En los supuestos en que la referencia al salario mínimo interprofesional ha sido sustituida por la referencia al IPREM en aplicación de lo establecido en el Real Decreto-Ley 3/2004, de 25 de junio, la cuantía anual del IPREM será de 8.106,28 euros cuando las correspondientes normas se refieran al salario mínimo interprofesional en cómputo anual, salvo que expresamente excluyeran las pagas extraordinarias; en este caso, la cuantía será de 6.948,24 euros.

Subvención al transporte: Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla

No hemos encontrado modificación a la normativa previa.

Catastro

No se ha modificado el Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo.

Planes de Pensiones

La D.F. 9ª modifica el apartado 3 letra a) del art. 5 TR Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones, dedicado a los principios básicos de los planes de pensiones. Es un cambio motivado por la reforma que vimos en el IRPF. Dice lo siguiente:

“a) El total de las aportaciones y contribuciones empresariales anuales máximas a los planes de pensiones regulados en la presente Ley no podrá exceder de 1.500 euros.

Este límite se incrementará en 8.500 euros, siempre que tal incremento provenga de contribuciones empresariales, o de aportaciones del trabajador al mismo instrumento de previsión social por importe igual o inferior a la respectiva contribución empresarial.

A estos efectos, las cantidades aportadas por la empresa que deriven de una decisión del trabajador tendrán la consideración de aportaciones del trabajador.

Las aportaciones propias que el empresario individual realice a planes de pensiones de empleo de los que, a su vez, sea promotor y partícipe, se considerarán como contribuciones empresariales, a efectos del cómputo de este límite.”

Creación de la Agencia Estatal de Administración Digital.

La D. Ad. 117ª autoriza la creación de la Agencia Estatal de Administración Digital, como organismo público con personalidad jurídica pública y patrimonio propios y plena capacidad de obrar.

La actuación de la Agencia responderá a los siguientes fines:

a) La digitalización del sector público, mediante el ejercicio de las funciones de dirección, coordinación y ejecución del proceso de transformación digital e innovación de la Administración a través de las tecnologías de la información y de las comunicaciones.

b) La prestación eficiente de los servicios públicos, a través de la adopción de soluciones digitales, en el marco de los Esquemas Nacionales de Seguridad e Interoperabilidad.

c) La transformación digital de las Administraciones Públicas a través de la coordinación de la Administración General del Estado y sus organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes, y de la cooperación con las administraciones públicas para la implantación de las estrategias nacionales e internacionales en materia de administración digital.

d) La coordinación funcional de la actuación de las unidades TIC de la Administración General del Estado y el apoyo informático a aquellos departamentos ministeriales que lo precisen.

Estará adscrita a la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Se regirá por lo establecido en su estatuto orgánico y por lo dispuesto en la Ley del Sector Público.

Creación de la Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial.

La D. Ad. 130ª autoriza al Gobierno a impulsar una Ley para la creación de la Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial en España, configurada como Agencia Estatal dotada de personalidad jurídica pública, patrimonio propio y autonomía en su gestión, con potestad administrativa.

Llevará a cabo, con plena independencia orgánica y funcional, medidas destinadas a la minimización de riesgos significativos sobre la seguridad y salud de las personas, así como sobre sus derechos fundamentales, que puedan derivarse del uso de sistemas de inteligencia artificial.

La Agencia Estatal se encontrará adscrita a la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, dentro del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Se regirá por lo establecido en su estatuto orgánico y por lo dispuesto en la Ley del Sector Público.

Sociedad Mercantil Estatal de Gestión Inmobiliaria de Patrimonio, M.P., S.A

La D.F.11ª modifica la D.Ad.10ª de la Ley del Patrimonio de las AAPP, dedicada a esta sociedad, en acrónimo SEGIPSA, ampliando su ámbito como medio instrumental y sus funciones. Expresamente se prevé que realice trabajos de formación y mantenimiento del Catastro Inmobiliario.

Creación del bono cultural joven

La D. Ad. 122ª crea el bono cultural joven, destinado a facilitar el acceso del público joven a la cultura.

Serán beneficiarios del bono aquellos jóvenes que cumplan 18 años durante el año 2022. El bono tendrá un importe máximo de 400 euros por beneficiario y se destinará a las actividades y productos culturales, tanto públicos como privados, que se determinen reglamentariamente.

Ley del Deporte

La D.F. 3ª modifica la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, afectando al artículo 19 y a la D.Ad. 7ª:

– Los Clubes, o sus equipos profesionales, que participen en competiciones deportivas oficiales de carácter profesional y ámbito estatal, podrán adoptar la forma de Sociedad Anónima Deportiva. Hasta ahora era obligatorio, salvo excepciones.

– Los Estatutos de estos Clubes –que no sean sociedades anónimas deportivas-deberán libremente establecer los requisitos para ser miembro de sus Juntas Directivas, tales como antigüedad, avales, etc.

Ley del Sector Público

Son 5 artículos de la ley los que se modifican por la D.F. 27ª.

– En el artículo 50, apartado dos, en relación con la firma de convenios, se flexibiliza el momento en el que debe de constar la autorización del Ministerio de Hacienda y Función Pública

– Se amplía el contenido del apartado 3 del artículo 122, relativo a la auditoría de los consorcios.

– En el apartado 1 del artículo 128, se modifica la definición de fundaciones del sector público estatal para incorporar a aquellas en que el patrimonio de la fundación esté integrado en más de un 50% por bienes o derechos cedidos por la Administración General del Estado o bien cuando tenga esta la mayoría de votos.

– En cuanto a las reglas de adscripción de las fundaciones públicas, recogidas en el artículo 129, se añade una cláusula de cierre, que llevará la letra g:

“g) Si la aplicación de los anteriores no resultara determinante, se adscribirá a la Administración General del Estado, y, en el caso de que ésta no participe, se adscribirá a la administración que decida su patronato.”

– Por último, se modifica la D.Ad. 4ª, dedicada a la adaptación de entidades y organismos públicos existentes en el ámbito estatal a la Ley del Sector Público, para suavizar las exigencias de adaptación a las entidades con régimen jurídico específico. Dicen así ahora sus dos primeros párrafos:

“Las entidades con régimen jurídico específico a la entrada en vigor de esta ley se seguirán rigiendo por su legislación específica, manteniendo su naturaleza jurídica, y únicamente de forma supletoria, y en tanto resulte compatible con su legislación específica por lo previsto en esta ley.

Los demás organismos y entidades, a los que se refiere el artículo 84.1 de esta ley, existentes en el momento de la entrada en vigor de la misma, deberán adaptarse a su contenido antes del 1 de octubre de 2024, rigiéndose hasta que se realice la adaptación por su normativa específica.”. El artículo 84.1 se refiere al sector público institucional estatal

Ley de Contratos del Sector Público

La D.F. 29ª modifica la Ley de Contratos del Sector Público que afecta a 4 artículos:

– En el procedimiento abierto simplificado, hay dos modificaciones del artículo 159 que flexibilizan el requisito de la previa inscripción del licitador en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público, siendo posible que sólo haya presentado la solicitud de inscripción.

– En la adjudicación de los contratos específicos en el marco de un sistema dinámico de adquisición, dispone el artículo 226 que la adjudicación de un contrato específico se basará en los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas del sistema dinámico de adquisición.

– La reforma del artículo 324, referida a acuerdos marco y sistemas dinámicos de adquisición por más de 12 millones de euros, ya autorizados, dispensa de autorización a los contratos basados y contratos específicos, en dichos acuerdos marco y sistemas dinámicos de adquisición, respectivamente.

– Y, conforme a la nueva redacción del artículo 332, los miembros de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación continuarán en el ejercicio de sus funciones hasta que tomen posesión de su cargo quien haya de sucederles (normalmente tras seis años).

Otras leyes modificadas

Entre las disposiciones finales, entresacamos:

– La D. F. 13ª afecta ampliamente a la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, lo que incluye, entre otras muchas materias, la regulación de los compromisos de gasto de carácter plurianual, modificaciones presupuestarias, obligaciones de información y retención de propuestas de pago, criterios de ordenación de pagos, cuentas del Tesoro Público y operaciones de gestión tesorera, relación con entidades de crédito, fiscalización e intervención previa de requisitos básicos, y acuerdos de colaboración y patrocinio suscritos por el sector público empresarial y fundacional

– La D.F. 14ª modifica el artículo 203, apartado 1, letra b) TR Ley Reguladora de las Haciendas Locales. En cursiva lo añadido.

Artículo 203. Competencia.

Corresponderá al Ministerio de Hacienda a propuesta de la Intervención General de la Administración del Estado:…

b) Aprobar la adaptación del Plan General de Contabilidad Pública para las entidades locales, su normativa de desarrollo y los planes especiales o parciales que se elaboren conforme a la misma, así como los de las entidades públicas empresariales y sociedades mercantiles con participación total o mayoritaria de las entidades locales, que se elaboren conforme al Plan General de Contabilidad de la empresa española.

– La D.F. 17ª modifica el apartado 1 del artículo 31 de la Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria. Dicho artículo está dedicado a la acogida de los solicitantes de protección internacional.

– La D.F. 18ª afecta al TR Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, con contenidos meramente económicos.

– La D.F. 20ª modifica el artículo 3 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social. Incluye una nueva letra g), de materias excluidas:

Artículo 3. Materias excluidas.

No conocerán los órganos jurisdiccionales del orden social:…

g) Los actos administrativos dictados en las fases preparatorias, previas a la contratación de personal laboral para el ingreso por acceso libre, que deberán ser impugnados ante el orden jurisdiccional contencioso administrativo.

La D.F. 30ª modifica la D. Ad. 5ª de la Ley 19/2021, de 20 de diciembre, por la que se establece el ingreso mínimo vital. Está dedicada a la aplicación en los territorios forales del ingreso mínimo vital. En su redacción inicial ya se aludía a que estas CCAA asumían las funciones y servicios que en esta Ley se atribuyen al Instituto Nacional de la Seguridad Social. Ahora se añade que la asunción se realiza “en atención al sistema de financiación de dichas haciendas forales”, desapareciendo la fecha tope para llegar a un acuerdo al respecto.

Y la D.F. 33ª, dedicada al desarrollo reglamentario, faculta al Gobierno para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para la ejecución y desarrollo de la presente Ley.

Anexos

Entre los catorce anexos, hay varios que enumeran diversos tipos de entidades o bienes:

– Anexo VIIIConsorcios y restantes entidades del sector público administrativo

– Anexo XFundaciones del sector público estatal

– Anexo XIFondos sin personalidad jurídica

– Anexo XIII. Bienes del Patrimonio Histórico Español (actividades prioritarias de mecenazgo, ver D.Ad. 58ª)

Entrada en vigor

No hemos encontrado, al igual que pasó en las leyes de Presupuestos para 2015 y para 2016, una disposición específica al respecto. De confirmarse, provocaría la aplicación supletoria del artículo 2 del Código Civil, con lo que la entrada en vigor se produciría el 19 de enero de 2022, a no ser que triunfe una interpretación integradora que la aplace a la más lógica: 1 de enero de 2022 (por la que se pronuncia expresamente el BOE en su versión consolidada, ver cabecera). De todos modos, la expresión “1 de enero de 2022” aparece en el texto en 73 ocasiones. Ver opinión de Javier Fuertes. (JFME)

 

ENLACES:

TEXTO CONSOLIDADO

TEXTO EN PDF   OTROS FORMATOS   Corrección de errores

RESUMEN LEY DE PRESUPUESTOS 2021

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RESUMEN LEY DE PRESUPUESTOS 2017

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Aurora boreal verde. Por Sebastian Saarloos

 

Cuadro con la incidencia impositiva del Valor de Referencia fiscal

Admin, 12/01/2022

Vicente Martorell. Notario de Oviedo

 

CUADRO CON LA INCIDENCIA IMPOSITIVA DEL VALOR DE REFERENCIA

[actualizado en www.oviedonotaria.com]

 

 

 

 

VALOR FISCAL INMOBILIARIO

La Ley 11/2021, con efectos desde el 1 de enero de 2022, ha introducido el «valor de referencia» para la determinación de la base imponible en las adquisiciones de inmuebles: se determina por el Catastro, pero es distinto del valor catastral; puede obtenerse a partir de la referencia catastral en la sede electrónica del Catastro; cuando no pueda ser certificado, sin perjuicio de la comprobación administrativa, se estará al valor de mercado; prevalece siempre el valor declarado si es superior; sólo podrá ser impugnado cuando se recurra la liquidación o se solicite la rectificación de la autoliquidación [ver J. JUÁREZ]

TPO

Valor de referencia (art. 10-2 D-leg 1/1993, reformado)

En las aportaciones onerosas a gananciales, que están exentas del ITPO (art. 45-I-B-3 D-leg 1/1993), se estará al valor declarado para la determinación de la ganancia del aportante en el IRPF

En las liquidaciones de gananciales, que están exentas del ITPO (art. 45-I-B-3 D-leg 1/1993) y no sujeta la eventual ganancia en el IRPF (art. 33-2-b Ley 35/2006), pueden producirse excesos de adjudicación sujetos al ITPO si el valor de referencia es superior al valor declarado

AJD

Valor de referencia (art. 30-1 D-leg 1/1993, reformado)

Dado que el valor de referencia no distingue entre el terreno y la edificación, en los casos que sea necesario (por ejemplo, una declaración de «obra vieja», una agrupación con edificaciones no declaradas, etc) parece que puede determinarse proporcionalmente al valor catastral (criterio seguido en el IIVTNU)

IVA

Importe contraprestación (art. 78 Ley 37/1992)

Siendo compatibles, podría darse el caso de que la base imponible del IVA fuese distinta a la del IAJD; muy frecuentemente en los supuestos de renuncia a la exención de IVA, en los que se suele contar ya con un valor de referencia

Sucesiones

Valor de referencia (art. 9-3 Ley 29/1987, reformado)

Respecto a las herencias causadas y, en su caso, liquidadas antes del 1 de enero de 2022, la entrada en vigor del valor de referencia no debería plantear problemas, al menos nuevos, a los que ya se suscitaban anteriormente en relación a las particiones efectuadas tiempo después del fallecimiento. Conviene siempre aclarar que las valoraciones de la escritura, referidas a la fecha de la adjudicación, no desplazan a las de la declaración fiscal, referidas a la fecha del devengo. Y sin perjuicio de que puedan producirse excesos de adjudicación, pero no por la aplicación del valor de referencia sino por desproporciones en relación al título sucesorio.

Respecto a las herencias causadas desde del 1 de enero de 2022, todos los preceptos relativos a los excesos de adjudicación siguen refiriéndose al valor declarado, salvo el art. 27-3 LISyD cuando el valor de referencia exceda del 50% del valor que correspondería en virtud del título sucesorio

Donaciones

Valor de referencia (art. 9-3 Ley 29/1987, reformado)

IIVTNU

Menor entre valor catastral por coeficiente o diferencia entre valores nominales de transmisión y adquisición (arts. 104-5 y 107 D-leg 2/2004)

Indirectamente el valor de referencia influirá en la valoración de las adquisiciones y transmisiones gratuitas que se produzcan a partir del 01/01/2022

 IRPF

El importe de las ganancias o pérdidas patrimoniales será la diferencia entre los valores de adquisición y transmisión, incluyendo gastos e impuestos, que en las onerosas es el real, y en las gratuitas el que resulte del ISyD, sin que pueda exceder del valor de mercado (arts. 33 y ss. Ley 35/2006)

Imputación de renta por el 2% del valor catastral,

tratándose de edificaciones distintas de la vivienda habitual, o que no estén arrendados o afectos a actividades económicas (art. 85 Ley 35/2006)

Patrimonio

Valor de referencia (art. 10-1 Ley 19/1991, reformado)

Parece que sólo se aplicará el valor de referencia a los inmuebles adquiridos a partir del 01/01/2022 (y el del año de adquisición), puesto que no se prevé su impugnación en el IP

Sociedades

Importe de la renta obtenida (art. 10 Ley 27/2014)

No residentes

Retención del 3% de la contraprestación acordada (art. 25-2 D-leg 5/2004)

En la determinación de la ganancia se remite, con excepciones, según haya o no mediación de establecimiento permanente, al Impuesto sobre Sociedades (art. 18 D-leg 5/2004) o al IRPF (art. 24-4 D-leg 5/2004)

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Revista de Derecho Civil. Volumen VIII. Número 4

Admin, 08/01/2022

TABLA DE CONTENIDOS DEL TRIGÉSIMO TERCER NÚMERO DE LA REVISTA DE DERECHO CIVIL

OCTUBRE – DICIEMBRE 2021

IR AL ÍNDICE DE TODOS LOS NÚMEROS

Estudios

Esther Farnós Amorós
pp. 1-46
Francisco de Elizalde Ibarbia
pp. 47-89
Juan Carlos Menéndez Mato
pp. 91-124
Ignacio Hernández Meni
pp. 125-159
 

Ensayos

Joan Andreu Ferrer Guardiola
pp. 161-226
Pedro A. Munar Bernat
pp. 227-255
 

Varia

Antoni Rubí Puig
pp. 257-263
Gorka Galicia Aizpurua
pp. 265-271

Revista de Derecho Civil. Volumen VIII, nº 4. Octubre – Diciembre 2021.

Revista de Derecho Civil Año 2021. Volumen VIII, número 4 (número 33 en total).

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AÑO 7:    Nº 1     Covid     Nº 3     Nº 4     Nº 5

AÑO 6:    Nº 1     Nº 2     Nº 3     Nº 4

AÑO 5:    Nº 1     Nº 2     Nº 3     Nº 4

AÑO 4:    Nº 1     Nº 2     Nº 3     Nº 4

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LA REVISTA DE DERECHO CIVIL, NÚMERO 1 EN EL ÍNDICE DIALNET DE SU CATEGORÍA

PORTADA DE LA WEB

Resumen RDLey 29/2021: Medidas sobre Energía y Cooperativas.

Admin, 04/01/2022

 

RESUMEN DEL RDLEY 29/2021, DE 21 DE DICIEMBRE: MEDIDAS SOBRE ENERGÍA Y COOPERATIVAS.

 

Real Decreto-ley 29/2021, de 21 de diciembre, por el que se adoptan medidas urgentes en el ámbito energético para el fomento de la movilidad eléctrica, el autoconsumo y el despliegue de energías renovables.

Resumen breve:

Potencia los puntos de recarga de vehículos eléctricos y el autoconsumo eléctrico. Se prorrogan medidas fiscales respecto al recibo de la luz o las energías renovables innovadoras. Retoques en la nueva regulación de los bonos garantizados sobre todo en el aspecto temporal. Una reforma de la Ley de Cooperativas permite el acceso a distancia a la Asamblea General y a las reuniones del Consejo Rector.

 

A) Movilidad eléctrica.

Se trata de una batería de medidas que trata de lograr un incremento en los puntos de recarga eléctrica. Ver Título I., Tr. 2ª, D.F.3ª y 4ª.

– Se promueve el despliegue de puntos de recarga en el entorno de las principales vías de comunicación incluyendo las carreteras del Estado, facilitando el régimen de autorizaciones de estos puntos en los terrenos colindantes a dichas carreteras. Se establecen obligaciones concretas y los plazos para la instalación de puntos de recarga de alta capacidad.

– Se sustituye por declaraciones responsables la obtención de licencia o autorización previa de obras, instalaciones, de funcionamiento o de actividad, de carácter medioambiental u otras de clase similar o análogas.

– Nuevas exigencias para los edificios existentes de uso distinto al residencial privado y que cuenten con una zona de uso aparcamiento con más de veinte plazas, que deberán contar, antes del 1 de enero de 2023, con dotaciones mínimas de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos proporcionales al número total de plazas. Las exigencias son superiores para edificios de organismos públicos. Estas disposiciones se verán complementadas por las establecidas en el Código Técnico de la Edificación y el Reglamento electrotécnico de baja tensión.

– En el ámbito fiscal, se crean bonificaciones en los tributos locales, mediante la reforma del TRL Haciendas Locales, pues se prevé la posibilidad de que las ordenanzas fiscales puedan regular una bonificación de hasta el 50 por ciento de la cuota íntegra del impuesto a favor de los bienes inmuebles en los que se hayan instalado puntos de recarga para vehículos eléctricos, condicionada a que las instalaciones dispongan de la correspondiente homologación por la Administración competente. D.F. 5ª.

– También podrán las ordenanzas locales bonificar hasta el 50 por ciento de la cuota correspondiente del impuesto sobre actividades económicas para los sujetos pasivos que tributen por cuota municipal y que hayan instalado puntos de recarga para vehículos eléctricos en los locales afectos a la actividad económica y, por último, una bonificación de hasta el 90 por ciento a favor de las construcciones, instalaciones u obras necesarias para la instalación de puntos de recarga para vehículos eléctricos. D.F. 5ª.

– Se incorpora en el marco legal un régimen sancionador, generalizado para el posible incumplimiento de plazos por parte de la distribuidora, y particularizado para el caso de que la instalación de consumo corresponda con una infraestructura de puntos de recarga. También se sancionará el incumplimiento por parte de los titulares de estaciones de servicio de instalaciones de suministro de combustibles y carburantes a vehículos de sus obligaciones de instalación de puntos de recarga eléctrica.

B) Autoconsumo eléctrico:

– Se permite la realización de autoconsumo colectivo a través de la red para en aquellos casos en que la generación y los consumos se encuentren conectados a una distancia inferior a 500 metros, con independencia del nivel de tensión a que se conecten.

– Se exime de la obligación de presentar garantías económicas a las instalaciones de generación de electricidad de menos de 100 kW asociadas a cualquiera de las modalidades de autoconsumo con excedentes.

– Los gestores de las redes deberán disponer de canales de información abiertos para presentar quejas, atender consultas y obtener información relativas a los expedientes de acceso a la red de instalaciones de autoconsumo.

– Se actualiza el actual régimen sancionador aplicable al autoconsumo creando tipos específicos para atajar los problemas existentes, como el alargamiento artificial del proceso de tramitación y alta de las instalaciones de autoconsumo, así como la posible existencia de problemas en la gestión y comunicación de excedentes y D.F. 2ª.

C) Factura de la luz y del gas.

El RDLey prorroga la vigencia de determinadas medidas tributarias en el sector eléctrico. Ver disposiciones adicionales.

– Continúa durante el primer trimestre de 2022 la suspensión temporal del Impuesto sobre el valor de la producción de energía eléctrica.

– Se mantiene hasta el 30 de abril de 2022 la aplicación del tipo reducido del 10 por ciento del IVA que recae sobre todos los componentes de la factura eléctrica para los contratos cuyo término fijo de potencia no supere los 10 kW cuando el precio medio mensual del mercado mayorista en el mes anterior al de la facturación haya superado los 45 €/MWh. No se aplica este límite de 45 €/MWh a los perceptores del bono social que sean consumidores vulnerables severos.

– Durante el primer cuatrimestre de 2022 se seguirán aplicando los tipos impositivos mínimos exigidos por la Directiva 2003/96/CE en el Impuesto Especial sobre la Electricidad, manteniéndose al 0,5 por ciento. En todo caso, no podrá ser inferior a 0,5 euros por megavatio-hora si la electricidad se utiliza con fines profesionales, o a 1 euro por megavatio-hora en el resto de los casos.

En el ámbito del gas natural, se aplica a las empresas medidas de flexibilización de la contratación del gas natural hasta el 31 de marzo de 2022, con el objetivo de que las empresas que se vean forzadas a reducir su producción no tengan que soportar costes adicionales derivados de las limitaciones que la normativa vigente impone a los cambios de caudal contratado de gas natural.

D) Mascarillas y material COVID

Se mantiene, hasta el 30 de junio de 2022, la aplicación del 4 por ciento del tipo impositivo del IVA a las entregas, importaciones y adquisiciones intracomunitarias de mascarillas quirúrgicas desechables.

También se mantiene hasta el 30 de junio de 2022 la aplicación de un tipo del cero por ciento del IVA a las entregas interiores, importaciones y adquisiciones intracomunitarias de material sanitario para combatir la COVID-19, cuyos destinatarios sean entidades públicas, sin ánimo de lucro y centros hospitalarios. Ver D.Ad. 1ª.

E) Inversiones en energía renovable.

Ante la gran cantidad de proyectos en marcha –que se acercan a los 150 GW con permiso de acceso y conexión concedido, muy por encima de lo previsto-, para facilitar su tramitación ordenada, este real decreto-ley extiende por un plazo adicional de nueve meses las fechas previstas en el Real Decreto-ley 23/2020, de 23 de junio, (ver resumen) para los hitos intermedios relativos a la declaración de impacto ambiental y las autorizaciones administrativas previa y de construcción, sin extender el plazo total de cinco años para el hito final de obtención de la AAE (Autorización Administrativa de Explotación).

Mediante la disposición transitoria primera, se da la oportunidad a que los titulares o solicitantes de permisos de acceso y, en su caso, conexión puedan renunciar a los mismos en el plazo de un mes, procediéndose a la devolución de las garantías económicas presentadas. Ver D.Tr. 1ª.

F) Bonos garantizados.

Se modifica al respecto el RDLey 24/2021, de 2 de noviembre (ver resumen), de transposición de directivas de la Unión Europea. Ver D.F. 6ª:

– Aclara uno de los requisitos que exige el artículo 34, la exigencia de remisión del folleto de emisión de los bonos garantizados o del folleto de base del programa correspondiente, que se hará en el caso de que la emisión esté sujeta a dichos requisitos conforme a la normativa europea de folletos.

– Se ajusta la disposición transitoria primera y segunda para aclarar que los instrumentos emitidos antes de la publicación del RDLey se regirán por la Ley 2/1981 y su normativa de desarrollo. Estas emisiones y las que se realicen entre la publicación del RDLey y el 8 de julio de 2022, deberán estar plenamente adaptadas al libro primero de dicho Real decreto ley a 8 de julio de 2022.

– Se coordina la entrada en vigor del libro primero del RDLey y otras disposiciones complementarias con la disposición derogatoria, evitando en todo momento vacíos legales.

G) Cooperativas.

Se modifica la Ley 27/1999, de 16 de julio, de cooperativas por la D.F.7ª:

– Los Estatutos podrán prever la posibilidad de asistencia y participación, a distancia, de las personas socias y demás legitimadas en las reuniones de las Asambleas Generales, por medios digitales, siempre que se garanticen determinados extremos como las comunicaciones, la transmisión en tiempo real o el mecanismo de ejercicio del voto. Ver art. 25.4

– Los Estatutos podrán prever que los miembros del Consejo Rector puedan asistir y participar, a distancia, en sus reuniones y, en su caso, en las de las comisiones, comités y comisiones ejecutivas, existentes, por medios digitales, para lo cual la cooperativa deberá poner a su disposición los medios necesarios para el ejercicio de sus derechos. Ver art. 36.6.

Entró en vigor el 23 de diciembre de 2021.

 

ENLACES:

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RESÚMENES BREVES DE OTRAS NORMAS

PORTADA DE LA WEB

El Barco de Ávila y la Sierra de Gredos. Por Budapest.

 

Resoluciones Enero 2022 Dirección General Seguridad Jurídica y Fe Pública.

Admin,

INFORME Nº 328. (BOE ENERO de 2022)

Segunda Parte:  RESOLUCIONES DGSJFP:

PROPIEDAD

MERCANTIL

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RESOLUCIONES POR MESES  y  POR TITULARES PARA BUSCAR

VALORACIÓN DE LAS RESOLUCIONES POR SU IMPORTANCIA:

Se van a seguir estos criterios a juicio de las personas que las resumen:

()     Reiterativa o de escasísimo interés

*      Poco interés o muy del caso concreto

**    Interesante (categoría estándar)

***  Muy interesante.

⇒⇒⇒ Imprescindible.  

RESOLUCIONES PROPIEDAD
2.** TRANSACCIÓN HOMOLOGADA JUDICIALMENTE. RESOLUCIÓN DE COMPRAVENTA. CONDICIÓN RESOLUTORIA: REINSCRIPCIÓN Y CONSIGNACIÓN

Resolución de 22 de diciembre de 2021, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la calificación de la registradora de la propiedad de Alcorcón n.º 3, por la que se deniega la inscripción de un mandamiento judicial por el que se homologa una transacción judicial de resolución de un contrato de compraventa. (ACM)

Resumen: La resolución por incumplimiento de una compraventa, mediante transacción homologada judicialmente, NO exime de consignar cantidades a disposición de titulares posteriores.

– Hechos: Tras infructuosos requerimientos de pago y actos de conciliación, se obtiene y se presenta transacción, homologada judicialmente, aceptando la resolución por incumplimiento de condición resolutoria de una compraventa, reteniendo como indemnización todas las cantidades ya percibidas. En el registro consta, con posterioridad a la compraventa con condición resolutoria expresa, una hipoteca concedida por Entidad de crédito.

– La Registradora: califica negativamente: la homologación judicial del acuerdo transaccional por el que las partes resuelven la compraventa y se pretende la inscripción a favor del vendedor, no es título suficiente por exigencias de la Legislación hipotecaria, al existir titulares de cargas posteriores ya que e los Arts 59 y 175-6ª RH exigen consignar a su favor las cantidades ya percibidas por la vendedora, ex R. de 8 mayo de 2019 incluso para la resolución ordenada judicialmente.

– El Abogado: recurre alegando que:
a) no debe consignarse nada a favor del banco acreedor hipotecario, que está sujeto a un especial deber de diligencia y que no es 3º de Buena fe ya que conocía la existencia de la condición resolutoria previamente inscrita.

b) Alega además que existen cantidades a consignar pues todos los pagos realizados se han aplicado a la indemnización y la DG (por todas, la R. de 29 agosto 2019 y las que en ella se citan) ha admitido que no hay obligación de consignar cuando la forma de pago que se hubiera pactado no permite la consignación por no haber entrega alguna de cantidad.

c) Entiende que las cantidades retenidas por la compradora como indemnización constituirían una pena convencional pactada por la resolución contractual en una cantidad NO abusiva, cercana al 25% del precio convenido, y que el hecho de que el vendedor haya concurrido a la transacción judicial supone una renuncia a la facultad moderadora de los Tribunales del Art 1154 CC que admitió la citada R. 29 agosto 2019.

– Resolución: La DGSJFP desestima el recurso y confirma la calificación.
– Doctrina:
a) Previamente señala que en este caso no existe pacto de renuncia (entre sociedades mercantiles) a la moderación judicial de la cláusula penal.

b) Entiende además que se trata de una homologación de un acuerdo transaccional, por lo que el auto protocolizado carece del contenido y los efectos propios de las sentencias pues el juez se limita a comprobar la capacidad de las partes para transigir, pero no ha llevado a cabo una valoración de las pruebas ni un pronunciamiento sobre las pretensiones.

En consecuencia, cuando existen titulares de cargas posteriores, si el vendedor pretende ejercitar la condición resolutoria, sea cual fuere la forma en que lo haga (transacción judicial, o una sentencia firme de ejercicio de condición resolutoria), no se pueden obviar los derechos del tercero inscrito, a cuyo favor los Arts 59 y 175-6ª RH exigen consignar a su las cantidades ya percibidas por la vendedora.

Pues, aunque los terceros posteriores están afectados por el asiento que se solicita por la resolución (y pudieron tener conocimiento de tal riesgo), ello no quiere decir que hayan de soportar necesariamente cualquier acto de admisión del incumplimiento o de los demás presupuestos de la resolución. En definitiva, se trata de evitar que, a espaldas de los terceros, se concierten acuerdos sobre la resolución (anticipación de la resolución, disminución de las cantidades a consignar, etcétera) en menoscabo de la posición que corresponde a aquéllos.

Por tanto, la consignación trata de tutelar no sólo el interés del comprador cuya titularidad se resuelve o de los titulares de derechos inscritos o anotados con posterioridad a la condición resolutoria, sino el de cualquiera que pueda proyectar algún derecho sobre las reseñadas cantidades, aunque el comprador ya no sea titular de la finca. (ACM)

3.** INSCRIPCIÓN DE REPRESENTACIÓN GRÁFICA ALTERNATIVA. OPOSICIÓN DE COLINDANTES. SOLUCIONES A LA CONTROVERSIA.

Resolución de 22 de diciembre de 2021, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación de la registradora de la propiedad accidental de Pego, por la que se suspende la inscripción de una representación gráfica de finca.

Resumen: En caso de oposición de colindantes en un procedimiento de inscripción de rectificación descriptiva de finca y de la base gráfica con representación alternativa a la catastral el registrador debe decidir según su prudente criterio, pero su decisión tiene que estar fundamentada en razones objetivas. Para solucionar la controversia puede acudirse al procedimiento de deslinde notarial del artículo 200 LH (siempre que se trate de fincas inscritas) o al de conciliación del artículo 103 bis LH.

Hechos: Se otorga una escritura de rectificación descriptiva de finca (cabida y linderos) y se solicita la inscripción de dicha rectificación junto con la base gráfica de la finca que contiene una representación gráfica alternativa (RGA) a la catastral. Para ello se tramita un expediente regulado en el artículo 199 LH . Una de las colindantes se opone pues considera que la base gráfica invade su finca aportando como justificación planos antiguos catastrales.

La registradora deniega la inscripción solicitada en base a los anteriores hechos aunque no emite un juicio expreso de identidad de la finca ni especifica sus dudas ni las razones concretas en que se funda su negativa.

El interesado recurre y alega que su finca está vallada desde hace años, que la colindante no ha acreditado con títulos los motivos de su oposición y que no basta la mera oposición del colindante, según doctrina de la DG.

La DG desestima el recurso. Considera que en el presente caso la calificación contiene la fundamentación necesaria relativa a las dudas de identidad, basadas en la oposición de la colindante que aporta documentación contradictoria, reveladora de la existencia de un conflicto latente en la delimitación de las parcelas catastrales.

Doctrina:

1.- El registrador debe formarse un juicio de identidad de la finca y calificar en todo caso la existencia o no de dudas en la identidad de la finca, que pueden referirse a que la representación gráfica de la finca coincida en todo o parte con otra base gráfica inscrita o con el dominio público, a la posible invasión de fincas colindantes inmatriculadas o a que se encubra un negocio traslativo u operaciones de modificación de entidad hipotecaria, para lo que podrá utilizar, con carácter meramente auxiliar la la aplicación informática registral homologada y la cartografía catastral, actual e histórica, disponible en la Sede Electrónica del Catastro. 

2.- El registrador, a la vista de las alegaciones efectuadas en el procedimiento, debe decidir motivadamente según su prudente criterio. En caso de oposición de algún interesado “la mera oposición de quien no haya acreditado ser titular registral de la finca o de cualquiera de las registrales colindantes determine necesariamente la denegación de la inscripción. Lo que no impide, por otra parte, que las alegaciones recibidas sean tenidas en cuenta para formar el juicio del registrador”. 

3.- El registrador debe de emitir un juicio de identidad de la finca motivado y fundado en criterios objetivos y razonados, sin que basten expresiones genéricas o remitirse a la mera oposición no documentada de un colindante.

4.- En caso de existir controversia, la resolución de la controversia puede tener lugar o bien mediante un procedimiento de conciliación del artículo 103 bis LH ante notario, registrador o Letrado de la Administración de Justicia o bien mediante el procedimiento de deslinde notarial regulado en el artículo 200 LH , siempre que ambas fincas estén inscritas (AFS)

4. NOVACIÓN Y AMPLIACIÓN DE HIPOTECA. RESPONSABILIDAD HIPOTECARIA. INSCRIPCIÓN PARCIAL

Resolución de 22 de diciembre de 2021, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación de la registradora de la propiedad de Vigo n.º 3, por la que se suspende la inscripción de una escritura de ampliación y novación de préstamo hipotecario. (CB)

5.* INSCRIPCIÓN DE REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FINCA RESULTANTE DE AGRUPACIÓN

Resolución de 22 de diciembre de 2021, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación de la registradora de la propiedad de Fuente Obejuna, por la que se suspende la inscripción de una agrupación de fincas y la rectificación de su superficie.

Resumen: la oposición de colindantes pone de manifiesto la existencia de un conflicto sobre la delimitación de sus fincas, que ni el registrador ni la DG pueden resolver, pues su resolución corresponde a los tribunales de Justicia.

Hechos: En una escritura de aceptación de herencia se solicita la rectificación de superficie de la descripción registral para adaptarla a la superficie según Catastro, existiendo una diferencia superior al 10% de la superficie inscrita.

Durante la tramitación del procedimiento del art. 199 LH se presentan alegaciones por un colindante afectado, de las que resulta una georreferenciación distinta y controvertida, apartando informe técnico con medición topográfica.

El registrador de la propiedad suspende la inscripción de la representación gráfica catastral y de la consiguiente rectificación de superficie sobre la base de la oposición existente, que indica que no es pacífica la delimitación gráfica catastral que se pretende inscribir, pudiendo existir invasión de la finca colindante.

El interesado recurre la calificación registral alegando que la certificación catastral actual de la parcela se corresponde con la identidad de su finca registral, tal como la adquirió en su día y por incumplir requisitos formales exigidos por la Ley de Procedimiento Administrativo.

La DG desestima el recurso y confirma la nota de calificación.

Doctrina: Se reitera la doctrina de que no puede rectificarse la descripción registral en el ámbito del procedimiento del art. 199 LH, ni inscribir la representación gráfica catastral cuando con esta se pretende alterar la realidad física exterior que se acota con la global descripción registral, pudiendo afectar a los derechos de terceros. La DG deduce esta consideración del informe técnico presentado por el colindante opositor, que certifica que los límites catastrales no coinciden con los reales, sin que proceda, como pretende el recurrente, que la registradora en su calificación o la propia DG en sede de recurso, resolver el conflicto entre colindantes, cuestión que, a falta de acuerdo entre los interesados, está reservada a los tribunales de justicia. (VEJ)

6.** OBRA NUEVA «ANTIGUA». DIFERENCIAS DESCRIPTIVAS CON CATASTRO

Resolución de 22 de diciembre de 2021, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación de la registradora de la propiedad de Chinchón, por la que se suspende la inscripción de una declaración de obra nueva. 

Resumen: no es inscribible la obra nueva si la descripción que de la parcela se hace en la certificación catastral en nada coincide con la del Registro, es decir, cuando difiere la superficie, los linderos, la naturaleza del terreno y el paraje en el Registro y en la certificación catastral con la que se pretende acreditar la antigüedad.

Hechos: se presenta escritura de declaración de obra nueva.

La Registradora califica negativamente por no ser posible establecer la correspondencia entre la finca registral y la parcela catastral, surgiendo dudas de identidad de la finca. Además, siendo la certificación catastral el documento en base al cual se pretende justificar la antigüedad de la obra nueva, así como su descripción resultante, deberá acreditarse la identidad entre la finca registral y la catastral para que el certificado catastral sea un medio idóneo en aras a la inscripción de la obra en los términos solicitados.

El Centro Directivo confirma la calificación pues es doctrina reiterada que no es inscribible la obra nueva si la descripción que de la parcela se hace en la certificación catastral en nada coincide con la del Registro, es decir, cuando difiere la superficie, los linderos, la naturaleza del terreno y el paraje en el Registro y en la certificación catastral con la que se pretende acreditar la antigüedad.

En estos casos, lo procedente es acudir a los restantes medios previstos en el artículo 52 del RD 1093/1997, éstos son:

1) La certificación del Ayuntamiento,

2) La certificación técnica o,

3) El acta notarial, que acrediten la terminación de la obra en fecha determinada y su descripción coincidente. (ER)

8.** INSCRIPCIÓN DE REPRESENTACIÓN GRÁFICA. SERVENTÍA

Resolución de 22 de diciembre de 2021, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación del registrador de la propiedad de Tacoronte, por la que se suspende la inscripción de la representación gráfica de una finca registral.

Resumen: La rectificación que se pretende no puede practicarse ya que con ella parece agregarse a la finca un terreno colindante afectado por una serventía, institución consuetudinaria canaria.  

Hechos: se plantea si es inscribible una RGG con rectificación de superficie de la finca registral cuando, en la tramitación del procedimiento del art. 199 LH, uno de los colindantes se opone alegando que dicha RGG no respeta una serventía canaria que aparece en un plano y en un lindero de la finca registral de dicho colindante.

El registrador suspende la inscripción solicitada por dicho motivo.

La DG desestima el recurso y confirma la nota de calificación.

Doctrina: después de resolver que no puede ser tenido en cuenta un informe técnico presentado que el interesado en trámite de recurso, por considerar que debía presentarse antes de la calificación que se recurre, la DG examina la naturaleza jurídica de la serventía canaria.

Las Sentencias del Tribunal Supremo de 10 de junio de 1985 y 14 de mayo de 1993, configuran la serventía como una institución consuetudinaria canaria consistente en un camino que pasa por terrenos de propiedad particular y que utilizan los habitantes de otras fincas para comunicarse con los caminos públicos, cediendo cada uno de los propietarios de fincas colindantes un trozo de su terreno para la constitución del citado camino privado.

La existencia de dicha serventía, que se considera suficientemente acreditada, es un indicio suficiente para considerar que el exceso de cabida que se pretende inscribir no se debe a la consignación de un dato erróneo en la descripción inicial, lo cual es requisito necesario para poder practicar su rectificación. Conforme a la doctrina dela DG, «ha de ser indubitado que con tal rectificación no se altera la realidad física exterior que se acota con la descripción registral, esto es, que la superficie que ahora se pretende constatar tabularmente es la que debió reflejarse en su día por ser la realmente contenida en los linderos originalmente registrados».

En el presente caso, la representación gráfica que se pretende inscribir plantea la duda razonable de que se pretende agregar a la descripción de la finca la superficie referente a la serventía, lo que encubre el intento de aplicar al folio registral una nueva realidad física que englobaría la originaria finca registral y la superficie colindante adicional referente a la serventía.

Además, la oposición del colindante pone de manifiesto que existe un litigio latente sobre la titularidad de la franja del terreno, respecto de la que existe la serventía, cuya existencia resulta además de la descripción de la finca registral colindante, que aunque no esté inscrita, es una figura consuetudinaria admitida por la jurisprudencia, sin que proceda, como pretende la recurrente, que el registrador en su calificación o la DG en sede de recurso pueda resolver el conflicto entre colindantes que se pone de manifiesto, cuestión que, a falta de acuerdo entre los interesados, estará reservada a los tribunales de Justicia.

Comentario: debemos contrastar la doctrina de esta resolución con la de la R. de 22 de mayo de 2019, en que se apreció la existencia de una servidumbre y en que la DG consideró que no «es defecto para inscripción de la representación gráfica del predio sirviente que no conste representada tal servidumbre, dado que ésta es un gravamen de la finca, de manera que la superficie correspondiente al terreno de la servidumbre estará comprendida en la representación gráfica de dicho predio sirviente».

Por su parte, la serventía no es una carga sobre una o varias fincas sino que es un camino común a todas ellas, cuya naturaleza jurídica participa más de las características de la comunidad de bienes que de la servidumbre. Por ello, mientras que la servidumbre no se ve afectada por la rectificación de superficie del predio sirviente, pues subsiste en las mismas condiciones, la serventía sí que desaparecería si uno de los colindantes hace suyo el terreno que ocupa agregándolo a su finca mediante la rectificación de su superficie y la inscripción de la RGG.  (VEJ)

9.** ANOTACIÓN DE EMBARGO SIN NOTIFICACIÓN AL CÓNYUGE SIENDO VIVIENDA HABITUAL SEGÚN EL REGISTRO

Resolución de 23 de diciembre de 2021, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la negativa de la registradora de la propiedad de Canovelles a la práctica de una anotación preventiva de embargo. 

Resumen: cuando del registro resulta que una finca tiene la consideración de vivienda familiar, para poder practicar anotación preventiva de embargo cuando el mandamiento sólo se ha dirigido contra el deudor, es necesario que el embargo haya sido notificado al cónyuge del titular registral de la finca objeto de embargo, o bien que pese a lo que consta en el Registro, del mandamiento resulte que la vivienda no tiene tal carácter, apreciación de competencia exclusiva judicial.

Hechos: se presenta mandamiento ordenando la práctica de una anotación preventiva de embargo.

La Registradora califica negativamente ya que consultados los folios del Registro, resulta que la finca sobre la que se ordena la anotación tiene el carácter de vivienda habitual y la esposa del demandado ha comparecido en diversas ocasiones para prestar su consentimiento en diversas operaciones realizadas sobre la finca en cuestión. Por ello, con fundamento en el artículo 144.5 RH debe constar en el mandamiento que la vivienda no tiene aquel carácter o que el embargo ha sido notificado al cónyuge del titular embargado, máxime además cuando tal carácter consta en el Registro.

El Centro Directivo confirma la calificación con fundamento en el artículo 144.5 RH: es requisito necesario para poder practicar la anotación que el embargo haya sido notificado al cónyuge del titular registral de la finca objeto de embargo, o bien que pese a lo que consta en el Registro, del mandamiento resulte que la vivienda no tiene tal carácter, apreciación de competencia exclusiva judicial, sin que ya la registradora pueda calificar este extremo. (ER)

10.** INMATRICULACIÓN MEDIANTE DOCUMENTO JUDICIAL SIN LOS REQUISITOS DEL ART. 204 LH

Resolución de 23 de diciembre de 2021, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación de la registradora de la propiedad de Pamplona n.º 8, por la que se suspende la inscripción de un decreto de adjudicación.

Resumen: No cabe la inmatriculación de fincas, aunque sea por decreto firme derivado de una ejecución, con un solo titulo traslativo.

Hechos: Mediante decreto recaído en un procedimiento de ejecución de títulos judiciales se aprueba el remate y adjudicación de una finca en favor del mejor postor.

La registradora suspende la inscripción por dos defectos:

No ser posible la inmatriculación de fincas sin doble título traslativo de las mismas, acompañado de la cédula parcelaria coincidente con la descripción de cada una de las fincas que se pretende inmatricular (art. 205 de la Ley Hipotecaria), o expediente notarial regulado en el artículo 203 de la Ley Hipotecaria, acompañado también de las cédulas parcelarias correspondientes.

No constar el carácter de la adquisición de las fincas a favor del adjudicatario.

El recurrente alega el carácter privativo de la adquisición, que los documentos previos al título del reclamante son las adquisiciones de “participaciones o cuota partes” en la sociedad civil que la titular previa del bien inmueble adjudicado en subasta judicial.

Y que las descripciones de las fincas, que son coincidentes con el catastro municipal, son además las descripciones correspondientes a las referencias contenidas en la resolución judicial de adjudicación.

Resolución: La Dirección General acuerda desestimar el recurso y confirmar la nota de calificación de la registradora.

Doctrina: En primer lugar declara nuestro CD que conforme al artículo 326, párrafo primero, de la Ley Hipotecaria, el recurso debe recaer exclusivamente sobre las cuestiones que se relacionen directa e inmediatamente con la calificación del registrador, siendo su objeto el determinar si la calificación es o no ajustada a Derecho.

Y por tanto  no es la vía para tratar de subsanar los defectos apreciados por el registrador, y por ello no valora el  documento, aportado con el escrito de recurso, por el que el recurrente acredita el carácter privativo de la adquisición mediante la fe de vida y de estado, sin perjuicio de que los interesados puedan volver a presentar los títulos cuya inscripción no se admitió, en unión de los documentos aportados durante la tramitación del recurso, a fin de obtener una nueva calificación rechazándose cualquier otra pretensión basada en otros motivos o en documentos no presentados en tiempo y forma.

En segundo lugar, que, para inscribir un documento en el Registro, incluyendo los judiciales, alterando su contenido es preciso que cumpla los requisitos previstos en la legislación hipotecaria (art. 21 de la Ley Hipotecaria). Y ello porque los registradores además de tener el deber de cumplir las resoluciones judiciales firmes, también es su deber la de verificar que todos los documentos inscribibles cumplen las exigencias del sistema registral español, de acuerdo al ámbito de calificación reconocido, en lo que respecta a los documentos judiciales en el artículo 100 del Reglamento Hipotecario.

En base a ello afirma que si con el documento judicial presentado se pretende inscribir una finca “debe especificarse en el mismo las circunstancias personales del adquirente” conforme a los artículos 9 de la Ley y 51 del Reglamento.

Finalmente confirma el defecto señalado por la registradora al no ser posible la inmatriculación de fincas con un solo título traslativo siendo en todo caso preciso el cumplimiento de los requisitos previstos en los artículos 204205 de la Ley Hipotecaria; así el primero dispone que “Además del procedimiento prevenido en el artículo anterior y la posibilidad de inscripción de los títulos previstos en los artículos 205 y 206, podrá obtenerse también la inmatriculación de fincas en el Registro de la Propiedad en los siguientes supuestos: 5.º En virtud de sentencia que expresamente ordene la inmatriculación, obtenida en procedimiento declarativo en que hayan sido demandados todos los que, de conformidad con lo establecido en el artículo 203, deban intervenir en el expediente, observándose las demás garantías prevenidas en dicho artículo.

Comentarios: La DG equipara en esta resolución un decreto firme del letrado de la Administración de Justicia, a un único postor en la subasta, a cualquier otro título traslativo a los que se refiere el artículo 205 de la LH. Es decir que, aunque se cuente con el decreto de adjudicación en una subasta derivada de un procedimiento ejecutivo, con todas las garantías procesales y con una investigación previa del título de propiedad del ejecutado, el adjudicatario necesitará, lo que en ocasiones le puede resultar muy difícil o casi imposible, los títulos previos del embargado.  La resolución da casi por supuesto el defecto sin a nuestro juicio fundamentar debidamente la equiparación.

Considera aplicable el artículo 204 de la ley que contempla, tras la reforma de la ley 13/2015, otros procedimientos de inmatriculación y entre ellos nos encontramos con la posibilidad de inmatricular fincas en virtud de una sentencia que lo ordene expresamente, pero debiendo en todo caso cumplir los requisitos y garantías que se establecen en el artículo anterior. Pero creemos que no es ello lo que se debate en el recurso, sino lo que se debate es lo que hemos señalado anteriormente.

Por lo demás, y esto sí es claro, si las nuevas fincas no hubieran sido incorporadas previamente al plano parcelario catastral con delimitación de las parcelas que hayan de corresponderles, el Registrador tendrá que enviar por medios electrónicos a la Dirección General del Catastro copia de la representación gráfica aportada para la inmatriculación. Ante lo que el Catastro devolverá a aquel las referencias catastrales de las fincas para su incorporación al asiento, y la representación gráfica catastral indicando, en su caso, si la finca ha de entenderse coordinada con la descripción gráfica catastral.

Una vez practicada la inmatriculación, el Registrador ordenará la publicación de un edicto con los datos de las fincas que publicará en el BOE.

Y sin que este procedimiento de inmatriculación (apartado 5º del 204) tenga la limitación de dos años respecto a terceros de los efectos del art. 34 LH. (MGV)

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11.** RECURSO CONTRA ASIENTO YA PRACTICADO. CANCELACIÓN DE EMBARGO POR CADUCIDAD. ESTADO DE ALARMA

Resolución de 23 de diciembre de 2021, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación de la registradora de la propiedad de Cáceres n.º 2, por la que se suspende la cancelación de determinadas anotaciones de embargo extendidas a favor de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

Resumen: El cómputo de la caducidad de las anotaciones preventivas practicadas y vigentes a fecha 14 de marzo de 2020, inicio del estado de alarma, se hace de fecha a fecha, ampliándose en 88 días naturales adicionales a la misma.

Hechos: Mediante instancia, de fecha 21 de julio de 2021, se solicita la cancelación por caducidad de una anotación preventiva de embargo que gravaba 3 fincas registrales.

Del registro resultaba lo siguiente:

Anotaciones de embargo cautelar letras A) a favor del Estado Español con fecha 30 de julio de 2008, prorrogadas por cuatro años más por la letra B), en fecha de 2 de enero de 2009.

Por la C), de fecha 12 de junio de 2009, las anteriores anotaciones se convirtieron “en definitivas”.

Por las anotaciones letras D), de fecha 12 de junio de 2009, se amplían los importes de los correspondientes embargos.

Las anteriores anotaciones, se cancelaron por caducidad en virtud de instancia, con fecha 15 de abril de 2013.

En virtud de mandamiento se extienden, con fecha 9 de julio de 2013, las anotaciones letras E), a favor de Hacienda Pública, que son prorrogadas por la letra F, con fecha de 20 de julio de 2017.

La registradora suspende la inscripción  del documento puesto que por la especial situación provocada por la Covid 19, la caducidad del plazo de vigencia de las anotaciones preventivas practicadas el día 20 de julio de 2017, no se produciría hasta el día 16 de octubre de 2021 en aplicación de lo dispuesto en el artículo 86 de la LH y los RRDDLL 8/2020 de diecisiete de marzo y 21/2020 de 9 de junio, pues hay que tener en cuenta los 88 días en que ha estado suspendido el cómputo de los plazos registrales, que debe sumarse a la fecha de caducidad de 4 años de los asientos de anotación preventiva.

El recurrente entiende que los embargos anotados con fecha 12 de junio de 2009, caducaron y se extinguieron ipso iure, el día 12 de junio de 2013 y las prórrogas subsiguientes de 2013 y 2017, “son, por imperativo legal, y según doctrina, al margen de cualquier circunstancia, imposibles, nulas radicales, inexistentes, sin que puedan producir ningún efecto jurídico, ya que legalmente tales prórrogas nunca se han efectuado”.

Resolución: La Dirección General desestima el recurso y confirma la nota de calificación de la registradora.

Doctrina: Comienza la DG aclarando dos puntos:

  1. Que el objeto del expediente del recurso contra calificaciones de registradores de la Propiedad es exclusivamente la determinación de si la calificación es o no ajustada a Derecho, sin que pueda tener por objeto cualquier otra pretensión de la parte recurrente, señaladamente (artículo 326 de la Ley Hipotecaria).
  2. Una vez practicado un asiento, el mismo se encuentra bajo la salvaguardia de los tribunales, produciendo todos sus efectos en tanto no se declare su inexactitud, bien por la parte interesada, bien por los tribunales de Justicia de acuerdo con los procedimientos legalmente establecidos (artículos 1, 38, 40 y 82 de la Ley Hipotecaria)

En base a ello declara que el recurrente no puede “valorar la extensión de asientos ya practicados, o las actuaciones efectuadas por la Agencia Tributaria, o la supuesta conducta de este organismo o de los registradores que han sido o son titulares del Registro, cuestiones todas ellas extrañas al recurso contra la calificación registral” y que “el recurso contra la calificación negativa del registrador no es cauce hábil para acordar la cancelación de asientos ya practicados”. Puesto que el hecho de que una anotación se haya cancelado por caducidad (A) no va a implicar la terminación del procedimiento, así que si esta en curso se pueden dictar nuevos mandamientos de embargo ordenando la practica de nuevas anotaciones preventivas con sus respectivas prorrogas, de lo que se desprende que la letra E) no es una prórroga de la A), cancelada por caducidad, sino una nueva anotación “aun cuando pudieran derivar del mismo procedimiento”.

A continuación, entra en el fondo del asunto para lo que se ha de tener en cuenta la siguiente normativa debida a la situación sanitaria especial causada por la COVID 19:

El artículo 42 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del Covid-19, quedaron suspendidos los plazos de caducidad de los asientos registrales.

La Instrucción de 4 de junio de 2020, de la Dirección General de Seguridad Pública y Fe Pública, sobre levantamiento de medidas adoptadas por la crisis sanitaria del Covid-19 dispuso en su apartado primero que:

“El cómputo de los plazos de caducidad de los asientos registrales que hubiesen quedado suspendidos en virtud de lo dispuesto en el artículo 42 del real Decreto ley 8/20220, de 17 de marzo, es decir, asientos de presentación, anotaciones preventivas, menciones, notas marginales y de cualesquiera otros asientos registrales susceptibles de cancelación por el transcurso del tiempo, seguirá en suspenso hasta el levantamiento de la suspensión en este ámbito. El cómputo de los plazos se reanudará, por tanto, al día siguiente de la finalización del estado de alarma y de sus prórrogas, en los términos establecidos por el artículo 42 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, o el día de la expresa derogación del artículo 42”.

La disposición adicional cuarta del Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19, en relación a la caducidad de los asientos registrales suspendidos en virtud del Real Decreto-Ley 8/2020, de 17 de marzo, determina:

“Con efectos desde el 10 de junio de 2020, se alza la suspensión de los plazos de caducidad de los asientos registrales susceptibles de cancelación por el trascurso del tiempo, reanudándose su cómputo en esa misma fecha”.

Y la Resolución de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública de 11 de junio de 2020, por la que responde a la consulta del Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles de España sobre la forma de cómputo de los plazos de vigencia de los asientos en los siguientes términos:

“Primero. El cómputo de los plazos de caducidad de los asientos registrales ha estado suspendido desde el día 14 de marzo que entró en vigor el estado de alarma, hasta el 9 de junio, ambos inclusive, pues el levantamiento de la suspensión ha tenido lugar el día 10 de junio de 2020.

Segundo. A partir del día 11 de junio de 2020, fecha de entrada en vigor del Real Decreto–ley 21/2020, de 9 de junio, se procederá de la siguiente forma:

1. Se reanudará el cómputo de los plazos de los asientos de presentación vigentes al inicio del estado de alarma, hasta el máximo de 60 días hábiles desde su vigencia conforme al artículo 17 de la Ley Hipotecaria. A estos efectos el día 10 de junio de 2020 se considerará como el primero del levantamiento de la suspensión

2. Los asientos de presentación practicados durante el estado de alarma, inician el cómputo de su vigencia el día 10 de junio de 2020.

3. El plazo de vigencia (ordinariamente cuatro años desde su fecha según el artículo 86 de la Ley Hipotecaria) de las anotaciones preventivas, se computarán de fecha a fecha y habrá que sumar los 88 días en que ha estado suspendido el cómputo de los plazos registrales.”

Por tanto, las anotaciones preventivas sujetas al plazo ordinario del artículo 86 de la Ley Hipotecaria, practicadas y vigentes a fecha 14 de marzo de 2020, el cómputo para su caducidad habrá de hacerse de fecha a fecha, ampliándose en 88 días naturales adicionales a la misma.

Lo anterior implica que la caducidad de las anotaciones practicadas el día 20 de julio de 2017, no se produjo hasta el día 16 de octubre de 2021, por lo tanto, en la fecha en la que se solicitó no podía efectuarse.

Comentarios: Con la declaración del estado de alarma quedó suspendida la caducidad de los asientos de presentación, anotaciones preventivas, menciones, notas marginales y cualesquiera otros asientos registrales susceptibles de cancelación por el transcurso del tiempo, con el objetivo de contribuir a evitar un impacto económico prolongado más allá de la crisis sanitaria, al declararse su fin se levantó su suspensión mediante la D. Ad 4ª citada permitiendo de este modo acompasar el levantamiento de los plazos de caducidad de los asientos registrales con el de los plazos administrativos y el de los plazos judiciales, cuya suspensión se ha levantado, respectivamente, el 1 y el 4 de junio, mediante el Real Decreto 537/2020, de 22 de mayo.(MGV)

12.() INSCRIPCIÓN DE REPRESENTACIÓN GRÁFICA CATASTRAL. OPOSICIÓN DE COLINDANTES. SOLUCIONES A LA CONTROVERSIA.

Resolución de 23 de diciembre de 2021, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación del registrador de la propiedad de Palamós, por la que se suspende la inscripción de una representación gráfica de finca.

Ídem que la número 3 de este Informe. (AFS)

 

RESOLUCIONES MERCANTIL
1.*** CALIFICACIÓN NO FUNDAMENTADA. CONTENIDO DEL INFORME DEL REGISTRADOR. DEPÓSITO DE CUENTAS. 

Resolución de 20 de diciembre de 2021, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación del registrador mercantil y de bienes muebles XVII de Barcelona, por la que se resuelve no practicar el depósito de cuentas anuales bajo la alegación de que no aporta el informe del auditor nombrado e inscrito con carácter voluntario.

Resumen: Si una calificación no debidamente fundamentada lleva a error el recurrente en cuanto al fondo de su recurso, la calificación será revocada, aunque en la realidad el defecto exista.

Hechos: Se solicita el depósito de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2020.

Se da la circunstancia de que en la hoja de la sociedad consta inscrito un auditor con carácter voluntario, nombrado por en junta general extraordinaria en diciembre de 2019, por tres años, y por la inscripción siguiente, practicada en enero de 2021, consta su revocación por justa causa por acuerdo de junta universal de 1 de enero.

El registrador suspende el depósito por no acompañarse el informe del auditor firmado y la certificación de que las cuentas depositadas se corresponde con las auditadas. Añade que el informe del auditor es necesario, aunque su nombramiento lo sea con carácter voluntario. Art. 279 LSC y Resoluciones de la Dirección General de Registros y Notariado de 15/12/2016, 21/12/2016 y 20/12/2018”.

La sociedad recurre y alega que el nombramiento fue voluntario y que se revocó por justa causa en enero de 2021, lo que fue aceptado por el auditor. Cita la resolución de 6 de febrero de 1996, sobre la revocación de auditor alegando justa causa.

El registrador en su informe, dice que conforme a las inscripciones practicadas el auditor lo sigue siendo para el ejercicio de 2020.

Resolución: La DG revoca la nota de calificación en los términos que ahora veremos.

Doctrina: La DG reitera una vez más la imperiosa necesidad de fundamentar debidamente las notas de calificación, y que el informe del registrador (art.327 de la LH) no es el lugar adecuado para aclarar o precisar las notas de calificación.

Supuesto lo anterior dice que en la nota el registrador se limita a exigir el informe del auditor, añadiendo una referencia a su obligatoriedad, aunque la auditoría sea voluntaria.

Es en el informe cuando aclara que, durante el ejercicio de 2020, el auditor lo seguía siendo.

Por consiguiente, añade, que la nota de calificación ofrecía al presentante la misma situación que si el auditor no hubiera sido revocado, sin aclarar la razón por la que era exigible su informe.  Por ello “el recurrente fundamenta su impugnación en la facultad de revocación por justa causa que el artículo 264.3 de la Ley de Sociedades de Capital le concede…”. En definitiva, que “no puede tenerse en cuenta la argumentación de contenido calificatorio que, de modo extemporáneo, alega el registrador en su informe” y por ello se revoca la nota.

Comentario: Aún reconociendo lo escueto y poco explicativo de la nota del registrador, es lo cierto que la nota, a la vista del contenido del registro que es conocido por todos, y mejor que por todos por la propia sociedad, era perfectamente entendible, pues su sentido resultaba claro. Del registro resulta el plazo de duración del auditor y cuando fue cesado, y por tanto que estaba vigente en el ejercicio 2020.

Parece que lo que diferencia este caso de otros similares en los que, a una deficiente fundamentación de la nota, el registrador la completaba en su informe, son dos cosas: una que el recurrente basa su recurso en la revocabilidad del auditor por justa causa, respecto de lo que nada se decía en la nota, y otra que el registrador en su informe aclara que durante el año 2020 estaba vigente el nombramiento de auditor. En ambas diferencias parece que se apoya la DG para resolver como lo hace. Y hacemos notar estas diferencias, pues en otras situaciones más o menos similares, en las que la fundamentación de la nota era escasa o incluso errónea, la DG, sobre la base de que el recurrente ha podido alegar lo que a su derecho conviene, ha resuelto el caso planteado conforme a derecho, es decir aplicando las normas legales sin tener en cuenta el informe del registrador o lo poco explicativo y preciso de su nota. Como ejemplo de ello citamos la reciente resolución de 18 de noviembre de este mismo año.  En definitiva, que en este supuesto la DG no resuelve conforme a derecho, pues es evidente que existía un auditor voluntario en el ejercicio 2020, sino que resuelve contra derecho pues en su opinión la escueta nota del registrador ha provocado confusión en el recurrente.

Pero la nota, a la vista del registro, que se presume conocido por todos y que está bajo la salvaguarda de los Tribunales, era lo suficientemente expresiva del defecto alegado: la nota decía que faltaba informe del auditor y que ese informe era necesario, aunque el auditor fuera voluntario. Evidentemente omitió expresar que en el ejercicio 2020 el auditor estaba vigente, pero es que, si partimos de que lo evidente no debe ser manifestado, aunque por claridad lo debería haber hecho, el no hacerlo tampoco debe ser causa de nota defectuosa, incorrecta o incluso nula.

A la vista del recurso al registrador le quedan sólo dos opciones. Una, despachar el depósito aún a sabiendas de que es necesario el informe del auditor, o volver a calificar el depósito a riesgo de ser corregido disciplinariamente. Aunque obviamente en base al principio de legalidad se debe optar por la segunda solución, reconocemos que si la sociedad revoca al auditor y defiende la no necesidad del informe es que ese informe ya no le es necesario y su exigencia lo único que ocasionará serán más gastos a la sociedad. Debe tenerse presente que la revocación lo fue en junta universal y por unanimidad, con lo que todos los socios mostraron su conformidad a esa revocación.

Quizás la solución que se da a este caso por el CD, es un aviso para que se cuiden las notas de calificación, fundamentándolas debidamente y evitando de esa forma que las mismas puedan ser revocadas, más que por el fondo de la cuestión debatida, por la supuesta indefensión que se causa a los interesados. (JAGV)

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7.() CIERRE REGISTRAL POR BAJA PROVISIONAL EN EL ÍNDICE DE ENTIDADES DE LA AEAT.

Resolución de 22 de diciembre de 2021, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación de la registradora mercantil VI de Madrid, por la que se resuelve no practicar la inscripción de una escritura de declaración de unipersonalidad y elevación a público de acuerdos sociales por encontrarse la sociedad de baja provisional en el Índice de Entidades del Ministerio de Hacienda y por no constar depositadas sus cuentas.

Resumen: Reitera la DG una vez más su doctrina acerca de que la baja en el Índice de Entidades del Ministerio de Hacienda impide la inscripción de un cese de administradores (vid. artículo 119.2 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades). En cambio, la falta de depósito de cuentas no es obstáculo para dicha inscripción (vid. Art. 282 de la LSC). (JAGV)

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13.** NOMBRAMIENTO DE CONSEJEROS: SU PLAZO DE DURACIÓN. ADMINISTRADOR SUPLENTE. 

Resolución de 23 de diciembre de 2021, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación del registrador mercantil II de Alicante, por la que se resuelve no practicar las inscripciones correspondientes a los acuerdos de renovación de consejeros y cargos adoptados por la junta general y el consejo de administración de una sociedad.

Resumen: Los consejeros de una sociedad anónima deben ser nombrados por el plazo estatutario, sea el primer nombramiento o los sucesivos.

Hechos: Por acuerdo de junta y consejo se procede en una sociedad anónima a la renovación de miembros del consejo de administración por un plazo de seis meses, así como la distribución de cargos en el seno de este órgano.

El artículo de los estatutos relativo a la duración de los administradores dice que “… el cargo de consejero se establece por un periodo de seis años, sin perjuicio de la reelección del mismo por periodos idénticos”.

El registrador suspende la inscripción por tres defectos:

1.- “El nombramiento de consejero, fuera de los casos de cooptación, debe realizarse por el plazo determinado en los estatutos sociales que es de seis años, por lo que no es posible el nombramiento de los consejeros, por plazo de seis meses, (artículo 221.2 Ley Sociedades de Capital y 124.3 Reglamento del Registro Mercantil)”.

2. No consta la aprobación del acta de la sesión del consejo…, (artículos 97.1.8.ª, 99.2 y 107 del Reglamento del Registro Mercantil), debiendo hacerse constar en la certificación la fecha y el sistema de aprobación del acta correspondiente (artículo 112.1 del Reglamento del Registro Mercantil).

3. “Falta la aceptación del cargo del administrador suplente nombrado. Artículo 147.2.2 del Reglamento del Registro Mercantil”.

La sociedad recurre. De los tres defectos sólo impugna el primero pues el segundo, aunque no comparte la calificación al tratarse de sesión conjunta de junta y consejo, dice que se subsanará y reconoce la existencia del tercer defecto. Cita en apoyo de su tesis la Resolución de 26 de marzo de 2002.

Sobre el primer defecto viene a decir en esencia que una cosa es el primer nombramiento, que debe hacerse por el plazo estatutario, y otras las renovaciones sucesivas que lo serán por el plazo que decida la junta con el límite de los seis años.

Resolución: La DG confirma el único defecto recurrido.

Doctrina: Dice la DG que la cuestión planteada en este expediente se encuentra regulada en el artículo 221.2 de la Ley de Sociedades de Capital estableciendo que los administradores de la sociedad anónima ejercerán el cargo “durante el plazo que señalen los estatutos sociales, que no podrá exceder de seis años y deberá ser igual para todos ellos”. Dada la claridad del precepto añade que “la junta general, al proceder al nombramiento de un administrador, no puede fijar un plazo de duración del cargo de administrador inferior al establecido en los estatutos…”.

Comentario: Sobre la cuestión central del recurso, dada la claridad del art. 221 de la LSC, como dice la DG, no procede comentario alguno. La resolución que cita el recurrente no es de aplicación pues trataba un tema distinto y con una legislación ya derogada.

Lo que no es tan claro es el tercer defecto pues más que defecto debe ser una nota complementaria con la advertencia de que el administrador suplente no será objeto de inscripción hasta que acepte su cargo. Ahora bien, debe tenerse en cuenta que esa inscripción, previa aceptación, no puede producirse hasta que cese el anterior administrador. De poco serviría una aceptación al nombrarlo si en el momento de la efectividad de ese nombramiento ya no puede o no quiere desempeñar el cargo de administrador. Así resulta también claramente del art. 147.2.2 y 3 del RRM. (JAGV)

PDF (BOE-A-2022-192 – 6 págs. – 238 KB)  Otros formatos

 

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INFORME NORMATIVA ENERO 2022 (Secciones I y II BOE)

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Informe 328. BOE enero 2022

Admin, 01/01/2022

AVANCE DEL INFORME Nº 328. (BOE ENERO de 2022)

Primera Parte: Secciones I y II.

Revisado hasta el 25 de enero.

Último contenido añadido:

* Sección I: el 24 de enero.

* Sección II: el 25 de enero.

* Sección III (Resoluciones): el 4 de enero.

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Equipo de redacción:
* José Félix Merino Escartín, registrador de la propiedad de Madrid.
* Carlos Ballugera Gómez registrador de la propiedad de Las Rozas de Madrid.
* Alfonso de la Fuente Sancho, notario de San Cristóbal de La Laguna (Tenerife).
* María Núñez Núñez, registradora de la propiedad y mercantil de Lugo.
* Inmaculada Espiñeira Soto, notaria de Santiago de Compostela.
* José Ángel García-Valdecasas Butrón, registrador.
* Juan Carlos Casas Rojo, registrador de la propiedad de Cádiz nº 3
* José Antonio Riera Álvarez, notario de Arucas (Gran Canaria)
* Albert Capell Martínez, notario de El Prat, antes de Fraga (Huesca) y antes de Boltaña
* Gerardo García-Boente Dávila, letrado en ejercicio, E3 Universidad Comillas
* María García-Valdecasas Alguacil, registradora de Barcelona
* Emma Rojo Iglesias, registradora de Alcalá de Henares (Madrid)
* Javier Máximo Juárez González, notario de Valencia
* Víctor Esquirol Jiménez, notario de El Masnou (Barcelona)
DISPOSICIONES GENERALES:
Circular CNMV criptomonedas

Circular 1/2022, de 10 de enero, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, relativa a la publicidad sobre criptoactivos presentados como objeto de inversión.

Resumen: Tiene por finalidad desarrollar las normas, principios y criterios a los que debe sujetarse la actividad publicitaria sobre criptoactivos, incluidos los utilizados como medio de cambio, pero no cuando tengan la naturaleza de instrumentos financieros. Es muy recomendable para el potencial inversor que lea el Anexo II.

El artículo 240 bis de la Ley del Mercado de Valores, introducido en 2021, permite a la CNMV someter a autorización u otras modalidades de control administrativo la publicidad de criptoactivos, permitiendo a la CNMV desarrollar mediante circular, entre otras cuestiones, el ámbito subjetivo y objetivo y las modalidades concretas de control a las que quedarán sujetas dichas actividades publicitarias.

Esta Circular se sustenta en dicha habilitación mandato legal y define al criptoactivo como “representación digital de un derecho, activo o valor que puede ser transferida o almacenada electrónicamente, utilizando tecnologías de registro distribuido u otra tecnología similar”.

Los criptoactivos tienen una presencia cada vez mayor en el sistema financiero, siendo atraídos los inversores por su potencial de revalorización, pero estando sometidos también a una gran volatibilidad, lo que acarrea la necesidad de proteger a los inversores que deben de estar debidamente informados de los riesgos que asumen.

Sobre criptomonedas se publicó un comunicado conjunto de la CNMV y el Banco de España, publicada el 9 de febrero de 2021 alertando sobre el riesgo de las criptomonedas como inversión

Normativa aplicable. Aparte de esta Circular, como toda forma de publicidad, la de los criptoactivos deberá respetar lo establecido en la Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad, la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal y demás normas reguladoras de la publicidad de general aplicación.

Objeto. El objeto de esta Circular es desarrollar las normas, principios y criterios a los que debe sujetarse la actividad publicitaria sobre criptoactivos, y en particular delimitar el ámbito objetivo y subjetivo de aplicación, así como las facultades de la CNMV en materia de supervisión y control de la publicidad de criptoactivos.

Ámbito objetivo. Queda sujeta a lo previsto en esta Circular la actividad publicitaria sobre criptoactivos que sean objeto de inversión. También se incluye la publicidad que promueva la adquisición de criptoactivos que pudieran ser utilizados como medio de cambio.

Se determinan, seguidamente, los supuestos excluidos, destacando la publicidad sobre criptoactivos que tengan la naturaleza de instrumentos financieros, pues a ellos se les aplica la Circular 2/2020, de 28 de octubre CNMV, sobre publicidad de los productos y servicios de inversión.

Conviene destacar también que esta Circular no contiene ninguna norma sobre los productos en sí mismos, ni sobre sus proveedores ni características sino sólo sobre la actividad publicitaria.

Ámbito subjetivo. Esta Circular será de aplicación a los proveedores de servicios sobre criptoactivos, a los proveedores de servicios publicitarios y a cualquier persona física o jurídica, diferente de las indicadas que realice por iniciativa propia o por cuenta de terceros una actividad publicitaria sobre criptoactivos.

Contenido y formato del mensaje publicitario. Al diseñar las campañas publicitarias y cada una de las piezas publicitarias que las integran, los sujetos obligados se ajustarán a lo previsto en el anexo I de esta Circular.

Todas las comunicaciones comerciales incluirán información sobre los riesgos del producto que publicitan, en concreto aparecerá el siguiente mensaje de advertencia: «La inversión en criptoactivos no está regulada, puede no ser adecuada para inversores minoristas y perderse la totalidad del importe invertido». También se incluirá un enlace o indicación a la ubicación de la información adicional.

Funciones supervisoras de la CNMV. Se ha de distinguir entre las campañas masivas dirigidas al público en general, que estarán sometidas al régimen de comunicación previa que se detalla en la norma séptima, y el resto de acciones publicitarias que, al igual que aquellas, quedarán sujetas a la actuación supervisora de la CNMV. La comunicación previa se ajustará al modelo que la CNMV publique en su página web.

Esta Circular contiene dos anexos:

El Anexo I desarrolla los principios y criterios generales de la publicidad sobre criptoactivos

Y el muy interesante ANEXO II da 12 avisos muy a tener en cuenta por el inversor, ordenados en tres categorías: Producto de inversión de alto riesgo; Riesgos propios de la tecnología y Riesgos legales.

Entrará en vigor el 17 de febrero de 2022.

RDLey 1/2022: régimen jurídico de la SAREB.

Real Decreto-ley 1/2022, de 18 de enero, por el que se modifican la Ley 9/2012, de 14 de noviembre, de reestructuración y resolución de entidades de crédito; la Ley 11/2015, de 18 de junio, de recuperación y resolución de entidades de crédito y empresas de servicios de inversión; y el Real Decreto 1559/2012, de 15 de noviembre, por el que se establece el régimen jurídico de las sociedades de gestión de activos, en relación con el régimen jurídico de la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria.

Resumen: Se modifica el régimen jurídico de la SAREB para preparar la la mayor presencia del FROB en su accionariado -que será mayoritariamente público- y su cercana disolución en 2027. Se la exonera de la disolución por pérdidas. Nueva exclusión de aranceles. Pequeña modificación de la reciente reforma laboral.

La Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Restructuración Bancaria (en adelante, SAREB) fue creada en 2012, en el contexto de la crisis financiera, con el objetivo de abordar el saneamiento de determinadas entidades de crédito y preservar la estabilidad y el buen funcionamiento del sistema financiero en su conjunto.

SAREB se creó como compañía de gestión de los activos que debían salir del balance de las entidades reestructuradas, y se le encomendó la gestión y enajenación de los préstamos e inmuebles para devolver la deuda suscrita en su momento por distintas entidades financieras y avalada por el Estado en un plazo que concluye en 2027. Con la finalidad de no impactar negativamente en las cuentas de las administraciones públicas, SAREB se constituyó con mayoría de accionistas privados, y sujeta al ordenamiento jurídico del sector privado, sin consolidar su balance con las cuentas del Estado.

La Sareb actualmente se encuentra en una delicada situación económica que va a motivar un cambio en su estructura accionarial, que pasará mayoritariamente a ser pública, habiendo sido ya reclasificada en las Cuentas Nacionales como unidad perteneciente al sector de las Administraciones Públicas dentro del sector institucional.

Como consecuencia de la reclasificación, la actividad de la compañía repercute directamente sobre las cuentas públicas determinando desde 2020 un incremento en el déficit público de 9.891 millones de euros (0,88 % del PIB) y un incremento de la deuda pública del Estado de 34.145 millones de euros en diciembre de 2020 (3,05 % del PIB).

Además, durante 2021, SAREB ha alcanzado un patrimonio neto negativo, al consumir las pérdidas íntegramente los fondos propios de la compañía, incluida la deuda subordinada. La deuda senior emitida por la compañía, por su parte, cuenta con el aval del Estado, por lo que, en el momento presente, es el Estado quien tiene el principal interés económico en la marcha de SAREB así como quien soporta la mayor parte del riesgo asociado a su actividad, cuya terminación está prevista para 2027.

Las medidas que se adoptan afectan a dos leyes y un decreto, dedicándose a cada una un artículo:

A) Artículo primero. Modificación de la Ley 9/2012, de 14 de noviembre, de reestructuración y resolución de entidades de crédito.

Su D.Ad. 7ª, que ahora se modifica, fue la que creó la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB).

Artículos de la Ley de Sociedades de capital que no le serán aplicables:

Se añade el artículo 327. Este artículo, que no se aplicará a la SAREB, dispone que “en la sociedad anónima, la reducción del capital tendrá carácter obligatorio cuando las pérdidas hayan disminuido su patrimonio neto por debajo de las dos terceras partes de la cifra del capital y hubiere transcurrido un ejercicio social sin haberse recuperado el patrimonio neto.”. Ya apuntamos que, según la Exposición de Motivos, durante 2021, su patrimonio neto es negativo.

Ya no se le aplicaba el 348 bis (relativo al derecho de separación en caso de falta de distribución de dividendos) ni el 363.1.e) (considera causa de disolución por pérdidas cuando quede reducido el patrimonio neto a una cantidad inferior a la mitad del capital social).

Con el conjunto de estas exoneraciones, se pretende permitir a la SAREB continuar su actividad durante su horizonte temporal sin entrar en causa de disolución.

– Se eliminan los límites a la participación del Estado en el accionariado de SAREB, desapareciendo el límite máximo del 50%. Ahora se prevé que el FROB podrá adquirir y mantener una participación igual o superior al 50% del capital de la sociedad con objeto de gestionar los procesos de resolución y reestructuración derivados de esta ley. Adicionalmente, se regula el procedimiento mediante el cual el FROB podrá llevar a cabo la adquisición de participaciones en el capital de SAREB, con el objetivo de hacer efectiva la toma de control de la sociedad.

– En cuanto a los altos cargos, la SAREB se someterá al régimen de contratación que le corresponda de conformidad con la Ley de Contratos del Sector Público. El régimen de los contratos mercantiles y de alta dirección de la sociedad será el establecido en la D.Ad. 8ª RDLey 3/2012, de 10 de febrero, que recoge las especialidades en los contratos mercantiles y de alta dirección del sector público estatal.

B) Artículo segundo. Modificación de la Ley 11/2015, de 18 de junio, de recuperación y resolución de entidades de crédito y empresas de servicios de inversión.

Afecta a dos artículos -el 52 y 54- que se encuentran dentro de un capítulo dedicado al FROB:

– La modificación del apartado 6 del artículo 52 extiende que no formarán parte del Patrimonio de las Administraciones Públicas las participaciones, acciones, títulos y demás instrumentos de las que el FROB que pudiera adquirir en el ejercicio de sus facultades de resolución a aquellas de las que sea titular (sin referencia a la procedencia de su adquisición). Dichas participaciones, acciones, títulos y demás instrumentos, así como las sociedades emisoras de los mismos, que no tendrán consideración de sociedades mercantiles estatales, aun cuando el FROB ejerza el control directa o indirectamente sobre ellas, quedarán sometidas, a todos los efectos, al ordenamiento jurídico privado.

– La reforma del apartado 6 del artículo 54 traslada la toma de las decisiones por parte del FROB que afecten a la gestión de su cartera de participaciones, acciones, títulos y demás instrumentos a su Comisión Rectora en su composición reducida, con el fin de evitar la participación de los supervisores en las decisiones estratégicas y corporativas de una entidad supervisada.

C) Artículo tercero. Modificación del Real Decreto 1559/2012, de 15 de noviembre, por el que se establece el régimen jurídico de las sociedades de gestión de activos.

– La nueva redacción del apartado 2 del artículo 17 incluye, dentro de los principios generales de actuación de la SAREB, la sostenibilidad y utilidad social. Y, en aplicación del principio de sostenibilidad, se prevé que la SAREB cederá inmuebles a entidades públicas o a entidades no lucrativas, en las que ponderará la utilidad social de estos inmuebles.

– Y la disposición adicional segunda incorpora una nueva exoneración a la ya existente en los  aranceles de los notarios y registradores de la propiedad:

“2. No devengarán derechos arancelarios las actuaciones notariales y registrales necesarias, en su caso, para la ejecución de las estrategias de cesión de inmuebles a entidades públicas o a entidades no lucrativas previstas en el apartado 2 del artículo 17 de este real decreto.”

La Exposición de Motivos omite razonamientos y/o estudios de impacto que justifiquen la medida.

Los artículos modificados conservan el rango de Real Decreto por la D.F.1ª.

La Disposición derogatoria única deroga:

– el apartado 9 de la D.Ad. 7ª Ley 9/2012, de 14 de noviembre, lo que implica la desaparición de la Comisión de Seguimiento del cumplimiento de los objetivos generales de la SAREB.

– el artículo 19.3 (límite de participación pública) y el artículo 27 (Comisión de Seguimiento de la SAREB).del Real Decreto 1559/2012, de 15 de noviembre.

Artículo cuarto. Modificación puntual de la reciente reforma laboral.

Por otra parte, se aprovecha el primer RDLey del año para introducir una modificación, calificada en la Exposición de Motivos como “puntual”, en el reciente RDLey 32/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma laboral (ver resumen). Afecta a dos artículos:

– Se modifica la redacción dada al apartado 2 del artículo 84 TR Estatuto de los Trabajadores. Este artículo regula la concurrencia entre convenios.

Dice ahora el apartado 2, en cuanto la letra d) modificada (en negrita y cursiva lo que cambia):

2. La regulación de las condiciones establecidas en un convenio de empresa, que podrá negociarse en cualquier momento de la vigencia de convenios colectivos de ámbito superior, tendrá prioridad aplicativa respecto del convenio sectorial estatal, autonómico o de ámbito inferior en las siguientes materias

“d) La adaptación de los aspectos de las modalidades de contratación que se atribuyen por esta ley a los convenios de empresa.” En la anterior redacción se aludía a los convenios colectivos.

– La D.Ad. 4ª, relativa al «Régimen aplicable al personal laboral del sector público», con el fin de precisar su redacción y, en particular, añadir una salvaguarda expresa de la tasa de reposición de efectivos fijada en la ley de Presupuestos Generales del Estado vigente para cada ejercicio.

Disposición final cuarta. Entrada en vigor.

Entró en vigor el 20 de enero de 2022. No obstante, para garantizar una transición ordenada, se establece un régimen transitorio de 3 meses como máximo para que SAREB se adapte a las especialidades del presente real decreto-ley desde la efectiva toma de control pública, a excepción del régimen de indemnizaciones por extinción de los contratos mercantiles o de alta dirección, que será de aplicación desde su entrada en vigor. Ver también al respecto la disposición transitoria única.

Bono Alquiler Joven y Plan Estatal para el acceso a la vivienda 2022-2025

Real Decreto 42/2022, de 18 de enero, por el que se regula el Bono Alquiler Joven y el Plan Estatal para el acceso a la vivienda 2022-2025.

Tratados internacionales Multilaterales.

Resolución de 13 de enero de 2022, de la Secretaría General Técnica, sobre la aplicación del artículo 24.2 de la Ley 25/2014, de 27 de noviembre, de Tratados y otros Acuerdos Internacionales.

De conformidad con lo establecido en el artículo 24.2 de la Ley 25/2014, de 27 de noviembre, de Tratados y otros Acuerdos Internacionales, se hacen públicas las comunicaciones relativas a Tratados Internacionales Multilaterales en los que España es parte, que se han recibido en el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación desde la publicación anterior hasta el 5 de enero de 2022.

Modificación del Código Civil de Cataluña: violencia vicaria.

Decreto-ley 26/2021, de 30 de noviembre, de modificación del libro segundo del Código civil de Cataluña en relación con la violencia vicaria.

Resumen: El objetivo de este decreto ley es el establecimiento de medidas que lleven a la disminución del peligro o riesgo para la vida de los hijos que son objeto de violencia vicaria.

La Ley 5/2008, de 24 de abril, del derecho de las mujeres a erradicar la violencia machista, modificada por la Ley 17/2020, de 22 diciembre, dispone en el artículo 4 que la violencia vicaria «consiste en cualquier tipo de violencia machista ejercida contra los hijos e hijas con la finalidad de provocar daño psicológico a la madre».

Estas conductas suceden cuando la pareja se ha disuelto o está separada, durante el régimen de estancias con el padre, que no tiene la guarda; de ahí la reforma dirigida a prohibir la atribución de la guarda, las estancias, las relaciones y las comunicaciones entre los hijos e hijas y el padre en los casos de violencia vicaria machista.

Los artículos del Código Civil de Cataluña modificados son los siguientes:

a).- En sede de efectos de la nulidad del matrimonio, del divorcio y de la separación legal: «Artículo 233-11: Criterios para determinar el régimen y la manera de ejercer la guarda». Se modifica el apartado 3 y se añade un apartado 4:

b).- En sede de potestad parental: «Artículo 236-5. Denegación, suspensión y modificación de las relaciones personales». Se modifica totalmente.

c).- En sede de potestad parental: «Artículo 236-8: Ejercicio conjunto de la potestad parental». Se modifica la letra d del punto 2).

Este Decreto-Ley entró en vigor el día 3 de diciembre de 2021.

Ver archivo especial, con comparativa de artículos, elaborado por Víctor Esquirol Jiménez.

Disposiciones autonómicas

ILLES BALEARS. Ley 4/2021, de 17 de diciembre, de medidas extraordinarias y urgentes para ejecutar las actuaciones y los proyectos que deben financiarse con fondos europeos en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

ARAGÓN. Ley 8/2021, de 9 de diciembre, de regulación del Impuesto Medioambiental sobre las Aguas Residuales.

LA RIOJA. Ley 6/2021, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de La Rioja para el año 2022.

LA RIOJA. Ley 7/2021, de 27 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas para el año 2022.

ANDALUCÍA. Ley 10/2021, de 28 de diciembre, de tasas y precios públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

ARAGÓN. Ley 9/2021, de 30 de diciembre, de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón para el ejercicio 2022.

NAVARRA. Decreto Foral Legislativo 6/2021, de 15 de diciembre, de Armonización Tributaria, por el que se modifica la Ley Foral 19/1992, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido.

BALEARES. Ley 5/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears para el año 2022.

ASTURIAS. Ley 5/2021, de 23 de diciembre, de primera modificación de la Ley 4/2010, de 29 de junio, de Cooperativas.

ASTURIAS. Ley 6/2021, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales para 2022.

PAÍS VASCO. Ley 10/2021, de 9 de diciembre, de Administración Ambiental de Euskadi.

CATALUÑA. Ley 1/2021, de 29 de diciembre, de presupuestos de la Generalidad de Cataluña para 2022.

CATALUÑA. Ley 2/2021, de 29 de diciembre, de medidas fiscales, financieras, administrativas y del sector público.

VALENCIA. Ley 7/2021, de 29 de diciembre, de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera y de organización de la Generalitat 2022.

VALENCIA. Ley 8/2021, de 30 de diciembre, de Presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2022.

EXTREMADURA. Ley 3/2021, de 30 de diciembre, de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura para el año 2022.

 

SECCIÓN II
Nombramientos en Justicia

Orden JUS/1509/2021, de 31 de diciembre, por la que se nombra Directora del Gabinete del Secretario de Estado de Justicia a doña Ainhoa Alday Palacios.

Jubilaciones y excedencias

Se declara la jubilación de doña María del Rosario Fernández de Ateca, registradora de la propiedad de Manacor n.º 1.

Se declara la jubilación de don José Luis Lacruz Bescós, registrador de la propiedad de Madrid n.º 17.

Se declara la jubilación voluntaria del notario de Vitoria-Gasteiz don Manuel María Rueda Díaz de Rábago.

Se declara la jubilación de don Juan Alfonso Fernández Núñez, registrador mercantil y de bienes muebles de Vizcaya I.

Se declara la jubilación del notario de Pollença, don Andrés María Monserrat Noguera.

Se declara la jubilación de don Francisco Javier Llorente Vara, Registrador de Bienes Muebles Central I.

Se declara en situación de excedencia voluntaria a la notaria de Puerto del Rosario doña María Paz Samsó Zárate.

Se declara en situación de excedencia voluntaria al notario de Vidreres don Joan Berna Xirgo.

 

RESOLUCIONES:

En ENERO, se han publicado TRECE, de momento. Se ofrecen en  ARCHIVO APARTE

 .

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Leona de La Rambla (Córdoba). Arte íbero.

Precios medios de venta para 2022 ITPyAJD, ISD e Impuesto Especial Transporte

Admin, 28/12/2021

PRECIOS MEDIOS PARA 2022 ITPYAJD, ISD Y MEDIOS DE TRANSPORTE

(resumen de la Orden HFP/1442/2021, de 20 de diciembre

 

Orden HFP/1442/2021, de 20 de diciembre, por la que se aprueban los precios medios de venta aplicables en la gestión del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones e Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte.

Resumen breve: 

Como en años anteriores, se publican para 2022 las tablas de precios medios de mercado de vehículos usados, embarcaciones de recreo y motores marinos, así como los porcentajes de reducción en función de los años de uso. Se aplican como medios de comprobación a los siguientes impuestos: ITPyAJD, ISD y al Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte. Como novedad se incluyen también las autocaravanas y las motos náuticas y se elimina el nivel de emisiones de CO2.

 

El artículo 57 LGT establece como uno de los medios para la comprobación de valores el de precios medios en el mercado, que se ha considerado como idóneo para la comprobación de valores de los medios privados de transporte (ver Orden de 4 de julio de 2001), aprobándose para cada ejercicio una Orden ministerial con los precios en el mercado de los automóviles de turismo, vehículos todo terreno, motocicletas y embarcaciones de recreo. La del año pasado fue la Orden HAC/1275/2020, de 28 de diciembre.

Para la elaboración de las tablas de modelos y precios se han utilizado las publicaciones de las asociaciones de fabricantes y vendedores de medios de transporte, así como las indicaciones y características técnicas sobre nuevos vehículos aportadas por los propios fabricantes.

Esta Orden actualiza la valoración base de motores marinos por unidad de potencia mecánica real contenida en su anexo III, y mantiene la tabla de porcentajes de depreciación contenida en el anexo IV para la oportuna adecuación de los valores reflejados a la realidad del mercado del automóvil y a la depreciación que sufren los vehículos. Ya no se hace remisión a la Orden de 15 de diciembre de 1998.

Se incluyen bajo un mismo encabezamiento los datos técnicos correspondientes a los vehículos, con la potencia expresada en kilovatios (kW), y se elimina el nivel de emisiones de CO2 que se venía incorporando en los vehículos comercializados desde enero de 2008, debido a la entrada en vigor el 1 de septiembre de 2018 en toda la UE, del Reglamento (UE) 2017/1151.

La presente orden incorpora las autocaravanas como un segmento adicional de los vehículos de turismo, así como las motos náuticas en el ámbito de las embarcaciones.

Como en años anteriores, se mantiene en las tablas la potencia de los motores en caballos de vapor (cv), por ser un dato de carácter comercial y general que sirve para identificar algunos de los modelos de automóviles, si bien no es ningún caso una unidad permitida del Sistema Legal de Unidades de Medida.

Asimismo, se conserva, como otro elemento para diferenciar algunos modelos de automóviles, cuya denominación se mantiene a lo largo del tiempo, el periodo de su comercialización, dado que algunos vehículos, aun siendo diferentes, mantienen su misma denominación comercial durante un gran número de años.

Los precios medios de los diversos tipos de motocicletas se siguen diferenciando en función del tamaño de su motor, expresado mediante los centímetros cúbicos del mismo, elevando las cuantías de las de mayor cilindrada, dado que mantienen a lo largo del tiempo un mayor valor de mercado.

Como el año anterior, en lo que se refiere al Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte, para adecuar dicha valoración a los criterios de la Unión Europea, se mantiene la fórmula que elimina del valor de mercado, a efectos de dicho impuesto, la imposición indirecta ya soportada por el vehículo usado de que se trate.

Ámbito de aplicación de los precios medios de venta. Los precios medios de venta, que se aprueban por esta disposición, serán utilizables como medios de comprobación a los efectos del ITPyAJD, ISD y al Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte. Ver art. 2.

Valor de los vehículos. Para la determinación del valor de los vehículos de turismo, todo terrenos. autocaravanas y motocicletas ya matriculados se aplicarán sobre los precios medios, que figuran en el anexo I de esta Orden, los porcentajes que correspondan, según los años de utilización y, en su caso, actividad del vehículo, establecidos en la tabla e instrucciones que se recogen en el anexo IV de esta Orden. Ver art. 3.

Valor de las embarcaciones. La fijación del valor de las embarcaciones de recreo y motores marinos se efectuará valorando separadamente el buque sin motor y la motorización, para lo cual se tomarán los valores consignados en el anexo II de esta Orden, aplicándoseles los porcentajes de la tabla incluida en el anexo III de esta Orden, según los años de utilización, y sumando posteriormente los valores actualizados para obtener el valor total de la embarcación.

En el supuesto de las motos náuticas, la fijación de valor se realizará de forma unitaria y conjunta (sin valoración independiente del casco y motorización.

Las reglas para la determinación del valor a los efectos del Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte se encuentran en el artículo 5.

El anexo I relaciona los precios medios de vehículos de turismo usados durante el primer año posterior a su primera matriculación

El anexo II recoge los precios medios de embarcaciones a motor usadas durante el primer año posterior a su matriculación

El anexo III incluye la valoración base de los motores marinos.

Y el anexo IV fija los porcentajes determinados en función de los años de utilización para vehículos de turismo, todo terreno, autocaravanas y motocicletas ya matriculados. El máximo es del 100%, cuando el uso no llegue al año y el mínimo será de un 10% para vehículos con más de doce años.

Según este mismo anexo, el importe, que resulte de la aplicación de los porcentajes anteriores, se reducirá al 70 por 100 cuando el vehículo transmitido hubiese estado dedicado exclusivamente durante más de seis meses desde la primera matriculación definitiva, a las actividades de enseñanza de conductores mediante contraprestación o de alquiler de vehículos, sin conductor, o bien tuviera la condición, según la legislación vigente, de taxi, autotaxi o autoturismo.

Entró en vigor el 1º de enero de 2022.

 

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Monumento al Seat 600 en Fuengirola (Málaga). Por LANOEL

Modificación de la Ley de Tráfico

Admin, 27/12/2021

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MODIFICACIÓN DE LA LEY DE TRÁFICO

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(Resumen de la Ley 18/2021, de 20 de diciembre, por la que se modifica el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial)

Víctor Esquirol Jiménez, Notario de El Masnou (Barcelona)

 

RESUMEN DE LA LEY 18/2021, DE 20 de diciembre,  

Conforme al Preámbulo de la Ley, el objeto de la reforma se centra principalmente en la revisión de las infracciones que detraen puntos; el reconocimiento que tiene para la seguridad vial la superación de cursos de conducción segura y eficiente; el tratamiento actualizado de la conducción profesional; y la unificación a dos años del plazo que tiene que transcurrir para recuperar el saldo inicial de puntos tras la firmeza de las sanciones.

Respecto de las infracciones, los cambios se centran en aquellas que se vienen identificando como los comportamientos más peligrosos en la actualidad y que, por consiguiente, aumentan la detracción de puntos. Frente al agravamiento de la detracción de puntos, se apuesta por los cauces para mejorar el comportamiento de las personas que conducen a través de los cursos. La modificación legal prevé que los cursos de conducción segura y eficiente, puedan servir para recuperar o bonificar con dos puntos de saldo, de acuerdo con lo que se determine reglamentariamente. Estos cursos deben ser una oportunidad para reciclar a las personas que, aunque no hayan cometido infracciones graves, quieran mejorar su conducción y hacerla más segura y eficiente.

Principales novedades:

1.- Competencias: la Administración General del Estado se atribuye competencia para regular el vehículo automatizado (art. 4).

2.- Medioambiente: el usuario de la vía está obligado a no perjudicar el medioambiente (art. 10.1).

3.- Mecanismos de detección de radares o cinemómetros: se suprime la prohibición de llevarlos en el vehículo, pero no se permite utilizarlos (art. 13.6).

4.- Tasa de alcohol: se prohíbe a los menores la conducción con tasas de alcohol superiores a 0 (art. 14.1).

5.- Velocidades máximas en caso de adelantamiento: se suprime el precepto (art. 21.4) que permitía rebasarlas en tales casos.

6.- Vehículos de movilidad personal (patinetes eléctricos y similares): se suprime su preferencia en las aceras y en las demás zonas peatonales (art. 25.1); no pueden circular por las aceras (art. 25.5) y sus conductores deberán utilizar casco de protección (art. 47)

7.- Bicicletas y ciclos: se suprime su preferencia en las aceras y en las demás zonas peatonales (art. 25.1); no pueden circular por las aceras (art. 25.5), ni por los arcenes de las vías (art. 20.1).

8.- Lengua de las indicaciones escritas que se incluyan o acompañen a los paneles de señalización de las vías públicas, e inscripciones: además de figurar en castellano, lo deberán hacer además en la lengua oficial de la Comunidad autónoma en que esté ubicada la señal (art. 56).

9.- La tenencia de la autorización administrativa para conducir vehículos podrá acreditarse mediante su presentación digital (art. 59.1).

10.- Cursos de conducción segura y eficiente: su superación proporciona 2 puntos adicionales hasta un máximo de 15 puntos y con una frecuencia máxima de un curso de cada tipo cada 2 años (art. 63.5).

11.- Recuperación de puntos: se suprime la excepción de los 3 años para las infracciones muy graves, de modo que se unifica el plazo de 2 años (art. 65.1)

12.- Vehículos dotados de conducción automatizada: su características se consignarán en el permiso de circulación de los mismos (art. 66.1); el conductor deberá estar en todo momento en condiciones de controlar su vehículo (art. 75.b.ter).

13.- Impago de peaje, tasa o precio público: se incorpora como infracción leve (art. 75.b.bis).

14.- Estacionamiento en carriles o vías ciclistas: se introduce como sanción grave (art. 76.d)

15.- Dispositivos móviles y navegadores: es infracción grave su utilización manual, o manteniéndolo ajustado entre el casco y la cabeza, mientras se conduce (art. 76.g).

16.- Elementos de protección: es infracción grave no solo el no uso, sino también el uso inadecuado del cinturón de seguridad, sistemas de retención infantil, casco y demás elementos de protección obligatorios (art. 76.h)

17.- Episodios de contaminación y zonas de bajas emisiones: es infracción grave no respetar las restricciones de circulación establecidas por dichas causas (art. 76.z3).

18.- Objetos arrojados a la vía o sus inmediaciones: es infracción muy grave cuando ello puede producir incendios o accidentes (art. 77).

19.- Conducción profesional: se prevé desarrollar un sistema on line para que las empresas de transporte y los trabajadores autónomos que tengan la condición de empleadores puedan conocer si un conductor profesional que trabaja en esas empresas se encuentra en situación legal de poder conducir vehículos de transporte (DA 12ª).

Entrada en vigor: a los tres meses de la publicación de la Ley en el BOE (esto es, el día 21 de marzo de 2022).

 

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Registro electrónico de apoderamientos de la Administración General del Estado

Admin, 25/12/2021

REGISTRO ELECTRÓNICO DE APODERAMIENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO

(resumen de la Orden que lo regula)

 

Orden PCM/1384/2021, de 9 de diciembre, por la que se regula el Registro Electrónico de apoderamientos en el ámbito de la Administración General del Estado.

Resumen:

Mediante esta orden se determinan los órganos responsables, el sistema de funcionamiento, el procedimiento de incorporación de los apoderamientos, así como su revocación, renuncia, vigencia y prórroga. Los anexos incluyen modelos.

Introducción

El artículo 33 del Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos (RD 203/2021, de 30 de marzo), regula el Registro Electrónico de Apoderamientos de la Administración General de Estado. Ir al archivo especial con su resumen.

Esta orden conjunta, en su desarrollo, regula los requisitos y condiciones de funcionamiento del mismo.

Objeto Esta orden tiene por objeto regular los requisitos y condiciones de funcionamiento del Registro Electrónico de Apoderamientos de la Administración General del Estado (en adelante, REA-AGE). También aprueba los modelos que se recogen en el Anexo.

Ámbito de aplicación. Es la Administración General del Estado y sus organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes que no cuenten con un registro electrónico de apoderamientos particular.

Acceso.

El REA-AGE será accesible desde la sede electrónica del Punto de Acceso General de la Administración General del Estado así como desde las sedes electrónicas asociadas de la Administración General del Estado y las sedes electrónicas o sedes electrónicas asociadas de los organismos públicos o entidades de derecho público vinculados o dependientes.

Órganos competentes.

La Dirección General de Gobernanza Pública del Ministerio de Hacienda y Función Pública asume la gobernanza y gestión funcional del REA-AGE, correspondiendo a la Secretaría General de Administración Digital del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital el diseño, implantación y gestión técnica de la plataforma tecnológica que soporte el registro.

Tipos de poderes

Se inscriben en el REA-AGE:

a) Poder general para que la persona apoderada pueda actuar en nombre de la poderdante en cualquier actuación administrativa y ante cualquier Administración Pública.

b) Poder para cualquier actuación administrativa ante la Administración General del Estado y/o sus organismos públicos o entidades de derecho público vinculados o dependientes concretos que no cuenten con registro electrónico de apoderamientos particular.

c) Poder para la realización de determinados trámites especificados en el poder, ante un órgano de la Administración General del Estado o ante un organismo público o entidad de derecho público vinculado o dependiente de la misma que no cuente con registro de apoderamientos particular.

El apoderamiento podrá ser otorgado por varias personas físicas a una persona apoderada que tenga condición de persona física o jurídica.

Entre los datos de inscripción se encuentran el tipo de poder o su vigencia

Si el poderdante es, a su vez, apoderado, se precisa la copia del poder otorgado en documento público o privado con firma electrónica o notarialmente legitimada. En este caso constará también su bastanteo, sin perjuicio de la apreciación concreta por los órganos instructores del procedimiento, de su suficiencia en la actuación o procedimiento en que se emplee. Ver art. 3.

Otorgamiento y solicitud de inscripción:

A) Persona física no obligada a relacionarse electrónicamente con las AAPP: puede hacerlo apud acta mediante su comparecencia personal en una Oficina de Asistencia en Materia de Registros de la Administración General del Estado o también electrónicamente en el REA-AGE, si tiene firma electrónica.

B) Persona poderdante que se relacione obligatoria o voluntariamente con las AAPP por medios electrónicos (ex 14 LPA), sólo cabe electrónicamente.

La solicitud de inscripción se presentará en el modelo del anexo I de esta orden en el caso de comparecencia personal, o en el formulario electrónico basado en el anterior cuando se acceda por internet.

Si la persona apoderada es persona jurídica, sólo se procederá a la inscripción cuando conste la documentación pertinente.

La inscripción solo será efectiva desde el momento en el que quede inscrita la aceptación por la persona apoderada y haya sido incorporado el bastanteo del poder cuando este sea jurídicamente exigible.

La petición de inscripción también puede hacerla la persona apoderada, si acredita su condición. En el caso de aportar poderes notariales se exigirá un Código Seguro de Verificación (CSV) y, en su defecto, se consignarán los datos identificativos del documento notarial. Ver art. 4.

Aceptación por la persona apoderada.

El poder no surtirá efectos en tanto no se inscriba en el REA-AGE la aceptación de la persona apoderada. Se entenderá la aceptación tácita en el caso de que la solicitud de inscripción la presente la persona apoderada.

Ha de hacerse en los veinte días hábiles desde la fecha de alta de la solicitud de inscripción en el REA-AGE. Transcurrido este periodo, se entenderá que no ha aceptado el apoderamiento. Ver art. 5.

Comprobaciones. Las comprobaciones previas a la inscripción se determinan en el art. 6.

Revocación y renuncia del apoderamiento.

Se acreditarán aportando los modelos previstos en los anexos II y III, respectivamente, o sus equivalentes electrónicos, surtiendo efecto en ambos casos desde la fecha de su inscripción. Ver art. 7.

Vigencia y prórroga del apoderamiento.

Tendrá una vigencia máxima de cinco años a contar desde la fecha de su inscripción en el REA-AGE.

Antes de finalizar su plazo, el poderdante podrá prorrogarlo, usando el modelo previsto en el anexo V o su equivalente electrónico, por un periodo máximo de cinco años a contar desde la fecha su inscripción (se supone que de la prórroga) en el REA-AGE. Ver art. 8.

Consultas

A) Por la persona interesada. El REA-AGE no tiene carácter público por lo que solo la persona interesada, una vez identificada, podrá consultar el REA-AGE electrónica o presencialmente, según corresponda, y acceder a la información de los apoderamientos de los que sea poderdante o apoderada. Ver art. 9.

B) Por organismos públicos. Podrán hacerlo, pero sólo de los datos estrictamente necesarios para verificar la existencia, vigencia y alcance de los poderes en relación con las concretas actuaciones administrativas que se pretenden realizar y para poder comunicarse con la persona representante. Ver art. 10.

Resto de disposiciones

Los dos últimos artículos se refieren a la protección de datos de carácter Personal y a la interoperabilidad del Registro, respectivamente.

La disposición adicional primera trata de las entidades sin personalidad jurídica, que solo podrán actuar como poderdantes.

Se derogan la Orden HAP/1637/2012, de 5 de julio, que regulaba el Registro Electrónico de Apoderamientos y la Orden HFP/633/2017, de 28 de junio, que aprobó los modelos hasta ahora vigentes.

Modelos:

Los cinco anexos recogen los siguientes:

  • Anexo I: inscripción del poder
  • Anexo II: revocación de poder
  • Anexo III: renuncia del poder
  • Anexo IV: Aceptación por la persona apoderada
  • Anexo V: Prórroga de un poder.

La disposición adicional segunda determina que la actualización de modelos normalizados se realizará por la persona titular de la Secretaría de Estado de Función Pública

Esta orden entró en vigor el 12 de diciembre de 2021.

 

ENLACES:

Texto de la Orden: PDF (BOE-A-2021-20479 – 20 págs. – 409 KB) Otros formatos Texto consolidado

Registro Electrónico de la Administración General del Estado (resumen OM)

Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos (resumen)

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PORTADA DE LA WEB

Peonia. Por Concepción Iborra Grau

Feliz Navidad 2021

Admin, 24/12/2021

El equipo de NyR

os desea: 

¡¡FELIZ NAVIDAD 2021!!

¡¡Y un mejor 2022!!

(esta segunda celebración atípica, por la pandemia que no cesa, la celebramos con los presentes y pensando en los que no han podido estar)

 

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Nota: la foto de la cabecera está hecha por Juan Carlos Casas en la playa de la Victoria (Cádiz) y el vídeo es parte del film Love Actually (8/10)  – All I Want for Christmas is You (2003) («Todo lo que deseo por Navidad eres tú).

 

FELIZ NAVIDAD 2020

FELIZ NAVIDAD 2019

FELIZ NAVIDAD 2018

FELIZ NAVIDAD 2017

FELIZ NAVIDAD 2015

FELIZ NAVIDAD 2014

FELIZ NAVIDAD 2013

FELIZ NAVIDAD 2012

FELIZ NAVIDAD 2011 TECNOLÓGICA

FELIZ NAVIDAD 2005

FELIZ NAVIDAD 2004

Ranking de webs jurídicas españolas basado en Alexa. Diciembre 2021.

Admin, 22/12/2021

RANKING DE PÁGINAS JURÍDICAS ESPAÑOLAS 

TRIGÉSIMA CUARTA OLEADA:

DICIEMBRE DE 2021

VER BREVE ANÁLISIS

 

Se recogen en esta clasificación las páginas españolas cuyo contenido principal sea jurídico, ordenándolas según el puesto obtenido dentro de España y, en su defecto, dentro del mundo, con el contador universal ALEXA.

LA ÚLTIMA OLEADA QUE SE VA A PUBLICAR ES LA DE DICIEMBRE DE 2021, PUES ALEXA HA ANUNCIADO QUE CESARÁ EN LA PRESTACIÓN DE ESTE SERVICIO EL 1º DE MAYO DE 2022.

Entre las tres tablas que ofrecemos, se incluyen 304 webs

Si se utiliza el móvil, es mejor ponerlo en horizontal por las tablas.

PUESTO NOMBRE ALEXA ALEXA PUESTO PUESTO PUESTO PUESTO
ACTUAL   ESPAÑA MUNDO 22/06/2021 26/12/2020 24/06/2020 31/12/2019
1 Boletín Oficial del Estado 225 15398 1 1 1 1
2 Ministerio de Justicia  294 20612 2 3 4 2
3 Iberley 742 39014 4 6 2 3
4 Consejo General del Poder Judicial 824 76175 6 9 10 9
5 Colegio de Registradores 1285 103645 3 2 6 8
6 Notariosyregistradores (NyR) 1329 73474 5 4 5 5


    

OTRAS WEBS NO VALORADAS POR ALEXA DENTRO DE ESPAÑA PERO QUE ESTÁN VALORADAS A NIVEL MUNDIAL EN ALGUNA DE LAS ÚLTIMAS OLEADAS:

PUESTO NOMBRE ALEXA PUESTO PUESTO PUESTO PUESTO
ACTUAL   MUNDO 22/06/2021 26/12/2020 24/06/2020 31/12/2019
7 Colegio de Abogados de Madrid 59069 15 13 26 31
8 Noticias Jurídicas 69136 12 5 3 4
9 Wolters Kluwer 88699 9 11 9 6
10 Cuestiones laborales 100265 7 20 13 12
11 Consejo General del Notariado 120668 19 25 31 20
12 Vlex 122883 20 8 17 7
13 Abogacía.es 131781 11 21 16 29
14 Mundojuridico.info 144150 18 12 8 11
15 Almacén de Derecho 191580 40 69 66 49
16 Marcial Pons 234394 16 18 22 18
17 El Abogado 238707 43 31 67 50
18 Confilegal 251172 29 28 19 27
19 Legaltoday 251697 21 17 23 21
20 elderecho.com 270485 14 7 7 13
21 Economist & Jurist  277030 30 46 33 38
22 FM Abogados 280722 8 10 20 19
23 Congreso de los Diputados 285157 44 16 11 10
24 Iusport 294015 35 35 30 76
25 Administración Pública. 306973 50 76 59 55
26 Su Despacho 320102 25 44 106  
27 Derecho.com 325471 78 36 37 30
28 Iustel 363617 99 62 32 39
29 Tirant lo Blanc 373024 26 15 24 24
30 Tribunal Constitucional 399405 34 40 58 26
31 Lawyerpress  409652 57 45 78 99
32 Fiscal Impuestos 416002 13 19 28 22
33 DelaJusticia 421683 83 87 55 67
34 Consejo Gral Procuradores España 433117 28 34 79 16
35 Uría y Menéndez 441981 87 65 64 47
36 Tu abogado defensor 450520 27 29 25 25
37 Portal de la Transparencia 452424 96 32 69 43
38 Togas.biz  487102 189   137  
39 Consulta tu derecho 550044 106 138   84
40 ILP Abogados 563741 47 38 41 44
41 Pórtico Legal 595078 22 54 39 17
42 Derecho romano  618528 79 55 56 54
43 Garrigues 634922 46 67 34 64
44 Legal Team 654969 33 39 42 28
45 Blog Canal Profesional 678264 39 99 68 66
46 Cosital (Administración Local) 693795 75     45
47 Thomson-Reuters-Aranzadi-Civitas 693814 147 53 130 37
48 iabogado 711401 107 52 29 35
49 Emerita Legal 737525 42 93 45  
50 Regispro  792660 185   92 123
51 Diario jurídico 796475 72 43 35 75
52 Delvy.es  847199 105 61 53 82
53 Senado de España 848691 45 30 47 40
54 Traducción jurídica  924748 80 74 77 62
55 Inddubio Comparte sentencias 972648 154 98    
56 Cuatrecasas 1006368 52 85 76 46
57 A definitivas 1064606 82 102 107  
58 Registro Mercantil Central 1088115 32 49 36 42
59 Legalitas 1169556 23 23 15 14
60 Elías y Muñoz Abogados 1263475 31 33 38 56
61 Gómez-Acebo y Pombo 1323896 90 92 61  
62 Editorial Reus 1330151 121 95 80 119
63 AOB Abogados  1333772 68 64 74 80
64 Dudas Legislativas 1365464 84 27 43 34
65 Revista Lex Mercatoria 1400952 102 72 84 77
66 ¿Hay Derecho? 1415792 108 86 72 51
67 Indret 1423524 55 106 70 63
68 Laboral -Social  1505054 37 37 27 36
69 Pablo F. Burgueño 1547495 122 113 103 69
70 Delitos Informáticos 1550885 81 131 89 117
71 Law and trends 1577622 54 104 50 85
72 Melian Abogados 1777942 103 47 46 53
73 Legadoo  1792766 36 42 81 112
74 Juristas con futuro 1922268 66 116 131  
75 Bufete Casadeley 2000523 181 157 85 125
76 Notarios en red  2003899 38 68 100 41
77 Almacén de Derecho Mercantil 2053839 110 110 128 92
78 El blog del Notario (Antonio Ripoll Soler) 2066934 190   141  
79 Hernández Vilches 2097102 51 114 129 95
80 Roca Junyent Abogados 2154287 125 125 134  
81 UNED-Derecho 2206235 74 57 75 87
82 Clínica jurídica 2213573 85 130    
83 Edisofer 2287900 113 108 151  
84 Infoderecho Civil  2323288 163 127 132 145
85 Fieldfisher Jausas 2389758 156 107 135  
86 Derecho práctico  2426544 123 75 164 138
87 Tribbius 2466276 137 109 90 81
88 Álvarez Ramos abogados 2532995 114 122 147 141
89 Derecho Constitucional D. en red  2659587 119   126 111
90 PortaLey 2681320 94 103 62 73
91 Samuel Parra (protección datos) 2721903 207      
92 Leopoldo Pons 2773213 62 126 86  
93 Eventos jurídicos  2779999 180 156   128
94 Ignasi Beltrán Laboral 2781111 64   83 96
95 ElJurista.eu 2844658 101 89 113 147
96 Migrar con derechos 2872647 111      
97 Lexdir 2966978 65 73 96 100
98 Pro Quo Abogados 3092069 71 118 94  
99 Sepin  3179580 41 26 18 32
100 Ángel Seisdedos 3192669        
101 Burguera Abogados  3245568 176 148 95 102
102 Planificación-jurídica 3301800 59 56 54  
103 Esto es legal 3352561 193   149  
104 Blog de extranjeria 3534961 67      
105 Francis Lefevre 3558485 104 48 73 68
106 Abogados 365 3567434 98 111 82 74
107 Real Academia de Jurispr. y Legislación 4031681        
108 Palladino Pellón 4328796 97 82 49 52
109 Lener, Servicios jurídicos  4526627 139      
110 Xribas (derecho informático)   4615331        
111 Registradores de Madrid 4635934 73   121  
112 El notario del siglo XXI 4643485 89 59 48 110
113 Bufete Almeida 4920386        
114 Justitonotario 5223511 143 70 127 135
115 Todo son finanzas 5258352        
116 Derecho Administrativo D. en red  5392635 126   166  
117 Sánchez Bermejo 5429973 56 58 60 61
118 Lawyoulegal 5521953 86      
119 Derecho Mercantil D. en red  5550339 93 155 108  
120 Ático jurídico  5899305 135 71 63 60
121 El derecho local  5992790 48 60 65 143
122 Garón Abogados 6484421 100 63 57 65
123 Agm Abogados 6989468 112 121 115 83
124 Registro Mercantil de Alicante 7052936        
125 Confia accidentes tráfico 7255211        
126 Diagonal550.com blog 7440089        
127 Fiscalía General del Estado. 8110225 142 80 12  
128 Audens   8169716 168 139   133
129 Fiscal Blog 8799991 76 51    
130 AEDEF Asesores Fiscales oooo 17   116 142
131 Publicidad concursal oooo 24 24 51 98
132 Colegio de Abogados de Valencia oooo 49 66 40 113
133 Consulting DMS oooo 53 123 99 70
134 Iurisprudente oooo 58 78 158 144
135 Indemnización por accidente oooo 60 105 101 114
136 Iasesorate oooo 61   117  
137 Colegio de Procuradores de Madrid oooo 63 81   134
138 Pedro Corvinos. D. Público oooo 69 83 102 79
139 Asociación Hipotecaria Española oooo 70     121
140 Dig.es   oooo 77      
141 Revista Derecho Mercado Financiero oooo 88 154 136  
142 Tu guía legal oooo 91 100 143 126
143 Huella legal oooo 92      
144 Abanlex oooo 95 134 163  
145 D R Abogados oooo 109 132 133 71
146 Óscar Cano oooo 115 133 88  
147 Entre leyes y Jurisprudencia oooo 116   93  
148 Abogado.org oooo 117      
149 Interiuris oooo 118      
150 Taller de derechos oooo 120 137 139  
151 Otrosi.net (ICAM) oooo 124      
152 Derecho Penal D. en red  oooo 127 144 125  
153 Colegio de Abogados de Sevilla. oooo 128 151 87  
154 Del derecho y las normas oooo 129   123 91
155 Asufin oooo 130 41    
156 Tottributs oooo 131      
157 Registro Mercantil Barcelona oooo 132 84 114 146
158