• PDF (BOE-A-2026-17133 – 16 págs. – 271 KB)  Otros formatos

• PDF (BOE-A-2026-17134 – 6 págs. – 215 KB)  Otros formatos

• PDF (BOE-A-2026-17135 – 15 págs. – 264 KB)  Otros formatos

• PDF (BOE-A-2026-17136 – 8 págs. – 233 KB)  Otros formatos

• PDF (BOE-A-2026-17137 – 18 págs. – 282 KB)  Otros formatos

• PDF (BOE-A-2026-17138 – 6 págs. – 214 KB)  Otros formatos

• PDF (BOE-A-2026-17139 – 5 págs. – 212 KB)  Otros formatos

• PDF (BOE-A-2026-17140 – 13 págs. – 257 KB)  Otros formatos

• PDF (BOE-A-2026-17141 – 7 págs. – 228 KB)  Otros formatos

• PDF (BOE-A-2026-17142 – 6 págs. – 222 KB)  Otros formatos

• PDF (BOE-A-2026-17143 – 6 págs. – 216 KB)  Otros formatos

• PDF (BOE-A-2026-17144 – 10 págs. – 237 KB)  Otros formatos

• PDF (BOE-A-2026-17145 – 9 págs. – 232 KB)  Otros formatos

• PDF (BOE-A-2026-17146 – 9 págs. – 236 KB)  Otros formatos

• PDF (BOE-A-2026-17147 – 5 págs. – 208 KB)  Otros formatos

• PDF (BOE-A-2026-17148 – 1 pág. – 188 KB)  Otros formatos

• PDF (BOE-A-2026-17149 – 8 págs. – 229 KB)  Otros formatos

• PDF (BOE-A-2026-17150 – 17 págs. – 288 KB)  Otros formatos

• PDF (BOE-A-2026-17151 – 13 págs. – 258 KB)  Otros formatos

• PDF (BOE-A-2026-17152 – 6 págs. – 223 KB)  Otros formatos

• PDF (BOE-A-2026-17153 – 11 págs. – 243 KB)  Otros formatos

• PDF (BOE-A-2026-17154 – 12 págs. – 254 KB)  Otros formatos

• PDF (BOE-A-2026-17155 – 7 págs. – 229 KB)  Otros formatos

758. SENTENCIA DECLARATIVA DE DOMINIO. HERENCIA YACENTE

Resolución de 28 de abril de 2026, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la negativa de la registradora de la propiedad de Mancha Real a inscribir un testimonio de sentencia dictada en juicio ordinario (ER)

759. USO DE VIVIENDA FAMILIAR CANCELADO EN EJECUCIÓN HIPOTECARIA. PRETENSIÓN DE INSCRIPCIÓN

Resolución de 28 de abril de 2026, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación del registrador de la propiedad de Madrid n.º 25, por la que se deniega la inscripción de un derecho de uso (ACM)

765. RECTIFICACIÓN DE INSCRIPCIONES POR SUPUESTO ERROR DE CONCEPTO.

Resolución de 28 de abril de 2026, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por la registradora de la propiedad de La Carolina, por la que se deniega la rectificación de determinadas inscripciones por error de concepto (MGV)

766.* INSCRIPCIÓN DE REPRESENTACIÓN GRÁFICA: INSUFICIENTE MOTIVACIÓN DE LA NOTA DE CALIFICACIÓN

Resolución de 29 de abril de 2026, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador de la propiedad de Mieres del Camino a practicar la inscripción de la representación gráfica catastral de una finca, una vez tramitado el procedimiento previsto en el artículo 199 de la Ley Hipotecaria, por concurrir la oposición de un propietario colindante.

Resumen.– El juicio registral de identidad efectuado en la nota de calificación no puede ser arbitrario ni discrecional, sino que ha de estar motivado y fundado en criterios objetivos y razonados.

Hechos.- Se solicita la inscripción de la representación gráfica catastral y consiguiente rectificación de su descripción de una finca, que de una cabida inscrita de 76 metros cuadrados pasa a la superior de 342 metros cuadrados. Tramitado el procedimiento regulado en el art. 199 LH fueron recibidas alegaciones por parte de un colindante catastral  y heredero del titular de una finca registral que consta con una cabida inscrita de 83,58 metros cuadrados, quien se opone a la inscripción pretendida por considerar que su propiedad resulta invadida por su lindero norte, aportando plano del que resulta la geometría y cabida que atribuye a su propiedad, la cual señala que tendría una superficie de 150,11 metros cuadrados.

Calificación.- El registrador de la propiedad suspende la inscripción a la vista de la oposición formulada.             

Recurso.– El recurrente alega que no existe coincidencia con otra base gráfica inscrita, ni invasión de dominio público, ni oposición fundada basada en informe pericial o técnico; tampoco afecta a vial público; que el colindante que formula oposición no acredita titularidad registral, limitándose su oposición a una mera manifestación unilateral carente de sustento técnico y jurídico; y que, según doctrina de esta Dirección General, el registrador debe valorar la consistencia de la oposición, no limitarse a su existencia, por lo que concluye que la calificación no está suficientemente motivada.

Resolución.– La DGSJFP estima el recurso y revoca la nota de calificación.

Doctrina.- La nota de calificación ha de estar adecuadamente fundamentada, recogiendo con claridad y precisión los defectos por los que el registrador estima que no es posible la inscripción. Cuando la calificación sea desfavorable, lo más adecuado a los principios básicos de todo procedimiento y a la normativa vigente es que, al consignar los defectos en la nota, ésta exprese también la íntegra motivación de los mismos, con el desarrollo necesario para que el interesado pueda conocer los fundamentos jurídicos en los que se basa la calificación, y pueda con ello plantear adecuadamente un eventual recurso. Es indudable que, de este modo, serán efectivas las garantías del interesado recurrente, quien al conocer en el momento inicial los argumentos en que el registrador funda jurídicamente su negativa a la inscripción solicitada podrá alegar los fundamentos de Derecho en los que apoye su tesis impugnatoria, a la vista ya de los hechos y razonamientos aducidos por el registrador que pudieran ser relevantes para la resolución del recurso. (VEJ)

767. USO VIVIENDA FAMILIAR ATRIBUIDO A ESPOSA E HIJO COMÚN MAYOR DE EDAD

Resolución de 29 de abril de 2026, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador de la propiedad de Sevilla n.º 14 a inscribir la atribución de uso de una vivienda en convenio regulador de los efectos de un divorcio (ACM)

769.** INSCRIPCIÓN DE REPRESENTACIÓN GRÁFICA: DENEGACIÓN POR EXISTIR CONTROVERSIA SOBRE LA TITULARIDAD DE LA FINCA

Resolución de 29 de abril de 2026, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación negativa emitida por el registrador de la propiedad interino de Mijas n.º 2, por la que se suspende la inscripción de la georreferenciación de una finca, por haberse presentado alegaciones en el expediente del artículo 199 de la Ley Hipotecaria tramitado para inscribir la rectificación de superficie y la georreferenciación de la finca.

Resumen.- Uno de los motivos por los que se puede rechazar la inscripción de la georreferenciación es la existencia de una contienda sobre la titularidad del terreno, que debe justificarse documentalmente.

Hechos.– En la tramitación del art. 199.2 LH para inscribir una rectificación de descripción y una declaración de obra nueva sobre la base de una representación gráfica alternativa a la catastral, se presentan alegaciones por parte de varios de los colindantes notificados, que manifiestan que la finca cuya georreferenciación se pretende inscribir invade parcialmente sus fincas.

Calificación.– El registrador de la propiedad suspende la inscripción a la vista de la oposición presentada y de la documentación aportada por los colindantes (plano topográfico antiguo, auto de deslinde judicial, informe de ingeniero, etc.), que son indicio de una controversia no solo sobre la delimitación geográfica de la finca, sino también respecto de su titularidad. Esta última circunstancia es reconocida por el propio recurrente cuando entiende que la última alegación procede de un no colindante ni titular ni catastral.  

Recurso.- El recurrente alega la insuficiente motivación de la calificación registral.

Resolución.- La DGSJFP desestima el recurso y confirma la nota de calificación.

Doctrina.- El juicio registral de identidad no puede ser arbitrario ni discrecional, sino motivado y fundado en criterios objetivos y razonados, indicando en qué forma se han infringido los preceptos legales, sin bastar una referencia genérica a los preceptos infringidos, como desde el punto de vista material, basándolo en razones objetivas, derivadas de la apreciación de la evolución del territorio en la aplicación homologada y del contenido del Registro.

En el caso presente, considera la DG que el registrador ha motivado suficientemente la denegación de la inscripción pues se ha basado en las alegaciones y en la documentación aportada por los colindantes, que pone de manifiesto la situación conflictiva sobre la titularidad y delimitación geográfica de la finca, la cual se refuerza si se visualiza la georreferenciación alternativa. (VEJ)

770.** GEORREFERENCIACIÓN: NUEVA SUPERFICIE NO COINCIDIENTE CON LA SUPERFICIE GRÁFICA DE LA CCDG. DENEGACIÓN DE INICIO DEL EXPEDIENTE DEL ART. 199

Resolución de 29 de abril de 2026, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de suspensión de la registradora de la propiedad de Zafra a inscribir la representación gráfica georreferenciada catastral de una finca por encubrir una operación de modificación de entidad hipotecaria.

Resumen.– Una diferencia de superficie de décimas de metro entre la superficie escriturada y la gráfica que resulta del CCDG, no implica falta de coincidencia entre ambas. Para que la registradora pueda denegar la tramitación del art. 199 por encubrimiento de operaciones no registradas, debe tener la certeza de ello, no bastando las simples dudas, que pueden solventarse tramitando el expediente.

Hechos.- En escritura de compraventa se rectifica la superficie de la finca, que pasa de 94 a 126,21 m2, sobre la base de la CCDG que le asigna una superficie de 126 m2, solicitándose la tramitación del expediente del art. 199 LH.

Calificación.– La registradora de la propiedad suspende la inscripción sin tramitar dicho expediente por dos defectos: 1) al no coincidir la superficie escriturada con la catastral, debe aportarse una representación gráfica alternativa; 2) las recientes alteraciones de la configuración catastral de la parcela correspondiente a la finca, que gana superficie a costa de una colindante, generan dudas sobre un posible encubrimiento de una operación de modificación de entidades hipotecarias.

Recurso.- La notaria autorizante alega  que ninguna de las referidas alteraciones responden a operaciones de modificación de entidades hipotecarias, sino exclusivamente a errores catastrales, habiéndose incluso otorgada acta de subsanación de discrepancias catastrales bajo su fe; concluyendo que la manifestación de dudas de identidad al inicio del procedimiento exige que las mismas sean de tal entidad que no puedan solventarse durante la tramitación del expediente.

Resolución.- La DGSJFP estima el recurso y revoca la nota de calificación.

Doctrina:

1) Sobre la necesidad de aportar una georreferenciación alternativa: la escasa diferencia entre la superficie escriturada y la catastral (0,21 m2), no significa falta de coincidencia entre ambas, pues la certificación catastral descriptiva y gráfica señala el dato alfanumérico de la superficie de parcela a través de un redondeo, al alza o a la baja, de la superficie en decímetros cuadrados que resultan de las coordenadas georreferenciadas de la parcela, algo fácilmente comprobable descargando, a través de la Sede Electrónica de Catastro, el correspondiente archivo GML de la parcela catastral.

2) Sobre las dudas de identidad: para que las objeciones del registrador, expuestas al inicio del expediente, puedan impedir la continuación de éste, han de ser de tal entidad que, previsiblemente, no puedan solventarse durante la tramitación del propio expediente; de no ser así, el expediente ha de continuar; todo ello sin perjuicio de la calificación que finalmente proceda, a la vista de lo actuado.

No procede la tramitación del procedimiento del art. 199 LH en aquellos casos en que su tramitación estuviera condenada al fracaso, pudiendo apreciarse dicha circunstancia en los siguientes supuestos:

a) que la georreferenciación aportada por el promotor y cuya inscripción solicita invada otra georreferenciación que ya conste inscrita para otra finca registral.

b) que invada la delimitación del dominio público deslindado, incluso aunque dicho dominio público no estuviera debidamente inmatriculado.

c) que claramente altere la identidad de la finca inscrita. Por ejemplo, cuando la finca se inscribió en virtud de un negocio jurídico que tenía por objeto una finca con representación gráfica más o menos precisa, aunque no estuviera georreferenciada y ahora claramente se aprecie que la georreferenciación aportada encubre la pretensión de alteración sustancial de la ubicación o delimitación de la finca.

En estos tres supuestos no tendría sentido tramitar siquiera el procedimiento del artí. 199 LH, pues no se trataría de completar o precisar la descripción literaria inscrita, sino de rectificar sustancialmente la delimitación gráfica que fue objeto del derecho inscrito, y por tanto, lo que procede es rectificar, con los consentimientos que en su día lo otorgaron, el supuesto error padecido en el título que motivó la inscripción con aquella delimitación gráfica.

En esos tres supuestos, si concurren, el registrador puede hablar de certezas y no de simples dudas y, por lo tanto, denegar el inicio del procedimiento del art. 199. En los demás supuestos, el registrador tendrá simples dudas, más o menos fundadas, por lo que se debe iniciar el procedimiento para confirmarlas o disiparlas. Y al final de su tramitación, si procede calificación negativa, en principio debe ser de suspensión, salvo que el registrador haya alcanzado el mismo grado de certeza que antes hemos visto y le permita fundamentar una denegación en alguna de las mismas tres causas citadas. (VEJ)

772. EJECUCIÓN HIPOTECARIA MEDIANTE ACUERDO TRANSACCIONAL APROBADO JUDICIALMENTE

Resolución de 4 de mayo de 2026, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación del registrador de la propiedad de Villanueva de la Serena, por la que se suspende la inscripción de un auto de homologación de transacción judicial y mandamiento de cancelación de cargas (ACM)

773. NRUA FIGURANDO YA ASIGNADO OTRO DE LA MISMA CATEGORÍA

Resolución de 5 de mayo de 2026, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación de la registradora de la propiedad de Denia n.º 2, por la que se deniega la presentación al Libro Diario de una solicitud de asignación de un número de registro de alquiler de corta duración no turístico por constar ya asignado un número de registro de alquiler de corta duración de la misma categoría (JCC)

774. COMPRAVENTA. SITUACIÓN DE CONCURSO EN LA PARTE VENDEDORA, NO EN LA COMPRADORA COMO INDICA LA CALIFICACIÓN

Resolución de 5 de mayo de 2026, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación del registrador de la propiedad de Calafell, por la que se suspende la inscripción de una escritura de compraventa (AFS)

775. DENEGACIÓN DE ASIENTO DE PRESENTACIÓN

Resolución de 5 de mayo de 2026, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación del registrador de la propiedad de Teguise, por la que se deniega el asiento de presentación de un escrito (MGV)

776.** INSCRIPCIÓN DE REPRESENTACIÓN GRÁFICA: INSUFICIENTE MOTIVACIÓN DE LA NOTA, QUE NO OBSTA A QUE SE DESESTIME EL RECURSO 

Resolución de 5 de mayo de 2026, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación negativa emitida por la registradora de la propiedad de Valencia de Don Juan, por la que se suspende la inscripción de la georreferenciación de una finca, por haberse presentado alegaciones en el expediente del artículo 199 de la Ley Hipotecaria tramitado para inscribir la rectificación de superficie y la georreferenciación de la finca.

Resumen.- Pese a la falta total de motivación en la nota que deniega la inscripción, que se basa en la mera existencia de oposición de colindantes, la DG desestima el recurso.

Hechos.– En la tramitación del art. 199 LH para inscribir la rectificación de descripción de una finca sobre la base de la representación gráfica catastral, se presentan alegaciones por parte de colindantes, que manifiestan que la finca cuya georreferenciación se pretende inscribir invade parcialmente sus fincas.

Calificación.- La registradora de la propiedad “suspende la inscripción de la georreferenciación por la mera formulación de la alegación, sin fundamentar objetiva y jurídicamente su juicio sobre las dudas en la identidad de la finca”. En cambio, en el informe sí lo fundamenta.

Recurso.- El recurrente alega la falta de motivación del juicio de identidad, lo que le genera una indefensión para preparar debidamente el recurso.

Resolución.- La DGSJFP desestima el recurso y confirma la nota de calificación.

Doctrina.- El juicio registral de identidad no puede ser arbitrario ni discrecional, sino motivado y fundado en criterios objetivos y razonados. Y ello, tanto desde el punto de vista jurídico, indicando en qué forma se han infringido los preceptos legales, sin bastar una referencia genérica a los preceptos infringidos, como desde el punto de vista material, basándolo en razones objetivas, derivadas de la apreciación de la evolución del territorio en la aplicación homologada y del contenido del Registro.

Pese a que el informe no es el trámite procedimental adecuado para fundamentar la nota de calificación, la DG atiende los argumentos de la registradora limitándose a señalar que “la registradora considera que se está invadiendo la cartografía catastral, por lo que realiza una argumentación jurídica en apoyo de sus dudas sobre la identidad de la finca. Es el promotor el que debería haber justificado mediante el análisis del contenido registral y la evolución de la parcela sobre el terreno, o mediante al acceso a la cartografía histórica del Catastro, si la linde divisoria del Catastro actual no fuera correcta.”

Comentario.- Resulta sorprendente que, pese a reconocer la propia DG que la registradora ha suspendido la inscripción de la georreferenciación por la “mera formulación de la alegación, sin fundamentar objetiva y jurídicamente su juicio sobre las dudas en la identidad de la finca”, con la indefensión que ello ocasiona al promotor del expediente, indefensión que la DG ha reconocido y ha sido motivo de revocación de las notas en numerosas ocasiones (no hay que ir muy lejos, basta con leer las resoluciones anteriores de este mismo mes), el centro directivo no solo desestime el recurso, sino además exija al recurrente, desconocedor de lo expuesto por el registrador en su informe, que justifique que la delimitación catastral es correcta, cuando, además, esta goza de la presunción de certeza del art. 3.3 TRLC. (VEJ)

Resolución de 28 de abril de 2026, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por el registrador mercantil XIII de Madrid, por la que se rechaza la inscripción de modificación de determinado artículo estatutario.

Resumen: Es inscribible una cláusula estatutaria que permite que en caso de prenda de participaciones o acciones se atribuyan al acreedor prendario los derechos del socio, en caso de ejecución judicial o extrajudicial, sin necesidad de especificar que lo que se atribuye o transmite es el ejercicio de esos derechos.

Hechos: Se trata de determinar si es o no inscribible el siguiente artículo de los estatutos de una sociedad limitada: “En caso de prenda de participaciones, corresponderán al acreedor pignoraticio los derechos de socio correspondientes a las participaciones pignoradas desde el momento en que se notifique por conducto notarial al pignorante y a la sociedad la existencia de un supuesto de incumplimiento de la obligación garantizada, siempre y cuando (i) se haya admitido a trámite la ejecución judicial de la prenda; o (ii) en el caso de ejecución notarial, se acredite fehacientemente la citación del deudor. En tanto tal notificación no se produzca, los derechos del accionista corresponderán al accionista pignorante”.

El registrador en una muy completa, profunda y explicativa nota, estima que no es inscribible por lo siguiente: porque “atribuir al acreedor pignoraticio la titularidad de los derechos económicos del socio que ha constituido la prenda, en los supuestos que contempla, no se ajusta a la naturaleza del derecho de prenda en tanto que mero derecho de garantía y, por tanto, vulnera la exigencia básica de causalización suficiente de toda atribución patrimonial (cfr. arts. 1261 y 1274 y ss Cc).

Explica que el deudor sigue siendo dueño de la cosa dada en prenda “y el acreedor pignoraticio no puede apropiarse de ella (cfr. art. 1959 CC)”. Por tanto, los dividendos, pertenecerán al pignorante (cfr. art. 354 CC), y lo mismo, cualquier otro derecho económico sustitutivo o accesorio de la propiedad, como pudiera ser la cuota de liquidación, una restitución de aportaciones, etc.

Por ello atribuir en estatutos al acreedor esos derechos económicos “queda sin justificación jurídica; supondría una atribución patrimonial sin causa alguna, produciendo un enriquecimiento injusto (recibiría los dividendos y demás derechos económicos por su sola condición de titular de la prenda y, además, mantendría el crédito garantizado en su totalidad), que nuestro Ordenamiento no permite…”.

Otra cosa sería “que en los estatutos se prevea que en determinadas hipótesis quede legitimado el acreedor pignoraticio frente a la sociedad para recibir los dividendos y otros derechos económicos inherentes a las participaciones pignoradas, pero sin prejuzgar sobre la pertenencia o titularidad efectiva de los bienes o cantidades entregadas (cfr. art. 1162 Cc). Idea ésta que es la contemplada por el propio art. 132 LSC que, a diferencia del art. 127 de la misma ley (que atribuye al usufructuario el derecho a los dividendos) se limita a contemplar el ejercicio de los derechos de socio. Limitadas así las facultades que estatutariamente puede recibir el acreedor pignoraticio, se eludirían los problemas apuntados, pues sería indudable que no recibiría los dividendos percibidos por derecho propio, sino para hacer efectiva la facultad que la ley le atribuye de compensar aquellos con los intereses debidos del crédito garantizado o con el propio capital, en su caso (cfr. art. 1868 Cc), hasta su total extinción, momento en el cual el propietario recuperaría el ejercicio de sus derechos”.

Los interesados recurren: Dicen que se trata de un mero pacto anticrético y que “no cabe en el estrecho campo del juicio de calificación, prejuzgar la causa ilícita o la ausencia de causa, cuando esas tachas no resultan del título cuya inscripción se pretende, o de los datos del propio registro”.

El registrador informa que el defecto ha sido subsanado y la escritura inscrita.

Resolución: Se revoca la nota de calificación.

Doctrina: Parte la DG del artículo 132.1 de la Ley de Sociedades de Capital según el cual “Salvo disposición contraria de los estatutos, en caso de prenda de participaciones o acciones corresponderá al propietario el ejercicio de los derechos de socio”.

De ese artículo resulta que “el gravamen prendario de acciones o participaciones no altera ni la titularidad ni el ejercicio de los derechos que corresponden al socio”, pero al propio tiempo, en aplicación del artículo 28 de la propia LSC, se permite la modificación de la regla general sin más límites que los generales derivados de la ley o del tipo social que corresponda. Por tanto, el pacto en contrario se puede referir “a todos los derechos derivados de la condición de socio o solo a alguno o algunos de ellos (vid. supuesto de la Sentencia del Tribunal Supremo número 770/2011, de 10 noviembre)”

El socio continúa siendo titular de las participaciones y por ello “cuando exista la disposición en contrario prevista en el artículo 132.1 esta se limite “al ejercicio de los derechos correspondientes al socio y exclusivamente mientras persista la situación de prenda prevista en la disposición estatutaria”.

Sobe la anterior base añade que “la cláusula transcrita se acomoda a las exigencias derivadas de la ley”, si bien reconoce que “su redacción podía haber sido más acorde con el contenido del artículo 132.1 de la Ley de Sociedades de Capital en la medida que afirma que los derechos derivados de las acciones corresponderán al acreedor pignoraticio cuando, como hemos visto, es el ejercicio de tales derechos lo que cabe atribuir al acreedor”.

En definitiva que de la cláusula debatida se ve claro que  no existe transmisión de la condición de socio ni de ninguno de los derechos inherentes a ella, dado que las normas estatutarias deben ser interpretadas “sin perjuicio de la posible aplicación de otros criterios (…), por medio de las normas relativas a la interpretación de los contratos” resultando que la cláusula se limita “a contemplar la legitimación del acreedor prendario para el ejercicio de los derechos inherentes a la condición de socio en sintonía con la previsión del artículo 132.1 de la Ley de Sociedades de Capital”.

Comentario: Es curioso cuando menos que reconociendo la propia DG que la redacción de la cláusula estatutaria no es muy afortunada, pues admite distintos sentidos, permita su inscripción cuando en la generalidad de las ocasiones en que a la DG se le  plantean problemas de este tipo su respuesta suele ser negativa basándose en los fuertes efectos que el registro produce y que la claridad en la redacción de los estatutos es una condición para que los propios socios y los terceros que consulten el registro sepan en cada momento a qué atenerse sin tener que recurrir a interpretaciones más o menos forzadas y sólo al alcance de experimentados juristas. Y ello sin perjuicio de que la nota de calificación también debería haber sido más clara centrándose en la simple infracción del tantas veces citado art. 132 de la LSC, que a lo que se refiere no es al derecho sino al ejercicio de ese derecho.  (JAGV)

• • PDF (BOE-A-2026-17246 – 8 págs. – 226 KB)  Otros formatos

• PDF (BOE-A-2026-17247 – 8 págs. – 233 KB)  Otros formatos

• PDF (BOE-A-2026-17248 – 8 págs. – 232 KB)  Otros formatos

• PDF (BOE-A-2026-17249 – 8 págs. – 229 KB)  Otros formatos

• PDF (BOE-A-2026-17250 – 8 págs. – 229 KB)  Otros formatos

768. MODIFICACIÓN DE DENOMINACIÓN SOCIAL ESTANDO CADUCADA LA RESERVA DE DENOMINACIÓN

Resolución de 29 de abril de 2026, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por el registrador mercantil III de Alicante, por la que se rechaza la inscripción del acuerdo de modificación de denominación social de una sociedad de responsabilidad limitada (JAGV)

771. DEPÓSITO DE CUENTAS. ASIENTO DE PRESENTACIÓN. OBJETO DEL RECURSO

Resolución de 4 de mayo de 2026, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la certificación expedida por el registrador mercantil y de bienes muebles IV de Barcelona, por la que se hacía constar que se habían depositado las cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2024 de una sociedad (JAGV)