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269.() DERECHO DE SUPERFICIE SOBRE SOBRE PARTE DE FINCAS: GEORREFERENCIACIÓN

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270.() DERECHO DE SUPERFICIE SOBRE PARTE DE FINCA, CON DISCREPANCIAS DE CABIDA 

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274.() DERECHO DE SUPERFICIE SOBRE FINCA Y PARTE DE FINCA, CON DISCREPANCIAS DE CABIDA 

Resolución de 3 de junio de 2025, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la negativa de la registradora de la propiedad de Villena a inscribir la constitución de un derecho de superficie sobre determinada finca registral.

Similar a la 268 en cuanto a la solución dada a la finca 3002 estudiada en de dicha Resolución.

No obstante, estima el recurso respecto de otra finca afectada parcialmente por el derecho de superficie, en una cuantía inferior a la superficie inscrita y con plano georreferenciado que la DG considera suficientemente indicativo de su plena ubicación dentro de la finca registral. (JFME) 

275.() DERECHO DE SUPERFICIE SOBRE FINCA Y PARTE DE FINCA, CON DISCREPANCIAS DE CABIDA 

Resolución de 3 de junio de 2025, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la negativa de la registradora de la propiedad de Villena a inscribir la constitución de un derecho de superficie sobre determinadas fincas registrales.

Similar a la 268 en cuanto a la solución dada a la finca 3002 estudiada en de dicha Resolución.

No obstante, estima el recurso respecto de otra finca afectada parcialmente por el derecho de superficie, en una cuantía inferior a la superficie inscrita y con plano georreferenciado que la DG considera suficientemente indicativo de su plena ubicación dentro de la finca registral. (JFME) 

276.() DERECHO DE SUPERFICIE SOBRE PARTE DE FINCA Y GEORREFERENCIACIÓN

Resolución de 3 de junio de 2025, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la negativa de la registradora de la propiedad de Villena a inscribir la constitución de un derecho de superficie sobre determinada finca registral.

Similar a la 268. No obstante, estima el recurso al estar la finca afectada parcialmente por el derecho de superficie, en una cuantía inferior a la superficie inscrita y con plano georreferenciado que la DG considera suficientemente indicativo de su plena ubicación dentro de la finca registral. (JFME)

278.** ANOTACIÓN PREVENTIVA DE DEMANDA DE CANTIDAD

Resolución de 4 de junio de 2025, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la calificación negativa de la registradora de la propiedad de Parla n.º 2 relativa a una instancia por la que se solicita la práctica de una anotación preventiva de demanda. 

Resumen: La anotación preventiva de demanda se configura como un asiento en el Registro de eficacia temporal limitada al tiempo del proceso judicial, relativo a derechos no inscribibles, que tiende a garantizar el ejercicio de una acción que puede llegar a tener alguna trascendencia registral y así evitar la inutilidad del fallo, haciendo posible su ejecución.

Hechos: se presenta instancia en nombre de una comunidad de propietarios solicitando que se practique anotación preventiva de demanda sobre una determinada finca registral. Se acompaña sentencia en la que se condena a la titular registral al pago de una suma de dinero.

La registradora califica negativamente dicha solicitud alegando, en primer lugar, «el hecho de que sólo cabría tomar anotación preventiva de demanda en el caso de que se tratase de una demanda en la que se ejerciten acciones reales atinentes a la propiedad o a un derecho real sobre el inmueble o acciones personales cuya estimación pudiera producir una alteración en la situación registral, pero no aquellas en las que únicamente se pretende el pago de una cantidad de dinero sin que culminen en una resolución con trascendencia en cuanto a la titularidad de las fincas sobre las que recaigan».

En segundo lugar, en cuanto a las operaciones registrales que pudieran practicarse con el documento judicial presentado y el título en virtud del cual deben solicitarse señala que «no estamos en la sustanciación de un proceso, sino ante uno ya finalizado con sentencia dictada, en la que se condena a abonar el pago de una cantidad a la Comunidad de Propietarios, lo que procedería sería la toma de razón de la sentencia correspondiente en caso de que el pronunciamiento reúna los requisitos del apartado a), lo cual no ocurre, siendo el pronunciamiento de la sentencia la condena al pago de una cantidad de dinero en favor de la Comunidad de Propietario que solo podrá provocar, si se ordena en fase de ejecución de la sentencia, el embargo de la finca o una limitación de las facultades dispositivas del titular de la finca (…) Pero en tal caso, ambas medidas deberán ordenarse mediante el oportuno mandamiento judicial que así lo ordene (art. 43 de la Ley Hipotecaria) y que reúna los requisitos de los arts. 165 y 166 del Reglamento Hipotecario, y que será objeto de nueva calificación registral conforme al art. 18 de la Ley Hipotecaria».

El tercer lugar, la vulneración del principio de tracto sucesivo, pues «la finca registral 1761 se halla inscrita a favor de dos cónyuges con carácter ganancial, de ahí que el documento judicial que se presente ha de reunir los requisitos derivados del principio de tracto sucesivo (art. 20 de la Ley Hipotecaria), y dirigirse la demanda contra ambos cónyuges y, en caso de presentarse mandamiento de anotación preventiva de embargo, conforme al art. 144 del Reglamento Hipotecario “deberá constar que la demanda ha sido dirigida contra los dos cónyuges o que, estando demandado uno de los cónyuges, ha sido notificado al otro el embargo”».

La Dirección confirma la calificación.

I. LA ANOTACIÓN DE DEMANDA.

– El artículo 42.1.º LH dispone que: «podrán pedir anotación preventiva de sus respectivos derechos en el Registro correspondiente: Primero. El que demandare en juicio la propiedad de bienes inmuebles o la constitución, declaración, modificación o extinción de cualquier derecho real».

– El artículo 42.10 incluye «el que en cualquiera otro caso tuviese derecho a exigir anotación preventiva, conforme a lo dispuesto en ésta o en otra Ley».

La STS 828/2008, de 22 de septiembre señaló que «La anotación preventiva de demanda tiene por objeto el dar a conocer, mediante la publicidad de que gozan los asientos registrales, la existencia de un proceso pendiente que pueda afectar a algún derecho real que con anterioridad haya accedido al Registro, todo ello con la finalidad de evitar que la realización de ulteriores actos o negocios sobre dicho derecho puedan desembocar en el traspaso de su titularidad a un tercero en quien concurran todas las exigencias de los principios de buena fe (art. 34 LH) y legitimación (art. 38 LH) registrales, con la consiguiente producción de los radicales efectos de irreivindicabilidad anudados a tal posición jurídica».

En el mismo sentido, la Resolución de 20 de julio de 2020 estableció que la anotación preventiva de la demanda es una medida cautelar a adoptar en el procedimiento, como resulta del artículo 727.5.ª LEC y una de las características que han de reunir las medidas cautelares es “ser exclusivamente conducentes a hacer posible la efectividad de la tutela judicial que pudiere otorgarse en una eventual sentencia estimatoria, de modo que no pueda verse impedida o dificultada por situaciones producidas durante la pendencia del proceso correspondiente” (artículo 726.1.1.ª de la Ley de Enjuiciamiento Civil)».

La anotación preventiva de demanda se configura como un asiento en el Registro de eficacia temporal limitada al tiempo del proceso judicial, relativo a derechos no inscribibles, que tiende a garantizar el ejercicio de una acción que puede llegar a tener alguna trascendencia registral y así evitar la inutilidad del fallo, haciendo posible su ejecución. Constituye, por tanto, una garantía cuya constancia registral favorece por el juego de la fe pública que el derecho o interés de la parte se mantenga seguro frente a posibles terceros.

II. TÍTULO.

En cuanto al documento en cuya virtud debe tomarse la anotación de demanda señala el artículo 43 LH que «en el caso del número primero del artículo anterior, no podrá hacerse la anotación preventiva sino cuando se ordene por providencia judicial, dictada a instancia de parte legítima y en virtud de documento bastante al prudente arbitrio del juzgador».

En relación a dicho documento judicial, el artículo 73 de la Ley Hipotecaria expresa que «todo mandamiento judicial disponiendo hacer una anotación preventiva expresará las circunstancias que deba ésta contener, según lo prevenido en el artículo anterior, si resultasen de los títulos y documentos que se hayan tenido a la vista para dictar la providencia de anotación» y, el artículo 72 dispone que «las anotaciones preventivas contendrán las circunstancias que se exigen para las inscripciones en cuanto resulten de los títulos o documentos presentados para exigir las mismas anotaciones».

III. SUPUESTOS EN QUE PUEDE PRACTICARSE ANOTACIÓN DE DEMANDA.

Frente a una interpretación estricta que entiende que solo las acciones reales pueden provocar tal asiento, es doctrina registral reiterada que la anotación de demanda debe practicarse en otros supuestos en los que la acción ejercitada, sin ser estrictamente de naturaleza real, puede producir directa o indirectamente, efectos reales.

– No caben anotaciones de demanda de reclamaciones de cantidad por tratarse de pretensiones de naturaleza meramente personal u obligacional, que no se refieren a ningún derecho real ni siquiera tienden a la constitución de tal derecho por vía de demanda y sentencia, como sería los supuestos propios de un “ius ad rem”».

– Procede la toma de razón de la anotación preventiva de demanda cuando la acción ejercitada pretendía la resolución de un contrato, cuando se pretende la declaración de nulidad de un testamento e incluso cuando la acción pretende la declaración de indignidad de la persona llamada a una herencia.

IV. PREFERENCIA DE CRÉDITO POR DEUDAS CON LA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS.

Es doctrina registral reiterada, por todas, Resolución de 23 de noviembre de 2016, entre otras, señalando: «la redacción actual del artículo 9.1.e) de la Ley sobre propiedad horizontal distingue en párrafos separados:

1º. La afección del bien inmueble respecto al adquirente de un piso o local de,

2º La preferencia del crédito de la comunidad respecto a otros créditos sobre el mismo inmueble. En estos casos, según la DG, procede la constancia en el asiento de anotación preventiva de demanda del carácter real de dicha preferencia, siempre que resulte de un procedimiento judicial en el que hubieran sido parte todos los interesados.

La resolución judicial dimanante del procedimiento fijará el momento desde el que retrotraer la preferencia, concretándolo únicamente en la parte vencida de la anualidad en curso más las que se deban de los tres últimos años inmediatamente anteriores. Y ello porque el reconocimiento de tal carácter preferente del crédito de la comunidad de propietarios podría dar lugar a una anteposición en el rango registral, con la consiguiente postergación de los derechos reales anteriores, y a la cancelación automática de los mismos, como consecuencia de esa modificación de rango, cuando se consume la ejecución y adjudicación. Y en ese supuesto sí sería posible extender la anotación de la demanda que solicitase tal pretensión.

Respecto a los futuros adquirentes del piso, con arreglo al párrafo tercero del artículo 9.1.e), la afección del piso ya está establecida por la ley respecto a las cantidades adeudadas a la comunidad de propietarios para el sostenimiento de los gastos generales por los anteriores titulares hasta el límite de los que resulten imputables a la parte vencida de la anualidad en la cual tenga lugar la adquisición y a los tres años naturales anteriores. En este caso la fecha a partir de la cual debe computarse el plazo de devengo garantizado es el momento de la adquisición. Sin embargo, esta afección legal no permite considerar que una demanda en juicio ordinario en reclamación de una cantidad de dinero adeudada por el impago de las cuotas de comunidad tenga eficacia real. Si, en efecto, se lleva a cabo la enajenación del piso, este precepto permite que se inicie un procedimiento frente a dicho adquirente en reclamación de dicha cantidad no solo a efectos obligacionales sino en ejecución de la afección real y en este supuesto dado que la ejecución, de llevarse a cabo, si implicaría una modificación de la titularidad podría así mismo ser objeto de anotación. (ER)

280.** DOBLE INMATRICULACIÓN: DUDAS SOBRE SU EXISTENCIA

Resolución de 4 de junio de 2025, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación del registrador de la propiedad de Caravaca de la Cruz, por la que se deniega la tramitación de un expediente para subsanar la doble inmatriculación del artículo 209 de la Ley Hipotecaria por dudas en la existencia de dicha doble inmatriculación.

Resumen: Requisitos para tramitar el expediente de doble inmatriculación. El Registrador debe tener en cuenta los indicios que resulten de la instancia por la que se solicita la iniciación del expediente, lo que resulta del Registro y el análisis de las georreferenciaciones implicadas. La denegación tiene que estar suficientemente motivada y actuar con el mismo rigor que en los casos de identidad de la finca en una inmatriculación o en los excesos de cabida.

Hechos: El titular registral de una finca solicita al Registrador de la Propiedad el inicio de expediente de doble inmatriculación, al considerar que su finca, que procedía de una segregación, figura doblemente inscrita. En particular, alega que al tramitarse un procedimiento del art. 199 LH con motivo de la inscripción de una agrupación por otros propietarios, se ha incluido en la finca resultante la superficie correspondiente a la finca de su propiedad, circunstancia que se pone de manifiesto cuando ha intentado tramitar un procedimiento del art. 199 LH sobre su finca y se le ha denegado, pues la georreferenciación aportada invade parcialmente de la finca agrupada tras el procedimiento del art. 199 LH que tramitaron los otros propietarios con ocasión de la agrupación.

El Registrador deniega la tramitación del expediente. Considera que existen dudas de que se trate de una doble inmatriculación, pues ambas fincas han sido fruto de modificación (segregación una y agrupación otra), faltando claridad en cuanto al objeto del expediente, así como de prueba de la doble inmatriculación e incorrecta aplicación de los principios de fe pública y prioridad registral, con imposibilidad de cancelación de la inscripción practicada.

El interesado recurre. Afirma que en la agrupación realizada por los otros titulares el Registrador tuvo en cuenta un exceso de cabida que realmente no era tal, sino una mera ficción con la intención de los otros propietarios de adueñarse de su propiedad.

La DG estima el recurso. Comienza analizando el concepto de doble inmatriculación, que tiene lugar cuando una sola realidad física ha ingresado dos veces en el Registro, en forma total o parcial, y se ha reflejado en dos folios distintos. Como declara la STS 13-5-2011, es una situación patológica que se produce en el Registro de la Propiedad, pues una misma finca consta inmatriculada dos veces en folios diferentes y con distinto número, vulnerando la exigencia de un folio único para cada finca registral y determinando la neutralización en la aplicación de los principios hipotecarios, al impedir cualquier efecto positivo que pudiera derivar de los respectivos asientos. Esta patología es propia de un Registro meramente literario, que no se apoya en los datos de la realidad física con trascendencia real, ante la falta coordinación del mismo con el Catastro. Y ese fue, precisamente, uno de los objetivos que se persiguió con la Ley 13/2015, de 24 de junio, introduciendo el expediente para subsanar la doble o múltiple inmatriculación en el art. 209 LH.

Como proclama la R 12-2-2025, para tramitar el expediente es necesario que el Registrador aprecie la existencia de doble inmatriculación, y mientras no exista una acreditación indiciaria, con la aportación de las representaciones gráficas de las fincas, no procede la iniciación del expediente. A tal fin, el Registrador tendrá en cuenta los indicios que resulten de la instancia por la que se solicita la iniciación del expediente, lo que resulta del Registro y el análisis de las georreferenciaciones implicadas, mediante la aplicación informática homologada para el tratamiento de las bases gráficas (R 5-12-2018). La calificación debe ser motivada suficientemente, de forma análoga a lo que sucede en caso de duda del Registrador en cuanto a la identidad de la finca para casos de inmatriculación o excesos de cabida (R 4-3-2021).

El Centro Directivo analiza la situación fáctica de las fincas implicadas, llegando a la conclusión, del historial de las mismas, de que en un momento pasado fueron colindantes y que, con la agrupación y tramitación del expediente del art. 199 LH, esta colindancia desapareció. Tiene también en cuenta el hecho de denegarse la tramitación del art. 199 LH de la finca del recurrente y de la superficie añadida con ocasión del expediente del art. 199 LH tramitado sobre las fincas agrupadas, coincidente con la que tiene la finca del recurrente. Por todo ello, considera que los argumentos señalados por el Registrador no tienen suficiente entidad como para no iniciar la tramitación del expediente, aun cuando la situación sea conflictiva por la existencia de la agrupación (ACT).

281.* INMATRICULACIÓN: DUDAS SOBRE IDENTIDAD FINCA

Resolución de 4 de junio de 2025, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación del registrador de la propiedad de Eivissa n.º 4, por la que se deniega la inmatriculación de una finca.

Resumen: La fundamentación de una calificación negativa sobre la identidad de la finca a que se refiere el artículo 205 LH no puede limitarse a la alguna diferencia de superficie o de algún otro dato descriptivo de la finca, sino que habrá de expresar de modo motivado que a juicio del registrador no existe la identidad exigida por la Ley, justificando las dudas fundadas sobre ella.

Hechos: Se pretende inmatricular una finca mediante doble título: escritura de herencia otorgada en 1994 y escritura de pacto sucesorio otorgada en 2024. En esta última se rectifica la descripción de la finca (superficie y linderos) para adecuarla a la certificación catastral incorporada, pasando la finca de tener 14.585 a tener 16.991 metros cuadrados.

El Registrador califica negativamente porque existe una diferencia de 2.406 metros entre ambas fincas; porque los linderos no coinciden; y porque la descripción de la finca contenida en el primer título no coincide con la catastral incorporada al segundo título.

El Abogado recurre señalando que la diferencia entre la superficie declarada en la escritura de herencia y la declarada en el pacto sucesorio trae causa del expediente de rectificación catastral de la finca, procedimiento en que se comunicó a los colindantes, y como consecuencia del cual ahora coinciden la superficie real con la catastral de la finca que se pretende inscribir.

Notificada la notaria autorizante de la escritura de pacto sucesorio, ésta alega: a) que la superficie expresada en el título previo es una superficie aproximada que se recogió por referencia a «turnais» o «pasos» hace más de treinta años, con lo que la diferencia queda plenamente justificada; b) que la discrepancia en cuanto a los linderos en ambos títulos se deben a que «en el título previo se describieron los linderos desde el punto de vista subjetivo de quien los describe, girando la rosa de los vientos para comodidad en su descripción …», y c) que, precisamente por ello se rectificó la descripción catastral mediante el oportuno expediente y, en el propio título inmatriculador, se rectificó también la descripción de la finca contenida en el título de propiedad con la finalidad de adecuar la misma a la realidad física de la finca reflejada en la certificación catastral reseñada.

Resolución: La DGSJFP estima el recurso y revoca la calificación.

Doctrina: Habida cuenta de la antigüedad del título previo, que expresa la superficie de la finca en una medida aproximada y que delimita los linderos por mera referencia a los puntos de la misma situados más al norte, sur, este y oeste, así como de la tramitación de una modificación catastral para adecuar la descripción de la finca a la realidad física, la calificación registral negativa, basada exclusivamente en la discrepancia entre el título previo y el inmatriculador, no puede confirmarse.

La fundamentación de una calificación negativa de tal identidad no puede limitarse a la simple constatación de que exista alguna diferencia de superficie o de algún otro dato descriptivo de la finca entre ambos títulos, sino que habrá de expresar, y de modo motivado como toda calificación, que a juicio del registrador no existe la identidad exigida por la Ley, justificando las dudas fundadas sobre ella. (SNG)

282.** VALORACIÓN DE SI HA HABIDO TRACTO INTERRUMPIDO CARA AL EXPEDIENTE DE DOMINIO

Resolución de 5 de junio de 2025, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación negativa de la registradora de la propiedad de Cáceres n.º 2, por la que se suspende la reanudación de tracto sucesivo de una finca en virtud de expediente de reanudación de tracto interrumpido iniciado por acta notarial.

Resumen: El expediente de reanudación de tracto regulado en el artículo 208 LH no puede utilizarse cuando el problema a solventar no es el de reanudación de tracto, sino el de la falta de acreditación suficiente del acto transmisivo a favor del recurrente, o el de falta del título formal adecuado para la inscripción. El registrador debe calificar si existe o no tracto sucesivo interrumpido y si el título aportado para iniciar el expediente refleja una transmisión meramente instrumental.

Hechos: Se presenta expediente de reanudación de tracto interrumpido. El título aportado al expediente para justificar la adquisición de los interesados es una escritura de permuta autorizada el mismo día del acta de inicio bajo el número inmediatamente anterior de protocolo, en la que los otorgantes permutan entre sí las participaciones indivisas que dicen corresponderles, de modo que cada uno de ellos resulta titular del mismo porcentaje que inicialmente le correspondía. Además, en cuanto a la justificación de su título, se indica que «les pertenecen por títulos de compraventa verbal o documento privado no acreditado, de los herederos de los titulares registrales, sin que se disponga de documentación pública o privada que lo acredite».

La Registradora califica negativamente por entender que no existe verdadera interrupción del tracto a tenor de la regla primera del artículo 208 de la Ley Hipotecaria, y que el título de adquisición aportado para tramitar el expediente fue otorgado «ad hoc» y recoge una simple transmisión instrumental.

Los recurrentes reconocen que el título de permuta es efectivamente un documento «ad hoc», formalizado para dar cumplimiento a la exigencia de aportar un título de adquisición para tramitar el expediente de reanudación de tracto. Pero añaden que excede de la calificación del registrador realizar un juicio de simulación del documento y que el concepto de título circular o «ad hoc» es aplicable exclusivamente a la inmatriculación por doble título del artículo 205 de la Ley Hipotecaria, pero no al expediente de dominio y de reanudación de tracto de los artículos 203 y 208 de la misma ley.

Resolución: La DGSJFP desestima el recurso y confirma la calificación.

Doctrina: La DG recuerda su doctrina acerca de la excepcionalidad del expediente previsto en el artículo 208 de la Ley Hipotecaria. Esta excepcionalidad impone una interpretación restrictiva de sus normas, en especial, las que definen la propia hipótesis de interrupción de tracto. Por ello, el registrador debe calificar minuciosamente, en primer lugar, la existencia de interrupción del tracto a la luz la regla primera del artículo 208. De dicha regla, junto con el artículo 20 de la Ley Hipotecaria, se deduce que «no se entenderá producida la interrupción del tracto sucesivo cuando la persona a cuyo favor hubiera de practicarse la inscripción haya adquirido su derecho directamente del titular registral o sus herederos. En tal caso, la inscripción únicamente podrá practicarse mediante la presentación del documento en que se hubiera formalizado la adquisición, declaración o constitución del derecho, objeto de la inscripción solicitada». Esta regla es conforme con el artículo 20 de la Ley Hipotecaria de modo que procede el regular cumplimiento del tracto sucesivo mediante la formalización pública de las sucesivas transmisiones, y sólo cuando realmente exista interrupción, procederá la reanudación. No obstante, la Dirección General ha admitido que existe interrupción del tracto no sólo cuando falta uno de los eslabones del tracto sucesivo, sino también cuando, para pasar del último eslabón registral al actual, existe una extraordinaria dificultad para otorgar la documentación que subsanaría tal falta de tracto, circunstancia que el propio notario autorizante debería reflejar como justificación para la tramitación de este expediente.

En el presente caso, consta en varios de los títulos aportados que los promotores del expediente adquirieron las participaciones indivisas de que son titulares por título de compraventa de los herederos de los titulares registrales, si bien se dice que dicha compraventa fue verbal o por documento privado no acreditado. Además, en la documentación aportada no se justifica expresamente, ni tampoco es posible deducir de ella, la existencia de una «extraordinaria dificultad» para otorgar la documentación necesaria que justifique la tramitación del expediente de reanudación de tracto. En consecuencia, y a la vista de lo expuesto, lo procedente sería formalizar dicha adquisición en documento público para su inscripción en el Registro.

Por otro lado, la DG confirma que la permuta otorgada es una transmisión meramente instrumental, con el fin de crear una documentación aparentemente susceptible de conseguir la inscripción de la finca a favor de quienes ahora dicen ser sus propietarios sin disponer de un título público de adquisición y sin poder acreditar por medio de documento fehaciente la adquisición de quien a ellos les transmitió. En contra de lo que sostienen los recurrentes, considera el Centro Directivo que este razonamiento, aplicado con frecuencia a las inmatriculaciones por doble título, «resulta también aplicable al expediente de reanudación de trato, quizá incluso con mayor fundamento, puesto que en este caso existe un titular registral cuyo derecho está protegido por los principios de legitimación y tracto sucesivo, y que sin embargo no interviene ni consiente». (BZR).

283.** MALLORCA: DONACIÓN CON PACTO SUCESORIO DE DEFINICIÓN DE LEGITIMA: ALCANCE DE LA EXTINCIÓN POR MUTUO DISENSO 

Resolución de 5 de junio de 2025, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la calificación del registrador de la propiedad de Palma de Mallorca n.º 9, respecto a una escritura de disenso de pacto sucesorio propio del derecho de Mallorca y Menorca. 

284.** ELEVACIÓN A PÚBLICO DE DOCUMENTO PRIVADO: INTERVENCIÓN DE LOS LEGITIMARIOS DEL VENDEDOR FALLECIDO

Resolución de 5 de junio de 2025, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador de la propiedad de Sevilla n.º 6 a inscribir una escritura de elevación a público de documento privado de compraventa. 

Resumen: La elevación a público de un documento privado de compraventa tras el fallecimiento de uno de los firmantes debe hacerse necesariamente con el consentimiento de todos sus herederos para que sea inscribible. La legislación hipotecaria no recoge verdaderas excepciones al principio de tracto sucesivo en su aspecto material.

Hechos: Se cuestiona la inscripción de una escritura de elevación a publico de un documento privado de compraventa que es otorgada por cuatro de los cinco hijos de la vendedora fallecida. El quinto hermano no la otorgó si bien fue requerido notarialmente para que declarara sobre el particular

Registrador: Suspende la inscripción porque deben otorgar la escritura todos los causahabientes de quien firmó el contrato privado. La falta de firma de uno de los sucesores no puede ser suplido por la intervención de la contadora partidora dativa que ratificó mediante diligencia la elevación a público del documento privado. Tampoco se puede suplir su consentimiento expreso por una supuesta aceptación tácita del heredero requerido, que guardó silencio ante la intimación que se le hizo por conducto notarial.

Recurrente: Alega que la elevación a público de un documento privado firmado por quien ha fallecido es un acto jurídico debido, de administración y no de disposición, que no exige la unanimidad.

Resolución: Desestima el recurso y confirma la calificación.

Doctrina:

1 UNANIMIDAD DE LOS HEREDEROS: Para elevar a público el documento privado de compraventa firmado por una persona que ha fallecido es preceptiva la intervención de todos los sucesores, y frente a la negativa de uno de ellos no cabe argumentar que basta el acuerdo de la mayoría al tratarse de un acto jurídico debido, pues, siendo efectivamente un acto jurídico debido, dicho acto debe ser cumplido por todos los herederos en cuanto continuadores de la titularidad del causante, exigencia que encuentra su respaldo legal tanto desde el punto de vista sustantivo o material (arts. 1278, 1279, 1280 y 1224 CC) como desde el punto de vista del tracto sucesivo formal o registral (arts. 20, 38 y 40 LH).

En este punto conviene puntualizar, recuerda la Resolución, que el llamado tracto abreviado registral se desenvuelve en el ámbito formal de la práctica de los asientos registrales, evitando asientos que publiquen titularidades intermedias, bien transitorias, bien realmente inexistentes, pero ello no exime de la necesidad de que registralmente conste el encadenamiento de titularidades hasta llegar a la titularidad actual.

2 NO ES COMPETENCIA DEL CONTADOR PARTIDOR: La falta del consentimiento de alguno de los herederos no se puede suplir con la intervención del contador partidor (dativo en este caso) en la escritura de elevación a público, pues la elevación a público de un documento privado de compraventa firmado por la causante de la herencia ni es una operación particional, ni es necesaria o preparatoria de la partición. Es un acto totalmente ajeno a la partición que excede de las facultades del contador partidor y corresponde hacerla a todos los herederos del causante por unanimidad.

El contador partidor tiene facultades para contar, partir y realizar los actos precisos -jurídicos y materiales- para llevar a cabo la partición, incluso agrupaciones, divisiones y pago de excesos de adjudicación en casos de difícil división, sin necesidad de que intervengan los herederos.

También cabe incluir entre sus facultades la acreditación del cumplimiento o incumplimiento de condiciones a efectos de la práctica de inscripciones, siempre que se trate de hechos que queden acreditados, no de hechos susceptibles de valoración o de posible contradicción. Pero la elevación a público del documento privado excede de sus facultades para contar y partir. (JAR)

286.*** VIVIENDA EN CONSTRUCCIÓN Y VIVIENDA FAMILIAR: CONSENTIMIENTO A LA HIPOTECA POR CONSORTE

Resolución de 6 de junio de 2025, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la calificación del registrador de la propiedad de El Puerto de Santa María n.º 1, por la que se suspende la inscripción de una escritura de préstamo con garantía hipotecaria. (IES)

Resumen.- La finalidad de la norma del artículo 1320 del Código Civil es proteger la vivienda que es la habitual de la familia al tiempo del acto dispositivo y no la que vaya a ocuparse con tal carácter en el futuro.

Hechos.- Mediante escritura se formalizó un préstamo en favor de una persona casada en régimen de separación de bienes, «para construcción primera vivienda -autopromoción-» y, en garantía de aquél, se constituyó hipoteca sobre determinada finca perteneciente a dicha señora y que ha sido objeto de declaración de obra nueva en construcción en escritura otorgada el mismo día ante el mismo notario. En la escritura se expresa que la finalidad para la que la parte prestataria ha solicitado este préstamo y a la que se compromete a destinarlo es la construcción/rehabilitación sobre la finca hipotecada.

En la misma escritura se expresa, en su parte expositiva, «que la finca objeto de hipoteca tiene uso residencial y tiene atribuido el carácter de vivienda habitual». Y, en las cláusulas no financieras relativas a la ejecución de la hipoteca, se añade que «la parte hipotecante manifiesta que el inmueble hipotecado constituye su vivienda habitual».

El registrador suspende la inscripción solicitada porque considera que «existen dudas acerca del carácter de la vivienda, ya que si bien se declara habitual no se especifica si lo es de la familia. De ser así, la disposición de derechos sobre la misma requiere el consentimiento de ambos cónyuges o, en su caso, autorización judicial (Arts. 9, 18 y 20 de la Ley Hipotecaria, 51 de su Reglamento y 1320 del Código Civil)».

El notario recurrente sostiene: a) que la declaración acerca del carácter habitual familiar de una vivienda ha de referirse a su situación fáctica en el momento de disposición de derechos sobre ella, no en el pasado ni en el futuro; b) que de la escritura calificada y del título de propiedad reseñado en ella y presentado a inscripción como título previo resultan datos suficientes para que no quepa duda alguna acerca de la imposibilidad de que la vivienda hipotecada tenga el carácter de vivienda familiar: no es el domicilio invocado por la prestataria e hipotecante como domicilio particular suyo y como domicilio a efectos de notificaciones; la vivienda consta declarada en construcción; el préstamo tiene por finalidad financiar dicha construcción; al tiempo de otorgamiento sólo se pone a disposición de la prestataria el 2,77 % del total del préstamo; el 80,55 % será disponible contra certificaciones de obras acreditativas del estado de la construcción; el 16,66 % será disponible contra acta acreditativa del final de obras y obtención de licencia de primera utilización, de la que carece la vivienda; por este último motivo, no puede ser legalmente utilizada como tal; y, no pudiendo ser utilizada como vivienda, no puede tener el alcance de vivienda familiar; c) que la afirmación contenida en la escritura de que constituye vivienda habitual viene motivada por la necesidad de dar cumplimiento a la exigencia de dos artículos de la Ley Hipotecaria: los artículos 21.3 y 129.2.b), que no se refieren a una situación fáctica existente al tiempo del otorgamiento de la escritura por la cual se disponen de derechos sobre la vivienda, a diferencia del artículo 1320 del Código Civil, sino a una declaración de propósito acerca del destino que se dará a la vivienda hipotecada, y d) que, conforme a los artículos 1281 y siguientes del Código Civil, la única interpretación posible de la afirmación de la otorgante es considerarla una declaración de propósito y no como una declaración de situación fáctica de presente

Dirección General.- Estima el recurso y revoca la calificación.

Del artículo 1320. CC y preceptos concordantes, resulta que, en los actos de disposición que realice uno de los esposos por sí solo sobre una vivienda de su titularidad, es necesario que el cónyuge disponente manifieste en la escritura que tal vivienda no constituye la vivienda habitual de la familia (salvo que se justifique fehacientemente de otro modo que la vivienda transmitida no es la habitual de la familia), pues, de lo contrario, es obligado que medie el consentimiento de su consorte o la pertinente autorización judicial supletoria.

 Debe tenerse en cuenta que la finalidad de la norma del citado artículo 1320 del Código Civil es proteger la vivienda que es la habitual de la familia al tiempo del acto dispositivo y no la que vaya a ocuparse con tal carácter en el futuro.

De la escritura calificada y del título previo resulta que uno de los cónyuges declara una obra, en fase inicial de su construcción, sobre un terreno privativo y manifiesta (a los efectos de lo establecido en los citados artículos 21 y 129.2 de la Ley Hipotecaria, como se infiere de la redacción de dicho título) que va a constituir su vivienda habitual y simultáneamente la hipoteca en garantía de un préstamo que tiene por finalidad la construcción de la vivienda y del cual se dispondrá previa presentación de certificaciones de obra y en proporción a la obra ejecutada que de éstas resulte.

Debe concluirse, por ello, que esa declaración relativa al destino futuro de la vivienda cuya construcción -in fieri- se declara no justifica la exigencia expresada por el registrador sobre la intervención del otro cónyuge asintiendo la constitución de la hipoteca, pues se trata de una finca que, en el momento del otorgamiento de la escritura, no es apta para constituir vivienda habitual. (IES)

#  # Continua en R. 28 de julio de 2025

287.** TRANSACCIÓN HOMOLOGADA JUDICIALMENTE SOBRE DIVISIÓN DE COSA COMÚN DESCONECTADA DEL CONVENIO REGULADOR

Resolución de 6 de junio de 2025, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la negativa de la registradora de la propiedad de El Puerto de Santa María n.º 4, a inscribir un testimonio de un auto judicial por el que se homologa un convenio de transacción judicial respecto de la extinción de una comunidad sobre determinada finca. (ACM)

Resumen: No cabe disolver una comunidad de bienes (privativos), en una transacción basada en sentencia de división cosa común desconectada del convenio regulador de divorcio.

– Hechos: En un procedimiento judicial de división cosa común de finca privativa (por haber sido adquirida por los cónyuges después de su separación judicial) y sin referencia alguna al convenio regulador, se homologa judicialmente el acuerdo entre ellos por el que se adjudica a uno de ellos la totalidad de la finca.

– La Registradora: califica negativamente, con acierto, ex Arts 3º LH y 1816 CC y doctrina DG (infra), por resultar preciso un acto formal y expreso que cumpla la forma documental adecuada (escritura pública o sentencia firme en procedimiento de división de la cosa común u otro adecuado al efecto) para la inscripción, ya que la transacción consta en un documento privado cuya naturaleza no queda alterada por la homologación judicial de un documento privado que no lo convierte en público, como han venido reiterando numerosas Res DG (véase infra).

– El adjudicatario: recurre y entiende que hay equivalencia documental pública (arts. 1216 CC y 317.1.º LEC), pues el convenio viene respaldado por un documento judicial (Auto) firme e inscribible, y que la reciente legislación en materia de mediación, conciliación (MASC) y jurisdicción voluntaria tienen a favorecer estos acuerdos como medios de resolución de controversias.

– Resolución: La DGSJFP desestima el recurso y confirma la calificación :
– Doctrina:
a) El Art 3º LH establece una enumeración de títulos formales inscribibles que no es alternativa o indistinta, sino que cada uno, conforme al Ppio de Congruencia, tiene un ámbito material y formal propio, y está claro que la adjudicación de un bien inmueble objeto de comunidad ordinaria adquirido por 2 separados judicialmente, y por tanto de carácter privativo, es un negocio ajeno al convenio regulador, que ni se cita, tratándose simplemente de una actio comuni dividundo. 

Así, entre otras, en las RR. DGRN y DGSJFP de 9 julio (dación en pago entre cónyuges) y 5 agosto 2013 (adjudicaciones pro indiviso); de 25 febrero 2014 (servidumbre de paso), de 3 marzo 2015 (exceso de cabida); o en 2016, las de 2 de junio (compraventa), 19 de julio (disolución de condominio) y 6 de septiembre de 2016 (división de cosa común) u otra de 30 de noviembre (liquidación de una sociedad conyugal), las RR. de 17 octubre (Convenios Reguladores de divorcio y de Parejas de Hecho) y de 24 octubre de 2016 (declaración de Obra Nueva en convenio regulador) la de 21 de diciembre 2016 (división de cosa común) las RR. 5 de abril (Liquidación de Gananciales #172/17) y de 6 de abril (disolución de condominio #173/17) de 2017; la R. 30 de mayo de 2017 (para la resolución por incumplimiento una permuta); R. 7 septiembre 2017 (dación en pago de deuda de costas procesales); 18 de octubre de 2017 (Disolución y Liquidación SL); R. de 31 de octubre de 2017 (Reconocimiento dominio) y las RR 2 noviembre 2016 y 18 de mayo y 3 de noviembre de 2017 (protocolización de operaciones particionales), R. 29 mayo (protocolización unilateral de operaciones particionales), RR. 30 mayo y R. 20 julio 2018 (Disolución comunidad) y RR. de 6 junio y 24 de octubre 2018 (cónyuges ya divorciados); las RR de 14 de febrero, 22 de mayo, 11 de julio, 31 octubre (divorcio), y 11 de diciembre de 2019; las RR. 28 enero (donación de usufructo al hijo en divorcio), RR. 2 septiembre (donación garaje a menor en divorcio) y 12 noviembre 2020 (donación entre cónyuges); y RR 19 febrero, 27 abril (liquidación de Gananciales por divorcio.) 18 mayo y 20 septiembre (ambas Disolución comunidad), y 14 octubre 2021 (adjudicación en pago tras divorcio); las de 14 de junio, 20 de junio, 11 septiembre y 4 diciembre 2023 (atribución informal de ganancialidad); las RR. 9 abril (uniones de hecho), 23 julio (atribución informal de ganancialidad) y 10 diciembre 2024 (pareja de hecho), y las de 6 de junio (división cosa común desconectada del convenio regulador) , 25 junio (novación hipotecaria) y 8 julio de 2025 (finca rústica en convenio divorcio). (ACM).

288.*** VENTA DE FINCA URBANA COLINDANTE CON MONTE VECINAL: NOTIFICACIÓN ADMINISTRACIÓN A EFECTOS TANTEO/RETRACTO (GALICIA)

Resolución de 10 de junio de 2025, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación del registrador de la propiedad de Cangas, por la que se suspende la inscripción de una escritura de compraventa. (IES)

Resumen.- El ámbito objetivo del derecho de retracto a favor de comunidades de montes vecinales en mano común de Galicia, no incluye terrenos de naturaleza mixta, rústica/urbana.

Hechos.- Se discute en este expediente si es o no inscribible una escritura de compraventa en el que la finca, según resulta de las certificaciones catastrales aportadas, linda por el este con el Monte (…), monte vecinal en mano común de Galicia.

La legislación autonómica gallega regula los derechos de adquisición preferente a favor de las comunidades de montes vecinales en mano común en la actual Ley 7/2012 de 28 de junio de montes de Galicia.

Registrador.– Suspende la inscripción del documento porque lindando la finca objeto de transmisión con monte comunal, no consta la correspondiente comunicación de la enajenación a la comunidad de montes de dicho monte comunal, a efectos del ejercicio por la misma, en su caso, de su derecho de adquisición preferente, sin que de la certificación emitida por el Ayuntamiento de Cangas sobre la calificación urbanística de la parcela se desprenda la inexistencia de dicho derecho, dado que según la misma la parcela tiene en parte la calificación de suelo de núcleo rural –excluido según la ley de montes de Galicia de la consideración de monte o terreno forestal–, y en parte de suelo rústico –no excluido por la Ley de dicha consideración de monte o terreno forestal–.

Notario.– alega que el artículo 2.2 de la Ley 7/2012, de 28 de junio, de montes de Galicia, establece que “no tienen la consideración de monte o terreno forestal: a) El suelo urbano y el suelo de núcleo rural. b) El suelo urbanizable delimitado, con las salvedades señaladas en la disposición transitoria quinta. c) Los terrenos de dominio público, salvo los que integran el dominio público forestal. (Sic) e) Los terrenos rústicos de especial protección agropecuaria.

Y el artículo 57,.1 cuando delimita el ámbito objeto del derecho de adquisición preferente del Monte Vecinal en Mano Común, establece que “1. Las comunidades de montes vecinales en mano común tendrán derecho de adquisición preferente tanto de las superficies colindantes, cuya integración permita una disminución o mejor definición del perímetro del monte vecinal, como de sus enclavados”. La expresión “superficie”, no resulta excesivamente técnica, pudiendo dar lugar a pensar que cabe en ella toda superficie, rústica o urbana, forestal o no. Sin embargo, cotejado este precepto con el artículo 2.2, parece que esta expresión ha de ser objeto de una interpretación restrictiva; asimismo, no es menos cierto que el propio artículo, en el 57.3 se refiere a “las adquisiciones de tierras por compra”, expresión esta de “tierras” que, bien sea en la definición que da la Real Academia Galega –lengua esta, la gallega, en que se redacta por el Parlamento de Galicia–, bien la Real Academia Española, no se comprenden terrenos urbanos, o en parte urbanos, en que exista una edificación a vivienda.

El propio artículo 57 de la Ley se refiere a que la adquisición de fincas tiene como objeto “una disminución o mejor definición del perímetro del monte vecinal”. En tal sentido, cabe destacar que definir es fijar con claridad, exactitud y precisión el significado de una palabra o la naturaleza de una persona o cosa. En definitiva, definir el perímetro del monte con fincas de monte, con aprovechamientos forestales. Si se admite la inclusión de circundado con casa en el ámbito del retracto, en puridad no estamos “definiendo” el perímetro del monte; por el contrario, estamos incluyendo en el mismo elementos ajenos a él, confiriéndole una vis expansiva que implicaría que pudiese el monte alcanzar el centro mismo del casco urbano.

Dirección General.- Estima el recurso y revoca la calificación.

Hace suyas las argumentaciones del recurrente.

Para el estudio del ámbito de aplicación de los bienes afectados por dicha limitación, hay que partir del análisis del citado artículo 57.1, «las comunidades de montes vecinales en mano común tendrán derecho de adquisición preferente tanto de las superficies colindantes, cuya integración permita una disminución o mejor definición del perímetro del monte vecinal, como de sus enclavados».

Dicho precepto hay que ponerlo en relación con el artículo 2 de la misma ley que define la propiedad forestal en los siguientes términos: «(…) se entiende por monte o terreno forestal todo terreno en el que vegetan especies forestales arbóreas, arbustivas, de matorral o herbáceas, sea espontáneamente o procedan de siembra o plantación, que cumplan o puedan cumplir funciones ambientales, protectoras, productoras, culturales, paisajísticas, sociales o recreativas. Tienen también la consideración de monte o terreno forestal: a) Los terrenos yermos, roquedos y arenales. b) Las construcciones e infraestructuras destinadas a servicio del monte en el que se emplazan, así como los equipamientos e infraestructuras de uso sociorrecreativo. d) Todo terreno que, sin reunir las características descritas anteriormente, se adscriba con la finalidad de ser repoblado o transformado a la actividad forestal, de conformidad con la normativa».

Por su parte, el apartado segundo de este artículo señala: «No tienen la consideración de monte o terreno forestal: a) El suelo urbano y el suelo de núcleo rural. b) El suelo urbanizable delimitado, con las salvedades señaladas en la disposición transitoria quinta. c) Los terrenos de dominio público, salvo los que integran el dominio público forestal. e) Los terrenos rústicos de especial protección agropecuaria».

El artículo 57.1 al señalar «superficies colindantes, cuya integración permita una disminución o mejor definición del perímetro del monte vecinal» debe ponerse en relación con el citado artículo 2.2 que define el ámbito de aplicación y de exclusión de un terreno forestal.

Por ello, debemos entender que el ámbito objetivo del derecho de retracto en materia de montes no ha de incluir terrenos de naturaleza mixta, rústica/urbana, máxime con vivienda en ella ubicada como ocurre en el presente caso.

Doctrina.- resolución acertada que despeja dudas para futuras calificaciones .(IES)

289.** LICENCIA DE SEGREGACIÓN POR SILENCIO POSITIVO: ACREDITACIÓN. CANARIAS.

Resolución de 12 de junio de 2025, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador de la propiedad de Puerto del Rosario n.º 1 a practicar la inscripción de un expediente para la reanudación de tracto sucesivo interrumpido de parte de una finca registral.

Resumen: Aunque sea posible, teóricamente, la concesión de licencias por efecto del silencio positivo administrativo, sin embargo, de conformidad con la legislación básica estatal, será necesario un pronunciamiento municipal expreso sobre la concesión de dicha licencia.

Hechos: Se pretende reanudar el tracto sucesivo de parte de una finca, en Canarias, con la particularidad de que esa parte de finca fue objeto de segregación en su momento, sin licencia. Para suplir esa falta de licencia, se solicita ahora una licencia de segregación, o declaración de innecesariedad de dicha licencia o declaración de haber prescrito la posible infracción urbanística. El Ayuntamiento no contesta en el plazo reglamentario de tres meses, por lo que se produce el efecto de concesión de la licencia por silencio positivo a dicha petición. Para acreditar la obtención de licencia se solicita al Ayuntamiento un certificado acreditativo del acto presunto (de concesión de licencia), pero el Ayuntamiento no contesta.

El registrador considera necesaria o bien la correspondiente licencia de segregación, o bien, en el caso de silencio positivo, que el Ayuntamiento certifique que las facultades adquiridas por silencio no contravienen de manera manifiesta la legalidad urbanística vigente al tiempo de la solicitud.

El interesado recurre y alega, en resumen, que el silencio administrativo, tanto negativo como positivo, está establecido en beneficio del administrado y, en consecuencia, es a él a quien corresponde utilizarlo para su conveniencia o desconocerlo cuando le perjudique. No le es lícito a la Administración beneficiarse del incumplimiento de su deber de resolver expresamente, porque hay un principio general del Derecho según el cual ningún infractor puede alegar en su propio beneficio su incumplimiento de las normas. Cita también varias resoluciones de la DG en casos similares al presente estimatorias del recurso.

Finalmente entiende que el registrador debe de inscribir, y luego actuar conforme a lo dispuesto en el artículo 79 del Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio,

La DG desestima el recurso.

Doctrina: La DG reconoce que su doctrina ha cambiado a raíz de la Sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo de 28 de enero de 2009, resolviendo un recurso de casación en interés de ley. Conforme a dicha Sentencia, se excluye la posibilidad del silencio positivo respecto de aquellos actos administrativos que pudieran provocar la adquisición de facultades contrarias a la ordenación urbanística. Todo ello ya se trató en las Resoluciones de 15 de septiembre de 2009 y 31 de mayo de 2011, y más ampliamente en la Resolución de 19 de mayo de 2012.

Aunque la regla general sea la del silencio positivo, cabe excepcionarla cuando, como ocurre en al ámbito urbanístico, otra norma con rango de ley establezca lo contrario, tal y como ocurre con el artículo 11.3 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, al disponer que «todo acto de edificación requerirá del acto de conformidad, aprobación o autorización administrativa que sea preceptivo, según la legislación de ordenación territorial y urbanística, debiendo ser motivada su denegación. En ningún caso podrán entenderse adquiridas por silencio administrativo facultades o derechos que contravengan la ordenación territorial o urbanística».(AFS)

290.⇒⇒⇒ INSCRIPCIÓN DE REPRESENTACIÓN GRÁFICA. POSIBLE INVASIÓN DE DOMINIO PÚBLICO NO DESLINDADO

Resolución de 12 de junio de 2025, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación de la registradora de la propiedad de Villena, por la que se suspende la inscripción de la rectificación descriptiva y de la georreferenciación de una finca por haberse presentado alegaciones en la tramitación del expediente del artículo 199 de la Ley Hipotecaria por uno de los colindantes notificados, que son estimadas por la registradora.

Resumen.- Cuando la Administración alegue invasión del dominio público, si este no está deslindado, ni consta iniciado el expediente de deslinde, el registrador hará constar por nota marginal la posible afección al dominio público, pero no denegará la inscripción.

Hechos.- En la tramitación del expediente del art. 199.2 LH para inscribir una representación gráfica alternativa a la catastral con diminución de superficie superior al 10%, la Administración formula oposición alegando que discurre por parte de un camino en una superficie que no se puede definir con exactitud, al no estar deslindado, pero sí a través del visor del Instituto Cartográfico Valenciano.

Calificación.- La registradora de la propiedad suspende la inscripción solicitada sobre la base de la oposición de la Administración.

Recurso.- El recurrente alega la insuficiencia, por sí sola, de la cartografía del Visor del Instituto Cartográfico para provocar dudas fundadas sobre la invasión del dominio público, sin que las alegaciones de la Administración se basen en el acto administrativo de deslinde, sino en cartografías oficiales con carácter meramente informativo, que no deberían ser idóneas, por sí mismas, para provocar en el registrador de la propiedad las dudas fundadas que permitan suspender la inscripción del título. Alega, además, inexactitud de dicha cartografía, que modificó el trazado inicial. 

Resolución.- La DGSJFP estima el recurso y revoca la nota de calificación.

Doctrina.- El acto administrativo de declaración de dominio público tiene una naturaleza meramente declarativa. Es el deslinde el acto administrativo que define los límites de las vías pecuarias de conformidad con lo establecido en el acto de la clasificación (art. 8.1 de la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias y en el mismo sentido el art. 14.1 de la Ley 3/2014, de 11 de julio, de Vías Pecuarias de la Comunidad Valenciana).

La delimitación jurídica de la vía pecuaria mediante el deslinde es la que impide que se practique una inscripción contradictoria con la misma. De la comparación de geometrías, a realizar por el registrador en la fase de calificación registral, puede resultar la invasión de dominio público, pero dicha comparación no se puede realizar con la simple grafía sobre un visor oficial del trazado que resulta del acto de clasificación de la vía pecuaria. 

Los registradores de la propiedad tienen la obligación legal de tratar de impedir la práctica de inscripciones que puedan invadir el dominio público; sin embargo, este principio debe entenderse aplicable al dominio público indubitado, es decir, aquel respecto del cual no existe duda en cuanto a su trazado. La usurpación de un bien de dominio público se rectifica mediante el deslinde administrativo y no antes. Y ese deslinde ha de traer causa de la clasificación previamente efectuada, de la cual el deslinde no es sino ejecución.

De la jurisprudencia del Tribunal Supremo también se desprende la necesidad del deslinde para poder rectificar situaciones registrales contradictorias y para que los titulares afectados puedan realizar las acciones judiciales que le competan en defensa de su Derecho, siendo la sentencia judicial la que resuelve el conflicto de titularidad, no la declaración unilateral por parte de la Administración.

Por tanto, en atención a esta última doctrina, debe entenderse que la alegación realizada por la Administración no tiene la consistencia necesaria para convertir en contencioso el expediente, puesto que la inscripción de la rectificación superficial no perjudica, de por sí, al dominio público ni perpetúa su usurpación, sino que determina el inicio del procedimiento de rectificación de la usurpación por parte de la Administración.

Por consiguiente, sin perjuicio de la calificación registral de las circunstancias determinadas de cada caso, procede clarificar las distintas situaciones en que puede encontrarse la finca registral que linda con dominio público en la tramitación de un expediente del art. 199 LH, para cohonestar la aplicación de los principios de protección del dominio público con los de seguridad jurídica y prohibición de la indefensión, la DG establece la siguiente doctrina:

a) Respecto a fincas colindantes con dominio público deslindado y georreferenciado: el registrador protegerá con su calificación registral cualquier usurpación del dominio público, mediante la aplicación informática homologada del art. 9 LH. En este caso, el registrador denegará la tramitación del expediente del art. 199, expresando en su nota de calificación negativa que la invasión deriva del contraste, en la aplicación gráfica registral, entre la georreferenciación aportada y la capa gráfica que contenga el deslinde formalmente aprobado de tal dominio público.

b) Respecto a las fincas colindantes con dominio público, cuyo deslinde no consta en el Registro de la Propiedad, el registrador tramitará el expediente, pudiendo darse dos situaciones:

i) que el expediente de dominio esté iniciado, pero no concluido, sin que se haya solicitado la práctica de la nota marginal de inicio del procedimiento de deslinde. En este caso, para que la alegación de la Administración pueda ser estimada por el registrador, para aplicar el principio de protección del dominio público, deberá acompañarse al escrito de alegaciones la resolución administrativa de inicio del deslinde, con plano georreferenciado de la porción de superficie de dominio público invadida y solicitud de la práctica de la nota marginal para hacer constar el inicio del expediente de deslinde;

ii) que el expediente de deslinde no esté iniciado: en este caso, para que la oposición de la Administración pueda ser estimada por el registrador, deberá acreditarse que se ha dictado resolución administrativa de inicio del expediente de deslinde abreviado respecto a la finca en cuestión, tras la recepción de la notificación del Registro, acompañada del plano georreferenciado de la franja de dominio público invadido y acreditación de su remisión al titular registral de la finca afectada, solicitando la práctica de la nota marginal de constancia del inicio del expediente de deslinde abreviado. Si dicha resolución no pudiera ser dictada dentro de los 20 días de plazo para alegar, que expresa el art. 199 LH, la Administración podrá solicitar una prórroga del plazo, por igual duración, para que pueda presentarse la solicitud. El plazo para presentar oposición no es preclusivo, de manera que, aun presentada la oposición fuera del plazo de veinte días del art. 199.1, el registrador ha de analizarla, por si fuera fundamental para justificar sus dudas sobre la identidad de la finca. Por lo que, si puede admitirse una alegación formulada fuera de ese plazo, es admisible también solicitar su prórroga, por igual duración, para poder concluir la alegación y que pueda ser estimada por el registrador, en su caso;

iii) si la Administración no pudiera aportar la resolución dentro del plazo de alegaciones, o el de su prórroga, podrá hacer constar por nota al margen de la última inscripción de dominio la clasificación ambiental, urbanística o administrativa del suelo en el que se ubica la finca registral, conforme al art. 9.a) LH, siempre que identifique la porción de dominio público afectada y acredite que la resolución de clasificación se ha notificado al titular registral de la finca. Con dicha nota marginal se puede advertir la posible afección al dominio público y al posible expediente de deslinde de todo o parte del suelo de la finca registral, hasta que se inicie el mismo, pero sin paralizar el tráfico jurídico de la finca y sin perjuicio de las acciones judiciales que competan al titular registral en la defensa de su derecho. (VEJ)

291.* HIPOTECA: INSCRIPCIÓN DE CLÁUSULAS DE CARÁCTER PERSONAL U OBLIGACIONAL (domicilio notificaciones, fórmula matemática cálculo cuotas y amortización anticipada)

Resolución de 13 de junio de 2025, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la calificación de la registradora de la propiedad de Vitoria n.º 5, por la que se suspende parcialmente la inscripción de una escritura de préstamo hipotecario.

Resumen: se analizan el carácter real o personal de diferentes clausulas en una hipoteca: Considera personales la determinación de domicilios, correos electrónicos etc y forma de hacer comunicaciones (diferentes del domicilio establecido para los procedimientos de ejecución), y la cláusula relativa a la amortización anticipada; pero considera de trascendencia real, las fórmulas para la determinación de los intereses y en general las que sean precisas para la liquidación de la deuda.

Resolución que trata la denegación de diversas cláusulas de una hipoteca por entender la registradora que carecen de trascendencia real:

1.- Una de las cláusulas denegadas se refiere a los domicilios, la forma que entre las partes se entenderán hechas las comunicaciones, los correos electrónicos y los números de teléfono de aquéllas (El domicilio a efectos de notificaciones para los procedimientos de ejecución sí figuran inscritos al reflejarse en otra cláusula.) La Dg confirma el defecto por entender que estas circunstancias no afectan a la ejecución judicial o extrajudicial de la hipoteca, pues las notificaciones judiciales en su caso, se harán con carácter imperativo según las normas de la LEC o LH, careciendo, por tanto, todos los datos de números de teléfono, mails, burofaxes y otros, de trascendencia real.

2.- Sobre la inscripción de la fórmula para el cálculo de los intereses devengados: En este punto parece haber una confusión en la nota de calificación, pues aunque manifiesta la registradora que suspende la inscripción de la formulas aritméticas de las que resultan los intereses por ser carentes de trascendencia real , resulta de la inscripción que figura la fórmula por lo que se desestima el recurso, aunque se señala que es conveniente que en la nota no haya dudas en ese aspecto, y se aclare la literalidad empleada

3.- en cuanto a la cláusula relativa a la opción de conversión del interés fijo en variable, así como la forma de solicitarlo, y los efectos en el caso de no hacerlo –continuación del interés–, la fórmula del cálculo que en su día se haga de la deuda. Considera el Centro Directivo que es necesario que conste pues para que el acreedor pueda reclamar la deuda en su caso, pues tendrá que acreditar cuál es el tipo de interés efectivamente adeudado y sí continuó fijo o cambió a variable. Por tanto como han de considerarse para la realización de la hipoteca puesto que son necesarias en la liquidación que practique y, por ello, afectan a terceros (incluido el notario que deba levantar acta de la certificación de ese saldo para su liquidación, como también los acreedores o adquirentes posteriores, para el ejercicio de su derechos y obligaciones) Por lo que estima esta parte del recurso

4.-Sobre la cláusula relativa a la amortización anticipada, la considera personal y carente de trascendencia real: “la facultad de amortización anticipada no tiene efectos reales y, por tanto, no accede al Registro; en consecuencia, el orden de imputación de esas amortizaciones anticipadas, tampoco es inscribible dado el carácter accesorio de la primera. En definitiva, es una facultad que le reconoce el acreedor al deudor, pero no a terceros, por lo que es personal y por tanto no tiene acceso al Registro.

En general sobre los pactos sin transcendencia real recuerda la doctrina de la R. de 16 de julio de 1996, reiterada por muchas otras) que pone de relieve la diferencia y doble efecto de los contratos en que se contienen: por un lado, las relaciones obligatorias entre prestamista y prestatario y, por otro, la constitución de un derecho real sobre una finca. De forma que, sin prejuzgar sobre la validez civil de los referidos pactos en el orden de las citadas relaciones obligatorias entre prestamista y prestatario, es indudable que tratándose de obligaciones y facultades meramente personales que no quedan alcanzadas en su cobertura por la garantía hipotecaria (ni siquiera se establece una garantía indirecta a través del pacto de vencimiento anticipado), carecen de las condiciones necesarias para acceder a los libros del Registro (art 98 LH y 7, 9 y 51.6, RH). (MN)

292.** NÚMERO DE REGISTRO DE ALQUILER DE CORTA DURACIÓN EN EDIFICIO CON ESTATUTOS PROHIBITIVOS

Resolución de 13 de junio de 2025, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la calificación negativa del registrador de la propiedad de Murcia n.º 6, de la solicitud para la asignación de número de registro de alquiler de corta duración a una finca registral.

Resumen: Procede la denegación del NRA si en los estatutos de la comunidad se prohíben actividades profesionales, mercantiles o industriales.

Hechos: Tiene entrada en el Registro una instancia con finalidad de solicitar la asignación de número de registro de alquiler de corta duración.

Se califica negativamente, con base en lo dispuesto en los artículos 6.11. y 15.1 de los estatutos que rigen el complejo inmobiliario que impide destinar la vivienda al uso al que se refiere el Registro de Alquiler de Corta Duración.

Se recurre la calificación alegando:

– Que el hecho de destinar una vivienda al alquiler turístico no desvirtúa el uso residencial de la misma.

– Que el alquiler de una vivienda como alojamiento turístico no está prohibido por los estatutos del complejo inmobiliario.

– Que tal alquiler no constituye una actividad comercial como tal.

– Que la modificación del artículo 7.3 de la LPH por la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, relativa a la previa obtención de la aprobación expresa de la comunidad de propietarios, entra en vigor el día 3 de abril de 2025, sin que se le pueda exigir a la fecha de su solicitud.

• Que la denegación le impediría, a partir del día 1 de julio de 2025, anunciar su vivienda en plataformas de alquiler de corta duración.

Resolución: La Dirección General desestima el recurso y confirma la calificación impugnada.

Doctrina: Nuestro CD parte de la definición de servicio de alquiler de corta duración dada por el artículo 2, letra a) del Real Decreto 1312/2024, de 23 de diciembre, entendido como:

• el arrendamiento por un período breve de una o varias unidades,
• con finalidad turística o no,
• a cambio de una remuneración,
• ya sea con carácter profesional o no profesional, de forma regular o no, siéndole aplicable la regulación del arrendamiento de temporada del artículo 3.2 de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos.

La solicitud, ha de reunir los requisitos que determina el artículo 9 del citado Real Decreto y ser objeto de calificación registral que conforme al artículo 10 que comprobará toda la documentación presentada de acuerdo con el artículo citado y la no existencia de elementos obstativos para ella, de acuerdo con la normativa aplicable en cada caso y los posibles acuerdos de la comunidad de vecinos conforme a la Ley 49/1960, de 21 de julio.

La norma estatutaria en cuestión no alude, literalmente, a las viviendas de uso turístico, por lo que para delimitarla acude tanto a decisiones jurisprudenciales aplicables al caso, como a la normativa sectorial en la materia.

En base a ello nuestro CD concluye que la prohibición que se contiene en los estatutos de la comunidad, comprende expresamente la del alquiler turístico o vacacional, en cuanto se considera una actividad económica y la misma está expresamente prohibida; así se deriva del art 2 del RD citado y del RD 933/2021, de 26 de octubre, por el que se establecen las obligaciones de registro documental e información de las personas físicas o jurídicas que ejercen actividades de hospedaje y alquiler de vehículos a motor y de la reciente jurisprudencia (STS 1232/2024, de 3 de octubre, citando las Sentencias número 1643/2023 y 1671/2023).

Comentario: Dada la amplitud y generalidad de la prohibición contenida en los estatutos del complejo inmobiliario, y la amplitud de la norma reguladora que pone el acento en la remuneración y en que el arrendamiento lo sea de corta duración, como lo son los que se anuncian en plataformas turísticas, objetivo del interesado, nuestra DG va a considerar que la prohibición de realizar en una vivienda actividades mercantiles comprende las relativas a los alquileres de corta duración. Esta interpretación deberá ser tenida en cuenta no sólo por los interesados en la compra de viviendas para dicho destino, sino también por las comunidades de propietarios, para que si no desean limitar los alquileres turísticos digan con más precisión lo que está permitido o prohibido sobre ello en los estatutos de la comunidad. (MGV)

293.** NÚMERO DE REGISTRO DE ALQUILER DE CORTA DURACIÓN EN EDIFICIO CON ESTATUTOS PROHIBITIVOS

Resolución de 13 de junio de 2025, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador de la propiedad de Madrid n.º 9 a la asignación de número de registro de alquiler de corta duración.

Resumen: No se puede asignar a una finca el NRA si los estatutos de la comunidad contienen expresamente la prohibición del alquiler de corta duración.

Hechos: Mediante instancia se solicita número de registro de alquiler de corta duración en referencia a una finca registral, con categoría de uso no turístico.

Se califica negativamente puesto que los estatutos de la comunidad de vecinos en la que está integrada la finca imponen la obligación de destinar las viviendas de que consta el edificio a vivienda o domicilio personal del respectivo propietario, lo que excluye la posibilidad de destinar la vivienda para la que se solicita número de registro a un alquiler de corta duración, alquiler que por definición es incompatible con el concepto de “hogar” o residencia de carácter permanente que imponen los estatutos de la comunidad para todas las viviendas.

El interesado recurre por interpretación estricta de los Estatutos de la Comunidad, entendiendo que el destino era un alquiler de corta duración según LAU.

Resolución: La Dirección General desestima el recurso y confirma la calificación impugnada.

Doctrina: Nuestro CD parte de la definición de servicio de alquiler de corta duración dada por el artículo 2, letra a) del Real Decreto 1312/2024, de 23 de diciembre, entendido como:

— el arrendamiento por un período breve de una o varias unidades,

— con finalidad turística o no,

— a cambio de una remuneración,

— ya sea con carácter profesional o no profesional, de forma regular o no, siéndole aplicable la regulación del arrendamiento de temporada del artículo 3.2 de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos.

Tal solicitud, como sabemos ha de reunir los requisitos que determina el artículo 9 del citado Real Decreto y ser objeto de calificación registral que conforme al artículo 10 que comprobará toda la documentación presentada de acuerdo con el artículo citado y la no existencia de elementos obstativos para ella, de acuerdo con la normativa aplicable en cada caso y los posibles acuerdos de la comunidad de vecinos conforme a la Ley 49/1960, de 21 de julio.

Si bien, la normativa estatutaria es anterior a las nuevas obligaciones que derivan del Real Decreto ya citado, teniendo en cuenta el tenor literal de los estatutos que imponen la obligación de destinar las viviendas a domicilio personal del respectivo propietario, lo que excluye la posibilidad de destinar la vivienda a un uso no turístico, que por definición es incompatible con el concepto de «hogar», o residencia permanente.

La norma estatutaria no es disconforme con la más reciente jurisprudencia, por ejemplo, la Sentencia del Tribunal Supremo de 18 de febrero de 2025, que exige “una prohibición fundada en una estipulación clara y precisa”, sino que sirve de apoyo toda vez que hay una norma estatutaria claramente prohibitiva.

De todo lo expuesto cabe concluir que, a la luz de la más reciente jurisprudencia, la prohibición que se contiene en los estatutos de la comunidad comprende expresamente el alquiler de corta duración, en cuanto se considera una actividad económica y la misma está expresamente prohibida.

Comentarios: Como cuestión procedimental la DG destaca que el escrito del recurso se limita a alegar la interpretación estricta de los estatutos de la comunidad realizados por el registrador, cuando lo que se ha de hacer es expresar el acto que se recurre y la razón de la impugnación, no obstante, entra en el fondo del asunto en virtud del principio “pro actione”. (MGV)

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308.*** GEORREFERENCIACIÓN: CAUSAS DE DENEGACIÓN DE INICIO EXPEDIENTE REGISTRAL. GEORREFERENCIACIÓN PARCIAL

Resolución de 17 de junio de 2025, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación del registrador de la propiedad de Lepe, por la que se deniega el inicio del procedimiento del artículo 199 de la Ley Hipotecaria que un Ayuntamiento había solicitado respecto de dos fincas.

Resumen.- La presente resolución determina los supuestos en que el registrador puede denegar la tramitación del expediente del art. 199 LH; en los demás casos, si tiene dudas razonables, debe tramitar dicho procedimiento para poder resolverlas.

Hechos.- Un Ayuntamiento solicita la tramitación del procedimiento del art. 199 LH para inscribir la representación gráfica catastral de dos fincas de su titularidad.

Calificación.– El registrador de la propiedad deniega el inicio de dicho expediente. Respecto a una de las fincas, porque aprecia a través de la ortofoto que invade otra finca y el dominio público; y en relación a la otra, porque coincide con otra finca con la misma referencia catastral a nombre de otro titular.

Recurso.- El Ayuntamiento alega que la primera finca no invade del dominio público y que la segunda no coincide en superficie ni linderos con la que se supone que es la misma.

Resolución.– La DGSJFP estima el recurso y revoca la nota de calificación.

Doctrina.- El inicio del procedimiento del art. 199 LH solo se puede denegar de raíz en aquellos casos en los que claramente se aprecie desde el principio, por ejemplo mediante el empleo de la aplicación gráfica registral homologada, que su tramitación estaría condenada al fracaso.

Concretamente, ello puede apreciarse en los siguientes supuestos:

a) Que la georreferenciación aportada por el promotor y cuya inscripción solicita invada otra georreferenciación que ya conste inscrita para otra finca registral.

b) Que invada la delimitación del dominio público deslindado, incluso aunque dicho dominio público no estuviera debidamente inmatriculado.

c) Que claramente altere la identidad de la finca inscrita. Por ejemplo, cuando la finca se inscribió en virtud de un negocio jurídico que tenía por objeto una finca con representación gráfica más o menos precisa, aunque no estuviera georreferenciada y ahora claramente se aprecie que la georreferenciación aportada encubre la pretensión de alteración sustancial de la ubicación o delimitación de la finca.

Si concurre alguno de estos tres supuestos, el registrador puede hablar de certezas y no de simples dudas y, por lo tanto, denegar el inicio del procedimiento del art. 199. En los demás supuestos, el registrador tendrá simples dudas, más o menos fundadas, por lo que se debe iniciar el procedimiento del 199 para confirmarlas o disiparlas. Y al final de su tramitación, si procede calificación negativa, en principio debe ser de suspensión, salvo que el registrador haya alcanzado el mismo grado de certeza que antes hemos visto y le permita fundamentar una denegación en alguna de las mismas tres causas citadas.

Y tanto si suspende, como si deniega la pretensión inicial, siempre es posible que el promotor pida la inscripción parcial reducida, es decir, de un recinto recortado o más pequeño (nunca más grande), que el que se contenía en su pretensión inicial, que fue el que motivó asiento de presentación, y por el que tiene ganada la prioridad mientras dure el asiento de presentación. Como también ha dicho este Centro Directivo que es posible, jurídicamente, aunque ello presente dificultades técnicas de procesamiento en la aplicación gráfica homologada, que pida la inscripción parcial del perímetro, sin cerrarlo en el lado donde haya controversia. Ello equivale a un deslinde o georreferenciación parcial de algunos, pero no todos, los límites de la finca.

En el presente caso, sólo la alusión a que la georreferenciación pretendida pueda invadir, en parte, el dominio público marítimo-terrestre, tendría enjundia suficiente para motivar la denegación del inicio del procedimiento del art. 199 LH. Pero consultando la citada parcela tanto el geoportal registral como el visor público oficial del dominio público marítimo-terrestre, resulta con claridad que su lindero sur se ajusta perfectamente, sin sobrepasarlo, al límite del dominio público marítimo-terrestre aprobado. (VEJ)

309.** NÚMERO DE REGISTRO DE ALQUILER DE CORTA DURACIÓN EN EDIFICIO CON ESTATUTOS PROHIBITIVOS

Resolución de 18 de junio de 2025, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la calificación negativa del registrador de la propiedad de Madrid n.º 9, de una solicitud para la asignación de número de registro de alquiler de corta duración a una finca registral.

Resumen: La expresión “hogar de sus propietarios o inquilinos” tiene el sentido de necesaria dedicación a un uso residencial y estable de los propietarios o inquilinos y no puede extenderse a un supuesto de uso por temporada, ni tampoco dedicarse a hospedería, hotel o pensión.

Hechos: Con fecha 7 de marzo de 2025 tuvo entrada, por vía telemática, en el Registro una instancia con la finalidad de solicitar la asignación de número de registro de alquiler de corta duración con categoría de uso no turístico, formulada por don A. B. M., actuando en representación de la compañía mercantil.

Se califica negativamente puesto que los estatutos de la comunidad de vecinos en la que está integrada la finca imponen la obligación de destinar las viviendas de que consta el edificio a hogar de sus propietarios o inquilinos, lo que excluye la posibilidad de destinar la vivienda para la que se solicita número de registro a un alquiler de corta duración, alquiler que por definición es incompatible con el concepto de “hogar” o residencia de carácter permanente que imponen los estatutos de la comunidad para todas las viviendas.

El solicitante recurre la calificación, alegando:

– Que las normas estatutarias hay que interpretarlas teniendo en cuenta, además del sentido literal de las palabras, la intención de la comunidad de vecinos, y se hubieran opuesto a tal acuerdo puesto que el piso se compró y reformó con la intención de alquilarlo a estudiantes-.

– que la prohibición ha de interpretarse restrictivamente y la permisibilidad de modo amplío.

– el texto de los estatutos a que se refiere el registrador para denegar los números no prohíbe expresamente el alquiler de temporada por habitaciones a estudiantes.

• que para evitar actividades abusivas está la labor inspectora de otras Administraciones distinta de la registral.
• Y que, el Tribunal Superior de Justicia de Galicia ha considerado que el alquiler a estudiantes es residencial

Resolución: La Dirección General desestima el recurso y confirma la calificación impugnada.

Doctrina: Nuestro CD parte del examen de los artículos 4.2.a del Real Decreto 1312/2024, de 23 de diciembre y del artículo 3 de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos, concluyendo que, para la asignación de número de registro de alquiler de corta duración, se exige que tales arrendamientos tengan como finalidad primordial uso distinto del de vivienda, pues caso de tratarse de un arrendamiento propio de vivienda, este quedaría excluido del ámbito de aplicación del referido Real Decreto 1312/2024.

Vemos, por tanto, que los arrendamientos con finalidad de estudios, siempre que no supongan necesidad de vivienda de carácter permanente entran dentro del ámbito del citado RD y para la asignación del numero de registro la solicitud presentada al registrador ha de reunir los requisitos que determina el artículo 9 y ser objeto de calificación registral, disponiendo el artículo 10 que se ha de comprobar:

1. Que la documentación presentada es la correcta y que
2. No existen elementos obstativos para ella, de acuerdo con la normativa aplicable en cada caso y los posibles acuerdos de la comunidad de vecinos conforme a la Ley 49/1960, de 21 de julio.

Es por lo anterior que la DG estudia el sentido que ha de darse al término estatutario “hogar de sus propietarios o inquilinos, no pudiendo dedicarse a hospedería, hotel o pensión (…)” declarando que tiene el sentido de necesaria dedicación a un uso residencial y estable de los propietarios o inquilinos sin que se pueda extender a un supuesto de uso por temporada, ni tampoco dedicarse a hospedería, hotel o pensión.

En conclusión, por los estatutos de la comunidad, la actividad de arrendamiento por temporada y en concreto para estudiantes es contraria y se opone a la exigencia estatutaria de destinar viviendas del edificio a hogar de sus propietarios o inquilinos.

Comentarios: Vemos con esta resolución que es posible el establecimiento de limitaciones o prohibiciones en los estatutos de la PH, cuando estas atiendan al interés general de comunidad debiendo de contar de forma expresa y constar en el Registro de la Propiedad para que tengan eficacia frente a terceros. (MGV)

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310.** INMATRICULACIÓN POR DOBLE TÍTULO: FALTA COINCIDENCIA ENTRE LA DESCRIPCIÓN ESCRITURA Y LA DEL CATASTRO

Resolución de 18 de junio de 2025, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación del registrador de la propiedad de Viveiro, por la que se suspende la inmatriculación de una finca por la vía del artículo 205 de la Ley Hipotecaria, por no existir coincidencia entre la descripción del título inmatriculador y la de la certificación catastral descriptiva y gráfica. (IES)

Resumen.- En casos excepcionales, inconsistencia catastral, de cualquier tipo, ya sea un giro o desplazamiento de la cartografía catastral, la inexistencia de ésta, o los errores en la fijación de linderos o caminos, debe admitirse el uso de la georreferenciación alternativa en la inmatriculación de la finca, toda vez que la misma, una vez practicada la inmatriculación será comunicada al Catastro, el cual podrá subsanar la discrepancia.

Hechos.- Se solicita la inmatriculación de la mitad indivisa de una finca, por la vía del doble título traslativo del artículo 205 de la Ley Hipotecaria.

El registrador suspende la inscripción porque la descripción de la finca en el título inmatriculador no coincide con la de la certificación catastral descriptiva y gráfica, y porque al colindar con monte vecinal en mano común no se ha hecho la notificación al titular del mismo, a los efectos de que pueda ejercitar el derecho de retracto legal que le corresponde.

El interesado recurre alegando la coincidencia en la descripción de la finca en ambos títulos y la no coincidencia con la descripción con el Catastro, porque existe un error en el mismo, ya que su finca no colinda con dicho monte vecinal, razón por la cual tampoco es precisa la notificación a que hace referencia el registrador de la Propiedad en su nota de calificación negativa.

Dirección General.- Desestima el recurso y confirma la calificación.

En el presente caso, se solicita la inmatriculación de la finca por la vía del doble título traslativo del artículo 205 de la Ley Hipotecaria, el cual, respecto a la descripción de la finca exige en el segundo inciso de su párrafo primero que exista «identidad en la descripción de la finca contenida en ambos títulos a juicio del Registrador y, en todo caso, en la descripción contenida en el título inmatriculador y la certificación catastral descriptiva y gráfica que necesariamente debe ser aportada al efecto».

Por tanto, debemos diferenciar dos operaciones distintas.

La primera operación es la del juicio registral de correspondencia entre la descripción de la finca en ambos títulos corresponde al registrador. La Resolución de 12 de septiembre de 2022, declaró que el hecho de que el artículo 205 permita la inmatriculación cuando «a juicio» del registrador exista identidad significa que no cabe exigir una identidad plena y absoluta, pues de ser así no se precisaría juicio alguno por parte del registrador, sino que basta con una identidad razonable. Ello es lógico, puesto que el título previo puede ser de fecha muy anterior a aquella en la que se solicita la inmatriculación, por lo que podemos encontrarnos con una descripción desactualizada, que requiere de la labor registral para establecer esa correspondencia.

La segunda operación registral es la de calificar la coincidencia entre la descripción del título inmatriculador y la certificación catastral descriptiva y gráfica, que se incorpora al título inmatriculador, la cual ha de producirse «en todo caso», como literalmente dispone el artículo citado. Y es esta coincidencia la que entiende el registrador que no se cumple en el título inmatriculador calificado.

El artículo 205 de la Ley Hipotecaria exige la coincidencia entre la descripción literaria de la finca a inmatricular y la georreferenciación catastral, en el momento de la inmatriculación. Pero, dicha exigencia no debe configurarse como un axioma inamovible. La exigencia se configura como regla general, que como tal puede admitir excepciones. En este sentido, la doctrina ha señalado que uno de los defectos de la reforma operada en la Ley Hipotecaria por la Ley 13/2015, de 24 de junio, es la de la no admisión de la utilización de la georreferenciación alternativa en la inmatriculación de la finca. Si el legislador ha admitido la posibilidad de utilizar la georreferenciación alternativa respecto de fincas inscritas, consciente de que la cartografía catastral pueda presentar, excepcionalmente, inconsistencias o inexactitudes, no entiende la doctrina el por qué no se ha admitido esa posibilidad en el momento de inmatriculación de la finca.

Por ello, esta Dirección General en las Resoluciones de 6 de marzo y 10 de 2024 admitió el uso de georreferenciación alternativa en la inmatriculación de la finca, cuando exista una inconsistencia catastral, de cualquier tipo, ya sea un giro o desplazamiento de la cartografía catastral, la inexistencia de ésta, o los errores en la fijación de linderos o caminos, etcétera. Y ello porque a inconsistencia de la base de datos catastral es un mero dato técnico que no debe obstaculizar el tráfico jurídico de la finca. Posiblemente, la solución más ortodoxa sería la subsanación de las discrepancias por los procedimientos previstos para ello por la legislación catastral. Pero, siendo ello asumible desde el punto de vista de la institución catastral, no lo sería ni para la institución registral ni para el particular interesado, pues supondría una dilación temporal incompatible con la celeridad y seguridad del tráfico jurídico inmobiliario. Por lo que, en esos casos excepcionales, debe admitirse el uso de la georreferenciación alternativa en la inmatriculación de la finca, toda vez que la misma, una vez practicada la inmatriculación será comunicada al Catastro, el cual podrá subsanar la discrepancia. Además, si el registrador albergase dudas acerca de la identidad de la finca y la eventual invasión de parcelas colindantes, podrá tramitar el expediente previsto en el artículo 199 de la Ley Hipotecaria para poder subsanar, en su caso, las posibles dudas de identidad.

El defecto debe ser confirmado en los términos en que ha sido redactado y podrá subsanarse aportando la georreferenciación concreta de la finca a inmatricular. Esa aportación podrá hacerse de dos maneras: la previa corrección de la inconsistencia catastral, mediante los procedimientos previstos en la legislación catastral y, una vez dada de alta la nueva georreferenciación catastral de la finca a inmatricular, presentar la documentación en el Registro; o la aportación de la correspondiente georreferenciación alternativa en la inmatriculación, conforme a la doctrina de las Resoluciones citadas anteriormente.

Respecto a la exigencia de notificación a la Junta Vecinal titular del Monte (…), alega el recurrente la no colindancia de su finca con el monte, de la descripción literaria de la finca no resulta la colindancia pero no se aporta la georreferenciación de la finca a inmatricular, que es la única a través de la cual, el registrador podrá calificar la colindancia o no de la finca a inmatricular con el monte público y, en consecuencia, exigir o no la comunicación citada.(IES)

311.* FORMAS DE NOTIFICACIÓN DE ESCRITURAS A AYUNTAMIENTO A EFECTOS PLUSVALÍA MUNICIPAL

Resolución de 18 de junio de 2025, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación del registrador de la propiedad de Madrid n.º 4, por la que se suspende la calificación de una escritura de manifestación, de aceptación y adjudicación de herencias. (ACT)

Resumen: La falta de comunicación del devengo del Impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana provoca suspensión del plazo para calificar hasta su acreditación. Un documento presentado en Correos donde se señala que a los efectos de liquidar el impuesto se remite la escritura no es suficiente para entender cumplido el requisito.

Hechos: Se presenta una escritura de herencia en el Registro de la Propiedad. El Registrador suspende la calificación por no acreditarse bien la comunicación del devengo del Impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana, bien ejemplar de la autoliquidación presentada, bien la declaración debidamente presentada alegando exención o no sujeción, bien la carta de pago si en la misma figuran los datos de la escritura y las fincas a las que afecta.

El interesado recurre. Alega que sí dio traslado al Ayuntamiento “del encargo de la formalización del impuesto”, que se aportó junto al resto de documentación en el Registro de la Propiedad. Se trata de un documento presentado en Correos donde se señalada “a los efectos de liquidación del impuesto de plusvalía adjunto remito escrituras de adquisición y transmisión”.

La DG desestima el recurso y confirma la calificación. Comienza recordando la existencia de cierre registral por falta de acreditación de la presentación del impuesto (cfr. arts. 254 y 255 LH), con la particularidad existente en el Impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana, donde el art. 254.5 LH permite levantar el cierre registral no sólo acreditando la presentación de autoliquidación o declaración del impuesto, sino también con la comunicación a que se refiere la letra b) del apartado 6 del art. 110 TRLRHL. Apunta el Centro Directivo que los envíos aceptados por el operador al que se encomienda la prestación del Servicio Postal Universal se consideran como debidamente presentados en el registro de entrada de la administración de destino (cfr. arts. 16.4 b) LPAC y 31 del Real Decreto 1829/1999, de 3 de diciembre) -en este sentido, ver RR 3-6-2013 y 7-12-2013)-, pero en el presente caso no se acredita al Registrador la existencia de la declaración del Impuesto dirigida a la Administración competente y su presentación en Oficina de Correos por sello de imposición del que resulte la identificación de la Oficina y la fecha, sino un documento presentado en Correos donde no puede identificarse el documento presentado.

Comentario: La comunicación del devengo del Impuesto por parte del Notario a través de la Plataforma Corporativa “SIGNO” del Consejo General del Notariado permite cumplir lo dispuesto en la letra b) del apartado 6 del art. 110 TRLRHL de forma sencilla, gracias al convenio suscrito entre dicho Consejo y la Federación Española de Municipios y Provincias, levantando el cierre registral y simplificando el trámite, algo especialmente útil en supuestos de exención o no sujeción, pero también cuando hay cuota tributaria, pues permite ir avanzando con el trámite de inscripción sin haber satisfecho el pago del impuesto (ACT).

312.** HERENCIA. IUS TRANSMISIONIS SIN INTERVENCIÓN DE LA VIUDA

Resolución de 19 de junio de 2025, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la calificación de la registradora de la propiedad accidental de Valencia n.º 10, por la que se suspende la inscripción de una escritura de liquidación de gananciales y partición de herencia. 

Resumen: En la herencia del primer causante deben intervenir, junto con los transmisarios, los legitimarios del transmitente, y entre ellos el cónyuge viudo.

Hechos: Se cuestiona la inscripción de una escritura de liquidación de gananciales y partición de las herencias de un matrimonio en la que interviene la hija única de uno de los hijos del matrimonio, que había fallecido después de sus padres sin aceptar ni repudiar la herencia (1006 CC). El hijo fallecido estaba casado en segundas nupcias pero su única hija (transmisaria) era del primer matrimonio.

Registradora: Suspende la inscripción porque considera que debe intervenir en la herencia la segunda esposa del hijo fallecido por su condición de legitima del transmitente.

Notario: Opone a la calificación la STS de 11 de septiembre de 2013, pues al heredar la nieta transmisaria directamente a sus abuelos no debe intervenir en la herencia la segunda esposa del hijo transmitente.

Resolución: Desestima el recurso y confirma la calificación.

Doctrina.

De conformidad con la doctrina del Tribunal Supremo, la Dirección General entiende que el transmisario hereda directamente al primer causante porque el derecho de transmisión no supone una nueva delación. Por tanto, el tránsito del ius delationis que se produce entre transmitente y transmisario como consecuencia del derecho de transmisión no produce un fraccionamiento de la sucesión o doble transmisión de la herencia (del causante al transmitente y de éste al transmisario).

Sin embargo, entiende que en la herencia del primer causante hay que dar entrada a los legitimarios del transmitente para proteger sus legítimas porque el valor económico del ius delationis también se computa en la herencia del transmitente para calcular dichas legitimas, por lo que “al formar tal derecho parte de la herencia del transmitente, con ese derecho -y por ende, con la herencia del primer causante- debe satisfacerse a los legitimarios el transmitente”.

Comentario: Que unos extraños puedan condicionar la herencia del primer causante en base a sus derechos legitimarios en una herencia distinta (herencia del transmitente) parece una conclusión forzada. Será en la herencia del transmitente donde los legitimarios puedan cuestionar el valor del ius delationis en función de los bienes adjudicados a los transmisarios en la primera herencia, y donde puedan ejercitar las acciones en defensa de su legitima, pero no parece lógico extender la protección preventiva de los derechos legitimarios exigiendo su intervención en una herencia extraña. (JAR)

313.*** VIVIENDA DÚPLEX: RECTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN EN OBRA NUEVA Y DIVISIÓN HORIZONTAL. INTERVENCIÓN PRESIDENTE COMUNIDAD

Resolución de 19 de junio de 2025, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la negativa de la registradora de la propiedad de Las Palmas de Gran Canaria n.º 6 a inscribir una escritura de rectificación de descripción de determinada finca.

Resumen: Cabe modificar la descripción de un elemento privativo erróneamente descrito en la división horizontal, aun cuando involucre a elementos comunes, siempre que exista consentimiento material unánime de la comunidad de propietarios, interviniendo en el otorgamiento de la escritura el Presidente de la comunidad y los titulares afectados. No obstante, es necesario acreditar, con arreglo al régimen de las obras nuevas, que estamos ante una errónea descripción de elementos constructivos y no ante una ampliación posterior de la obra.

Hechos: Se otorga una escritura “de adecuación de la realidad jurídica extrarregistral de finca incardinada en régimen de propiedad horizontal” por los propietarios de un elemento privativo. Se expresa que en el título constitutivo este elemento aparece con un derecho de uso y disfrute sobre la azotea pero que, ya en la adquisición por los actuales propietarios, dicho derecho había sido “absorbido por la ejecución edificatoria que ahora se manifiesta”, constituyéndose un dúplex interconectado por escalera interior. Apuntan los otorgantes en la escritura que esta situación les ha causado perjuicios, en particular la dificultad para obtener financiación bancaria por parte de eventuales compradores, habida cuenta de la diferente descripción. Se hace constar, igualmente, que han transcurrido los plazos de prescripción previstos por la legislación urbanística, aportándose certificado de antigüedad expedido por técnico. Se aporta un certificado del Secretario de la comunidad con el visto bueno del Presidente en que se afirma que se conoce la descripción actual del elemento, considerando que “la propietaria de dicha finca está facultada por sí misma, a proceder a la declaración de ampliación de obra, todo ello, sin alteración de la cuota que, conforme al título constitutivo de la Propiedad Horizontal de que se trata, ha venido correspondiendo a la finca, cuya cuota permanece inalterada”. Aprobado por todos los propietarios menos una, cuyo consentimiento fue suplido por el Juez. No había consentimiento meramente formal o presunto.

La Registradora califica negativamente, poniendo previamente de manifiesto que, bajo la denominación de la escritura, lo que se está haciendo es llevar a cabo una ampliación de obra:

1. Rechaza que pueda ser posible declarar una obra nueva sobre una azotea que es elemento común y sobre la que se ostenta un derecho de uso y disfrute, no de propiedad.
2. Siendo el sistema español causalista, es necesario expresar la causa que ha permito que el titular de un derecho de uso y disfrute se convierta en propietario de lo construido. El certificado del Secretario parece que entraña un “reconocimiento/renuncia abdicativa que hace la comunidad de propietarios”, que ha de tener una contraprestación, bien gratuita, bien onerosa, que no se está diciendo y que entrañará la causa que justifique que ese elemento común que es la azotea pasa a ser parte de un elemento privativo.
3. Es preciso modificar la división horizontal del edificio, debiendo intervenir el Presidente como representante de la comunidad.
4. Es necesario aportar certificación de técnico que acredite que la descripción de la finca coincide con el proyecto para el que se obtuvo la licencia de obras y no se han producido alteraciones o modificaciones desde la declaración de obra nueva y constitución de régimen de propiedad horizontal, ya que todo ello obedece a un error de la escritura y no a una posterior ampliación llevada a cabo sobre la finca.

El Notario recurre. A la cuestión previa sobre si se trata o no de una ampliación de obra, apunta que la situación constructiva del elemento es así desde el origen, atendiendo a la antigüedad que asigna el técnico en su certificado, de ahí que el acto formalizado se intitule “adecuación descriptiva” y no “ampliación de obra”, si bien en todo caso el título contiene los requisitos sustantivos necesarios para la modificación de obra nueva.

1. Sobre la conversión del derecho de uso y disfrute en propiedad, basta el pronunciamiento de la junta de propietarios, que tampoco exige una causalidad específica, pues no hay una voluntad negocial sino de rectificar un dato erróneo, pues la construcción existe desde el inicio, rectificación que está admitida por la R 18-4-2013. Apunta que el fin de obra tuvo lugar tres años después de la declaración de obra en construcción.
2. No es necesaria la intervención del Presidente porque el acuerdo faculta a los titulares al otorgamiento.
3. No es necesario aportar certificado de técnico que acredite que la descripción de la finca coincide con el proyecto para el que se obtuvo la licencia porque existen dos vías para declarar una obra: la ordinaria del art. 28.1 TRLS y por antigüedad del art. 28.4, optándose por esta última, y sin que sus requisitos sean acumulativos (R 12-2-2025).

La DG estima el recurso y revoca la calificación, a salvo lo relativo a la intervención del Presidente:

1. Se solicita una rectificación de la descripción de un elemento privativo (afectando a un elemento común) no porque se haya realizado construcción posterior, sino porque la división horizontal escriturada no se corresponde con la realidad existente. No es necesario expresar la causa porque no hay negocio alguno. Sí precisa la modificación del título constitutivo, para lo cual es necesaria unanimidad material, que se da en el presente caso.
2. El acuerdo debe ser formalizado por el representante de la comunidad de propietarios, que es el Presidente: el art. 5 in fine LPH exige que en cualquier modificación del título, y a salvo lo que se dispone sobre validez de acuerdos, se observarán los mismos requisitos que para la constitución; y el art 13 LPH dispone que el Presidente ostentará legalmente la representación de la comunidad, sin que pueda realizarse únicamente por los propietarios del elemento privativo salvo que sean facultados mediante poder en documento público (cfr. art. 1280-5º CC). De hecho, en la R 18-4-2023 invocada por el Notario, intervenían en la rectificación el titular y el Presidente de la comunidad.
3. Queda suficientemente acreditada la antigüedad de la construcción conforme a lo dispuesto en el art. 28.4 TRLS, sin necesidad de superponer los requisitos del art. 28.1 y sin perjuicio del particular régimen que tiene la declaración de obra por antigüedad (comunicación del Registrador al Ayuntamiento, limitaciones urbanísticas que dicho Ayuntamiento puede poner de manifiesto, que se harán constar por nota marginal…) (ACT)

273.** “DENUNCIA” PRESENTADA EN EL REGISTRO MERCANTIL POR INCUMPLIMIENTO DE DEPÓSITO DE CUENTAS ANUALES

277.⇒⇒⇔ INTERPRETACIÓN DE ESTATUTOS. LAS PALABRAS «MODIFICACIÓN DEL ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN» ¿PUEDEN SIGNIFICAR CAMBIO DE ADMINISTRADORES? 

279.** FORMA DE SUBSANACIÓN DE ERRORES MATERIALES EN UNA CERTIFICACIÓN DE ACUERDOS SOCIALES.

285.** ESTATUTOS: OBJETO DE SOCIEDAD HOLDING. POSIBILIDAD DE CONTRATAR UN SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL PARA LOS ADMINISTRADORES

Resolución de 5 de junio de 2025, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador mercantil III de Valencia a inscribir la escritura de constitución de una sociedad. (JAGV)

Resumen: Es inscribible como objeto social el propio de las sociedades holding… También es inscribible como sistema de retribución de los administradores el que refiriéndose a consejeros delegados o ejecutivos se remita para completar el sistema de retribución al contrato a celebrar entre consejero y la sociedad. No es posible establecer como posible forma de retribución la contratación de un seguro de responsabilidad civil, salvo que de consejeros ejecutivos se trate.

Hechos: Se presenta a inscripción la constitución de una sociedad limitada.

El artículo 2 de los estatutos relativo al objeto de la sociedad, tenía, aparte de otras varias, las siguientes actividades que extractamos: (ii) La dirección y gestión de la participación de la Sociedad en el capital de otras entidades mediante la correspondiente organización de medios personales y materiales, pudiendo, cuando la participación en su capital lo permita, ejercer la dirección y el control de dichas entidades… (iii) La administración, dirección y gestión del conjunto de las actividades empresariales de otras entidades a través de la participación en sus órganos de administración y decisión, mediante la correspondiente organización de medios materiales y personales. A continuación, figuraba en el objeto las cláusulas de estilo relativas a su ejercicio directo o indirecto y la relativa a la no posibilidad de ejercicio de actividades sujetas a requisitos especiales.

Y el artículo 23 relativo a la retribución del órgano de administración, después de establecer que esa retribución será una cantidad fija, se especifica b) que si la administración y representación de la Sociedad se encomiendan a un consejo de administración y un miembro del consejo de administración es nombrado consejero delegado o se le atribuyen funciones ejecutivas en virtud de otro título (el “Consejero Ejecutivo”), el Consejero Ejecutivo percibirá adicionalmente una retribución compuesta por ciertos conceptos, uno de los cuales era una “eventual indemnización por cese o por resolución de su relación con la Sociedad”; conceptos que se concretarán en su contrato conforme a lo previsto en el art. 249 de la Ley… Finalmente se dice que “La Sociedad está autorizada para contratar un seguro de responsabilidad civil para los administradores”.

El registrador en una extensa nota-certificación, manifiesta que ha inscrito parcialmente la escritura omitiendo los apartados ii y iii del artículo 2 y el articulo 23 apartado b) y su último párrafo por los siguientes motivos:

1.- Del artículo 2 considera que la actividad relativa a la “la dirección y gestión de la participación de la sociedad en el capital de otras entidades”, o la “administración o gestión de dichas participaciones o acciones como actividad distinta de la titularidad de la que es una facultad inherente” son actividades prohibidas en el artículo 178.2 RRM y guarda analogías evidentes con él, pues tan inútil y dado a confusión parece incluir en el objeto actos a través de los que se realizan una actividad como las facultades ínsitas en un derecho,… Arts. 23 LSC y 178 RRM, RDGRN de 25 de julio de 1992, 10 de junio de 1993, y 21 de diciembre de 2004, También la RDGSJFP de 5 de febrero de 2020. Además, invade o incide en el ámbito reservado a las empresas de servicios de inversión en la Ley del Mercado de Valores, en concreto en los artículos 122 y sts, fundamentalmente el artículo 125 d), sin que conste el apartado del artículo 123 que permitiría la no aplicación de dicha normativa especial. Defecto insubsanable.

2.-Respecto del art. 23 considera que “b) la eventual indemnización por cese o por resolución de su relación con la sociedad”, por tratarse una parcial transcripción del sistema de retribución tipificado en el artículo 217 LSC que exceptúa de tal indemnización que el cese sea por incumplimiento de las funciones de administrador y por tanto también comprendiéndolo (RDGRN de 20 de abril y 23 de mayo de 1998, que vedaron la transcripción parcial de normas legales al dar lugar a interpretaciones varias e inseguras). Defecto insubsanable.

3.- Respecto del último párrafo del art. 23 de los estatutos sociales, en lo relativo a que “La sociedad está autorizada para contratar un seguro de responsabilidad civil para sus administradores”, por infracción del artículo 217 de la Ley de Sociedades de Capital, que viene a establecer diversos sistemas de retribución que pueden ser cumulativos pero no alternativos (salvo por lo interpretado por el Centro Directivo para el supuesto de consejeros ejecutivos aplicando la flexibilidad a que hacía referencia la STS de 26 de febrero de 2018), (Resolución de 12 de noviembre de 2003, reiterada por otras posteriores, aparte STS 893/2011 de 19 de diciembre y 412/2013 de 18 de junio y resolución de 25 de mayo de 2021).

La sociedad recurre. Dice que la actividad de la sociedad es la propia de las sociedades holding, actividad lícita y permitida, sin que colisione con las funciones reservadas a las empresas de servicios de inversión, pues la gestión establecida en los estatutos se circunscribe exclusivamente a las participaciones propias de la sociedad recurrente en otras entidades y no a la prestación de servicios a terceros. Resolución de 17 de mayo de 2024.

Sobre la retribución señala que el apartado b) solamente recoge las retribuciones que podría recibir el consejero ejecutivo en caso de que la administración de la sociedad se confíe a un consejo de administración y que la contratación del seguro es una retribución simplemente complementaria.

Resolución: Se revocan los dos primeros defectos y se confirma el tercero con la salvedad que se establece para los consejeros delegados o ejecutivos en los fundamentos de la resolución.

Doctrina: La DG va a hacer un repaso de su más que conocida doctrina sobre la importancia del objeto y su trascendencia para la sociedad y los terceros, ponderando al mismo tiempo la dificultad de determinar si determinada actividad del objeto está o no suficientemente determinada y especificada.

Añade que “las prohibiciones contenidas en el Reglamento, precisamente por ese carácter, deben aplicarse con la debida mesura de modo que no sean objeto de una extensión a supuestos que no pueden calificarse como indiscutiblemente contenidos en su ámbito” y sobre esta base estima que no puede rechazarse el objeto debatido pues “las actividades controvertidas pueden llevarse a cabo en el ámbito de las actividades propias de los comerciantes (vid. artículos 1 y 2 del Código de Comercio), y como tal susceptible de ser desarrollada bajo forma societaria”. Tampoco inciden en el ámbito propio de las sociedades y agencias de valores, pues aparte de no ajustarse a la Ley 6/2023, de 17 de marzo, de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión, lo relevante a estos efectos es, no la adquisición de las participaciones de otras sociedades, “sino que el servicio que presta o la actividad de inversión que desarrolla sean llevadas a cabo con carácter habitual o profesional (dentro del marco regulado), por cuenta de tercero…

Sobre el segundo defecto también confirma su doctrina de que cuando se trata de consejo de administración, respecto de sus consejeros delegados o ejecutivos, siguiendo la doctrina marcada por la sentencia del Tribunal Supremo de 26 de febrero de 2018, “ha admitido que aun cuando los distintos conceptos retributivos deban constar necesariamente en los estatutos sociales, podrán éstos remitirse al contrato que se celebre entre el consejero ejecutivo y la sociedad para que se detalle si se remunerará al mismo por todos o sólo por algunos de los conceptos retributivos fijados en los estatutos” y la cláusula estatutaria cuestionada se refiere precisamente al consejo administración.

Finalmente, respecto del tercer defecto dice que es cierto que esa “disposición estatutaria no se ajusta a lo establecido en el citado artículo 217 de la Ley de Sociedades de Capital, pues establece un sistema o concepto retributivo (vid. artículos 249.3 y 260, mención undécima, de la misma ley) que, siendo aplicable a todos los administradores, y no sólo a los consejeros, según resulta de una interpretación literal, lógica y sistemática de dicha disposición estatutaria, no es cumulativo y su existencia no está fijada en los estatutos sociales sino que depende de la decisión de la Sociedad”. Por ello se confirma la calificación respecto de los administradores o consejeros que “no sean consejeros delegados ni tengan atribuidas funciones ejecutivas en virtud de otro título, toda vez que en relación con estos «consejeros ejecutivos» podrán los estatutos “remitirse al contrato que se celebre entre el consejero ejecutivo y la sociedad para que se detalle si se remunerará al mismo por todos o sólo por algunos de los conceptos retributivos fijados en los estatutos (vid., respecto de cláusulas estatutarias idénticas, resolución de 13 mayo de 2025)”.

Comentario: Pese a lo aparatoso de la resolución- 15 páginas de BOE- su contenido es una mera repetición de otras muchas resoluciones y que podemos extractar en que son posibles las llamadas sociedades holding, que los sistemas de retribución de los administradores deben establecerse en estatutos, pudiendo ser cumulativos, pero no alternativos y que respecto de consejeros ejecutivos dicha rigidez puede aliviarse mediante la remisión al contrato que el consejero debe celebrar con la sociedad. (JAGV)

300.* DEPÓSITO DE CUENTAS ANUALES CON OPINIÓN DESFAVORABLE DEL AUDITOR

304.* DEPÓSITO DE CUENTAS ANUALES PENDIENTE UN EXPEDIENTE DE DESIGNACIÓN DE AUDITOR POR RECURSO JUDICIAL INTERPUESTO 

306.** DENOMINACIÓN SOCIAL CON ABREVIATURAS, ACRÓNIMOS O ANAGRAMAS